Doctora Rosario López Wong, Fiscal Superior especializada en Trata de Personas del Ministerio Público. Foto: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú. “Se han dado casos en que las víctimas declaran en las comisarías frente a sus victimarios y que se les traslada a ambos en la misma patrulla”, afirma la doctora López Wong.
El caso de los pioneritos ha vuelto a sonar este año, debido a que la Primera Dama de la Nación presentó ante los medios de comunicación a “niños rescatados de campamento senderista” en Ranrapata, Junín, cuando en realidad se trató de un secuestro por parte de las autoridades militares.
Dejar de ser víctimas
La denuncia podría parecerse a otras tantas atrocidades producidas por el terrorismo si no fuera porque, en esta ocasión, vino del lado del gobierno.
En 1986, cinco mil asháninkas de la zona del VRAEM fueron secuestrados por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Los llamaron “masas” y eran empleados para la pesca y el cultivo.
Además, a nivel social se criticó que el caso fuera aprovechado para aparecer en televisión, cuando las identidades de los menores debían protegerse.
Un documental realizado por la CHS (Capital Humano y Social) Alternativo, una ONG de derechos humanos, cuenta el caso de los “pioneritos”, los hijos de los comuneros que fueron raptados para ser adoctrinados como terroristas.
Los especialistas en trata de personas explican que victimizarlos es otro error, ya que la sobreprotección “genera un vínculo de dependencia nocivo”, indica Ricardo Valdés Cavassa, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Hace tres años, un operativo policial permitió rescatar a once de estos niños, junto a sus padres y otros adultos. Inicialmente, seis de los asháninkas mayores fueron señalados como terroristas y separados de sus hijos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la trata de personas a nivel mundial alcanza a las 2,5 millones de víctimas.
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