enportada opinión
nuevas normativas referidas a “concesiones zonales” y a la posibilidad de que el transporte de escolares se haga en servicios regulares de uso general. Como ya he descrito en colaboraciones anteriores, esta clase de planificaciones provocaran en muchas regiones una oferta muy limitada en cuanto al número de empresas de transporte en autobús, desapareciendo cientos de pequeñas empresas que han venido atendiendo estas zonas despobladas, lo que puede originar un efecto contrario al deseado, ya que en definitiva se trata de una demanda cuya rentabilidad está solamente asegurada a través de estas minúsculas empresas. Sin perjuicio de lo que estas nuevas planificaciones tienen de positivo, especialmente la “prestación del transporte a la demanda”, éstas no son incompatibles con una visión del transporte en autobús totalmente diferente, en el sentido de priorizar las inversiones (subvenciones) al objeto de asegurar en las debidas condiciones la accesibilidad a los servicios de aquellas personas que residen en poblaciones despobladas. Los servicios
de transporte en autobús han de considerarse, pues, tan necesarios como otros de carácter esencial (centros sanitarios y de educación, zonas comerciales y de ocio, etc), lo que implica que los presupuestos de las CCAA obedezcan a una contemplación del transporte en autobús en la que lo que prime no sea el ahorro en inversiones públicas (lo que no quiere indicar que deban de despilfarrarse los fondos públicos y no optimizarse los recursos disponibles). Además, si esta despoblación ha provocado la concentración en ciudades de muchos de estos servicios asistenciales sanitarios y educativos, eliminándose los de las zonas despobladas, ha de valorarse que este ahorro público que supone tal concentración debería de destinarse a atender la movilidad de las personas que residen en el medio rural despoblado, cuyas necesidades más esenciales son prestadas en tales centros así concentrados y alejados de su residencia. Es por todo ello que se pondera que por el Ministerio de Fomento debería de iniciarse un estudio que profundizando en la realidad,
“En los últimos años asistimos a una contemplación del transporte de viajeros por carretera en la que prima el objetivo de rebajar el ya escaso nivel de inversiones”
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proponga medidas normativas y económicas, al efecto de que se resuelvan los problemas de movilidad existentes, eliminándose así las discriminaciones actuales por razón de residir en zonas rurales poco habitadas, y sirviendo a la vez de fomento para que se invierta el continuo proceso de despoblación. A mi juicio, esta problemática del transporte en autobús, como único modo de asegurar la movilidad de las personas que habitan el medio rural, es una cuestión de primer orden, que debería también ser objeto de especial atención por las patronales del sector. De otro lado, es importante, también, que habida cuenta los alarmantes datos de despoblación que se han explicitado (especialmente graves en Aragón y en Soria), las autoridades españolas insten a que España reciba fondos europeos para atajar la despoblación en el periodo 2021-2027. Ahora que acabamos de asistir a un nuevo proceso electoral, cabe trasladar aquí lo que los principales grupos políticos han plasmado en sus programas, y así: a) al PSOE propone desarrollar “la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico con las principales actuaciones para combatir la despoblación y el envejecimiento”, impulsando “un Plan específico para el Mundo Rural, que permita dar respuesta a los múltiples desafíos con que se encuentran las zonas rurales”, referido a actuaciones fiscales, forestales, etc., pero no citándose el transporte. b) el PP propone una serie de medidas concretas (apoyo a las Diputaciones y a la actividad cinegética, Plan 300x100 para la conectividad total con alta velocidad de todos los núcleos de población de la España rural, vivienda y suelo, etc.), pero no propone ningún plan integral, ni por ende se refiere al