nombres propios
hemos incrementado el Fondo en 8.000 millones de euros y prevemos que la hucha de la Seguridad Social finalice el año con 26.500 millones de euros. La tercera garantía viene de la decisión de profundizar en el desarrollo del Pacto de Toledo en un clima de bonanza económica, que nos va a permitir abordar las reformas necesarias, con el menor coste social y con el consenso de los agentes sociales y los partidos políticos. La cultura del consenso y el pacto en sí mismo es un estabilizador fundamental del sistema y toda una garantía de futuro. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, estima que debe impulsarse la labor de integración para la existencia futura de dos grandes regímenes, en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. No obstante, la Comisión considera necesario impulsar un análisis exhaustivo de la situación actual de los Regímenes Especiales Agrario y del Mar y de los sectores económicos en ellos protegidos.
La Comisión estima, asimismo, que la integración se produzca de manera gradual y no traumática y que se mantengan las especialidades que procedan con relación a cada uno de tales colectivos, estudiando el establecimiento de periodos graduales de integración y la posibilidad de que las mismas sean financiadas, en parte, por el Sistema de Seguridad Social. Además, es recomendación de la comisión e intención del Gobierno adoptar las medidas necesarias para evitar discriminaciones de la mujer que pudieran producirse en el Régimen Especial Agrario. C.G.S. ¿Qué papel considera que juegan los graduados sociales en las relaciones laborales y en la gestión de la Seguridad Social? J.C. Creo que desempeñan un papel de intermediación muy importante que facilita el entendimiento tanto entre trabajadores y empresarios como entre la Administración y los agentes sociales del mundo laboral. El papel de este colectivo es muy importante en el ámbito de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, en la medida en que contribuyen a mejorar su información y sus relaciones con la Seguridad Social.
C.G.S. ¿Qué efectos considera que va a tener el acuerdo tripartito sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC)? J.C. El Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales tiene como objeto evitar el recurso a los Juzgados y Tribunales para resolver los conflictos de carácter colectivo en un ámbito superior al de una comunidad autónoma, surgidos entre empresarios y trabajadores. La adhesión a ASEC es voluntaria, por lo que requiere en cada ámbito concreto un acuerdo. Lo que sí puedo decirle es que, a finales de 2003, se encontraban adheridos sectores y empresas que sumaban un total de siete millones de trabajadores, lo que representa el 70% de los que están sujetos a negociación colectiva; por tanto, de los datos se deduce que está funcionando bien. Como usted sabe, el primer ASEC se suscribió por las organizaciones sindicales y empresariales en 1996. Desde entonces, el Acuerdo se ha renovado tres veces y se han multiplicado acuerdos similares en todas las comunidades autónomas. Con la última firma de renovación, el Gobierno ha adquirido el compromiso de apoyar las funciones y
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cometidos pactados en el Tercer Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos, suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas el 29 de diciembre de 2004. La cooperación concreta y práctica del Gobierno se refiere a la subvención que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta a la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), creada en 1998 para gestionar los procedimientos establecidos en el ASEC. En el ámbito del Acuerdo y gestionados por el SIMA se contemplan tres tipos de conflictos: aquellos en los que, de no existir acuerdo intervendría la Jurisdicción Social; en segundo lugar, los derivados de discrepancias en la negociación colectiva y, por último, en los casos de huelga.