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3.5.1 Combatir la vulnerabilidad
Respuesta rápida a la vulnerabilidad
El conjunto de las Administraciones, y particularmente las entidades locales como entidades más próximas a los ciudadanos, deben estar vigilantes en relación con las personas en grave exclusión social y personas sin hogar. Debe asegurarse una respuesta ágil, priorizando la intervención social especializada para garantizar una atención integral e individualizada.
A tal efecto, nos comprometemos a reforzar los equipos de inclusión social que facilitan el acceso a ingresos de primera necesidad y a avanzar en la mejor coordinación de las ayudas ofrecidas en los distintos niveles de Administración.
Se observarán con especial interés las condiciones de las familias en las que haya menores, a efectos de combatir desde las instituciones situaciones de pobreza infantil.
En el caso de las personas sin techo, desarrollaremos medidas específicas de acompañamiento social para la adquisición y recuperación de habilidades residenciales y de convivencia; así como para facilitar su transición desde los centros abiertos de acogida a recursos residenciales previos a la inserción sociolaboral.
Ayudas para la vivienda
En colaboración con las autoridades judiciales, como se ha venido haciendo en los últimos años, trabajaremos en la prevención de desahucios y en la búsqueda de soluciones habitacionales cuando no se pueda afrontar el pago de una vivienda por motivos económicos extraordinarios.
Ayudaremos a las familias en riesgo de impago de sus cuotas hipotecarias y otros gastos relacionados con la vivienda habitual, mientras permanezca la situación de vulnerabilidad, con programas como las tarjetas prepago o los bonos energéticos y otros instrumentos similares.
Ampliaremos el parque de vivienda de alquiler social en el marco de la necesaria colaboración con el Plan Estatal de Vivienda y lo conectaremos con programas de atención a personas sin hogar (como Housing
First, Housing LED…), destinados a apoyar a personas vulnerables.
Integración de la población gitana
Continuaremos desarrollando programas con la población gitana destinados a promover la eliminación de estereotipos, su plena integración social y la inclusión sociolaboral de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad extrema. Y prestaremos especial atención a la escolarización de niños y adolescentes, así como al problema del abandono temprano de los estudios.
El objetivo final es la inclusión
Además de facilitar ayudas básicas para las familias vulnerables, debemos aspirar a una atención social completa, cuyo objetivo final tiene que ser la plena inclusión de este colectivo. El mayor éxito de la política social es que las personas que la perciben puedan dejar de depender de ellas cuanto antes y, para eso, la ayuda debe acompañarse siempre de políticas de formación e inserción sociolaboral.
Para ello, las Administraciones favorecerán la contratación con los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y las empresas de inserción, avanzando así hacia una contratación pública estratégica más social y responsable.
En este ámbito, por ejemplo, elaboraremos planes de inclusión digital destinados a colectivos vulnerables para una mejor formación en competencias tecnológicas y digitales básicas, con el objetivo de dotarles de capacidades para acceder al mercado de trabajo. Tenemos que evitar que la digitalización se convierta en una nueva forma de exclusión social.
