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Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COACI), etc.
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§ Diversos organismos del aparato del estado como la Defensoría del Pueblo.
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§ Y diversos pueblos, especialmente los de Bagua Grande (Utcubamba), Bagua Chica y Jaén. Como un testimonio de un sacerdote de Jaén nos cuenta "la gente de estos lugares ha sido muy solidaria con los nativos proporcionando refugio,medicinas y víveres. Incluso moto taxistas con riesgo de su vida llevaban heridos a los hospitales"
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Ha sido particularmente significativa e importante la solidaridad de las iglesias y sobre todo de la Iglesia Católica con los indígenas. Empezando por el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Cabrejos, el Obispo de Sicuani, el de Cajamarca, la diócesis de Chachapoyas, el Vicariato Apostólico de Jaén de los jesuitas, y numerosos movimientos laicos y congregaciones: la Conferencia de religiosos, la Institución Teresiana, las comunidades de Vida Cristiana, el Movimiento de Profesionales Cristianos, la Comunidad Héctor de Cárdenas, EDOP, MIAMSI y otros. Dicha solidaridad eclesial jugó un papel importantísimo en el lugar de los hechos el 5 y los días siguientes a nivel local: parroquias y conventos tuvieron que acoger a los nativos que huían asustados, darles tranquilidad, asistencia legal, comida y atención medica, y ayudarlos a retornar sanos y salvos a sus lugares de origen. Y externamente la lucha amazónica recibió la solidaridad de entre otros: el Consejo Mundial de Iglesias, Freedom House, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos del Canadá, CIDSE-Perú, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, etc. Esta última manifestó que "La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión". Todas ellas convergían en tres cosas: la demanda de poner alto a la violencia y la necesidad de diálogo entre las partes; la exigencia de la derogatoria de los decretos cuestionados (por haberse violentado el estado de derecho al no respetar la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige la consulta previa) y "la necesidad de una investigación transparente para 1 establecer el verdadero número de víctimas" . Esto último debido a que después del enfrentamiento la zona fue cercada por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, impidiéndose el acceso del representante del Ministerio Público, la Defensoría y en general de cualquier autoridad civil o ciudadano hasta el 10 de junio. 1) Comunicado de Freedom House, 10 de junio del 2009.
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