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la tribuna
crisis, a diferencia de otros Estados europeos. El Estado Autonómico, justificado tanto por los partidos nacionales (PSOE y PP) como por los nacionalistas, constituye el gasto más importante, con diferencia, de nuestro presupuesto y la razón fundamental de nuestro déficit público, es por tanto la partida que precisa de un ajuste inmediato. La constante cesión de competencias, junto con la ley electoral que termina por favorecer a las minorías independentistas, hace que me pregunte, ¿cuál es el final del Estado de las Autonomías? ¿La desmembración misma de la Nación? El Estado de las Autonomías, por su propia naturaleza, aspira a incrementar constantemente sus techos competenciales, lo que nos está llevando a la ruptura del modelo de Estado basado en la indisoluble unidad de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española. Esto con ser preocupante es sólo una parte importante del problema, el otro aspecto sería el económico, ocasionado por el gasto desmedido que implica el constante incremento de estos techos competenciales. Por ello considero necesario introducir un límite de gasto obligatorio a cada Comunidad Autónoma, junto a una serie de mecanismos de penalización para las Comunidades infractoras y a investigar tanto la existencia de duplicidades, como los solapamientos superfluos e ineficaces en las CC.AA. Planteamiento perfectamente lógico, ya que del total del gasto público, el 20% corresponde a la Administración Central del Estado, el 30% a la Seguridad Social, el 36% a las CC.AA., y el resto a las entidades locales. La actuación del Estado debería iniciarse con simples recortes dirigidos a las administraciones autonómicas: número de consejerías y
parlamentarios de las CC.AA., personal de confianza y de libre designación y oficinas como las llamadas “embajadas autonómicas”, y posteriormente la actuación del Estado debería dirigirse hacia las llamadas empresas del sector público: radios, televisiones, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones. En definitiva, todo aquello cuya existencia no haya supuesto una aportación substancial a los servicios públicos de la región o cuyas funciones sean la simple duplicidad de las agencias estatales activas. La eliminación del
“Deberíamos preguntarnos si el Estado es viable con el diseño que presenta en la actualidad”. sobrecoste acarreado por el descontrol autonómico facilitaría la recuperación económica y ayudaría a encauzar la economía española por una senda de crecimiento mayor y mejor. Es más, de aprovechar esa vía, se evitaría el reajuste económico anunciado por el Gobierno y que este tuviera que recaer sobre, entre otros, los pensionistas y los funcionarios. En definitiva, el control sobre el gasto evitable y excesivo de las CC.AA. es, en última instancia, una materia de voluntad política. Y está claro que los dos grandes partidos nacionales (PSOE y PP) son reacios a introducir controles efectivos. Como el asunto es de vital importancia para España, puesto que de ello depende en gran medida la recuperación económica e institu-
cional, señores políticos, a trabajar toca, sabiendo que para afrontar la dura tarea que tienen por delante hay un obstáculo adicional: las patologías derivadas de un uso inadecuado del Estado de las Autonomías. Ahora que se habla tanto de la “economía sostenible”, deberíamos preguntarnos si el Estado es viable con el diseño que presenta en la actualidad. Es muy probable que no lo sea, pero en muchos casos falta voluntad por acometer las reformas ineludibles y en otros es el mismo poder territorial el que se niega a hacerlas, porque es consciente de que se juega su continuidad si desmantela ese tejido político, administrativo y empresarial que ha creado. Muy pocas comunidades autónomas y ayuntamientos están dispuestos a hacerse el harakiri, a cambio, eso sí, de poner en riesgo la solvencia del conjunto del Estado. Sólo un pacto de los dos partidos mayoritarios que posibilitara las reformas oportunas, como tuvo lugar en Alemania, podría solucionar esta peligrosa situación. Pero en Alemania hay una lealtad constitucional de todos los partidos políticos que en España no existe. Por todo ello creo que, la fragmentación normativa y el incremento desmedido del gasto, sobre todo en el ámbito autonómico, que inciden sobre la realidad económica, obligan a una revisión profunda del marco institucional en el que opera nuestra economía. Quiero terminar la última parte de este artículo diciendo que ninguna comunidad autónoma da datos de su ejecución presupuestaria mes a mes como lo hace el Estado central, algo que resulta muy importante para vigilar lo que se está haciendo. Es urgente subsanar estas carencias, pues la falta de transparencia puede redundar en una desconfianza en los mercados.