Alerta a los patronos La funcionaria advirtió que se deben aclarar los proyectos porque, aún cuando se trate de empresas pequeñas, hay distintas empresas
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – hace 22 minutos 4:01 am Si se aprueba un proyecto que está bajo consideración de la Cámara, los patronos estarían obligados a anunciar con 90 días de anticipación los cambios que pudieran terminar en cierres, traslados, consolidaciones o reducción de jornada en estas empresas. El proyecto propone que, de no cumplir con esto, los patronos enfrentarían multas de miles de dólares por cada violación. La Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara evaluó ayer la medida en una vista pública a la que compareció el Departamento del Trabajo. Se trata de varias medidas que proponen ideas similares y que crearían una versión criolla de lo que ya establece la ley federal.
Dimarie V. Méndez Martinó, procuradora del Trabajo, recomendó varias enmiendas al proyecto. Por ejemplo, recomendó que en vez de una multa de dos mil para los negocios que incumplan, se haga a base de la cantidad de ingresos y la cantidad de empleados, para evitar que la multa sea demasiado onerosa para los pequeños negocios e insignificante para los más grandes. “Recomendamos que se establezcan sanciones variables de acuerdo a la cantidad de empleados o al volumen de negocio que genere la empresa”, dijo Méndez Martinó en vista pública ayer. “Una sanción de dos mil pudiera ser muy severa para un pequeño comerciante o muy condescendiente para una empresa que genere un volumen de negocios millonarios, afectando así a las PYMES”. Méndez Martinó recordó que ya existe la Ley federal sobre Notificaciones, Reajuste y Readiestramiento al Trabajador, conocida por sus siglas en inglés como WARN. Esta legislación, dijo, dispone que los patronos con 100 empleados o más no podrán cerrar el negocio ni cesantear hasta que pasen 60 días de haber notificado por escrito a los representantes de los empleados o a los empleados directamente. Esta protección federal, dijo, no incluye a los que lleven menos de seis meses en el empleo. La funcionaria advirtió que se deben aclarar los proyectos porque, aún cuando se trate de empresas pequeñas, hay distintas empresas. “Sugerimos que cautelosamente se estudie qué tipo de empresas o compañías deberán cumplir con la legislación propuesta”, reza la ponencia firmada por el secretario, Vance Thomas. “Recomendamos que se ausculte la posibilidad de redactar una disposición que señale qué patronos estarían eximidos de cumplir con la ley, y en qué circunstancias no tendrían que hacer la notificación”. A preguntas del presidente de la Comisión, el representante popular Jesús Santa, Méndez Martinó confirmó que “no hay ley estatal que obligue a un patrono a notificar en caso de cierre o cesantías”. Dijo que, a su entender, hay espacio para una legislación estatal que complemente la federal. “Entendemos que sí porque la ley federal habla de 100 empleados; por lo tanto, hay un espacio que se puede
llenar con una ley estatal, siempre tomando en consideración que los pequeños y medianos comerciantes tienen tal vez necesidades distintas a lo que sería un patrono de cien o más empleados”, dijo. “Pero sí, siempre que haya espacio de proteger al trabajador y que se vaya a beneficiar y darle esas herramientas, estamos de acuerdo con esas medidas”. Dimarie V. Méndez Martinó, procuradora del Trabajo, dijo que una sanción de $2 mil pudiera ser severa para un pequeño comerciante o muy condescendiente para una empresa que genere un volumen de negocios millonarios, afectando a las PYMES. Eric Rojas / EL VOCERO