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ANUC las valoraciones pragmáticas al tener en cuenta los costos en materia de recursos y tiempo de la justicia formal. Se trata entonces de asumir, como lo expone Paul Kahn, que “…un análisis cultural del Derecho no puede limitarse estrechamente a los fenómenos “jurídicos”. Este subconjunto de experiencias no existe. Si queremos estudiar lo que significa vivir bajo el Estado de Derecho, tenemos por tanto que estar preparados para examinar el alcance total de nuestra experiencia en el Estado moderno (…) El estudio cultural del Derecho investiga una forma de vida en toda su diversidad, no solo aquellos objetos y prácticas positivamente etiquetados como “Derecho”[1]. De acuerdo con ello, el sentido del derecho de acceso a la justicia debe aceptarse como algo más amplio que los medios e instituciones tradicionales y usuales de la justicia formal, para llegar a la comprensión de que los mecanismos adicionales al aparato de justicia en cuanto permitan resolver conflictos y coadyuvar la convivencia pacífica con el respaldo y la aplicación de los valores democráticos del Estado también son mecanismos válidos y legítimos de acceso a la justicia. Este razonamiento descansa en el hecho evidente de las diferencias geográficas y culturales de las diferentes regiones de nuestro País, así como del reconocimiento de las limitaciones económicas de los usuarios del servicio de justicia, que nos hacen pensar que un modelo de justicia formal concebido para las zonas urbanas no puede asumirse como la respuesta a las necesidades de justicia de quienes viven en las zonas rurales, y que como ciudadanos titulares de derechos, deben encontrar en sus comunidades el acceso a medios de solución de conflictos, pues “las sociedades contemporáneas son jurídica y judicialmente plurales”[2]. De este modo adquieren relevancia los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con el sentido de convivencia que aportan la conciliación o la amigable composición; así como la revalorización del liderazgo comunitario en la solución de controversias mediante

instituciones como los Jueces de Paz; y, por qué no, llegar a desarrollar y reconocer mecanismos de justicia comunitaria -adicionales a la jurisdicción especial indígena-, como expresión de pluralismo jurídico[3], institución que nos ha sido documentada ampliamente por el profesor Boaventura de Sousa Santos[4], y que se muestra consecuente con conflictos asociados a dinámicas contextualizadas en lo local. Ante un escenario de transición en razón de la terminación del conflicto armado, las medidas de administración de justicia en los territorios rurales exigen una mirada diferente a la lógica judicial-jurisdiccional creada para momentos de normalidad; de modo que es necesario abrir paso a programas tales como el de Sistemas Locales de Justicia para generar confianza para la paz, el cual se desarrollará en conjunto con el Ministerio para el Postconflicto, el cual vincula la actividad de inspectores y corregidores de policía; las jornadas móviles de acceso a la justicia; el fortalecimiento de la conciliación en equidad; la ejecución de los proyectos comprendidos en el programa de justicia para la reconciliación; jornadas masivas y focalizadas de conciliación (Conciliatón), que han venido aplicándose con éxito en diferentes lugares del País, y cuya experiencia positiva permitirá su réplica en el postconflicto; así como la ampliación de los actores que pudieran servir como agentes de justicia en los respectivos territorios; al igual que la ampliación de los eventos en los que proceden estas alternativas en las materias relacionadas con las medidas de reparación, tales como los conflictos entre particulares que puedan surgir en razón del desarrollo y ejecución de planes de vivienda rural y aguas, economía campesina, organizaciones de usuarios o de restitución de tierras, acompañados necesariamente de actividades de sensibilización y formación en derechos sobre la tierra. La consideración del enfoque territorial, local y rural será determinante en el diseño y ejecución de las medidas transicionales de acceso a la justicia para generar condiciones de sostenibilidad de la paz.

[1] Kahn, Paul. El análisis cultural del Derecho; Siglo del Hombre Editores; Bogotá, 2014, p. 231. [2] Santos, Boaventura de Sousa; y García Villegas, Mauricio; El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia; Universidad de Los Andes – Siglo del Hombre Editores, 2001, p. 132. [3] Vid. Wolkmer, Antonio Carlos; Pluralismo Jurídico: Fundamentos de una nueva cultura del Derecho; Editorial MAD, 2006. [4] Santos, Boaventura de Sousa; Sociología Jurídica crítica: Para un nuevo sentido común del derecho. Editorial Trotta, 2009.

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Rev economiacampesina ed02jul 2016 m  

Economía Campesina Anuc

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