LA OBLIGADA NEUTRALIDAD DE ESTADOS UNIDOS Tanto España como Portugal trataron de improvisar soluciones en procura de paliar las costosas pérdidas que les representaban los ataques corsarios. El comercio español, que había constituido el blanco inicial, fue barrido del océano y pronto se observó que eran inútiles las estrategias de transferir sus naves a matrículas extranjeras, los esfuerzos por construir una fuerza naval eficiente que resguardara sus unidades mercantes e incluso el recurso de armar sus propios corsarios. La acción, cada vez más devastadora contra el comercio de ambas naciones ibéricas, provocó un notable movimiento diplomático, acrecentándose las protestas ante Estados Unidos. Los americanos nunca habían estimado a los españoles, y por otro lado su ideología los llamaba a apoyar la causa que tenía como bandera los conocidos ideales de libertad e independencia. De acuerdo a ello las denuncias del ministro Onís no fueron tomadas con demasiada simpatía, llegándose incluso a solicitar su destitución cuando los reclamos eran hechos en tono demasiado imperativo. Las protestas hispánicas ante el Congreso invocaban la aplicación del Tratado Pinkney (de 1795), mientras por otro lado conjuntaban todos los datos relacionados con el armamento en corso de la nave, contratación de tripulantes, etcétera, los que, presentados como declaraciones juradas, servían como fundamento para iniciar una investigación, previa acusación judicial por violación a la Ley de Neutralidad. El apresador era de inmediato demandado, exigiéndose la devolución de la presa y carga bajo la acusación de piratería. El caso del ministro portugués era sensiblemente diferente. El cargo era ocupado por el abate José Correa da Serra, botánico con reconocida autoridad científica internacional, que gozaba de prestigio personal y vinculaciones que iban desde el mismo presidente Monroe a otros políticos de primera fila como Jefferson y Madison. Esta influencia le fue de valiosa ayuda cuando en 1817 los corsarios artiguistas dejaron el ámbito platense para lanzarse al océano, localizándose sus bases en los puertos de la Unión. A principios de 1817 las reclamaciones del ministro portugués se plantearon en el sentido de que las naves eran armadas públicamente, disimuladas bajo el aspecto comercial y patentizando la insuficiencia de las leyes de neutralidad del momento. La innegable influencia del ministro Correa instigó ante Monroe el tratamiento de la enmienda (sobre todo con respecto al armamento de corsarios en los puertos americanos) y posteriormente informó a la Comisión Legislativa encargada de estudiar la modificación de la ley. La enmienda para impedir que se violase la neutralidad del gobierno –a pesar de la brillante campaña de reivindicación del derecho de las provincias insurreccionadas a ser libres, efectuada por el representante de Kentucky, Mr. Clay- fue aprobada el 29 de enero y promulgada el 3 de marzo de 1817.
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