Industria

Zonas francas, una oportunidad para aumentar las exportaciones de Colombia

A pesar de la crisis sanitaria y de las fluctuaciones en el mercado internacional, en 2020 las ventas externas hechas por esta vía sumaron 2.426 millones de dólares.

ÉDGAR MARTÍNEZ

Director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI En la actualidad, las zonas francas de Colombia han asumido un liderazgo en América Latina, promoviendo la inclusión al régimen de diversos sectores y facilitando que toda la cadena logística de comercio exterior se encuentre interconectada y sea eficiente para los empresarios de nuestro país.

Es así como sectores como manufactura, servicios, salud, petrolero, agroindustria, energético, telecomunicaciones, aeroportuario y ferroviario han permitido que las empresas ubicadas en zonas francas (90 % son mypimes) aumenten las exportaciones desde allí.

En la actualidad, las zonas francas exportan hacia otros países más de lo que importan. A pesar de la crisis sanitaria y de las fluctuaciones en el mercado internacional, en 2020 exportaron 2.426 millones de dólares y mantuvieron una balanza comercial superavitaria de 1.418 millones de dólares a diciembre de 2020.

Esta tendencia se mantiene para 2021, en donde las exportaciones de zona franca a agosto, según cifras del DANE, reflejan un aumento del 19,1 %, al pasar de 1.541 millones de dólares FOB en 2020 a 1.836 millones de dólares FOB en 2021. Esto demuestra que las empresas de las zonas francas están aprovechando los tratamientos arancelarios preferenciales, que les permiten llegar a nuevos mercados con productos #MadeinZonaFranca Colombia.

En lo corrido del año hasta agosto, las exportaciones desde las zonas francas se destinaron hacia

Estados Unidos, representando el 44 %, seguido de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) con el 23 % y la CAN (Comunidad Andina) con 11 %. Así mismo, el aumento de las ventas desde zonas francas a Estados Unidos aportó 14,6 puntos porcentuales positivos a la variación de las exportaciones del 19,1 %, mientras que Panamá aportó 2,2 puntos porcentuales a la variación total.

Teniendo en cuenta las exportaciones por tipo de zona franca, se debe destacar que las exportaciones de Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) registraron un aumento del 14 %, mientras que las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP) o parques registraron un aumento del 24,7 %.

Por su parte, la balanza comercial de las zonas francas históricamente ha sido superavitaria. Para lo corrido a agosto de 2021, la balanza comercial registró un superávit de 807,3 millones de dólares FOB, mientras que en el mismo periodo del año anterior registró un superávit de 881,4 millones de dólares FOB.

Con el crecimiento de las exportaciones, las zonas francas siguen ayudando al país mediante la generación de divisas y aportan al crecimiento y desarrollo de las empresas, así como de los 21 departamentos en los cuales se encuentran ubicadas.

En Colombia, actualmente están declaradas 120 zonas francas, de las cuales el 79 % son zonas francas especiales, el 38 % son zonas francas permanentes (parques) y el 3 % son zonas francas costa fuera. Las 1.038 industrias existentes en zonas francas, de las cuales el 90 % son mipyme, generan en conjunto 166.000 empleos y han realizado inversiones cercanas a los 53 billones de pesos.

Es por todo esto que las zonas francas son las aliadas del país en la generación de empleo, inversión, transformación productiva, exportaciones y atracción de inversión extranjera directa (IED). Son espacios donde se genera valor agregado a las materias primas, y se les brinda seguridad y confort a los empresarios nacionales y extranjeros.

La balanza comercial de las zonas francas históricamente ha sido superavitaria. A agosto de 2021, la balanza comercial registró un superávit de 807,3 millones de dólares FOB, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue 881,4 millones de dólares FOB.

Siderúrgicas colombianas han sido clave en la reactivación económica

La producción nacional de acero creció un 48 % en el periodo enero-agosto de 2021 frente al año anterior, lo cual ha demostrado que el país cuenta con la capacidad instalada para atender la demanda del sector construcción.

COMITÉ COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE ACERO DE LA ANDI

El país está en un intenso proceso de reactivación económica en el que la industria siderúrgica ha jugado un rol fundamental. En medio de las cifras récord de crecimiento del sector construcción, el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, que agrupa a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc S. A. y Ternium –empresas que representan el 100 % de la producción nacional–, ha demostrado que Colombia cuenta con una capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas para atender la demanda nacional.

La industria se ha recuperado e incluso ha superado los niveles prepandemia, teniendo un aumento de la producción nacional del 48 % en el periodo enero-agosto de 2021 frente al año anterior. Sin el acero colombiano no habría sido posible que el sector de la construcción hubiese reportado un aumento del 51 % en las iniciaciones de vivienda.

De hecho, la industria siderúrgica nacional apoya esta operación ejemplar y emplea a más de 45.000 personas, puestos de trabajo garantizados al 100 % durante la pandemia, a pesar de los retos que significaron los confinamientos y el cierre de las plantas.

En medio de esta coyuntura, sin embargo, el precio del acero en el país ha sido un tema que ha marcado la agenda pública en los últimos

Hoy en día se están ajustando a la nueva realidad del mercado y, a partir de junio, se ha visto un descenso sostenido, por lo cual se estima que en 2022 y 2023 los precios internacionales del acero retomarán los niveles de 2018.

meses. Si bien se registró un aumento a partir del segundo semestre de 2020, esto obedeció a una coyuntura internacional asociada con la priorización de los mercados locales y al encarecimiento de las materias primas como chatarra y mineral de hierro. Sin embargo, hoy en día se están ajustando a la nueva realidad del mercado, y a partir de junio se ha visto un descenso sostenido, por lo cual se estima que en 2022 y 2023 los precios internacionales del acero retomarán los niveles de 2018.

Ante este escenario, la industria local se enfrenta a una recomendación de reducción de aranceles del 10 % al 5 % para las varillas de acero, lo cual significa la firma de un TLC con países como China y Turquía, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio.

El Comité de Acero de la ANDI ha sido enfático en resaltar las afectaciones que esto traería. Además de poner en riesgo miles de empleos, es un golpe directo a la inversión extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los 620 millones de dólares en los últimos cinco años, incluyendo los 270.000 millones de pesos invertidos en la nueva planta de Ternium en Palmar de Varela (Atlántico), construida en medio de la pandemia. Una medida de esta naturaleza tiene un costo fiscal que superará los 18.000 millones de pesos, que serán asumidos por el Estado.

A pesar de las circunstancias adversas, el Comité reitera su compromiso con el desarrollo del país, lo cual implica un apoyo irrestricto a las comunidades en donde opera. A través de programas de responsabilidad social empresarial, la industria nacional impacta a más de 15.000 personas en todo el país.

El Comité de Acero de la ANDI ha sido enfático en resaltar las afectaciones que esto traería. Además de poner en riesgo miles de empleos, es un golpe directo a la inversión extranjera en el país.

Mejor información nutricional para avanzar en hábitos alimentarios

CAMILO MONTES

Director Ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI El reto de contribuir a que los hogares accedan a mejor información nutricional a la hora de comprar alimentos es uno de los principales intereses de salud pública a nivel global y Colombia no ha sido la excepción. De allí que en los últimos años haya surgido un intenso debate entre la academia, las entidades de la sociedad civil, el Gobierno, la comunidad médica y la industria de alimentos, que fue clave para que hoy contemos con el marco normativo más moderno de la región, con la aprobación y sanción de la Ley 2120 de Entornos Saludables y la Resolución 810 de Etiquetado de Alimentos.

Por supuesto, ofrecer mejor información nutricional es una forma de proteger el derecho de elección del consumidor y un avance significativo para que los colombianos tomen decisiones cada

Hoy contemos con el marco normativo más moderno de la región, con la aprobación y sanción de la Ley 2120 de Entornos Saludables y la Resolución 810 de Etiquetado de Alimentos.

vez más conscientes e informadas. Por ende, para avanzar en mejores hábitos alimentarios, la industria cree en el valor del trabajo conjunto que permita mitigar los riesgos en salud en el país, sin alarmar, satanizar o estigmatizar ningún alimento, sino que espera entregar la mejor información para que el consumidor pueda seleccionar los productos comprendiendo mejor su contenido nutricional.

Desde la industria reconocemos que la mejor manera de abordar los desafíos en materia de salud pública es aportando desde diferentes frentes para lograr cambios significativos en los hábitos de vida saludable. En la industria de alimentos nos mueve la búsqueda de un mejor estado nutricional en el país, y por esto resaltamos las novedades frente a la Ley 2120, que van más allá del etiquetado de alimentos, y cuyo valor recae en los avances de las políticas con perspectivas nutricionales robustas y soportadas con evidencia: 1. El diseño y articulación de políticas públicas sobre entornos y hábitos saludables y seguridad alimentaria. 2. El diseño de herramientas educativas para llevar a cabo campañas de información, educación y comunicación sobre hábitos y estilos de vida saludables. 3. La incorporación de programas formales escolares sobre actividad física en niños. 4. La implementación de entornos laborales saludables para la promoción de la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo.

La construcción de este nuevo marco normativo fue posible gracias al análisis de referencias externas como la Norma General del Codex Alimentarius para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, los reglamentos FDA de la Ley Federal de Estados Unidos, los reglamentos de la Comisión de la Unión Europea y la revisión de experiencias regionales como Chile, Perú y México, que nos dieron una visión más amplia como industria para lograr un avance adaptado a la realidad colombiana. Somos el primer país de la región donde la industria de alimentos participa proactivamente en adoptar el etiquetado frontal, logrando un balance entre el objetivo en salud pública y el objetivo en desarrollo empresarial.

Finalmente, desde la industria recordamos que para aportar en términos de salud pública, lograr cambios significativos en los hábitos de consumo y promover las dietas variadas donde haya espacio para el consumo de todos los alimentos en porciones adecuadas, es necesario trabajar en línea con las nuevas normativas del país, que en este caso nos llevarán a la implementación de una política moderna pensada en el consumidor colombiano. Por supuesto, nuestra invitación de aquí al futuro es mantener el trabajo conjunto y la articulación de esfuerzos para orientar de la mejor manera las futuras prácticas de alimentación que promuevan escenarios de información transparente y basada en evidencia científica.

Desde la industria reconocemos que la mejor manera de abordar los desafíos en materia de salud pública es aportando desde diferentes frentes para lograr cambios significativos en los hábitos de vida saludable.

Manos a la obra

Oportunidad para el desarrollo de la oferta productiva nacional de maíz y soya, materias primas clave en la cadena de proteína animal y en la seguridad alimentaria del país.

LAURA PASCULLI

Directora de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI Un grupo de empresarios colombianos, conocido como el Grupo AdHoc, inició un análisis de las cadenas globales de valor motivado por la necesidad de buscar soluciones que le permitieran al país superar los desafíos generados por la pandemia del COVID-19 y construir alternativas sostenibles para su futuro.

Este grupo identificó la necesidad de trabajar en la provisión de maíz y soya, requeridos para la cadena de proteína animal, que en 2020 generó cerca de 1,7 millones de empleos en todo el país y produjo 9,4 millones de toneladas de alimento balanceado, con las cuales fue posible llevar a la mesa de los colombianos 16.300 millones de huevos, 7.300 millones de litros de leche, 1,7 millones de toneladas de pollo, 468.000 toneladas de cerdo, 888.000 toneladas de carne de res y 179.000 toneladas de pescado, y la nutrición de más de 7,5 millones de mascotas.

En este ejercicio se encontró una oportunidad en el suministro local de materias primas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del país, que en la actualidad vienen siendo abastecidas internacionalmente. El proyecto, que hoy cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y se conoce como “Soya Maíz: Proyecto País”, tiene como propósito desarrollar la oferta productiva de maíz y soya para suplir las necesidades insatisfechas de la industria de balanceados, y así establecer relaciones de confianza entre productores e industriales para un desarrollo sostenido de la cadena.

Este es un proyecto público-privado en el que participan productores agrícolas; empresarios de alimentos balanceados, agroquímicos, maquinaria y semillas; bancos y aseguradoras; asociaciones como la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, Federal, Fenalce y Acosemillas; y entidades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, el ICA, Finagro, el Banco Agrario, Agrosavia y BNA.

Las bases para el desarrollo de este Proyecto País han sido el diálogo, el entendimiento, el trabajo, la confianza, la constancia y una visión común. Y para esto ha sido clave entender las necesidades de los productores nacionales de maíz y soya, las necesidades de los industriales y los modelos exitosos de las mejores prácticas internacionales, de manera que puedan identificarse los principales retos y trazar un plan exitoso.

Este proyecto de generación de oferta productiva se ha construido sobre la base de: • Metas de crecimiento. En 10 años se espera lograr un incremento anual de 55.000 hectáreas de maíz y soya (8 % anual del área), para alcanzar promedios de rendimientos nacionales de 7 ton/ha en maíz, y 2,8 ton/ ha en soya, y suplir las necesidades de crecimiento de la industria de balanceados (6,3 % anual). Esto implicará inversiones por 11,7 billones de pesos a partir de 2022. • Maximizar la rentabilidad de los productores. Pasar de monocultivos a sistemas productivos integrales, esto es, un esquema de rotación de maíz-soya-ganadería, de forma que el productor tenga ingresos anuales resultantes de tres cosechas al año, incorporando prácticas sostenibles. • Adopción del modelo de agricultura por contrato. Esto, con base en las condiciones del mercado, para garantizarles a los productores la compra de sus cosechas y el acceso al crédito, y a la industria de balanceados, la oferta de materias primas a precios competitivos.

El proyecto tiene hasta el momento los siguientes logros: • Publicación de la cartilla Soya-Maíz: Proyecto

País, donde se establece el análisis situacional y las metas de crecimiento a futuro. • Lanzamiento de la iniciativa por parte del

Presidente de la República, Minagricultura y sus entidades, y el sector privado. • Tres ruedas de negocio para propiciar la creación de alianzas comerciales a través de contratos de proveeduría en Córdoba, Tolima y

Palmira. • Actualización regulatoria del ICA para simplificar y agilizar los trámites de registro de semillas de última tecnología. • Proyecto de maíz tecnificado por parte de

Agrosavia en Córdoba. • Modelos de contrato a corto, mediano y largo plazo, y distintos esquemas de gestión del riesgo para la definición del valor de compra de la cosecha. • Cobertura del FAG del 80 % sobre el valor del crédito para pequeño, mediano y esquemas asociativos.

Se ha logrado avanzar, pero es necesario seguir trabajando en la superación de los principales retos de la cadena, como la mejora de la productividad y el acceso a semillas de última generación.

• Crédito de Finagro (LEC) por 200.000 millones de pesos para pequeños y medianos productores de maíz, y línea para capital de trabajo destinada a financiar costos de preparación de tierras, semillas, insumos, fertilización, mano de obra y cosecha. • LEC-Agricultura por contrato para operaciones forward, el cual busca otorgarles un anticipo a los agricultores por parte de la banca donde el comprador actúa como integrador y asume la responsabilidad del crédito.

Se ha logrado avanzar, pero es necesario seguir trabajando en la superación de los principales retos de la cadena, como la mejora de la productividad, el acceso a semillas de última generación, las tecnologías de producción, el desarrollo de agricultura de precisión y regenerativa, la asistencia técnica, los sistemas productivos integrales, la capacidad de secamiento y almacenamiento, la seguridad jurídica y el uso de tierras, la infraestructura de riego y drenaje, entre otros temas.

Ejemplos como este hay muchos en curso, en los cuales se unen esfuerzos y se trabaja articuladamente entre sector público y privado para superar los retos económicos, consolidar una oferta nacional competitiva y construir más país.