ENTRE LA INSEGURIDAD INTERNA Y EL RECHAZO INTERNACIONAL

Por Valeria Bucio Tellez

El 21 de febrero de 2021 los gobiernos alrededor del mundo se encontraban enfrentando el reto de controlar la enfermedad más catastrófica de los últimos años, así como contrarrestar los daños económicos que por dos años han causado los confinamientos y restricciones No obstante, para Myanmar se sumaría un desafío más al que hacer frente: un golpe de Estado

La presencia de los militares en las instituciones del gobierno no es una novedad para la historia de este país

En 1988 se impuso una Junta militar por los mismos medios que la actual, este gobierno duró 22 años hasta que las elecciones de 2010 darían paso al partido político Union Solidarity and Development Party (USDP) que era respaldado por los militares, algo que no cambiaría mucho la situación del país

El proceso electoral de 2015 marcaría un hito en la historia de Myanmar, pues el partido civil National League for Democracy (NLD) ganaría la mayoría de votos y se daría una transferencia gradual de poder (Thawnghmung y Noah, 2021, p.298). A pesar de este resultado, las fuerzas militares nunca se retirarían por completo de las instituciones gubernamentales, pues la Constitución les garantiza su participación, por ejemplo, el 25% de asientos en el Parlamento Nacional (Kipgen, 2021, p.5). No obstante, el NLD buscó reducir el poder militar en otros aspectos como la economía nacional, el comercio internacional, el acceso a las reservas de divisas y el presupuesto nacional (Thawnghmung y Noah, 2021, p 299)

Para las elecciones de noviembre de 2020 la influencia de los militares estaba afectada y su esperanza de recuperarla estaba depositada en el USDP Los comicios, sin embargo, no favorecieron a este partido, cuyos asientos en el Parlamento Nacional disminuyeron de 117 obtenidos en 2015 a 71 ganados en 2020 (Thawnghmung y Noah, 2021, p.299).

Por otra parte, si bien el NLD buscó menguar el poder militar y obtuvo la cantidad de asientos necesaria en el parlamento para formar un gobierno en noviembre de 2020, la administración de los últimos cinco años y las elecciones mismas no han estado a salvo de críticas, sobretodo por parte de las minorías étnicas

En primer lugar, el gobierno del NLD se mostró menos asertivo en lo que se refiere al diálogo para el cese de fuego entre el ejército nacional y los grupos armados de minorías étnicas. Esto es un aspecto que contrasta con el gobierno del USDP, que destacó por estrategias más concisas en este ámbito, como lo demuestra el Nationwide Ceasefire Agreement de 2012, que desde 2016, año en el que NLD tomó el poder, sólo han firmado 8 de los 21 mayores grupos armados (Thawnghmung y Noah, 2021, p.302).

En segundo lugar, la crisis humanitaria causada por el desplazamiento masivo de la minoría Rohingya empeoró durante los últimos años, como lo demuestra los más de 750,000 rohingya que llegaron a Bangladesh después de un desproporcionado enfrentamiento entre las fuerzas armadas país y los grupos militares rohingya (Thawnghmung y Noah, 2021, p.304).

Asimismo, las oportunidades políticas de las minorías étnicas se vieron reducidas por la cancelación de las votaciones en zonas que la Union Election Commission (UEC) consideró con más conflictos armados. Líderes de algunos partidos étnicos expresaron el rechazo a estas medidas, pues afectaría a los estados en los que estos partidos eran mayoría, aunado a que en 2020, a diferencia de las elecciones de 2015, no sólo compitieron por escaños en sus respectivos estados sino en todas las asambleas nacionales y el parlamento nacional (Kipgen, 2021, p 10)

Una de las razones detrás de la marginación hacia las minorías étnicas por parte del NLD es el gran apoyo que cuenta por parte de la mayoritaria etnia Bamar, en contraste con el USDP, que necesitaba el apoyo electoral de las minorías para alcanzar sus objetivos políticos (Thawnghmung y Noah, 2021, p.302).

Es así que, a pocos días de haberse llevado a cabo las elecciones, el USDP denunció que se habían presentado irregularidades y se calificaron de fraudulentas, a pesar de que observadores nacionales e internacionales no habían apuntado ninguna anomalía mayor (Kipgen, 2021, p 6) El USDP, respaldado por los militares, comenzaron a reunir sus propias pruebas del carácter fraudulento de las elecciones, el UEC rechazó las pruebas presentadas, y como respuesta se buscó usar el recurso del artículo 84 constitucional en el que el portavoz del parlamento puede llamar a una sesión especial si un cuarto de los legisladores así lo requieren, algo que se pensaba lograr con el 25% del parlamento ostentado por militares. Sin embargo, el 12 de enero de 2021 el Parlamento rechazó el llamado para esta sesión especial (Kipgen, 2021, p.8).

El rechazo de la reunión especial del parlamento y las elecciones caracterizadas de fraudulentas, serían algunas de las justificaciones que se darían a la población para la toma de poder por parte de los militares el 1 de febrero de 2021, el mismo día en el que la primera sesión del nuevo parlamento tendría lugar Los líderes del NLD fueron arrestados, se removieron a 11 ministros, entre ellos el de finanzas, asuntos exteriores e interiores, defensa, etc Además, se prometieron unas nuevas elecciones aunque sin una fecha específica (Kipgen, 2021, p.12), para posteriormente anunciar que se llevarían a cabo hasta el año 2023.

Los efectos de estos sucesos en las instituciones del país revertirán los avances democráticos que se habían conquistado hasta ahora. Pero sin duda, los efectos más negativos de esta situación los ha resentido la población. De acuerdo con la Assistance Association for Political Prisoners, una organización de derechos humanos sin fines de lucro fundada por ex presos políticos de Myanmar, para el 25 de noviembre de 2021 se contabilizaron 1,293 personas asesinadas por esta junta militar y 7,553 detenidas (Assistance Association for Political Prisoners, 2021)

Otro aspecto importante consecuencia de la crisis política por la que está atravesando Myanmar son las miles de personas que han sido desplazadas tanto internamente como a los países vecinos. Para el 15 de noviembre se tenía un aproximado de 605,000 desplazados internos y 22,000 personas que desde el 1 de febrero de 2021 han buscado refugio en los países colindantes (ACNUR, 2021a)

En India se estima que 15,000 personas han llegado desde Myanmar desde que comenzó la crisis política (ACNUR, 2021b). En marzo el gobierno central indio pidió a los estados de la frontera con Myanmar prevenir los flujos de personas provenientes de ese país, pues declaró que los gobiernos locales no tienen las facultades para otorgarles la calidad de refugiados (Chakraborty, 2021).

Aún cuando las autoridades fronterizas de India no han bloqueado la entrada al país, sí se han encontrado con situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la incapacidad de viajar a los centros designados para solicitar refugio porque no se encuentran al noreste del país, donde se concentran la mayoría de desplazados; detenciones arbitrarias; deplorables condiciones de salud y refugio, así como escaso acceso a alimento y agua (Human Rights Watch, 2021).

Tailandia ha sido uno de los países que más refugiados provenientes de Myanmar han recibido en los últimos años. En enero de 2021 ACNUR contabilizaba 91,803 refugiados establecidos en el territorio (ACNUR, 2021c). Esta es una de las razones por la que las autoridades tailandesas se han mostrado renuentes a la entrada de más personas desde que se dio el golpe de Estado en su país vecino.

Las personas que intentan cruzar la frontera son contenidas por la fuerza militar tailandesa y la mayoría deciden volver a Myanmar, por ejemplo, en mayo 1,700 llegaron a la provincia tailandesa de Mae Hong Son y retornaron a lo largo del mes de junio (ACNUR, 2021d) Las autoridades tailandesas han expresado su preocupación ante una posible extensión de la violencia en su territorio si se permite la entrada entrada a más personas De igual forma, la situación para aquellos que permanecen en Tailandia no se presenta esperanzadora, pues en este país no se puede obtener una certificación de refugiado a través del ACNUR como es en el caso de India (Faulder, 2021).

Bangladesh también es un país que se ha caracterizado por la recepción masiva de refugiados, específicamente de la minoría rohingya Desde 2017 las agresiones a esta comunidad se incrementaron por parte del ejército de Myanmar, y como consecuencia incrementó la cantidad de personas alojadas en los campos, actualmente son más de 800,000 los refugiados en Bangladesh (ACNUR, 2021e). Poco antes del golpe de estado los gobiernos de ambos países comenzaban a formular estrategias de repatriación, después de la llegada de los militares estos planes se vieron desalentados, al igual que las esperanzas de los propios rohingya para volver a su hogar de manera voluntaria.

China por su parte no ha condenado el golpe de estado y ha aplicado restricciones, por ejemplo, se cerraron caminos en la ciudad fronteriza Ruili, se prohibió el uso de hoteles por parte de ciudadanos de Myanmar e incluso se detuvieron a aquellos que organizaron manifestaciones en contra de la Junta militar dentro del país (The Jakarta Post, 2021)

Las actitudes de los gobiernos de estos países se pueden explicar a partir de los intereses que cada uno tiene con Myanmar, así como con la dinámica regional propia del ASEAN que implica la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados. Myanmar es para China un territorio estratégico en lo que se refiere a sus megaproyectos de infraestructura (The Jakarta Post, 2021), al no tener la certeza de que el actual gobierno militar sea temporal, Pekín buscará mantener las relaciones.

India expresó su disposición para ayudar a retornar a una democracia, sin embargo, no ha criticado abiertamente a la junta militar. Este movimiento no es nuevo en las relaciones bilaterales, además si se alejara de Myanmar por completo, el acercamiento que podría haber con China incrementaría los niveles de inseguridad en la región considerando la fricciones que existen entre Pekín y Nueva Delhi (Ramachandran, 2021)

Tailandia y Bangladesh han sido los más apegados al “ASEAN-way” pues no han emitido condenas hacia la situación en Myanmar, y al ser dos de los países que más flujos de desplazados reciben, un alejamiento del gobierno militar atraerá a más personas y las posibilidades de repatriación se verán disminuidas.

Las organizaciones civiles y algunos gobiernos locales de los países que han recibido a los desplazados han sido los actores clave para procurar mínimos niveles de asistencia. Como ejemplo está el estado indio Mizoram cuyo ministro en jefe pidió al gobierno central no hacer caso omiso a la situación de los desplazados Asimismo, muchas familias de este estado se han mostrado dispuestas a ayudar a las personas con quienes comparten lazos culturales e incluso familiares (Chakraborty,

2021)

En conclusión, el golpe de estado en Myanmar no ha creado una crisis de desplazados sino que la ha empeorado. La situación de persecución que hasta entonces habían experimentado las minorías étnicas del país de un día para otro se convirtió en una tendencia general entre la población, incluyendo en la mayoría étnica bamar Si bien esto ha significado unión en las protestas en contra de los militares (Thawnghmung y Noah, 2021, p 301) también es un indicador de la gran represión que está viviendo la sociedad de este país actualmente.

Al mismo tiempo, las reacciones de los países vecinos no sólo hablan de la falta de voluntad para presionar a los militares para un retorno a la democracia, sino también exhiben ante el mundo los problemas con los que ya contaba el país, como lo demuestra la resistencia de Tailandia y Bangladesh al querer recibir más personas, pues los campos de refugiados que ya existían en estos países reflejan los límites para brindar asistencia.

Por último, es importante señalar que esta situación se desarrolla al mismo tiempo que otra de igual gravedad, como como lo es la pandemia por COVID-19, que suma una vulnerabilidad más a las personas que se desplazan en busca de seguridad, y que además ha servido como una justificación para evitar la entrada de refugiados en los países vecinos.

Valeria

Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Actualmente es becaria del proyecto PAPIME “Elaboración de Recursos Didácticos sobre Temas Contemporáneos de Asia Pacífico”. Sus principales temas de investigación son: seguridad energética, uso de la energía nuclear e industrias culturales de los países de Asia del Este.