Infraestructura

Directora de la Cámara Induarroz de la ANDI El mercado colombiano del arroz vive un momento particular por exceso de oferta. Las siembras alcanzaron cifras récord en 2020 y en el primer semestre de 2021, y desde octubre de 2020 los inventarios alcanzan el nivel más alto registrado en nuestra historia arrocera. En esta hora de dificultades, la industria vuelve a jugar un papel fundamental en el trabajo en cadena para superar la coyuntura de producción excedentaria y señalar el camino para elevar la competitividad en el mediano y largo plazo.

A pesar de su marcada estacionalidad, el arroz es un cultivo sostenible, en buena parte gracias a la alianza de los agricultores con la

A pesar de su marcada estacionalidad, el arroz es un cultivo sostenible, en buena parte gracias a la alianza de los agricultores con la industria, pues son las empresas las que asumen el almacenamiento de los excedentes.

industria, pues son las empresas las que asumen el almacenamiento de los excedentes de producción, financian el área sembrada, implementan programas de transferencia de tecnología al productor y, en muchos casos, facilitan el acceso a la maquinaria agrícola para las labores de cultivo.

Las plantas de molinería están ubicadas en las zonas de cultivo y han realizado enormes inversiones en infraestructura y tecnología de punta para tareas como el recibo de materia prima, secamiento, almacenamiento, molinería y clasificación del grano. En conjunto, compran el arroz a cerca de 17.000 agricultores arroceros, una alianza exitosa que garantiza que los consumidores reciban un arroz de excelente calidad.

Las turbulencias en el mercado se han visto agravadas por la pandemia del COVID-19 y por la protesta social. La industria arrocera plantea soluciones sectoriales a esas crisis, inspiradas en la voluntad de trabajar en cadena, como el

programa de incentivo al almacenamiento, el apoyo al uso pecuario del arroz integral, la campaña de consumo masivo y la búsqueda de mercados de exportación.

El aumento de los cultivos de los últimos meses se dio pese a que desde el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional del Arroz se invitó a los agricultores a autorregular el área sembrada. Sin embargo, fieles a su compromiso con la cadena, la industria dio su apoyo al programa de incentivo al almacenamiento para estabilizar los ingresos de los agricultores, continuó la compra de la cosecha y el almacenamiento de los excedentes de producción.

Merece especial mención el estudio de competitividad del sector, contratado por la Cámara Induarroz y realizado por Fedesarrollo, que divulgaremos en las próximas semanas. Es el mayor análisis que se ha hecho en el país, y sus resultados y recomendaciones definen una hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo para la cadena productiva.

Todas estas iniciativas y realizaciones de la industria arrocera generan señales de confianza entre los diferentes agentes de la cadena.

La coyuntura pasará, pero ahora y en el futuro la industria seguirá enfocada en trabajar por la mayor competitividad de todos los agentes del sector arrocero, convencida de que la sostenibilidad de la industria está atada a la supervivencia y bienestar del agricultor. El estudio de competitividad nos aportará una agenda sectorial precisa e innovadora, enfocada en superar los cuellos de botella de la productividad, definir un paquete óptimo de servicios al productor y establecer las bases del plan exportador del arroz colombiano, que es una de las principales necesidades y mayores anhelos del sector.

Exportar y ofrecer al consumidor colombiano un arroz de excelente calidad a un precio competitivo seguirá siendo el gran objetivo de la industria arrocera, pues es el cereal con mayor peso en el gasto de alimentos de los hogares colombianos, en especial los de ingresos bajos.

El sector legal en Colombia cree en los beneficios de la diversidad. Se trata de lograr un complemento equilibrado, con equipos interdisciplinarios y diversos. Esta complementariedad alimenta la creatividad.

Directora Ejecutiva de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI De acuerdo con la última cifra puesta a disposición por el Ministerio de Educación, en 2020 se registraron 19.177 graduados de derecho. Esto confirma que Colombia es un país de abogados, donde a pesar de la aparición de múltiples carreras alternativas, estudiar derecho sigue siendo muy atractivo entre las nuevas generaciones.

De las cifras de graduados, las mujeres representan el 55,26 % y, en términos de crecimiento, el porcentaje de mujeres graduadas es 5,67 %

mayor que el año inmediatamente anterior, siendo este un comportamiento que se viene presentando y acrecentando desde 2014.

Dicha tendencia es corroborada por el aumento de tarjetas profesionales expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura, que evidencia que es mayor el número de tarjetas expedidas a nombre de mujeres. Así mismo, llama la atención que se evidencie una diferencia de casi tres puntos porcentuales en las tasas de deserción femenina y masculina de estudiantes de derecho, donde los hombres representan el 13,47 %.

Por su parte, el año pasado, el mercado de servicios legales en Colombia estuvo conformado por 663 empresas prestadoras de servicios jurídicos. Lo que indica que el sector viene evolucionando de manera progresiva y se encuentra maduro. La trayectoria de los principales actores del sector de servicios legales es, en promedio,

de 20 años; aun cuando algunos bufetes de abogados rondan los 80 años de fundación.

La consolidación del sector ha supuesto grandes transformaciones y retos en las empresas prestadoras de servicios jurídicos, que impactan en el modo como se presta el servicio jurídico, la cultura de las organizaciones, la automatización de procesos y la integración de profesionales de áreas distintas al derecho, así como el mismo ejercicio de la profesión de la abogacía. Resulta evidente preguntarse entonces ¿cuál es el papel de la mujer?

La abogacía ha sido una profesión en la que ha preponderado el papel masculino, el cual viene cediendo espacio a la participación femenina, siendo hoy, frente a los años setenta, un mercado completamente diferente y en el que hay que reconocer que la mujer ha alcanzado un papel, que si bien aún no es protagónico, es relevante en el trabajo del día a día. Basta con saber que solo hasta los años ochenta encontramos una mujer en las altas cortes. Fanny González Franco fue la primera mujer en Colombia en ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, y la jurista falleció siendo magistrada en 1985.

Por más de 10 años, la Cámara de Servicios Legales de la ANDI viene haciendo mediciones permanentes sobre la participación femenina en el sector legal en Colombia. Para 2020 se identificó que del total de la población que compone la planta de personal de las firmas afiliadas a la Cámara, un 59,41 % son mujeres. De las personas que ocupan el cargo de socios en estas firmas, el 30,17 % son mujeres.

El sector presenta una progresiva concientización y reconocimiento de los beneficios de la diversidad, soportados en que para 2016 el número de socias mujeres en las firmas de abogados no superaba el 15 %.

Entre los mayores logros del sector se incluye la suscripción de la declaración de diversidad, que involucra el diseño de políticas, acciones y programas, así como la creación de mecanismos encaminadas a la contratación, inclusión y retención de talento femenino al interior de las firmas de abogados.

En materia de equidad de género, no se puede actuar en forma intuitiva. Es necesario adoptar prácticas e implementar, a nivel institucional, políticas claras, métodos y mediciones para que el objetivo se convierta en realidad.

El sector legal en Colombia cree en los beneficios de la diversidad. Se trata de lograr un complemento equilibrado. La integración de equipos interdisciplinarios y diversos conduce a mayores logros, lleva a pensar por fuera de la caja y alimenta la creatividad.

Donde hay inclusión, el producto final del trabajo es más integral.