presiones ejercidas por las naciones agredidas: España y Portugal, y que básicamente tendía a obstaculizar el corso rioplatense. Fue importante también en este período el papel que jugó la prensa en el tema. Se podría observar que los periódicos del Norte en particular manifestaban la tendencia de una crítica severa, buscando la protección de intereses comerciales y en defensa de relaciones de política internacional que creían debían regir al país. Los defensores de la prédica de Adams, anticorsaristas por convicción e interesados como el Secretario en que se concretaran las gestiones del Estado para la compra de los territorios de la Florida –indispensables para la expansión hacia el Sur-, apoyaron y favorecieron todas las medidas tendientes a terminar con el corso rioplatense que, partiendo de la costa estadounidense, afectaba en grado sumo al comercio español (propietario entonces del territorio en cuestión). En contraposición encontramos los sectores que se manifestaban favorables a la doctrina predicada por Henry Clay en el Congreso, integrados en la práctica tanto por autoridades como por particulares que se movían alrededor de la empresa corsaria. El portavoz de esta tendencia fue especialmente la prensa de New York al Sur, en general proclive a la causa corsaria y al movimiento de insurrección encabezado por el caudillo oriental. Muchos de estos medios se fueron comprometiendo en un estudio profundo de la situación política, que contribuyó a difundir su sentido, así como en la formación de un “concepto” defensor de las ideas independentistas propias del “sistema americano”, antagónico al europeo. En este sentido fueron también importantes los seguimientos de los juicios
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piratería, el estudio de las apelaciones, teñidas con la filosofía que defendían, la trascripción de las sentencias acompañadas por fundamentos de gran peso político e importancia teórica. Más allá de las controversias, lo relevante fue el logro, al despertar el interés general por el tema, popularizando el problema y sus distantes y –ya no desconocidos- involucrados. En medio de las polémicas el 15 de mayo de 1820, una nueva ley concretó una medida dirigida a excluir a Baltimore como puerto corsario. El puerto de Baltimore y el de Savannah eran dos reductos en los cuales se puede asegurar fehacientemente que toda legislación contra la práctica corsaria había sido “letra muerta”, estableciéndose tácitamente la inmunidad del corso que continuó ejerciéndose a espaldas de la ley. El ciudadano común, sobre todo el de la primera de estas ciudades, no dudaba en expresar que el corso era de interés general y un factor preponderante para el desarrollo. Se ha puesto de manifiesto que además de personas distinguidas que participaban activamente en el corso, había autoridades de jerarquía involucradas en el armamento de corsarios –tales como el Jefe de Correos o el Recaudador del Puerto. Por otro lado las autoridades judiciales actuantes en los Tribunales de Justicia desconocían al Congreso la facultad de cambiar mediante leyes las disposiciones establecidas en la Constitución.
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