en la República Árabe de Egipto

Recuadro 4.9 Programa Karama: La transición de un método puramente médico a un método funcional en la República Árabe de Egipto

En 2015, el Gobierno de Egipto lanzó el Programa Takaful y Karama (TKP, por sus siglas en inglés), destinado a proveer ayuda económica y ampliar la inclusión social de las familias pobres con niños pequeños, así como a los adultos mayores y las personas en condiciones de discapacidad grave. Entre los principales objetivos del programa se encuentran la protección de los hogares vulnerables frente a la pobreza extrema, la inversión en capital humano al garantizar que los niños crezcan sanos y reciban una buena educación, y el empoderamiento de las mujeres mediante la transferencia monetaria. Takaful (solidaridad) es un programa de ayuda económica a las familias mediante la transferencia monetaria con corresponsabilidad (condicionada), que tiene como objetivo reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano (en términos de salud y educación), mientras que Karama (dignidad) es un subprograma de ayuda económica e inclusión social no condicionadas que se centra en la protección y la inclusión de los adultos mayores pobres (de más de 65 años) y las personas en condición de discapacidad.

Inicialmente, con Karama se desarrolló un ejercicio de inventario y evaluación comparativa para poner de relieve los obstáculos y los cuellos de botella existentes en el proceso de evaluación de la discapacidad antes de desarrollar una nueva solución. Este ejercicio permitió identificar los desafíos y las deficiencias del proceso de solicitud actual, como los procedimientos largos y costosos con requisitos poco claros, además de algunos fallos en la evaluación que eran subjetivos y se basaban únicamente en la evaluación médica. El análisis de las deficiencias permitió:

n El despliegue de una nueva herramienta de evaluación de la discapacidad funcional para adultos y niños, utilizada por un núcleo capacitado de comisiones médicas para certificar a los beneficiarios elegibles para las transferencias monetarias dentro de Karama. La nueva herramienta tenía como objetivo determinar la repercusión funcional y social de la discapacidad sobre el solicitante, y garantizaba la sencillez y

la facilidad de uso, así como la objetividad y la equidad. n El desarrollo de un nuevo proceso de solicitud eficiente y automatizado con un sitio web/centro de llamadas para garantizar la transparencia y la equidad en el acceso a la información de todos los ciudadanos, incrementar la eficiencia y reducir el tiempo de espera necesario para concertar una cita. En el sistema antiguo, los tiempos de espera eran largos, y era necesario realizar varias visitas. Además, los datos de los beneficiarios se introducían mediante tabletas, lo que permitió establecer un sistema de gestión de las operaciones de los beneficiarios para personas en condición de discapacidad. n La puesta en marcha de un sistema de quejas, reclamos y compensación para recibir las opiniones de los ciudadanos y mejorar la implementación de servicios. n La puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre discapacidad para garantizar una gobernanza adecuada y supervisar la transición del enfoque médico al funcional, incluida la promoción ante los médicos de la justificación de combinar el enfoque médico con el funcional.

En la actualidad, el programa Karama cuenta con normas y herramientas adecuadas a la CIF y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas (ONU). La elegibilidad se basa en la combinación de la herramienta de evaluación funcional con la comprobación sustitutiva de los medios de vida. Los datos recopilados hasta la fecha también proporcionan información sobre los tipos y la prevalencia de la discapacidad en las diferentes gobernaciones. En el futuro, Karama pretende convertirse en algo más que un enfoque funcional destinado a ofrecer transferencias monetarias y pasar a un enfoque integral de la discapacidad donde las oportunidades de empleo y los servicios se dirijan a los beneficiarios elegibles a través de un sistema de derivación.

Fuente: Nahla Zeitoun, Especialista Sénior en Protección Social del Banco Mundial.

de la Discapacidad de la OMS 2.0 (WHODAS 2.0, por sus siglas en inglés). El mundo ha sido testigo del paso de los enfoques centrados en los impedimentos a otros funcionales e integrales, y son cada vez más los países que se adscriben a las indicaciones de la CIF y el WHODAS 2.0; entre ellos, países de ingresos altos (Canadá, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudí) y medios (Argentina, Brasil, Chipre, Grecia y Egipto). El proceso debe ser gradual, tener en cuenta las particularidades culturales y estar impulsado por el tipo de objetivo o política del país (entrega de dinero en efectivo, rehabilitación, empleo, etc.).

No existe un método sencillo que se adecúe a todas las circunstancias y pueda trasformar los procedimientos de evaluación y análisis de la discapacidad de un país. Los países han de desarrollar sus propias herramientas de evaluación adaptadas y adecuadas a las particularidades culturales, tomando como guía las normas y los puntos de referencia internacionales. Independientemente del enfoque adoptado por cada país, es muy importante recalcar que el punto de entrada de cualquier evaluación de la discapacidad debe ser una exploración médica realizada por un organismo autorizado. Para garantizar el rigor y la precisión, esta parte debe estandarizarse. Posteriormente se llevará a cabo una evaluación de la discapacidad, que incluirá una evaluación funcional para analizar la capacidad o la habilidad para trabajar. En ocasiones, esta se combina con una comprobación sustitutiva de los medios de vida para determinar la elegibilidad para programas destinados a paliar la pobreza. Cualquier país que desee adoptar gradualmente un método de evaluación de la discapacidad centrado en los derechos deberá tener en cuenta los siguientes aspectos clave:

l Un marco legal que defina qué es la discapacidad (ley de discapacidad). l Una estructura de gobernanza integrada por un grupo de trabajo multidisciplinario que incluya a todas las partes interesadas pertinentes, como el

Gobierno, las personas en condición de discapacidad (PCD) y las organizaciones de personas con discapacidades (OPD). l Un proceso de solicitud práctico, transparente y factible (que incluya un sitio web o una línea directa), junto con una herramienta de evaluación de la discapacidad y un manual de capacitación. l Requisitos técnicos que incluyen la automatización del proceso de solicitud, la recopilación de datos, la comparabilidad y la validación de datos, las herramientas de medición, el monitoreo y la evaluación, un mecanismo de quejas y reclamos, y la capacitación de un nuevo núcleo de evaluadores de la condición de discapacidad. l Procesos claros de derivación para asignar a los beneficiarios elegibles al paquete de beneficios y servicios correcto, que incluya la rehabilitación, los dispositivos de asistencia, los beneficios monetarios o las oportunidades laborales. l Procedimientos de evaluación claros.

Las evaluaciones de los trabajadores sociales constituyen la herramienta más habitual para el diagnóstico de los factores de riesgo que han de afrontar las personas vulnerables. Las evaluaciones de riesgos pueden realizarse en varias fases; por ejemplo: los asistentes sociales llevan a cabo un cribado inicial para identificar las posibles vulnerabilidades y, posteriormente, se evalúan en mayor profundidad los factores de riesgo. Se reconoce que las personas se encuentran dentro de un entorno familiar y comunitario, por lo que estos factores de riesgo suelen evaluarse en tres niveles. Los riesgos individuales incluyen la salud física y mental, la discapacidad, las experiencias adversas durante la infancia, la autoestima y la autopercepción, las habilidades sociales, los problemas de comunicación, abuso de sustancias o adicciones, y los trastornos del comportamiento. Entre los riesgos familiares se encuentran la depresión/salud mental de los progenitores, la crianza deficiente o la falta de supervisión parental, el abandono, el abuso infantil, los abusos sexuales, la violencia doméstica, los conflictos maritales/divorcios, los conflictos familiares, los embarazos en adolescentes, las adicciones de los progenitores, la pérdida de un progenitor o familiar, el nivel socioeconómico y el desempleo. Los riesgos a nivel comunitario incluyen los vecindarios inseguros o la violencia en la comunidad (por ejemplo, la violencia en las aulas), los acontecimientos estresantes o traumáticos (también en los centros educativos), el acoso escolar o el rechazo de los compañeros, la relación con compañeros que consumen drogas y la

pérdida de un amigo o mentor, entre otros. Los factores de riesgo tienden a estar interrelacionados, y a veces las personas enfrentan varios riesgos simultáneos.

Normalmente, los trabajadores sociales combinan métodos formales e informales en sus evaluaciones. Entre las herramientas de evaluación formal se suelen incluir entrevistas, cuestionarios y listas de verificación. Los cuestionarios son de gran ayuda para clasificar a una persona o una familia en categorías claves de riesgo. Es el caso de Macedonia del Norte, donde los asistentes sociales realizan un cribado de las personas en función de 22 categorías de riesgo: huérfanos; niños sin cuidados parentales; hijos de padres divorciados; adolescentes embarazadas; niños cuyos progenitores se están divorciando o están solteros; víctimas o autores de episodios de violencia doméstica; víctimas de abusos sexuales, trata de personas o prostitución; personas sin hogar; exconvictos o personas que tengan conflictos con la justicia; solicitantes de asilo; adultos mayores y personas en condición de discapacidad, entre otros.25 Una vez identificadas las categorías de riesgo, los trabajadores sociales utilizan cuestionarios específicos para evaluar en mayor profundidad los riesgos. En los métodos de evaluación formales, se recurre también a equipos multidisciplinarios, personal especializado u organismos asociados para llevar a cabo evaluaciones específicas con herramientas especializadas; por ejemplo, evaluaciones sobre la capacitación y las habilidades, evaluaciones de la discapacidad, evaluaciones de adicciones y evaluaciones psicosociales. En estas últimas se pueden incluir los antecedentes médicos, los antecedentes familiares de enfermedades físicas/psiquiátricas, los antecedentes de consumo de sustancias químicas (alcohol/drogas), los antecedentes de ludopatía, los antecedentes sexuales, los antecedentes de violencia doméstica, la educación/formación, los antecedentes sociales, las mediciones funcionales (por ejemplo, la capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas), los antecedentes laborales, los problemas legales, las interacciones con los miembros de la familia/el hogar, los antecedentes de tratamientos previos, las situaciones vitales estresantes recientes, el estado mental, las fortalezas y la impresión clínica del solicitante (Thompson, Van Ness y O'Brien, 2001). Los métodos de evaluación informales dependen, en gran medida, en las habilidades interpersonales de los trabajadores sociales para generar confianza, observar los patrones de comportamiento e incitar a las personas o los miembros de sus familias a dar información (a menudo, privada) que ayude a evaluar sus necesidades, condiciones y vulnerabilidades (en ocasiones, incluso, información que los propios interesados no consideren de interés). El resultado de estas evaluaciones se plasma en un informe del trabajador social que recoge la situación, las necesidades y las condiciones de la persona, incluidos los riesgos y las vulnerabilidades claves, así como las impresiones generales del trabajador social. Los informes de evaluación sirven de fundamento para el plan de intervención y de servicio (véase el capítulo 5).

Aunque las herramientas de análisis predictivo y elaboración de perfiles estadísticos no constituyen aún un elemento fundamental del trabajo social, algunos países están experimentando con ellos como inputs para evaluar los riesgos sociales. El Departamento de Servicios Humanos del condado de Allegheny, en Pensilvania (EE. UU.), ha estado utilizando datos y análisis integrados para respaldar un modelo de prácticas integradas en los servicios sociales. Entre las herramientas que se desarrollaron se encuentra un puntaje de cribado destinado a complementar las evaluaciones clínicas de los trabajadores en casos de abuso infantil notificados empleando datos integrados de fuentes internas y externas. El puntaje de cribado ha mostrado un elevado grado de precisión a la hora de pronosticar la probabilidad de que un niño tenga que dejar el hogar debido a abusos en el futuro. El condado ha adaptado sus prácticas institucionales, políticas y procesos de toma de decisiones para incluir el puntaje de cribado en las evaluaciones de los abusos infantiles realizadas por los trabajadores sociales (recuadro 4.10). Dicho esto, entre las críticas a este método se encuentran los fallos en el diseño que limitan la precisión de los modelos predictivos y su repercusión sobre las personas pobres y vulnerables (Eubanks, 2018).

A menudo, las personas enfrentan varias necesidades y diferentes factores de riesgo. El trabajo en divisiones de información, agencias u oficinas puede pasar por alto