ERRATA# 0, El lugar del arte en lo político

posible un cuestionamiento de la realidad mas allá de las «presencias» en interacción con el pasado y el devenir. Esto nos permite entender el carácter agitador de las memorias, que tornan complejos tanto el presente como el futuro, pues cuestionan y desestabilizan las linealidades y cierres que pretende construir la institucionalización del tiempo, al hacer estallar el presente estabilizador.

Residuos y fracturas de las memorias En la última década hemos visto cómo en América Latina el concepto de memoria se ha convertido en un principio de conocimiento y un terreno de lucha política en la democratización de los países; por ejemplo, en el paso de las dictaduras a la «democracia» en Chile y Argentina, o en la búsqueda de salidas al conflicto armado interno colombiano luego de los acuerdos de paz. Como lo expresa Gonzalo Sánchez (2008): «Colombia ha tenido desde el siglo XIX una propensión a la práctica casi ilimitada de la amnistía, del perdón y del olvido.

Hoy, sin embargo, esta tradición se encuentra en tensión con la creciente internacionalización de la justicia y, por consiguiente, de la memoria». La internacionalización de ambas tienen que ver, al mismo tiempo, con el reconocimiento de los derechos humanos y del derecho humanitario en su búsqueda por una justicia restaurativa y, claro está, con la verdad de los hechos.

De esta manera, la relación entre memoria y democracia implantada en las últimas décadas por parte de algunos Estados se basa en las ideas de «justicia», «reconciliación» y «reparación» dentro de marcos planteados institucionalmente en los que se busca principalmente el consenso, la «normalización» y la «clausura» de la crisis que se ha vivido, como por ejemplo en las dictaduras o en los conflictos armados. Desde esta perspectiva «la ley» significa «justicia», como se ha visto con las amnistías o en los procesos de desmovilización (el fin del apartheid en Sudáfrica) y, en fin, la articulación entre «ley» y «justicia» se convierte en legitimadora de los Estados democráticos y los procesos de «justicia transicional». De esta manera, el argumento también hace compleja nuestra aproximación a «la violencia», que está compuesta no solo por masacres, asesinatos, bombas, etc., sino también por fibras muy sutiles e imperceptibles que tienen por igual efectos devastadores a través de los «discursos legales» inscritos dentro de las relaciones de poder.

El contexto actual colombiano es un ejemplo de estos intentos de democratización de los Estados donde la memoria comienza a cumplir un papel fundamental en el nivel institucional. Desde el año 2005, Colombia está viviendo un periodo de «justicia transicional» que ha consistido en la desmovilización de los grupos paramilitares bajo lo estipulado por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975) propuesta por el gobierno del presidente Uribe Vélez, y en la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr). En medio de esta coyuntura hemos presenciado un «auge de la memoria» en Colombia, donde paralelamente a su institucionalización se ha visto un incremento y una mayor actividad frente a estos temas por parte de los movimientos de víctimas, las movilizaciones sociales, los trabajos académicos, las producciones culturales y las prácticas artísticas, entre otros. Esto no quiere decir que sea gracias o debido a la cnrr y la Ley 975 que han comenzado a surgir estos movimientos, trabajos e intervenciones, pues la mayoría vienen de tiempo atrás, sino que la 143