Notas jurídicas

Bajo las normas sobre cambios internacionales vigentes en Colombia, no existe una que prohíba o permita a un no residente adquirir o invertir en bonos emitidos por residentes, lo cual genera una real incertidumbre a los inversionistas al momento de pensar en invertir en el país en estas operaciones. Será importante (y necesario) que se realice una modificación a la regulación cambiaria, a efectos de que la adquisición de commodities o bonos emitidos por residentes pueda calificarse como una inversión extranjera directa.

En sentencia del pasado mes de junio, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre la acción de grupo estableciendo criterios para determinar: el grupo afectado y la individualización de sus miembros, la indemnización colectiva, las competencias de la Defensoría del Pueblo como responsable del pago de las indemnizaciones individuales y el reconocimiento de perjuicios morales a favor de sujetos de especial protección constitucional.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre responsabilidad de administradores ha reavivado el debate respecto a la aplicación de la BJR en Colombia. Se extraña que la Corte no haya incluido en su razonamiento las diferentes oportunidades en que la Superintendencia de Sociedades ha analizado el tema, aduciendo que los administradores solo pueden responder por sus deberes legales y no por el resultado de sus decisiones; perdiéndose la oportunidad de sentar precedente de una alta corte sobre la materia.

Con el fin de brindar condiciones equitativas entre hombres y mujeres fue sancionada la Ley 2141, que establece el fuero de paternidad, quedando prohibido el despido sin justa causa del trabajador cuya pareja se encuentre en embarazo o en las 18 semanas posteriores al parto y no cuente con empleo formal. El empleado debe notificar sobre el estado de su compañera, declarar que no cuenta con empleo y presentar pruebas que certifiquen el embarazo.

La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio n.º 220101268 del 29 de julio de 2021, estableció ciertos parámetros sobre la utilización de estados financieros extraordinarios para aprobar fusiones, escisiones y reducciones de capital con efectivo reembolso de aportes. Mediante Oficio n.º 220-118627 del 23 de julio de 2020 había establecido los parámetros a tener en cuenta para utilizar los estados financieros de fin de ejercicio.

La Ley de Inversión Social tiene el desafío de cubrir económicamente los efectos del COVID-19. Lo anterior genera un impacto para las empresas al proponerse un aumento de la tarifa de renta del 30 % al 35 %, que sumado al impuesto a los dividendos obliga a revisar las proyecciones financieras, analizando en detalle el esquema fiscal más eficiente para el desarrollar los negocios y los regímenes preferenciales a los que se pueda aplicar.

El pasado 10 de septiembre, el gobierno distrital radicó ante el Concejo el proyecto de acuerdo para un nuevo POT de Bogotá. El Concejo tendrá hasta diciembre para aprobarlo o no, y en caso de no existir pronunciamiento del Concejo, la Alcaldía podrá adoptarlo por decreto. De ser adoptado, Bogotá tendrá nuevo POT después de 17 años y se convertirá en el principal instrumento de planeación para el desarrollo territorial de los próximos 12 años.

El pasado 23 de agosto, la Superintendencia de Sociedades publicó un proyecto de ley a través del cual se busca actualizar el régimen general de sociedades en Colombia. Se destaca de esta iniciativa, basada sustancialmente en los proyectos de ley 070 de 2015 y 002 de 2017, la propuesta de introducir normativamente la regla de la discrecionalidad empresarial de los administradores y la extensión de algunas normas de la SAS a otros tipos societarios.

El 1.º de septiembre entró en vigencia el NSIC del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República, que traerá en su primera fase una simplificación de procesos, logrando mayor celeridad en el reporte y consulta de movimientos de inversiones internacionales a través de una plataforma electrónica. La segunda y tercera fase iniciarán en 2023, año en el que el NSCI reemplazará el Sistema Estadístico Cambiario.

El artículo 4 del Decreto 491 de 2020 contempla que la notificación se surte en la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo. La notificación electrónica deberá ser certificada por la administración. El artículo 8.º del Decreto 806 de 2020 establece que la notificación personal se surtirá después de dos días hábiles siguientes a la recepción del mensaje de datos. Cualquier término empezará a contar desde el día siguiente a la notificación.

Las cadenas globales de valor están creando oportunidades para la relocalización de inversión extranjera en Colombia. Los esfuerzos que se hagan para impulsar el nearshoring serán en vano si no se impulsa una reforma laboral integral que incluya: reducción de costos laborales, legislación accesible para mipymes, opciones de formalidad para trabajadores que ganen menos de 1 SMMLV, entendimiento de formas no convencionales de empleo, contrataciones más flexibles y la vinculación de mujeres y migrantes.

La Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo brindan fundamentos para establecer la vacunación obligatoria en el trabajo, en los casos en que el médico de la empresa lo justifique como medida proporcional y racional para la “protección y seguridad” de los trabajadores, esto sin perjuicio de que el gobierno aún no lo reglamente. La “libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás”, máxime cuando sin vida no hay autonomía que desarrollar.

El Consejo de Estado ha sostenido que las indemnizaciones laborales por despido son expensas no deducibles porque no inciden en la productividad de la empresa. Sin embargo, la adición del artículo 107-1 ET, una sentencia del CE de noviembre de 2020 sobre los requisitos generales de la deducibilidad y otra de agosto 2020 sobre a la deducibilidad de acuerdos de transacción permiten concluir que, aunque aún hay riesgo de fiscalización, existen argumentos razonables (que deben evaluarse caso a caso) para sostener que una indemnización laboral puede ser una expensa deducible.