En Colombia el escenario es mucho más sombrío ya que el fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez es señalado por “encubrimiento” al no haber denunciado los delitos de los que, supuestamente tuvo conocimiento antes de asumir su cargo. Alrededor de esta acusación hay dos extrañas muertes, la primera es la del auditor de la obra Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, quien era considerado como un testigo clave en el escándalo de Odebrecht y que falleció de un infarto en noviembre pasado. Tres días más tarde, su hijo fue envenenado con cianuro y también murió. Pizano había entregado grabaciones a varios medios en los que, entre otras cosas, se mencionaba que el fiscal Martínez conocía la trama de corrupción desde 2015 cuando era asesor del consorcio bancario Grupo Aval. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita relacionada a sobornos de Odebrecht por 349 millones de dólares. Con Glas fue sentenciado también su tío Ricardo Rivera y otras tres personas. Por otro lado, en Perú ha habido muchos detenidos por este caso; el expresidente Ollanta Humala estuvo varios meses en prisión preventiva junto a su esposa por haber supuestamente recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña en 2011, el también expresidente Alejandro Toledo fue condenado a prisión preventiva por recibir 20 millones de dólares de la constructora y desde entonces está prófugo en Estados Unidos, desde dónde ha publicado en repetidas ocasiones en redes sociales defendiendo su supuesta inocencia. La hija principal líder de la oposición, Keiko Fujimori, e hija del expresidente Alberto Fujimori, se encuentra en prisión sindicada por el supuesto manejo irregular de fondos para la campaña de 2011 y al menos una decena de exfuncionarios más han tenido que rendir cuentas ante la justicia. Si bien los sobornos comenzaron en Brasil, en Estados Unidos estalló la bomba sobre el enorme escándalo que estas dádivas traían consigo. En diciembre de 2016, Odebrecht y la compañía petroquímica Braskem, confesaron haber sobornado a diversas personas y empresas. Como parte de su acuerdo de admisión de culpabilidad acordaron pagar una multa de, al menos, 3.5 millones de dólares y comenzaron a nombrar otros casos de soborno en distintos países latinoamericanos. La misma dinámica sucedió en República Dominicana, en México y en Venezuela. Sin embargo, en los únicos países en los que aun no hay detenidos son México y Venezuela.
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