El huracán además ha provocado una ola migratoria hacia los Estados Unidos, lo que reducirá la base contributiva y como resultado, los recaudos del gobierno. Muchas empresas foráneas en la isla están contemplando abandonar sus operaciones debido al costo de repararlas, lo que representaría un golpe adicional en el área de empleo. Por un lado, el gobierno puertorriqueño cabildea por recibir la mayor cantidad posible de ayudas del gobierno estadounidenses. Por otro lado, para muchos en la sociedad civil puertorriqueña, las ayudas que se esperan no serán suficientes. Debemos reclamar que Estados Unidos reconozca su responsabilidad en esta crisis humanitaria. El limbo colonial al que han sometido a Puerto Rico por más de un siglo es una de las causas de la crisis económica, y por tanto de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura previo al paso del huracán. El Congreso de EEUU debe proveer fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, y también debe legislar para eliminar la deuda pública de la isla. La deuda en sí era insostenible y para muchos ilegítima; como también ha planteado el Partido del Pueblo Trabajador, exigir que se pague en este contexto sería sencillamente un acto criminal. Previo al paso del huracán, Puerto Rico se encontraba implementando medidas de austeridad y privatización, mientras se ponía como prioridad pagar la deuda pública. Esta es la política que se
viene implementando, aunque con diferentes grados de intensidad en diferentes periodos, desde que comenzó la crisis en 2006. Esta política de austeridad se profundizó aún más cuando el gobierno estadounidense impuso sobre la isla la actual Junta de Control Fiscal en 2016. La mayoría de los economistas en la isla coinciden en que estas medidas lo que han hecho es aumentar la desigualdad y los ingresos de una pequeña elite, mientras se profundiza la crisis. De continuar con estas medidas, llevarían a la total devastación económica de la isla. En términos generales, el huracán no ha cambiado los fundamentos de ese panorama, simplemente ha agravado el sufrimiento humano que estas medidas ocasionarán. Como dice el titular del buen artículo sobre Puerto Rico en la revista estadounidense Jacobin, esto es un desastre no-tan natural. La otra posibilidad es que la sociedad civil puertorriqueña, con ayuda de la presión internacional, logre que EEUU asuma la responsabilidad compartida de la crisis, asigne los fondos para la reconstrucción, cancele la deuda, y que tanto el gobierno federal como el local abandonen la peligrosa y desacreditada receta de austeridad y privatización. En este contexto, sí es posible el desarrollo económico de Puerto Rico. El peor peligro es que no construyamos un nuevo país, sino que reconstruyamos el mismo, con menor densidad poblacional. Construyamos un país donde predomine la democracia, la participación obrera y ciudadana, la economía solidaria y la equidad. Enero 2018 - Revista El Reportero Las Vegas
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