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De las movilizaciones agrarias quedan los antecedentes de leyes engañosas hechas para frenar el avance del movimiento campesino, como la recordada ley de tierras (Ley 200 de 1.936) que reconoció la función social de la propiedad y el derecho de los aparceros y arrendatarios con la cual los harían acreedores a la propiedad, proceso que luego se frustro con la expedición de la ley 100 de 1944 que institucionalizó los contratos de aparecería, luego de un acuerdo entre el gobierno de entonces con la SAC, FEDEGAN y FEDECAFE, igualmente, el momento de la ley 135 de 1961, ley de reforma agraria reconocida como el estatuto jurídico de mayores alcances que haya existido en Colombia, cuya aplicación fue frenada por el acuerdo denominado el chicoralazo, concebido entre los grandes gremios de terratenientes, el Parlamento Colombiano y el gobierno de Misael Pastrana, para frenar la beligerancia de la ANUC y finalmente, la Ley 160 de 1.994 que institucionalizó el mercado de tierras. En un nuevo contexto de reconocimiento del conflicto armado interno por parte del gobierno de turno y del debate agrario en cuanto a restitución, tenencia de tierras y usos del suelo, las víctimas del despojo, los desplazados y sus organizaciones, aspiran a que en la ley de víctimas que incorporó el capítulo de restitución de tierras, ley ya sancionada por el Presiente Juan Manuel Santos, en la que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, actuó como testigo de honor, cuya reglamentación está en trámite, pueda resolver con éxito este capítulo de apropiación violenta e ilegal de millones de hectáreas y las víctimas sean restituidas en condiciones dignas de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Mientras tanto, el campesinado y sector agrario espera sea cumplido el compromiso del gobierno de dar trámite a una nueva ley de tierras y desarrollo rural. En esta nueva ley el movimiento agrario tendrá que enfrentar la configuración del nuevo mapa de control territorial, uso del suelo, la reducción de las posibilidades para los campesinos productores de alimentos, cuyo uso del suelo estará en competencia desigual por la explotación petrolera y los Megaproyectos agroindustriales y al parecer un mayor control militar de la fuerza pública y el crecimiento de los actores armados ilegales que encuentran en las nuevas condiciones económicas su mejor aliado. Una ley de tierras y desarrollo rural Una política pública de tierras y desarrollo rural, concebida en un marco jurídico que resuelva el problema de la concentración de la tierra en pocas manos y el uso inadecuado de los suelos, construida en el mayor consenso y participación de los habitantes rurales, que integre los instrumentos, los recursos, los territorios, reconozca la importancia de los campesinos y fortalezca la democracia local, es la demanda del movimiento agrario hoy. La nueva ley deberá resolver situaciones como la presencia de cerca de tres millones de personas que ocupan predios considerados de reserva ambiental según la ley 2ª. De 1959. Cerca de un millón de familias campesinas sin tierra, más de dos millones de micro y minifundistas lo que implica una restructuración del minifundio, una política de tierras para las mujeres y el acceso de los jóvenes campesinos a la tierra si se desea un sector agropecuario con futuro. El uso adecuado del suelo De acuerdo con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para el año 2009 en la estructura productiva se identificó un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para el desarrollo de cultivos. En efecto, la superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagrícolas asciende a 4,9 millones de hectáreas, aunque se estima que 21,5 millones cuentan con aptitud agrícola; es decir, solo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos. En tanto, lo contrario sucede con la actividad ganadera que dedica 39,2 millones de hectáreas para mantener el hato, mientras que solo el 53,8% del área utilizada cuenta con aptitud para desarrollar esta actividad. Según el IGAC, la tierra apta para actividades ganaderas y silvopastoriles asciende a 21,1 millones de hectá20

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