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da, aumentar el número de plataformas reservadas al transporte público, etc.
ción de precio o gratuidad a colectivos sensibles, tercera edad, menores, etc.).
El Plan TP plantea además una batería de medidas políticas, legales y fiscales para articular su puesta en marcha. La primera e inexcusable es una Ley de Financiación Estatal del Transporte Público como existe en el resto de países europeos que determine cuánto sufraga el Estado, las CC.AA y los ayuntamientos, los criterios de reparto y a cinco años vista al menos. Esto permitiría a las partes implicadas actuar con previsibilidad y saber en qué y cuánto pueden invertir.
Asimismo, el Plan TP reclama que al transporte público se le considere bien de primera necesidad, y como tal tributar con el IVA superreducido (4%), y no con el actual reducido (10%).
La ley también establecería un protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte (reduc-
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “queda mucho por hacer para lograr ese cambio en la movilidad, pero ya existe plena concienciación en los ayuntamientos de que la situación actual es insostenible. De hecho, planteamos una alianza de ciudades, un encuentro en el que los municipios puedan compartir sus ideas e iniciativas de movilidad y caminar así hacia un modelo lo
“El Plan TP hace hincapié en la necesidad de reordenar el espacio urbano, ya que en la actualidad está dedicado al coche en un 90% a pesar de que así se mueve sólo un 25% de la población”
más homogéneo posible. Este sería un primer paso para acercarnos además a la integración tarifaria y modal, ya que lo que cuenta es el viaje y el usuario, no el medio ni las etapas”. n
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