Durante los años noventa, comenzando en El Salvador, el Banco Mundial impulsó procesos de descentralización, en países centroamericanos. Se caracterizó por iniciar hacia las unidades educativas y, particularmente, promovió la instalación de escuelas en el ámbito rural, supuestamente hasta donde el Estado no había logrado llegar con su cobertura regular. Era un nuevo modelo que suponía una ruptura con lo existente e implicaba una suerte de privatización social de la educación. En El Salvador el nuevo modelo se denominó Educación con Participación de la Comunidad (en adelante, EDUCO) y se convirtió en el eje de la política educativa en ese país. El “éxito” de este experimento en El Salvador, impulsó la creación de programas similares en Honduras, Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), en Guatemala, Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE), y en Nicaragua la llamada Autonomía Escolar.
