TEMAS DE ACTUALIDAD PARA NUESTRA UNIVERSIDAD

A. Proyecto de Reforma a la Educación Superior. En 2017, 262.160 estudiantes accedieron a la Gratuidad en la Educación Superior en 44 instituciones a lo largo del país. Se define que, en 2018, el 60% de los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos podrán ejercer su derecho a educarse.

La Gratuidad es parte de la Ley de Educación Superior, una de las iniciativas que forman parte de la Reforma Educacional comprometida por la presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno.

Esta ley fue aprobada en el Congreso el día miércoles 24 de enero de 2018, incorporando el financiamiento institucional de la Gratuidad y define un mecanismo para avanzar gradualmente en su cobertura. Además, establece por ley un fondo basal para las universidades tradicionales no estatales, como complemento al Convenio Marco destinado a las universidades estatales. Esta nueva normativa establece la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema, una Superintendencia de Educación, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa de educación superior y el fin efectivo del lucro, estableciendo la acreditación obligatoria para las instituciones.

El estado actual de la Ley, aún no promulgada, evidencia que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el artículo 63 de la futura ley de educación superior, el cual en su redacción actual prohíbe la inclusión de personas o corporaciones con fines de lucro entre los sostenedores de universidades privadas.

Por seis votos a favor y cuatro en contra por parte de los magistrados de la instancia, se determinó que los directorios de los planteles privados podrán contar con este tipo de entidades. A través de un comunicado, el Tribunal constitucional informó que concluyó declarar “por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento”.

Por otra parte, por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades.

La sentencia definitiva en relación con dicha votación, a la fecha, se encuentra pendiente de ser expedida y notificada a los órganos colegisladores.

B. Proyecciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior.

El proyecto de Ley de Educación Superior, regula el financiamiento de la gratuidad y considera una nueva institucionalidad integrada por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, consagrando, además, diversas modificaciones al actual sistema nacional de Aseguramiento de la Calidad, en materia de acreditación. En tal sentido, y respecto de la Comisión Nacional de Acreditación, se definió que estará encargada de administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas, y de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas impartan.

Deberá revisar y evaluar la calidad de sus mecanismos y procedimientos de acuerdo a orientaciones, criterios y estándares aceptados internacionalmente, y someterse, al menos cada cinco años, a una evaluación externa por parte de instituciones extranjeras de reconocido prestigio en las áreas de su competencia.

Un cambio importante es que la acreditación institucional pasará de ser voluntaria a obligatoria para todas las universidades, CFT e IP a partir de 2020 y existirá un plazo de cuatro años desde esa fecha para que todo el sistema cumpla la ley. Además, la certificación voluntaria de carreras ya no se considera como un proceso permanente, que hoy está en manos de las agencias acreditadoras (y que tras la entrada en vigencia de la Ley no se encuentran contempladas), sino que se abrirán períodos para que la CNA acredite grupos de carreras. Los postgrados tendrán la obligación de estar certificados. Por último, entre otros temas, se indica que, para efectos del cierre de una sede, carrera o programa, las instituciones de educación superior deberán presentar un Plan de Cierre a la Subsecretaría, el que previamente deberá ser notificado a los estudiantes matriculados en la respectiva carrera.

A la fecha, y mientras la Ley de Educación Superior no sea promulgada, se mantiene vigente la Ley 20.129 así como la normativa asociada a ésta.

C. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Aun cuando a mediados de 2017 la Sala del Senado aprueba el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, iniciativa, que en dicho momento corresponde regrese a la Comisión Desafíos del Futuro a su discusión en particular, y que fuera visada con 29 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, a la fecha el proyecto de creación del Ministerio, seguirá tramitándose en el Congreso durante 2018.

Lo anterior, luego que no pudiese ser promulgado dentro del período de gobierno de Michelle Bachelet, debido a una indicación sobre patentes de investigación que redirigió el proyecto a Comisión Mixta. La indicación fue propuesta por la Cámara de Diputados y en ella se le entrega al Estado la posibilidad de solicitar una patente compartida con el investigador o la universidad que haya realizado esa investigación o invento. El senado rechazó este cambio por considerarlo un desincentivo a la creación de patentes, ya que ponía al Estado en posición de reclamar la patente al investigador. De este modo, los próximos meses pueden ser decisivos en la materialización de la nueva institucionalidad en materias de Ciencia, Tecnología e Innovación.

D. Eliminación del CAE. La eliminación del Crédito con Aval del Estado fue una de las iniciativas del gobierno de Michelle Bachelet, que se mantuvo en calidad de proyecto.

La idea fue establecer un nuevo mecanismo de financiamiento para los estudiantes del país, donde la iniciativa presentada en los primeros meses de 2018, consiste en “un crédito donde sale la banca, que es atingente al ingreso, que tiene un plazo determinado de duración y si alguien durante ese plazo pagó sistemáticamente, se extingue automáticamente”.

El gobierno de Sebastián Piñera retira el proyecto antes mencionado, considerando a la fecha un nuevo proyecto que no contempla la condonación de las deudas que ha generado a lo largo de sus 13 años de existencia, y que se relaciona con desbancarizar el crédito, tener una tasa de interés preferente, un plazo acotado en el tiempo, donde la iniciativa incluirá, probablemente, una agencia especial para su gestión, situación en estudio.

E. Proyecto Bolsa de Valores - proyección UTFSM en el área de administración y comercio.

De acuerdo a la Norma de Carácter General N°412, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), y en el marco de la implementación del nuevo proceso de Acreditación de Conocimientos para la Intermediación de Valores (ACIV), la Bolsa de Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y la Bolsa de Valparaíso firmaron un convenio de prestación de servicios con la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). A partir del 1° de julio de 2018, nuestra institución tendrá a su cargo administrar el sistema de acreditación de conocimientos a un público estimado de 10.000 colaboradores de dicho sistema, como agentes de valores, Administradores Generales de Fondos, Agentes Comercializadores de Cuotas de Fondos y Administradores de Carteras inscritas en el “Registro de Administradores de Carteras”, quienes deberán acreditarse cada cinco años de acuerdo a la normativa impuesta por la SVS. Este proceso, que será ejecutado por la UTFSM por un periodo de 10 años, busca profundizar los niveles de profesionalización y homogeneizar los conocimientos de las personas acreditadas, a través de un proceso continuo de certificación, que propicie un desempeño idóneo por parte del personal técnico y profesional que realiza la actividad de intermediación de valores.