editorial
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El barómetro muestra el respaldo de las empresas al modelo
A
concesional
la espera aún de que Fomento presente los nuevos pliegos que regirán los próximos concursos, las empresas concesionarias muestran su temor a aspectos como las bajas temerarias y piden también una armonización de criterios entre administraciones.
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de la política de precios de Renfe. Por otra parte, se mantiene un importante diferencial entre los precios del transporte colectivo público y el privado. Esta dinámica puede promover una distorsión de la política de movilidad sostenible. También sigue creciendo el número de empresas que recurren al factoring como alternativa para hacer frente a los problemas de liquidez que emanan de la dilatación de los plazos de cobro a clientes, pasando del 26% al 32%.
El recientemente publicado Barómetro del Autobús, recoge un estancamiento de la demanda interna fruto de la maltrecha situación que persiste en el mercado laboral. El transporte en autobús ha perdido 42,7 millones de viajeros, según se recoge en el Barómetro, un estudio que realiza AFI (Analistas Financieros Internacionales) a petición conjunta de FENEBUS y ASINTRA. Las perspectivas para el segundo cuatrimestre de este año indican que el índice de confianza empresarial se mantiene estancado, aunque esperan que mejoren sus resultados.
La principal estrategia para afrontar los impagos es la vía del emprendimiento de acciones legales, que alcanza el 47% de respuestas afirmativas en la encuesta de clima empresarial. Un 70% de las empresas encuestadas se muestra en desacuerdo con el planteamiento esgrimido por la Comisión Europea de desarticulación de las prórrogas concesionales que hasta ahora se vienen aplicando en las comunidades autónomas.
La disminución de viajeros más importante se produjo en las regiones de Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla León. El informe señala también la importante desviación en la demanda de transporte hacia el ferrocarril a causa principalmente
Con vistas a una posible reforma de los pliegos concesionales, un 30% de las empresas coincide en la necesidad de incluir simultáneamente la baja temeraria y en armonizar los criterios entre distintos niveles administrativos.
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