República Dominicana: Participación privada a la vista y paciencia del Estado

LA POLITICA EDUCATIVA EN REPUBLICA DOMINICANA

Participación privada a la vista y paciencia del Estado

379.729.3

I-61p Internacional de la Educación América Latina (IEAL)

La política educativa en República Dominicana : Participación privada a la vista y paciencia del Estado / Internacional de la Educación América Latina (IEAL), Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) . San José, Costa Rica : Editorial Internacional de la Educación América Latina, 2023

65 páginas : ilustraciones a color, PDF

ISBN 978-9930-548-18-9

1. POLÍTICA EDUCATIVA. 2. EDUCACIÓN. 3. RE PÚBLICA DOMINICANA. I. Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE). II. Título

INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA (IEAL)

OFICINA REGIONAL, SAN JOSÉ, COSTA RICA

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PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL IEAL

Combertty Rodríguez (Coordinador Principal Regional IEAL)

Gabriela Sancho (Coordinadora Regional IEAL)

Gabriel Castro (Coordinador Regional IEAL)

Revisión filológica: Lucía Zúñiga Solano

Diseño: Estudio Casarli, Buenos Aires, Argentina

Disponible para descargar en formato electrónico en: www.ei-ie-al.org /ie americalatina /inteducacion /ieal /internacionaldelaeducación

Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Contenidos

Presentación

Introducción

La lucha por el 4 % del PIB para educación

Leyes favorables al comercio educativo y a la participación privada

Ley 1-12 del año 2012. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

Con respecto a la gestión del sistema educativo

Con relación al financiamiento

Sobre evaluación y control al personal docente

Con respecto al personal docente

Sobre transferir responsabilidad a las comunidades

El comercio amparado en la Ley General de Educación

Normativa sobre el financiamiento de la educación

Consejo Nacional de Educación: participación privada y religiosa en toma de decisiones públicas en educación

Organismos públicos y toma de decisión a favor del comercio educativo

Pacto Nacional de la Reforma Educativa en República Dominicana 2014-2030

La formación docente en servicio y comprada a una institución privada Los privados pueden proveer formación inicial docente

Para iniciar la carrera docente

Reformas educativas no consultadas y pagadas con deudas: la participación del Banco

Interamericano para el Desarrollo y del Banco Mundial

Quisqueya empieza contigo

Quisqueya Aprende Contigo

La Cooperación Internacional. Plataforma para ONG y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía

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USAID implantando modelos globales

Programas de habilidades para el empleo

ONG, empresas y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía

La educación con mirada empresarial de EDUCA

EDUCA y el proceso del 4 %

EDUCA y la libertad sindical

EDUCA y el impulso de nuevos negocios

EDUCA y las jubilaciones del magisterio

EDUCA y la formación para el empleo

EDUCA durante la pandemia Inicia

de gestión evangélica

A modo de conclusión

Fuentes bibliográficas

Tablas

Tabla 1. Acciones de política educativa impulsados

por EDUCA o con la participación de EDUCA

Tabla 2. Empresas dueñas de planteles privados que reciben subvención y lista de planteles privados

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Lista de siglas y acrónimos

AECID

Agencia Española de Cooperación

AECID

Agencia de Cooperación Española

APMAE

Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela

ANJE

Asociación Nacional de Jóvenes

Empresarios

AMCHAMDR

Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CASFL

Consejo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro

CED

Coalición por una Educación Digna

CES

Consejo Económico y Social

CEED INTEC

Centro de Estudios en Educación del Instituto Tecnológico Santo Domingo

CECC

Coordinación Educativa y Cultural

Centroamericana

CNE

Consejo Nacional de Educación

CONEP

Consejo Nacional de la Empresa Privada

Cocref

Colegios Cristianos Reformados

EDUCA

Acción para la Educación

EFCCE

Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela

EDD

Evaluación de Desempeño Docente

IDEC

Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad

INTEC

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

INAFOCAM

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ISFODOSU

Instituto Superior de Formación Docente

Salomé Ureña

GPCN

Grupo Privado para la Competitividad Nacional

MINERD

Ministerio de Educación de República

Dominicana

MEPyD

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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OLPE

Observatorio Latinoamericano de Política

Educativa

ONG

Organización No Gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PBI

producto bruto interno

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNICA

Universidad de Ciencias y el Arte

USAID

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UE

Unión Europea

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Presentación

Este documento ofrece un análisis sobre la política pública educativa, a partir de los escenarios encontrados en doce países de América Latina. Por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

A partir de los documentos, leyes e informes analizados, se constata que actualmente, la política educativa pública en América Latina se caracteriza por la amplia injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de agencias internacionales de cooperación; la naturalización de los mecanismos de alianzas público privadas y de forma más creciente, la consolidación de actores privados y empresariales que participan en el diseño, la gestión y la ejecución de la política educativa.

La consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en política pública. Los sindicatos de educación de América Latina fueron los primeros en señalar cómo las políticas de signo neoliberal deterioran la política pública educativa pública y responsabilizan al cuerpo docente de este deterioro, al tiempo que abren la puerta a grupos empresariales para que comercien servicios y lucren con la educación publica.

Ante el avance del proceso de privatización y comercio educativo a nivel mundial, la Internacional de la Educación (IE) impulsó una Campaña de respuesta global (Global Response), para enfrentar dicho proceso y defender la vigencia de la educación pública con calidad, laica, gratuita y obligatoria garantizada por el Estado como derecho social. En coordinación con esta campaña, en el 2016, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) inició un monitoreo de las principales tendencias del comercio educativo y, en el 2018, se publicó un estudio que demostraba que el comercio educativo percibido en los países, responde a una lógica con expresión mundial y regional.

En el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, los sindicatos de educación de la Internacional de la Educación en América Latina se comprometieron a acompañar su acción político-sindical con procesos de investigación y reflexión para proponer política educativa alternativa a la que se ha estado desarrollando en la región.

En esta nueva entrega, el OLPE analiza el comportamiento del comercio educativo en doce países de la región, en donde se observan las siguientes tendencias:

1. Las metas educativas establecidas en Jomtien y de Dakar promovieron el endeudamiento de los países con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar reformas educativas. La política de endeudamiento para sostener la política educativa se mantiene hasta la fecha en cada uno de los países. Uno de los signos principales de estas reformas fue promover las evaluaciones estandarizadas a docentes y estudiantes, la reducción del currículo y promover que los Ministerios de Educación actuaran con el modelo de alianzas público-privadas.

2. El impulso de este tipo de reformas fue posible gracias a la tendencia neoliberal implantada en América Latina, sumado a la llegada de los sectores empresariales a cargos e instituciones públicas.

3. La alianza público-privada es una fórmula instalada en todos los países. Por un lado consolida las oportunidades para el lucro privado con dinero público y, por otro, juega a favor del desmantelamiento paulatino del sistema educativo público.

4. La llegada de gobiernos de signo neoliberal facilitó la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), que provocó una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles.

5. A partir de Jomtien, Dakar y ahora Incheon (2015), los actores del sector privado, de la cooperación internacional y de las IFI, consolidaron su presencia en la definición de la política pública educativa. Un ejemplo son los Consejos Nacionales de Educación, cuerpos multisectoriales donde además de los gobiernos, los actores privados, empresariales y religiosos se involucran directamente en la toma de decisiones. En algunos casos, estos consejos son financiados con fondos de la cooperación internacional y promueven acuerdos que estimulan el comercio educativo e incluso, contradicen las leyes de educación.

6. Sumado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha constituido en un actor decisivo en la definición de la política educativa con carácter mercantilista. En materia educativa, la OCDE recomienda la eliminación de la gratuidad universal a favor de la gratuidad “focalizada”, el diseño de presupuestos basados en resultados, el impulso de agencias de evaluación educativa que puedan tener carácter privado, la evaluación estandarizada para docentes y estudiantes, la participación de actores privados en la prestación de

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servicios educativos, la exclusión de los sindicatos en niveles de toma de decisión, así como reformas profundas en secundaria que pasan por la reducción de años de estudio y del currículo.

7. En los países estudiados, tanto Organizaciones no gubernamentales (ONG) como grupos privados, fundaciones y grupos religiosos, le venden servicios a los Ministerios de Educación y a ONG internacionales, favoreciendo una red de negocios privados que lucra a costas de la educación pública.

8. Se constata que los ministerios de educación muestran amplia expertise en materia de alianzas con la cooperación internacional, ONG internacionales y compra de servicios a privados. Estos servicios incluyen desde programas de gestión y administración interna de los ministerios de educación, sistemas de gestión y centralización de datos, formación docente, diseño curricular, evaluación docente y estudiantil y gestión y administración de centros educativos. Sobresalen los acuerdos con USAID, Fe y Alegría, Telefónica- Movistar y la Unión Europea, entre otros.

9. Los sectores empresariales en cada país han configurado plataformas de coordinación para incidir directamente en la política educativa como Empresarios por la Educación, Juntos por la Educación, etc. que a su vez constituyen la Red latinoamericana por la educación (REDUCA). Los grupos privados organizados en REDUCA establecen alianzas con las autoridades educativas, capturan recursos de cooperación, tienen presencia en los medios de comunicación, fomentan la reducción del currículo y promueven miradas críticas y descalificadoras del personal docente, al tiempo que generan presión para el recorte de derechos laborales en el sector educativo.

10. Los procesos de comercio educativo han profundizado el deterioro de las condiciones de trabajo docente, pues las reformas educativas han promovido la inestabilidad laboral, la reducción de los derechos laborales y la violación del derecho a organizarse, a firmar pactos colectivos y a participar en huelgas.

11. La intromisión de los grupos privados en la definición de la política educativa se ha hecho aún más evidente en el contexto de la crisis sanitaria causada por COVID-19. Durante la pandemia, la respuesta estatal se ha basado en las alianzas público-privadas para distribuir contenidos digitalizados y herramientas pedagógicas, así como formación docente para el uso de herramientas digitales en pandemia, promoviendo el rol del sector privado y de transnacionales tecnológicas en la política pública educativa.

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12. Previo a la pandemia, estos actores privados habían liderado experimentos público- privados en la educación pública para implementar planes piloto en herramientas virtuales y productos de empresas tecnológicas. Ejemplo de ello fue el Plan Ceibal, una Computadora por niño y “la maleta” del proyecto PROFUTURO de Telefónica Movistar. Todos esos proyectos no tenían una perspectiva pública y con la llegada de la pandemia, fueron irrelevantes para garantizar el derecho a la educación pública.

Este documento da cuentas de la expresión de comercio educativo en el ámbito nacional, entrelazando la información encontrada en legislaciones, publicaciones, informes y noticias. El documento detalla las leyes y las prácticas que favorecen la participación del sector empresarial y las instituciones internacionales en los mecanismos de toma de decisión, la carrera de las Fundaciones de empresas privadas y las ONG por conquistar nichos de negocio y la naturalización de la presencia de grupos privados y empresariales que le hablan al oído a las autoridades educativas.

El OLPE es una herramienta al servicio de la acción política sindical de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina y busca poner a disposición información actualizada y documentada que acompañe la acción sindical y la defensa del derecho a la educación pública en la América Latina.

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Combertty Rodríguez G. Coordinador Regional Principal Internacional de la Educación América Latina.

Introducción

La Ley orgánica de Educación vigente en República Dominicana es la herramienta por excelencia para promover la participación del sector privado en materia educativa, pues garantiza la participación de sectores empresariales y de grupos confesionales en ámbitos de toma de decisión.

Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4 % del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana.

Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas.

El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la Agencia de EE. UU. para la ayuda (USAID) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las Instituciones Financieras Internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación.

Incluso en el proceso de aprobación del 4 % del PIB para la educación, el sector privado articulado en EDUCA, fue uno de los sectores más activos en el lobby a favor de la aprobación del 4 %, impulsado desde la CED.

La Ley 66-97 establece que la inversión pública en educación debe ser de “un mínimo de dieciséis por ciento (16 %), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos” (p.38). A pesar de ello, para el año 2012 la inversión en educación preuniversitaria no había superado el 2 % del PIB (Banco Mundial, 2017).

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La falta de inversión y el desentendimiento del papel del Estado en materia de política educativa tiene como resultado la violación sistemática del derecho a la educación con calidad de las poblaciones más vulnerables.

El informe del año 2014 elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para dar cuenta del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en la política educativa, informaba de una baja cobertura educativa: 70% en primaria y 40% en secundaria (p.54).

Por otra parte, el porcentaje de población viviendo en pobreza creció de 32 % en el año 2000 al 41 % en el año 2013. Este aumento en la pobreza se contradice con el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana, que desde el año 1990 ha venido creciendo a una tasa anual del 5,3 % (Banco Mundial, 2017).

Ante un crecimiento económico como el que ha experimentado la República Dominicana, no invertir en política pública y no fortalecer la capacidad estatal para garantizar el conjunto de derechos sociales, incluida la educación pública, no es un evento fortuito, sino que es una decisión política con un signo ideológico neoliberal.

Para el año 2012, un 97 % de los recursos obtenidos mediante préstamos de las instituciones financieras internacionales se dedicaba a pagar la deuda pública del Estado, que había pasado de US$ 6 588 500 000 millones en el 2004 a US$ 18 498 800 000 millones en el 2012 (CED, 2015).

El Estado dominicano ha decidido sistemáticamente no invertir en educación ni en otras políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas de desigualdad en el país. Es en este marco de desigualdad y de desentendimiento estatal de la política educativa, que en el año 2010 toma fuerza el movimiento social por el 4 % del Presupuesto Interno Bruto (PIB) para educación universitaria.

Otra tendencia observada es la reiterada desconfianza en la gestión pública y la recurrencia permanente a procesos de evaluación, veeduría y control social como mecanismos para prevenir la corrupción.

Esta discusión sobre la transparencia y el control social también se extiende a la educación y queda claramente plasmado en las líneas de acción de diferentes legislaciones, principalmente en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que se revisa a continuación.

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La lucha por el 4 % del PIB para educación

En el año 2010 se inició en República Dominicana un movimiento social que superó las fronteras nacionales. La demanda del movimiento era el cumplimiento de la inversión del 4 % del producto Interno Bruto (PIB) en educación, tal como lo establecía la Ley General de Educación N-° 66-97 del año 1997, incumplida sistemáticamente por doce años.

El movimiento social alrededor de la demanda del 4 % se organizó en la Coalición por una Educación Digna (CED), en la que participaron desde agrupaciones sociales hasta el sector privado, movimientos de mujeres feministas y agrupaciones religiosas (CED, 2015).

La coalición mantuvo un conjunto de acciones sistemáticas-incluyendo la difusión de videos y concentraciones semanales frente al Palacio presidencial, marchas en diferentes regiones del país y actividades artísticas. Para el año 2012 el Movimiento por el 4% se había convertido en una causa nacional que movilizaba solidaridad internacional.

El 4 de octubre del año 2011 se organizó la Jornada Internacional de Solidaridad por el 4 % que movilizó manifestaciones paralelas frente a embajadas y consulados dominicanos en Nueva York, San Salvador, Buenos Aires, Santiago y Madrid (IEAL, 2011).

En el año 2011, la campaña electoral presidencial jugó a favor de la agenda del 4 % y el tema se pudo colocar en los debates y en el proceso proselitista. La presión del movimiento social logró que las personas precandidatas suscribieran el “Compromiso político y social por la educación”. El documento incluía un conjunto de responsabilidades en materia de política educativa en caso de que la persona resultara electa, así como un conjunto de tareas para las organizaciones del movimiento social. En mayo del 2012 hubo elecciones presidenciales y salió electo Danilo Medina, del conservador Partido de la Liberación Dominicana.

El movimiento social continuó presionando y logró que en el diseño del presupuesto educativo del año 2013, el gobierno planificara la inversión en educación al 4 % del PIB, tal como lo establece la Ley 66-97. La inversión del 4 % se ha sostenido en la planificación presupuestaria hasta la fecha. (Cabrera, comunicación personal).

La inversión del 4 % del PIB no es la pomada canaria para el país, sino que es un paso necesario para el cumplimiento del derecho a la educación pública.

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Actualmente, la Ley 66-97 establece que la inversión pública en educación debe ser de “un mínimo de dieciséis por ciento (16 %), del gasto público total o un cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos” (p.38). A pesar de ello, para el año 2012 la inversión en educación preuniversitaria no había superado el 2 % del PIB (Banco Mundial, 2017).

El aumento en la inversión no está libre de detractores ni de especulaciones por parte de quienes buscan lucrar con la educación pública.

Tanto los sectores detractores como los interesados en el lucro van a estar vigilantes para instalar sus agendas en la discusión sobre educación. Entre los acuerdos para el uso de ese presupuesto, se encuentra la revisión de los sistemas de formación, contratación y evaluación docentes, entre otros.

La CED no se diluyó una vez logrado el objetivo, sino que se ha establecido un Foro socio educativo que está integrado por las siguientes instituciones: Centro Cultural Poveda, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO-RD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Misión Educativa Lasallista, EDUCA Acción Empresarial por la Educación, Fe y Alegría, Plan International República Dominicana, World Vision, INICIA Educación, Fundación Sur Futuro, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE) y el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (FS, 2018).

Como se observa, no hay participación del sector sindical.

El foro funciona como observatorio del cumplimiento de la inversión pública en educación. El foro ha organizado su trabajo en comisiones para dar acompañamiento al avance en diversas áreas de la política educativa.

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Leyes favorables al comercio educativo y a la participación privada

En el país sobresalen dos procesos legislativos favorables al Comercio educativo, entre ellos, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Normativa para la Formación Docente de Calidad en la Republica y el Pacto Nacional por la Reforma Educativa. A continuación, se analizan estas legislaciones.

Ley 1-12 del año 2012

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, Ley 1-12 se propone “imprimir un cambio en el modelo de desarrollo” (END, 2012, p. 5) que ha presentado el país.

La Estrategia Nacional de Desarrollo está organizada en ejes estratégicos. El segundo eje postula

una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial (END, 2012, p. 10).

Este eje propone desarrollar los mecanismos necesarios para que se “hagan efectiva la igualdad de derechos y oportunidades para toda la población” en el nuevo modelo de desarrollo.

El primer objetivo de este eje estratégico es la educación de calidad para todos y todas.

Las líneas de acción de este eje son un conjunto de acciones similares a las que se han observado en Honduras con respecto a promover la participación del sector privado en el financiamiento de la educación pública o a transferir las responsabilidades de gestión administrativa e incluso de evaluación docente a las comunidades. También se observan planteamientos similares a los que se han impulsado en Perú o en Uruguay con relación a procesos de evaluación estandarizada y a vincular los presupuestos a los resultados educativos.

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A continuación, se recuperan las líneas de acción de este eje estratégico que generan las condiciones para el comercio educativo, la privatización y principalmente, para el debilitamiento del sistema educativo público y su gestión desde el Estado.

Con respecto a la gestión del sistema educativo

El plan propone:

• Impulsar la modernización institucional del sistema educativo público a todos los niveles de gestión (escuela, distrito educativo, regional de educación y sede central).

• Producir una desconcentración progresiva hacia el nivel local que permita mejorar la eficacia y eficiencia del sistema educativo

• Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Educación, mediante la concentración de sus esfuerzos en la ejecución de sus funciones centrales y el traspaso de las funciones no educativas a otros organismos gubernamentales especializados.

• Fortalecer y desarrollar el sistema de supervisión distrital para promover el acompañamiento moral y técnico de los docentes. (END, 2012, p. 37 y 38).

Con relación al financiamiento

El plan prevé:

• Asignar los recursos financieros a los centros educativos públicos sobre la base de asegurar la correspondencia entre la población servida y recursos percibidos por centro, para contribuir a un eficaz proceso de desconcentración de la gestión y al aumento de la calidad educativa.

• Estimular la inversión privada sin fines de lucro en el fortalecimiento del sistema educativo (END, 2012, p. 37).

Sobre evaluación y control al personal docente

El plan propone:

• Un sistema de evaluación de desempeño y el consecuente mecanismo de incentivos económicos y reconocimiento moral.

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• Aplicar un sistema de monitoreo, evaluación y sanciones que garantice el cumplimiento de las actividades docentes, el calendario y el horario oficial de clases

• Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del logro de los objetivos pedagógicos de acuerdo con estándares internacionales, y de identificación de buenas prácticas y limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras a introducir mejoras continuas en el sistema educativo y en la formación profesional.

• Fortalecer y desarrollar el sistema de supervisión distrital para promover el acompañamiento moral y técnico de los docentes.

• Fortalecer el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de Calidad Educativa (IDEICE), como organismo autónomo, con independencia técnica, financiera y de gestión, para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación que asegure la realización de evaluaciones regulares (END, 2012, p. 38).

Con respecto al personal docente

El plan incluye:

• Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los docentes y los formadores de docentes de la educación pública.

• Crear una instancia, regulada por el órgano rector del sistema de educación, que tenga la responsabilidad de aplicar un sistema de certificación y recertificación de la idoneidad del personal docente, técnico-docente y administrativo y administrativo-docente para un sistema educativo de calidad (END, 2012, p. 37).

Sobre transferir responsabilidad a las comunidades

En este sentido, el plan propone:

• Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de calidad (END, 2012, p. 38).

El “modelo de desarrollo” del que se habla en la Estrategia Nacional de Desarrollo es un modelo bastante estandarizado, muy similar a los procesos que se observan en América Latina y que traen consigo la participación del sector privado en varios niveles de la política pública y de trasladar responsabilidades de garantizar el de-

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recho a la educación a las comunidades y a las familias. Ese modelo también tiene en común con otros procesos de la región, que instala la noción de que el personal docente tiene siempre algo fallido y que debe ser controlado en una suerte de colaboración de vigilancia mediante procesos de “veeduría social”.

Como se observa, la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, Ley 1-12, legitima, desde una ley de alcance nacional, los procesos para debilitar el sistema de educación pública, procesos que además son impulsados y legislados desde el Estado.

El

comercio amparado en la Ley General de Educación

La Secretaría de Estado de Educación y Cultura (MINERD) es el ente público ejecutivo responsable de orientar y administrar el sistema educativo en el país.

La Ley 66-97, Ley General de Educación, regula el quehacer estatal y privado de la educación. Varios artículos de esta Ley establecen un marco muy favorable a la privatización y al comercio en la educación dominicana, incluyendo el financiamiento a centros privados con fondos públicos, la promoción del establecimiento de centros educativos privados y la participación del sector de educación privada en los entes de toma de decisión.

A continuación se repasan algunos de estos artículos para poner en evidencia el marco normativo que es cómplice del comercio en educación.

El Artículo 4 establece los principios en los que se basa la ley, entre ellos el principio de que es un servicio de interés público nacional, por lo que es una responsabilidad de todos. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar igualdad de oportunidad de educación en cantidad y calidad, pudiendo ser ofrecida por entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Por otra parte, el Artículo 9 establece las obligaciones del Estado, entre las que enlista “garantizar y fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades” y “brindar ayuda técnica y material a las instituciones privadas de interés público.

El apoyo a los negocios privados en educación se profundiza en el Artículo 13 que reconoce la operación de centros de enseñanza privada con establecimientos educativos acreditados o coauspiciados por el Estado. Para acceder a estos derechos los centros educativos privados deberán cumplir con las disposiciones jurídicas pertinentes”

El Artículo 14 habilita a “toda persona en el pleno uso de sus derechos civiles y políticos, así como las personas morales” (p. 13) a fundar establecimientos educativos.

El Capítulo V, dedicado a las funciones de la comunidad, la familia y el sector privado en educación, omite cualquier mención al sector privado y se limita a establecer funciones para la familia (p. 9).

Además, el Artículo 61 establece el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación y se refiere a la calidad de la educación como un marco de referencia del sistema educativo dominicano, que tiene como función garantizar la eficiencia y la eficacia global del mismo. Comprende la evaluación de los procesos, del producto, de los insumos y de los servicios que intervienen en la actividad educativa para satisfacer las necesidades de la sociedad (p. 22).

El Artículo 102 de la Ley señala que el sistema educativo debe orientarse hacia la descentralización de las funciones y servicios “como una estrategia progresiva y gradual. Esta descentralización alcanza “la ejecución de funciones, servicios, programas y proyectos” y se establece que haya representación de distintas comunidades en las estructuras “administrativas a nivel central, regional, distrital y local” (p. 40).

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Normativa sobre el financiamiento de la educación

A partir del año 2012 y luego de la movilización social de muchos sectores, República Dominicana aprobó destinar el 4% del producto bruto interno (PIB) para la educación, lo que significó duplicar el presupuesto que estaba vigente en ese momento, que era del 1.9 % del PIB.

A partir de estas movilizaciones, el artículo 97 de la Ley 66-97 estableció que la inversión en educación es del “mínimo de un dieciséis por ciento (16 %), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período” (p. 70).

El sector privado organizado en EDUCA (Acción para la Educación) participó del movimiento social que demandaba el 4 % y a partir de ese proceso se ha instalado como un actor con legitimidad para opinar sobre las decisiones en torno a este nuevo nivel de inversión pública en educación, principalmente exhortando a eliminar el cobro de la cuota sindical y a reducir las pensiones.

El Artículo 199 de la Ley 66-97 establece beneficios fiscales del siguiente tipo:

• Una extensión de hasta un 5 % de la renta neta imponible a las donaciones efectuadas por “las empresas a las instituciones sin fines de lucro, consagradas a la actividad educativa, a la investigación y al fomento de la innovación tecnológica”.

• Exoneración de todo tipo de arancel de aduana así como del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a la importación y venta de los materiales y equipos educativos, textos e implementos necesarios para las actividades educativas y docentes de los niveles preuniversitarios (p. 70).

Además, el país creó el Fondo Nacional de Fomento a la Educación, que está constituido por los aportes que haga el Estado, por las donaciones particulares y por los recursos que genere él mismo (p. 70).

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Asimismo, la Ley 66-97 habilita a actores en el extranjero a hacer donaciones para la educación dominicana.

El Artículo 192 de la ley llama a la acción de “fuerzas sociales y económicas privadas” y establece que se “estimularán las iniciativas que provengan de esos sectores y se les dará cabida en esta tarea, particularmente, se fomentará la actividad de fundaciones, asociaciones y otros grupos constituidos para estos fines”.

Como se observa, el marco normativo vigente estimula, promueve y legitima la participación permanente de actores empresariales ajenos a la educación pública.

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Consejo Nacional de Educación: participación privada y religiosa en toma de decisiones públicas en educación

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación reglamenta los procesos relativos a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares.

En el Consejo Nacional de Educación participan, además de autoridades educativas, un conjunto de actores privados y de sectores religiosos.

El reglamento del Consejo (MINERD, 2006) deja en evidencia que mientras que los sindicatos de educación tienen únicamente un puesto en el Consejo (de un “representante de la organización mayoritaria de educadores”), estos sectores tienen una representación amplia:

• Un representante del sector empresarial.

• Un representante del sector privado que apoye directamente a la Secretaría de Estado de Educación, con convenios de cooperación legalmente reconocidos.

• Un representante de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

• Un representante de las iglesias cristianas no católicas.

• Un representante de los colegios privados católicos.

• Un representante de los colegios privados confesionales no católicos

• Un representante de los colegios privados no confesionales (MINERD, 2006, p. 5)

Este nivel de participación tan desigual entre trabajadores del sector educativo y sectores privados y confesionales no es un dato menor pues la Ley 66-97 establece que

el Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa y junto al Secretario de Estado de Educación y Cultura es el encargado de establecer la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas.

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Tampoco es un dato menor cuando se toma en cuenta que, el Artículo 78 de la Ley, otorga al Consejo Nacional de Educación, la toma de decisiones en materia de “creación y el funcionamiento de nuevas especialidades y de modalidades innovadoras de enseñanza”, la aprobación a las reformas curriculares, la expresión ante el Poder Legislativo sobre proyectos de ley en asuntos educativos, así como conocer y aprobar el presupuesto anual presentado al Poder Ejecutivo por la Secretaría de Estado de Educación y Cultura.

El Artículo 113 de la Ley 66-97, crea los distritos educativos y sus respectivas juntas distritales de educación y cultura como órganos descentralizados de gestión.

Nuevamente en las juntas hay una participación desigual del sector sindical educativo y de los sectores privados y de la fe.

Mientras que en cada junta distrital de educación y cultura participa un representante de la agrupación mayoritaria de educadores, en esta misma Junta también participan:

• un director de centro educativo privado;

• un representante de la Iglesia católica;

• un representante de las iglesias cristianas no católicas;

• un representante del sector productivo escogido de la federación de campesinos de la jurisdicción y

• un representante de los docentes de los colegios privados (Ley 66-97, p.45).

Como se observa, la normativa vigente garantiza la participación de sectores religiosos y de la educación privada en la toma de decisiones sobre política educativa, participación que supera numéricamente aquella que se garantiza para los sindicatos de educación.

Como se revisa más adelante en este documento, los sectores religiosos han sido ampliamente beneficiados por las políticas que han permitido e impulsado el uso de fondos públicos para financiar el costo de funcionamiento de los centros educativos de gestión privada y privada religiosa.

Esta situación, termina por ser coherente con el hecho de que estos sectores (privados y religiosos), tengan participación en las juntas distritales.

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Organismos públicos y toma de decisión a favor del comercio educativo

Los casos de la participación privada en niveles de toma de decisión en República Dominicana

A continuación se analizan dos casos de participación de grupos privados y grupos de la fe en la toma de decisión de la política educativa, como es el Pacto nacional de la Reforma Educativa y el Programa Quisqueya Crece contigo.

Pacto Nacional de la Reforma Educativa en República Dominicana 2014-2030

La Ley 01-12 o Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 designa al Consejo Económico y Social “como el espacio para la discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa” (CES, 2018).

El Consejo Económico y Social (CES) tiene la función de actuar en aras de la concertación social mediante la representación del “liderazgo empresarial y social representativo, legítimo y solidario de las fuerzas productivas de República Dominicana. Actualmente, el CES está compuesto por:

• Veinticinco integrantes del sector empresarial

• Siete integrantes del sector sindical y de personas trabajadoras.

• Nueve representantes del sector autodenominado social, incluidos sectores católicos, evangélicos y universidades privadas.

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Figura 1 Pacto Nacional para la Reforma Educativa

Nota. Eliana Viyella de Paliza, Presidenta de EDUCA y Melba Segura de Gruilón, Presidenta de Sur Futuro, firman el Pacto Nacional para la Reforma Educativa Recuperado de la página web de CES

El Decreto 228-13 del año 2013 asigna al Consejo Económico, Social e Institucional la tarea de convocar y concretar el Pacto para la Reforma Educativa.

El proceso de consulta convocó, entre otros actores, a autoridades, a ministerios, al Consejo Nacional de Educación (en el cual tiene un puesto EDUCA), a rectores de universidades públicas y privadas. Además, a representantes de espacios y estructuras de la auto denominada sociedad civil, en los que participa el sector privado como Foro Ciudadano, Fundación Inicia, Fe y Alegría, el grupo Sur Futuro, alianza ONG y la Fundación Falconbridge, entre otros (Decreto 228-13, p. 7).

Además, la ley indica que la “veeduría” y el control de la transparencia del proceso estaría a cargo de los IFI con presencia en el país, de la cooperación internacional y del sistema de Naciones Unidas.

Para ello, se invitó en carácter de testigos del proceso:

• al Banco Mundial;

• al Banco Interamericano de Desarrollo;

• a la OEA;

• a USAID;

• a la Unión Europea y

• al sistema de Naciones Unidas (UNICEF, PNUD, UNESCO y UNFPA) (Decreto 228-13, p. 8).

En ese momento, la ley dio un periodo de tres meses para completar la consulta. Cuando se hubo completado el proceso de consulta y concreción del Pacto, entre los firmantes del Pacto, se encuentra REDUCA, quien tiene una silla en el Consejo Nacional de Educación (Decreto 228-13, p. 8).

Igualmente, son firmantes las iglesias cristianas no católicas, la unión de colegios católicos, los colegios privados no católicos y los colegios privados no confesionales, todos los cuales también integran el CNE (CES, 2018).

El documento del Pacto plantea algunas líneas que van a orientar al sistema educativo cada vez más hacia un proceso de privatización o comercialización y lo va a debilitar como sistema administrado estatal.

Por ejemplo, con relación a “los instrumentos de equidad que favorecen la entrada y la permanencia en el sistema educativo”, el pacto propone “desarrollar un plan

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dirigido a establecer un sistema de carnet estudiantil que permita tener acceso a servicios públicos y privados con descuentos o bajo un régimen de gratuidad” (CES, 2018, p. 10).

El pacto también reitera la mirada de evaluación centrada en el desempeño estudiantil, ignorando la lógica sistémica. El texto del pacto habla de Garantizar la calidad educativa a través de la apropiación y aplicación del currículo vigente por parte de los docentes en los diferentes contextos socioculturales, el desarrollo de estrategias de aprendizaje innovadoras y creativas (…) Dicha calidad será́ medida, esencialmente, por los resultados de los aprendizajes (CES, 2018, p. 13).

Entre otras cosas, el Pacto cae en el minimalismo del currículo que se ha observado en otros países de la región, priorizando la enseñanza de los contenidos de la lengua, la matemática y un menú de las llamadas habilidades blandas. Este carácter reduccionista se expresa en el punto 4.1.7 que plantea

Desarrollar en los estudiantes de los diferentes niveles, modalidades, subsistemas y subsectores, las competencias para el dominio de la lengua y otras habilidades comunicativas; el pensamiento lógico-matemático, crítico y creativo; la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones; la actitud investigativa, el trabajo colaborativo, la valoración de los aportes de la ciencia y el cuidado del medio ambiente; así como una consciencia ética ciudadana y una actitud para aprender durante toda la vida (CES, 2018, p. 12).

Entre otras cosas, el contenido del Pacto refleja la mirada de esa mayoría de sectores firmantes, que han aceptado las tendencias más estandarizadas de la educación.

Otro problema a futuro es la sobrerrepresentación en la firma del pacto de sectores con intereses de lucro, pues como se describió en páginas previas, en el pacto participan veinticinco integrantes del sector empresarial nueve representantes del sector autodenominado social, incluidos sectores católicos, evangélicos y universidades privadas frente a siete integrantes del sector sindical y de personas trabajadoras.

Tomando en cuenta que el pacto garantiza la participación de los sectores en las “tareas de monitoreo, evaluación y veeduría social” (p. 26), esta sobre representación jugará a favor de los procesos de comercialización de la educación, el desarrollo del currículo y las tomas de decisión sobre fondos, entre otros.

En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 desarrollo del apoyo al Proyecto Nacional de pacto educativo.

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La formación docente en servicio y comprada a una institución privada

En el año 2016, un 97 % de las personas docentes en el aula eran tituladas. La formación inicial docente había corrido principalmente a cargo del ISFODOSU, instituto que unificó las escuelas normales.

El MINERD informa que se han destinado fondos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para la formación docente. Respectivamente se han destinado:

• US$ 115 965 597 del ISFODOSU (casi 116 millones de dólares que equivalen a RD$ 6 121 796 324).

• US$ 73 459 188 del INAFOCAM (más de 73 millones de dólares que equivalen a RD$ 3,877,893,085) (Presidencia, 2019).

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) ha aprobado que sea una institución privada la responsable de desarrollar la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE).

Esta estrategia de formación docente la ha contratado el estado dominicano al Centro de Estudios Educativos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo CEED-INTEC). El INTEC es una institución dominicana de educación superior privada.

El enfoque de la Estrategia de formación continua centrada en la escuela (EFCCE) se centra en entregar al personal educativo, técnicos, administrativos y docentes, herramientas para lo que el INTEC denomina “autogestión”. También se enfoca en la formación a docentes del nivel Primario que enriquezca los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura y la matemática (CEED).

La propuesta plantea “mejorar los indicadores de aprendizaje de los/las estudiantes, a través del fortalecimiento de la gestión institucional y pedagógica del centro educativo” para lo cual brinda formación en el diseño de “planes de mejora centrada en los aprendizajes y desarrolla acciones de formación y acompañamiento a los docentes dentro y fuera del centro educativo” (Presidencia, 2019).

La EFCCE, promovida por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) abre las puertas a que las Fundaciones y actores privados gestionen la formación continua.

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Tal es el caso de la Fundación Sur Futuro (aliada de USAID en programas de formación en habilidades blandas), la española RED AGE (apoyo a la gestión de centros educativos entre España e instituciones educativas latinoamericanas). También participa el Instituto Tecnológico de las Américas, institución pública. Entre los que ofrecen formación docente continua se encuentra el grupo privado CEED-INTEC, con 15 diplomados vinculados a la educación primaria y secundaria (INTEC, 2019).

Además, el CEED-INTEC informa que la capacitación que están desarrollando tiene como fin último “transformaciones fundamentales que los equipos regionales, distritales y los centros educativos” a través de una “autogestión institucional, pedagógica, proactiva y sistémica”.

Es decir, que la capacitación docente que constituye una de las principales banderas del MINERD (y que tiene apoyo de UNICEF) está enmarcada en un rediseño de gestión educativa orientado por una mirada de descentralización y de provisión de servicios por parte de actores privados.

Actualmente el sector privado, principalmente el articulado alrededor de EDUCA, argumenta es que la formación profesional de este cuerpo docente “no se basó en programas de calidad”. También se ataca la formación docente en servicio. En ese sentido, la formación docente regulada por “la Normativa para la Formación Docente de Calidad en la Republica Dominicana” del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, abre las puertas al negocio de formación docente en institutos y universidades privadas.

En un contexto en el que el Estado apenas responde a la responsabilidad de la política pública educativa, el llamado a la autogestión es sobre todo un eufemismo para preparar a docentes para un mayor vaciamiento del sistema educativo, en el que la “autogestión” se referiría más y más a la ausencia de lo público.

Los privados pueden proveer formación inicial docente

La Normativa para la Formación Docente de Calidad en la Republica Dominicana del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también habilita que institutos y universidades privadas provean la formación inicial docente.

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Los oferentes privados de formación inicial docente deben presentar un programa que contenga Formación Psicopedagógica, General y Disciplinaria. La Normativa establecía que a partir del 2016, toda institución de educación superior debía iniciar los trámites para la acreditación de escuelas y programas de formación de profesores, para su aplicación a partir del primer semestre del año 2017, bajo la coordinación y supervisión del MESCYT, como establece el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (SITEAL, 2018).

Por su parte, el subtítulo 4.3.2 del Pacto Nacional por la Reforma Educativa preveía la creación de un sistema de acreditación de instituciones y programas de educación superior bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica nacional e internacional. Dicho sistema estará integrado por acreditadoras avaladas internacionalmente y su financiamiento provendrá del Estado, el sector privado y las Instituciones de Educación Superior (SITEAL, 2018).

Resulta complejo que el sistema de acreditación pueda recibir financiamiento de actores privados, puesto que pueden generarse “conflictos de interés” y las capacidades de funcionamiento del sistema de acreditación pueden verse disminuidas y ser inestables.

Ya en el 2015 el BID, a través de la publicación conjunta con EDUCA y Diálogo Interamericano, hablaba de la necesidad de formar más docentes en primera infancia y en educación media.

Estos procesos de capacitación y formación están alineados además con los requisitos de evaluación de desempeño y certificación docente, que según el Pacto Educativo son mecanismos necesarios para la labor docente. En el 2009 el BID aprobó una Cooperación técnica por US$ 780 000 (SETECIENTOS OCHENTA MIL DOLARES) para el Mejoramiento de la Formación Docente y la Evaluación Educativa.

Para iniciar la carrera docente

Dentro de los acuerdos del Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014 – 2030), se comprende la Ordenanza 09-15, que establece los criterios para el ingreso de estudiantes a la carrera docente.

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Específicamente, el subtítulo 5.1.6 del Pacto nacional de la reforma establece implementar, con carácter obligatorio, una prueba de ingreso validada para los programas de formación de docentes, la cual debe medir si los estudiantes poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridos para iniciar estudios a nivel terciario en el área del magisterio. En caso de que las deficiencias evidenciadas sean de conocimiento, la institución en la que aspiran estudiar deberá ofrecerles a los interesados estrategias académicas que les permitan superar las deficiencias antes de su ingreso a la carrera. Esta medida deberá aplicarse a partir de junio de 2014. Los aspirantes que demuestren tener las competencias necesarias para estudiar magisterio podrán ser becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a partir de agosto de 2014, siempre que la universidad elegida cumpla con la normativa para la formación de profesores establecida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SITEAL, 2018, p 17).

En abril del 2021, República Dominicana estaba discutiendo la suspensión de la aplicación de dicha Normativa 09 – 15, por lo que se debe monitorear el rumbo que tome la discusión.

La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, concuerda que la Normativa 09-15 debe ser revisada pero no para ceder a las presiones de las universidades privadas, sino para analizar cómo balancear la alta carga que le da la normativa a los asuntos disciplinares y reconsiderarla a favor de los asuntos pedagógicos (Guante, 2021).

Entre los principales defensores de mantener la normativa 09-15 se encuentran aquellos que están a favor de la formación docente en servicio comprada a una institución privada. Algunos defensores de mantener la normativa 09-15 sin ser revisada, son integrantes del Foro Socioeducativo, entre otros Word Vision; Fe y Alegría; Fundación Sur Futuro; el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y EDUCA.

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En este apartado se revisa la participación de las instituciones financieras internacionales en el impulso de dos programas de alcance nacional en República Dominicana, como son Quisqueya crece contigo y Quisqueya aprende contigo

Quisqueya empieza contigo

El programa Quisqueya Empieza Contigo se compone del programa Centros de atención integral a la primera infancia (estancias infantiles) y el programa de Atención integral de base familiar y comunitaria. Este programa de Atención Integral de Base familiar y comunitaria se gestiona en alianza público-privada.

Este plan ha sido promovido por el BID, pues en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, el BID ha financiado al menos tres cooperaciones técnicas (2014 por US$ 20 000, en el 2014 por US$ 1 100 000 y en el 2016 por US$ 200 000).

Estas cooperaciones generaban espacios conjuntos de diseño de estrategias entre gobierno, sociedad civil, empresariado, medios de comunicación para apoyar e involucrarse activamente en el Plan QEC (Quisqueya Empieza Contigo).

Quisqueya Aprende Contigo

En el año 2012 se creó la Junta Nacional de Alfabetización y el Equipo Técnico Nacional, responsable del diseño y ejecución de un plan nacional para superar el analfabetismo. En noviembre del 2012, la Junta Nacional aprobó el Plan Operativo Nacional del Plan de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que inició en el año 2013.

El plan tiene la meta de alfabetizar a personas de mayores de quince años y reducir el analfabetismo de este rango poblacional de 12.83 % a menos del 5 % (SITEAL, 2014).

La Junta Nacional de Alfabetización dirige el Plan nacional de alfabetización, gestionado a su vez entre 253 Juntas de Alfabetización en las que participan “organizaciones sociales, entidades públicas y empresariales en cada territorio” (MINERD).

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Reformas educativas no consultadas y pagadas con deudas: la participación del Banco Interamericano para el Desarrollo y del Banco Mundial

Las 253 Juntas se plantean como parte del proceso de Descentralización financiado y contemplado en el préstamo del Banco Mundial.

En el 2014 se describía al Plan como un proceso impulsado desde una organización de carácter plural, abierta a la participación de los más diversos sectores de la sociedad dominicana, ampliamente descentralizada, y con carácter sistémico, que ha favorecido le emergencia de un numeroso voluntariado proveniente en su casi totalidad de las mismas comunidades (SITEAL, 2014, p. 4).

En cada provincia y municipio hay un conjunto de Coordinadores y de Animadores que reciben asesoría del personal de Técnicos de Educación de Adultos del Ministerio de Educación y quienes son responsables de coordinar el trabajo de personas voluntarias.

• Algunos actores privados sentados en esta Junta son:

• EDUCA

• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

• Mesa de Diálogo de Iglesias Evangélicas

• Fundación Sur Futuro

• CEED-INTEC (Centro de Estudios en Educación del Instituto Tecnológico Santo Domingo).

Es de preverse que la constitución de esta Junta de pie a relaciones que van a permanecer en el tiempo para la administración y gestión de otros procesos de política educativa, más allá del Plan Nacional de Alfabetización. La misma sigue la lógica de participación de actores del sector privado y del sector confesional plasmado en la Ley 66-97 para la constitución del Consejo nacional de Educación y otras estructuras de toma de decisión.

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UNICEF

La actuación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se enmarca en el Programa de Cooperación entre el Gobierno dominicano y UNICEF. Actualmente está vigente el Programa 2018-2022 (UNICEF, 2018) que en materia educativa tiene un fuerte énfasis en la formación docente, la elaboración de materiales y el desarrollo de contenidos educativos.

Este tipo de apoyo se ejecuta mediante la contratación de consultorías a terceros a nivel nacional e internacional.

Un ejemplo es el apoyo técnico y financiero orientado al desarrollo de “un nuevo modelo de enseñanza de lengua española y matemática en primero y segundo grado de primaria” para la adaptación de la guía teórica para la enseñanza de la lengua española (MINERD, 2019) y la guía teórica para la enseñanza de la matemática (MINERD, 2019).

La adaptación del material, originalmente elaborado para Argentina, fue aprobado por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC/SICA, mediante la comunicación SG-CECC-190-15 de fecha 01 de diciembre de 2015, dirigida al Inafocam (Gestión 2012-2016).

En esta adaptación participaron equipos de UNICEF, CECC/SICA, AECID y Educación para Todos Estos materiales se producen a partir de la adaptación de la serie Todos Pueden Aprender desarrollada por la Asociación Civil Educación Para Todos con el auspicio de UNICEF para la República Argentina, y de la CECC para los países miembros del SICA. Este apoyo técnico se complementa con el diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento.

UNICEF también ha financiado la actualización curricular para la inclusión educativa de la niñez y la adolescencia con discapacidad, mediante la formación de técnicos en diseño universal de aprendizaje. Para ello, se contrató la elaboración de las guías de implementación de la estrategia Espacios de +.

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La Cooperación Internacional. Plataforma para ONG y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía

Finalmente, UNICEF también ha apoyado la validación de Normas de sistema educativo dominicano para la convivencia escolar y las guías y protocolos de aplicación, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz, dirigida a docentes, directivos, padres y estudiantes, que promueve habilidades para la “convivencia escolar idónea para el aprendizaje”.

USAID implantando modelos globales

Al igual que lo ha hecho en Kenia o en Azerbaiyán, USAID ha focalizado su cooperación en educación en el nivel de educación primaria en República Dominicana.

Este programa lo desarrolló USAID como parte de sus estrategias para cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio que planteaban acceso universal a la educación primaria para el año 2015 y contemplaba los siguientes componentes:

• El proyecto Programas escolares efectivos (Effective Schools Program) difundía una metodología de enseñanza de matemática y lengua (p. 66).

• Programa de capacitación en el Ministerio de Educación para apoyar el diseño de presupuestos por resultados en el sector educación. Estas capacitaciones también se han ejecutado en los ministerios de salud, trabajo y finanzas.

USAID ya ha advertido que su estrategia en la región tiene que ver con fortalecer las medidas de seguridad y estas medidas las vincula con la capacitación para el empleo orientado a las personas jóvenes, como estrategia para prevenir procesos de migración hacia EE. UU.

Otro proyecto impulsado por USAID en República Dominicana, en coordinación con la Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad (IDEC) es el de las mesas de diseño de propuesta curricular y espacios de consenso, que USAID enmarca en sus proyectos de Coalición para las reformas de gobernanza y participación (“Coalition Building Facility for Participatory Governance Reforms”) coordinado por la Unidad de Gobernabilidad para América Latina y el Caribe del Banco Mundial con el apoyo de la USAID al Programa Global para la Auditoria Social (GPSA por su sigla en inglés) del Banco Mundial.

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En el proyecto participaron actores de la Iniciativa Dominica por una Educación de Calidad (IDEC) compuesto por:

• El Ministerio de Educación

• El Ministerio de Economía y Planificación

• Compromiso Político y Social por la Educación

• Foro Socioeducativo.

• Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

• Agencia Francesa para el Desarrollo, Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).

• Banco Mundial.

• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

• Unión Europea.

• UNICEF.

Los grandes retos de la política educativa del 2012-2016 acogidos por IDEC son:

• La aprobación de un currículo actualizado basado en competencias desde la educación inicial hasta la educación secundaria.

• La capacitación, evaluación y certificación del profesorado para mejorar su desempeño y sus condiciones económicas.

• La ampliación del acceso a la atención integral de la Primera Infancia: a través de la construcción de nuevos centros y programas basados en la familia y la comunidad en zonas vulnerables.

• El gran esfuerzo nacional para alcanzar la alfabetización de toda la población joven y adulta del país.

• La construcción de 28 000 nuevas aulas, duplicando casi el número de las existentes, para ampliar el programa de jornada extendida al 80 % de los estudiantes del sistema público (IDEC, 2016).

El proceso impulsado por la IDEC se arroja el carácter de participación convocatoria y voz social legítima para proponer propuestas educativas.

El documento de memoria de las actividades especifica que La ausencia más notoria, tal como relataron muchos actores entrevistados, fue la del sindicato docente, ADP, pese a que fue invitado formalmente. Esta decisión parece haber sido política, como una posición para no avalar directa o indirectamente decisiones de gobierno. Sin embargo, algunos integrantes de ADP participaron a título personal en algunas de las mesas y en particular en la Mesa 1 (Desarrollo Curricular) y 2 (Carrera docente). Algunos entrevistaron señalaron que la ausencia

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de la ADP (Asociación Dominicana de Profesores) no minó la legitimidad de la IDEC, e incluso es probable que haya permitido (IDEC, 2016, p. 13).

Esta apreciación no es menor, porque el IDEC se presenta como un espacio de diálogo, y aun así, plantea que este diálogo es posible sin la presencia del sindicato más grande de docentes.

Programas de habilidades para el empleo

Otra forma de negocio educativo son los programas de formación en habilidades para la vida y para el empleo. Proyectos como Alerta Joven y ENTRENA son financiado por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y gestionados por distintas Fundaciones (principalmente Sur Futuro).

En el año 2006, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 25 000 000 para desarrollar el Proyecto de Desarrollo Juvenil, orientado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes pobres en riesgo mediante la construcción de su experiencia laboral y habilidades para la vida, y ampliar los programas de educación de segunda oportunidad para completar su educación formal.

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En este apartado se analiza la participación de grupos privados y religiosos como proveedores de servicios, asesorías y promotores de reformas en la política educativa en República Dominicana.

La educación con mirada empresarial de EDUCA

Acción Empresarial para la Educación EDUCA de República Dominicana es una organización del sector empresarial que se autodenomina de la sociedad civil y que ha jugado un papel muy activo en la toma de decisiones a partir de la aprobación del 4% del PIB para la Educación. EDUCA es parte de la Red Latinoamericana REDUCA., la articulación del sector empresarial privado que incide en las políticas de educación en América Latina.

Al inicio de su actuación y cuando aún actuaba bajo el nombre de Acción para la Educación Básica, Inc., EDUCA recibió US$ 5 500 000 por parte de USAID para fungir como unidad ejecutora del proyecto internacional “Iniciativa privada en la Educación Primaria”, enfocado en la mejora de las escuelas primarias (EDUCA, 2019, p. 25).

EDUCA fue fundada por Gustavo Tavares Espaillat en 1989, con la intención de que el sector empresarial lidere el lobby en educación. Tavares Espaillat fue el primer presidente de EDUCA. Le siguió Luis Heredia Bonetti, que entre sus actividades laborales tenía haber sido parte de la Misión de USAID en República Dominicana a finales de los 60.

El documento de conmemoración de los 30 años de EDUCA, muestra que EDUCA ha manejado los mismos argumentos durante tres décadas. Al igual que en 1995, hasta la fecha EDUCA sostienen que es “urgente el liderazgo empresarial en la reestructuración”. En 1989 EDUCA argumentaba que la educación pública está en crisis y que atraviesa un “colapso” (EDUCA, 2019, p. 27). Y responsabilizaba a la educación de todos los problemas del país, pues dichos “problemas tienen un componente educativo, pues son un fruto del atraso tecnológico y gerencial” en educación (EDUCA, 2019, p. 27).

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ONG, empresas y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía.

Estas tesis las sostienen hasta la fecha.

Ese mismo documento de conmemoración de los 30 años de EDUCA, cita a Tavares Espaillat quien sostuvo que la gran misión de EDUCA consiste en ser abogado- defensor de la educación básica o hacer lo que los norteamericanos llaman advocacy, que viene a ser el “cabildeo” o promoción activa de una causa”. Más adelante recupera el Artículo 1 de los Estatutos de incorporación (a EDUCA) que establece que “propiciará la formulación de conciencia de la sociedad dominicana acerca de la importancia prioritaria que tiene la educación para el bienestar y el desarrollo de sus integrantes. (EDUCA, 2019, p. 12).

En 1996 EDUCA implementa el proyecto “Listos para aprender” que inicialmente se centró en la dotación de materiales educativos para la niñez de tres a cinco años, pero que terminó enfocándose en el diseño curricular y la formación a las personas docente y cuidadoras. Ese proyecto tuvo cooperación del sector empresarial, así como de la cooperación de Japón y de personas voluntarias de los Cuerpos de paz (EDUCA, 2019, p. 52).

En 1998 la FIA financia US$ 147 000 para continuar el proyecto incorporando un sistema de indicadores de logro, datos y evidencias (EDUCA, 2019, p. 52). Ese programa se amplió como un modelo piloto de “franquicia social”.

La tabla siguiente que resume algunos de los procesos, publicaciones y proyectos impulsados por EDUCA, muestra además la diversidad de aliados y de fuentes de financiamiento.

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Tabla 1. Acciones de política educativa impulsados por EDUCA o con la participación de EDUCA

Congreso aprendo

Iniciativa privada en la educación primaria

Listos para aprender

Calidad del gasto educativo en la República Dominicana. Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4 % (EDUCA, 2014).

Neo RD Quisqueya Cree en Ti

República Dominicana. El estado de las políticas docentes: en la antesala de las transformaciones

Pacto por la Reforma Educativa

Una aplicación de escuelas efectivas en la República Dominicana: un estudio exploratorio.

Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio: Recomendaciones de política pública para su sostenibilidad

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Elaboración con datos de EDUCA.

Como se observa, EDUCA está posicionada como un actor con mucho peso en la política educativa dominicana, habiendo desarrollado experticia para la venta de servicios en investigación educativa, el diseño curricular, la formación docente y la negociación intersectorial, entre otros.

EDUCA ha expresado en varias ocasiones su crítica a que se aumenten las partidas en educación sin que antes se promueva la “descentralización de la gestión” (EDUCA, 2019, p. 44). En este punto, EDUCA coincide con el BID en el marco de Diálogo Interamericano, con quien comparte la crítica a la centralización del sistema educativo.

En el video “EDUCA Acción para la Educación” publicado en noviembre del 2012, EDUCA aplaude que el país esté pasando de una “visión social de la educación a una visión económica de la educación” (2012).

A partir de ese momento, EDUCA ha contado con los recursos para profesionalizarse y sostener una gestión más activa en los espacios de toma de decisión de política educativa.

En su documento más reciente 30 ideas para la educación, EDUCA plantea que “el sector privado tiene que asumir la iniciativa de invertir en centros educativos de calidad, a todos los niveles, y en auspiciar patronatos, fundaciones, créditos educativos, etc. (p. 24).

Además, se alinea con las miradas que reducen el derecho a la educación a los contenidos en lengua y matemática y algún abordaje de las llamadas habilidades blandas. A partir de este contenido curricular, EDUCA plantea que Con educación básica, el trabajador dominicano estará listo para ser adiestrado, podrá contribuir a las incesantes mejorías e innovaciones necesarias en los procesos y productos exigidos por los nuevos tiempos, será flexible y podrá adaptarse a los cambios ocupacionales (EDUCA, 2019, p. 44).

A continuación, se analizan diversas publicaciones y proyectos impulsados por este grupo empresarial.

EDUCA y el proceso del 4 %

Como se explicó en la introducción de este documento, el sector privado articulado en EDUCA, fue uno de los sectores más activos en el lobby a favor de la aprobación del 4 % del PIB para educación y participó en la Coalición por una Educación Digna (CED).

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A partir de la experiencia de la CED, se establece el Foro socioeducativo nacional, que como se explicó previamente, funciona como observatorio del cumplimiento de la inversión pública en educación y el trabajo en comisiones continúa, ahora para investigar el avance en diversas áreas de la política educativa.

En el año 2016, EDUCA publica el Informe de veeduría al Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2016. El informe presenta los resultados de la primera veeduría social que se realiza al Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Como parte de la “estrategia para garantizar el cumplimiento de los compromisos suscritos” se estableció un Comité de Veeduría (EDUCA, 2016, p.4).

Según el documento, la veeduría social es un mecanismo democrático de participación ciudadana y control social que consiste en la vigilancia, monitoreo, evaluación y verificación de la gestión de las políticas, programas, proyectos y servicios públicos. Esto con el objetivo de incidir en la ejecución, a fin de que sean tomadas decisiones en el mejor interés de los ciudadanos. Por tanto, el proceso de veeduría incluye el planteamiento de recomendaciones, la realización de denuncias justificadas, la difusión de información en los medios de comunicación, entre otras actividades de incidencia pública. (EDUCA, 2016, p. 9).

El informe buscaba evaluar el nivel de cumplimiento de “10 compromisos, agrupados en seis categorías, a saber: cobertura y equidad, infraestructura, recursos humanos, currículo, evaluación, participación de la comunidad” (EDUCA, 2016, p. 76).

El informe evalúa el cumplimiento de los compromisos de la siguiente manera:

• Avances en términos administrativos y de procesos que se dieron en el subsistema.

• Diseño de un modelo de atención en primera infancia, expansión de la cobertura de atención integral y creación del INAIPI.

• Infraestructura en primera infancia: 85 % de los centros planificados están o en proceso de construcción o aún no han sido iniciados.

• Cumplimiento de compromisos de contratación de recursos humanos, en términos de cantidad y calidad (EDUCA, 2016, p. 5).

Originalmente, en el Reglamento del Pacto Educativo se establecen las estrategias para hacer la veeduría. Cada “institución con responsabilidad directa en el cumplimiento de los compromisos” elabora su propio plan de acción con base en una

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matriz que tiene “indicadores de logro, metas, estrategias de intervención, resultados esperados, actividades en curso y medios de verificación de las actividades”. El Pacto había establecido un Comité Técnico de Apoyo (CTA) que estandarizó los formatos de dichas matrices (EDUCA, 2016, p. 76).

EDUCA considera que la estrategia de monitoreo planteada originalmente no es la adecuada. Esta estrategia se basa en la recopilación de informes de autoridades educativas, los reportes de avances de las entidades públicas y no públicas, las matrices de seguimiento elaboradas por el Comité Técnico de Apoyo (EDUCA, 2016, p. 76).

El informe de EDUCA plantea que falta información o bien, la información colocada en las matrices de seguimiento no estaba completa o no fue organizada de forma homogénea. El documento dice que un 20 % de los compromisos no fueron reportados, y de aquellos que fueron reportados, el 38 % no tenía metas definidas, el 37 % no tenía responsables asignados, y el 10 % no contenía indicadores para facilitar su seguimiento. (EDUCA, 2016, p. 77).

Con especto a la estrategia de monitoreo EDUCA propone:

• Evaluar los mecanismos de monitoreo y evaluación.

• recolectar y analizar las informaciones complementarias para la veeduría.

• Implementar la matriz guía para la veeduría social del Pacto Educativo, con sus medios de verificación.

• Promover la participación informada de la población en sus comunidades educativa a fin de que estas velen por la calidad de los servicios que reciben.

• Que en el Comité Técnico de Apoyo hubiera participación del personal técnico del Consejo Económico y Social (CES), como lo establece el reglamento del Pacto (EDUCA, 2016, p. 77 y 78).

Complementariamente, EDUCA propone que se implementen:

• Un marco único de indicadores de procesos, productos, resultados e impacto.

• Una plataforma digital para los actores institucionales, que contengan los planes de acción y los informes de avance.

• Crear mecanismos digitales para la veeduría social al pacto educativo para que la ciudadanía reporte de denuncias y haga seguimiento de los compromisos.

• Financiamiento para la veeduría anual e integral del pacto educativo, con fondos de los organismos de cooperación internacional y el estado (EDUCA, 2016, p. 84).

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Como se observa, para EDUCA, el proceso de monitoreo también es una oportunidad de vender servicios y de instalar los mecanismos de medición estandarizada, en la línea de lo que propone la OCDE y el Banco Mundial.

EDUCA y la libertad sindical

En el año 2016, EDUCA publica el estudio Calidad del gasto educativo en la República Dominicana. Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4 % (EDUCA, 2014). Este estudio contó con el apoyo de Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el Grupo Privado para la Competitividad Nacional (GPCN), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la Agencia de Cooperación Española (AECID), la Unión Europea (UE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (EDUCA, p. 11).

Nota tomado de la página web de EDUCA

Algunos de los gastos que analiza el estudio son la remuneración del personal docente y no docente, pensiones y jubilaciones y retenciones salariales. Entre otras cosas, el estudio señala que “el personal docente y no docente y las pensiones concentraron cerca del 56% del presupuesto del MINERD” (p. 22). En ese respecto, el artículo 168 de la Ley 66-97 establece que

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Figura 2 Informe del gasto educativo de EDUCA

El régimen de pensiones y jubilaciones del Sistema Educativo se nutre de los aportes mensuales que asigne el Estado en la ley de gastos públicos, del aporte de todos los beneficiarios de los sectores público y privado, tanto activos como jubilados y pensionados, así como por las cuotas fijadas a los empleadores del sector privado.

Por su parte, EDUCA critica que “los planes de jubilaciones y pensiones no están atados al desempeño de los estudiantes ni a ningún otro resultado del sistema educativo” (p. 38), poniendo en duda el derecho a la jubilación. Además critica que el sistema de jubilaciones representaría un 29 % del presupuesto educativo en el año 2025 (p. 129).

En este análisis, Educa plantea que una manera de “evaluar la eficiencia del gasto en educación” es que el aumento en salarios docentes traiga una mejora en el rendimiento educativo (p.53) y sugiere que los incentivos (aumento en los salarios) docentes se vinculen a los rendimientos escolares (p. 134).

Ese mismo documento hace un llamado a que se detenga la retención de la cuota sindical, y recomienda dados los efectos nocivos que producen las prácticas de retenciones compulsivas a los esfuerzos de la sociedad de dignificar la carrera docente, se sugiere eliminar la disposición de que el MINERD sea el agente de retención de los sueldos del personal del Ministerio a favor de terceros, fuera de lo dispuesto por ley (p. 133).

Esto puede interpretarse como un llamado del sector empresarial articulado en EDUCA para que el gobierno elimine el cobro de la cuota sindical.

Finalmente, EDUCA llama a la creación de un Tribunal de la Carrera docente que genere un “régimen de consecuencias que promueva el fiel cumplimento de las responsabilidades de los docentes” (p. 133). Este tipo de propuestas se han observado también en el caso de Mexicanos Primero y en Empresarios por la Educación de Perú.

EDUCA también es firmante del Pacto por la reforma educativa. En ese sentido, llevará estas banderas a los diferentes espacios de negociación y lobby. El Pacto Educativo es la expresión de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que entre otros plantea, la participación privada en procesos de educación pública, la evaluación estandarizada, la promoción del control social sobre el quehacer docente y el diseño de presupuestos educativos en función de cada centro educativo (y no en función de un sistema).

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EDUCA y el impulso de nuevos negocios

En el año 2019, EDUCA publica “Una aplicación de escuelas efectivas en la República Dominicana: un estudio exploratorio”, en coordinación con la Vicepresidencia de la República y con el financiamiento del BID.

EDUCA rescata el concepto de escuelas efectivas de investigadores estadounidenses que hace 40 años, en 1979 plateaban que una escuela efectiva es aquella capaz de proveer educación de calidad a estudiantes en “zonas marginadas” (EDUCA, 2019, p. 12).

Entre las características que se les asignaba a las escuelas efectivas estaban el Liderazgo de la persona directora, la enseñanza basada en habilidades de lectura y matemática, la evaluación permanente para medir el avance de las y los estudiantes, así como la infraestructura y el clima escolar (EDUCA, 2019, p. 13).

Otro de los elementos de las escuelas efectivas, se encuentra el personal docente. El estudio publicado por EDUCA, revisa los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) del año 2017, desarrollada por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) que señalaron que “solo un 3 % de los docentes evaluados obtuvo el nivel más alto de desempeño que era equivalente a obtener 90 puntos o más” (EDUCA, 2019, p. 29).

Para aplicar el estudio, EDUCA seleccionó 37 escuelas que recibían fondos del MINERD y diseñó categorías con base en el Índice de Calidad de Vida, la pobreza multidimensional, la zona geográfica donde se ubican las escuelas (rural o urbana). Igualmente agrega indicadores sobre repitencia de los estudiantes y niveles educativos de las familias (EDUCA, 2019, p. 36).

El estudio señala que el involucramiento de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) aún no tiene un peso efectivo en los resultados educativos (EDUCA, 2019, p. 85).

El estudio identificó que 34 de 37 centros que participaron en el estudio recibían los fondos del MINERD con retraso y que el atraso en la recepción de los fondos afectaba principalmente la capacidad de reparar la infraestructura, la compra de materiales, el pago del servicio de internet y la disponibilidad de alimentación para atender a los estudiantes en la jornada extendida (EDUCA, 2019, p. 73).

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A partir de esta situación, el estudio establece dos hipótesis:

1 • Los directores que consiguen donaciones tienen mayores recursos y tiempo que pueden dedicarles a otras actividades de gestión de las escuelas, las cuales son claves para la mejora del desempeño estudiantil;

2 • Las donaciones son evidencia de la proactividad y buena gestión de los directores, es decir, son un síntoma de las habilidades de los directores (EDUCA, 2019, p. 90).

Es importante prestar atención a los resultados del estudio, pues pueden brindar argumentos para que EDUCA y el BID promuevan la participación de grupos privados en la dotación de:

• Elaboración y distribución de materiales.

• Proveer servicios de conectividad a internet.

• Reparación de infraestructura.

• Administración de los servicios de alimentación.

• Profesionalización de las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE).

Inclusive, se podría llegar a pensar en que los grupos privados o empresariales ofrezcan otro tipo de servicio de índole más sistémico como son:

• Promover la gestión de donaciones desde el sector privado a los centros educativos, de forma similar a la gestión privada profesional del grupo ReachingU de Uruguay.

• Gestionar la distribución o incluso la administración de los fondos que van dirigidos a los centros educativos.

• Rediseñar el modelo de cogestión entre la escuela y la comunidad que se promueve desde las diferentes legislaciones, para que logre ser efectivo.

Estos son algunos de los negocios que se pueden llegar a impulsar a partir de estos estudios exploratorios que desarrolla EDUCA junto con el BID

EDUCA y las jubilaciones del magisterio

Ese mismo año, 2019, EDUCA publicó el estudio “Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio: Recomendaciones de política pública para su sostenibilidad” (EDUCA, 2019).

El sistema de pensiones y jubilaciones es administrado por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA). El estudio de EDUCA se centra en la sostenibi-

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lidad financiera Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio con las normativas que rigen actualmente y pensando en la sostenibilidad a largo plazo según el fondo existente y el fondo previsto a futuro.

El INABIMA es una dependencia del MINERD y la institución tiene presupuestado el pago de las prestaciones de vejez y discapacidad del programa. Actualmente, INABIMA paga las prestaciones en función de un último salario, a lo que EDUCA señala que un sistema que fije las prestaciones en función de un promedio de varios salarios rebajaría las prestaciones (EDUCA, 2019, p. 124).

El estudio analiza que el INABIMA cuenta con “un fondo para el pago de prestaciones, con el compromiso de irse acumulando como mínimo hasta 2038, y que posteriormente, se utilizaría para financiar las prestaciones que no pudieran ser cubiertas con las aportaciones”. (EDUCA, 2019, p. 124).

Entre otras cosas, el estudio de EDUCA considera que diversificar los instrumentos de inversión que utiliza el fondo puede aportar mayor rentabilidad. Esta recomendación puede acarrear riesgos pues en el mercado de inversión es un ámbito de incertidumbre y a pesar de mediar seguros y otras garantías, se dan casos en los que no se cumplen los compromisos y en los que, en casos de perdida, estas se trasladan a los inversores.

En síntesis, EDUCA hace algunas recomendaciones de tipo sutil y otras más evidentes.

Algunas de las recomendaciones con carácter más sutil, son:

• Que se revisen las opciones para jubilación (causales jubilatorias) para “evitar retiros prematuros de profesionales en plena edad activa”.

• Bajar los montos de las jubilaciones mediante un nuevo mecanismo de cálculo que consiste en no basar el monto de la jubilación en el salario en el momento de la jubilación, sino en un promedio de salarios de los últimos cinco años.

Otras recomendaciones se refieren a una reestructuración más evidente:

• Incrementar los incentivos para permanecer en la carrera por mayor tiempo. Por ejemplo, incluir el requisito de haber acumulado más de 30 años en servicio, y reducir el porcentaje del salario otorgado como pensión.

• Relacionar el porcentaje de salario a recibir como pensión, a la expectativa de vida al momento de jubilarse. De esta forma, se le da más peso a la edad del docente al momento del retiro.

• Reestructurar el esquema de beneficios, de forma que el porcentaje de salario

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a recibir como pensión incremente con la edad de retiro, en lugar de incrementar con el tiempo en servicio.

Diseñar un sistema con una combinación de esquemas de pensiones funcionando de forma complementaria: incluir un esquema complementario de capitalización individual, a través del cual se incremente la pensión de cada docente en función del volumen de aportes realizados y su esperanza de vida (EDUCA, 2019, pp. 82-83).

EDUCA ha dado pasos en la dirección que ya se anunciaba en el 2014, cuando publicó el estudio sobre el gasto en educación y ya adelantaba sus críticas al formato de las jubilaciones. Nuevamente, lo que se evidencia es que este grupo empresarial continúa explorando ámbitos de negocio en el sector educativo público.

EDUCA tiene la capacidad de marcar la pauta a las otras redes del sector privado que se articulan en REDUCA. No en vano, Empresarios x la Educación en Colombia, ReachingU en Uruguay, Juntos por la Educación en Paraguay o FEREMA en Honduras, también están siguiendo un modelo centrado en la investigación, la venta de servicios y el lobby permanente.

EDUCA y la formación para el empleo

En la línea de alinear el proceso educativo con las necesidades del mercado que también tienen otros grupos empresariales en la región, EDUCA también recibió una cooperación Técnica de BID FOMIN por US$ 2,073,304 para el proyecto 3, centrado en el diseño de un plan de formación y empleabilidad juvenil. La cooperación se desarrolló del año 2014 al año 2017.

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Figura 3 EDUCA

Nota: Página de EDUCA

Tomando en cuenta que las Cooperaciones técnicas del BID buscan impulsar nuevos nichos de negocio, es muy posible que a partir de este diseño, se podrá escalar un programa nacional de educación para el mercado de trabajo.

Esto sería coherente con la Ley 01-12, Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que prioriza la transformación de los subsectores de educación superior y formación técnico profesional (CES; 2018, p. 24).

Esta mirada de formación para el empleo coincide con las recomendaciones de la OCDE para reformar la oferta secundaria en este sentido y ha propuesto que se dé “una estrecha colaboración con los actores del mercado laboral; mayor respuesta de los centros educativos para identificar las necesidades del mercado laboral” (OCDE, 2016). Actualmente están vigentes una multiplicidad de proyectos que buscan que la educación secundaria se convierte cada vez más en una formación para el empleo.

EDUCA durante la pandemia

El OLPE ha advertido cómo el contexto de pandemia abre nuevos nichos de negocio para los sectores que buscan lucrar y posicionarse como proveedores de servicios educativos, mediante la formación docente, el diseño de material educativo digital o el apoyo en temas de gestión y administración educativa.

Durante la Pandemia, EDUCA anunció el desarrollo del curso “Desarrollo de competencias tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la nueva normalidad (PNUD/EDUCA)” en Alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. La propuesta de la capacitación fue elaborada junto con la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU y estaría orientada a capacitar “a los docentes y el personal técnico-pedagógico del sistema educativo dominicano en todos sus niveles y modalidades en habilidades pedagógicas, gestión curricular y plataformas tecnológicas”.

En el momento en que se elaboraba este documento, el Ministerio de Educación de República Dominicana, no había publicado ningún informe sobre dicho proceso de capacitación.

Panamá I Tierra fértil para negocios futuros

Inicia Educación

Inicia Educación es un fondo de inversión de impacto de la empresa privada Inicia.

INICIA se presenta como “una firma privada de administración de activos que opera a través de sociedades con gestores especializados enfocados en la Región Norte de América Latina (NOLA), con el fin de generar valor a largo plazo para inversionistas, clientes, socios y asociados” (INICIA, s.f.).

INICIA informa que hace sociedades con grupos consultores para gestionar sus inversiones. A modo de ejemplo, entre estos grupos o firmas consultoras se encuentran:

• Agrega Partners, una empresa que administra activos y asesora operaciones de inversión y tiene oficinas en Venezuela, República Dominicana, Miami y Panamá.

• DAF Management, una empresa que brinda servicios de asesoría y gestión para la “recuperación de valor y monetización de activos problemáticos” (INICIA, s.f.).

• Putney Capital Management, que es una consultora especializada en los sectores de industria, agroindustria y energía, con énfasis en fusiones y adquisiciones, con oficinas en República Dominicana y Puerto Rico.

• INICIA Educación Managers es una empresa que administra el Fondo de Inversión de Impacto INICIA Educación (INICIA, s.f.).

Es decir, INICIA EDUCACION es una firma consultora que administra y asesora a capitales privados en la inversión en factores relacionados a la educación.

Al visitar el portal web de INICIA Educación se presenta como un “fondo de inversión de impacto destinado a invertir en los factores que más influyen en el mejoramiento del sistema educativo dominicano, cuantificando el resultado y el valor generado a través de los indicadores el mismo” (INICIA EDUCACION, s.f.).

Se han observado en Uruguay otras formas de asesoría al capital privado para participar en educación, donde el grupo ReachingU vende servicios a Fundaciones y grupos privados para participar en proyectos educativos, fundaciones y grupos que al participar en proyectos educativos pueden beneficiarse con la exención de impuestos establecidos en la ley uruguaya.

No obstante, INICIA Educación asesora para la inversión de impacto. La inversión o bonos de impacto son formas de movilizar recursos privados, que se diferencian de

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las donaciones tradicionales, porque en la inversión de impacto el que coloca el capital espera recibirlo de vuelta o incluso, recibir alguna ganancia aunque sea simbólica.

La inversión de impacto son inversiones de capital, generalmente hechas por empresas o fondos de inversión, y que pueden resultar en bienes sociales o medioambientales y que generan retornos de la inversión. Estos retornos pueden ser la devolución del capital inicial invertido o incluso el capital inicial sumado a una rentabilidad más bien simbólica, por debajo de la rentabilidad del mercado.

Algunas veces, los capitales que tienen prioridad de rentabilidad y ganancia financieras pueden “colaborar” con los capitales que tienen prioridad de impacto social.

¿Qué es la inversión de impacto?

El otro elemento que se debe tomar en cuenta es que este modelo de inversión de impacto es relativamente innovador en la región y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es uno de los principales promotores de este modelo.

En el pasado, el BID ha diseñado propuestas para Bonos de impacto en educación en el Estado de Sao Paulo. Ese proyecto aún no ha avanzado de la fase de diseño (BID, 2021).

El BID señala que en los últimos años, América Latina ha visto un aumento en el uso de mecanismos de pago por éxito para financiar programas sociales, incluidos BID y BIS, también conocidos como Contratos de Impacto Social o CIS en Chile y Vínculo de Impacto Social (VIS) en Argentina (BID, 2021, p. 21).

De hecho, los bonos de impacto social se conocen como Pagos por resultados o Pago por éxito.

En ese sentido, el BID explica que un pagador de resultados (generalmente uno o más organismos del sector público) acepta pagar por los resultados entregados por los proveedores de servicios y, a menos que se logren esos resultados, el pagador de resultados no paga. Donde un

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BIS difiere de un contrato de PpR es que los proveedores en el modelo de BIS no usan su propio dinero para financiar sus servicios hasta que se les paga; en cambio, el dinero se recauda de ‘inversionistas sociales’ que reciben un rendimiento si se logran los resultados (BID, 2021, p. 21).

Este formato es la síntesis de llevar la gestión pública centrada en resultados, desempeño y evaluación.

Portafolios de Inversiones coinciden con líneas del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. En este momento, INICIA EDUCACIÓN asesora a varios “porfolios” (grupos de proyectos) de inversiones de impacto, con capitales de grupos privados que han colocado sus recursos en áreas de gestión del sistema educativo. Estos portafolios incluyen:

Apoyo al MINERD: inversiones enfocadas en procesos de gestión del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para el sistema de gestión de la información, selección del personal del MINERD y otros relacionados a la planificación institucional. Estas inversiones están enmarcadas en un Acuerdo de Cooperación, vigente desde el 2011 (INICIA EDUCACION, (s.f.).

Fortalecimiento Institucional de la ISFODOSU: Iniciativa enfocada en los perfiles basados en competencias en la carrera de Educación Inicial.

Fortalecimiento de Dirección de evaluación de aprendizajes: inversión enfocada en la “revisión, mejora y fortalecimiento de los procesos de pruebas nacionales desde su construcción, análisis, implementación y reporte” (INICIA Educación, s.f.).

Proyecto Piloto de Inducción a la Carrera Docente: inversión en el proyecto piloto de la formación y acompañamiento dentro del aula o “in situ” a docentes que inician su primer año de nombramiento y en el marco de la certificación de la carrera docente (INICIA Educación, s.f.).

Proyecto Escuelas Efectivas: esta es una inversión de impacto en el proyecto que diseño la universidad privada católica La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), centradas en la formación y acompañamiento pedagógico a profesores que enseñan matemáticas en Educación Básica en 125 escuelas del país (INICIA Educación, s.f.).

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En el momento de elaboración de este documento, no se había tenido acceso a un informe de rendimiento de inversiones de INICIA Educación ni algún informe de sostenibilidad, que permitiera identificar los mondos de las inversiones ni el estado del retorno o si existiera rentabilidad para quienes han invertido en estos proyectos.

Se debe tomar en cuenta que letras inversiones de impacto muestran un énfasis en la gestión institucional, que es uno de los ejes de inversión del 4 %.

Como se observa, las líneas de inversión que han elegido los grupos inversores de INICIA Educación, están alineados con el Pacto Nacional de la Reforma Educativa, pues en el Pacto se ha dado un espaldarazo a los procesos de evaluación, gestión institucional, etc.

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Las ONG se profesionalizan para vender servicios

También se ha observado que la ONG buscan profesionalizarse y vender servicios para posicionarse como actores con capacidad de “incidencia”. Entre estas resalta la Alianza ONG, que se describe como una “red multisectorial de organizaciones de la sociedad civil”.

Es importante recordar que la Alianza ONG es uno de los firmantes del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Entre los servicios que ofrece la Alianza se encuentran las capacitaciones sobre el derecho de las asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana”.

Estas capacitaciones se ofrecen en coordinación con la Escuela de Derecho de la Universidad APEC y el International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) y tienen como fin mejorar los “conocimientos sobre el derecho a la libre asociación, el marco legal del sector sin fines de lucro, y otras legislaciones aplicables en la gestión de las ONG” (Alianza ONG).

Las ONG tienen una estructura para la acción a lo interno del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Esta estructura es el Consejo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL). Recientemente la Alianza ONG fue electa como representante de la sociedad civil ante el CASFL del MEPyD para el período 2019-2021.

El Consejo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro tiene la tarea de aprobar las normativas y los reglamentos que rigen el funcionamiento de las asociaciones sin fines de lucro, su promoción y su fomento.

La Alianza ONG, especialmente a partir de este nombramiento, tiene la finalidad de lograr mayor peso por parte de las ONG en los diferentes procesos de toma de decisión en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la Agenda 2030 sobre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Además de la Alianza ONG, en el CASFL se sientan:

• La Fundación Dominicana Para el Desarrollo Integral (FUNDESI);

• Patronato Hogar Divino:

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• Unión Deportiva de la Provincia Santo Domingo (UDEPROSADO) y

• Asociación de Hoteles Restaurantes y Empresas Turísticas de la Zona Norte (ASHONORTE)

Según lo informa la propia organización Alianza ONG, Actualmente, la acción de las ONG que están sentada en esta estructura del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se enfoca en buscar que se implemente el nuevo Sistema Integral de Gestión de las Asociaciones sin Fines de Lucro (SIGASFL), el cual podría usarse como plataforma para acogerse a distintos beneficios, así como para regular el registro y rendición de cuentas de las ONG.

Además, el Sistema Integral podría facilitar los mecanismos de diálogos con el gobierno en torno a los beneficios y la situación fiscal de las ASFL, así como el acceso de estas a distintos convenios, financiamiento y alianzas público-privadas.

Para tener un marco de acción más amplio, las ONG estarían promoviendo que se genere un reglamento a la Ley 61-13, desde la cual se regula la actividad del voluntariado en República Dominicana. Las actividades de las ONG aún se entienden como actividades de voluntariado y la Ley 61-13 atribuye responsabilidades al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.

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Un negocio educativo muy lucrativo: la educación religiosa

En República Dominicana, existen diferentes oligopolios de escuelas confesionales.

Como se detalló a inicios de este documento, los sectores religiosos tienen participación en el Consejo Nacional de Educación, con la representación de:

• La Conferencia del Episcopado Dominicano.

• Las iglesias cristianas no católicas.

• Los colegios privados católicos.

• Los colegios privados confesionales no católicos (MINERD, 2006, p. 5)

La Unión Dominicana de Instituciones Educativas y Privadas (UDIEP), agrupa más de 4000 colegios privados, entre ellos los que pertenecen al Grupo Acción Cristiana RD o a la Asociación de Colegios Cristianos Reformados (Cocref) atendió a más de 2,900 estudiantes en sus instituciones educativas.

En el año 2018, la UDIEP lanzó la primera escuela de directores de instituciones privadas, en el marco de un convenio con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Esta escuela de directores también fortalecería algunas capacidades de docentes y de estudiantes (El Caribe, 2019).

Por su parte, la Asociación de Colegios Cristianos Reformados (Cocref) atendió a más de 2 900 estudiantes en sus instituciones educativas. La COCREF informa de una inversión de US$ 948 893, es decir, casi un millón de dólares, (RD$ 50 millones de pesos dominicanos) en la ampliación de planteles escolares.

En el año 2018, la COCREF anunció su “fusión” con la Asociación de Ministerios Mundiales de la Iglesia Cristiana Reformada de América del Norte en República Dominicana (AMMICRAN) y el Centro de Misión Transformadora Dominicana (CMTD) para formar una nueva organización bajo el nombre de Fundación de Liderazgo Transformador-Sinergia FLT.

En su portal web, el grupo Sinergia FLT se presenta a sí misma como una organización que apoya a centros cristianos a través de “Capacitación y mentoría del liderazgo, los docentes y administradores escolares; la construcción y remodelación de instalaciones físicas de las escuelas y el acceso a herramientas y recursos para asegurar una educación de calidad centrada en Cristo” (Sinergia FLT, 2021).

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El portal web de este grupo privado confesional enlista entre sus programas operativos, tres actividades vinculadas con la educación:

• “Mejoramiento escolar”.

• “Apoyo a estudiantes”.

• “Escuelas centradas en el Evangelio” (Sinergia FLT).

También se informa de campamentos de verano y eventos para “Líderes de Escuelas Cristianas”, cuyos contenidos pueden interpretarse como una ruta de la pedagogía de este grupo privado de la fe:

• Las distintas mentalidades en el aula.

• Alinear la práctica con la visión y la misión (Nuestras esperanzas y sueños).

• Alinear la práctica con la visión y la misión (Vivir la narrativa).

• Creando cultura, construyendo carácter y mejorando la comunidad en el aula.

• Creando proyectos con propósito.

• El entorno del aprendizaje (Sinergia FLT).

Este grupo privado tiene desarrolladas unas de las alianzas más estratégicas con otros grupos privados de la fe. Por ejemplo, con el grupo “Edu-Deu ministries” de Canadá, compuesto por iglesias evangélicas y tiene como objetivo avanzar en proyectos educativos cristianos alrededor del mundo. Actualmente tiene proyectos educativos en Belice, Nicaragua, Haití y República Dominicana (además en Etiopía y Zambia y Ghana).

En su informe anual 2018-2019, el grupo canadiense informa que recogió $2 735 203 en el periodo de julio 2018 a junio 2019 (Edu-Deu). De este monto, un 86.3 % se dedicó a “colaborar con los proyectos de las iglesias aliadas” y un 8.6 % al desarrollo de las escuelas cristianas.

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Figura 4. Resumen Financiero

Nota. Recuperado de Edu-Deu

Este nivel de organización y alianzas internacionales no debe tomarse a la ligera. La capacidad de recopilación y de movilización de fondos de estos grupos privados del negocio de la fe es amplia.

En materia de proyecto educativo, estos grupos empresariales de la fe buscan generar sus propios contenidos y procesos de formación docente y han demostrado tener la capacidad de hacerlo. Incluso, siendo firmantes del Pacto por la Reforma Educativa, ya han contradicho algunos de los acuerdos, en función de sus posturas ideológicas y religiosas.

Un ejemplo es el caso de la organización grupo Acción cristiana, que se define como: una organización de la sociedad civil dominicana, sin fines de lucro, que lucha por mantener los principios cristianos que fueron fundamentales en la construcción de la civilización occidental, y que se encuentran en peligro frente al globalismo impuesto, la ideología de género totalitaria y la cultura neopagana, que se quieren implantar globalmente.

En mayo de 2019, el grupo Acción Cristiana RD (GAC), junto con otros grupos cristianos propietarios de colegios, rechazaron la ordenanza del MINERD para la equidad de género (Listín Diario, 2019).

Esto además es contradictorio del Pacto Nacional por la Reforma Educativa 20142030, en el que se acordó Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual – reproductiva, el conocimiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, así́ como la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables (CES, 2018, p. 13).

El Grupo adelanta que continuará opuesto a estos contenidos educativos pues una de las tareas inmediatas del grupo es debatir y poner en evidencia por qué el proyecto de ley que pretende implementar una educación sexual desprovista de valores y de responsabilidades, basada sólo en la necesidad biológica y la búsqueda del placer, representa una usurpación de los derechos de los padres y en último caso un abuso de la autoridad (GAC).

A medida que continúe fortaleciéndose el poder económico de estos grupos, podrá seguir fortaleciéndose su avance de un modelo pedagógico propio, centrado en los dogmas de la fe, generando un sistema educativo paralelo.

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Colegios públicos de gestión evangélica

El MINERD promovió un convenio con la Mesa de Diálogo y Representación Evangélica para promover el traslado de 134 centros educativos previamente gestionados por las Iglesias Evangélicas para que sean cogestionadas como escuelas públicas de gestión evangélicas (MINERD). Al firmar el Convenio, el Ministerio de Educación se compromete a la cogestión público-privada de 38 centros educativos.

El gobierno deberá destinar fondos para contratar (como parte de su nómina) el personal docente de dichos centros y a otorgarle los “mismos beneficios y obligaciones que rigen para sus empleados, y de acuerdo con las normas de su Manual Operativo de Centros Educativos Públicos (MOCEP)” y para brindarle capacitación.

Esta es una gran noticia para la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos Privados, pues el MINERD financiará los locales propiedad de las iglesias y además construirá planteles educativos y los entregará en concesión para que sean administración de las instituciones cristianas.

A partir de este convenio, el Estado dominicano garantizará el acceso gratuito para más de 14 000 estudiantes a la modalidad de jornada escolar extendida.

Durante la firma del Convenio, en el mes de febrero del 2019, Andrés Navarro, el Ministro de Educación, argumentó que la cogestión es lograr que “no se pierda el valor de la fe en la educación dominicana a través de estos convenios” ( MINERD, 2019).

El Convenio fue firmado por diez instituciones educativas propiedad de entidades evangélicas privadas y siete del sector privado.

Tabla 2. Empresas dueñas de planteles privados que reciben subvención y lista de planteles privados

Empresas dueñas de planteles privados que reciben subvención

Asamblea de Dios

Fundación Cecaini

Colegio E. Arca de Cristo

Hogar E. Tía Tatiana

Iglesia Menonita

Colegio E. Nuevo Liceo

Colegio E. Shalom

Colegio E. Mayaje

Iglesia Reformada Colegio

Nuevo Renacer

Colegio Los Mellizos

Colegio Los Querubines

Nuestra Señora de la Altagracia

Iglesia Evangélica Misionera

Colegio Toribio

Colegio E. Juan 3:16

Colegio E. Emmanuel

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Lista de Planteles

Centro Educativo Ramón Taveras Lucas

Colegio Evangélico Emanue

Proyecto Educativo Cristiano Fluir de Alegría

Colegio Evangélico Juan 3:16

Colegio Evangélico Jerusalén

Colegio Evangélico Sinaí

Colegio Evangélico Villa Esfuerzo

Colegio Cristiano Peña de Horeb

Colegio Jericó Cristiano

Colegio Evangélico Bethel

Centro Educativo Toribio

Colegio Evangélico Génesis

Colegio Evangélico Betuel

Colegio Evangélico Simón Bolívar (Dajabón)

Colegio Evangélico Simón Bolívar (Loma de Cabrera)

Colegio Evangélico Emmanuel

Centro Educativo Juan Calvino

Colegio Evangélico Shalom

Evangélico Arca de Cristo

Centro Educativo la Trinidad

Centro Educativo Arenazo

Centro Educativo Río Grande

Colegio Nuevo Renacer

Simón Bolívar

Colegio Efraín

Colegio los Querubines

Los Mellizos

Colegio Cristiano Riobisa

Colegio Mayaje

Nuestra Señora de la Altagracia

Colegio Cristiano Reformado Renacer

Cristiano Nuevo Liceo

Evangélico Nacional

Hogar de Niños Tía Tatiana

Centro de Estudios Peniel

Colegio Cristiano Cocref Bermejo

Colegio Evangélico José de Jesús Ravelo

Colegio Evangélico Liceo Juan Isidro Pérez

Los sectores evangélico y católico están representado en el Consejo Superior de Educación, por tanto, ambos sectores son firmantes del Pacto nacional por la Reforma Educativa 2014-2030. Esto llama la atención, pues el punto 4.1.6 de dicho pacto se refiere a “promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la religión en la educación, como un compromiso del Estado” (CES, 2017, p. 12).

Es importante dar seguimiento a los consensos y alianzas que se puedan estar generando a partir de estos modelos de negocios educativos. Es una tendencia mundial y está orquestada desde estructuras internacionales de alianzas y apoyo entre grupos empresariales de la fe.

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A modo de conclusión

Como se señaló al principio de este documento, en República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación.

De hecho, sobresale la participación del sector privado empresarial, religioso y de la cooperación Internacional y otros actores no estatales y actores ajenos a la educación pública, en los ámbitos de toma de decisión, como son el Consejo Nacional de Educación (CNE) y el Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

También sobresale la capacidad que ha tenido el sector de organizaciones religiosas de firmar convenios y acuerdos para recibir fondos públicos e incluso, no tener la condicionalidad de implementar los contenidos del currículum nacional.

Uno de los factores más particulares del país es la forma de participación del sector privado nacional articulado en EDUCA. EDUCA está posicionada como un actor en la venta de servicios en investigación educativa, el diseño curricular, la formación docente y la negociación intersectorial, entre otros y desde República Dominicana, EDUCA tiene un liderazgo ante las otras redes del sector privado que se articulan en REDUCA en América Latina.

Como se pudo observar, los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación.

La desconfianza en el aparato estatal y las reiteradas evidencias de casos de corrupción en la función pública, juegan a favor de la participación privada en los diferentes niveles de la política educativa, así como de la cooperación internacional, principalmente la Agencia de EE. UU. para la ayuda (USAID) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

Esta misma desconfianza y falta de legitimidad de lo público, juega a favor de que las ONG y grupos privados, como EDUCA e INICIA Educación, se consolidan como actores aliados del Estado y no solamente aliados, sino como los aliados con el conocimiento y la legitimidad que supuestamente no tienen las autoridades.

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