Algunas pautas podrían hacer pensar que en realidad todas las medidas tomadas por el Ejecutivo estadounidense eran –para la mayoría de los legisladores- más una pantalla para evitar la protesta internacional que medidas conducentes a erradicar verdaderamente el problema del corso. El caso del juez Teodorico Bland, decidido partidario de la causa independista sudamericana y quien veía al corso como un medio lícito de lucha, fue uno de los ejemplos más claros en este sentido. Cuando dicho funcionario fue nombrado Juez del Distrito del Estado de Maryland, el Procurador General de Estados Unidos aludió a este hecho como “un permiso general a los corsarios para actuar”, pero a pesar de estas protestas y de conocerse la posición de Bland, se mantuvo su nombramiento. Se puede observar que en todos los puertos estadounidenses la simpatía y el apoyo por la empresa corsaria y la causa que la motivaba se patentizaron en hechos como la posición de los jurados encargados del dictamen en los pleitos y hasta en los discursos de los mismos congresistas –a pesar de las leyes sancionadas en ese ámbito. Analizando la situación en forma global podríamos concluir que entre 1817 y 1821 la situación en Estados Unidos fluctuó entre estos dos polos opuestos, impidiendo que el sentimiento por la causa independista llegara a traspasar los límites controlables comprometiendo la neutralidad de su país y tratando de que las reclamaciones diplomáticas no inhibieran la libertad de acción del Ejecutivo. En base a sus lineamientos se puede decir que el gobierno de Monroe mantuvo una política de efectos básicamente desfavorables para el artiguismo. Las sucesivas leyes sobre el corso obstaculizaron la única fuente de recursos, pero su relativo cumplimiento resintió en ambos sentidos el prestigio de la Unión.
EL PERIODO EN EL PLATA Paradójicamente, cuando la situación del caudillo oriental iba perdiendo terreno, muchos comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires, capitanes corsarios conocidos y aún los oficiales británicos en actividad, apoyaron mayoritariamente la causa Artiguista. En enero de 1820, por ejemplo, el oficial a cargo de las fuerzas navales –Capitán Frederick Maitland- solicitó a Lecor la entrega del Marinero John May, que había sido apresado. Ante el requerimiento Lecor contestó que ya había dado orden al vicealmirante de su flota para que verificase la devolución del citado prisionero, pero justificaba la aprehensión agregando que el marinero iba guiando al Teniente de la Real Marina Walkin William Litle- a las huestes artiguistas, a las que iba a unirse. De la misma forma algunos capitanes –como Jorge Ross- se lanzaron en crucero contra las naves portuguesas en las zonas del Plata Superior y en el río Uruguay. Informes sobre las acciones, unidos a la denuncia de que el citado Ross se hallaba armando cuatro lanchones para actuar en el río Uruguay, acrecentaron fundadamente la alarma de Lecor que planteó el hecho ante el Jefe de la Estación Naval inglesa, solicitando el castigo correspondiente.
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