56 sanitarios suficientes, área destinada a la preparación de alimentos, área destinada a dormitorios y área de esparcimiento. Si ello no fuere posible se procederá a evacuar el refugio o espacio de que se trate, y las familias y personas serán trasladadas a sitios en mejores condiciones. Artículo 9: se refiere a la clasificación según la capacidad de alojamiento, que van desde un mínimo de 150 a un máximo de 350 personas, previa inspección del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Protección Civil y Administración de Desastres, con el fin de evitar hacinamiento. Artículo 12: establece que para la construcción de los albergues se usen materiales livianos y diseños acorde a los factores climáticos, culturales y socialmente aceptados por la población, así mismo, señala que el Gobierno Nacional, los Consejos Comunales y demás organizaciones sociales , serán los responsables de construcción, habilitación, dotación mantenimiento y gestión de estos refugios. Estos pocos artículos son prueba de que se está haciendo un intento desde el Gobierno por legislar cuáles son los parámetros para diseñar y construir refugios permanentes en caso de desastres naturales, pero ¿cuántos arquitectos participaron de esta ley? ¿Cuántos trabajaron en conjunto con el Gobierno Nacional para que no se escapara ningún detalle? Conocemos que de los 26 que refrendan la ley sólo hay un (1) arquitecto. Si bien es cierto que esta iniciativa es un adelanto en materia de prevención, no es menos cierto que se nota la ausencia de coordinación por parte del Gobierno Nacional con los profesionales del área, tanto para el diseño y la construcción de los refugios, como para la respuesta en materia de vivienda que debe ofrecer el Estado a nivel nacional a todos los damnificados. Esta falta de comunicación así como las ineficientes políticas en materia de vivienda acorde a la realidad del crecimiento poblacional, sumado a la indiferencia de algunos expertos en la materia, ha contribuido a ensanchar el “muro invisible” de la desigualdad que todos vemos.
¿Qué dicen los expertos? Hay personas que más allá de su profesión tienen una vocación de servicio que les hace luchar por derrumbar el muro invisible de la desigualdad y los arquitectos no se quedan atrás, hay centenares de profesionales en esta área dedicados por años a consolidar propuestas concretas en relación a cómo mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Los arquitectos Teolinda Bolivar, Josefina Baldó, Oscar Olinto Camacho, los amigos de Nómadas, entre otros nombres, han sido en Venezuela un punto de referencia para quienes se preocupan por indagar las diferentes propuestas de viviendas en los barrios venezolanos.
Por ejemplo la Arq. Josefina Baldó ex presidente del Conavi durante su gestión implementó un proyecto llamado “la rehabilitación de barrios”. y estuvo tan bien elaborado que le mereció premios en Cuba y Estados Unidos como mejor política de vivienda de América Latina. A mediados del año pasado, en una entrevista que le realizara para el diario El Universal el periodista Javier Brassesco, la misma sostuvo: “ en materia de política habitacional lo que hay son planes de corto alcance, caprichos, ocurrencias espasmódicas, decisiones intempestivas que responden a alguna emergencia, pero ¿política habitacional? No, no existe. Hasta se perdió la capacidad para emprender grandes obras de construcción y las pocas veces que se hacen es a través de transnacionales, como si aquí no existieran firmas de urbanismo y arquitectura capacitadas.” Por su parte Teolinda Bolívar gran experta en la materia a través de su blog http://www.centrociudadesdelagente.blogspot.com/ nos deja saber su opinion en relacion a los damnificados de las últimas lluvias diciendo que: “para establecer cualquier política coherente resulta indispensable la difusión pública del número de damnificados y afectados de las lluvias, así como los sitios y condiciones en donde se encuentran. Esta información es fundamental. No hay que olvidar que este problema y su solución no sólo compete al Gobierno Central, sino también a toda la sociedad (empresas, instituciones, a los hacedores de los barrios, y en general, a todas las organizaciones sociales)”. Además agrega “lo que sí se ha conocido con gran preocupación es la falta de coherencia en las intervenciones gubernamentales. Así, se dictan leyes sobre refugios y terrenos urbanos en las que, con los buenos deseos de dotar a los damnificados con una vivienda digna, se les trata de imponer formas organizativas utilizando demagógicamente su situación trágica, con el fin de hacer grupos de sostén al tipo de sociedad que desde el poder se quiere instaurar. A esto se añade, entre otros asuntos, invasiones e intervenciones que buscan expropiar arbitrariamente terrenos y propiedades inmobiliarias, previstos en muchos casos para actividades importantes a la vida citadina. Con ello se contribuye a la violencia, al caos urbanístico, se vulneran derechos fundamentales de muchos ciudadanos, se ignoran normas mínimas necesarias de planificación urbanística y la participación de los habitantes en la definición de soluciones”. Quizás para poder visualizar el muro de la desigualdad y profundizar de la mano el tema de la vivienda nos haga falta sumergirnos en ese sentimiento de solidaridad de nuestros barrios, donde un plato de sopa, un juego de dominó y unas cuantas frías, es más que suficiente para emprender la construcción de lo que para muchos es un rancho y para otros es el nacimiento del nuevo hogar de una familia venezolana.