Los rechazados: se gesta la ira estudiantil

N A R COTR Á F I CO El sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, está en las raíces de la época moderna del narcotráfico mexicano. De cárcel en cárcel, ha permanecido en prisión 26 años. Hace casi 10, Julio Scherer García lo avistó apenas en el penal entonces llamado de La Palma y entrevistó a su hija Ofelia Fonseca, en aquel tiempo también encarcelada. Dio testimonio de ello en el libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande. Ahora, otra hija, Esther, abre nuevas páginas del álbum familiar de Don Neto, quien ha sido ya exonerado en última instancia del cargo de narcotráfico, y en entrevista con Proceso ofrece estampas de lo que ha sido la vida de su padre en los penales de alta seguridad en los que ha estado recluido y entreabre las cortinas de la convivencia familiar de los capos del crimen organizado… A los 81 años, enfermo, desgastado, Don Neto cumple una sentencia de 40 años de prisión por haber participado en el célebre caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985.

RICARDO RAVELO

onsiderado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los capos emblemáticos de los ochenta, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, podría quedar en libertad si un tribunal de alzada le concede los beneficios de ley por su avanzada edad y su grave estado de salud.

El pasado 27 de abril, después de 26 años de juicio –cuyo expediente suma 170 tomos– se resolvió la causa penal 82/85 y se dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena.

En esa misma resolución se absolvió a Fonseca Carrillo de los cargos por narcotráfico en todas sus modalidades: “Se modifica la sentencia apelada y se absuelve a Ernesto Rafael Fonseca Carrillo… de la acusación ministerial formulada en su contra por la responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud, en las modalidades de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación y acondicionamiento de paquetes de mariguana, posesión y tráfico de la misma, así como en la modalidad de aportación de recursos económicos para la siembra y cul-

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Archivo

La vida

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en la cárcel

1816 / 21 DE AGOSTO DE 2011

tivo de ese estupefaciente…”, establece el apartado cuarto del dictamen.

Con ello, Fonseca Carrillo también está en posibilidad de recuperar los bienes que la PGR le aseguró tras su aprehensión y que, según sus familiares, consisten en un terreno y una casa que ya está destruida por el paso del tiempo.

“Veo muy cerca la liberación de mi padre si se cumple la ley. Lo que más deseo en la vida es que mi papá no se muera en la cárcel”, dice en entrevista con Proceso Esther Fonseca Valencia, una de las hijas de Don Neto.

–¿Está muy enfermo su padre?

–La cárcel ha sido muy dura. Las enfermedades lo han agobiado; está mal alimentado y mal atendido por los médicos.

Todo esto lo hemos denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nadie nos hace caso.

Veintiséis años después de su aprehensión en Puerto Vallarta, Jalisco, Ernesto Fonseca fue absuelto en abril último de los cargos por narcotráfico. Meses atrás también se le eximió de otros delitos, en particular por su relación en el escándalo del rancho El Búfalo. En ese predio, propiedad de Rafael Caro Quintero, fueron descubiertos enormes sembradíos de mariguana –de casi 3 mil hectáreas– que eran protegidos por militares.

Sin embargo, Don Neto se mantiene en reclusión por el secuestro y homicidio del

agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, cuyos cuerpos fueron localizados en el rancho El Mareño, en Michoacán, en 1985.

Ese caso, que sigue abierto ante la justicia mexicana, implicó no sólo a Fonseca Carrillo, sino también a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, entre otros personajes del llamado cártel de Guadalajara que en los ochenta eran investigados por Camarena por sus vinculaciones con el tráfico de drogas.

Maltrato carcelario Después de una larga batalla legal, Esther Fonseca Valencia, hija de Fonseca Carrillo, deja los votos de silencio y afirma que su mayor deseo es ver a su padre en libertad. Asegura que durante estos 26 años ella y su familia han vivido una pesadilla.

Dice que aún tiene vivo el recuerdo de la detención de su papá; “fue un golpe muy fuerte para todos”.

–¿Qué hizo cuando se enteró del arresto de su padre? ¿Ustedes sabían que se dedicaba al narcotráfico?

–Para mí y para mis hermanos mi padre fue y es un hombre ejemplar, muy trabajador y responsable. Sabíamos que era ganadero y que así se ganaba la vida. Recuerdo que el día de su detención yo estaba en Guadalajara y fui al supermercado.

Cuando salí escuché por radio que habían

detenido a una persona con los apellidos de mi papá y nos alarmamos mucho porque no sabíamos nada de él.

“De inmediato comenzamos a buscarlo, preguntamos en muchos lugares si lo habían visto. Yo estudiaba la secundaria y fue muy impactante para mí y mis hermanos escuchar la palabra narcotraficante, pues en mi casa nunca vimos armas ni drogas.”

–¿Qué pensaron al ver que su padre no aparecía?

–Nos imaginamos lo peor. Contratamos un abogado y comenzamos a buscarlo. Luego nos enteramos de que estuvo varios días en el Campo Militar (Número Uno) y viajamos a la Ciudad de México cuando fue presentado en el Reclusorio Norte. Estaba muy golpeado, un ojo lo tenía casi cerrado. Le pasamos unos lentes y le tomamos una foto. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo estaba bien.

Fonseca Carrillo tiene 81 años y ha estado en tres prisiones. Luego de su detención, ocurrida en abril de 1985, fue internado siete años en el Reclusorio Norte. De ahí fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma (hoy del Altiplano), donde permaneció 18 años, y hace cinco meses fue enviado a una cárcel de alta seguridad ubicada en la comunidad de Gua-

dalupe, a 70 kilómetros de la ciudad de Durango.

Esther Fonseca comenta que la detención de su padre y los años que lleva en prisión cambiaron la vida de toda su familia: “Nos robaron la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad por no saber cómo está mi papá. Aunque él no se queja de nada y siempre nos pide que no estemos tristes”.

–¿Qué pensó usted cuando la PGR lo acusó de narcotráfico y de la muerte de Enrique Camarena?

–Fue muy doloroso, pero siempre pensamos que no era cierto. Yo le pregunté a mi papá sobre ese tema, la muerte del agente de la policía americana, y él me respondió: “yo no he matado a nadie”. Y yo le creo.

Esther Fonseca dice que cuando visitan a su padre él habla poco de su vida.

“A veces nos cuenta anécdotas de cuando era joven”.

–¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir si después de 26 años en prisión lo absolvieron de los cargos por delitos contra la salud?

–Queremos saber qué pasó y por qué lo detuvieron. Ignoro qué hay en el fondo de toda esta historia. El tiempo se ha encargado de demostrar que mi padre no es narcotraficante y hemos pagado un precio

muy alto por todo esto. Sobre todo mi papá, que está muy enfermo.

“No se vale el trato tan inhumano que ha recibido en la cárcel. Le dan una pésima alimentación y no le proporcionan los medicamentos que requiere para tratar la hipertensión crónica y la insuficiencia vascular periférica que padece.

Ya perdió un ojo y está a punto de perder el otro por el glaucoma que tiene debido a su hipertensión. Lo peor es que las autoridades del penal no le dan permiso para que se opere. ¿Usted cree que ese trato es humano?”.

–¿Cómo vivía su padre cuando estaba en La Palma?

–Era horrible. A mis hermanas y a mí nos bajaban la ropa y por cualquier adorno que lleváramos nos impedían el ingreso. Nos pasaban un aparato para ver si habíamos tocado droga, y era horrible ver que hasta los niños de siete años daban positivo.

“Mi padre sufrió mucho ahí. El decía que desayunar un pedazo de nopal todos los días no era comida. Con el pretexto de sus enfermedades le restringían mucho los alimentos. Hace como cinco años le dieron permiso de salir de la cárcel para que lo atendieran en un hospital. Le dieron dos infartos y en ese tiem-

“Ya no se trataba de mi papá”

éramos nosotras”*

JULIO SCHERER GARCÍA

E

rnesto Fonseca, Don Neto, el interno más antiguo y el hombre más viejo en Almoloya, ofrece la imagen del hombre que se está yendo. Sus ojos opacos se parecen a la voz desganada. Le pido que conversemos. Me mira y no sé si me mira. Insisto y él me sigue mirando.

–No –articula.

El comandante Zamudio, que nos acompaña, lo toma del brazo y se retira con Don Neto, acusado de la tortura y muerte de Camarena, el agente de la DEA, y librado del cargo por narcotráfico.

Más tarde me diría Rafael Caro Quintero, amigo de Don Neto desde siempre: –Está mal. Busca en la mesa un vaso y encuentra una taza.

La hija de Don Neto, Ofelia, es una mujer plena de formas.

Se dice tímida, se llama perseguida y se confiesa inocente.

–Cuando mi papá fue detenido estábamos de vacaciones de Semana Santa y nos hallábamos en Mazatlán. Nos acercamos a un abogado para ver qué podía hacer. Llegamos a México en su compañía. Mi hermana y yo estábamos embarazadas de siete y ocho meses.

“Los periodistas nos persiguieron en el Reclusorio Norte, donde estaba mi papá, como si fuéramos delincuentes. Nos hicieron preguntas que no dábamos cómo responder. ‘¿Sabías que estaba en el narcotráfico?’ ‘¿Y tú?’

“Con grabadoras y libretas nos acorralaron al grado de que estuvimos a punto de rodar por la escalera. En el tumulto nos golpeaban con sus cámaras.

“Nos alojamos en el hotel Krystal y allá nos seguían. Disponían de micrófonos y hacían guardia. Comíamos en la habita-

po ya tenía problemas fuertes en las coronarias.”

Debido a su avanzada edad y a las múltiples enfermedades que padece, Ernesto Fonseca ganó un amparo que le permitió abandonar el penal de máxima seguridad de La Palma, donde estuvo recluido 18 años. “La gestión nos llevó muchos años, pero ganamos ese amparo”, apunta Esther y afirma que de nada les valió ese triunfo, pues ahora su padre se encuentra en condiciones peores a las que tenía en La Palma.

–¿Por qué?

–En La Palma podía salir y ver el sol. Hablaba con sus compañeros. Ahora está en una celda que se llama CO y que mi padre la llama celda olvidada. Desde que ingresó no sabe si es de día o de noche, pues permanece sumido en la oscuridad. No lo dejan leer ni la Biblia. En La Palma estaba en una celda de tres metros de largo por dos de ancho. Ahora permane-

ce en un cuartito y no tiene contacto con la población.

“Hace unos días le pregunté al médico de la cárcel sobre el proble-

prisión de Durango, que para mí es tan dura como La Palma, no lo ha podido ver un solo especialista.

“La directora del penal, Érika Adriana Tenopala, dice que no lo deja salir porque tiene temor de que los demás internos lo agredan. Eso no es un argumento válido: mi padre no se mete con nadie.

Imagínese cómo ha vivido mi padre que el otro día que pudo salir al jardincito comenzó a llover y nos dijo que hacía muchos años que no veía llover.

“En La Palma lo atendía un geriatra, pero en el penal de Durango no hay especialistas. Un día se desmayó y nadie se enteró hasta que le llevaron la comida. Se puede morir ahí adentro y naValencia Cortesía Familia Fonseca die sabe nada. Mi padre ma de la bacte- dice que salió de Guatemala para entrar a ria que tiene mi padre en su ojo derecho, y guatepeor. A veces hasta nos dice en brome dijo que era un problema de glaucoma ma que quiere que lo regresen a la Palma, por presión alta. Desde que ingresó a esa pues allá parece que estaba mejor.”

ción para evadirlos, pero se hacían pasar por camareros. Había americanos de la CNN. Muchos.

“Teníamos que cuidarnos hasta para reservar los pasajes del avión. Ellos aparecían en el aeropuerto y compraban el boleto para sentarse cerca. Ya no se trataba de mi papá. Éramos nosotras.”

–¿Quiénes?

–Mis hermanas. No quiero decir los nombres.

–¿Y los policías?

–No hacían nada por defendernos. Eran como aliados de los periodistas en el juzgado, en el reclusorio, en todos lados.

–¿Qué me dices de tu papá?

–Cuando estaba libre casi no lo veía. Una o dos veces al año, en vacaciones.

–¿Por qué, Ofelia?

–Mi mamá se volvió a casar y él respetaba esa relación.

Cuando fue detenido empecé a tener más contacto con él. Le decía, riendo: “Ahora no me puede decir que no está o que está ocupado o que no quiere atenderme”. Él me decía, riendo también: “Ahora puedes venir cuando quieras”.

–¿Cómo es tu papá?

–¿Para mí o para los demás?

–Da lo mismo. No todos los hijos quieren a sus padres.

–Es cierto. Yo quiero a mi padre. Habla poco y cuando lo hace me da consejos. No es cariñoso. Sus cariños son palmadas en la cabeza. Ahora que estoy aquí, la vez que lo vi fue un abrazo sin el menor cariño lo que me dio.

–¿Tú cómo eres?

–Muy cariñosa, sobre todo con mis hijas. Las abrazo, las beso, les digo que las quiero, que las extraño, que las necesito. Todo lo que no tuve, trato de dárselos.

–¿De qué manera soporta tu padre la cárcel?

–Dice que se mortificó mucho desde que me detuvieron aquí, que no lo podía creer. El consejo que me dio fue así: “Piensa que no existe más que esto. Tú no conoces nada más y si no conoces no puedes extrañar”. Yo le digo que lo único que necesito y extraño son mis hijas y mis hermanas. “Y las tienes”, me dice. “Hablas con ellas, las ves, vienen a verte”. Le digo que es insuficiente. Vuelve a decirme: “Piensa que no existe nada más. Si no, no vas a poder sobrevivir”.

–¿Qué es sobrevivir, Ofelia?

–Dímelo tú.

–Permanecer. ¿Te ha transformado la cárcel?

–Me ha transformado la cárcel.

–Cuéntame.

–Empecé a investigar lo que pude del narcotráfico. Supe que era venta y compra de droga. Pero lo peor fue saber que asesinaban gente. Eso me daba miedo. Me impactó. A raíz de eso me volví a acercar a mi mamá, de la que me había alejado por su segundo matrimonio.

“Cuando mi mamá se quedó viuda sé recargó en mí. Nos cambiamos de casa. Vendimos la casa, rentamos un departamento pequeño y luego compramos otra casa. No importaba dónde, sólo que cupiéramos todos.”

N A R COTR Á F I CO Largo historial Ernesto Fonseca nació en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, un pueblo que alcanzó la fama porque fue cuna de varios narcotraficantes emblemáticos, como Miguel Ángel Félix Gallardo. En la actualidad es uno de los territorios que a menudo utiliza como refugio Joaquín El Chapo Guzmán.

El nombre de Ernesto Fonseca comenzó a ser mencionado a finales de los setenta y mediados de los ochenta. Según la PGR en esa etapa fue integrante del cártel de Guadalajara que por aquellos años encabezaba Rafael Caro Quintero y del que formaban parte Félix Gallardo y Pablo Acosta.

En aquella época, el negocio del narcotráfico lo manejaban grupos tan compactos que eran vistos como una familia. Las figuras importantes del llamado cártel de Guadalajara eran Pablo Acosta, El Zorro del Desierto, afincado en Ojinaga, Chihuahua, así como Félix Gallardo, quien había sido guardaespaldas y chofer del gobernador

de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis, Estos personajes salieron de Sinaloa y se establecieron en Guadalajara, ciudad que sirvió como refugio de muchos capos cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Álvarez del Castillo. Tiempo después éste fungió como el primer titular de la PGR del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

A comienzos de los ochenta, Félix Gallardo era visto como un empresario próspero. Su poder económico lo convirtió en un importante accionista bancario. A menudo se le veía en Sinaloa o en Guadalajara inaugurando importantes negocios o a bordo de autos de colección y motocicletas de lujo.

Estos narcotraficantes alcanzaron mucho poder porque diversificaron sus actividades económicas.

Además, la clave de su éxito residía en que controlaban todas las etapas del negocio del tráfico de drogas: desde la siembra hasta la comercialización. Entre ellos no había rencillas, pues el negocio se manejaba como si fuera de una sola familia.

Sin embargo, esa etapa de esValencia Cortesía Familia Fonseca plendor llegó a su fin en 1984,

cuando fue asesinado el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, quien por aquellos años seguía los pasos de Caro Quintero.

Las repercusiones de ese caso pusieron en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Así fue como se perturbó la tranquilidad con que vivían Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, pues los tres fueron implicados en la muerte de Camarena.

Conforme avanzaron las investigaciones resultaron ligados al narcotráfico, al asesinato de Camarena y del piloto Alfredo Zavala otros personajes, entre ellos Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, y el médico jalisciense Humberto Álvarez Machain. Este último fue detenido en territorio mexicano por agentes de la DEA y llevado en un avión privado hasta El Paso, Texas, donde enfrentó un proceso por el asesinato del agente de la DEA. A Álvarez Machain se le acusó de participar, junto con Fonseca Carrillo, Caro Quintero y Félix Gallardo, en el secuestro y asesinato de Camarena. En la acusación estadunidense se dijo que Álvarez Machain le suministraba sedantes a Camarena para que soportara las torturas a las que fue sometido antes de morir (Proceso 685).

“Don Neto” y Caro Quintero Francisco Daniel

–¿Cuántos?

–Éramos siete hermanos. Quedamos seis. Uno de mis hermanos se mató en la carretera a los seis días que enterramos a mi mamá.

–¿Manejaba en sus cinco sentidos?

–Creo que tenía la depresión. Él venía con un muchacho como de su edad, 18 años. Se le perforaron los pulmones. A la doctora que lo atendió le dio miedo el caso. Lo mandó a Tepic. Murió en el camino. Yo estaba como perdida.

“La crisis estaba por todos lados. Una vez, regresando de Mazatlán con mis hijas y una amiga, nos paró la Federal de Caminos. Recuerdo que fue entre Jalisco y Nayarit. Eran como las diez de la noche. El comandante me revisó todo el carro y me hizo bajar las maletas. Mandó por una patrulla. Me hostigaron.

Que de Fonseca qué era. Me preguntaron por mi hermano muerto. Me preguntaron por otras gentes. Todos eran mis familiares, pero yo no tenía por qué decir nada. Desde ese día no firmé más como Ofelia Fonseca N. Ahora firmo como Ofelia F. Núñez.”

–Oigo decir que eres una mujer independiente.

–Aislada, diría yo. No soporto mucho tiempo a la gente.

Creo que soy claustrofóbica.

–¿Eras así?

–No tanto, pero influyó lo que yo llamo el recibimiento que me hicieron aquí.

–¿Cómo fue?

–Había dos mujeres oficiales. Una era del servicio médico.

Desde que iba entrando vi a un interno en pants color gris, con un número aquí en el pecho, igual al que ahora traigo. Les decía

a los señores de la FEADS que me traían, que llegaba para ver a mi padre. Que lo veía cada quince días.

–¿Qué es la FEADS? –No sé exactamente. Lo que sé es que es una corporación antidrogas o algo así, similar a la DEA. –¿Te llevaron al patio?

–No. El comandante que estaba allí se llamaba Alejandro Martínez Ramírez. El de la FEADS que me traía lo conocía.

Conversaban y yo lo miré poquito. Cuando vio mi cabeza levantada, me dio un golpe. Dijo que de ahora en adelante no podía mirar, preguntar, levantar la cabeza. A un lado estaba un uniformado de beige. Me metieron a una como bodega.

“Ya me habían dado 4 o 5 empujones. Me esposaron, me aventaron contra la pared y vi que estaban grabando, filmando.

Empezó a gritar lo que se oye en la tele que les dicen a los que llegan, que acababa de llegar al CEFERESO, que mi número era ése, que me desnudara. Yo tenía un perro de cada lado.”

–¿Te desnudaste públicamente?

–Eran casi puros hombres. Estaba una oficial gordota, muy fea, que ahora trabaja allá afuera. Había una doctora y como veinte o veinticinco hombres. Había un biombo chiquito, abierto por un lado. Me hicieron desnudar y hacer sentadillas.

Después la doctora me revisó mis partes íntimas, me tocó el busto. Debía revisarme para saber si tenía cicatrices, el estado en que me recibía el reclusorio. Eso lo entendí. Todo lo demás, no. Me lo quitaron todo, hasta la ropa interior y me dieron un uniforme y unos zapatos que no me quedaron.

“Los perros ladraban, la gorda me gritaba, tenía que gritar ‘¡Sí señor!’. No oía. No entendía.”

–¿Oyes bien?

–Pudo ser de nervios. Me esposaron de nuevo y aventaron contra la pared y el comandante, jalándome de las esposas, me colocó en la raya que sirve para medir la estatura. Me lastimó y ahorita que usted me puso la mano ahí, siento que se me mueve la vena, que me duele.

“Me dejó como veinte minutos y luego me hicieron correr, esposada, con la cabeza agachada y ellos detrás de mí. Me sentaron en una silla a la que llegó un señor a cortarme el pelo con una maquinita. El comandante empujó la mano del de la maquinita y éste me dejó pelona de atrás.”

–¿Quedaste rapada?

–Sí, de atrás. Así aparezco en las fotos de aquí. Ayer cumplí un año. He bajado quince kilos.

–¿Por qué te detuvieron?

–El 26 de enero del 99 cumplí quince años de vivir con mi marido. Teníamos problemas y yo acudía con una sicóloga para ver si había manera de reconciliarnos. Lo invité a la terapia. La sicóloga me explicó que no iba a cambiar. Entonces le pedí que me ayudara a dejarlo, porque yo sola no podía.

–¿Lo querías?

–Sí.

–Por los quince años de vida juntos tenía semanas invitándome a Cancún. Primero me negué. Después creí que podríamos reconciliarnos sin necesidad de la doctora. Preparé el viaje con

ilusión y con ayuda de mis hijas escogí la ropa de día, la de noche. Iba contenta.

“Llegamos un viernes. El sábado pasé íntegra la mañana en la alberca, sola. Por la tarde salí de compras y a él ya ni le pregunté a dónde había ido. Supe que no iba a cambiar, pero decidí disfrutar mis vacaciones.

“El plan para el domingo era ir a Xcaret, pero él me dijo que quería llevarme a Belice. De regreso a Cancún, yo iba medio dormida, sentí que detuvo bruscamente el carro para dar una vuelta y vi una caseta que decía ‘Migración’. No le di importancia.

“A los pocos minutos vi que aterrizaban dos aviones, uno arriba del otro. Tuve miedo. Sólo recuerdo que una avioneta aterrizó y unos individuos se metieron al carro, que era de cuatro puertas. Todo fue horrible. Llegaron helicópteros, soldados, gente uniformada. Mi marido decía que quería irse, pero no hacía nada. Me bajé y corrí por el monte. Me salió un animal que me asustó. Pensé que entre perder la vida ahí o seguir con mi marido, pues mejor con él. Volví al auto. Arrancamos, corrimos hasta que en una curva se derrapó y chocamos. Mi marido me jalaba de la mano. Corrimos al monte.

“Nos persiguieron. A mí me encontraron, la primera. Un oficial me jaló los pelos, me insultó, me golpeó y me encañonó. Le pedí que no me pegara. Me manoseó dos veces dizque para corroborar que no trajera armas.”

–¿Quién te hizo todo eso?

–El comandante de los que nos detuvieron. Me preguntó que si era pariente de Amado Carrillo. Yo en ese momento no recor-

NA RC OTRÁF I CO Panteón de Santiago de los Caballeros. Mausoleo familiar

Juan Carlos Cruz

De acuerdo con el expediente CR-87422 (E)-ER, Rubén Zuno Arce “asistió, apoyó, incitó y fue cómplice del cártel de Guadalajara. El cuñado de Echeverría, di-

ce el documento, “conspiró y acordó el secuestro, tortura, interrogatorio y asesinato de Enrique Camarena”.

Y añade: “Alrededor de la primera se-

dé quién era. Luego me preguntó que qué era de mi padre y le dije que era su hija. Luego hallaron a mi marido y al piloto de la avioneta.

“Llegando a Seguridad Pública pedí hablar con el comandante. Le expliqué lo que había pasado. Me dijo que no podía hacer nada, que había que esperar a que llegaran las autoridades.

“Encerraron a mi esposo y al piloto en un celda, juntos. A mí me encerraron sola. Pedí el teléfono, pues sabía que tenía derecho a hacer una llamada. Me la negaron. Así pasamos toda la noche.

“Al día siguiente vi, parada en el excusado, cómo se llevaban a mi marido. Se me acercó un celador y me dijo que a mi marido le habían sacado las uñas, que lo habían torturado, que le habían dado toques y que estaba muy grave.

“Yo estaba sin comer, ni papel del baño ni agua me dieron.

Al otro día me llevaron a mí. Me dijeron que mi marido estaba bien, que no le habían hecho nada. No les creí. Me exigieron que dijera lo que sabía y podría irme a mi casa. Me metieron en un cuartito en el que yo buscaba sangre, rastros de tortura que no hallé. Volvió el interrogatorio. Contesté todo y más. Empezaron a preguntarme por mi marido y yo a decir: ‘Pregúntenle a él.’

“Supe que era la Federal la que había hecho todo. Me pidieron una declaración y yo solicité la asistencia de mi abogado.

Me señalaron a una persona diciendo que era abogado. Dijeron

mana de febrero de 1985, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Rubén Zuno Arce y Javier Barba Hernández se reunieron en casa de este último en Guada-

que tenía que ser con ése. Pedí ver a mi marido. Me llevaron con él. Estaba bien. No tenía nada. Le pregunté qué pasaba y me dijo que todo estaba bien.”

–¿Qué había hecho tu marido?

–Me enteré hasta que nos dieron el auto de formal prisión.

No sé cuántos días habrían pasado, porque ampliaron el término.

En la declaración, mi marido decía que en el 98 había ido a una discoteca en Guadalajara, que había visto a unas personas, que más tarde había estado en un café en Puebla. Dio el día, dio la hora. Que le habían dado 25,000 pesos para recoger a unas personas en Quintana Roo. Él dijo que yo no sabía nada.

–¿Lo acusaron de narco?

–Lo acusaron de lo mismo que a mí, con previo acuerdo para introducir cocaína en el país y dos delitos más; uno, aportación de recursos, alusión a los 25,000 pesos.

–¿Cuál fue tu delito?

Ofelia toca con las palabras el anhelo de tantos: Matar el pasado. “No sé”, dice. O

* Capítulo del libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande, publicado por la editorial Alfaguara en 2001. Ofelia obtuvo su libertad en 2009, al ganar un amparo en contra de la acusación por delitos contra la salud, luego de permanecer encarcelada desde enero de 1999.

lajara, Jalisco, para discutir el secuestro e interrogatorio de Enrique Camarena”.

Las versiones aportadas por la DEA establecen que los cuerpos de Camarena y del piloto Salazar fueron enterrados en el parque Primavera, donde estuvieron temporalmente los cadáveres. Al final, la gente de Caro Quintero decidió separarlos “para que nadie pensara que había tumbas colectivas de gringos en Guadalajara”.

Por el secuestro y muerte de Enrique Camarena fueron sentenciados a 40 años Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo.

Hoy, Fonseca permanece en prisión por dos cargos: el asesinato de Camarena y por posesión de cocaína y suministro gratuito, por lo cual enfrentaría una pena de seis años que, por el tiempo transcurrido, ya fue compurgada.

Según Esther Fonseca, su padre puede salir de la prisión por dos razones: porque puede ser beneficiado legalmente al haber compurgado 26 años de cárcel, tener buen comportamiento y haber hecho trabajo en la prisión, o bien por su grave estado de salud y su avanzada edad.

“Nosotros pensamos que su caso puede ser tratado como el del señor (Miguel) Nassar, quien fue sacado de la cárcel y ahora sabemos que está arraigado en su casa. Ese puede ser un camino explorable para mi padre. También podríamos interponer el amparo, a fin de que se le concedan los beneficios de ley a los que tiene derecho.”

Beneficios legales El 31 de marzo pasado, la defensa de Ernesto Fonseca presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga a fin de que el recluso reciba el tratamiento clínico que requiere. Según el documento, Fonseca tiene 81 años y padece conjuntivitis bacteriana en el ojo izquierdo.

En la queja ante la CNDH se enlistan otras enfermedades que padece Fonseca Carrillo, según un reporte de medicina general fechado el 30 de julio de 2010: De acuerdo con el diagnóstico, Fonseca Carrillo padece isquemia intestinal, mala absorción, enfermedad articular degenerativa, catarata total y amaurosis, hipertensión pulmonar, ateroesclerosis carotídea con placas potencialmente embolígenas, cardioangioesclerosis, bronquitis crónica, hipertrofia prostática obstructiva en crecimiento, insuficiencia venosa periférica grado III, hemorroidectomía, prostatectomía parcial y tiroidectomía parcial.

El documento añade: “El paciente refiere que tiene dificultades para evacuar y dolor tipo ardoroso en estómago”.

También se especifica que ha sufrido dos infartos, perdió un ojo y en el otro ha disminuido la visión en 70%.

–¿Qué sigue en la vida de Ernesto Fonseca y de su familia?

–Seguir luchando para que salga libre. El 27 de abril fue sentenciado con la pena máxima de 40 años por secuestro y homicidio y se le absolvió de todos los delitos contra la salud. ¿Qué sigue? Obtener el amparo para que salga con los beneficios de ley o bien mediante un arraigo domiciliario.

–¿Usted cree que puedan lograr estos beneficios?

–Todo se puede. Él tiene derecho a esos beneficios y todo depende de que el gobierno acate la ley. Y creemos que sí se puede porque ya está absuelto de los cargos por narcotráfico. Si lo hubieran sentenciado por esos delitos no tendría derecho a los beneficios de ley.

–¿Existe alguna orden de aprehensión con fines de extradición?

–No hay ninguna.

–¿Qué tan cerca o que tan lejos ve usted la libertad de su padre?

–Es una esperanza que yo tengo como hija, pero al mismo tiempo trato de ver este asunto con objetividad. No quisiera desilusionarme y, como se lo dije al principio de la conversación, lo que mis hermanas y yo deseamos es que mi padre no muera en la cárcel.

–¿Su padre les ha hablado de la muerte?

–No, casi no nos habla de eso.

–¿Por qué mandó a construirse entonces un mausoleo en el panteón de Santiago de los Caballeros?

–Esa tumba no es sólo para él. La mandó a construir para él y todos sus 11 hijos. Tiene como 12 gavetas y es una tumba familiar.

Acerca de los rumores en el sentido de que su padre les dejó una gran fortuna, Esther asegura que se trata de una mentira: “Trabajamos en nuestros propios negocios. Yo tengo un spa en Guadalajara y otros hermanos se dedican a los bienes raíces. Mentiría si le digo que somos pobres; en realidad no lo somos, pero nuestra vida es modesta, como la de cualquier persona normal que se gana la vida trabajando. Mi padre no nos ha heredado ninguna fortuna A lo largo de este juicio hemos enfrentado desde abusos hasta robos.

Ahora que mi padre fue exonerado del delito de narcotráfico sólo se podrán recuperar unas tierras, otro terreno donde había una casa que ya no existe y eso es todo.”

Miguel Dimayuga

Espías de EU:

están, pero no están, Miguel Dimayuga

aunque finalmente sí están...

La canciller. “Ellos tienen funciones acotadas”

JENARO VILLAMIL

iez días después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadunidenses operan en México sin autorización del Congreso, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de aquellos funcionarios extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.

Incluso el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “mo-

D

nitorear las actividades” de esos agentes.

Felipe González, senador panista y exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo siguiente: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan, regresan a la embajada”.

El senador experredista René Arce, integrante de esa comisión bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación a que esos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados.

“En principio, el número de agentes no se nos dio; sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso de la ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y civiles del Departamento de Estado”, abundó.

Ni González ni Arce ni el senador

priista Carlos Jiménez Macías consideraron que el Ejecutivo haya violado la Constitución al no informarle al Senado de la existencia de esos centros operativos.

Los legisladores avalaron la versión de Blake Mora, quien afirmó en un comunicado de prensa que la presencia de esos funcionarios extranjeros “se hace conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otros”.

Los funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos medios estadunidenses.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos– para poder ser más

eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

El senador del PT Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones el Senado reacciona tardíamente ante lo que él considera que “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.

En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto de juicio político”.

“La situación es tan grave que hay salida de tropas mexicanas al extranjero sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III, señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el exgobernador de Zacatecas.

Benjamín Flores

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.

Monreal. Calderón, a juicio

El jueves 18, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución y no es exclusiva de la administración calderonista.

“Hay que decir que la presencia de agentes estadunidenses no es exclusivamente durante esta administración. Y que fundamentalmente las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno federal”, defendió Poiré en conferencia de prensa en Los Pinos.

“Violación flagrante” Monreal advierte que esas “oficinas de fusión” constituyen en realidad un “minigabinete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido en la Cámara de Senadores”.

En esas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.

“Lo anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89 constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de Estados Unidos vulnera toda noción de soberanía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, argumenta el petista, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.

Además, agrega, “en clara contravención a los principios de soberanía, Calderón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en territorio nacional sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en el libre desarrollo nacional”.

Proceso (edición 1812) ya había divulgado los planes estadunidenses de incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México; según aclara Monreal, esto violaría el artículo 73, fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M, de la Constitución, porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional.

También el artículo 76, que establece como facultades exclusivas del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal

Rafael del Río

suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por territorio nacional”.

El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas.

No lo sabemos. Por lo pronto ya reconocieron que sí están (aquí) representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.

“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la

Constitución!”, contrargumenta Monreal.

“Si bien es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal política observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones

internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abunda el senador del PT.

Iniciativa Mérida –La prensa estadunidense y los cables de WikiLeaks han confirmado operativos como Rápido y furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas, y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le pregunta.

–Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.

–¿Ni con la Iniciativa Mérida?

–La Iniciativa Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos contra la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de Relaciones Exteriores.

–En el Senado hubo reuniones con el exembajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, y con miembros del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?

–Nosotros hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los ejecutivos de Estados Unidos y México, primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.

“Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.

Sobre el mismo tema, Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Congreso de Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.

Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado miércoles 17, los funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Cisen insistieron en que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.

“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar –y ya se les dijo a ellos, a Estados Unidos– un acuerdo con las características del Plan Colombia”, insistió Jiménez Macías.

Agentes de la TSA

operan

en aeropuertos de México VERÓNICA ESPINOSA Y GABRIELA HERNÁNDEZ

UEBLA, PUE.- Están en todo.

Agentes de la Administración de Seguridad en Transporte (Transportation Security Administration, TSA), adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, realizan inspecciones periódicas en aeropuertos para verificar los esquemas de seguridad en vuelos y aerolíneas en las que viajan sus connacionales…

El problema es que lo hacen en territorio mexicano.

Y aun cuando la TSA, creada a raíz de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se encarga del monitoreo, supervisión e implementación de protocolos de seguridad interna en los aeropuertos y el transporte terrestre –como los ferrocarriles– en su país, desde hace dos semanas varios integrantes de esa corporación realizaron la verificación anual en los aeropuertos de Guadalajara, Querétaro y en el de esta ciudad.

Lo grave es que ese tipo de inspecciones ya son vistas como “trabajo de rutina” por las autoridades mexicanas encargadas de los aeropuertos nacionales y aerolíneas, en particular las que cuentan con vuelos

P

John S. Pistole, director de la Transportation Security Administration (TSA), uno de los organismos de seguridad creados por el gobierno de Estados Unidos luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, lo admite sin ambages: la agencia es “la última línea de defensa contra el terrorismo internacional”. De ahí que sus empleados realicen periódicamente verificaciones sobre la seguridad en los aeropuertos de su país, y aun del extranjero. En las terminales aéreas mexicanas, los agentes hacen sus “tareas de rutina” cada año sin que nadie les estorbe, como lo hicieron recientemente en Querétaro, Puebla y Guadalajara. de ida y vuelta a ciudades estadunidenses.

De acuerdo con su página electrónica (www.tsa.gov), la agencia es responsable “de proteger los sistemas de transporte de la nación (Estados Unidos)”, así como de desarrollar programas de seguridad y regulaciones para todos los medios de transporte y proveer de seguridad a los aeropuertos.

La TSA cuenta con 50 mil oficiales de todos los rangos que se ocupan en todo tipo de faenas; algunos se especializan en la búsqueda de bombas en el transporte ferro-

viario; otros se infiltran entre los pasajeros de un vuelo “para garantizar la seguridad de todos los modos de transporte”.

La información del sitio oficial también deja en claro que, en vista de los cientos de vuelos internacionales que arriban diariamente a territorio estadunidense, además de garantizar la seguridad de la aviación nacional la TSA trabaja mediante convenios internacionales “para proteger la red de transporte global”.

Incluso brinda asistencia a gobiernos extranjeros en capacitación para la segu-

AP photo /Wong Maye-E

ridad aeroportuaria y de otros sistemas de transporte y “revisa las estrategias de mitigación de amenazas” en más de 300 aeropuertos en el mundo. “Gracias a sus esfuerzos, la TSA ha investigado con éxito todos los aeropuertos con vuelos directos a Estados Unidos”.

De hecho, la agencia actúa en sociedad con organismos internacionales, como el Grupo de los Ocho (G8) y la Organización de la Aviación Civil Internacional; además ha firmado acuerdos bilaterales “con muchos países de América del Sur, América Central, Europa, América del Norte, África, Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico”.

En mayo pasado, su director, John S. Pistole, reunió en el Congreso Nacional a personal de los aeropuertos de Estados Unidos luego de la captura y muerte de Osama Bin Laden. Ahí definió a la TSA como “la última línea de defensa”. Su propósito era aclarar que esa acción marca el fin del esfuerzo estadunidense en la lucha contra el terrorismo internacional.

“Debemos permanecer vigilantes tanto en casa como en el extranjero”, expuso Pistole. Y así lo hacen sus agentes en territorio mexicano.

Visita de rutina

nental, procedente de Houston. Ambos se identificaron como representantes de la TSA. El día anterior, Salinas y Hofle estuvieron en el aeropuerto de Querétaro, adonde llegaron acompañados por empleados adscritos a la delegación de la Procuraduría General de la República, que también se presentaron con los responsables de la administración de las instalaciones.

De Querétaro salen vuelos hacia dos aeropuertos internacionales de Texas: el George Bush, ubicado en Houston, y el Forth Worth, de Dallas; este último lo cubre American Airlines desde su inauguración, en noviembre de 2004. Para 2009 registraba un aforo superior a los 250 mil usuarios.

Ya en Puebla, el jueves 11 Salinas y Hofle hicieron la revisión de todo el proceso de seguridad relacionado con el vuelo diario de Aerolínea Continental hacia el aeropuerto George Bush. Al día siguiente por la mañana, los agentes de la TSA completaron su trabajo con una revisión de la compañía aérea.

Interrogado al respecto, un directivo

del aeropuerto local comenta: “Ellos se identifican como personal de la TSA y nosotros estamos obligados a cooperar con todo lo que nos pidan sobre revisiones“.

“Recorren y supervisan todo el proceso de seguridad: se paran en el arco y vigilan cómo realizan las revisiones de equipaje en mano para el vuelo, sobre cómo identificar posibles fallas del equipo de rayos x, que se haga bien el procedimiento para detectar posibles explosivos y otros puntos de seguridad”, precisa.

“Si no pasamos las pruebas, el riesgo es que nos cancelen el vuelo a Houston”, subraya, y aclara que Puebla tiene un vuelo diario de llegada y otro de salida a esa ciudad texana.

El entrevistado, que se negó a proporcionar su nombre, comenta que los inspectores de TSA siempre llegan solos a efectuar su trabajo; nunca los acompañan funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No obstante, la embajada estadunidense suele notificar de manera oficial sobre la visita de los agentes de la TSA a va-

Archivo Proceso

Entre el lunes 8 y el sábado 13, los inspectores de la TSA estuvieron comisionados en las terminales aéreas para evaluar las actividades de las compañías y las aeronaves, pero sobre todo para comprobar que se aplican todas las directrices de seguridad.

Según corroboró Proceso, los agentes de la TSA Arnolfo Salinas y Kent Hofle estuvieron en los aeropuertos de Querétaro durante tres días, a partir del lunes 8, y luego se desplazaron al aeropuerto Hermanos Serdán en Puebla, donde permanecieron hasta el sábado 13.

Personal de esa terminal confirmó que Salinas y Hofle llegaron el miércoles 10 por la noche en el vuelo 2870 de Conti-

Pistole. “Vigilantes en casa... y en el extranjero”

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2001. Primeras inspecciones

rias instancias, entre ellas la PGR, con el propósito de obtener credenciales que les faciliten su desplazamiento dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Personal de seguridad del aeropuerto de esta ciudad confirma a las reporteras que las revisiones de los agentes estadunidenses son periódicas; incluso asegura que el año pasado sólo se inspeccionó a la aerolínea Intercontinental; también dice que la anterior verificación de seguridad al personal del aeropuerto Hermanos Serdán se efectuó en 2009.

En esa ocasión, dice, “revisaron nuestros controles de acceso, el funcionamiento de la seguridad, el estado físico y medidas de la malla perimetral. En el aspecto administrativo, nuestro programa local de seguridad y nuestros manuales”.

La mañana del miércoles 17, Salinas y Hofle auscultaron la aerolínea, también revisaron el equipaje, la carga de los aviones y el abordaje.

Elementos de seguridad del aeropuerto Hermanos Serdán afirman que todos los países que tienen algún aeropuerto con vuelos hacia Estados Unidos “son revisados por elementos de la TSA”. Dicen incluso que la agencia es un organismo internacional que se maneja con base en la Norma Oaci (Organización Internacional de Aviación Civil). “Aquí en México lo hace con base en otras leyes y reglamentos”, afirma uno de los trabajadores del aeropuerto.

Dice que los inspectores de TSA elaboran sus reportes en Houston, donde los evalúan sus superiores, quienes mandan las conclusiones a la DGAC; ellos, a su vez, envían la información a los directivos de cada aeropuerto.

Salinas y Hofle partieron a las 7:05 de la mañana del sábado 13 en el vuelo 2854 de Continental rumbo a Houston, Texas.

Información reservada En el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara nadie informa sobre la presencia de personal de agencias estadunidenses en labores de supervisión de seguridad.

Sin embargo, trabajadores de la terminal aseguran a Proceso que las agencias de Estados Unidos tienen anuencia del gobierno federal para esos operativos de inspección. Admiten incluso que las medidas de seguridad se intensificaron con motivo de los XVI Juegos Panamericanos, que se inaugurarán el próximo 14 de octubre.

En un recorrido por el aeropuerto tapatío, que mueve diariamente a 16 mil viajeros mexicanos y extranjeros, un policía privado comenta que la presencia de militares, federales o quizás de agentes extranjeros se incrementará de manera paulatina en las próximas semanas.

El jefe de Comunicación Social del Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), el español Miguel Ángel Aliaga, aclara que la información relacionada con seguridad es un tema ajeno al trabajo que realiza el conglomerado ibérico y está reservado exclusivamente para las autoridades federales y el Ejército.

Cuando se le pregunta a Aliaga acerca de la participación de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) o de otras agencias de ese país en labores de inspección sobre la seguridad

que ofrece el aeropuerto local, el directivo del GAP responde: “Nosotros sólo somos administradores; el apartado de vigilancia y seguridad lo realizan las autoridades federales”.

No obstante, Aliaga admite que en caso de que haya agentes estadunidenses en la terminal aérea, eso no debe sorprender a nadie por una sencilla razón: una de las delegaciones deportivas más numerosas que arribarán a Guadalajara en octubre será la de Estados Unidos. (Con información de Alberto Osorio).

J U STI CI A

La Sedena pretende

evadir

Miguel Dimayuga

otro fallo internacional

Las indígenas guerrerenses y su defensor

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR.

GLORIA LETICIA DÍAZ

on la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo

C

de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de

Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para co-

nocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos come-

tidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuan-

do él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002.

“La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación

físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”.

Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario: 1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37

familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados.

Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subse-

cretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA. En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR. Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

Benjamín Flores

Atraídos por el poder, algunos familiares de víctimas mortales de la guerra calderonista, así como dirigentes empresariales, están siendo incorporados a una estrategia gubernamental cuyo objetivo es debilitar el Movimiento por la Paz. “Todo parece indicar –afirma Javier Sicilia– que tienen la intención de dividirnos” antes del reinicio del diálogo con el Legislativo y el Ejecutivo sobre la Ley de Seguridad Nacional. Pero no hay una pelea por el liderazgo del movimiento, advierte el poeta. Y Álvarez Icaza especifica: “un debate entre víctimas no ayudaría en nada”, porque los interlocutores son el gobierno y el Congreso…

Objetivo oficial:

debilitar el Movimiento por la Paz

JOSÉ GIL OLMOS Y ARTURO RODRÍGUEZ

l reiniciarse el diálogo entre el Movimiento por la Paz y el Poder Legislativo para discutir la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Felipe Calderón ideó una estrategia para debilitarlo. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, llamó de última hora a un grupo de personajes para crear otro frente ciudadano que defienda su propuesta de ley y fortalezca la idea de una confrontación entre las agrupaciones civiles.

Ante ello, el poeta Javier Sicilia advierte que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no menguará sus tareas ni entrará en el juego de una estrategia del Ejecutivo para debilitarlo, porque la fuerza del movimiento que encabeza está en la defensa de las víctimas y no en intereses particulares o políticos.

El martes 16, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizó un encuentro con

A

organizaciones civiles y empresariales para hablar de la Ley de Seguridad Nacional, e invitó a Isabel Miranda de Wallace, quien de inmediato se pronunció por la aprobación de ésta. A su vez, María Elena Morera, lideresa de Causa Común, hizo lo mismo en una entrevista radiofónica, emulando al empresario Alejandro Martí, quien un día antes se había manifestado en dicho sentido.

No es coincidencia, señala Sicilia en entrevista con Proceso al término del reinicio del diálogo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con la cual se llegó al acuerdo de debatir los cambios propuestos al mencionado proyecto de ley.

“Hay que tomar en cuenta que esto lo están haciendo previo al reinicio del diálogo con el Legislativo y el Ejecutivo. Todo parece indicar que tienen la intención de dividirnos. Quieren crear nuevos interlocutores para que nuestra presencia se pierda, pero no vamos a entrar en esa pelea”, aclara el poeta.

Sicilia recuerda que desde el inicio del

Movimiento por la Paz invitaron a unirse a Martí, Morera y Miranda de Wallace, de quienes recibieron apoyos, pero cada uno decidió tomar su propio camino.

“Nosotros los hemos apoyado a ellos también, pero si han tomado la decisión de respaldar la iniciativa del Ejecutivo, esa es su voluntad y la respetamos. Nosotros insistimos en que la Ley de Seguridad Nacional debe ser cambiada por una propuesta humanista, ciudadana, de respeto a los derechos humanos”, sostiene.

Mientras el Movimiento por la Paz ha dado espacio a otras agrupaciones de víctimas de la guerra que declaró Calderón al narcotráfico, prosigue, Martí, Morera y Miranda de Wallace han encabezado esfuerzos individuales de víctimas de la inseguridad pública.

Aun así, insiste en que todos son víctimas y en que el debate que se quiere dar en algunos medios es falso, “porque no existe una pelea por el liderazgo del movimiento de víctimas.

“Nosotros no vamos a entrar a ese de-

bate, no buscamos ser los líderes y además respetamos a todas las organizaciones de víctimas que hay en el país.

“Aunque todos somos víctimas, nuestro movimiento les ha dado la voz que no tenían en los últimos cuatro años, no se les escuchaba ni tenían los espacios que hoy hemos ganado. Eso nos da la fuerza y la unidad que difícilmente podrán debilitar con esta estrategia.”

Sicilia reitera que el tema principal son las víctimas y que por ello están exigiendo una Ley de Seguridad Nacional con perfil ciudadano, que proteja los derechos humanos y que no le dé carta abierta al Ejecutivo para usar a su discreción las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad pública.

“No hay que olvidar eso: las víctimas necesitan justicia y no un enfrentamiento, como el que al parecer intenta construir el Ejecutivo, entre distintas organizaciones.

Por eso nosotros no vamos a entrar en ese debate falso, pues si lo hiciésemos generaríamos condiciones de debilidad, y eso no beneficia a nadie, menos a las víctimas. Lo

que me parecería muy grave es que el Ejecutivo esté tratando de armar este conflicto sólo para debilitar el movimiento. Las víctimas están unidas en el mismo camino del dolor y no están polarizadas.”

Ciudadanos a modo Con credenciales de ciudadanos, arrogándose la representación de la sociedad civil, un reducido grupo de víctimas de la delincuencia se asimiló a la parafernalia oficial, según se desprende de un seguimiento que Proceso hizo de las declaraciones y discursos de quienes hoy respaldan sin reparo la propuesta oficial de reforma en materia de seguridad nacional.

Conocida por realizar su propia investigación sobre el secuestro de su hijo, Mario Alberto Wallace, ocurrido en 2005, María Isabel Miranda de Wallace se ha convertido en una figura pública que encabeza la Asociación Alto al Secuestro y que, en 2010, recibió de Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Hoy, Miranda de Wallace participa activamente en diversas iniciativas y eventos presidenciales sin ocultar su admiración por Calderón. Tan sólo en 2011 ha acudido como invitada de honor al menos a ocho actos oficiales.

El 9 de mayo, al concluir la marcha encabezada por Javier Sicilia de Cuernavaca al Zócalo capitalino, el poeta pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Miranda se pronunció de inmediato en contra de esa exigencia y hasta descalificó la pluralidad de los participantes en el movimiento.

“El problema fue que no se respetó el espacio ciudadano. Javier Sicilia intentó tener una incursión netamente ciudadana como un cauce de rechazo a la violencia; sin embargo, se infiltraron diversos grupos, entre ellos el SME o gente involucrada con secuestros, haciéndose pasar por víctimas, que nada tenían que ver con el movimiento”, dijo a El Universal.

Miranda acude con frecuencia a actos de la SSP y la PGR, además de los organi-

Crece la organización ciudadana

ante el fracaso del Estado JOSÉ GIL OLMOS l rápido desarrollo del movimiento pacifista que encabeza Javier Sicilia es una expresión del fracaso del Estado mexicano en su tarea de dar seguridad y una llamada de atención al gobierno que debe atenderse antes de que surjan grupos armados en todo el país para las elecciones de 2012, advierte María Fernanda Somuano, investigadora de El Colegio de México, quien acaba de publicar un libro sobre el desarrollo de la sociedad civil organizada y su papel en el proceso democrático en los últimos 20 años.

“También hay grupos radicales que se están organizando, como los que mandaron la bomba al Tec de Monterrey. Esto también

E

tiene que tomarlo en cuenta el gobierno, sobre todo ahora que vienen las elecciones.

No sabemos qué va a pasar con los excluidos, y menos si los márgenes de victoria son otra vez muy pequeños”, sostiene la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Iowa.

Advierte que aunque el número de organizaciones sociales en México no es tan grande como en otros países, el gobierno y los partidos políticos deberían estar atentos a lo que sucede en Inglaterra, España, Chile y Argentina, donde los excluidos del sistema se están manifestando de manera violenta porque el Estado no satisfizo sus necesidades.

“Lo que veo es algo que sucede no só-

lo en México sino en varios países, y es que la sociedad civil se moviliza como expresión de inconformidad ante la incapacidad de hacerlo por los canales tradicionales de representación, como los partidos. Los ciudadanos ya no se sienten representados, ya no ven a los partidos como canales legítimos”, afirma en entrevista con Proceso.

En su libro Sociedad civil organizada y democracia en México Somuano señala que el número de organizaciones civiles pasó de 2 mil en 1994 a 10 mil 620 en la actualidad.

Este fenómeno, explica, se da porque la sociedad ve que el Estado se retrajo de actividades importantes al aplicar las políticas neoliberales.

Explica que ha habido momentos específicos en la historia reciente en los que han surgido organizaciones sociales que demandan mayor eficacia estatal. Primero fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, cuando surgió el movimiento urbano popular que políticamente se expresó en las elecciones de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Después vendría la actividad de la sociedad civil acompañando la movilización del EZLN en Chiapas en 1994 y después en la elección de 2006. Desde entonces no se había presentado otro más, hasta el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

Explica: “El Estado mexicano es incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos que, hartos de una situación de ineficacia gubernamental, deciden salir a las calles a decir: ‘Hagan algo, porque no podemos seguir así’”.

–¿Cuáles son los riesgos para el Estado o para el gobierno de no escuchar a esas organizaciones?

–Depende mucho de la organización.

Hay algunas a las que no oyen, no las va a tomar en cuenta nunca y van a permanecer un tiempo, hasta donde les alcanzan los recursos... eso pasa en México. Pero con las organizaciones más grandes o movimientos como el de la paz, creo que el riesgo es que si sigue creciendo y la gente lo ve como un movimiento legítimo, el gobierno al no escucharlo se muestra como desatento ante los reclamos legítimos.

“Eso le afecta al gobierno en términos de legitimidad, de aprobación. Lo que puede suceder es que el movimiento crezca más y, como en el caso de los países árabes, acabe derrumbando a un gobierno. No sé si en el caso mexicano exista el potencial de algo así.”

Otro riesgo es que se extienda la integración de grupos de autodefensa ciudadana: “Puede derivar en otras expresiones de violencia. Ya lo hemos visto en algunas colonias del Distrito Federal, donde ante la incapacidad de la policía la gente decide hacer justicia. (...) El riesgo es que esto crezca, que tengamos grupos armados por todas

partes fuera del control, motivados también por la facilidad con la que están entrando armas al país”.

–¿No cree usted que se equivoca el gobierno de Calderón al no ver una oportunidad en esos movimientos sociales que le están planteando salidas?

–Creo que sí, pero lo veo muy convencido de lo que hace, lo cual me parece sorprendente e incomprensible. Creo que el movimiento que encabeza Sicilia tiene la razón. Haber sacado al Ejército a las calles ha tenido consecuencias muy graves y me parece que hay que repensar esa estrategia.

“Pero dudo mucho que Calderón lo quiera hacer, sobre todo en este momento político. Aun cuando sea una oportunidad no creo que quiera admitir que se equivocó cuando estamos en la antesala de las elecciones. Me parece que va a seguir agarrando capos porque a la gente le da gusto. Pero insisto en que debe revisarse esa estrategia porque nada justifica 50 mil muertos.”

El reto financiero Somuano señala que uno de los retos a corto plazo del movimiento que encabeza Sicilia es dar resultados y conseguir apoyos financieros: “Si no hay resultados se debilitará y, muchas veces, esa es la intención del gobierno con esas organizaciones que le son incómodas: dejar que sigan su cauce hasta que desaparezcan o que se hagan pequeños, sin impacto”.

Otros retos, señala, son la apatía y el conservadurismo de la sociedad mexicana: “En el caso de México, la sociedad tiende a ser apática. No estamos en los niveles de otras sociedades donde a la primera salen a protestar”.

–Usted dice que la sociedad mexicana es apática. ¿Por qué cree que es así, si ha habido eventos muy importantes desde 1985, 1988, 1994 y 2006?

–Lo que se puede decir es que la sociedad mexicana es conservadora, le dan miedo los cambios. No hace falta más que voltear a ver las campañas donde votar por el cambio da miedo. La elección de 2006 fue así. Somos una sociedad conservadora a la que el cambio le da mucho miedo. No sé si porque tuvimos una revolución con miles de muertos...

Afirma que tal vez esto se deba también a que la mexicana es una sociedad altamente religiosa, pues la Iglesia católica lo que busca es el status quo y no admite las insubordinaciones. Un reto más es enfrentar a una sociedad muy individualista que, a pesar de que se organiza, lo hace con fines asistencialistas y no de cultura democrática.

“Cuando se analiza en qué tipo de asociaciones participa la gente, vemos que las de más crecimiento son las religiosas, que

por definición tienden a ser apolíticas, las que menos promueven valores democráticos porque no está en sus objetivos y no cuestionan al sistema”, explica.

Se le recuerda que en el movimiento por la paz participan muchos sacerdotes y algunas comunidades eclesiales de base.

“Lo que falta ver es cómo pueden confluir en el movimiento todos esos grupos con intereses y demandas dispares. Tal vez todas convergen en que no están de acuerdo con la política de seguridad del gobierno federal, pero lo interesante será ver cómo se integran los sacerdotes al movimiento, cómo participan partiendo de la laicidad del Estado.”

–¿Qué retos ve para las organizaciones sociales en este momento?

–Son muchos. Uno de ellos es que tienen que tratar de ser autónomas en términos financieros. Es difícil mantener una organización y aún más un movimiento... algunas de ellas recurren a dinero gubernamental y eso las pone en una situación delicada, muchas veces las limita en su agenda.

“Un reto más es tratar de seguir avanzando en su relación con el gobierno, porque hay mucha desconfianza entre las dos partes. El gobierno ve a las organizaciones como un dolor de cabeza porque muchas de ellas se meten en temas como la transparencia, rendición de cuentas, monitoreo y fiscalización.”

Sin embargo, dice María Fernanda Somuano, el reto principal es para el gobierno federal y los partidos políticos porque debido a la situación del país y las complicaciones que se prevén para 2012 van a seguir surgiendo movimientos de los inconformes y marginados del sistema, como los jóvenes excluidos de la educación superior, los desempleados y las víctimas de la violencia. O

zados por la Presidencia, inclusive con motivo de temas que nada tienen que ver con el secuestro, la bandera con la que se aproximó al poder. Por ejemplo, el 13 de julio participó en Los Pinos como invitada de honor en la promulgación de las reformas en materia de trata de personas.

Antes, el 13 de enero, acompañó al subsecretario de Gobernación, René Martín Zenteno, a presentar la Cédula de Identidad para menores de edad, rechazada por organismos públicos como el Instituto Federal de Acceso a la Información, que la considera excesiva, y por organismos civiles que denuncian un fichaje violatorio de derechos fundamentales.

Al ponerse en marcha la segunda etapa de ese programa, en un evento realizado el 10 de junio, en Baja California Sur, Miranda explicó en qué consiste la cédula.

“Ustedes (niños) son únicos en todo el universo. Creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Porque eso nos permite saber lo genuinos que podemos ser por la creación. Yo soy creyente. Yo creo en Dios, y creo que Dios, Nuestro Señor, ahí es donde se ve la mano, que no hizo dos igualitos. Somos tan importantes para Él y, en este caso, también para el presidente.

“Y quiero resaltar lo que yo siempre he admirado del presidente de la República.

Aunque a veces me critiquen y me digan que lo defiendo, pero creo en esta lucha que él ha emprendido, creo en sus valores, señor presidente. Creo que ha luchado contra viento y marea en tiempos difíciles, políticos. Y qué pena que algo tan noble como esto también se lleve a la política”, expresó.

Otro personaje que de la denuncia pasó a la promoción del gobierno es Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando fue secuestrado y asesinado en 2008. El empresario, quien popularizó la expresión “Si no pueGermán Canseco

Germán Canseco

M O V IL IZ A CI Ó N SO CI A L

Sicilia. Las víctimas son el tema central

Los cabilderos De mayor trayectoria en el activismo por la seguridad, María Elena Morera alcanzó notoriedad tras el secuestro de su marido, Pedro Galindo, en 2001.

A diferencia de Wallace y Martí, Morera tiene una posición crítica ante la militarización y se pronuncia por atacar las estructuras financieras del hampa.

Sin embargo, en corto, Morera, quien encabeza la agrupación Causa Común, ha propuesto al Movimiento por la Paz reuniones privadas con García Luna.

En una entrevista concedida por Eduardo Gallo Tello al reportero Álvaro Delgado, en mayo pasado, el activista –cuya hija fue secuestrada y asesinada tras un fallido rescate en junio de 2001– advirtió que los liderazgos son cooptados por el gobierno a partir de una serie de prebendas; en el caso de Morera, uno de sus hijos forma parte del staff de García Luna (Proceso 1801).

Gallo denunció que los líderes sociales son cooptados por el gobierno, que oferta cargos públicos, recursos e invitaciones a eventos “en los que es posible codearse con altos miembros del poder público”, lo cual, sostuvo, es muy seductor para algunos.

Sin embargo, también Eduardo Gallo

Miguel Dimayuga

Morera. Causa común, pero cooptada

le ha entrado al cabildeo en el Movimiento por la Paz, pues propuso en mayo una reunión privada con Manlio Fabio Beltrones, entre otros personajes.

Comparsa empresarial Invitado frecuente de Felipe Calderón –sólo en 2011 ha participado oficialmente en 14 actos presidenciales, cuatro como anfitrión–, Jorge Dávila Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) es el activo promotor gubernamental entre el empresariado.

El 25 de febrero de 2010, Calderón lamentó que en el ámbito internacional hubiera una mala percepción del país, culpó a los medios de comunicación y dijo que hablar mal de México “parece deporte nacional”.

La Canaco desplegó una campaña llamada “Hablemos bien de México” y, el pasado 25 de enero, durante la Convención Nacional de Turismo, presentó la segunda etapa, llamada “Hablemos y actuemos bien por México”.

“Todos, absolutamente todos los mexicanos de todas las edades y condiciones debemos ser partícipes en esta labor de hablar y actuar bien por México”, proclamó Dávila Flores por las fechas en que se conoció la cifra de 40 mil muertos por la guerra de Calderón.

El mandatario acogió gustoso la campaña, momentos antes de decretar el 2011 como el “Año del turismo en México”.

A diferencia del dirigente de la Concamin, Salomón Presburguer –cuyas intervenciones son críticas, inclusive delante de Calderón–, y de Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –cuya cercanía personal al mandatario no implica elogios constantes–, Dávila Flores hasta se ha prestado al golpeteo del Movimiento por la Paz. El 12 de abril, luego de que Sicilia encabezara la primera marcha a la Ciudad de México, con la consigna “Ya Basta”, Dávila Flores expuso en una comida con empresarios en Torreón: “Reconocemos en el presidente su esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado que afecta a todos los mexicanos.

Claudicar en la lucha sería un error. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas inocentes, por lo que decimos un ‘Ya basta’ a los criminales, quienes sin ningún pudor asesinan a niños y jóvenes arrancándoles la vida y cortando con ello su futuro y aspiraciones”, expresó en un discurso casi calcado del de Calderón.

Calderón lanzó así su propio “Ya basta”, en medio de una campaña discursiva que durante casi un mes descalificó al Movimiento por la Paz. (Proceso 1801.)

El 31 de abril, Dávila Flores conminó a los medios de comunicación a hablar bien de México y destacó el Acuerdo por la Co-

bertura Informativa de la Violencia, producto de Iniciativa México.

“Este acuerdo permitirá poner en su justa dimensión los hechos de violencia en el país. En este sentido, señor presidente, queremos reconocerle su determinación en la lucha contra el crimen organizado”, recalcó.

El 15 de junio, Calderón emitió un mensaje en el que llamó a los diputados a abrir un período extraordinario de sesiones para aprobar las reformas a las leyes Laboral y de Seguridad Nacional, entre otras, y dar el último tirón del sexenio. Repitió su exhorto ante el CCE. Dávila Flores replicó el 20 de junio: “El llamado que hizo el presidente Felipe Calderón a los integrantes del CCE es de suma importancia para lograr que en el último tramo de su sexenio no se afloje el paso y se fortalezca la economía nacional”, dijo.

Rechazados, excluidos y “nininguneados”

Objetivo: polarizar Emilio Álvarez Icaza, operador político del Movimiento por la Paz, llama la atención sobre el hecho de que, de última hora, el gobierno federal invite a un grupo de ciudadanos a debatir la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, precisa que tienen el derecho a dar su opinión y a ser tomados en cuenta.

“Son personas y organizaciones que del Movimiento por la Paz tienen la más alta consideración y respeto. Ha habido encuentros y desencuentros, acercamientos y alejamientos con algunos de ellos; hemos manifestado algunas reservas públicas sobre algunos temas de la agenda, como en la reforma constitucional sobre derechos humanos”, señala.

“Lo que a mí me preocuparía es que se pudiese dar un escenario de promoción de parte de la autoridad, del gobierno federal, de un debate entre víctimas. No porque no se reconozca la capacidad, el derecho o la libertad de los interlocutores de lo que deben hacer en sus propios términos: eso de suyo está por demás decirlo; sino porque se crearían espacios y foros para alentar esta discusión”, reitera.

–¿No hay ánimo de entrar en el debate que está siendo construido?

–No vamos a entrar a un debate con otras víctimas. Cada persona u organización está en libertad y derecho de expresar su propia valoración de la Ley de Seguridad Nacional.

En todo caso me parece que habrá que tener claro que el actor para la construcción del instrumento jurídico es el Congreso; que hay que tener el diagnóstico de las causas de este conflicto y las consecuencias de la violencia, de esta guerra que durante cuatro años estuvo en el discurso de Calderón, y que luego cambió también en el discurso, no en el ámbito de la toma de decisiones. También, que el interlocutor es el gobierno federal. O

Este año fueron 200 mil los aspirantes que se quedaron sin un lugar en alguna de las instituciones de educación superior en el Distrito Federal, por lo que algunos comenzaron a organizarse. Alzan la voz para reclamar a las autoridades porque, dicen, la educación superior fue excluida de la agenda del gobierno; porque las autoridades privilegian la guerra; por la política de minimización de las universidades públicas; porque se niegan a que la juventud sólo sea considerada como reserva del crimen organizado... pero sobre todo objetan que el mismo sistema que los margina les cuelgue el ofensivo mote de ninis.

SANTIAGO IGARTÚA

ada agosto trae filas interminables de jóvenes que no podrán tener una profesión, al menos no sin las opciones que se obtienen con dinero. Los admitidos en el sistema educativo mexicano son una élite. El resto queda a las puertas del comercio informal, la delincuencia o la nada.

Son calificados por un examen que metódicamente los excluye, marcada la reprobación en su piel.

Este año el estigma pesa sobre un estimado de 200 mil jóvenes marginados de las universidades públicas solamente en el Distrito Federal y su área conurbada. De ellos, apenas unos mil 400 se integraron al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), funda-

C

Hugo Cruz

den renuncien”, rápidamente se asimiló al discurso oficial y en mayo de 2009 proclamaba en Monterrey: “Definitivamente, el Ejército mexicano ha sido héroe en esta guerra, en esta batalla, y no nos cabe la menor duda de que el pueblo entero está con nuestro presidente en esta lucha. También queremos decir que vemos con una gran admiración el esfuerzo que el Ejército y la policía están realizando.”

Hugo Cruz

SO CI A L

Selección exclusiva La falta de espacios en escuelas públicas de educación superior es un tormento pa-

ra los jóvenes que vuelve año con año. El proceso de selección, dicen los estudiantes que no dejan ser, responde a un mecanismo de exclusión que con la excusa de garantizar una educación de calidad deja una estela de humo que esconde el hecho de que sólo 30% de los jóvenes en edad de cursar el nivel superior está inscrito en el sistema educativo.

“Para ser profesionista”, aseguran, “sólo pueden llegar los mejores. Nosotros decimos que todos tenemos capacidad y los mismos derechos. La preparación que nos dan es dispar. Pero todos llegamos con un certificado extendido por las mismas autoridades que después nos cierran la puerta. Es un absurdo. Son ellos los responsables de la disparidad en el nivel académico del país; que la afronten, la asuman y la solucionen, no que nos coarten el futuro. No pueden culpar a los alumnos como individuos de las falencias del sistema educativo”, suelta Eduardo Contreras a las puertas de la SEP. En 2006 sumaron 150 mil los rechazados de las universidades. A lo largo de este sexenio la cifra anual fue en aumento hasta rondar los 200 mil este año.

Simplemente del proceso de selección en abril para ingresar a una de las 85 licenciaturas entre los sistemas escolarizado, abierto o a distancia de la UNAM, fueron descartados 122 mil 750 alumnos contra 10 mil 300 que ingresaron. Un año atrás, en el examen de abril de 2010 en la misma institución, 91% de los aspirantes no pudo calificarse.

Para el presente ciclo, el IPN admitió 24 mil alumnos de 90 mil aspirantes; la UAM dio cabida a menos de 7 mil jóvenes.

De gira por Guanajuato, el lunes 8, Felipe Calderón afirmó que durante su administración la cobertura universitaria estirará una cifra que aún no alcanza 31% hasta 34%. Desoladora comparación: Argentina supera 60%, Chile y Panamá 45%.

Tras extenuantes jornadas de negociación, el miércoles 10 se firmó en las ins-

Guerra, la prioridad Los estudiantes lamentan que no sea la educación una prioridad, “tan siquiera” una alternativa a la epidemia de violencia que lacera al país. Así lo refleja, afirman, el presupuesto destinado para la guerra que encabeza Felipe Calderón, tan lejano al educativo.

“La demanda por mayor educación y menos militares la hemos mantenido como una demanda histórica del movimiento estudiantil en el país. El fortalecimiento a las instituciones de seguridad del Estado ha sido una estrategia del gobierno federal desde hace muchos años, pero este sexenio se agravó muchísimo”, consigna Atzelbi Hernández.

El MAEES ya se integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. Precisamente Atzelbi ha participado en los diálogos con legisladores y el movimiento de Sicilia, en la mesa de jóvenes, discutiendo el problema de la educación como un tema de seguridad.

“En esta situación de guerra de los 50 mil muertos, los 10 mil desaparecidos, los 120 mil desplazados como resultado de la guerra de Felipe Calderón, la gran mayoría de las víctimas son jóvenes que debieron estar en una universidad, estudiando, y que por las mismas circunstancias del país no encontraron otro camino que incorporarse a las filas del crimen organizado o del Ejército.

“Nos parece muy grave que las alternativas que ofrecen a la juventud mexicana sean justamente esas dos: que ante la falta de oportunidades, de manera velada, orillen a los jóvenes a trabajar con las armas porque esos sí son trabajos bien remunerados”, reprocha Hernández.

En las mesas de discusión denunciaron el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas armadas: “Cínicamente nos invitan a incorporarnos a las filas del Ejército o las policías. A lo que nos están condenando es a morir”, consigna la joven.

Para Ivonne Cedillo, el modelo que el gobierno pretende para los jóvenes es claro: “Quieren sumarnos a su combate contra el narcotráfico, darnos en lugar de un libro un arma que nos asesine a nosotros mismos, a jóvenes como nosotros. Es monstruoso. En los bachilleratos, donde la mayoría son menores de edad, están yendo a reclutarlos con demostraciones espectaculares. Nos están impulsando a que no optemos por ingresar a la universidad porque no hay espacios”.

Los estudiantes rechazados pelean por el derecho a la educación como única solución a la crisis del país: “Garantizar una formación con gran contenido humanista va a ser lo único que vamos a poder encontrar para salir de la grave situación política, económica y social que sufrimos. Mientras no haya

curso los estudiantes advierten: “Va a llegar un momento en que las becas que otorgan la UNAM y la SEP no sean suficientes. Y entonces se van a enfrentar a un problema grave y van a tener que buscar alternativas”, fueron las palabras de Ivonne Cedillo.

Los miembros del MAEES demandan que se reconozca que los cientos de miles de rechazados de las universidades son un problema social que representa una “bomba” de tiempo.

“Sabemos que en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán hay otros movimientos.

Son pequeños brotes que van naciendo por la misma necesidad. Estamos seguros de que con información pueden sumarse masas en las calles, como en Chile o España”, concluye Diego del Ángel.

un cambio de estrategia profundo, esta situación (de violencia) se va a trasladar a todo el país, pero el hartazgo de la gente va a ir en incremento cada vez más, hasta que ya no se pueda tolerar”, asegura Atzelbi.

El espejo chileno El MAEES se suma a las manifestaciones de resistencia en América Latina contra las políticas privatizadoras de la educación.

En el campamento que montaron durante casi una semana se enlazaron en dos conferencias con dirigentes del movimiento contra el sistema de privatización educativo en Chile. Mexicanos y andinos coincidieron en la similitud que hay en ambos conflictos.

Los mexicanos denuncian que el sistema de educación superior aquí ha sufrido un proceso de privatización velado, “una forma encubierta de favorecer al sector privado de la educación superior; un mecanismo de exclusión que en lugar de favorecer la educación pública fomenta la construcción de miles de universidades particulares con muy bajo nivel académico, que contribuyen a que el derecho a la educación sea un servicio más por el que hay que pagar”, declara Atzelbi.

Los aspirantes miran el reprimido movimiento chileno como un referente. Continua Hernández: “Con el ejemplo de los compañeros chilenos vemos que podemos hacer más, que podemos hacernos escuchar. Y mientras ellos (los gobernantes) sigan empecinados en ignorar las voces que desde abajo estamos insistiendo en que tiene que virar la política, nos iremos acercando, cada vez más, a ser un Estado fallido”.

Desde el hartazgo y la fuerza en su dis-

“Ninis”

Octavio Gómez

do en 2006 para demandar al gobierno federal que garantice la educación superior pública y gratuita como un derecho constitucional, no como un favor, para todos los jóvenes que la soliciten.

Por ser “discriminatorio” al basarse en la condición económica y la escuela de procedencia, exigen también que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a las universidades para sustituirlo con un procedimiento basado en la “justicia” y la “equidad”.

De esos muchachos nació la iniciativa de plantarse cinco días y seis noches en la Plaza de Santo Domingo, a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del viernes 5 al miércoles 10 de agosto.

El martes 9, 300 de ellos marcharon 24 horas continuas en la Plaza de la Constitución. Ese día hubo ahí no menos de cinco manifestaciones. Los jóvenes caminaron lanzando “¡goyas!” e insultos al presidente.

“Por el gobierno que no me deja estudiar”, “por los policías que nos quieren acribillar”, “yo soy el rechazado”, rezaban las protestas.

Las leyendas “educar para no matar” o “aquí no hay ninis, hay chicos peleando por la educación”, se leía en pancartas sostenidas por las manos de quienes hace poco fueron niños.

Eduardo Jesús Contreras, rechazado de las escuelas de psicología de la UNAM y la UAM en 2010 y 2011, fue el primero en hablar con el reportero. Mencionó su proceso de rechazo y su frustración, el desdén institucional: “El hecho de que te nieguen un proyecto de vida porque no tienen espacio es muy injusto”, dice. Le queda la condena de ser rechazado y la tristeza que se agudiza con la falta de recursos. “Si no puedo estudiar es porque soy uno de los millones de pobres de este país”.

talaciones de la SEP un acuerdo, del que Proceso tiene copia, donde las autoridades educativas “reconocen la necesidad de ampliar la reflexión” sobre la educación superior en el país y se comprometen a “buscar un mecanismo amplio e incluyente para su análisis”.

En cuanto al ingreso de los aspirantes, la resolución es la misma que se alcanzó en años pasados: Sólo los estudiantes que tomaron parte en las movilizaciones –mil 400 rechazados de un universo cercano a los 200 mil– podrán ingresar a la universidad pública, de forma diferida, cursando un año en la modalidad abierta, a distancia o con becas completas por parte de la UNAM y el IPN. La SEP solamente aportará financiamientos de mil pesos. Aquellos que mantengan un promedio mínimo de 8 y no reprueben ninguna materia serán incorporados al tercer semestre en algunas de las facultades o escuelas de la Universidad Nacional o el Politécnico.

En las negociaciones participaron Miguel Salcedo, coordinador general de Atención Ciudadana de la SEP; Joaquín Flores, representante de la Subsecretaría de Educación Superior; Isidro Ávila, director general de Administración Escolar de la UNAM; Eduardo Vanegas, representante del IPN y María José Arroyo, coordinadora de Información Institucional de la UAM. En entrevista con este semanario, dirigentes del movimiento estudiantil constataron que fue el gobierno federal, a través de la representación de la SEP, el actor más renuente a la negociación. “Los de la SEP dicen que no podrían aceptar un debate con nosotros en la Secretaría porque sería aceptar que se está haciendo algo mal”, narra a Proceso Xóchitl Díaz.

Según los relatos de los aspirantes, Miguel Salcedo cayó en el absurdo. El relato es del joven Adrián Santillán: “No les interesa formar profesionistas. El coordinador Miguel Salcedo nos decía que para qué necesitamos más profesionistas para que luego tengan que desemplearse y acaben como taxistas”.

Por parte de la UNAM, denuncian los rechazados, el rector José Narro se negó a reconocer al MAEES como un interlocutor “válido”. “De la UNAM nos dijeron que el rector Narro hacía declaraciones públicas y que su posicionamiento estaba ante los medios de comunicación, como si no hiciera falta hacer un posicionamiento también ante los estudiantes rechazados”, se queja Atzelbi Hernández.

Hasta ahora ninguna de las autoridades de las instituciones educativas ha querido hacer alguna declaración pública sobre el movimiento o los acuerdos alcanzados.

Ninguna contestó la solicitud de entrevista de Proceso. A la luz pública, dicen los integrantes del MAEES, los desconocen.

Narro. Visión crítica

“Nini por obligación”, podía leerse en una pancarta gris en la manifestación del MAEES. El término ha sido empleado por las autoridades para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, según datos de la SEP, son más de 7.5 millones.

Los excluidos del sistema de estudios repudian que el Estado mexicano “permita” y “promueva” que se catalogue así a víctimas de una política educativa que los margina desde el propio gobierno.

Califican el término de “ofensivo”, una “burla” que refleja que los jóvenes no son agenda prioritaria. “Nadie decide quedarse sin nada. No está en nuestras manos ingresar a la universidad. Tampoco somos nosotros los que decidimos si se abren más plazas de empleo o no en el país”, asegura Xóchitl Díaz.

José Juan Zamora, del MAEES, señala que el Estado “tendría” que ser el garante para impulsar el desarrollo de los millones de muchachos relegados a la nada.

Diego del Ángel comenta que “con el examen de admisión lo que hacen es culpabilizarnos a nosotros de que no pasamos una prueba, cuando en realidad es parte de un sistema diseñado para que la inmensa mayoría quede fuera”.

Las palabras del rector José Narro ante el Congreso, en el centenario de la UNAM el 24 de septiembre de 2010, dan la razón a los jóvenes rechazados: “El verdadero progreso no se puede generar entre la desigualdad y la exclusión, en medio de la ignorancia y las muertes evitables. (…) Requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo. Difícilmente podremos avanzar en este sentido si no damos la debida prioridad a la educación, a la ciencia y al desarrollo tecnológico. (…) No daremos el paso correcto en tanto destinemos 0.7 del PIB a la educación superior y 0.4 a la investigación. No será posible mientras sólo tres de cada 10 jóvenes mexicanos estudien en las instituciones de educación superior”.

Un “fraude

masivo”

JENARO VILLAMIL

El Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, coordinado por el especialista Bernardo Barranco, sólo confirma el desaseo en que transcurrió el proceso que culminó el pasado 3 de julio con un cuestionado triunfo del priista Eruviel Ávila. Los autores del documento, cuyo adelanto ofrecieron a Proceso, exponen que aun cuando las campañas fueron más cortas y carecieron de credibilidad, el abstencionismo fue más elevado con respecto a la jornada de 2006; pero lo más oprobioso es que los consejeros electorales quintuplicaron sus gastos.

os comicios del 3 de julio último en el Estado de México, la entidad más poblada del país, constituyen la muestra de “un fraude masivo y más sofisticado”, establece el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, elaborado por el especialista Bernardo Barranco, con el apoyo de organizaciones ciudadanas, grupos empresariales locales y estudiantes voluntarios de la ENEP-Acatlán, quienes dieron un seguimiento puntual al proceso electoral en el que resultó vencedor el priista Eruviel Ávila.

El análisis arremete contra los árbitros electorales –los “más impugnados en la historia” electoral mexiquense –; sostiene que todo el aparato del gobierno de Enrique Peña Nieto se volcó en la operación a favor del candidato de su partido y menciona la corresponsabilidad de los partidos de oposición en el alto nivel de abstencionismo, pues hubo 1 millón 125 mil electores menos que en los escrutinios de 2006.

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El documento, cuyo adelanto obtuvo Proceso, hace un recuento pormenorizado de todos los eventos de la contienda, que incluye la etapa de las “alianzas frustradas” entre el PAN y PRD, así como el dispendio durante la campaña, los debates, el papel de la prensa local, la iniquidad, el abstencionismo, los resultados y un apartado de recomendaciones.

Y aun cuando Eruviel Ávila recibió ya la constancia de mayoría el lunes 15, Barranco insiste en la urgencia de emprender una reforma electoral en el Estado de México para bajar los costos de los comicios, que hoy son considerados “los más caros de América Latina”. La Coparmex calcula que cada voto costó 60 dólares.

Barranco enumera a Proceso las cinco medidas que considera necesarias para la reforma electoral mexiquense que, advierte, debe estar lista antes de los comicios municipales mexiquenses y las federales de 2012: poner candados para limitar el uso de recursos y programas gubernamentales durante la campaña; “evitar la simbiosis entre partidos y gobierno”; fortalecer al órgano técnico de fiscalización que debilitó la llamada Ley Peña de 2010; realizar una nueva demarcación que supere la existente desde 1990, y sobre todo sustituir a los actuales integrantes del Instituto Electoral del Estado de México IEEM).

“Las más importantes decisiones de este consejo fueron impugnadas y revocadas. Es necesario romper con la lógica de las cuotas partidistas para la elección de los consejeros y elegirlos con criterios ciudadanos y transparentes”, expone el entrevistado, quien fue consejero del IEEM en el proceso electoral de 2005.

Advierte también que otra de las medidas urgentes es la redistritación, que frenó el propio Peña Nieto. “Es una vergüenza tener una demarcación que data de 1990; que además viola uno de los principios elementales de la democracia: que se dé a cada voto el mismo valor. Hay zonas subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. En algunos distritos, como Atlacomulco, por ejemplo, se gana con 8 mil votos; en otros, como Coacalco, se necesitan 80 mil votos”.

mento clave en la consolidación democrática de la entidad. Sin embargo, no logró demostrar su imparcialidad a la hora de tomar decisiones antes y después de la jornada electoral. Su actuación le restó credibilidad. “… Durante la mayor parte del proceso electoral los consejeros declararon que existían las condiciones necesarias para garantizar comicios en paz. Sin embargo, cualquier observador podía percatarse que las violaciones al código electoral fueron una constante en este proceso”.

Y menciona los casos de Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, “propuestos por el PRI o sus aliados” como consejeros electorales: Villarreal Martínez fue asesor del secretario general de Gobierno peñista, Luis Enrique Miranda Nava; Montes de Oca fue vocal de la junta local del IFE en el Estado de México y está vinculado al exgobernador Emilio Chuayfett; Jardón Nava fue secretario general de la Comisión Electoral mexiquense en 1993-1994, cuando este organismo era manejado por el gobierno, y Martínez Vilchis fue rector de la universidad pública local.

“El cuadro lo completaban dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, exsecretario de Estudio y Cuenta del ministro (de la Suprema Corte) Mariano Azuela Güitrón, y Arturo Bolio Cerdán, exmagistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno del estado. Por último, el consejero presidente fue una propuesta del PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo”, subraya el reporte.

El 21 de febrero último, los integrantes del IEEM quintuplicaron su gasto con respecto a 2010: de 752 mil pesos, se elevó a 4.8 millones de pesos. Aun así, los consejeros y asesores del IEEM no actuaron pa-

ra acotar la “abrumadora” publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto durante el proceso electoral.

Tampoco lo hicieron en el escándalo que protagonizó el funcionario peñista Bernardo García Cisneros, quien fue videograbado en el momento en que daba instrucciones para desviar recursos públicos a favor del PRI. El IEEM consideró que se trataba de “un transgresor electoral solitario” y no lo sancionó. Los consejeros tampoco hicieron nada para promover el voto entre los ciudadanos mexiquenses; mucho menos atendieron las denuncias por la iniquidad en los gastos de campaña, ni los actos anticipados de campaña de Eruviel Ávila y Alejandro Encinas, expone Barranco en su Dictamen ciudadano.

“En suma, las principales decisiones del consejo general del IEEM han sido impugnadas por los tribunales ante las constantes querellas de los partidos. El actual consejo general del IEEM es el más impugnado en la historia de 15 años del instituto”, destaca el documento.

Por lo que atañe al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), las críticas no son menores. El Dictamen ciudadano establece que tres de sus cinco magistrados son controlados directamente por el PRI: el presidente Jorge E. Muciño Escalona, cercano al exgobernador César Camacho; Raúl Flores Bernal, asesor de Muciño cuando éste fue consejero del IEEM, y Luz María Zarza, asesora de Emmanuel Villicaña cuando fue secretario general del IEEM. El TEEM resultó “costoso e ineficiente”.

Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó 42.8% de las sentencias de su par mexiquense y le ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Cada resolución de este tribunal tuvo un costo de 1.6 millones de pesos.

Durante la presidencia de María del Carmen Alanís, el tribunal federal también actuó a favor del PRI, al revocó la senten-

La parcialidad del árbitro El Dictamen ciudadano documenta la parcialidad de los consejeros del IEEM. Expone que los gastos del organismo electoral crecieron 538% el año pasado, a pesar de que disminuyó el tiempo de campaña y su pérdida de credibilidad es cada vez más notoria: “Durante todo el proceso electoral se puso en duda la capacidad del IEEM para resolver las acusaciones y denuncias realizadas por la oposición, sobre todo en materia de fiscalización. El instituto debía ser un ele-

IEEM. Parcial y caro

E S TA D O D E M É XI CO

Benjamín Flores

Eduardo Miranda

los partidos y de la sinceridad institucional de los órganos electorales”.

La oposición, los medios, las iglesias

Urnas. Cada vez menos votos

cia del Instituto Federal Electoral que sancionaba al gobernador Enrique Peña Nieto, mientras que a Eruviel Ávila sólo lo sancionó con 27 mil pesos, “cifra insignificante”, por actos anticipados de campaña.

El cochinero El Dictamen elaborado por Bernardo Barranco advierte que aun cuando las campañas mexiquenses sólo duraron 45 días, el financiamiento público a los partidos locales se incrementó 180%. La cifra total fue de 698 millones de pesos.

Y advierte: “Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gasto de campaña para gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos y no de 204 millones”.

Barranco incluye datos de la Coparmex, que considera las elecciones como “las más caras de América Latina”, con un dispendio de 3 mil millones de pesos, “lo cual se traduce en un costo de 60 dólares por voto en nuestro estado”.

“No existió una correlación entre los recursos y el buen funcionamiento de las instituciones. En diversas ocasiones se pudo observar que, independientemente del dinero destinado a los procesos electorales, hubo desviaciones que afectaron la credibilidad de la democracia, como forma de gobierno. Además, la institución electoral no fue eficiente en el ejercicio de los recursos asignados a los partidos políticos. Tuvo retrasos para asignar las prerrogativas”, señala el Dictamen.

Durante la campaña, la “constante” fueron las denuncias del “enorme gasto” del candidato priista Eruviel Ávila. Por si fuera poco, el exalcalde de Ecatepec alimentó la polémica al ofrecer autos y puestos públicos a los militantes que más promovieran el voto para su coalición.

PAN y PRD demandaron “revisiones precautorias” de los gastos de campaña de

Eruviel Ávila, pero el IEEM dejó pendiente la resolución de estas demandas hasta el final del proceso electoral.

La medida del IEEM no fue casual, advierte el análisis de Barranco: “Lo único que pudiera resultar efectivo para revertir los resultados electorales son las revisiones precautorias a los gastos de Ávila”; esas “revisiones” no se hicieron.

El reporte subraya también que “la intervención del gobierno del estado en la campaña de Ávila fue una constante. Se hizo, sobre todo, a través de los programas de regionalización, el uso clientelar de programas sociales y de la entrega de obras de infraestructura realizadas en el estado.

“En cuanto a la intervención del gobierno de Peña en la elección y en los apoyos que tuvo su candidato para el órgano electoral fue difícil amortiguar el descrédito de tolerar tales prácticas… Algunas de las más evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de asistencia social estatales… La publicidad del gobierno del estado fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección”.

A pesar del despilfarro, la iniquidad y la abierta intervención del gobierno a favor del candidato del PRI, los niveles de votación no aumentaron. El Dictamen ciudadano advierte que “a pesar de que el padrón creció en 1.5 millones de ciudadanos entre 2006 y 2011, en aquel año votaron 5 millones 701 mil 320 mexiquenses. El domingo 3 de julo lo hicieron sólo 4 millones 576 mil 54; es decir, 1 millón 125 mil ciudadanos menos.

“La abstención fue de más de 6 millones de votantes. Rebasó de lejos a cada uno de los países centroamericanos. Incluso superó los padrones electorales de Paraguay y Uruguay juntos. El alejamiento de los ciudadanos de las urnas reflejó la enorme desconfianza y lejanía hacia las propuestas de

El informe sobre la elección del Estado de México es muy crítico con respecto al papel de los partidos de oposición, la prensa local y la Iglesia católica. Recuerda que durante la consulta sobre la alianza entre el PRD y el PAN hubo 250 mil sufragios, de los cuales 76% votaron por el sí, pero los opositores lo minimizaron.

“Después de conocer el resultado de la consulta mexiquense del 27 de marzo, los partidos interesados, especialmente el PRD, desconocieron el resultado. Subestimaron la opinión de los mexiquenses. Mostraron que la última palabra la tuvieron las cúpulas partidistas. Dejaron a la consulta ciudadana como mero trámite, cuando el objetivo era cambiar la relación entre la sociedad y la clase política del Estado de México”, sostienen los autores del reporte.

Para ellos, “la noticia de que Eruviel Ávila era el candidato de unidad (del PRI) fue una muestra de que existía la posibilidad de una ruptura al interior del PRI mexiquense”.

Por lo que atañe a los medios de comunicación, el informe expone: “Los medios impresos han sido eficientes reproductores de la ideología dominante en la entidad. Hacen crecer las figuras políticas que dicta el interés gubernamental.

“Eso fue lo que hicieron durante la pasada elección de gobernador. Apoyar a Eruviel Ávila en sus actos de campaña. Siempre sacaron notas positivas. Tomaron los mejores ángulos para las fotografías. Casi todas las columnas fueron apologistas de las virtudes de su figura y la del gobernador que tuvo el supuesto mérito de elegirlo”.

Algo similar ocurrió con varios de los 14 obispos mexiquenses. Los que no pudieron ocultar sus preferencias políticas fueron Enésimo Cepeda, de Ecatepec, “muy activo a favor del PRI”, y en especial del exalcalde; Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco, quien a principios de junio último, alabó la gestión de Peña Nieto durante la conferencia general de obispos, y el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz Mondragón, cercano también al PRI. El 22 de marzo, los 14 obispos mexiquenses publicaron un documento sobre las elecciones del 3 de julio para invitar a la ciudadanía a impulsar una “cultura de la democracia y a hacer de ella un estilo de vida”. Lamentaron incluso “la inducción del voto a cambio de dádivas; la compra venta del sufragio, así como el llamado al voto corporativo, es decir, el voto comprometido por líderes, sindicatos, gremios o asociaciones”. O

Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.

RODRIGO VERA

OLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.

A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.

Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.

“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”

–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?

–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.

Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.

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Despojo a mansalva

Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.

Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara: “Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”

–¿Los hostigan?

–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica.

Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua.

Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.

“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen:

‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.

“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”

–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?

–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!... ¡Ahí están los escombros!

Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.

“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.

A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.

De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto: “Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”

–¿Ustedes seguirán su lucha?

–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.

–¿Se han defendido con alguna acción legal?

–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.

El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.

Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.

La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.

Latrocinio A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama: “¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”

–¿Tiene usted cifras?

–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado.

A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y ha-

cer grandes fortunas con la especulación.

“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado.

Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.

“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”

Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica: “Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.

“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.

“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”

Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.

Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos: “Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”

Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.

Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.

Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).

Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la conce-

sión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.

“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos.

No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.

Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.

“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.

–¿Y usted qué les contesta?

–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.

Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.

Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?...

En ninguno… en ninguno”.

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

Arturo Chavarría. Asesoría a ejidatarios

Amenazas Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.

“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.

La oferta del aeropuerto. Casas derruidas