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reas, y hoy se usan 39,2 millones (incluyendo malezas y rastrojos); o sea que sería necesario liberar como mínimo un total de 10,6 si se considera solo lo utilizado realmente en ganadería, que son 31,6 millones. Una cifra más realista indicaría que la tierra con vocación netamente pecuaria, que es de 15 millones, se compararía con las 31,6 millones utilizadas. Es decir, la liberación de tierras para agricultura y actividades forestales alcanzaría a cerca de 15 millones de hectáreas, sin que ello afecte la restitución de tierras despojadas, las reubicaciones o coloque en riesgo el retorno de los campesinos y comunidades a sus terrenos y territorios. La última frontera agropecuaria El gobierno ha llamado el territorio de la altillanura como la última frontera agropecuaria. En la región de la Orinoquia-Altillanura, desde Puerto López hasta Puerto Carreño, territorio en el que desde hace casi una década tiene lugar uno de los más grandes procesos de “colonización - transformación”, apropiación económica del territorio con participación de capital extranjero y nacional, con el montaje de grandes empresas agroindustriales. Este proceso se inspira en el modelo “cerrado” brasileño el cual se centra en el cultivo de soyamaíz, arroz, pastos, caña, palma, caucho y forestales, y cuenta con el interés del gobierno nacional para darle vía a la denominada “locomotora” de la agricultura. Este proceso se vislumbra como una puerta abierta para la adjudicación de territorio a empresas de extranjeros o a grupos de nacionales comprometidos con grupos las trasnacionales Esta ampliación de la frontera agropecuaria presenta un reto para el modelo de desarrollo incluyente y obliga a reflexionar sobre las posibilidades para la pequeña y mediana explotación agropecuaria y forestal, participación de los pequeños productores que debe ser garantizada dentro de estos proyectos, independientes o en articulación con las grandes explotaciones, en condiciones de dignidad y equidad. Además de las reflexiones que suscita el modelo tecnológico y sus impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, así como las definiciones de los compromisos de lo público y lo privado sobre el suministro de bienes públicos y la regulación de conflictos sobre el acceso y uso de los, deben ser claras las condiciones reparadoras de los impactos negativos causados que deben ser cubiertos por los inversionistas y no por el Estado. Acceso a la propiedad de la tierra Todo lo contrario al discurso público el gobierno que habla de la estructura de tenencia de tierra en pocas manos y los usos del suelo como causantes del subdesarrollo, en la práctica el proyecto de ley que pretende presentar al congreso de la república para su discusión, no se habla de ley de tierras, se trata de una propuesta con tres ejes fundamentales: Desarrollo rural, formalización y restitución. Un desarrollo rural cuyos recursos económicos estarán garantizados con la formalización de la propiedad, entiéndase titulación de predios en todas las zonas de colonización formadas desde mediados de los años sesenta, para garantizar los endeudamientos de los campesinos ante el sistema financiero, predios que terminarán, en los bancos convertidos en bolsa de tierras para el libre mercado de tierras. Asuntos de preocupación En el planteamiento gubernamental, no existe una política orientada a modificar la estructura de tenencia de tierras y no es claro en concepto de desarrollo rural. Como ya lo planteamos, el mayor interés es la formalización de la propiedad, consistente en una gran acción de titulación de baldíos, este asunto abre un gran interrogante. Estamos ablando de las zonas de colonización establecidas desde la década del 60, ello es todo el país, la titulación de sus tierras es para el campesino un derecho adquirido, sin embargo, la expedición del título de propiedad con el único fin de habilitar al campesino disponer de las garantías para poder acceder a los servicios y medios de producción, es formalizar esta propiedad para colocarla en libre mercado de tierras.

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