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SOBRE ERIKA ORTIZ Y SU FAMILIA POLÍTICA (… Y II)
por Pablo
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lanteábamos, en el número anterior, la cuestión de si era o no admisible pretender el sometimiento de la familia real a un escrutinio público, del mismo tipo al que hoy se somete, por parte de la prensa del corazón, a la mayoría de los famosos. ¿Debemos los ciudadanos poder controlar la vida privada del monarca y sus familiares o, más bien, y a pesar de su evidente posición como personajes públicos, hemos de bloquear todo posible acceso a su vida íntima, evitando colocarlos en el centro de debates y polémicas de la prensa rosa? Es evidente que la relación existente en España entre la monarquía y la prensa rosa no es, ni por asomo, parecida a la que existe en otros países europeos, como el Reino Unido, Holanda o, incluso, Noruega. En efecto, si los miembros de la Casa Real española aparecen en las portadas de las revistas del corazón es por razones tan asépticas como nacimientos, bodas, bautizos y comuniones. Hasta ahora, nunca han ocupado portadas por razón de escándalos de ningún tipo. ¿No existen esos escándalos o son ocultado por una pacto de silencio no escrito sellado por los medios de comunicación? Ciertamente, si nos paramos un segundo a pensar, sin duda, recordaremos haber oído rumores de todo tipo sobre el Rey, la Reina, las infantas y, sobre todo, Marichalar. Sin embargo, si la prensa “especializada” se ha referido a estos rumores lo ha hecho siempre a modo de veladas insinuaciones, sin ir más allá. Rumores parecidos (e incluso más infundados) sobre la Pantoja, Encarna Sánchez, la Obregón y otros han hecho correr ríos de tinta y han dado para horas y horas de Salsa Rosa. Sin embargo, últimamente esas insinuaciones maliciosas que los programas del ramo vierten sobre la familia del Rey son cada vez más evidentes y se les dedica un mayor tiempo. ¿Es conveniente que ese supuesto pacto de silencio se mantenga en torno a la
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Casa Real, o es preferible abrir vía plena a la libertad de expresión y de prensa? En primer lugar hemos de advertir que, si los medios de ¿Debemos los ciudadanos poder controlar la vida privada del monarca y sus familiares o, más bien, bloquear todo posible acceso a su vida íntima, evitando colocarlos en el centro de debates y polémicas de la prensa rosa?
comunicación se lo piensan dos veces antes de hablar de la familia real, quizá sea porque la pena por delitos de calumnias e injurias vertidas contra ciertos miembros de la familia del Rey es mayor que si ese mismo delito es cometido contra otras personas. Esto nos llevaría, inmediatamente, a la típica pregunta de ¿pero no somos todos iguales ante la ley? Evidentemente la respuesta es no. Puede que la Constitución incluya un principio/derecho de igualdad entre los Derechos Fundamentales, pero no es menos cierto que otorga también una posición privilegiada a ciertos miembros de la Casa del Rey. Esta posición quiebra el principio de igualdad, pero también hemos de considerar que deriva de la Constitución (CE) y, evidentemente, lo que dice la CE no es inconstitucional (aunque en la doctrina jurídica hay quien sostiene lo contrario). Además, esa posición se justificaría por razones de interés del Estado e interés institucional (así, la CE otorga también privilegios a los diputados, senadores, miembros del Gobierno y del Poder Judicial.., que en sentido estricto, no se hayan en un plano de igualdad frente al resto de los ciudadanos en la aplicación de la ley penal). Evidentemente, se considera que al hallarnos ante una Institución que representa al Estado y que es, según la CE, símbolo de su unidad y permanecía, debe dotársele una protección jurídica especialmente intensa. Ahora bien, esta posición de la real familia no es, en esencia, sustancialmente distinta a lo que ocurre en otros países. Entonces ¿a qué se debe el trato benévolo por la prensa rosa? La respuesta a la anterior pregunta es que, en España, quizá el miedo a que las cosas saliesen mal después de la transición, llevó a un respeto escrupuloso hacia las instituciones del Estado en un principio. Ese respeto, a medida que se ha visto una consolidación de la democracia, ha ido disminuyendo. Hoy las fuerzas políticas y sociales (y nosotros, que lo hemos consentido) han convertido en un circo al Parlamento, al Gobierno, al Consejo del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a las Comisiones reguladoras de la Energía y del Mercado de Valores y, en definitiva, a todos aquellos órganos que se suponen independientes. Eso no ocurría al principio (o al menos no de forma tan evidente), pero poco a poco
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