Colombia: El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley

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LA POLITICA EDUCATIVA EN COLOMBIA

El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley

ISBN 978-9930-548-10-3

379.861

I-61p Internacional de la Educación América Latina (IEAL)

La política educativa en Colombia: El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley / Internacional de la Educación América Latina (IEAL), Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) . San José, Costa Rica : Editorial Internacional de la Educación América Latina, 2023

102 páginas : ilustraciones a color, PDF

ISBN 978-9930-548-10-3

1. POLÍTICA EDUCATIVA. 2. EDUCACIÓN. 3. C OLOMBIA. I. Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE). II. Título

INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA (IEAL)

OFICINA REGIONAL, SAN JOSÉ, COSTA RICA

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Gabriela Sancho (Coordinadora Regional IEAL)

Gabriel Castro (Coordinador Regional IEAL)

Revisión filológica: Lucía Zúñiga Solano

Diseño: Estudio Casarli, Buenos Aires, Argentina

Disponible para descargar en formato electrónico en: www.ei-ie-al.org /ie americalatina /inteducacion /ieal /internacionaldelaeducación

Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Contenidos

Presentación

Introducción

Legislación vigente favorable al comercio educativo

La ley 715 promueve el comercio educativo

y la compra de servicios educativos a actores privados

Váuchers paces y Ser pilo paga. El Estado entregando fondos públicos en manos privadas

Programa de Váuchers “Paces”. La antesala de los experimentos

Programa Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) en Educación Superior

Ser Pilo Paga, otro modelo de lucro privado con fondos públicos Colegios por concesión. Un negocio con la vida de 40 000 estudiantes

¿Quiénes administran colegios concesionados?

Empresas que se retiran del negocio: Cajas de Compensación CAFAM y COLSUBSIDIO

COLSUBSIDIO

La discusión sobre el presupuesto educativo frente al lucro privado con fondos públicos

Contratos en primera infancia

Las ONG, empresas y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía

Corpoeducación: un oligopolio privado con el beneplácito del Ministerio de Educación

Programa Entre Pares MEN (2006) Balance del Plan Decenal de Educación 1996-2005. La educación, un compromiso de todos

Fundación Compartir

por la

Fundación Compartir
Todos
Educación Fundación Escuela Nueva FEN Fundación Luker Fundación Dividiendo por Colombia 7 11 13 15 18 18 19 20 22 25 27 28 29 29 31 32 36 37 38 38 39 40
y

El grupo Qualificar COREDI

Fundación Fe y Alegría. Negocios viejos y negocios nuevos

Lo último en negocios: la educación en el posconflicto

EDUCAPAZ: innovando las plataformas de negocios

El lucro en torno a la educación rural

Empresarios por la educación, el capítulo Colombiano de REDUCA

Empresarios en Mesas Intersectoriales y articulaciones regionales por la Educación

Más proyectos educativos de los empresarios

Muestras de poder del sector privado

Negocios que habilitan nuevos negocios: redes privadas que se benefician con fondos públicos

La inversión en infraestructura pública también ha resultado en un negocio privado

Investigaciones por responsabilidad fiscal en alianzas público-privadas

Investigaciones de alianzas público-privada en el Departamento de Antioquia

Investigaciones de alianzas público-privadas en el Departamento del César

Investigaciones de alianzas público-privadas en el Departamento Atlántico

Las irregularidades que debilitan la educación pública

Los desafíos de llevar educación púbica a las zonas afectadas por el conflicto armado

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A modo de conclusión Anexos Fuentes bibliográficas 40 41 43 47 47 49 52 54 55 56 58 59 62 63 64 64 66 67 71 73 94

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Lista de siglas y acrónimos

ACCES

Programa Acceso con Calidad a la Educación Superior

ANDI

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

ARED

Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo

ATAL

Aprendizaje de la Lectura y Escritura

Inicial

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAFAM

Caja de Compensación Familiar

CARED

Corporación Arquidiocesana para la Educación

CDI

Centro de Desarrollo Integral

CEIBA

Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental

CIER

Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional

CINEP

Centro de Investigación y Educación

Popular

CGR

Contraloría general de la República

COCEP

Corporación Centro Pedagógico Siglo XXl

COREDUCAR

Corporación Nacional para la Educación Rural

COLSUBSIDIO

Caja Colombiana de Subsidio familiar

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social

Corpoeducación

Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación

COREDI

Corporación Educativa para el Desarrollo

Integral

ECAS

Escuelas de Campo Agroecológicas

EDUCAPAZ

Nacional de educación para la paz

ExE

Empresarios por la Educación

ETC

Entidades territoriales certificadas

FFIE

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media

FEN

Fundación Escuela Nueva

GED

Goce Efectivo de los Derechos

GIZ

Sociedad Alemana de Cooperación

Internacional

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar

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ICETEX

Instituto Colombiano de Crédito

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez

ICFES

Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior

IDE

Índice del Derecho a la Educación

IFI

Institución Financiera Internacional

MEN

Ministerio de Educación Nacional

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIM

Organización Internacional para las migraciones

OLPE

Observatorio Latinoamericano de Política

Educativa

ONG

Organización no Gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PNIE

Plan Nacional de Infraestructura

Educativa

PER

Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector

Educativo Rural

REDUCA

Red Latinoamericana por la Educación

RTE

Régimen Tributario Especial

SNATC

Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos

SNET

Sistema Nacional de Educación Terciaria

SIIPE

Sistema de Información de la Inversión

Pública y Privada en Educación

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

TPE

Todos por la Educación

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNESCO

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas.

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones

Unidas

USAID

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UE

Unión Europea

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Presentación

Este documento ofrece un análisis sobre la política pública educativa, a partir de los escenarios encontrados en doce países de América Latina. Por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

A partir de los documentos, leyes e informes analizados, se constata que actualmente, la política educativa pública en América Latina se caracteriza por la amplia injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de agencias internacionales de cooperación; la naturalización de los mecanismos de alianzas público privadas y de forma más creciente, la consolidación de actores privados y empresariales que participan en el diseño, la gestión y la ejecución de la política educativa.

La consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en política pública. Los sindicatos de educación de América Latina fueron los primeros en señalar cómo las políticas de signo neoliberal deterioran la política pública educativa pública y responsabilizan al cuerpo docente de este deterioro, al tiempo que abren la puerta a grupos empresariales para que comercien servicios y lucren con la educación publica.

Ante el avance del proceso de privatización y comercio educativo a nivel mundial, la Internacional de la Educación (IE) impulsó una Campaña de respuesta global (Global Response), para enfrentar dicho proceso y defender la vigencia de la educación pública con calidad, laica, gratuita y obligatoria garantizada por el Estado como derecho social. En coordinación con esta campaña, en el 2016, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) inició un monitoreo de las principales tendencias del comercio educativo y, en el 2018, se publicó un estudio que demostraba que el comercio educativo percibido en los países, responde a una lógica con expresión mundial y regional.

En el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, los sindicatos de educación de la Internacional de la Educación en América Latina se comprometieron a acompañar su acción político-sindical con procesos de investigación y reflexión para proponer política educativa alternativa a la que se ha estado desarrollando en la región.

En esta nueva entrega, el OLPE analiza el comportamiento del comercio educativo en doce países de la región, en donde se observan las siguientes tendencias:

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1. Las metas educativas establecidas en Jomtien y de Dakar promovieron el endeudamiento de los países con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar reformas educativas. La política de endeudamiento para sostener la política educativa se mantiene hasta la fecha en cada uno de los países. Uno de los signos principales de estas reformas fue promover las evaluaciones estandarizadas a docentes y estudiantes, la reducción del currículo y promover que los Ministerios de Educación actuaran con el modelo de alianzas público-privadas.

2. El impulso de este tipo de reformas fue posible gracias a la tendencia neoliberal implantada en América Latina, sumado a la llegada de los sectores empresariales a cargos e instituciones públicas.

3. La alianza público-privada es una fórmula instalada en todos los países. Por un lado consolida las oportunidades para el lucro privado con dinero público y, por otro, juega a favor del desmantelamiento paulatino del sistema educativo público.

4. La llegada de gobiernos de signo neoliberal facilitó la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), que provocó una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles.

5. A partir de Jomtien, Dakar y ahora Incheon (2015), los actores del sector privado, de la cooperación internacional y de las IFI, consolidaron su presencia en la definición de la política pública educativa. Un ejemplo son los Consejos Nacionales de Educación, cuerpos multisectoriales donde además de los gobiernos, los actores privados, empresariales y religiosos se involucran directamente en la toma de decisiones. En algunos casos, estos consejos son financiados con fondos de la cooperación internacional y promueven acuerdos que estimulan el comercio educativo e incluso, contradicen las leyes de educación.

6. Sumado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha constituido en un actor decisivo en la definición de la política educativa con carácter mercantilista. En materia educativa, la OCDE recomienda la eliminación de la gratuidad universal a favor de la gratuidad “focalizada”, el diseño de presupuestos basados en resultados, el impulso de agencias de evaluación educativa que puedan tener carácter privado, la evaluación estandarizada para docentes y estudiantes, la participación de actores privados en la prestación de servicios educativos, la exclusión de los sindicatos en niveles de toma de decisión, así como reformas profundas en secundaria que pasan por la reducción de años de estudio y del currículo.

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7. En los países estudiados, tanto Organizaciones no gubernamentales (ONG) como grupos privados, fundaciones y grupos religiosos, le venden servicios a los Ministerios de Educación y a ONG internacionales, favoreciendo una red de negocios privados que lucra a costas de la educación pública.

8. Se constata que los ministerios de educación muestran amplia expertise en materia de alianzas con la cooperación internacional, ONG internacionales y compra de servicios a privados. Estos servicios incluyen desde programas de gestión y administración interna de los ministerios de educación, sistemas de gestión y centralización de datos, formación docente, diseño curricular, evaluación docente y estudiantil y gestión y administración de centros educativos. Sobresalen los acuerdos con USAID, Fe y Alegría, Telefónica- Movistar y la Unión Europea, entre otros.

9. Los sectores empresariales en cada país han configurado plataformas de coordinación para incidir directamente en la política educativa como Empresarios por la Educación, Juntos por la Educación, etc. que a su vez constituyen la Red latinoamericana por la educación (REDUCA). Los grupos privados organizados en REDUCA establecen alianzas con las autoridades educativas, capturan recursos de cooperación, tienen presencia en los medios de comunicación, fomentan la reducción del currículo y promueven miradas críticas y descalificadoras del personal docente, al tiempo que generan presión para el recorte de derechos laborales en el sector educativo.

10. Los procesos de comercio educativo han profundizado el deterioro de las condiciones de trabajo docente, pues las reformas educativas han promovido la inestabilidad laboral, la reducción de los derechos laborales y la violación del derecho a organizarse, a firmar pactos colectivos y a participar en huelgas.

11. La intromisión de los grupos privados en la definición de la política educativa se ha hecho aún más evidente en el contexto de la crisis sanitaria causada por COVID-19. Durante la pandemia, la respuesta estatal se ha basado en las alianzas público-privadas para distribuir contenidos digitalizados y herramientas pedagógicas, así como formación docente para el uso de herramientas digitales en pandemia, promoviendo el rol del sector privado y de transnacionales tecnológicas en la política pública educativa.

12. Previo a la pandemia, estos actores privados habían liderado experimentos públicoprivados en la educación pública para implementar planes piloto en herramientas virtuales y productos de empresas tecnológicas. Ejemplo de ello fue el Plan Ceibal,

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una Computadora por niño y “la maleta” del proyecto PROFUTURO de Telefónica Movistar. Todos esos proyectos no tenían una perspectiva pública y con la llegada de la pandemia, fueron irrelevantes para garantizar el derecho a la educación pública.

Este documento da cuentas de la expresión de comercio educativo en el ámbito nacional, entrelazando la información encontrada en legislaciones, publicaciones, informes y noticias. El documento detalla las leyes y las prácticas que favorecen la participación del sector empresarial y las instituciones internacionales en los mecanismos de toma de decisión, la carrera de las Fundaciones de empresas privadas y las ONG por conquistar nichos de negocio y la naturalización de la presencia de grupos privados y empresariales que le hablan al oído a las autoridades educativas.

El OLPE es una herramienta al servicio de la acción política sindical de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina y busca poner a disposición información actualizada y documentada que acompañe la acción sindical y la defensa del derecho a la educación pública en la América Latina.

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Introducción

En Colombia existe un nivel muy sofisticado del negocio educativo. El Estado colombiano tiene ampliamente instaurada la práctica de las alianzas público-privadas en la prestación de servicios públicos. La educación pública no es la excepción. Una de las principales formas de comercialización de la educación que se han encontrado en Colombia es la compra de servicios a grupos privados con fondos públicos. Esta compra se da de forma sistemática y está amparada por normativas legales vigentes.

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos.

Se observa cómo las autoridades educativas a nivel nacional y a nivel departamental han naturalizado e institucionalizado el mecanismo de la compra de elaboración de contenidos y otros servicios educativos a los grupos privados. Junto con este mecanismo, las autoridades educativas han naturalizado la introducción del enfoque empresarial en el diseño de los modelos administrativos y pedagógicos, sin poner ningún obstáculo. No en vano, el sector privado que lucra con la educación; aparece como el principal aliado del sector público para llevar adelante todas las facetas de la política educativa.

Es posible que en el proceso del posconflicto, surjan más empresas para responder una demanda en el mercado educativo rural, especialmente en aquellos municipios donde está apenas rearmándose el tejido social, político y económico . En esas regiones, la demanda por el acceso a la educación en todos los niveles abre la puerta a muchos nuevos negocios en educación, pues el Estado podría decidir no hacerse presente como garante del derecho de la educación, sino “tercerizar” esa tarea mediante alianzas público-privadas.

Durante la pandemia, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia mantuvo la tendencia de convocar al sector privado. En coordinación con el Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES, se invitó a grupos privados a donar sus

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programas de formación virtual gratuitos. Además, al igual que se detectó en otros países, desde el portal del Ministerio de Educación Nacional, se distribuyeron productos digitales que mantienen los logos publicitarios de las empresas transnacionales que los donaron, como ocurre con el material donado por Telefónica Movistar.

El Observatorio Latinoamericano de Política Educativa – OLPE- identificó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va a impulsar una Asistencia técnica “Apoyo al aprendizaje de la lectura y escritura inicial en respuesta a la crisis del COVID-19” en Colombia. Con esta asistencia se van a sostener acciones para la “adaptación de los programas de Aprendizaje de la Lectura y Escritura Inicial (ATAL) en modalidades semipresenciales, remotas y a distancia” (BID 2020), lo cual puede generar nuevas formas de negocio para actores privados que venden servicios educativos.

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Legislación vigente favorable al comercio educativo

La Constitución Política Colombiana del año 1991 ha impulsado la descentralización de distintos servicios públicos, entre ellos, del sistema educativo. Específicamente, los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política transfieren a los Departamentos y los Municipios la responsabilidad de brindar educación desde preescolar hasta secundaria. Ninguno de estos artículos de la Constitución Política plantea una limitación para que dichas entidades territoriales concesionen la prestación de servicios a oferentes privados o bien, los gestionen mediante alianzas de naturaleza público-privada.

El artículo 356 de la Constitución Política establece el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, que obliga al Estado a transferir recursos a los departamentos y municipios para que estos presten los servicios de educación. El artículo 1 del acto Legislativo del año 2007 reforma el inciso cuarto del artículo 356 (Corte Constitucional, 2016), quedando este de la siguiente manera:

Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre (p. 132).

A este mismo artículo se le adicionó, mediante el Acto legislativo 4 del 2007, el mandato para que el gobierno generara una

estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (…) deberá́ fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas (p. 133).

La intención de que haya control social del uso de los fondos puede ser positiva, pero abre el portillo a la participación, en esos procesos de control, de grupos privados y empresariales con intenciones de lucro educativo.

La ley 715 del año 2001 crea el Sistema Nacional de Participaciones. La destinación específica para el sector educativo se denomina “participación para educación” (p.2). La Ley 715 de 2001 establece que el 58.5 % de los fondos del Sistema General

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley de Participaciones se destinan a la educación en los territorios. Un 24.5 % está destinado a la educación y un 17 % a otros recursos de propósito general.

El Sistema General de Participaciones Educación se desagrega en prestación de servicios y restaurantes escolares.

El Artículo 6 de la Ley 715 faculta a los Departamentos para acreditar a los Municipios “que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones”. Estos municipios pueden tener acceso a los Fondos de Servicios Educativos, que son recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución.

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Específicamente, el Artículo 27 faculta a los municipios a “contratar la prestación del servicio con entidades estatales o no estatales, que presten servicios educativos, de reconocida trayectoria e idoneidad, previa acreditación, con recursos del Sistema General de Participaciones” (p. 22). La decisión de a quién contratar queda en manos de los municipios, los cuales además están facultados por el Artículo 8 de esta Ley a aportar recursos propios cuando los costos del servicio superen la partida disponible en el Sistema Nacional de Participaciones (p. 8).

Esta facultad para contratar servicios no estatales, en combinación con el Artículo 27, puede generar la especulación y una tendencia al cobro de sobre precios por parte de los grupos privados. Específicamente, el Artículo 27 permite que las entidades no estatales establezcan costos por alumno que sean mayores a los definidos por el gobierno nacional, en cuyo caso, los municipios deben pagar el costo extra de sus propios fondos. Esto se regula de la siguiente manera

Cuando con cargo al Sistema General de Participaciones los municipios o distritos contraten la prestación del servicio educativo con entidades no estatales, el valor de la prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no podrá ser superior a la asignación por alumno definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley (p. 22).

El Artículo 13 de esta ley refuerza la noción de que la compra de servicios a terceros implicaría la prestación más expedita del servicio, e incluso el mejor manejo de los fondos. Este artículo faculta la celebración de contratos que tengan por objetivo “conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso de los recursos públicos” (p. 12).

A pesar de esta noción, existen abiertas varias causas por mal manejo de los fondos públicos en la compra de servicios a oferentes no estatales. Estos casos se recuperan en este documento en el apartado denominado “Investigaciones por responsabilidad fiscal en alianzas público-privadas”.

Las decisiones que rigen la toma de decisiones en materia educativa en Colombia están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Todos por un nuevo

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La ley 715 promueve el comercio educativo y la compra de servicios educativos a actores privados

Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley país”, cuyos objetivos se desarrollan en la Ley 1753 del año 2015. La Educación es uno de los pilares de este Plan de Desarrollo, junto con la Paz y la Equidad. Entre otras cosas, el Plan de Desarrollo establece los lineamientos en materia de calidad y el financiamiento de la educación, así como la obligatoriedad de la educación secundaria (media), la jornada y la integración del sistema de educación terciario.

Lo relacionado al tema educativo se aborda en el Capítulo II de la ley, dedicado a la movilidad social. El artículo 55 de este capítulo, establece la obligatoriedad de la educación media hasta onceavo año, fijando un plazo no superior al 2025 para lograr la universalidad en las zonas urbana y hasta el 2030 para las zonas rurales. Con relación a la calidad, el Plan de Desarrollo adelanta que la calidad del sistema educativo colombiano debe acercarse a los “estándares internacionales” (PND 2015).

El Plan adelanta que los actores para participar en el diseño de este plan de universalidad del nivel secundario, incluyendo a las asociaciones de padres y madres y no mencionando a las organizaciones sindicales. Específicamente, en el Capítulo II sobre Movilidad social, el texto señala

el Gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas en educación, diseñarán planes para la implementación de la universalidad de la educación media, de forma gradual (…) En el proceso de diseño, las facultades de educación del país y las juntas de asociación de padres de familia podrán ser consultadas ((PND 2015, p. 2).

A partir de la entrada en vigor de este plan, se estableció la obligatoriedad de la educación media, así como de la educación inicial a partir de los cinco años. El Artículo 57 establece la Jornada única de siete horas al día a nivel escolar y colegial y de seis horas en el nivel prescolar. El plan adelanta criterios sobre la posibilidad de hacer un plan escalonado para lograr el cumplimiento de la jornada. Las zonas urbanas tienen hasta el año 2025 y las zonas rurales hasta el 2030 para cumplir con la jornada única.

La implementación de la jornada única está directamente vinculada a la disponibilidad de infraestructura educativa, por lo que el país está impulsando el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE). El sector privado tiene una amplia participación en este proceso, situación que se retoma más adelante en este documento.

Volviendo al Plan Nacional de Desarrollo también integra en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo abordados en la Ley 872 de 2003 y la Ley 489 de 1998. En el caso de la Educación, la Resolu-

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley

ción 01760 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) prevé la necesidad de articular los Modelos Referenciales del MEN bajo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los ajustes al Modelo Estándar de Control Interno, bajo el Sistema Integrado de Gestión SIG.

El Artículo 58 crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC). El sistema de acumulación y transferencia de créditos busca “lograr la integración entre los diferentes tipos de educación, los diferentes niveles”. Lo que se propone es trabajar mediante “mallas de equivalencia” que facilita el tránsito entre instituciones y niveles educativos. El sistema de la acumulación de créditos allana el camino hacia la educación por competencias y la orientación de estas competencias en función de las necesidades del sector productivo. Para que esta integración sea efectiva, es necesario que el MEN integre los Sistema de Información y que estos brinden datos al Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria.

Finalmente, el Artículo 59 del Plan Nacional de Desarrollo crea el 3, que funciona como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional y que será administrado por una junta “cuya estructura y funcionamiento será́ definida por el Gobierno nacional”.

El dinero administrado por el FFIE es administrado bajo la de Fiduciaria Mercantil (regida por el derecho privado) en el marco de un Consorcio Fiduciario FFIE Alianza BBVA.

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Váuchers paces y Ser pilo paga. El Estado entregando fondos públicos en manos privadas

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública. Desde la gestión y administración de los centros concesionados, hasta el diseño de metodologías educativas, pasando por la formación docente y por la promoción de procesos de actualización profesional, el sector privado que lucra con la educación aparece como el principal aliado del sector público para llevar adelante todas las facetas de la política educativa.

Programa de Váuchers “Paces”.

La antesala de los experimentos

En 1990, en Plan de Cobertura Educativa se propuso aumentar la cobertura en secundaria del 46 % al 75 % en 1995. Con esa intención, se creó el programa de ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, PACES. El programa ponía el foco en el acceso y la permanencia de estudiantes en el nivel secundario mediante una mejora y ampliación de la infraestructura educativa, mayor dotación de docentes y administrativos y la dotación de materiales didácticos, es decir, fortalecer la educación secundaria pública. También se planteaba financiar directamente a las y los estudiantes, mediante subsidios.

La primera propuesta habría de ampliar en 435 000 los cupos disponibles, y la segunda, financiaría únicamente a 165 000 estudiantes y se propuso brindar 165 000 becas a estudiantes. El programa financió en total 147 000 becas (FEDESARROLLO, 2001).

Inicialmente, el programa no entregaba los fondos a los municipios, sino que se trasladaban directamente del Banco Central Hipotecario a ICETEX, que actuaba como operador del programa y sostenía el contacto con los centros educativos. En 1997, el Ministerio de Educación Nacional, se des responsabilizó del programa y los fondos pasaron del BCH al Fondo de Inversión Social.

En los primeros años del programa, el gobierno aportaba el 80 % del costo y los municipios el otro 20 %. A partir del año 1994 y hasta 1998, un crédito del Banco Mundial financió el 60 % programa. Durante ese periodo, el programa se alineó con

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley los componentes establecidos en el crédito del Banco, que financiaría veintidós mil becas en 87 municipios del país (Restrepo, 2004). El programa otorgó becas o “vouchers” a las familias de los estratos uno y dos (bajos recursos) y cuyos hijos hubieran finalizado la primaria en el sector público con el fin de que iniciaran estudios en el sector privado.

Es decir, se promovía la migración o el abandono del sistema público y se sostenía la venta de servicios educativos con fondos públicos. Según Calderón el programa buscaba “expandir la oferta privada y mejorar la eficiencia del sistema promoviendo mayor competencia entre los colegios”. (1996).

Programa Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) en Educación Superior

Esta dinámica de los váuchers implementada en el nivel secundario, se está desarrollando actualmente en el nivel de la educación terciaria mediante el Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior (Programa ACCES) actualmente financiado con recursos del Banco Mundial. En el año 2014 se aprobó un préstamo por US$ 200 millones de dólares para implementar ese modelo de vouchers (BM, 2017). Dicho préstamo se pagará en su totalidad en 22.5 años (BM, 2014).

En ese momento el préstamo se planteó aumentar el número de estudiantes que tenían acceso a un préstamo para estudios y pasar de 40 000 estudiantes endeudados en el 2012 a 44 000 estudiantes endeudados en el 2019. Además se proponía aumentar el número de préstamos renovados, de 158 000 en el 2012 a 218 000 en el año 2019 (Banco Mundial, 2017, p. 4).

Los fondos son ejecutados por el instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX). El crédito también plantea el fortalecimiento institucional de ICETEX, específicamente mediante “ la exploración de una mayor diversificación de sus fuentes de financiación y una evaluación de impacto con el fin de estimar, por ejemplo, el aumento de la equidad en la educación superior gracias a los préstamos ACCES” (Banco Mundial, 2014).

Con los fondos del préstamos aprobado en el 2014, ICETEX incentivó líneas de crédito a mediano, corto y largo plazo para estudiantes de pre grado, posgrado y

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley para quienes quisieran participar en programas de pasantías, investigación o perfeccionamiento de idioma en el extranjero (ICETEX, s.f.).

El ICETEX creado por la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 y tiene por objeto “el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros”.

Según el parágrafo 3° de esta misma ley, la educación superior comprenderá “la educación tecnológica, la profesional, las especializaciones, las maestrías y la formación de posgrados en el exterior”. En ese sentido, los institutos privados de educación técnica, las para universidades y las universidades privadas pueden recibir estudiantes beneficiados con estos préstamos.

En el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, destinaría $1.7 billones de pesos al ICETEX, de los cuales, US$ 797 000 millones estarían destinados a responder a los compromisos del Programa Ser Pilo Paga y otros 101 000 millones corresponderían a financiar la línea “Excelencia” que sustituiría a Ser Pilo Paga (Dinero, 2018).

Ser Pilo Paga, otro modelo de lucro privado con fondos públicos

El programa Ser Pilo Paga, impulsado por la administración de Juan Manuel Santos, se planteó como un nuevo sistema de váuchers para estudiantes que finalizaban sus estudios de secundaria en centros educativos públicos con calificaciones sobresalientes. Partiendo de que los cupos ofrecidos por las universidades públicas eran insuficientes, el programa Ser Pilo Paga estaba orientado a que iniciaran sus estudios universitarios en carreras e instituciones de su elección.

El programa alcanzó a cubrir a aproximadamente 39 900 estudiantes.

Este programa le significa al Estado Colombiano un costo mayor a US$ 320 000 000 . Una importante parte de estos fondos estaría siendo pagada a centros educativos

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privados de las principales ciudades del país, pues el 79% de los “Pilos” se inscribió en universidades privadas de Bogotá, Medellín y Cali (Semana Educación, 2018).

Debido al costo que representa este modelo, la administración del presidente Duque ha decidido no abrir el programa a más estudiantes. A inicios del año 2019, el Ministerio de Educación aseguró que Hacienda garantizaría los COP$ 320 000 000 de dólares que aún son necesarios para completar el pago necesario de los estudios de aquellos que ya son parte del programa (Semana Educación, 2018).

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Colegios por concesión. Un negocio con la vida de 40 000 estudiantes

En Colombia operan tres modelos de centro educativo. Uno es el centro público, que son financiados y gestionados en su totalidad por el Estado. Las y los docentes de los centros públicos pasan una prueba de probidad para ocupar su cargo. Otro modelo es el privado, que se sostiene mediante el cobro a cada estudiante. El tercero es el modelo de centros educativos en concesión. Estos centros en concesión son fundados por individuos de procedencia privada y reciben subvenciones del Gobierno. Cada plantel selecciona a sus docentes según sus propios criterios.

El principal argumento del gobierno para sostener este modelo es que permite una disminución de cargas administrativas para el sector público, por lo que se disminuye el costo de operación. Cada colegio concesionado recibe aproximadamente a 900 estudiantes. La suma de todos los estudiantes inscritos en este modelo alcanza a alrededor de 40 000 jóvenes (Pérez, 2014).

La figura de las concesiones está regida por la Ley 80 del año 1993. La ley faculta a las entidades estatales a generar contratos para que terceros (privados o públicos) procedan con la prestación de servicios públicos, incluyendo aquellos que constituyen un monopolio estatal, la explotación y concesión de bienes del Estado, así́ como obra de infraestructura.

La infraestructura y la dotación de los colegios se sostiene con fondos públicos y la administración está a cargo de particulares que atenderán un número específico de estudiantes. Esta modalidad de concesión es considerada pública incluso por la propia UNESCO (2013), la cual comprende como escuelas públicas “aquellas instituciones que son financiadas y administradas por el Estado y, en algunos casos, también a escuelas que son administradas por actores privados y reciben financiamiento público” (p. 6).

En el caso de la educación pública, la figura de la concesión se ha extendido a la organización o gestión, total o parcial, de la prestación educativa. Esto es un proceso institucionalizado dentro del MEN que ha promovido la participación de ONG, grupos religiosos, grupos financieros y grupos privados en la administración de centros públicos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá (2018) describe el inicio del proceso de las concesiones, en 1999, de esta manera:

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La selección de los concesionarios se realizó mediante cuatro licitaciones que se desarrollaron en los años 1999, 2000, 2002 y 2003. A las diferentes licitaciones públicas que se realizaron para seleccionar las instituciones educativas que manejarían los colegios en concesión, se presentaron cajas de compensación familiar, organizaciones religiosas, fundaciones educativas y alianzas entre colegios y universidades. Los criterios de evaluación utilizados en dichos años incluyeron los resultados obtenidos en las pruebas ICFES, la pertinencia de los proyectos de PEI presentados, el perfil de los docentes y la oferta económica. Los contratos se suscribieron con financiación asegurada, es decir con vigencias futuras aprobadas hasta el año 2014, con el fin de garantizar la atención de al menos una cohorte completa (p. 16)

Uno de los principales negocios yace en que el gobierno construye todo el plantel educativo y lo entrega, mediante licitación libre de costo, al grupo privado que lo gestionará. Pueden participar en la licitación, aquellas “instituciones escolares privadas que hayan tenido durante los últimos cinco años resultados de nivel superior o muy superior en el examen del ICFES 22” (BID, 2002, p. 15). El mecanismo de la concesión transfiere la gestión educativa del sector público al sector privado, así como el diseño de los planes de estudio y la contratación y el manejo de personal.

De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2002) ha expresado un voto de confianza al sistema de concesión, principalmente porque este esquema le entrega a cada centro, el control sobre los recursos humanos y sobre las decisiones de asignación presupuestal, cosa que no sucede en los centros educativos públicos.

Este formato implica que la inversión pública para aumentar la infraestructura, cobertura y acceso, no necesariamente fortalece la educación pública, sino que amplía las posibilidades para los negocios de grupos privados que ya lucran con la educación.

Los términos de contratación de la concesión no exigen al concesionario que cumpla la jornada única ni mucho menos condiciones laborales estables y dignas para el personal docente, por lo que este modelo puede generar distintas brechas que afecten a estudiantes y a la profesión docente (Bonilla, 2012).

El contrato de concesión se firma a quince años, como forma de hacer atractivo el proyecto a los concesionarios y de evitar el cambio constante de un proyecto pedagógico a otro. Los centros se construyen con capacidad entre 800 y 1200 alumnos. El costo total promedio de cada colegio es de US$ 2.5 millones, incluyendo el terreno, la construcción y el equipamiento (BID, 2002).

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En Bogotá existen veintidós colegios en concesión, que hospedan aproximadamente a 34 000 estudiantes. El gobierno de Bogotá aprobó la construcción de 30 nuevas instituciones educativas, de las cuales quince serán entregadas en concesión. Cuando se lanzó el programa en 1999 con dieciséis centros educativos en concesión, se esperaba que el tope del modelo, al menos en Bogotá, sería lograr la operación de 51 centros que albergaran 45 000 estudiantes, representando el 5 % de la matrícula.

En julio de 2018, el Concejo de Bogotá aprobó un Proyecto de Acuerdo por medio del cual se otorgan “Vigencias futuras” para que la administración construya trece colegios más en modalidad de concesión. Con ello, Bogotá pasaría de veintidós a treinta y cinco colegios en concesión y de 34 000 a aproximadamente 54 000 estudiantes inscritos en centros de esta modalidad. Así, los colegios concesionados representarán el 5.5 % de la matrícula en la ciudad de Bogotá.

Esto indica que el modelo está alcanzando el nivel de operación que se había previsto casi veinte años atrás. Por ello surge la pregunta de si a las autoridades educativas les interesa ampliar el modelo o si por el contrario, se diseñarán nuevos mecanismos para des responsabilizarse de la gestión del derecho a la educación.

Los colegios en concesión reciben un pago por cada estudiante. El programa de colegios por concesión inició en el año 1999. En aquel momento, cada institución recibía un aproximado de US$ 300 por estudiante por año, equivalente a COP$ 950 000. En el año 2014, el monto anual pagado por estudiante fue de US$ 650, equivalente a COP$ 2 050 718.

El costo del trabajo administrativo y docente y directivo también es menor en los colegios en concesión. Mientras que en las instituciones públicas que imparten cuarenta horas por semana, un docente requiere una inversión de US$650, equivalente a 2 027 264 pesos colombianos. En los colegios en concesión este costo baja a US$ 356, lo que equivale a 1 121 742 pesos colombianos.

En el año 2017, solamente en Bogotá 34 000 estudiantes asisten a 22 instituciones educativas concesionadas. Catorce de estas instituciones son administradas por grupos confesionales. Los colegios operan en barrios más vulnerables, conocidos en Colombia como “barrios de estrato 1 y 2” (MEN, s.f.).

En el 2015, el Distrito decidió retomar el control sobre tres colegios que, después de una evaluación de la Secretaría de Educación, incumplían con mínimos estánda-

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley res de calidad. Estos fueron el San Cayetano (Usme), el Don Bosco I La Joya (Ciudad Bolívar) y el Hernando Durán Dussán (Kennedy). Los demás están ubicados en esas localidades, así como en Bosa, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Engativá, San Cristóbal, Usaquén y Suba. Los administran las organizaciones Alianza Educativa, Cafam, Calasanz, Colsubsidio, Don Bosco, Fe y Alegría, Fenur, Gimnasio Moderno y La Salle.

¿Quiénes administran colegios concesionados?

Cualquier grupo privado que opere colegios bien calificados por el ICFES pueden presentarse como oferentes en las licitaciones para la administración de colegios públicos en concesión.

Según los contratos vigentes hasta el año 2026, las congregaciones de fe, específicamente el Consorcio Salecianos, la Unión temporal Compañía de Jesús-Fe y Alegría y los Hermanos Maristas, son los principales administradores de colegios en concesión. Es decir, los grupos privados religiosos están siendo beneficiados con una parte importante de los fondos públicos.

Para el periodo 2018-2026 la Secretaría de Educación de Bogotá entregará un total de US$ 256 624 857 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES), equivalentes a COP$ 817.550 millones de pesos colombianos, a nueve grupos privados que administrarán veintidós colegios.

Un signo llamativo es que durante el anterior periodo concesionario, hubo ocho colegios administrados por grupos religiosos. Para el periodo 2018-2026, este número casi se duplicó y habrá catorce colegios en manos de empresas de la fe.

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Bilbao Chuniza Los Naranjos La LibertadSantiado Atalayas Las Mercedes San José La Esperanza San Ignacio Estrellita José María Velaz Miravalle Los Naranjos Jaime Garzón Torquigua La Giralda San Vicente 30 28 24 28 27 31 24 30 31 31 31 24 31 25 30 30 34,5 33,5 34,4 36,6 43,3 35,7 35,5 40,5 36,9 40 36,7 34,4 38,1 41,6 38,8 42,7 108554 105407 108239 113588 136243 112330 111700 127433 116105 125860 115476 108239 119881 130894 122084 134355 Consorcio Salecianos Bellavista Santa Lucía Gimnasio Sabio Caldas 27 25 24 37,6 36 28,3 118308 113274 890459 CAFAM Gimnasio Moderno Alianza Educativa Alianza Educativa Unión temporal Compañía de Jesús-Fé y Alegría Juan Luis Londoño 3539,5 1242867 Congregación hermanos Escuelas Cristianas Buenavista3732,7 1028905 Unión Temporal Calasanz Nueva Roma2539,5 1242867 Corporación Educativa Minuto de Dios CEMID Grupo administrador Colegio AulasPresupuesto en billones de pesos colombianos Pago APROX en US$ por los próximos 10 años Concesionarios de colegios públicos hasta el año 2026
Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Educación de Bogotá y Diario El Tiempo.

Si bien los colegios concesionados no necesariamente muestran mejores rendimientos académicos, y cuando esto existen, las diferencias no sobrepasan los tres puntos en las pruebas Saber (Martínez, 2015), las familias y los estudiantes los consideran una mejor opción que los colegios públicos oficiales.

Esto podría indicar que la figura de lo público concesionado en manos privadas reviste un valor simbólico que se ha instalado en el inconsciente colectivo de la población. Al mismo tiempo, la educación pública oficial puede no estar siendo valorada, lo cual también afecta la capacidad social de movilizarse a favor del derecho a la educación pública.

El favoritismo a favor de los colegios concesionados se expresó al máximo cuando en el año 2016, la municipalidad de Medellín anunció su decisión de oficializar once colegios gestionados por operadores privados, cuya infraestructura física es propiedad de la alcaldía. La oficialización se llevó a cabo, amparada en el Decreto 1851 de 2015 y buscó devolver estos centros educativos a la administración y gestión pública. Ante el anuncio, más de 1200 estudiantes de distintos colegios se movilizaron en contra de la decisión (Álvarez, 2016).

La Caja de Compensación Familiar, CAFAM, posee múltiples tipos de negocios, desde farmacias hasta una red de restaurantes. Entre estos negocios, CAFAM ha manejado cuatro instituciones educativas, dos de ellas Las Esperanza y los Naranjos, bajo el formato de centros educativos en concesión. Para el Periodo 2018-2026, CAFAM perdió la concesión de estas dos instituciones, que pasaron a manos de la Comunidad de Hermanos Maristas.

CAFAM es accionista del Banco Bancompartir, al igual que COLSUBSIDIO y Compartir, ambas con participación en distintos negocios educativos.

CAFAM, al igual que otras cajas de compensación, reciben un porcentaje de las nóminas de los trabajadores de las empresas. Por ley, todas las empresas colombianas deben depositar un 4 % del valor de su nómina a una caja de compensación. En CAFAM se reciben los montos devengados de la nómina de 834 516 trabajadores

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Empresas que se retiran del negocio: Cajas de Compensación CAFAM y COLSUBSIDIO

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(CAFAM). CAFAM administra dos colegios en los que recibe hasta 6 100 estudiantes. El Colegio Bellavista, está ubicado en la localidad de Kennedy y Colegio Santa Lucía, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En ambos planteles se ofrece en Preescolar (grado transición), básica y media.

CAFAM también administra fondos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para administrar trece Centros de Infancia y Familia (CIF) en cuatro municipios. Los centros son infraestructuras construidas con los fondos del MEN y reciben a niños y madres tres veces por semana.

COLSUBSIDIO

Otra caja de compensación que ha administrado colegios en concesión es la Caja Colombiana de Subsidio familiar (olsubsidio). Estos eran colegios Torquigua, las Mercedes y San Vicente. No obstante, para el periodo 2018-2026, COLSUBSIDIO no se presentó como oferente, por lo que los colegios que administraba pasaron a manos de la Unión temporal Compañía de Jesús-Fe y Alegría.

COLSUBSIDIO es dueño del Liceo Hacienda Casablanca, el Gimnasio Campestre San Rafael, el Gimnasio moderno Santa Bárbara, el Colegio mayor de los Andes, el Colegio Colombo Gales, el Colegio Nueva York, el Instituto cooperativo agroindustrial, el Colegio El minuto de dios, el Colegio El Minuto de Dios siglo XXI, El Colegio Ateneo Juan Eudes y el Gimnasio real americano.

Estos colegios del grupo Colsubsidio ofrecen descuento en el pago de la mensualidad a los afiliados a la Caja de Compensación, desde un 10% de descuento hasta un 50 %. También ofrecen gratuidad en las matrículas.

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La discusión sobre el presupuesto educativo frente al lucro privado con fondos públicos

Colombia tiene una cobertura educativa en secundaria del 55 % y en educación terciaria del 25 %. En los países de la OCDE, estos niveles de cobertura llegan a 85 % y 42 %, respectivamente.

El Observatorio fiscal Universidad Javeriana (2018) ha calculado que para alcanzar esa cobertura, Colombia requeriría aumentar el presupuesto para el nivel en alrededor de US$ 3.193.000.00, que representan aproximadamente diez billones de pesos y un monto similar para el nivel terciario (Universidad Javeriana, 2018, p.60).

El Observatorio fiscal también calculó los fondos que se debería aumentar para igualar el nivel de calidad educativa de la OCDE.

Sin dar más detalles ni poner en discusión lo que significa alcanzar ese nivel de calidad, el Observatorio detalla que el gobierno debería aumentar la inversión en primaria hasta en US$ 7 472 000 000 (aproximadamente 23.4 billones de pesos colombianos), la inversión en secundaria hasta en US$ 8 302 millones de dólares (26.6 billones de pesos colombianos) y la inversión en nivel terciario hasta en US$ 3 256. 335 727 (10.2 billones de pesos).

Estos montos se han construido a partir del monto que la OCDE invierte por estudiante dentro del sistema educativo. El documento lo que plantea es una clara necesidad de aumentar la inversión de los fondos públicos. No obstante, no se revisan los datos de los fondos públicos que se entregan a centros educativos privados.

Contratos en primera infancia

Se entiende lo siguiente:

Los contratos de aportes establecen la obligación del ICBF de proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes necesarios para la prestación total o parcial del servicio (Decreto 2388 / 79, art. 128), su naturaleza es la de contratos administrativos; de otro lado este contrato no corresponde a la enumeración prevista en la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación, la cual tiene por objeto regular los correspondientes a las entidades estatales, entre las que se encuentran

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley los establecimientos públicos; sin embargo siendo un contrato atípico, se enmarca en el texto de los artículos 32 y 40 de esta ley a cuyo régimen se sujetan (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 2 de diciembre de 1996, M.P. Luis Camilo Osorio).

De otro lado, el Decreto 2388 de 1979, reglamentario de la ley 7 de ese mismo año, en relación con los contratos de aporte determina que el: “Artículo 123. El ICBF, cuando las necesidades del servicio así lo demanden, podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”.

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Al revisar diversos materiales educativos utilizados en los diferentes niveles y modalidades educativas y publicados en el portal digital del Ministerio de Educación Nacional, se identifican diferentes actores privados que han sido los responsables de elaborar los documentos. Se observa cómo las autoridades educativas a nivel nacional y a nivel departamental han naturalizado e institucionalizado el mecanismo de la compra de elaboración de contenidos y otros servicios educativos a los grupos privados. Junto con este mecanismo, las autoridades educativas han naturalizado la introducción del enfoque empresarial en el diseño de los modelos administrativos y pedagógicos, sin poner ningún obstáculo.

El negocio de vender modelos pedagógico

Muchos de estos grupos actúan con la figura administrativa y legal de fundación. Es importante señalar que por muchos años la figura de la Fundación estuvo libre del pago del impuesto sobre la renta, por lo que esta figura legal resultaba muy lucrativa. En el año 2016 se hace una modificación al Artículo 140 de la Ley 1819 de 2016 y determina que las asociaciones, fundaciones y corporaciones; las instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES, etc. podrán ser contribuyentes del impuesto de renta.

No obstante, los grupos de fundaciones y asociaciones que hacen negocios educativos pueden acogerse al Régimen Tributario Especial (RTE) pues la educación, desde el nivel inicial hasta la superior y la educación para e trabajo, se considera como actividad meritoria para calificar como contribuyente RTE. Es decir, quienes vendan servicios en materia educativa, se pueden acoger al régimen RTE.

A partir del año 2017, el Decreto 2150 reitera la exención a las “donaciones efectuadas a programas creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros” (Decreto 2150, p. 12), lo que le facilita a grupos y corporaciones ser exonerados en algún nivel cuando hacen donaciones a ONG y fundaciones. Las fundaciones

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Las ONG, empresas y grupos privados instalados como proveedores de servicios educativos y expertos en pedagogía

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y corporaciones que participan de procesos educativos en Colombia son empresas que por un lado han generado donaciones y por otro, les han vendido servicios educativos a las autoridades. Además, han generado alianzas temporales entre sí, para ofrecer servicios de forma conjunta. En algunos casos, unas son accionistas de otras y en otros casos, son aliadas en el marco de la Fundación Empresarios por la Educación o la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Los contenidos de los materiales, las metodologías y modelos pedagógicos elaborados por estos grupos privados, están alineados con el enfoque de la OECD, del BID y del Banco Mundial. Por ejemplo, las autoridades han comprado servicios de diseño de contenidos y de modelos pedagógicos en torno a las habilidades socioemocionales, la evaluación estandarizada, la formación docente y la enseñanza del español y las matemáticas.

A continuación, se enumeran cuatro casos de grupos privados que han vendido servicios contenidos educativos y en modelos pedagógicos a nivel nacional.

Corpoeducación: un oligopolio privado con el beneplácito del Ministerio de Educación

Un actor privado con amplia presencia en la elaboración de materiales educativos para el sector público es la Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación-Corpoeducación. La corporación fue fundada por seis fundaciones (la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación Carvajal, la Fundación Educativa Pablo VI, la Fundación Corona, la Fundación Compartir y la Fundación FES) y el propio Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente, la Corporación Educativa Minuto de Dios, Colegio San Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué, Universidad de Los Andes yUniversidad de Ibagué actúan como miembros vinculados y la Fundación Corficolombiana como miembro adjunto ( Corpoeducación).

Funcionar como consorcio entre varias fundaciones que tienen presencia en distintos departamentos y municipios, permite que estos grupos privados puedan vender servicios en todo el país, debido a que el Sistema Nacional de Participación faculta a los departamentos y a los municipios a comprar servicios de privados en los diferentes territorios.

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Esta corporación se describe como una entidad que busca fortalecer la calidad de la educación básica colombiana, a través de la generación, gestión y difusión de conocimiento educativo, además la elaboración de propuestas e instrumentos aplicables a todos los establecimientos escolares de las distintas regiones del país. Han centrado la venta de servicios en el desarrollo de la institución educativa, la planeación educativa territorial y el análisis de políticas educativas (Corpoeducación).

Entre otros materiales, Corpoeducación elaboró el “Manual para la formulación y ejecución de planes de Educación Rural Calidad y equidad para la población de la zona rural”. El manual orienta para la creación de alianzas territoriales para implementar el Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural (PER). El MEN estableció la formulación de planes de educación rural de las entidades territoriales certificadas (ETC) como condición para participar en el PER.

El informe de Rendición Social Pública de Cuentas (Corpoeducación, 2016) describe algunos de los objetivos de la Corporación: entre ellos, la promoción de “la participación de los diferentes sectores (público, sociedad civil, sector productivo) en el proceso de cambio educativo, como una manera de potencializar los esfuerzos y los recursos” y “fomentar la modernización de la gestión de la educación, en particular de los establecimientos educativos”.

El informe de Corpoeducación detalla algunas de las compras de servicios educativos por parte de actores públicos y privados durante el periodo 2014-2017. Durante ese periodo 2014 a 2017, Corpo educación recibió el pago de al menos US$ 1 641 545 aproximadamente.

De este monto, al menos US$ 1 581 745 provenía de financiamiento público, es decir, fueron fondos públicos utilizados para comprar servicios al sector privado.

Los siguientes son algunas de esas compras:

• Con fondos del Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Asia y el Pacífico de Educación para el Entendimiento Internacional, bajo el auspicio de la UNESCO (APCEIU), Corpoeducación elaboró el Manal de Lineamientos de Formación de Educadores para la Ciudadanía. Este manual está contemplado como parte del Proyecto “Desarrollo e integración curricular de la Educación para la Ciudadanía Mundial, ECM”(GCED Currículum Development & Integration) en el que participan Camboya, Colombia, Mongolia y Uganda

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(2016- 2018). Los lineamientos están dirigidos a las instituciones responsables de la formación de educadores, docentes y directivos docentes, así como a grupos privados que brindan formación y apoyo al sector educativo (p. 21).

• Con fondos de un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Saldarriaga Concha, se pagó un aproximado de US$ 479 042 equivalentes a 1 524 060 000 de pesos colombianos para elaborar la Guía para el fortalecimiento institucional a las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral, herramienta que hará parte de los lineamientos técnicos para la educación inicial y que orientará tanto a los agentes educativos como a las entidades encargadas de brindar una educación(Corpoeducación, p. 11).

• El Ministerio de Educación Nacional le pagó un aproximado de US$ 722 495 (2 296 150 000 pesos colombianos) para el acompañamiento a equipos multiplicadores de las secretarias de educación en la implementación del Modelo educativo Flexible Aceleración del Aprendizaje (MAA).

• El Ministerio de Educación Nacional pagó un aproximado de US$ 182 178 ((578 980 000 pesos colombianos) para implementar el segundo año de pilotaje y evaluación del proceso de formación, implementación y fortalecimiento del modelo educativo Caminar en Secundaria. En una primera fase, el Manual para docentes había sido elaborado por la Fundación Manuel Mejía (MEN, 2010).

• La secretaria Distrital De Cultura Recreación y Deportes de Bogotá le paga un aproximado de US$ 126 000 (402 224 000 pesos colombianos) por un proyecto de formación de docentes en educación artística con énfasis en la primera infancia.

• El Banco BBVA le paga US$ 12 500 que equivalen a 40 000 000 pesos colombianos, por asesorar “técnica y operativamente al banco BBVA y otras entidades en el desarrollo de proyectos para la valoración y reconocimiento de la labor docente”, como por ejemplo el Premio Nacional al Docente 2014 que otorga el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA a las “experiencias significativas que debían caracterizarse por ser prácticas pedagógicas fundamentadas, innovadoras y pertinentes para la calidad del aprendizaje en la lectura y la escritura en español o lengua materna” (p. 6).

• El Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior ICFES pagó un

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aproximado de US$ 2000 (6 012 720 pesos colombianos) para la “gestión de los procesos de diseño de instrumentos de evaluación construcción, revisión y validación de preguntas y contextos; y codificación de respuestas de las preguntas de los exámenes que implementa el ICFES” (p. 11).

• La Fundación Empresa Privada Compartir, integrante de Corpoeducación y dueña de los centros educativos de la Fundación Compartir SUBA, financió US$ 45 300 (144 183 000 pesos colombianos) para hacer un estudio de las motivaciones de docentes sobre los incentivos para el mejoramiento y el Premio Compartir al Maestro. La Fundación Compartir ha publicado mensajes sobre la importancia de impulsar nuevas metodologías de formación de docentes (MOOCS, Club House, Escuela de docentes y rectores), y al rediseño del currículo en función de las competencias del siglo XXI. La fundación también lidera un proceso de redes de docentes y directores mediante el proyecto Compartir palabra maestra.

• El Ministerio de Educación Nacional pagó un aproximado de US$ 41 370 (131 642 000 pesos colombianos), por la compra del servicio de Corpoeducación para el diseño de lineamientos y orientaciones para la elaboración y gestión de los Planes Departamentales de Fortalecimiento (PDF) de la educación media y el tránsito a la educación terciaria. Este servicio generó un manual con “Lineamientos metodológicos, técnicos, administrativos y operativos, dirigido a gobernaciones, distritos, alcaldías, secretarías de educación y todas las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la educación media del país” (p. 8).

• La Gobernación de Cundinamarca pagó un aproximado de US$ 30 660 (a 97 440 000 pesos colombianos) por la compra de servicios de Corpoeducación para operar la metodología de la Alfabetización de jóvenes y adultos con la Metodología Abcdespañol, centrada en ejercicios para el aprendizaje de lenguaje y matemática.

El Ministerio de Educación Pública ha contratado otros servicios a la Corpoeducación, entre ellos el desarrollo del manual de implementación del modelo Educativo Escuela Nueva. Escuela Nueva es un modelo pedagógico multigrado que opera mayoritariamente en zonas rurales. El modelo surgió en el año 1989 en el Norte de Santander y se extendió a las diferentes regiones del país. El Banco Mundial ha calculado que el costo por estudiante en el modelo de Escuela Nueva es US$ 310. Los principales aliados del MEN en este modelo son el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas (CDCC), la Fundación Volvamos a la Gente, la Universidad de Pamplona y la Asociación de Profesionales Pro-Calidad de la Educación-ASPROED (BM, 2006, p.44).

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El BID parece estar muy interesado en promover el modelo de Escuela Nueva en la región. En el año 2014, el BID financió una visita del Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (CONAFE) para que el Consejo conociera y aprendiera sobre este modelo. Los fondos invertidos por el BID fueron de veinte mil dólares (BID, 2014).

Programa Entre Pares MEN (2006)

Balance del Plan Decenal de Educación

1996-2005. La educación, un compromiso de todos

La página de Microsoft Latinoamérica informa:

Desde 2005, el Ministerio de Educación Nacional en alianza con Microsoft, desarrolla el programa Entre Pares, que es operado por Corpoeducación. Con él, los docentes de los colegios oficiales del país se forman en el uso de nuevas tecnologías informáticas y en la manera de convertirlas en herramientas de enseñanza para contribuir al desarrollo de las competencias básicas en sus estudiantes.

El programa consiste en la formación de maestros líderes, encargados de apoyar a otros docentes en el desarrollo de habilidades tecnológicas, en la identificación de cómo utilizar las herramientas de cómputo para apoyar el currículo y en la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre Pares forma parte del programa Alianza por la Educación de Microsoft y Colombia es el primer país latinoamericano en donde se implementa. Fue creado en 2001 por la empresa Puget Sound Center con el apoyo del departamento de Tecnología y Educación de Estados Unidos. (Microsoft, 2021)

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Fundación Compartir

Compartir preside la Fundación Empresarios por la Educación, es aliado de Fundación Escuela Nueva y de la Fundación Escuelas por la Paz.

Además, la Fundación Compartir es integrante de Corpoeducación y a la vez le compra servicios, como ocurrió con el caso de la compra por US$ 45 000 de asesorías para la entrega del premio Compartir Maestro. A este premio, la Fundación Compartir ha establecido lazos con la Fundación Varkey. La Fundación Varkey es sostenida por el grupo de Escuelas privadas GEMS, dueña de 47 escuelas privadas en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Arabia Saudi.

La Fundación Varkey tiene una sede en Argentina y que desde el año 2014 promueve el Premio Global al Docente, un premio que otorga un millón de dólares a algún docente que haya “realizado una contribución sobresaliente a la profesión y para reconocer y celebrar el impacto que los docentes tienen en todo el mundo, no solo en sus estudiantes, sino en las comunidades que los rodean” (FV, 2019). A pesar de haber recibido múltiples cuestionamientos de la comunidad educativa, especialmente debido a que la profesión docente implica un ejercicio compartido, la Fundación Varkey ha mantenido el premio por cinco años consecutivos. La Alianza entre Fundación Compartir y la Fundación Varkey se ha fortalecido en el Marco de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente (Compartir, 2019). Esta articulación es promovida por el Diálogo Interamericano, la Fundación Varkey, la OEI y la empresa Inicia Educación y orientada a los procesos de formación docente “innovadores”. El Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) de la IEAL ha analizado cómo la iniciativa de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente puede promover la privatización y la comercialización de la formación inicial y en servicio.

Entre otros proyectos, la Fundación Compartir desarrolla el proyecto Palabra Maestro, un espacio de intercambio de ideas pedagógicas y de materiales de apoyo docente. Además, ha elaborado documentos de contenido educativo como el libro Constructores De Sentido. Didáctica y materiales de formación ética y valores, elaborado como parte de las “propuestas para la Paz” (Compartir, 2017)

Luisa Gómez Guzmán es la actual presidenta de la Fundación Compartir. Ela también es integrante de la Junta Directiva de la Alianza Educativa y miembro del Consejo Superior de la Universidad de los ANDES. Del año 1991 al año 1995 fue consultora del Ministerio de Educación Nacional y del Departamento de Planeación Nacional de Colombia. Previo a eso, fue empleada del Banco Mundial y asesora del Gobierno en temas de educación y empleo, entre otros.

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Fundación Compartir y Todos por la Educación

Todos por la educación se describe a sí mismo como un movimiento ciudadano, sin filiación partidista e independiente de visiones particulares” (TPE, s.f.) En el año 2016, el Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (UNDEF) financió un proyecto de 18 meses que sería desarrollado de forma conjunta por Fundación Compartir y Todos por la Educación. La cooperación apoyó el desarrollo de 60 actividades dirigidas a promover la participación de las personas jóvenes en la toma de decisión en políticas educativas en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Quibdó y Manizales.

Estas actividades también iban a ser apoyadas por Empresarios por la Educación, la Fundación Ford y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que al igual que otros actores del Sistema de Naciones Unidas, actúa como aliado del sector privado y legitima sus actividades y agendas.

Todos por la Educación se presenta como el movimiento social que defiende el derecho a la educación y promueve el “seguimiento a la ejecución de las políticas públicas educativas en cada una de las ciudades en donde tenemos presencia” (TPE, s.f.).

De alguna manera, la comunicación de esta ONG puede inducir a error, pues, si bien la página web de la organización publica notas de forma regular, la estructura de Todos por la educación cuenta con cuatro personas contratadas y siete personas voluntarias en seis ciudades.

Fundación Escuela Nueva FEN

Si bien el Manual de implementación del modelo educativo de Escuela Nueva fue elaborado por Corpoeducación, un conjunto importante de procesos educativos basados en ese modelo pedagógico, son liderados e implementados por la Fundación Escuela Nueva (FEN). Actualmente, la FEN, ha ampliado sus actividades a Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, India, México, Panamá, Perú y República Dominicana. También en trabaja en Timor Oriental, Zambia y Vietnam. Entre los aliados de la FEN se encuentran el Banco Mundial, USAID y la Organización Mundial para las Migraciones OIM (FEN).

En Colombia, la FEN brinda los servicios en talleres de capacitación docente, dotación de Rincones de aprendizaje, bibliotecas de aula, sistematización, monitoreo

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley y evaluación de proceso educativos. Además desarrolla el proyecto EDUCAPAZ, en el marco del cual la FEN ha diseñado planes educativos municipales y ha instalado “Mesas educativas municipales”, como estructura para la “gestión participativa” de la educación (FEN, 2017, p. 18).

En el III Congreso de la FEN (noviembre 2016) se abordaron temas sobre paz y democracia, conflicto y post conflicto, población vulnerable, aprendizaje profundo, desarrollo de habilidades para la vida, nuevo rol del docente, justicia social y equidad y educación no formal. Además en ese Congreso anunciaron que FEN está diseñando un proceso orgánico para ampliarse a nivel mundial y así convertirse en “un referente técnico mundial de aprendizaje activo, cooperativo y personalizado basado en el modelo Escuela Nueva Activa y liderar un movimiento global” (FEN).

La Fundación Escuela Nueva es aliada del British Council, la estructura del gobierno británico para las relaciones comerciales en el exterior. Al actuar en alianzas en materia educativa, el British Council ha entrado en conflictos de interés por generar competencia conflictiva a los negocios con James Tooley y el Grupo Pearson, también de origen inglés.

Fundación Luker

La Fundación Luker es una de las integrantes más activas en Empresarios por la Educación de Colombia. La Fundación recibe fondos de diversas fuentes (públicas, privadas, incluyendo bancos, así como organismos internacionales) para ofrecer diferentes servicios educativos. Entre otras cosas, ofrece asesoría a las autoridades educativas, desarrolla modelos de gestión y modelos pedagógicos y lidera alianzas entre diferentes actores que quieren influenciar la toma de decisiones en educación en la región de Manizales.

Entre el portafolio de proyectos educativos de la Fundación Luker se encuentra el desarrollo del Modelo de Escuela Activa Urbana (EUA), que es una metodología de formación de competencias socioemocionales para escuelas y colegios públicos, desde el nivel preescolar hasta el nivel de educación media (secundaria). A la fecha participan veintiún instituciones educativas públicas, que representan cerca de 20 300 estudiantes. El objetivo del modelo Escuela Activa Urbana es el desarrollo de las competencias socioemocionales, por ejemplo las competencias de trabajo colaborativo, comunicación, liderazgo, autonomía y creatividad, empleando las definiciones contenidas en la citada guía, que incluye definiciones operacionales y desempeños tanto para la educación media como para la básica secundaria.

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A partir de esta experiencia de Escuela Activa Urbana, Manizales se convirtió en la doceava ciudad del mundo del piloto de evaluación de competencias socioemocionales, liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), competencias a las que la OCDE ha llamado “habilidades para el progreso social” (OCDE, 2016).

Uno de los principales aliados de la Fundación Luke es Orlando Sierra Sierra, Rector de la Universidad de Manizales y presidente del Sistema Universitario de Manizales (SUMA).

Otra iniciativa de la Fundación es el proyecto Aprende, que se desarrolla en alianza con el BID y que se centra en las competencias básicas de lenguaje y matemáticas en el nivel de primaria. La intención del proyecto es difundir las prácticas con relación a los materiales y escalarlas a nivel nacional e internacional.

La Fundación Luker además lidera la “Alianza por una educación de calidad” en la ciudad de Manizales está conformada por diferentes actores que buscan una mejor calidad de la educación como prerrequisito del desarrollo de Manizales basado en el conocimiento.

Fundación Dividiendo por Colombia

El Programa Competencias para la Vida, es un proyecto de la Fundación Diviviendo por Colombia y es implementado en 65 instituciones educativas de Medellín y de Bogotá. La Fundación tuvo el apoyo del Grupo Bancolombia, principal interesado en transferir su modelo de “competencias del ser” al sector educativo. La metodología impulsada por Competencias para la Vida se basaba en que los docentes debían realizar un ejercicio para la definición de los modelos de competencias, a partir a partir de un diccionario de competencias. A partir de esas competencias, las instituciones generaban un modelo institucional basado en competencias y consecuentemente, definían indicadores de desempeño para cada competencia.

El grupo Qualificar

El grupo Qualificar es una empresa privada que vende servicios de rediseño de procesos educativos, principalmente centrada en la gestión y administración educativa y en la elaboración de los contenidos.

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Con fondos del Banco Mundial se contrataron los servicios del grupo Qualificar para desarrollar una estrategia que mejore las capacidades de la escuela para desarrollar competencias transversales en la educación media en Colombia, específicamente aquellas denominadas socioemocionales, conforme al plan nacional de educación para la paz y el plan de posconflicto propuesta metodológica y operativa la estrategia de implementación de competencias socioemocionales en la educación media (DNP,2017, p. 5).

La empresa Qualificar ha establecido diferentes alianzas empresariales temporales para la venta de servicios educativo. En el año 2013 la directora ejecutiva de Qualificar, Liliana González Ávila, dirigió el negocio conjunto con Corpoeducación para la formación en educación financiera para las víctimas del conflicto armado. Este fue un servicio vendido a la Unidad para la atención y reparación integral de víctimas. En el 2014, González dirigió un negocio conjunto entre Qualificar y la empresa Corporación Educativa para el Desarrollo Integral (COREDI) para implementar el proyecto “Desarrollo Profesional Situado DPS para Docentes y Directivos Docentes”. El proyecto fue desarrollado en el marco del Programa de Educación Rural PER II, para el Ministerio de Educación Nacional.

COREDI

Por su parte, la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI diseñó el modelo SETA (Sistema Educativo para el Trabajo Asociado) , implementado en el departamento de Antioquia desde el año 2004 y adoptado de manera oficial como una “alternativa de Educación Básica Secundaria y Media dirigida prioritariamente al Sector Rural del Departamento” a partir de la Resolución 24 698 de la Secretaría de Educación para la Cultura del Departamento. El modelo SETA está dirigido a niños, niñas y jóvenes de los once a los veintitrés años, excluidos del sistema educativo formal. Cada estudiante recibe veintitrés horas de formación con materiales educativos propios del sistema SETA. Los contenidos de las “guías de autoaprendizaje” abordan nueve áreas obligatorias y a las competencias básicas, ciudadanas y laborales estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional (COREDI, 2015).

La identificación de los estudiantes está a cargo de las administraciones municipales y las comunidades, quienes conocen la población estudiantil rural en edad escolar que no está cubierta por el sistema educativo formal. El municipio debe solicitar a la Entidad territorial certificada (ETC) que se brinde atención a esta población mediante el modelo SETA o bien, mediante otros modelos de COREDI. Es el municipio el que hace la solicitud, a partir de la cual la ETC puede gestionar la compra de los servicios.

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Otras instituciones y programas propiedad de COREDI son:

• La Fundación Tecnológica Rural Coredi en Antioquia desarrolla dos programas de educación técnica: Tecnología en producción agroecológica y Técnica profesional en procesos empresariales rurales.

• El Instituto Regional Coredi, una institución privada, cuya propuesta curricular se enfoca en las competencias del ser, del saber, del hacer y el convivir. El Instituto tiene autorización para “prestar servicios en Básica secundaria y media, en las comunidades rurales de 34 municipios del Departamento de Antioquia, mediante el Modelo Educativo SETA”.

• El Colegio Coredi Rionegro, una institución privada.

• El Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, dirigido a niños y niñas, mujeres gestantes y madres lactantes hasta que los hijos cumplan seis meses de edad. El programa atiende dos modalidades en CDI (Centro de Desarrollo Integral) y en modalidad familiar.

• Además, COREDI posee las instituciones educativas CARED, CEC, CEIBA, CIER, COCEP, Siglo XXI, y CODESAT.

• En conjunto con la secretaria de Agricultura, la COREDI diseñó el Proyecto Regional para el fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas de la economía familiar campesina del departamento de Antioquia. El Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Gobernación de Antioquia contrató a la Universidad de La Salle para operar el proyecto, en el que participaron la Corporación Nacional para la Educación Rural - COREDUCAR conformado por la Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental (CEIBA), la Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional (CIER), la Corporación Arquidiocesana para la Educación (CARED), la Corporación Centro Pedagógico Siglo XXl(COCEP), el Instituto Codesarrollo de la Fundación Codesarrollo (SOCYA) y la Corporación COREDI. El proyecto buscaba el fortalecimiento de las capacidades productivas de jóvenes campesinos mediante la enseñanza en escuelas de Campo Agroecológicas (ECAS).

COREDI ofrece servicios educativos desde el nivel de primera infancia hasta el nivel terciario de educación técnica. En el año 2007, COREDI creó la Fundación Tecnológica Rural, que actúa como una universidad privada.

Es posible que en el proceso del post conflicto, surjan más empresas como COREDI para responder una demanda en el mercado educativo rural, especialmente en aquellos municipios donde está apenas rearmándose el tejido social, político y económico luego del conflicto. En esas regiones, la demanda por el acceso a la educación en todos los niveles abre la puerta a muchos nuevos negocios en educación.

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Fundación Fe y Alegría. Negocios viejos y negocios nuevos

La Fundación Fe y Alegría es una transnacional con carácter confesional con origen en España, que vende servicios educativos de gestión y administración de centros educativos públicos y privados, acompañamiento y formación docente y diseño e implementación de modelos y contenidos pedagógicos, incluyendo plataformas digitales, entre otros.

Fe y Alegría tiene presencia principalmente en América Latina y en menor medida en África y Asia. En Colombia, Fe y Alegría vende una amplia diversidad de servicios educativos desde la primera infancia hasta educación media.

El informe del año 2018 de Fe y Alegría Colombia informa que vende servicios a las Secretarías de Educación en Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Caldas, Atlántico, Magdalena, Valle del Cauca, Bolívar y Córdoba.

En el año 2016, Fe y Alegria diseñó su “mapa estratégico” en el que planteaba ser un actor que liderara, ejecutara y articulara “iniciativas con el Estado, la sociedad civil y las empresas, educando, formando y motivando a la población más vulnerable”. Además, se proponía “innovar en su oferta de servicios, incursionado en la educación terciaria y expandiendo su accionar hacia nuevos territorios, priorizando zonas rurales, con baja presencia del Estado y alta incidencia de conflicto” (FyA, 2016).

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley Figura 1 Mapa estratégico de Fe y Alegría Nota. Tomado de la página de Fe y Alegría

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Como parte de los ingresos reportados por la venta de servicios educativos en el año 2018, Fe y tuvo ingresos por 55 155 628 691 (US$ 15 996 786 DOLARES AMERICANOS). Esos ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

Servicio

Colegios propios

Gestión Educativa por administración UT Contratos de Educación con UT Contratos por gestión de Centros de Desarrollo

(CDI)

Contratos de aportes con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Intercomponentes sobre Calidad

de Centros Educativos

TOTAL servicios educativos

Propiedades de inversión (bienes inmuebles)

Elaborado con información de Fe y Alegría (2018)

También durante el año 2018, Fe y Alegría recibió fondos por concepto de donaciones privadas. El monto total de estas donaciones ascendió a US$ 868 307 (equivalentes a 3005 945 284 pesos colombianos). De este monto, una porción mayoritaria provino de empresas transnacionales y fundaciones y el grupo Fe y Alegría informa que estos fondos fueron utilizados para “actividades de apoyo a la educación”. A continuación se detallan algunas de estas donaciones.

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dólares 8 494 789 326 8 126 391 016 13 022 115 317 4 626 880 082 20 334 810 116 190 000 000 360 642 834 55 155 628 691 15 74 156 271 2 463 743 2 356 897 3 776 804 1 341 934 5 897 704 55 105 104 597 15 996 786 456 552 . 54
Monto en pesos colombianos Monto en
Infantil
Administración

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Tabla 2. Donaciones recibidas por fe y Alegría según monto y destino de los fondos.
Donante Monto en pesos colombianos Destino de los fondos Monto en dólares 252 273 447 939 269 069 49 465 845 134 220 925 80 589 083 150 582 123 1 193 890 752 Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación Actividades de apoyo a la educación 72 860 271 276 14 286 38 765 23 275 43 490 344 815 Accenture Agencia Española de Cooperación AECID Fundación Carmen Gandarias Alboan SC Johnson & Johnson Colombiana S. A. Fundación Bolívar Davivienda Unión temporal Programa Nacional de educación para la pazEDUCAPAZ
Elaborado con base a información provista por Fe y Alegría (2019)

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Debe llamar la atención que los fondos recibidos en el marco de EDUCAPAZ sean consignados como “donación” cuando en realidad, el Programa Educapaz funciona como una alianza de fundaciones y actores privados para brindar servicios educativos, como se analiza en el siguiente apartado.

Como se consigna en el informe del 2018, en el marco del Programa EDUCAPAZ, Fé y Alegría recibió US$ 344 815. Las actividades desarrolladas para EDUCAPAZ incluyen la elaboración de Cuatro Planes Educativos Municipales (PEM) en el departamento de Tolima. Estos Planes comprenden la organización de Mesas Educativas Municipales (MEM) a partir de las cuales se articula el “Diplomado de gestión participativa de la política pública educativa” impartido por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP /PPP (FyA, 2019, p. 52).

Los Planes Educativos Municipales se desarrollaron en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el Departamento de Tolima. En la construcción de estos planes participaron “sectores educativos, productivos y políticos de la región” y Fe y Alegría los describe como la hoja de ruta en materia educativa para estas regiones, principalmente para atender la realidad en cuanto a “cobertura, la situación de los docentes, el currículo y el entorno, y la infraestructura” (FyA, 2019, p. 51).

Por su parte, el diplomado graduó a 134 mujeres y 66 hombres docentes en el año 2018 y su formación incluía la adopción de “herramientas metodológicas y pedagógicas que brindan los modelos de Educación Popular, Escuela Nueva y Aprendizaje y Servicio Solidario” (FyA, 2019, p. 51).

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Lo último en negocios: la educación en el posconflicto

EDUCAPAZ: innovando las plataformas de negocios

Actualmente, Fe y Alegría es un integrante de la Alianza para la venta de servicios educativos denominada EDUCAPAZ. Los socios de EDUCAPAZ se dedican a vender servicios de formación y acompañamiento docente, elaboración de contenidos y coordinación de espacios intersectoriales para la toma de decisión sobre temas educativos. Además de Fé y Alegría, en esta alianza participan:

• La Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)- Programa para la Paz.

• Fundación para la Reconciliación.

• Fundación Escuela Nueva (analizada en este documento).

• Programa Aulas en Paz, Corporación Convivencia Productiva.

• Universidad Javeriana de Cali.

• Universidad de los Andes.

Educapaz se describe como “una alianza que incide en la agenda educativa en el país, especialmente, en lo relacionado a educación rural y educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación CRESE” (FyA, 2019, p. 49). EDUCAPAZ tiene tres líneas de trabajo:

• Ofreciendo servicios de acompañamiento a autoridades educativas, docentes y elaboración de contenidos y modelos pedagógicos en instituciones educativas públicas y privadas de regiones urbanas del país. El enfoque de esta línea es educación socioemocional.

• Ofreciendo servicios de acompañamiento a autoridades educativas, docentes y elaboración de contenidos y modelos pedagógicos en centros educativos de comunidades rurales ubicadas en municipios afectados por el conflicto armado. El enfoque en esta línea es la educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación CRESE”

• Incidiendo en niveles de toma de decisión en política educativa, actuando frente a alcaldías, gobernaciones y ministerios (EDUCAPAZ, 2018).

En lo relativa al acompañamiento en regiones en posconflicto, actualmente EDUCAPAZ tiene presencia en el departamento de Tolima y está explorando opciones para iniciar actuación en la zona del Caguán, el Pacífico Sur y en el municipio de Atrato en el Departamento de Chocó.

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Nota. Educapaz, 2018

Educapaz se propone una acción de largo plazo. Esta alianza privada establece muy claramente que los Acuerdos de Paz, el Plan Nacional de Educación y el Sistema General de Participaciones, (que permiten a los departamentos y municipios comprar servicios educativos a privados) son una oportunidad para pensar en la venta de servicios a largo plazo, e indica que la duración del programa será determinada por los requerimientos de construcción de paz del país y sus territorios. El plan de trabajo de Educapaz vigente está previsto para ser ejecutado entre 2016 y 2025, con intervenciones territoriales secuenciales de cuatro años cada una para la línea de educación rural. (Educapaz).

Como se detalla en el siguiente apartado, el posconflicto ofrece oportunidades para ampliar el negocio de venta de servicios educativos en zonas rurales.

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley Figura 2 ¿Dónde actuamos?

El lucro en torno a la educación rural

EDUCAPAZ ha impulsado el desarrollo de una propuesta de educación centrada en competencias para el trabajo y dirigida a la juventud afectada por el conflicto armado: educación para el empleo en alianza público-privada. Esta es una clara muestra de cómo la práctica de los negocios de lucro privado con fondos públicos para la educación se instaló en la época del conflicto.

En el actual periodo del posconflicto, esta práctica parece que continuará siendo la tónica e incluso, puede crecer.

En el mes de noviembre de 2018 se sostuvo el V Congreso Nacional de Educación Rural “Una reflexión histórica, política y pedagógica de la ruralidad de Colombia, en perspectiva de Paz”, organizado por la Mesa Nacional de Educadores Rurales. La intención del Congreso era plantear lineamientos para una política educativa para las poblaciones rurales. La Mesa Nacional de Educadores Rurales está conformada por mesas regionales que sostienen diálogos permanentes con los Ministerios de Educación, Agricultura, comisiones Sexta y Quinta de Cámara y el Senado.

El Congreso tuvo el apoyo de Empresarios por la Educación, La Corporación Viva La Ciudadanía, Cinde, Corporación Infancia y Desarrollo, Terre Des Hommes Suisse, Uniagraria, Coreducar, Coredi, Fundación Planeta Rural, Semana Rural y la Fundación Aurelio Llano Posada. En síntesis, todos estos actores estarían participando en el desarrollo de los planteamientos sobre la política educativa para las poblaciones rurales.

De hecho, los actores privados y la Cooperación Internacional jugó un papel central en la elaboración del borrador del Plan especial de educación rural. Hacia el desarrollo rural y la construcción de paz, desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, la Mesa de Política Educativa para la Paz/ Mesa Nacional de Educaciones Rurales (MEN, 2018). En su elaboración participaron las ONG Fundación Escuela Nueva, Fe y Alegría, Fundación para la Reconciliación, Aulas en Paz, Fundación Avina, COREDUCAR, las ONG Internacionales Save the Children, Consejo Noruego para Refugiados, Mercy Corps, War Child Holland, Plan International Colombia; entre los cooperantes participaron la UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A nombre del sector Privado se sumaron la Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Compartir, Fundación Corona. Todos estos actores fueron invitados por el Ministerio de Educación Nacional.

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La Mesa de Política Educativa para la Paz/ Mesa Nacional de Educaciones Rurales ha designado una secretaría técnica es rotativa. Para el primer periodo está conformada por la Embajada de Canadá, Unicef, el Consejo Noruego para Refugiados, la Fundación Compartir, la Fundación de empresarios privados ExE, Educapaz y Coreducar.

Una de las principales perspectivas de la mesa es promover la participación de las familias y otros actores de la comunidad en el direccionamiento de la educación rural; fortalecer el rol de apoyo en los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes de padres, madres y otros cuidadores; y resignificar la escuela como centro de articulación de proyectos pedagógicos y productivos, lugar de encuentro y reconciliación de la comunidad. (MEN, 2017, p. 50).

Además, entre las principales estrategias propuestas se encuentra el fortalecimiento de las Juntas Municipales de Educación (JUME), el diseño de procesos de formación y cualificación a agentes educativos y docentes de educación inicial y preescolar, el desarrollo de herramientas educativas para fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes (…) enfocados a la promoción de paz, reconciliación y convivencia en la primera infancia (p. 53). Este tipo de procesos pueden ser brindados por grupos privados con presencia en las regiones rurales, especialmente por las fundaciones y corporaciones anteriormente enlistadas como vendedoras de servicios educativos (Corpoeducación, COREDI, etc.).

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia también expresó su interés de que la educación superior en los territorios rurales sea atendida mediante Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED). Las ARED deberán fomentar la educación para el empleo y la autogestión por parte de la comunidad.

Las ARED “son alianzas entre las instituciones de Educación Superior de carácter nacional y local, gremios, empresas privadas, fundaciones y cooperación internacional, que de manera conjunta formulan proyectos de oferta de educación superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano, para impulsar el desarrollo productivo y ambiental de los territorios” (MEN, 2018, p. 79).

Las ARED se constituirían en proveedor de servicios de educación rural en educación superior, formación para el trabajo y el desarrollo humano, asistencia técnica y nivelación, entre otros. Dicho proceso dependerá del nivel de desarrollo y la proyección que tenga cada ARED. (p. 80).

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En el año 2017, el MEN había definido financiar la actuación de dieciocho ARED, con un monto total de US$ 5 110 960, lo que equivale a diez y seis mil millones de pesos colombianos para su financiación. Estos fondos podrán utilizarse para comprar servicios educativos en Arauca, Choco, Montes de María, Pacifico y frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño, Norte del Cauca (Alto Patía, Putumayo, Sur de Bolívar, Catatumbo, Macarena-Guaviare, Pacífico Medio, Sierra Nevada), Perijá, Sur del Tolima, Sur de Córdoba y Urabá (Pombo, 2017).

La Fundación Compartir expresó su satisfacción con este diseño de participación privada y consideró que al comienzo puede resultar más difícil mientras se consolidan las alianzas pero después los resultados serán mejores ya que parte de la labor que tienen es reconstruir el tejido social y darles sostenibilidad a los programas, trabajando en equipo pueden lograrlo (Javier Pombo, 2017).

Los planteamientos del MEN para educación rural hacen énfasis en la necesidad de la auto gestión territorial. Insistir en la auto gestión en los territorios, puede enviar la señal al sector privado y a las ONG de una dinámica de ausencia del Estado y por tanto, de la oportunidad de sustituirlo en la prestación de distintos servicios.

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Empresarios por la educación, el capítulo colombiano de REDUCA

Empresarios por la Educación es el capítulo colombiano de REDUCA, la Red del sector empresarial articulada para influenciar la política educativa. Al revisar los documentos de Fundación de empresarios privados ExE Colombia se observa que este grupo de empresarios está avanzando en la construcción del sentido sobre la educación, protagonizando la difusión de su opinión sobre calidad, gestión, formación docente y ambientes escolares, entre otros.

El portal web de la Fundación aclara que La Fundación Empresarios por la Educación (ExE) tuvo su origen en el Latin American Basic Education Summit de 2001, evento convocado por un grupo de corporaciones norteamericanas para promover una vinculación más activa del sector privado en la educación de cara al mejoramiento educativo en América Latina (ExE, 2021).

El grupo de los Empresarios por la Educación actúa en el ámbito educativo nacional y regional y muestra experticia pedagógica y administrativa y asegura que ellos como alianza aportan “innovación, calidad y eficiencia al sistema educativo” y consideran “fundamental generar mayores y mejores relaciones con la fuerza empresarial local” en las diferentes regiones del país (Fundación ExE, 2019). Además, se describen como “un tanque de pensamiento: Monitoreamos la educación, identificamos avances y retos y proponemos alternativas de mejora” (Fundación ExE, 2019). Muchas de sus actividades las desarrolla en alianza con ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que a su vez está estructurada por seccionales en cada departamento.

Empresarios por la Educación (Fundación de empresarios privados ExE) de Colombia actúa en completa coordinación con las autoridades educativas en cada departamento. Ejemplo de ello son los siete Comités Empresariales de Apoyo a las Secretarías de Educación (CEASE) y la participación de Empresarios en la gestión del Plan Decenal de Educación 2016-2026 (Fundación de empresarios privados ExE, 2017, p. 15). Empresarios por la Educación incluye a dieciocho alcaldías y 37 secretarías de educación entre su lista de aliados ( p. 39).

Esto muestra que el sector público estatal, departamental y municipal ha naturalizado la participación del sector empresarial en las diferentes fases de la política educativa del país y que lo perciben como su aliado. Fundación de empresarios privados ExE

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está avanzando en la difusión de su opinión sobre calidad, gestión, formación docente y ambientes escolares, así como en la organización de reuniones con diversos sectores sociales y la publicación de documentos y materiales dirigidos a docentes.

Actualmente está conformada por las siguientes empresas:

Figura 3

Empresas participantes

Nota. Tomado de ExE Colombia

De estas empresas, la Fundación Luker, que es parte de CORPOEDUCACIÓN, vende servicios educativos al sector público. Además, Fundación Telefónica y Soul Education venden servicios educativos a actores privados que reciben fondos públicos, como por ejemplo a la transnacional educativa con carácter confesional Fé y Alegría (FyA, 2019).

Empresarios por la Educación ha impulsado campañas de comunicación para establecer el contenido del debate social sobre política educativa. Este interés se plasma en tres alianzas en comunicación pública: la alianza con el podcast “La silla vacía” promueven la plataforma de intercambio denominada la “Red de la Educación”. El equipo de empresarios por la educación hace una columna permanente en el periódico El Mundo y con la Revista Semana participan en la Cumbre de Líderes por la Educación, que se desarrolla cada año¹.

¹ En el momento en que se elaboraba este estudio, las personas con cargos en la Dirección de Empresarioss por la Educación eran Carlos Enrique Cavelier Lozano, Presidente Productos Naturales de La Sabana S.A.; Antonio Mario Celia Martínez-Aparicio, Presidente Promigas S.A. E.S.P.; David Bojanini García, Presidente Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ; José Alejandro Cortés Osorio, Director Consejero de la Junta Directiva Sociedades Bolívar S.A. y Carlos Arcesio Paz Bautista, Gerente General Proyemco Ltda. Las personas con cargos suplentes fueron Tatiana María Orozco De la Cruz, Vicepresidente De Asuntos Corporativos Grupo Sura Liliana Restrepo Arenas, Presidenta Frisby S.A.; Pedro Gonzáles, Gerente General Natura Cosméticos Ltda.; Cristina Gutiérrez De Piñeres, Directora Ejecutiva Genesis Foundation y Fundación Scarpetta Gnecco; Guillermo Trujillo Estrada, Gerente Asesorías Corporativas Ltda.; Rafael Aubad López, Presidente Fundación para el Progreso De Antioquia-Proantioquia y Fernando Cortés Mckallister, Director Ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda.

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Empresarios en Mesas Intersectoriales y articulaciones regionales por la Educación

La Fundación de empresarios impulsa los Capítulos de “Fortalecimiento y articulación regional”, línea de trabajo mediante la cual Fundación de empresarios privados ExE gestiona alianzas y recursos para el “desarrollo de capacidades locales para la incidencia, gestión de conocimiento y promoción del liderazgo educativo”. Estos capítulos le permiten a la Fundación tener incidencia en 35 Secretarías de Educación, lo cual representa el 65 % de la matrícula nacional.

Con estas articulaciones regionales, la Fundación de Empresarios se propone desarrollar políticas educativas e inversiones privadas acordes a las potencialidades y necesidades territoriales. Estas articulaciones, lideradas por la figura de “Gerente de Capítulo”, están activas en el Distrito de Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Valle del Cauca (FExE, 2019).

Empresarios por la Educación impulsa otro proceso que coloca como promotor del debate nacional en educación: las Mesas intersectoriales por la educación que operan en distintos departamentos.

En el caso de Cali, la Mesa Intersectorial propone acceso universal a la educación inicial, aumentar la permanencia escolar mediante “trayectorias escolares completas”, además, “el fortalecimiento de competencias básicas y socioemocionales”, la “apropiación de las TIC para el mejoramiento de los aprendizajes y la innovación” (Fundación ExE, 2019).

Esta mesa se presenta como una articulación entre el sector privado y la Secretaría de Educación, se sumarán esfuerzos para implementar el uso de una caja de herramientas para fortalecer habilidades socioemocionales de estudiantes y docentes en instituciones educativas oficiales focalizadas por “Mi comunidad es escuela”.

La Fundación de empresarios privados ExE propone que estas habilidades se fortalezcan con los contenidos y metodologías hechas por los empresarios e incluidas en la Caja de herramientas, para competencias básicas y socioemocionales.

En esa mesa participan la Fundación Empresarios por la Educación - Capítulo Valle, la Secretaría de Educación Municipal, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación

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del Valle, la Fundación Carvajal, la Caja de Compensación Familiar Comfandi Comisión Vallecaucana por la Educación ProPacífico y Cámara de Comercio de Cali Universidad ICESI, Centro de Innovación Educativa Regional Sur.

Más proyectos educativos de los empresarios

La Fundación Empresarios por la Educación es la estructura de REDUCA que muestra mayor cantidad de cartera de proyectos en América Latina. Estos proyectos cubren desde espacios de articulación y mejora de infraestructura escolar, hasta desarrollo de contenido, materiales y apoyo al personal docente. Entre los diferentes proyectos de la Fundación Empresarios por la Educación se encuentran:

• Proyecto de Rectores líderes transformadores, con presencia en cieciocho entidades territoriales. La inversión ha sido de aproximadamente US$ 700 000 dólares (COP$ 22 228) y ha involucrado a 1081 personas directivas. A partir de esta iniciativa, Empresarios por la Educación desarrolló la Red de Liderazgo Escolar que se promociona como plataforma “para la articulación de rectores, coordinadores y otros actores del sector”. Para esta iniciativa, la fundación de Empresarios convocó al sector público y al sector académico alrededor de este programa que plantea que la transformación en la manera de gestión conllevará a una transformación en los resultados.

• Colegios en trayectoria mega está dirigido a rectores de instituciones educativas públicas y privadas, para que implementen lo que Empresarios por la Educación llama “otros mecanismos de gestión educativa”, guiados por el enfoque de la calidad estandarizada y con el objetivo de difundir y replicar las experiencias en distintos centros educativos. Si bien los propios sindicatos de educación han defendido el derecho a la formación inicial y permanente de las personas en el plantel administrativo, también se ha observado que los proyectos impulsados están alineados con la tendencia mundial de fortalecer las capacidades gerenciales de las personas directoras o rectoras para que actúen como “gerentes” de las instituciones educativas y al mismo tiempo, establezcan criterios de calidad estandarizados.

Alianza Educación Compromiso de Todos (ECT), constituida en 1998 y enfocada en incidir en políticas educativas que garanticen el Derecho a la Educación. La Alianza actúa en los Departamentos del Atlántico, Bolivar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundainamarca, Valle del Cauca y Cauca. Esta alianza desarrolló el Índice del Derecho a la Educación (IDE). Sobre el índice, Empresarios pro la Educación explica que

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está orientado a “poner en acción procesos de planeación, seguimiento y evaluación de políticas educativas nacionales y territoriales con un enfoque de derechos”.

El proyecto Ola Escolar, con el que se han gestionado fondos de alianzas público-privadas para la infraestructura escolar de centros educativos en los Departamentos del Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. La Fundación de empresarios informó de la movilización de 9 074 millones de pesos (aproximadamente US$ 2 642 847) desde el inicio del proyecto. La Fundación de empresarios privados ha elaborado un conjunto de lineamientos básicos para apoyar a las entidades territoriales y las comunidades educativas en la elaboración de los Planes de Mantenimiento Escolar y las familias tienen que asumir tareas en la construcción y mejora de la infraestructura.

• En esa misma línea se desarrolla el proyecto Comunidades de Aprendizaje que suma a las familias a tareas de mejora de infraestructura escolar y desarrolla capacitaciones docentes para mejorar la convivencia en la escuela La Fundación informa que han participado unos 300 docentes en estas experiencias que ellos denominan “intervenciones de calidad”.

Al iniciar el año 2019, dos de las personas que ocupan cargos en la Fundación Empresarios por la Educación están vinculados a empresas que venden servicios educativos:

• Marcela Restrepo Mejía, miembro de la junta Luker Fundación Luker

• Fabián Andrés Hernández Ramírez, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Telefónica Móviles Colombia S.A., la filial local Móvil del Grupo Telefónica, que opera bajo la marca comercial Movistar.

Esta situación no es menor, pues ambas organizaciones, Fundación Luker y Fundación Telefónica, tienen intereses de lucro que pueden incidir en la orientación de las líneas de trabajo de la Fundación, por ejemplo impulsando proyectos en los departamentos que puedan llegar a requerir los servicios de estas fundaciones.

Muestras de poder del sector privado

Tal como se ha explicado, en Colombia, a partir del año 2017, el Decreto 2150 reitera la exención a las donaciones en programas educativos y en progranas de “becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros” (Decreto 2150, p. 12), lo que le facilita a

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grupos y corporaciones ser exonerados en algún nivel cuando hacen donaciones a ONG y fundaciones.

El grupo de empresarios privados Fundación empresarios por la Educación, en coordinación con la Fundaciones Ford y Proantioquia, lanzó el tres, que expone el trabajo del grupo en los diferentes territorios, procurando mejorar la articulación del sector privado. Los datos del SIIPE señalan que “el 46% de las 500 empresas más importantes del país invierten en programas de educación y el 53% contribuyen al sector con donaciones” (SIIPE, s.f.). Estos datos pueden funcionar como una demostración pública de fuerza y de presencia del sector privado es un actor con capacidad de influencia en las decisiones en política educativa. Los datos precisos sobre inversión del sector privado también hacen publicidad para conseguir más fondos mediante donaciones.

De hecho, ExE mediante el SIIPE, ofrece distintos servicios vinculados con las donaciones. A partir de una donación de US $300 000 a algún proyecto vinculado con educación, una empresa puede tener visibilidad en la plataforma de SIIPE.

A partir de un pago de US$ $1 000 000 se ofrece un plan de formación para el equipo de la organización en temas específicos de educación, incluyendo la asesoría de ExE para sentarse en mesas de diálogo con autoridades e incidir en diferentes niveles de la política educativa en Colombia. Las empresas que pagan este monto empiezan a ser invitadas a reuniones y eventos especiales de cabildeos organizados por la Fundación de Empresarios por la Educación, pagando así su derecho de piso para insertarse así en la esfera privada que toma decisiones en materia de educación pública.

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Negocios que habilitan nuevos negocios: redes privadas que se benefician con fondos públicos

Otra forma de negocio es la venta de servicios educativos por parte de actores privados a otros actores privados que reciben fondos públicos.

Una forma de entender esta dinámica es revisando el caso de Education Soul, una empresa privada que vende servicios mediante el diseño y la coordinación de proyectos educativos de formación en las llamadas “habilidades del siglo XXI” y plataformas de educación en línea, tanto para el nivel de primaria como para el nivel de secundaria. También venden el servicio de evaluación y medición de impactos de proyectos educativos.

Education Soul es integrante de Empresarios por la Educación. Le vende servicios a la Fundación Luke, a la Secretaria Educación de Medellín, Fe y Alegría Colombia. Como ya se observó, Fé y Alegría recibe fondos públicos y también donaciones privadas. Durante el año 2017, Fé y Alegría le contrató a Education soul servicios para el desarrollo de plataformas digitales que alcanzaron a 2500 jóvenes. Se calcula que en el 2019 estas plataformas digitales habrían alcanzado a 12500 jóvenes más.

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La inversión en infraestructura pública también ha resultado en un negocio privado

El sector privado también tiene una importante participación en el desarrollo de la infraestructura educativa. La legislación facilita no solamente la adquisición de servicios privados para el diseño, la mejora o adaptación y la construcción de infraestructura educativa, sino la participación de actores privados en el diseño de los criterios para las políticas de infraestructura.

En el año 2015, la CONPES publicó la “Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de infraestructura educativa para la implementación de la jornada única escolar”, la cual aborda el funcionamiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), a cumplirse mediante la implementación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media (FFIE). El documento señalaba que “si se quiere avanzar significativamente en la implementación de la jornada única, se hace imperativo realizar inversiones en infraestructura educativa” (CONPES, 2015).

El FFIE es creado por la ley 1753 del año 2015, ley del Plan Nacional de Desarrollo, como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, con facultad de celebrar operaciones de crédito y con el objetivo de administrar los recursos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE). El FFIE consolida y orienta el uso de recursos provenientes de distintas fuentes, tanto públicos como privados, destinados a la infraestructura educativa.

El FFIE está dirigido por la Junta Administrativa cuya estructura y funcionamiento se detalla en el Decreto 1525 del año 2016. La Junta Administrativa del FFIE es presidida por el ministro o ministra de Educación Nacional (o su delegado) y tiene una Secretaría Técnica que recae en la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional. Además está integrada por tres personas -naturales o jurídicas- designadas directamente por el o la ministra de Educación Nacional. Entre sus funciones, la junta administrativa debe priorizar y definir los proyectos de infraestructura educativa; apoyar al MEN en la formulación de políticas de infraestructura y recomendar términos y condiciones para la “celebración o modificación de contratos de fiducia mercantil para la administración de los recursos” del PNIE (Decreto 1525, p.3). Para la priorización del uso de los fondos, se toman en cuenta los indicadores producidos por el Sistema de Consulta de Infraestructura Educativa de Preescolar, Básica y Media (SICIED).

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El PNIE tiene por objetivo garantizar la existencia de infraestructura para el cumplimiento de la jornada única, entendida como “una jornada escolar de al menos seis horas para preescolar y al menos siete horas para básica y media” (CONPES, 2025, p. 13), para lo cual se ha propuesto la ampliación, recuperación y construcción de 30 693 aulas (FFIE, 2016).

El déficit de aulas asciende a 51 143, por lo que el plan de ampliación y construcción de aulas cubriría el 60 % del déficit y se financiaría con los “recursos asegurados del gobierno nacional para el PNIE por dos billones de pesos con procesos de contratación más eficientes”. La ley ha previsto que el PNIE también pueda soportarse con recursos de cooperación nacional e internacional, rendimientos financieros derivados de la inversión temporal de los recursos, fondos del Sistema general de regalías destinados a la infraestructura educativa y aportes de los departamentos, distritos y municipios (FFIE, 2016).

El FFIE ha sentado el antecedente de contratar la construcción de centros educativos por conglomerado y no de forma individual. Es decir, el grupo al que se le asigna un contrato construirá un conjunto de centros, no únicamente uno. El gobierno colombiano ha señalado que este formato es beneficioso pues permite “obtener economías de escala” (FFIE, 2016).

En el 2015, el Consejo Nacional de Política Económica y Social adelantaba el interés del gobierno colombiano de “recurrir a desarrollos bajo el esquema de APP, a través de la estructuración de proyectos específicos de infraestructura educativa que puedan ser diseñados, construidos, dotados, operados, o mantenidos por particulares” y afirmaba que el modelo APP podría ahorrarle fondos al erario público e incluso hacer un uso “más eficiente de los recursos estatales” (CONPES, 2015, p. 20).

La participación del sector privado mediante el mecanismo de la alianza público-privada está regulado por la ley 1508 del año 2012, ley que establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas.

La Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de infraestructura educativa para la implementación de la jornada única escolar arroja el cálculo de 146,6 millones de pesos colombianos por aula construida. Esto es US$ 45 148. El PNIE ha impulsado la estandarización de los modelos de construcción de centros educativos, con el fin de mantener los costos estimados. Este modelo estandar

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se denomina “Colegio 10”, por la organización en diez espacios (aulas de clase equipadas; laboratorios de física, química, ciencias naturales y bilingüismo; laboratorios de tecnología, innovación y multimedia; biblioteca escolar; comedor y cocina; zona administrativa; sala de maestros; áreas recreativas y canchas deportivas; conectividad y baterías sanitarias y servicios generales). Los Colegios 10 estarían destinados a facilitar la implementación de la jornada única, la cual tendrá una imagen y sello especial de calidad por sus condiciones pedagógicas, técnicas y de seguridad (CONPES, 2015, p.35). Se han planificado dos variaciones de los Colegios 10, la primera variación serían sedes de veinticuatro aulas para 900 estudiantes y la segunda serían sedes de doce aulas para 450 estudiantes.

Tomando en cuenta los datos del cálculo de costo por aula, cada vez que se contrata el paquete mínimo de aulas, el grupo que gana el concurso de construcción ganará al menos US$ 541 776.

La primera convocatoria abierta del año 2016 recibió ofertas por parte de 32 proponentes. De los proponentes el FFIE aprobó el establecimiento de contratos con los siguientes consorcios:

Consorcio sedes educativas, para la construcción en el Eje Cafetero y Pacífico

Consorcio CCI, para atender Antioquia, Eje Cafetero y Pacífico y Centro Sur.

Consorcio Aulas 2016, para construir en la zona de Caribe 1 y en Bogotá, Cindinamarca y Llanos.

Consorcio Interdesarrollo para atender la Zona Caribe 2.

Consorcio AGG, para construir en Bogotá y Llanos.

Consorcio Educativo 2016 para atender Bogotá, Cundinamarca y Llanos.

Consorcio IE Colombia, para la construcción en Centro Oriente.

El avance en materia de infraestructura no garantiza el avance en el cumplimiento del derecho a la educación. Lo que lo garantizaría son las políticas y programas que se establezcan para la administración y el uso de esta infraestructura. Por otra parte, se debe prestar atención al impulso tan contundente al modelo Colegio 10, reflejado en el impulso a la infraestructura correspondiente, pues estandariza un modelo pedagógico diseñado sin la participación del magisterio.

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Investigaciones por responsabilidad fiscal en alianzas público-privadas

La alimentación escolar en los centros educativos de Colombia es uno de los tantos servicios que se compra con fondos públicos a actores no estatales. La ley 715 del Sistema Nacional de Participaciones, otorga a los Departamentos o bien, a los municipios las tareas de celebrar la compra de servicio, entre los que se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En el mes de agosto de 2018, la Contraloría General de la República de Colombia informó que

5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes, y 45 exalcaldes están siendo investigados, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 154 procesos de responsabilidad fiscal en curso que suman una cuantía de cerca de $84.000 millones de pesos (CGR, 2018).

El anterior monto que equivale a aproximadamente US$ 26 000 000.Por este manejo, se han abierto procesos por responsabilidad fiscal contra autoridades en los Departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar.

Además, la Contraloría destaca que, en los departamentos de Sucre y La Guajira, donde también existen procesos abiertos, el manejo de los fondos estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo cual sienta un antecedente muy complejo para el ICBF, cuya cuantía suma más de $2797 millones.

Además de los casos de mal manejo de los fondos del PEA, se han denunciado casos de pago por servicios educativos para estudiantes no inscritos o bien, el cobro doble por estudiantes. Dentro de los 154 procesos abiertos, los exgobernadores de Arauca, del César, de La Guajira, Santander, Seucre y Caquetá.

A continuación, se revisan algunos de los casos en que en el marco del sistema de compra de servicios a empresas y fundaciones privadas, el sector público y los oferentes privados actuaron en común para hacer un mal manejo de los fondos públicos.

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Investigaciones de alianzas público-privada en el Departamento de Antioquia

En el mes de agosto de 2018, la Contraloría de la República de Colombia (CGR, 2018), emitió un comunicado informando sobre las cifras de los procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales tres casos envuelven sobre pago por servicios educativos en Antioquia.

Estos casos de responsabilidad fiscal se originaron por un mayor valor pagado por servicios educativos para 1.035 estudiantes, por “el pago de estudiantes que desertaron de la educación” (p. 2) y por el pago al contratista sin haber recibido de manera previa los bienes y servicios contratados en la ejecución del PAE (p. 3). Según la Contraloría, los montos recuperados en el período de julio 2017 a julio 2018 incluyeron la suma de 1.287.193.504 pesos, equivalentes a US$ 412 809.Otro por 1.105.474.645 de pesos colombiano, equivalente a US$ 354531, y un tercer monto por 29.700.578 pesos, equivalente a US$ 9525.

También en el Departamento de Antioquia se investiga por qué la Alcaldía del Municipio de Turbo pagó un monto de 4.336 millones de pesos, equivalentes a US$ 1 390 000 con recursos del Ministerio de Educación por concepto de servicios de cobertura educativa de 4 072 estudiantes, servicios que no fueron brindados. La identidad de la mayoría de estos oferentes no se conoce, pues los procesos penales están abiertos.

Uno de los casos investigados en Antioquia, fue el que vinculaba al Municipio de Turbio y a la Escuela Evangélica Getsemaní con responsabilidad fiscal por presunto cobro doble de servicios educativos para veintiocho estudiantes y cobro de servicios educativos para 393 estudiantes retirados y presuntamente no declarados como retirados por la escuela. El 14 de agosto de 2018, la Contraloría General de Antioquia extendió el Auto No. 098 (CGA, 2018) que ordenó el archivo del proceso pues consideró que no fue “posible evidenciar con certeza daño patrimonial alguno en desmedro del patrimonio del municipio de Turbo” y que la Escuela Evangélica Getsemaní sí “matriculó en los libros reglamentarios oficialmente a los alumnos objeto del contrato, llevó los registros de matrículas, evaluaciones y recuperación de logros de los alumnos, además de establecer mecanismos y estrategias para garantizar la permanencia de los beneficiarios en el establecimiento educativo, durante el año lectivo “ (p. 34).

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Investigaciones de alianzas público-privadas en el departamento del César

Parte de las irregularidades incluyen sobre costos presentados por los oferentes privados. En el caso del departamento del César, la Contraloría informó que las siguientes empresas contratistas también fueron imputadas por responsabilidad fiscal:

• la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir.

• El consorcio Alimentando Un Cesar Más Educado (conformada por la Fundación KÁBALA, hoy Fundación ACSI, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País).

En el caso del Contrato celebrado con el Consorcio Alimentando un César más educado, la Contraloría (2018) informó que inicialmente el contrato se celebró por un valor de $23.538 millones de pesos que equivalen a US$ 7.5 millones y medio de dólares y “tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar (…) Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final por $35 161 millones, después de una adición en dinero por $11.623 millones y 40 días en el plazo”. Es decir, las modificaciones hechas al contrato inicial permitieron que el consorcio recibiera casi US$ once millones (once millones de dólares), casi un 50 % más de lo acordado inicialmente.

Investigaciones de alianzas público-privadas en el departamento Atlántico

En el departamento del Atlántico, la Contraloría General de la República de Colombia ha informado de malos manejos en los fondos del Programa de Alimentación Escolar, así como en la construcción de infraestructura para centros infantiles.

La Contraloría indicó que, según el proceso ordinario de responsabilidad fiscal n.° 80083-0734, se confirma que el municipio de Malambo, pagó sobre costos por el Programa de Alimentación Escolar, por un monto estimado en $ 11,900 000 millones de pesos, equivalente a US$ 36 528.

Con respecto a los malos manejos en la construcción de infraestructura educativa, la Contraloría ha generado acciones concretas por actuaciones de la Goberna-

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ción del Atlántico relacionadas a los Centros de Desarrollo Infantil. La Contraloría confirma que se ha presentado una constante en estos centros “que es la construcción en lugares de difícil acceso, lo que genera costos a los usuarios y los riesgos que genera el acceso a los mismos”.

En otros casos como en Tubará, el predio en el que se construyó el centro presenta riesgo para la población usuaria por las características del terreno donde se construyó”. Igualmente se ha identificado otro Centro de Desarrollo Infantil “construido en un sector catalogado de alto riesgo” por inundaciones.

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Las irregularidades que debilitan la educación pública

La tendencia del mal manejo de fondos públicos en la adjudicación de contratos con actores privados genera una vía paralela del lucro privado con la educación pública. Además, va en detrimento del sistema público educativo, pues fomenta un permanente desvío de los fondos públicos. Además, estos mecanismos de malversación generan nuevas destrezas para el mal manejo de fondos y el tráfico de influencias en el sector público, todo bajo la sombrilla de los mecanismos establecidos por la Ley 715.

En el mes de septiembre de 2018, el Contralor General de la República anunció que pondrá atención al Programa de Alimentación Escolar (PAE), y al desarrollo de infraestructura educativa en el departamento de Risaralda, pues han recibido denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la gestión de ambos.

En el presupuesto general de la Nación para el año 2019, se habían destinado $1,2 billones para el Programa de Alimentación Escolar. De ser bien manejado y destinarse enteramente a los programas de alimentación, se podrían entregar 5,4 “millones de raciones de alimento y extender en un millón a los estudiantes beneficiarios” (Dinero, 2018).

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Los desafíos de llevar educación púbica a las zonas afectadas por el conflicto armado

Las decisiones de cómo administrar la educación en las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, muestran un camino hacia un modelo de gestión compartido entre muchos actores. Se debe prestar atención a este fenómeno, pues si no se fortalecen las autoridades educativas en estas regiones, las empresas privadas de educación, ONG y fundaciones serán las protagonistas de la implementación de los procesos educativos en todos los niveles.

El documento de Acuerdos de Paz contempla el establecimiento de estructuras que puedan responder a la complejidad en materia de instauración y/o fortalecimiento de la institucionalidad pública.

En ese sentido, plantea “fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas” (p. 26). Esto incluirá también las decisiones en materia de educación.

Los acuerdos preven la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, respondables de garantizar “una representación amplia y pluralista que se apoye entre otros en las redes, alianzas y organizaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y comunitarias existentes” (p. 26) en el proceso de elaboración de planes de desarrollo.

Otras estructuras llamadas participar en la elaboración de los Planes son las Juntas Administradoras Locales. Los acuerdos prevén que se organicen y se desarrollen “distintas instancias formales e informales de planeación participativa”.

Estas estructuras deberán asumir una gran cantidad de temas prioritarios en las comunidades. En ninguna parte de los textos de los Acuerdos, se limita la participación de estas estructuras en materia de educación pública.

La Internacional de la Educación para América Latina comprende el valor estratégico que tiene la reconstrucción del tejido social la para fortalecer y garantizar la permanencia de la democracia y de la Paz en Colombia.

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No obstante, la región ya ha conocido experiencias previas en las que se traslada la toma de decisiones en materia educativa a distintas estructuras de participación social, lejos de fortalecer la educación pública, han abierto el portillo para el empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sector de la educación, así como para desregular la venta de servicios educativos.

El documento de los Acuerdos también rescata la garantías para la movilización y la protesta pacífica, como parte delos derechos políticos de las personas y como una herramienta para la recuperación de la vida política con carácter civil (p. 44). Incluso, el documento llama a la responsabilidad del Estado de apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de grupos históricamente discriminados (p. 42).

Además, el documento establece como tarea del Gobierno Nacional tiene la tarea de “fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura” (p. 50).

Si bien el documento no hace una mención directa al derecho de la libre asociación en sindicatos, las organizaciones sindicales pueden valerse de esta mirada para posicionarse con fuerza en los territorios afectados por el conflicto, especialmente para participar en la toma de decisiones y en la presentación de propuestas sobre educación pública en todos los niveles, participación política y promoción de la igualdad y la equidad.

Los Acuerdos de Paz establecen que los actores responsables de fomentar la participación en los distintos diálogos para la reconstrucción de la vida social y política posterior al conflicto, serán la ONG Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y su Programa por la paz y con la facilitación de la Corporación de la Sociedad Civil Viva La ciudadanía, en la que la Escuela Nacional Sindical (ENS) participa como socia.

La discusión sobre el concepto de la educación como un derecho también está vigente en los procesos posteriores al diálogo de paz.

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Este es el caso de la Mesa temática sobre Educación de la Red Nacional de planeación local y presupuestos participativos. Las mesas temáticas de la red, discuten el Goce Efectivo de los Derechos “GED” en las diferentes áreas.

Con relación al Goce del Derecho a la Educación, la red mantiene una discusión en torno al carácter de la educación. El IV Encuentro Nacional de planeación local y presupuesto participativo goce efectivo de derechos, muestra como la discusión continúa abierta:

Aunque la concepción de GED apunta a la universalización, es decir, toda persona tendría derecho a la salud, la educación, la participación, etc… si se quiere en la concepción de GED vuelve a entrar la mirada al bienestar de la sociedad en su conjunto y a redefinir la función del Estado (…) En esta redefinición del Estado entran en juego dos sentidos de algunos derechos, como derecho y como servicio, es el caso de la salud y la educación.

Las posiciones más radicales no aceptan la concepción del servicio, otras más conciliadoras proponen una mirada donde la educación o la salud son un derecho pero, también un servicio, lo cual ha llevado a plantear que la garantía del derecho, es decir el GED es una obligación del Estado, aun cuando este delegue la prestación del servicio a un particular; el prestador particular asumiría responsabilidades relacionadas con el GED, pero es el Estado quien estaría obligado (p. 2).

El documento si apunta la necesidad de lograr la gratuidad en la educación y de promover contenidos que fortalezcan la participación ciudadana de la población estudiantil.

Los Acuerdos cuentan con un apartado específico sobre la Educación Rural. En este se establece la prioridad de garantizar inclusión de la primera infancia en el sistema de atención integral, ampliar la cobertura, construir infraestructura educativa, generar modelos de educación flexibles que promuevan el ingreso al sistema educativo y la finalización de los estudios, así como el diseño de contenidos socio productivos (p. 26).

En general, se proponen “modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial” (p. 26), la promoción del acceso a las TIC como herramienta educativa, y el fortalecimiento de la oferta de educación técnica y tecnológica

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Primera infancia: con el fin de facilitar el acceso a oportunidades laborales a las mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia, en las veredas afectadas por cultivos de uso ilícito se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales.

Población escolar: con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de las niñas y niños en edad escolar y promover su permanencia en las escuelas se desarrollará un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, sin perjuicio de lo acordado en el punto 1 en el marco del Plan Especial de Educación Rural y en especial de los planes de choque de que trata el subpunto 1.3.4 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la Reforma Rural Integral.

Generación de opciones laborales: se crearán mecanismos de información para facilitar el acceso a las oportunidades laborales que surjan en el marco de la implementación de la RRI y en particular de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, que le permita a la comunidad que habita los territorios afectados por cultivos de uso ilícito identificar y acceder a la oferta laboral disponible, teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales. (p. 113)

Algo que se debe observar es que los préstamos del Banco Mundial y del BID para Colombia abordan estos ejes de la política educativa, es decir, hay una alineación en materia de la agenda educativa posconflicto con la agenda de financiamiento.

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A modo de conclusión

Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. Como se analiza en este documento, el marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24 % del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales.

Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

Esta ausencia del Estado, de mano con el Sistema General de Participaciones que promueven la compra de servicios a privados, ha dejado suelo fértil para un crecimiento y una amplia especialización de los grupos privados que venden servicios.

Gracias a una práctica consolidada y sostenida de compra de servicios privados por parte de las autoridades, las empresas privadas proveedoras de servicios educativos muestran una gran expertisse y un nivel muy alto de especialidad pedagógica. Eso se observa en las fundaciones y las redes de fundaciones (con especial énfasis Corpoeducación) que han sido contratadas para diseñar desde contenidos curriculares hasta metodologías de mediación pedagógica, acompañamiento docente y la promoción de procesos de actualización profesional, entre otros.

Estos formatos de compra de servicios a privados y de traslado de fondos públicos a actores no estatales, suelen ser formatos diseñados y promovidos por las propias autoridades ¿ de “concesión” o el programa Ser Pilo Paga, ahora suspendido, para financiar carreras de estudios en universidades privadas con fondos públicos.

Los grupos privados como Empresarios por la Educación, que se han organizado por un lado para vender servicios y por otro para hacer incidencia. Es decir, ExE no tiene únicamente una agenda de provisión de proyectos, sino que también se ha pocisionado y se presenta como uno de los principales expertos en el país en temas pedagógicos, de contenidos de currículo, etc. Además, la forma de actuar de ExE es una grane estrategia de negocio, pues por un lado genera lobbys e incidencia ante el gobierno y la opinión pública para posicionar sus propias nociones de calidad y de

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Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley resultados del proceso educativo, y por otro lado, vende los productos y las asesorías vinculadas a esas nociones de calidad.

Es difícil prever que las condiciones de comercio educativo en Colombia se desaceleren o que el sector privado y empresarial, quiera ceder algo del espacio conquistado, pues este espacio le brinda oportunidades de negocio y una imagen legitimada, imagen que a su vez, utilizan para vender nuevos servicios, etc.

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Anexos

Previo a la elaboración de este documento, se habían revisado catorce préstamos del Banco Mundial y del BID para Colombia, negociados entre el año 1995 y el año 2017. También, se han revisado catorce préstamos del Banco Mundial y del BID para Colombia, negociados entre el año 1995 y el año 2017.

• Las principales áreas de financiamiento en este conjunto de préstamos son:

• Fortalecimiento de la gestión educativa, los programas escolares y la capacitación docente.

• Equidad, ciudadanía, violencia, desplazados, pobreza y paz.

• Educación capital humano en comunidades indígenas y afrocolombianas.

• Calidad educativa.

• Educación rural.

• Préstamos para la educación superior.

A continuación se detallan los objetivos de cada préstamo. Se presenta el préstamo más actual y se finaliza con el más antiguo.

Préstamos del BID en Colombia

Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares Año de aprobado Objetivos del préstamo

Fortalecimiento

Gestión Educativa

US$1 900 0001997No hay documentos disponibles. Ver mención del proyecto en el BID:

https://www.iadb.org/es/project/ CO0217

Cooperación técnica

Atención Niños en Edad Preescolar

US$15 0001998No hay documentos disponibles. Ver mención del proyecto en el BID:

https://www.iadb.org/es/project/ TC9810088

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Préstamo

Préstamo

US$37 110 000 1999

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Iniciar reformas en el sistema educativo colombiano dirigidas a fortalecer la gestión descentralizada y autónoma y mejorar la eficiencia y equidad social en la asignación de los recursos, como medio para ofrecer un servicio educativo de mejor calidad. Las reformas en la gestión y en la asignación de recursos se desarrollarán en un grupo limitado de departamentos y municipios en los que se espera: a) fortalecer la gerencia educativa y la autonomía escolar; b) implantar mecanismos que aseguren eficiencia y equidad social en la asignación de recursos; c) garantizar a los alumnos de los colegios del programa el ciclo completo de educación básica; d) asegurar el acceso y la transparencia de la información y la evaluación de resultados; y e) favorecer la participación ciudadana. Adicionalmente, el programa fortalecerá la capacidad técnica del MEN en el seguimiento y evaluación de los resultados del sistema. El programa permitirá identificar las condiciones y factores de éxito para construir un sistema escolar efectivo y extraer lecciones que puedan ser aplicadas al conjunto de la educación pública en el marco de una reforma nacional de más largo plazo.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=443714

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares Año de aprobado Objetivos del préstamo
Sistema Escolar
Programa Nuevo

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Objetivo general: incrementar el nivel de equidad en la provisión de servicios educativos por parte del Distrito de Bogotá, incluyendo desde el grado 0 al grado 11. Objetivos específicos: particularmente para los niños y jóvenes más pobres de Bogotá (i) incrementar y mejorar la eficiencia en el acceso a los niveles preescolar, básica y media; (ii) aumentar los niveles de retención y graduación para dichos niveles; y (iii) amentar la calidad en la provisión de servicios educativos para dichos niveles.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=571342

El objetivo principal del proyecto es fortalecer y evaluar los efectos de los programas escolares existentes para promover las competencias ciudadanas. Las evaluaciones continuas servirán como una herramienta para apoyar el logro de los estándares nacionales de calidad para la educación ciudadana establecidos por el gobierno colombiano.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=658944

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo Equidad en Educación en Bogotá Desarrollo de Competencias Ciudadanas US$90 000 000 US$750 000 2006 2006
Préstamo Cooperación técnica

Cooperación

Cooperación

Colombia I El paraíso del

El objetivo principal es apoyar al Gobierno de Colombia en la consolidación de un Sistema de formación de capital humano integral. Los objetivos específicos son:

(i) reforzar el trabajo operativo y analítico en torno al acompañamiento de losnuevos docentes en las escuelas, en el contexto del nuevo estatuto docente;

(ii) evaluar las intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la oferta educativa técnica y tecnológica; y

(iii) fortalecer la articulación entre la educación media, la formación para el trabajo y el mercado laboral apoyando el desarrollo del SNFT y el MNOC.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1603716

El objetivo de esta TC es fortalecer el rendimiento académico de niños de 2ndo y tercer grado en tres escuelas que concentran población desplazada por la violencia en las ciudades de Barranquilla, Bogota y Quibdo.

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
Integrado para la Formación del Capital Humano Apoyar Innovación Educativa para Mejorar el Aprendizaje de Niños Desplazados
comercio educativo, donde el lucro es ley
Sistema
140 2008 2008
US$20 500 000 US$430
técnica
Ver documento del préstamo: https://www.iadb.org/es/project/ CO-T1127 técnica

Cooperación técnica

Desarrollo del capital humanos de poblaciones indígenas y afrodescendientes

US$970 000 2010

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El objetivo principal de este KCP es ampliar el acceso a educación superior para indígenas y afrodescendientes en Colombia a través de escalar y transferir conocimiento sobre diseño y gestión de Fondos de Capital Humano (HCF por sus siglas en inglés), una metodología innovadora y sostenible financieramente desarrollado por Lumni Inc., organización que ha sido reconocida por Ashoka y descrita como una de las iniciativas de emprendimiento social más importante de la década en las Américas. El desarrollo de esta metodología fue apoyado desde sus inicios por FOMIN a través de una cooperación técnica que fortaleció las capacidades institucionales y de gestión de Lumni. Por lo tanto este apoyo inicial creó las condiciones necesarias para llevar a escala esta metodología y diseminarla entre actores líderes del sector privado y público de la región.

No hay documentos disponibles, solo la mención del proyecto por parte del BID.

https://www.iadb.org/es/project/ CO-T1236

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo

Taller

US$16

Proporcionar ideas a los hacedores de política educativa en Colombia sobre mecanismos para aumentar la calidad de la educación en el país.No hay documentos disponibles. Ver mención del proyecto en el BID:

https://www.iadb.org/es/project/ CO-T1244

Este programa tiene como objetivo apoyar al GdC en los esfuerzos por reducir los rezagos e inequidades territoriales en cobertura y calidad educativa, apoyando al MEN en: (i) profundizar su proceso de modernización de la gestión descentralizada, especialmente llegando a las IE; (ii) fomentar las competencias ciudadanas y una educación para el ejercicio de los derechos humanos en la educación básica; y (iii) aumentar el acceso y la graduación en la educación técnica y tecnológica a través del fortalecimiento de la oferta actual y generación de nueva oferta educativa de calidad.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/ws-

docs/getdocument.aspx?docnum=35950556

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
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retos
Apoyo
de Educación
Calidad
la Prosperidad
de trabajo sobre calidad educativa en Colombia: diagnóstico y
Programa de
al Plan
de
para
500
000 000 2010 2012
US$46
Cooperación técnica Préstamo

Cooperación técnica

US$790 000

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Cooperación técnica

El objetivo del Programa es apoyar al Ministerio de Educación a identificar las escuelas de pobre desempeño en términos del ambiente escolar y prácticas administrativas, trabajando con ellos en el fortalecimiento de sus capacidades. Esto incluye ajustes en el Sistema de Información Matrícula a nivel nacional (sobre la muestra de escuelas que serán participes de este programa). Con este Programa el Ministerio de Educación ampliará sus esfuerzos para reducir los rezagos e inequidades en la calidad y cobertura de la educación.

Ver documento del préstamo: https://www.iadb.org/es/project/ CO-T1178

Apoyar el proceso de adquisición de habilidades, destrezas y herramientas básicas de tipo social, vocacional y ocupacional en la población infantil, adolescente y adulta entre ocho años en adelante, que tengan una condición de discapacidad y que se encuentren en riesgo social, con el fin de lograr la inclusión social de ellos en escenarios como el hogar, la comunidad y la escuela, de manera que logren participar y desempeñarse de forma activa en cada uno de estos contextos.

Ver documento del préstamo: https:// www.iadb.org/es/project/CO-T1314

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
prácticas de gestión escolar y climas Apoyo a los talentos y mejor las habilidades productivas
Fortaleciendo
US$330 000 2012 2012

Cooperación técnica

Mejoramiento Resultados Académicos y de Vida en Niños y Jóvenes en Manizales

US$328 500

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Cooperación técnica

US$620 000

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38809308

Programa de reforzamiento académico. Se implementará un programa de reforzamiento académico (PRA) a ser diseñado por una firma especializada en el área (por ejemplo, RTI). Se desarrollará en contra jornada 2 y hará énfasis en nivelar a los niños que presentan rezagos en el aprendizaje de lectoescritura y matemáticas. El programa atenderá 28 de las 57 instituciones educativas (IE) del municipio de Manizales.

Evaluación del Programa de reforzamiento académico. Se propone un diseño que combina un experimento con una regresión discontinua. Por un lado, las instituciones

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
Fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemáticas 2013 2014
El objetivo de esta operación es mejorar los resultados académicos y de vida en niños a través de la promoción del deporte y la actividad física dentro del sistema educativo. Específicamente, la operación propuesta busca mejorar la equidad de oportunidades y de vida mediantes los beneficios que ofrecen el deporte y la implementación de una serie de actividades deportivas dirigidas a niños y jóvenes en situación de riesgo en Manizales.

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo

educativas serán asignadas a la intervención a través de un proceso de aleatorización estratificado. (2014).

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38798922

Cooperación técnica

Aportes regionales para la planificación de la Jornada Extendida

Cooperación técnica

Prospectivas de la educación superior: hacia una Colombia educada con calidad

Cooperación técnica

Apoyo para mejorar la efectividad y la equidad de la inversión educativa

La operación tiene como objetivo principal hacer una puesta en común de los logros y desafíos del proceso de jornada extendida en Chile, Argentina y Uruguay, para enriquecer el proceso en Colombia.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39089519

La operación tiene como objetivo principal hacer una puesta en común de los logros y desafíos de los sistemas de acreditación de la calidad educativa de la educación superior, para enriquecer el proceso en Colombia.

Ver documento del préstamo: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40109275

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es apoyar al Gobierno de la República de Colombia en el proceso de evaluar la efectividad y la equidad del actual sistema de financiamiento educativo, y pro-

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US$14 000 US$7 971 US$211 785 2014 2015 2016

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo

poner alternativas para mejorarlo. La CT se alinea a los objetivos del Fondo Social (GN-2426-6) y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del Gobierno de la República de Colombia. La propuesta no está vinculada con ninguna operación en marcha y tiene el potencial de generar futuras operaciones en el sector.

Ver documento del préstamo:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40776802

Cooperación técnica

Mejora de la calidad educativa para el área Rural

US$605 000 (Trescientos treinta mil dólares)

Préstamos del Banco Mundial en Colombia

2016 No hay documentos disponibles. Ver mención del proyecto en el BID: https://www.iadb.org/es/project/ CO-T1422

Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares Año de aprobado Objetivos del préstamo

Préstamo

Proyecto educativo Pasto US$7 200 0001997Los objetivos de desarrollo del proyecto son (i) mejorar la capacidad de las escuelas, las comunidades educativas y municipio para proporcionar efectivamente su educación respectiva servicios y (ii) contribuir a la meta del municipio de mejorar la calidad de los servicios de educación y el aprendizaje de los estudiantes en el territorio del municipio. Los objetivos se lograrán apoyando

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y financiando el desarrollo de Redes educativas y la implementación de su educación planes de mejora; una estrategia a corto plazo para apoyar y financiar. Planes municipales para abordar las necesidades educativas desatendidas básicas (Necesidades Educativas Básicas insatisfechas, NEBI), como provisión de materiales de educación básica, escuela urgente rehabilitación de infraestructura y expansión de acceso, y apoyar y financiar la mejora de la educación capacidad de gestión del SEM.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/961571468770464945/pdf/ multi0page.pdf

El desarrollo del proyecto los objetivos son (i) mejorar la capacidad de las escuelas / comunidades, municipios y el departamento para proporcionar efectivamente sus servicios educativos respectivos; y (ii) contribuir al objetivo del departamento de mejorar el aprendizaje y las actitudes de los estudiantes en comunidades rurales, urbanas, pobres y en riesgo de violencia.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/168051468771879085/pdf/multi0page.pdf

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo Proyecto educativo Antioquia US$40 000 000 1997
Préstamo

Préstamo

Proyecto de educación rural US$20 000 000 2000

El Proyecto de Educación Rural para Colombia tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación básica de calidad en las zonas rurales. Hay cuatro componentes del proyecto. El primero mejora el acceso y la calidad de la educación al 1) financiar la investigación y la evaluación de modelos educativos innovadores, estrategias y planes de estudio para los grados K-12; y difunde los resultados de este trabajo; 2) prueba piloto y evaluación de los programas de "Telesecundaria" y "Aceleración del aprendizaje", y 3) diseño de reformas de los programas de capacitación de docentes antes del servicio y suministro de equipos y materiales de capacitación. A nivel local, este componente financia subproyectos. Que puede apoyar la reforma de los programas de formación docente en servicio, crear / fortalecer la demanda educativa mediante campañas de información focalizadas, crear esquemas de incentivos para aumentar la cobertura escolar e implementar proyectos que vinculen el aprendizaje escolar con la productividad. El segundo componente brinda asistencia técnica para fortalecer la capacidad para la implementación del proyecto, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, apoya la formación de alianzas estratégicas y desarrolla la capacidad de los municipios para

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AprobadoObjetivos
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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares
del préstamo

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crear planes educativos y mejorar la gobernanza escolar. El tercer componente respalda el papel del ministerio en el fortalecimiento de formas participativas y democráticas de gobernanza escolar y desarrollar el capital social y valores cívicos. El cuarto componente fortalece los sistemas de información y diseña, implementa y evalúa los proyectos piloto. (Banco Mundial)

http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/611591468770497457/pdf/multi0page.pdf

Préstamo

El objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar el sub de educación terciaria respuesta del sector a las necesidades de la sociedad de capital humano de alta calidad que mejorará la competitividad de Colombia en el mercado global. El proyecto hará que el sistema de educación terciaria colombiano sea más receptivo a demanda, y promover una mayor equidad y calidad en la preparación de graduados de educación terciaria.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/758011468746361942/pdf/ multi0page.pdf

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo Mejorar el acceso a la educación superior US$200 000
2002

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación de Cundinamarca

US$15 000 2003

Colombia I

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El objetivo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación de Cundinamarca es ayudar al Gobierno del Departamento de Cundinamarca a desarrollar las habilidades en los estudiantes de escuelas primarias y secundarias que mejorarán su productividad, competitividad y habilidades sociales en general. Los objetivos de desarrollo del Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa de Cundinamarca son: (i) mejorar la calidad y relevancia del sistema educativo y (ii) mejorar la eficiencia interna y externa de la educación a nivel departamental, municipal y escolar. Hay tres componentes para el proyecto.

Componente 1. Este componente apoyará los cambios a la gestión y prácticas escolares de acuerdo con la nueva legislación y los planes de desarrollo de departamento que buscan mejoras de calidad y relevancia, así como la identificación e implementación de actividades escolares y comunitarias para apoyar la educación para proyectos de paz diseñados para mitigar incidencia de violencia y conflictos.

Componente 2. Este componente fortalecerá la capacidad institucional y de gestión de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC) y los municipios. El objetivo de este componente es mejorar la eficiencia general del sistema educativo de Cundinamarca. Componente 3. Este componente financiará la Uni-

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
Préstamo

US$ 20 000 000 2007

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dad de Coordinación del Proyecto (PCU) que opera dentro de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. La PCU sería responsable de la coordinación general del proyecto trabajando estrechamente con los departamentos de línea dentro de la SEC, que a su vez tendrá la responsabilidad de implementar los componentes del proyecto. La PCU será responsable de planificar, supervisar y evaluar el proyecto. Específicamente, la PCU: (i) desarrollará los procedimientos administrativos y técnicos para asegurar mejoras de calidad de la educación a través de la administración administrativa, financiera y pedagógica de las escuelas y la operación descentralizada.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/176441468744291477/pdf/multi0page.pdf

El Proyecto de educación media de Colombia apoyará al Departamento de Antioquia en su visión a largo plazo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y aumentar la competitividad de la fuerza de trabajo mediante las acciones siguientes: i) incrementar el acceso equitativo y la permanencia en la educación media; ii) mejorar el buen rendimiento educativo

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Tipo de
Nombre
AprobadoObjetivos
inversión
del Proyecto Monto dólares
del préstamo
Proyecto de educación media en Antioquia Préstamo

equitativo en la educación media, y iii) aumentar la proporción de estudiantes que superan con éxito la educación secundaria en la escuela pública y que prosiguen sus estudios en la educación terciaria. El proyecto consta de tres componentes. Componente 1: Acceso equitativo a la educación media y oportunidades para acceder a la educación terciaria. Este componente apoyará una estrategia integrada dirigida a aumentar la cobertura, la permanencia y la superación de los estudios en el nivel de la educación media; asimismo, ofrecerá más oportunidades de acceso a la educación terciaria para los estudiantes de ingresos bajos, especialmente los procedentes de zonas rurales. Este componente apoyará estrategias integradas encaminadas a mejorar la calidad y la pertinencia de la educación media. Componente 3: fortalecimiento institucional, seguimiento y evaluación, y gestión del proyecto. Este componente incluirá apoyo a la coordinación, a la supervisión y a la evaluación del proyecto en general.

Ver documento del préstamo: http://projects.bancomundial.org/ P052608/antioquia-upper-secondary-education?lang=es&tab=documents&subTab=projectDocumen

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Tipo
Nombre
AprobadoObjetivos
Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley
de inversión
del Proyecto Monto dólares
del préstamo

Préstamo

Segundo proyecto de respaldo a los préstamos estudiantiles: Préstamo adaptable para programas, etapa I

US$300 000 000 2008

Los objetivos del Segundo Proyecto de Apoyo a Préstamos Estudiantiles para Colombia son: (a) mejorar la cobertura mediante el aumento de las tasas de matrícula y graduación de los estudiantes en la educación terciaria; (b) mejorar la equidad mediante el aumento de las tasas de matriculación y graduación de los estudiantes de educación terciaria de entornos económicamente desfavorecidos; y (c) aumentar y diversificar las fuentes de fondos alternativos disponibles para el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) con el fin de aumentar la sostenibilidad de ICETEX. Los cambios incluyen, aumenta el porcentaje de estudiantes matriculados en educación terciaria cuyos ingresos están por debajo del doble del salario mínimo. Porcentaje de recursos totales disponibles para créditos de estudiantes generados a partir de nuevas fuentes externas. La fecha de cierre se ha extendido por dieciocho meses, desde la fecha de cierre original del 31 de diciembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2012. Esta ha sido la primera extensión. La extensión permitirá a ICETEX: 1) alcanzar plenamente el objetivo de diversificar sus recursos de financiación; y

2) continuar ampliando la provisión de préstamos estudiantiles a estudiantes del estrato socioeconómico más bajo.

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/180121468261928109/pdf/574520PJPR0P101ring0Paper0October07.pdf

Los objetivos del segundo préstamo adaptable para programas destinado al proyecto de educación rural en Colombia consisten en mejorar el acceso a la educación de buena calidad en unas 120 a 210 municipalidades de 30 departamentos seleccionados, a la vez que se respalda el desarrollo del capital social. Durante la primera fase se cumplieron las condiciones necesarias para iniciar la segunda fase, a saber, aumentos escalonados en el alcance y en los logros del aprendizaje, acompañados por la reducción de las tasas de repetición en las municipalidades elegidas; eficacia de las municipalidades en el empleo de los recursos para subproyectos educativos, y participación de la sociedad civil en la gestión de la educación. El proyecto consta de tres componentes. El primer componente consiste en mejorar la capacidad de la Secretaría Departamental de Educación y de las autoridades municipales para gestionar la calidad de la educación rural. Este componente contribuirá a fortalecer la capacidad de las secretarías

90
Tipo de
Nombre
AprobadoObjetivos del
Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley
inversión
del Proyecto Monto dólares
préstamo
Proyecto de educación rural US$40 000 000 2008 Préstamo

departamentales y municipales de educación participantes que han sido certificadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). El segundo componente consiste en reforzar la gestión de la educación rural en el ámbito escolar, con el fin de obtener unos resultados más satisfactorios y equitativos en el acceso, la culminación y la calidad del aprendizaje. Este componente ayudará a los directores de escuelas, al personal docente y a los centros de capacitación a mejorar el entendimiento de las necesidades educativas en el contexto rural y las correspondientes intervenciones en la materia en las zonas rurales, a fin de aumentar el acceso equitativo, así como de mejorar el rendimiento escolar y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Por último, el tercer componente consiste en fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para coordinar, supervisar y evaluar los proyectos. Este componente incluirá la prestación de apoyo a la coordinación, supervisión y evaluación de los proyectos en su conjunto mediante: i) el diseño y la aplicación de diferentes estudios para promover una educación de calidad en las zonas rurales; ii) el diseño y la aplicación de una estrategia de supervisión y evaluación relacionada con el proyecto, y iii) el fortalecimiento de la capacidad del equipo de coordinación de proyec-

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Nombre
AprobadoObjetivos
Colombia I El paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley
Tipo de inversión
del Proyecto Monto dólares
del préstamo

Préstamo

Préstamo

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tos para cumplir con sus responsabilidades de gestión del proyecto.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/144271506320287979/pdf/119947-BRI-PUBLIC-tre-project-colombia-rural-p082908.pdf

El objetivo del proyecto es aumentar la matrícula, la graduación y la equidad de los estudiantes en la educación superior, al: (a) aumentar el número de ACCES

Préstamos para estudiantes y el enfoque del programa ACCES en estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y en educación superior de calidad instituciones y programas; y (b) mejorar la capacidad institucional de ICETEX. (Banco Mundial, 2021)

Ver documento del préstamo:

El objetivo de desarrollo del Proyecto de Acceso y Calidad en la Educación Superior para Colombia es mejorar la calidad de la educación terciaria en las instituciones participantes y aumentar la matrícula de estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos en programas de calidad. El proyecto consta de tres componentes. El primer compo-

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Tipo de inversión Nombre del Proyecto Monto dólares AprobadoObjetivos del préstamo
Acce-
Calidad
la Educación Superior, Segunda Etapa
de acceso y calidad de la educación superior
Proyecto de
so con
a
Proyecto
000 000 2014 2017
US$200 000 000 US$160

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nente, préstamos estudiantiles de pregrado y créditos condonables para el objetivo de la educación de posgrado es aumentar la matrícula de estudiantes y la graduación en programas de alta calidad. Consiste en los siguientes subcomponentes: (i) préstamos estudiantiles de pregrado; y (ii) créditos condonables para la educación de postgrado. El segundo componente, mejora de la calidad de la educación terciaria, las instituciones y los objetivos son mejorar la calidad de los centros de Educación Superior (TEI) mediante el fortalecimiento de sus capacidades de investigación e innovación y la mejora de su colaboración con los sectores productivos en las regiones. El tercer componente, el objetivo de fortalecimiento institucional es mejorar las prácticas y la capacidad de gestión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), fortalecer su sostenibilidad a largo plazo y promover la toma de decisiones basada en la evidencia. Consiste en los siguientes subcomponentes: (i) gestión y supervisión del proyecto; y (ii) fortalecimiento de capacidad y sostenibilidad.

Ver documento del préstamo: http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/845091484227217440/pdf/Colombia-PAD-01092017.pd

93
Tipo de
Nombre del
Monto
AprobadoObjetivos del préstamo
inversión
Proyecto
dólares
Elaboración propia con datos del BID y del Banco Mundial.

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Fuentes bibliográficas

• Abstracto de Cooperación técnica. (2014). Recuperado de https://idbdocs.iadb. org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38798922

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• Álvarez, V (2016) La polémica por la Oficialización de colegios públicos operados por pruvados en Medellín. Publicado el 16 de septiembre de 2016 en El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/antioquia/polemica-por-oficializacion-de-colegios-publicos-operados-por-privados-en-medellin-LB4993728

• Arenas, A (2004) Privatization and Vouchers in Colombia and Chile. Revue Internationale de l'Education, Vol. 50, No. ¾ Recuperado de https:// www-jstor-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/stable/pdf/4151605.pdf?ab_segments=0%252Ftbsub-1%252Frelevance_config_with_tbsub&refreqid=excelsior%3A17e9399ee0d24158729cb7f5fbb380c5

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• Banco Mundial. http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/336761468245127888/pdf/ISR-Disclosable-P145782-01-29-2015-1422547111302.pdf

• Banco Mundial. (2017). Access with quality to higher education project-ACCESS II -sop phase 2 (p145782) Recuperado de http://documentos. bancomundial.org/curated/es/802241498766675428/pdf/ISR-Disclosable -P145782-06-29-2017-1498766638227.pdf

• Banco Mundial (2018) Project paper on a proposed additional loan in the amount of usUS$160 million to the Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior (ICETEX) with the guarantee of the Republic of Colombia for an additional financing for access and quality in higher education project. Recuperado de http://documentos.bancomundial.org/curated/ es/292451521943244093/pdf/Colombia-PP-03052018.pdf

94

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•Bancompartir (2017) Memoria de Sostenibilidad. Recuperado de https://www. bancompartir.co/upload/pdf/sostenibilidad/Memoria-Sostenibilidad-2017.pdf

• Barrera Osorio, F. (2006). The Impact of Private Provision of Public Education: Empirical Evidence from Bogotá’s Concession Schools.

• Bogota Cómo Vamos (2019). Vigésimo primer Informe de calidad de vida en Bogotá. Recuperado de https://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2019/08/ Informe-Calidad-De-Vida-2019.pdf

• Bonilla, J.D. (2012) Contracting Out Public Schools for Academic Achievement: Evidence from Colombia. Recuperado de https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/ file/Juan_Bonilla.pdf

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