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un estado cuyo papel deje de ser el de un simple promotor del mercado de tierras o de limitarse a la titulación de baldíos, o la simple restitución a favor de los campesinos y que de una vez por todas a se decida a ir mas allá hasta intervenir y definir la estructura de tenencia, propiedad y uso de la tierra, para democratizar la propiedad, garantizar menos latifundios inexplotados, mas campesinos propietarios y productivos, con calidad de vida asegurada, soberanía y seguridad alimentaria para todos los colombianos. Esa política de tierras debe ser amplia con programas claros donde la atención a un sector no excluya al otro; por eso los programas deben estar bien definidos con presupuesto propio para sectores como campesinos sin tierra no desplazados y los campesinos desplazados, a quienes se debe garantizar la seguridad en la zona de origen y su retorno a ellas antes que reubicarlos en otras regiones con condiciones climáticas, costumbres y medios de producción totalmente diferentes que no permiten su acomodación y los conducen al fracaso; de la misma forma habrá de tenerse claro el programa específico para indígenas y comunidades negras. De otra parte, desde hace dos años, el XIII congreso nacional de la ANUC con ocasión de sus 40 años expidió su proclama, en la que hizo referencia a la necesidad de actualizar la información estadística de tierras y en su momento dijo: “Planeación nacional asegura que contamos con aproximadamente 20 millones de hectáreas potencialmente aptas para actividades agropecuarias, de las cuales unos 10 millones están dedicados a ganadería extensiva y unos 4,5 millones en agricultura, en tanto que gremios como la SAC manejan cifras diferentes. En Colombia son tantos como diferentes los estimativos de distribución y uso de la tierra, no porque carezcan de veracidad, sino porque son elaborados con diferentes enfoques o metodologías, o porque en su mayoría no alcanzan a cubrir el 100 % del territorio. Por eso no son coincidentes y dificultan la credibilidad en los mismos, a la vez que limitan la planeación acertada y el desarrollo del sector agropecuario y rural en general. Para superar esa falencia y consolidar una información única, validada por todos los actores y por consiguiente confiable, la ANUC considera que es oportuno diseñar y desarrollar un censo nacional de tierras, que entre otras cosas recoja la clasificación de usos del suelo determinadas en los planes o esquemas municipales de ordenamiento territorial. Creemos que una información así construi-

da es mucho mas real y permite diseñar el desarrollo rural que proponemos.” Hoy nos alegra que el gobierno nacional en cabeza de su ministro de agricultura y del director del DANE estén desarrollando el proceso del Censo Nacional Agropecuario, el cual respaldamos desde su lanzamiento, pero eso si con la respetuosa recomendación de que sea un proceso lo suficientemente socializado y participativo para que al final podamos contar con información de calidad y confiable que sin duda va a confirmar lo necesario que es intervenir la estructura de propiedad, tenencia y uso de la tierra. No se trata de propiciar o estimular un divorcio y menos una confrontación entre ricos y pobres, sino al contrario buscar el acercamiento, unir las orillas de esa brecha tan amplia que separa a unos de otros y producto de unas reflexiones desprevenidas y llenas de objetividad poder concertar acciones que encadenen o articulen a los grandes empresarios agropecuarios, quienes deben reconocer que pueden ser mas eficientes en el uso de la tierra, es decir producir mas en menos área y permitir que la economía campesina pueda crecer y desarrollarse, pues eso nos conviene a todos ya que al fin de cuentas y guardadas las proporciones padecemos las mismas dificultades y problemas. Por eso no se podrá ver a los campesinos como los antagonistas de los empresarios del campo, sino como aliados que convenientemente pueden y deben articularse como sector económico importante. Un paso necesario dentro de esa estrategia de eslabonamiento de las cadenas productivas consiste en democratizar las diferentes fuentes de recursos para la innovación, el desarrollo tecnológico productivo y entre ellas figuran los Fondos parafiscales cuyo manejo e inversiones se ha centrado en los gremios económicos desarrollados y se ha dejado de lado la economía campesina que también paga las cuotas parafiscales, pero sus beneficios no retornan; por eso, se debe iniciar por democratizar las inversiones con recursos de los fondos parafiscales del ganado, del café, hortofrutícola, de la papa y todos los existentes y en consecuencia, no es utópico proponer se revise su reglamentación de manera que se garantice la destinación de porcentajes específicos a proyectos desarrollados por las asociaciones de campesinos como la ANUC. A todos nuestros lectores, la más cordial bienvenida, un fuerte y fraternal abrazo. Luis Alejandro Jiménez Castellanos Presidente Nacional de la ANUC 7

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