La Jornada Maya · lunes 28 de enero de 2019

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POLÍTICA Las víctimas de tortura necesitan reconstruir su identidad, dice galeno EMIR OLIVARES ALONSO

La tortura es una táctica para destruir a una persona y arrebatarle su equilibrio, físico, sicológico y social, aseguró Laurent Subilia, reconocido internacionalmente por su especialización en el tratamiento de víctimas de violencia extrema. El experto suizo aseveró que para atender a estas víctimas se debe trabajar en la reconstrucción de su personalidad en tres ejes: sicosocial, sicológico y social. “Hay que restructurar su dignidad, su humanidad. Ese debe ser el objetivo”. En charla con reporteros, realizada hace unas semanas en la sede de la Organización Mundial contra la Tortura, en Ginebra, Suiza, Subilia detalló la forma en que los actos de tortura afectan a los individuos. Una de las primeras secuelas, subrayó, es la pérdida de confianza. Quienes han sobrevivido al abuso se muestran temerosos, sufren paranoia y tienen sentimientos de no pertenencia en sus relaciones sociales. De ahí que los expertos lo primero que deben hacer es restructurar la confianza en ellos mismos y en los demás, pues si los mecanismos de reparación fallan, "sufrirán desórdenes". La humillación y la vergüenza son emociones incluso más dolorosas que los tormentos físicos, aseveró. Y es que hay decenas de formas de torturar a alguien con el objetivo de atentar contra la dignidad

humana. Los mecanismos son tan diversos que en muchas ocasiones las secuelas físicas y sicológicas se prolongan por años. “No es un temor a la muerte, es como sentirse muerto. Y cuando uno vuelve de la ‘muerte’, volver a vivir es difícil”. Esa es una conclusión a la que ha llegado tras su largo trabajo, de más de dos décadas, atendiendo a martirizados.

Las violaciones al uso de datos personales en México ocurren en buena medida por la falta de cuidado de la gente sobre la forma en que se conduce en espacios como las redes sociales, lo cual se suma a la falta de denuncia de quienes han visto vulnerada su información. Así lo indicó Jonathan Mendoza, secretario en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien llamó a hacer las reformas legales necesarias para actualizar el marco legal que regula estos aspectos. En entrevista con La Jornada, Mendoza afirmó que al ser una garantía relativamente nueva y en construcción, la defensa de la información que nos identifica aún no forma parte de las preocupaciones de muchas personas. “Nosotros decidimos qué queremos compartir con las instituciones de gobierno y las empresas, pero eventualmente lo hacemos sin tener la conciencia plena de cuáles son los efectos colaterales de eso, y

AUDIENCIA, EL MARTES O MIÉRCOLES

Semana decisiva para indígenas de Tlanixco presos desde 2003 Son seis defensores del uso del agua //fueron procesados por homicidio y privación de la libertad

Tormentos emocionales El experto en heridas emocionales ha tratado a quienes han vivido tormentos en Rusia, Bosnia, Chile, en países árabes y musulmanes, también a víctimas de dictaduras de Sudamérica y de las guerras en Medio Oriente. Sus estudios han servido como base para varios reportes sobre la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Quienes han sufrido estos terribles abusos, sostuvo, son evasivos, evitan las emociones, reaccionan con miedo o hasta violencia ante cualquier estímulo que puede causarles dolor. Tienen dificultades para concentrarse, presentan alteraciones en su capacidad de atención, se les complica establecer vínculos sociales y es común que se aíslen. “El objetivo es destruirlos. Se altera su personalidad, se les invalida como personas y todo ello genera una terrible alteración en el comportamiento de las personas. Es estar muerto en vida”.

Exponen ciudadanos sus datos personales sin saber: Inai FERNANDO CAMACHO SERVÍN

LA JORNADA 2 de enero de 2019

el ejemplo más claro son las redes sociales. Cometemos errores bastante básicos y le damos nuestros datos a cualquier empresa o entidad pública, sin pedirle una explicación mínima de para qué los usará”, alertó. El funcionario consideró que es necesario actualizar las normas ya existentes de protección de datos de ciudadanos en manos de particulares y de dependencias de gobierno, mediante reformas que le permitan a México acceder a herramientas legales de avanzada como el llamado Convenio 108 Plus de la Unión Europea. “Ya tenemos una normatividad, pero el gran reto es la implementación y eso implica una serie de medidas que las instituciones deben ir desarrollando”, entre otros aspectos, puntualizó Mendoza. Para abordar estos temas, el Inai realizará este lunes actividades en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, como conferencias magistrales de especialistas en el tema y la presentación del libro Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

El caso de los seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco que llevan 15 años presos por defender su derecho al agua podría dar un vuelco definitivo esta semana, cuando se lleve a cabo la audiencia en la cual se definirá si el proceso judicial de los acusados se repone desde el inicio o si las evidencias acumuladas hasta el momento son suficientes para declarar su inocencia y su libertad. Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, recordó en entre-

Debían ser juzgados con perspectiva de los pueblos originarios

vista con La Jornada que el pasado 17 de enero, el primer tribunal de alzada en materia penal del distrito judicial de Toluca dejó sin efecto la sentencia de 50 años de cárcel que fue dictada en 2003 en contra de seis pobladores de Tlanixco, por cargos de homicidio calificado y privación de la libertad. Como se ha informado en este diario, el conflicto se originó en los años 80, cuando una empresa de floricultura de capital extranjero se instaló en el municipio de Villa Guerrero, vecino a Tlanixco, y empezó a utilizar buena parte del agua del río Texcaltenco, lo cual empezó a generar tensiones por el aprovechamiento del líquido. En abril de 2003, un funcionario de Villa Guerrero anunció que acudiría a Tlanixco, cuyos habitantes interpretaron el acto como una provocación y convocaron a la gente a reunirse a través del toque de campanas, como es parte de sus usos y costumbres. Ese hecho fue considerado por la justicia mexiquense como un supuesto llamado a linchar al visitante, que murió ese día de forma accidental luego de caer a un barranco, y bastó para condenar a 50 años de cárcel a los seis

acusados, quienes eran algunos de los habitantes que más se habían movilizado en defensa del agua. De acuerdo con Lara, el juzgado de alzada que anuló la sentencia en contra de los vecinos de Tlanixco lo hizo tras reconocer –después de 15 años– que los sentenciados eran efectivamente indígenas, y por ende debían ser juzgados con perspectiva de derechos humanos de los pueblos originarios, considerar peritajes antropológicos sobre sus usos y costumbres y tomar en cuenta los testimonios de sus autoridades tradicionales. En este momento, enfatizó Lara, la autoridades judiciales mexiquenses tienen dos opciones: reponer el procedimiento desde el inicio –lo cual puede llevarse años— o considerar las evidencias de no culpabilidad de los acusados y ponerlos en libertad, como han solicitado diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. La audiencia en la cual se resolverá este punto, indicó el abogado, se realizará el próximo martes o miércoles, por lo que llamó a las organizaciones que han acompañado el caso a estar alertas para dar el apoyo necesario.


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