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24 de noviembre de 2013 Cultura Crece el debate en torno a las licencias culturales Tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que busca otorgar licencias culturales para que artistas puedan viajar a representar el País sin problemas en sus empleos, se ha acrecentado la discusión en torno a la necesidad de esta medida

(thinkstock) Por Ana Teresa Toro / ana.toro@elnuevodia.com Una cosa es saludable, en este año -más que en los dos pasados cuatrienios- el tema cultural ha sido foco de más discusión en la esfera gubernamental. El reto es que el debate redunde en acciones concretas que beneficien a uno de los sectores más desatendidos del País. En días recientes la discusión se ha concentrado -tanto a través de correos electrónicos en cadena, columnas de opinión y debates de alto y bajo tono en las redes sociales- en la reciente aprobación, el pasado 12 de noviembre, en el Senado del P. del S. 754 que establece una licencia cultural para artistas y gestores culturales de manera que puedan viajar a representar a Puerto Rico sin que tengan represalias en sus empleos. La creación de esta licencia cultural aplica tanto en el sector público como en la empresa privada, y cubre a artistas, escritores, personal especializado y promotores culturales que representen al País en eventos internacionales, con el requisito de que sean certificados para ello por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Estado de Puerto Rico. De esto convertirse en ley, las personas que soliciten la licencia y les sea aprobada podrán ausentarse con la garantía de que no perderán su empleo, ni se verán afectados los beneficios o derechos adquiridos de tiempo, vacaciones y tiempo compensatorio, durante el periodo en que participen de los eventos culturales internacionales. El proyecto establece que la licencia no será mayor de 30 días laborales por año y podrá extenderse hasta 45 días "en caso de que fuera compensado con cargos a sus vacaciones o tiempo compensatorio disponible del empleado". Esto no aplicaría a empleados bajo contratos y la violación de la medida redundaría en el pago de una penalidad por parte del patrono. El autor del proyecto, el senador Antonio Fas Alzamora, lo ha defendido al señalar que lo que se busca es equiparar al sector cultural con los privilegios y obligaciones de las licencias deportivas; misma postura que ha defendido el secretario de Estado David Bernier quien las equiparó además a las licencias por maternidad o enfermedad. Asimismo, Bernier relacionó


la situación de la comunidad cultural del País con lo que vivían los atletas olímpicos antes de que les fuera aprobada su licencia. Su interés surgió tras recibir el insumo de múltiples autores en torno a las dificultades que confrontan cuando son invitados a eventos. El proyecto fue aprobado con 17 votos a favor y 8 en contra y el portavoz del Partido Nuevo Progresista Larry Seilhammer, expuso que habría sido necesario contar con el insumo de entidades empresariales. Necesidad o peligro Los bandos no están tan claros pero están. Por un lado hay quienes han cuestionado el que sean dos organismos del estado -el ICP y el Departamento de Estado- quienes otorguen dichas licencias certificando así quién es o no un creador que legítimamente puede representar al País en el extranjero por la vía de este permiso especial. "¿Quién o quiénes van a decidir sobre la obra y si se acepta o no al solicitante?", cuestionó la escritora y periodista Mayra Montero en su columna dominical publicada el pasado 6 de octubre en la que además cuestionó la necesidad de una medida de este tipo que, como según sus detractores podría redundar -entre otras cosas- en un ausentismo extremo en el trabajo o en que se den casos de patronos que decidan no contratar artistas para evitar el uso de la licencia. Igualmente, se teme que la medida se convierta en una manera de abrir la puerta a que otros grupos profesionales con el mismo interés de viajar a congresos y eventos internacionales busquen la creación de una licencia. Con ella coincide la escritora Magali García Ramis quien, si bien considera que tras la medida hay "una buena intención" ha visto cómo ese tipo de permisos y licencias vienen a ser un gran colador por donde todo pasa sin mayores criterios. "Me pregunto si eso ha pasado tantas veces que amerite una ley... y por otro lado, la diferencia está en que un atleta ha sido escogido luego de foguearse pero, ¿cómo vas a medir a un artista? Además, cómo se le va a dar a burócratas el poder de decidir", opinó la escritora. De otra parte, la directora del Instituto de Cultura Puertorriqueña Lilliana Ramos Collado, quien depuso a favor de la aprobación del proyecto, defendió la medida y enfatizó en que "no puede ni va a ser obligatoria y los procesos de evaluación que tendrá que implementar el ICP deben estar en la misma línea que los que se utilizan internacionalmente para la otorgación de becas, pasantías, premios o de importantes membresías para organismos internacionales. Se harán evaluaciones honestas del trabajo lideradas por los distintos directores de departamentos, no estamos hablando de un grupo de inquisidores", expuso Ramos Collado toda vez que recalcó que "para ser artista en Puerto Rico no necesitas ese documento, es una licencia que estará para el que la quiera solicitar". En cuanto a la preocupación que han expresado algunos en cuanto a que se trate el sector cultural del mismo modo que al deportivo, Ramos Collado dijo que "no entiendo por qué eso sea malo. Hemos separado esas cosas cuando ambas son artes, una del mantenimiento del cuerpo y otras artes. Separar la mente del espíritu es una de nuestras tragedias contemporáneas".


A su juicio, la medida responde a la pérdida de protagonismo de la cultura en el espectro gubernamental, entre otros motivos. "La cultura en Puerto Rico ha ido perdiendo prestigio por muchos años y que un patrono respete el que te dedicas a eso y te apoye no ocurre todo el tiempo. Por lo tanto que exista una ley disponible para que el que quiera pueda colocarse bajo su ala para obtener el beneficio de llevar su arte a otro país siguiendo un procedimiento básico de certificación es un espaldarazo del estado". El saldo de todo esto se verá en los próximos meses.


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