Notas ambientales y tributarias

El gobierno nacional, en cabeza de ocho ministerios, presentó el proyecto de Ley de Acción Climática, PL 336/21C, que confirma la ambiciosa apuesta nacional de descarbonización. El proyecto eleva a nivel de ley los compromisos de mitigación anunciados en otras instancias o incluidos en otros documentos: 51 % de reducción de GEI a 2030, reducción del 40 % de carbono negro a 2030, deforestación cero a 2030 y carbono neutralidad para 2050.

El Acuerdo 825 de 2021 del Concejo de Bogotá dicta lineamientos para la sustitución, manejo, control y gestión integral del asbesto y de los residuos que contengan, o puedan contener, asbesto en el Distrito Capital. Se ordena a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) crear un plan general integral para el manejo, control y sustitución en un plazo de dos años.

La ANDI se adhirió a este Plan, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca educar al ciudadano y crear condiciones para incrementar la cantidad de residuos transformados en otros insumos. La Iniciativa de programas posconsumo Grupo Retorna fue otro de los firmantes.

El Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera lanzaron a consulta pública la Fase I de la Taxonomía Verde Colombia, que influirá en las finanzas climáticas del país desde una perspectiva de criterios sectoriales. La taxonomía es “un sistema de clasificación, a partir de criterios de elegibilidad y requisitos de cumplimiento, para actividades económicas e inversiones que tengan contribuciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales, los cuales responden a los compromisos, las estrategias y las políticas trazados por Colombia en materia ambiental”

Esta reforma tributaria incrementó la tarifa general del impuesto de renta al 35 % a partir del año gravable 2022. El descuento en renta del impuesto de industria y comercio (ICA) continuará siendo del 50 % del valor pagado por dicho tributo. Las instituciones financieras estarán sometidas a una sobretasa en renta del 3 %. Por último, se faculta a la DIAN para determinar el impuesto de renta mediante factura.

La DIAN respondió a una consulta que preguntaba si los obligados a facturar tenían la facultad de imponer obligaciones y trámites al adquirente sin los cuales se puede negar o dilatar la expedición de la factura. La Administración tributaria fue clara en afirmar que no se pueden imponer esas condiciones, que el facturador debe tener la capacidad de facturar al momento de la operación y si no lo hace puede incurrir en sanciones.

El Consejo de Estado recientemente anuló un concepto de la DIAN que rechazaba, de manera general, la deducibilidad de este tipo de gastos, esgrimiendo que las normas tributarias no establecen una limitación absoluta y, por el contrario, sujetan la deducción al análisis de cada caso en particular, pues se debe tener en cuenta la actividad económica de la compañía que solicita el crédito.