Se trata de una estrategia parecida a la que Margaret Tatcher utilizó cuando privatizó la industria eléctrica en Inglaterra y Gales: subir las tarifas para hacer atractivo el negocio a los ojos de los inversionistas. Adicionalmente, el gobierno busca alentar a los usuarios para que abandonen a los organismos públicos y contraten directamente el suministro con las empresas privadas. El gobierno, así asegura que las tarifas bajan en el mediano plazo gracias a la nueva organización. Sin embargo, si nos remitimos a lo ocurrido en países que han instaurado un mercado eléctrico, se llega a la conclusión contraria: los precios se incrementan. Dicha alza es el resultado del proceso cíclico de la inversión en un mercado abierto o de la manipulación del mercado mayorista por parte de los generadores. La volatilidad puede ser menos importante que en otros países siempre y cuando los contratos bilaterales sean realmente de largo plazo. Con la extinción de LYFC el mercado está abierto a los nuevos generadores privados, instalarán seguramente centrales de ciclos combinados operados con gas natural, ya que el bajo costo del kWh les permitirá competir exitosamente y obtener una buena ganancia. Sin embargo, su competitividad estará atada a lo que suceda en el mercado del gas natural en el sur de Texas. Un aumento en el precio del hidrocarburo se traduce inmediatamente en un aumento en el precio de la electricidad, ya que el insumo energético representa el 70% del costo del kWh de una central de ese tipo. Los principales afectados son los usuarios abastecidos mediante contratos bilaterales, es decir los grandes consumidores, que no dudan en pedir la ayuda del gobierno mediante subsidios al gas natural o a la electricidad. La presión da origen a un rescate similar a los que ya se han observado en otras áreas de la economía. Tres factores adicionales presionan el alza de tarifas: en primer lugar, el costo de la generación sube para pagar las ganancias adicionales que exigen las empresas privadas y también por las altas tasas de interés que la construcción de nuevas plantas genera en un mercado competitivo. En segundo lugar, la imperiosa necesidad de invertir en las redes de transmisión y distribución en un sistema que se expande rápidamente. Finalmente, la necesidad de incorporar en los precios los mantenimientos rezagados tanto en generación como en transmisión y distribución. Claro, se supone que la CRE vigila que eso no pase. Sin embargo, se trata de una tarea de gran complejidad, pues se deben establecer reglas de asignación de costos entre los diferentes clientes de acuerdo a una repartición que tome en cuenta la forma de su curva de carga, el nivel de conexión a la red y los generadores. El traslado de usuarios del “servicio público” a la categoría de “auto-consumidores”, mediante la reducción del límite de 2,500 MWh, no elimina el problema del subsidio cruzado: si al principio sería aprovechado por los organismos públicos, después serían las empresas privadas las que no dejan pasar esa oportunidad. En ambos casos, los perjudicados son los pequeños consumidores. La nueva organización no garantiza que el fluido eléctrico destinado a la prestación del servicio público se adquiera al menor costo posible para los consumidores finales. CFE y LFC compraran la energía que necesitan en el mercado mayorista al mejor precio del día, pero eso no significa que dicho precio sea bajo, ya que, en realidad, puede ser altísimo.
Con el agravante de que el precio del mercado mayorista será trasladado a los usuarios del “servicio público”. En efecto, pagaran una tarifa cuyos componentes son: a) El precio del despacho de generación, que se fija en función del juego de la oferta y la demanda. b) Las tarifas de transporte y distribución que son reguladas por la CRE); los precios de los servicios de medición, facturación y cobranza, y los impuestos correspondientes. Es decir, el precio del despacho de generación se transmite directamente a los usuarios. Y dicho precio es igual al precio de la central más cara, la última en ser despachada, más el componente que resulte de las tensiones entre oferta y demanda (suma de la renta de rareza y de la renta de monopolio). La única red de protección para la economía de los usuarios serán los subsidios que decida dar el gobierno federal. Es previsible que se introduzcan servicios de cobertura pero con cargo a los usuarios. El alza más importante de tarifas es para los usuarios de los sistemas aislados (Península de Baja California), pues los costos de generación en esas divisiones son más elevados que en el sistema interconectado nacional. De igual modo, las localidades donde los costos de distribución son elevados (Chiapas, Guerrero, Oaxaca) verán un aumento sustancial de tarifas. A final de cuentas, los pequeños usuarios acaban subsidiando a los grandes usuarios de las empresas verticalmente integradas.