ANUC la importancia de su concepción y la necesidad de su abordaje político y jurídico. Nuestra historia, y la de la humanidad, está permeada de discriminación y marginalización a los campesinos y campesinas, ya sea por violaciones de sus derechos humanos o por falta de respuesta oportuna del Estado frente a sus necesidades. En Colombia particularmente, encontramos que de las 8 millones de víctimas del conflicto registradas, 6 millones han sido desplazadas o despojadas de sus territorios. La afectación a nuestra identidad campesina es incalculable y por ello la garantía y protección de los derechos de los campesinos es imperiosa. Nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a los derechos del campesinado; existe un amplio catálogo de derechos que se derivan precisamente de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, de importantes tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidadII y de leyes y decretos que direccionan su alcance (Ley 160 de 1994 –Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino– la Ley 101 de 1993, el Decreto 1071 de 2015 –Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural). En este contexto, nuestro Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tiene un reto inmenso en la incorporación, desarrollo y promoción del enfoque diferencial campesino en las diferentes políticas públicas. Debemos promover acciones de reconocimiento y garantía de los derechos de los campesinos, campesinas y de sus organizaciones para la preservación de su rol e identidad social y política. El derecho a la tierra y el territorio, a contar con medios de producción agropecuaria, a acceder a fuentes de financiamiento, a disponer de productos agroalimentarios; a su libertad de asociación, opinión y expresión y, por su puesto, a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los campesinos, como derechos indispensables en la construcción y consolidación de la paz.
II La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de discriminación racial, la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena, afirman la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
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Hoy más que nunca la garantía de los derechos de las campesinas y los campesinos está priorizada en la agenda nacional e internacional. Para la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos la incorporación de los derechos de los campesinos en todas las políticas públicas de manera descentralizada y transformadora de las dinámicas excluyentes y discriminatorias, es un compromiso y una prioridad que cobra aun mayor importancia cuando uno de los objetivos es lograr una reforma rural integral que nos permita construir paz a lo largo y ancho del país. Es fundamental que en el marco de las instituciones del Estado y desde los diferentes sectores de la sociedad, se generen espacios de reflexión sobre la dimensión del rol que tienen los campesinos y campesinas en el desarrollo de nuestra nación, el cual históricamente ha sido desdibujado por el conflicto armado y que estamos llamados a recuperar. El reconocimiento de los derechos de los campesinos es un primer paso que nos permitirá dignificar a uno de los grupos sociales más vulnerables y así mismo avanzar en la disminución de las brechas rurales-urbanas. Estamos convencidos de que velar por la protección y garantía de los derechos de los campesinos, es también velar por la reconstrucción de nuestra identidad como colombianos. El reconocimiento de la contribución pasada, presente y futura de los campesinos y campesinas en nuestro país, hace parte de saldar una deuda histórica que supone la garantía, protección y defensa de sus derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y el restablecimiento de la seguridad alimentaria para el desarrollo. Hoy el reto más grande que tenemos como Nación y como Estado es la construcción de un país en paz. En esta misión los campesinos y campesinas de Colombia son fundamentales y encontrarán en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos un aliado en la reivindicación y garantía de sus derechos.