Rumores Las sombras del esquema costo plus en las redes
Barrilete sin cola
A
ún nadie ha aclarado cómo el esquema de costo plus, implementado con dudoso resultado para la oferta energética y que está desangrando al gobierno, será trasladado al negocio las redes. La prórroga otorgada a los productores de hidrocarburos para presentar la información requerida por Axel Kicillof impone un compás para la reflexión del futuro del sector eléctrico y gasífero, que depende además de la oferta, de la gestión de demanda. Las simplificaciones en materia de oferta, han terminado por trasladar la responsabilidad de inversión al Estado, que además de afrontar las expansiones en generación, está financiando revamping de máquinas existentes (Costanera), lo que implica que no ha podido hacer una gestión eficiente de costos operativos en el tiempo. De hecho CAMMESA sabe que hay unidades que se remuneran por debajo de sus costos operativos. Los borradores voladores de la “estatización” de CAMMESA, que implicaría dejar de lado la participación las asociaciones en la gestión (para beneplácito de las mismas), la estatización de las deudas, créditos y flujos del MEM (que se transformarán en cuestiones políticas) dan cuenta de la incertidumbre ya no en relación a la oferta sino del mercado mayorista. La demanda eléctrica ha parado de crecer. ¡Enhorabuena! Eso da un respiro a los atribulados distribuidores que con tijera en mano obran milagros operativos, pero sienten el aliento de sindicatos y proveedores en la nuca. Para ello, basta recordar la reciente frase de Lezcano: “si vamos al paro es señal que ha fracasado mi gestión”, expresando a viva voz el límite de la paciencia de los trabajadores y a la capacidad mediación propia y ajena. Ello en boca de un aliado del modelo es información. No se trata de expandir, mantener u ope-
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rar. Simplemente pagar sueldos y producto, en caso que la recaudación alcance para ello. Metrogas, LitoralGas y Edesur anticipan el porvenir. Nadie puede contestar con exactitud en qué limbo jurídico se hallan. Los respectivos concesiones/licencias determinaban que la cesación de pagos implicaba la rescisión de los contratos. Sin embargo, el Concedente mira para otro lado, cuando verbalmente se ha declarado garante de abastecimiento. Y no son las únicas. Edenor y Transener siguen sus pasos. Transener es “estatizable”, las distribuidoras implicarían poner la cara ante el público con un costo considerable, a juzgar por la situación. El costo plus en las redes eléctricas de distribución significa, además de afrontar producto (subsidiado) + O&M + ampliaciones. Sin aumentar tarifa, el grado de transferencias desde el Estado se agigantaría solo para poder hacer frente a la gestión cotidiana, que, a la deriva se torna ineficiente y riesgosa. Los apagones estivales están en la memoria colectiva y nadie en su sano juicio querría verse involucrado, política ni operativamente. ¿Quién controlará pérdidas, define inversiones, las concreta y paga? ¿Si la Secretaría no da abasto con mirarlas de afuera, cómo podrá intervenir? Los decisores sectoriales reconocen hacia adentro el fracaso que significaría trasladar a las redes el esquema usado para la oferta pero parecen inermes ante la nueva avanzada de los “tecnócratas extrasectoriales”. Tienen claro en el sector que las comparaciones, además de pare-
cer odiosas, son erróneas pues cada red tiene su tipología y cada organización tiene sus costos de OM particulares y cada realidad responde de modo diferente. Ni hablar de estrategias de financiamiento: mirar balances y sacar conclusiones es inútil, reflexionan, sabiendo que las necesidades y objetivos empresariales son tan dispares como las realidades operativas. Todos cuestionan por lo bajo la posibilidad de llevar el modelo hacia la demanda. Mientras que las empresas y reguladores provinciales separan las aguas, diferenciando su gestión de las concesiones de la situación con las federales. Los primeros han ido trasladando costos y hoy sobreviven y expanden sin mayores problemas, los segundas, están “quebradas” y sin retoque de tarifa en vista. De hacerlo, el gobierno debería dar dos malas noticias al cono urbano. Aumento de tarifa y quita de subsidio por igual valor al impacto. Tomaría así su propia purga impuesta a las provincias. La demanda sigue “dormida” entre el sopor de los subsidios, cada vez más insostenibles, la total desinversión en redes de distribución eléctricas y de gas natural, no parece tener decisión política para ser alterada, sin modificar el estacional y el precio de GN. La migración del poder decisional produce un retraso que puede ser inexcusable a la luz de la situación de los sistemas de redes y de la desfinanciación general. La concentración decisional no implica capacidad de encaminar hacia una salida.