seguridad sanitaria

Vicepresidente Ejecutivo de Tecnoquímicas S. A. La reciente emergencia generada por COVID-19 hizo patente la importancia que tiene para cualquier país contar con una producción farmacéutica propia para lograr sus objetivos de salud pública. Por eso, la OMS, en su Resolución WHA74.6 de 2021, reconoció que la producción local de medicamentos seguros, asequibles y de calidad ayuda “a prevenir o abordar la escasez de productos médicos, lograr la cobertura sanitaria universal, reforzar la preparación y respuesta a nivel nacional frente a emergencias de salud y minimizar los peligros relacionados con la salud pública”.

Colombia cuenta hoy con una base sólida de producción farmacéutica que atiende el 80 % de las unidades de medicamentos que se consumen en el país. Sin embargo, aunque la Ley 1751 de 2015 –Estatutaria en Salud– ordenó la adopción de una política farmacéutica que incluya estrategias y prioridades en materia de producción de medicamentos, y el Conpes 155 de 2012 definía lineamientos de una política farmacéutica, los esfuerzos estatales relacionados con el tema se han centrado solo en reglamentar la adquisición de medicamentos. A la luz de lo sucedido en la pandemia, y cuando diferentes países implementan estrategias para fortalecer sus industrias farmacéuticas, Colombia debe avanzar en esa misma dirección.

Una política pública integral debe promover la competitividad y consolidar la producción farmacéutica de calidad, como sector estratégico para la sostenibilidad y el fortalecimiento del sistema de salud y para el desarrollo económico y social. Esta es una actividad generadora de empleo calificado, innovación, avance tecnológico, crecimiento industrial y comercio internacional que merece todo el respaldo del Estado colombiano.

Esta política debe contemplar la promoción de la inversión en nuevas plantas productivas, proyectos de reconversión y transferencia tecnológica, con acompañamiento institucional, para que las aprobaciones de esas sedes productivas sean eficientes y oportunas. Debe, de igual forma, fortalecer al Invima como autoridad sanitaria idónea, asegurando que cuente con la tecnología

necesaria, profesionales con la experticia técnica requerida, y marcos normativos que aseguren la calidad en los productos y procesos industriales con criterios de eficiencia y objetividad que eviten la discrecionalidad de los funcionarios; marcos que promuevan la seguridad de los pacientes, sin frenar la competencia en la oferta de medicamentos.

Es indispensable, además, que esta política contenga un marco claro y justo para la fijación de los precios de los medicamentos. Es bien sabido que el mejor mecanismo para controlar los precios es la competencia. Un estudio de la London School of Economics (2011) estableció en países OCDE que los controles de precios retardan la entrada de competidores y conducen a precios más altos que los de los mercados abiertos. La primera acción del Estado para contener el gasto en medicamentos debe ser, en consecuencia, estimular la competencia.

Si el Estado considera necesario establecer, además, un esquema de control de precios, debe diseñarlo de forma que no desestimule el desarrollo de la industria en el país ni conduzca al desabastecimiento de medicamentos o afecte la competencia, como ha sucedido recientemente. Por eso, cualquier sistema que se establezca debe ser eminentemente racional y tomar en cuenta hechos tan claros como que la fijación de precios en el segmento institucional sigue parámetros totalmente distintos a los que caracterizan al segmento comercial.

Es indispensable también fortalecer el desarrollo del talento humano y la innovación. La educación y la retención del capital humano en las profesiones y áreas requeridas por la industria farmacéutica precisan de alianzas que involucren al Estado, la academia y la industria. Es preciso, además, que el sector sea incluido en las políticas y estímulos de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que Colombia se constituya en centro regional de producción de estudios, desarrollos e investigaciones.

Colombia cuenta hoy con una industria farmacéutica fuerte y técnica, con capacidad de competir internacionalmente. Una política industrial farmacéutica sólida no solo le permitiría a esa industria llegar rápidamente a ser considerada como de clase mundial, sino que serviría de atractivo para que el país sea elegido por las grandes transnacionales farmacéuticas para establecer aquí sus sedes productivas, con los enormes beneficios en inversión, transferencia tecnológica y seguridad sanitaria que ello conllevaría.