Alejandro E. Grullón E. - Discursos Escogidos

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Alejandro E. Grull贸n E.

discursos

escogidos



Alejandro E. Grull贸n E.

DISCURSOS

ESCOGIDOS


Alejandro E. Grullón E.

discursos

escogidos ISBN: 978-99934-67-81-6

Diseño y arte final: Ninón León de Saleme Impresión: Amigo del Hogar Santo Domingo, República Dominicana 2014


Contenido

Introducción ....................................................................................

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DISCURSOS ESCOGIDOS ALEJANDRO E. GRULLÓN E. Casa nueva para la Fundación Dominicana de Desarrollo....................................................................................

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Respaldo al sector agrícola.........................................................

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Sobre el sistema cambiario de la República Dominicana......................................................

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Enfoque en el progreso...............................................................

Introducción..................................................................................... La situación de la industria azucarera............................................. La diversificación de la industria azucarera dominicana............... Usos alternativos de tierras en la región Este................................. El sector servicios en la economía del Este.................................... La alternativa del turismo................................................................ La alternativa de las zonas francas.................................................. Nuestras sugerencias y conclusiones..............................................

Sobre el sistema monetario y cambiario dominicano......

Introducción..................................................................................... El sistema monetario dominicano. Antecedentes: legislación monetaria y bancaria............................. Conformación institucional: las entidades bancarias.....................

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Las instituciones no bancarias y el mercado financiero informal.... Un mercado de dinero dual: la desintermediación........................ Los grupos financieros..................................................................... El régimen cambiario dominicano.................................................. ¿Cuál ha sido la lógica en esta evolución?...................................... El problema de la liquidez espontánea.......................................... Las nuevas resoluciones de la Junta Monetaria.............................. a) Medidas de encaje. .................................................................... b) Los certificados financieros y bonos del Estado............................. c) Medidas que afectan el desenvolvimiento de los grupos financieros.... d) Control de cambios.................................................................... Reflexiones finales............................................................................

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Veinticinco años de un banco anunciado............................

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El banquero y su responsabilidad .......................................... 101 A propósito de la inauguración de la Torre Popular....... 111 Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana...................................................... 121 Sobre la nueva sede del BPD Internacional Bank ........... 133 Respuestas de gratitud a una ciudad que trabaja.............. 135 Justicia, democracia y desarrollo: nuestro reto.................. 139 8

19 de marzo de 1997........................................................................ Justicia, democracia y economía ................................................... La justicia que tenemos .................................................................. Tarea impostergable: una nueva Suprema Corte........................... Salida del impasse de la inamovilidad .......................................... Reforma administrativa de la justicia ............................................. Los defensores públicos ................................................................. Otras tareas importantes ................................................................. Una nueva Ley de Organización Judicial ...................................... Estatuto del Ministerio Público........................................................ Reformas del régimen legal de la tierra ........................................ Métodos alternativos de resolución de disputas ........................... Formación y disciplina de los profesionales del derecho ............

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Contenido

Situación carcelaria ......................................................................... Control de la constitucionalidad y protección de los derechos.... Promoción y difusión de los derechos fundamentales ................ Conclusión ......................................................................................

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La institucionalidad en una economía de mercado.......... 163

La incertidumbre institucional......................................................... Seguridad jurídica e inversión extranjera........................................ Certidumbre institucional y reformas económicas......................... Inflación legislativa........................................................................... Derecho e inflación.......................................................................... La crisis de la propiedad.................................................................. Privatización e inseguridad jurídica................................................ La cultura del trámite....................................................................... Corrupción e institucionalidad........................................................ Los costos de una justicia dependiente, lenta e ineficiente........... Conclusión........................................................................................

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La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas................................................................................... 179

¿Por qué es necesaria la reforma financiera?.................................. ¿Qué podríamos esperar de la reforma? ........................................ Las medidas del 2 de abril de 1992 ............................................... Una reflexión final ..........................................................................

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Potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana ..................................................... 197 Visiones anticipadas del mañana............................................. 217 El tema cambiario: mitos y verdades...................................... 227 Apéndice fotográfico ................................................................... 245

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Introducción

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a conmemoración de cincuenta años de fructífera vida

institucional del Banco Popular Dominicano es un acontecimiento cuya importancia trasciende la vida particular de quienes, superadas apenas las dificultades, trabas e incertidumbres económicas, políticas y sociales por las que atravesó el país a finales de los años cincuenta e inicios de los años sesenta del pasado siglo XX, nos vimos abocados a enfrentar el desafío de impulsar al país hacia la democratización y modernización de su estructura productiva, sus instituciones jurídico-políticas y sus estilo de vida y de pensamiento. Una entidad singular en ese decisivo momento histórico de la vuelta a la democracia, luego de más de tres décadas de férrea dictadura, fue la entonces Asociación para el Desarrollo del Cibao, hoy Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), de cuyo seno nacieron instituciones como el Banco Popular Dominicano, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Instituto Superior de Agricultura (ISA), la Asociación Cibao de Ahorros y 11


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Préstamos, entre otras. Fueron años de entusiasmo y sacrificio, marcados por la pasión y visión de construir sobre basas firmes una sociedad para la convivencia democrática, el estado de derecho y el bienestar común. Fui, en aquellos años y junto a un grupo de destacados profesionales y empresarios, un abanderado de esos principios, y me he sostenido en ellos a lo largo de mi vida. Tuve la dicha de ser acompañado, en varios proyectos empresariales e institucionales, desde aquel entonces hasta hoy, por hombres y mujeres con inmensa capacidad de trabajo y con una amplia visión acerca de los rumbos futuros que habrían de esperar a la nación dominicana. He procurado, en todo momento, en mi condición de banquero y emprendedor, aportar al fortalecimiento de las instituciones, así como al proceso de desarrollo económico, social y humano de nuestro país. Las empresas como el Banco Popular Dominicano y las demás filiales del Grupo Popular, en su calidad de casa matriz, han acompañado a la nación en su andadura desarrollista y en sus más nobles valores y anhelos. En este libro se recogen algunos discursos que en esa travesía de décadas dedicadas a actividades empresariales fui pronunciando en diferentes escenarios nacionales e internacionales, promoviendo la necesidad y posibilidad de crecimiento económico y desarrollo social del pueblo dominicano. 12


Introducción

Al celebrar los cincuenta años del Popular, hago propicia la ocasión para entregar a nuestros clientes, accionistas, relacionados y empleados de nuestra organización financiera este volumen, contentivo de algunos de aquellos tantos discursos, con la esperanza de que sean de su interés. Alejandro E. Grullón E.

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DISCURSOS ESCOGIDOS ALEJANDRO E. GRULLÓN E.



Casa nueva para la Fundación Dominicana de Desarrollo

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a Fundación Dominicana de Desarrollo traslada su sede del sector moderno al sector colonial de nuestra ciudad. Y este acontecimiento, que para muchos pudiera pasar desapercibido, tiene una dimensión que trasciende al mero hecho físico de abrir un nuevo local para una oficina. El acto de hoy tiene sus raíces espirituales en sucesos de más de 400 años, cuando los titanes de la conquista abrieron a este lado del Ozama las famosas primeras «cuatro calles» de Santo Domingo, una de las cuales es esta de Las Mercedes. Cuando hubimos de tomar una determinación ante la necesidad de tener un local más amplio, pudimos haber optado por la construcción de un edificio nuevo. Sin embargo, pesó en nuestro ánimo la historia de nuestra ciudad, que surgió con un aire de grandeza y hermosura tales, que el honrado cronista de Indias,

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iscurso pronunciado en su calidad de presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo, durante el acto inaugural de la nueva sede recién restaurada en la «Casa de Las Gárgolas». 17 de agosto de 1972.

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don Gonzalo Fernández de Oviedo, no temió en asegurar al Emperador Carlos V que: «En España no hay siquiera una ciudad que pueda preferir, ni por lo ventajoso del terreno, ni por lo agradable de la situación, ni por la belleza y disposición de las plazas y calles ni por la amenidad de sus alrededores». Añadiendo que: «Su Majestad Imperial se alojaba muchas veces en palacios que no tenían ni comodidades, ni la amplitud, ni las riquezas de algunos de Santo Domingo». Fue tal la importancia de esta urbe que nuestro venerable obispo, el ilustre Alejandro Geraldini, al informar de la impresión que le produjo la ciudad de Santo Domingo a su llegada dijo: «Quedé admirado de ver tan ínclita ciudad, fundada hace el breve tiempo de veinticinco años, porque sus edificios son altos y hermosos como los de Italia, su puerto capaz de contener todos los navíos de Europa, sus mismas calles son anchas y rectas que con ellas no sufren comparación las calles de Florencia». Con este y otros pensamientos presentes, resultó fácil decidirnos por contribuir, aunque fuera modestamente, a la restitución de su esplendor primitivo al patrimonio más valioso que nos legaron nuestros antepasados. Por ello apreciamos en todo su valor la decisión del presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, de darnos en usufructo esta casa, una de las primeras construidas en el período colonial y que fuera solariega del tronco de la familia Fernández de Castro, una de la de mayor influencia durante generaciones en la vida del país. 18


Casa nueva para la Fundación Dominicana de Desarrollo

La casa estaba en ruinas y por más de un año se trabajó en su restauración al golpe del cincel de nuestros diestros obreros que, con igual maestría a la de los canteros originales, iban removiendo pacientemente el revoque y eliminando paredes acumulados durante las muchas modificaciones que sufriera a través de los siglos, y que habían venido ocultando sus formas originales. En la medida que se iba revelando ante nuestros ojos la verdadera imagen de la vieja casa, íbamos conociendo su historia fascinante. Pudimos ver en los alfices, en los arcos y en los ladrillos biselados, de su parte original, la huella del estilo mudéjar que dejaron en ella los menestrales berberiscos que vinieron con materiales de construcción en las primeras naves de la colonización para levantar los edificios de esta ciudad. Descubrimos que el anexo que le da forma de martillo fue una adición hecha por la Compañía de Jesús alrededor del 1745, para alojar aquí a la Universidad Real y Pontificia de Santiago de la Paz y de Gorjón, por siglos en controversia por el título de universidad con la de Santo Tomás de Aquino regenteada por los padres dominicos. A este anexo corresponden las galerías enmarcadas por una serie de arcos en forma de «loggias» que al decir de Erwin Walter Palm «traen a la memoria tipos semejantes de claustros dieciochescos de Andalucía». En esta casa, que fue confiscada por los haitianos a familias que abandonaron el país por ser desafectas al régimen de ocupación, encontramos las huellas de la Logia Constante Unión, erigida en 1839 con el auspicio de personajes haitianos y de prohombres de nuestra 19


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independencia. Tras su languidecimiento surge la Logia Esperanza núm. 9 que adquiere este local y lo reconstruye en el 1883. En nuestra búsqueda encontramos el hecho trascendental, un poco olvidado en los papeles polvorientos de los archivos, de que este es el hogar del Himno Nacional Dominicano. En efecto, señores, creemos que el mayor blasón de esta casa es el de haberse interpretado en ella por primera vez el Canto a la Patria, obra de los eximios patriotas, el poeta Emilio Prud’homme y el músico José Reyes. Fue un día como hoy, 17 de agosto pero del año 1883, que la Sociedad de Prensa de Santo Domingo celebró en la Logia Esperanza núm. 9 ubicada en esta casa, un acto cultural con motivo de estarse conmemorando el aniversario de la Restauración de la República. En esa ocasión se tocó por primera vez nuestro glorioso himno. Debieron pasar algunos años antes de que el himno fuera reconocido oficialmente, ya que la historia nos dice que en 1885 se rendían honores al presidente Alejandro Woss y Gil, con la polka que un circo de acróbatas había puesto de moda, lo cual originó su justa protesta. Y, años más tarde, el presidente Ulises Hereaux, admirador de las glorias de Francia, se hacía rendir honores al ritmo de La Marsellesa. Aún cuando la música y letra de Reyes y Prud’homme habían alcanzado aceptación en círculos sociales y populares, la primera vez que el himno figuró en un programa de actos del Gobierno fue el 27 de febrero de 1890 con motivo de la inauguración de la Comandancia de Puertos y Aduanas de Santo Domingo. 20


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Todo este emocionante encuentro con la historia ha sido el producto de largas horas de investigación en las huellas en las paredes y en los documentos de historiadores. Nos gustaría mencionar a todos los que nos han ayudado, pero hoy nos viene a la memoria la dedicación del ingeniero José Ramón Báez López-Penha; del arquitecto Manuel Del Monte, director de la Oficina de Patrimonio Cultural; del doctor Ramón Lugo Lovatón, director del Museo Nacional; del historiador doctor Manuel de Jesús Mañón Arredondo; del arqueólogo don Luis Chanlatte, y de los profesionales que tuvieron a su cargo la restauración de este edificio, los esposos arquitectos Guillermo y Ketty Santoni y el ingeniero Federico Andrés Sméster. Debemos agradecer también al Bank of América, por haber financiado parcialmente el costo de esta obra, que asciende a más de RD$60,000.00. Hoy al vernos rodeados de estos viejos muros, podemos comprender por qué el escritor e historiador Joaquín Balaguer, en su Guía Emocional de la Ciudad Romántica, dice que «la ciudad antigua fue levantada para servir como recreo de poetas y solaz de anticuarios». Podemos repetir con él que todo este

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l acto de hoy tiene sus raíces espirituales en sucesos de más de 400 años, cuando los titanes de la conquista abrieron a este lado del Ozama las famosas primeras «cuatro calles» de Santo Domingo, una de las cuales es esta de Las Mercedes. El mayor blasón de esta casa es el de haberse interpretado en ella por primera vez el Canto a la Patria, obra de los eximios patriotas el poeta Emilio Prud’homme y el músico José Reyes.

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ambiente es «una estampa que despierta en nuestra imaginación visiones de la España que aprendimos a amar en las comedias de Lope» y que todas estas columnas, arcos y piedras que nos circundan, cuatro veces centenarias, «nos recuerdan que desde los muros de estas fábricas saltó sobre el océano la fe, la invicta fe cristiana para lanzarse a la conquista de nuevas tierras y para avasallar el alma de un mundo con la imperecedera grandeza de sus símbolos». La evocación de las glorias de esta ciudad y la esplendente realidad de su restauración nos hacen conscientes, hoy más que en ningún otro memento de nuestra historia, de que la egregia ciudad de Santo Domingo fue el centro del mundo occidental. Nos emociona recordar que los dragones de la conquista se reunieron en estas calles y en estas casas, las cuales conocieron en su materia de carne y hueso, a hombres que hoy forman parte de la leyenda, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Nicuesa, Francisco de Garay, Vasco Núñez de Balboa, Diego de Velásquez, Ponce de León, Juan de Esquivel y otros inmortales. Estas remembranzas nos alientan a solicitar del señor Presidente de la República hacer realidad la ilusión, que ha estado en el pensamiento de muchos dominicanos, de que se devuelvan sus nombres originales a las calles centenarias de Santo Domingo, aún cuando fuera pasando por un período de transición con dobles denominaciones. Los nombres de personajes y eventos que hoy honran a estas calles podrían ser asignados a las importantes y modernas calles y avenidas que hoy están dando nueva fisonomía a Santo Domingo. De este modo podríamos volver a pasear, igual que por Las Damas, por las calles de la 22


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Universidad, del Arquilla, del Estudio, del Portón, de los Plateros, del Tapado y así muchos otros nombres evocadores de nuestra historia. Ya ese camino lo han recorrido países que han vuelto su mirada, como lo estamos haciendo ahora los dominicanos, hacia las glorias de su pasado, como un modo de contribuir a cimentar el sentimiento de nuestra nacionalidad a través de valores tradicionales que pertenecen a todos por igual. Señores, la Fundación Dominicana de Desarrollo, una organización por cuyo intermedio el sector privado del país manifiesta su preocupación por los problemas de nuestras clases más necesitadas y trata de contribuir a su solución, agradece al honorable señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, la nueva muestra de confianza y de apoyo que nos ha dispensado, al concedernos esta importante casa para nuestras oficinas. Los empresarios envueltos en esta organización sin fines de lucro, que persigue ofrecer oportunidades de progreso a aquellos que luchan por elevar sus niveles de vida con su propio esfuerzo, con motivo de la inauguración de esta nueva sede, renovamos la promesa formal de mantener la consagración creciente de nuestro interés para que nuestra contribución al desarrollo sea cada vez más efectiva, hasta que sea alcanzada la meta anhelada por todos de que el bienestar social y económico sea un patrimonio que llegue por igual a cada hogar dominicano.

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Respaldo al sector agrícola

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l objetivo de mi intervención esta tarde, es compartir con ustedes lo que podríamos llamar mi visión optimista acerca del futuro de la economía dominicana, es decir, cuáles son los factores que me mueven a ver con optimismo el futuro de nuestra economía. A pesar de que en los últimos años ha predominado un espíritu pesimista, no sólo sobre las posibilidades de desarrollo de la economía dominicana, sino también sobre el comportamiento de la economía mundial, yo veo en la economía dominicana una serie de potencialidades que me permiten vislumbrar un futuro mucho más esperanzador que el que nos predicen nuestros más capaces economistas y cientistas sociales. Para comenzar, deseo establecer que la experiencia de la década de los años setenta y principios de los ochenta, señala que a pesar de ser la República Dominicana un país de economía

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harla del presidente de Grupo Financiero Popular, S.A. ante la Cámara Domínico Americana de Comercio de Miami, Florida. 25 de marzo de 1983.

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eminentemente abierta y por tanto, muy sujeta a los vaivenes de las economías de los países industrializados –en especial los Estados Unidos de Norteamérica–, la economía dominicana ha tenido un comportamiento y proceso de reajuste que en algunos casos supera el alcanzado durante el mismo período por otras economías desarrolladas y con mayor capacidad de maniobra. Como es de todos conocido, los últimos trece años no han sido años fáciles para la economía mundial. Durante los años setenta la economía mundial entró en un período de transición, después de veinte años de gran crecimiento con estabilidad en los precios. Durante este período, el problema de la inflación mundial se agrava y el sistema financiero internacional experimenta, en 1971, el colapso del sistema de paridades fijas de Bretton Woods. Durante los años 1972-1974, la humanidad experimentó crisis de alimentos y los años 1973-1974, vieron la cuadruplicación de los precios del petróleo por un lado y al mismo tiempo una disminución en la tasa de crecimiento de la oferta de petróleo. Como consecuencia de todos estos factores, tuvimos una aguda recesión mundial durante el período 1974-1975. Después de tres años en que la economía mundial comenzaba a recuperarse de la crisis de los años 74-75, se impusieron nuevos reajustes en todas las economías como resultado de la duplicación, en los años 1979-1980, de los precios del petróleo. Después de esto, la inflación mundial se aceleró y las tasas de cambio y de interés se volvieron asombrosamente volátiles y en algunos casos, erráticas. Como resultado de la acumulación de todos estos factores negativos, la economía mundial entró en lo que 26


Respaldo al sector agrícola

hasta ahora ha sido la más severa recesión que hemos visto desde la gran depresión de los años treinta, y de la que parece que afortunadamente los Estados Unidos de Norteamérica ha comenzado a salir recientemente después de más de diecinueve meses de falsas arrancadas y creciente escepticismo. Como es de suponer, todos estos elementos adversos al crecimiento y al desarrollo económico que hemos experimentado en los últimos trece años en la economía mundial, han afectado adversamente a la economía dominicana. Esta recesión mundial en los países industrializados no solo ha producido un deterioro en los términos de intercambio, sino que además ha deprimido los volúmenes de exportación y ha incrementado los niveles de protección en los países desarrollados en detrimento de los países subdesarrollados. A pesar de todas las dificultades económicas que experimentó la economía mundial en la década de los años setenta, la economía dominicana logró una de las mayores tasas de crecimiento del producto bruto interno para ese período a nivel mundial; en términos reales durante la década del setenta la economía dominicana creció a un promedio anual de 6.9%. Pero la recesión mundial que se inicia a finales de esa misma década, produce un deterioro en la economía dominicana que tiene efectos muy similares a los que se producen en las grandes economías industrializadas, es decir, mayor desempleo, menor crecimiento de la economía, inflación y déficits en los gastos públicos y en la balanza de pagos. Con el agravante de que la capacidad de mejorar la situación económica del país no solo depende de las políticas económicas que se 27


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adopten en el país, sino en un gran porcentaje, de la situación de los términos de intercambio que vienen dados por los mercados internacionales. Si analizamos la situación de la economía dominicana, teniendo como marco de referencia la situación mundial, tenemos que admitir que a pesar de algunos errores por parte de los responsables de dirigir la economía nacional, no lo hemos hecho tan mal. Más bien entendemos que hemos sido exitosos en ir realizando los reajustes necesarios que nos permitan vivir dentro de nuestras posibilidades. En efecto, las autoridades dominicanas han sido exitosas en reducir el déficit del Gobierno Central de $345 millones en 1979 a $183 millones en 1982; la tasa de inflaci6n de 16.8% en 1980 a un 8% en 1982 –una de las más bajas tasas de inflación en América Latina–, y el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que en 1980 alcanzó la suma de $858 millones a $481.9 millones en 1982. Inevitablemente, las medidas de política económica que se han adoptado para reajustar la economía dominicana a las continuas condiciones internacionales desfavorables, han tenido su efecto recesivo en la economía nacional. Esto se evidencia en el crecimiento real de la economía, que pasó de una tasa de crecimiento de 5.6% en 1980, a 3.4% en 1981 hasta llegar a su nivel de crecimiento más bajo –en muchos años– con 1.5% en 1982; crecimiento este último que es menor que la tasa de crecimiento anual de la población que se ha estimado en un 2.5%. Lo más interesante de todo esto, es que este proceso de reajuste en la economía dominicana se ha logrado en media de un clima de libertades públicas y preservando el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. 28


Respaldo al sector agrícola

Lo que evidencia una gran madurez política en el pueblo dominicano y una vocación democrática en sus líderes tanto del sector privado como del sector público y especialmente de sus dos principales partidos políticos. Ahora que hablamos de la democracia dominicana, deseo aprovechar para decir algo que he manifestado en otras ocasiones en mi país. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir los déficits del sector público dominicano, aún queda mucho por hacer, y como su cede en muchas partes, tenemos en las instituciones del Estado situaciones de desempleo disfrazado, en la medida en que estos señores no producen nada y sólo perciben un salario que sería en cierta forma equivalente al seguro de desempleo que existe en las mayorías de las economías desarrolladas. Pues bien, mi opinión al respecto es que ese desempleo disfrazado por el Estado es uno de los costos que tenemos que pagar –los que pagamos impuestos–, si queremos seguir disfrutando de un régimen democrático, ya que es preferible tener cien mil empleados en exceso de las necesidades reales del Estado a tener diez mil guerrilleros en la montaña reclamando un nuevo orden social. Y esto es algo que no debemos perder de vista cuando reclamarnos a los gobiernos de economías subdesarrolladas, que eliminen totalmente sus déficits internos. Volviendo a nuestro análisis económico, podemos decir, que afortunadamente la economía mundial ha comenzado a salir de su larga depresión y que esto coincide felizmente con la llegada a la Presidencia de la República, de una administración con la voluntad política de terminar de sanear la economía y de dirigirla por los senderos del desarrollo económico y de una mayor justicia social. 29


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Evidencia de esta voluntad política de sanear la economía dominicana, la encontramos en el orden internacional, en el Acuerdo de Facilidad Ampliada que recientemente firmó el país con el Fondo Monetario Internacional y en la renegociación de una parte de la deuda externa del país que se viene llevando a cabo. En el orden interno, observamos la adopción de medidas de austeridad en los gastos corrientes del sector público, con una canalización de mayores recursos públicos a la inversión real. Este conjunto de medidas que ha tomado la presente administración dominicana, acompañada de un clima favorable y de incentivos a la inversión nacional y extranjera, han permitido predecir para 1983 un crecimiento real del Producto Nacional Bruto de un 2.6%; menores niveles en los déficits del sector público, y un déficit relativamente pequeño en la balanza de pagos. Con este reordenamiento de nuestra economía, las metas de desarrollo de la economía dominicana, son alcanzables antes de que finalice este siglo si todos unimos nuestros esfuerzos. Y sobre esto, que podría parecer un poco de demagogia de mi parte, les deseo hablar. No sé cuántos de los aquí presentes habrán caído en la cuenta de que en términos de recursos naturales, la economía dominicana es una de las más privilegiadas en la zona del Caribe. Estudios de organismos internacionales han señalado que el país tiene todos los recursos naturales para en 1990 convertirse en una economía autosuficiente en lo que a producción de alimentos se refiere. Estando en capacidad de poder ofrecer a la población, que para 1990 se estima en 7 millones de habitantes, una dieta adecuada en términos de nutrientes y calorías. Y esto es factible 30


Respaldo al sector agrícola

si se toman las políticas sectoriales y se dedican en los próximos veinte años inversiones anuales de alrededor de cien millones de pesos al sector agrícola. El sector agrícola dominicano es una de las potencialidades que tenemos que desarrollar y que forzosamente es la columna vertebral para que los demás sectores de la economía puedan desarrollarse. En otras palabras, sin desarrollo agrícola no hay desarrollo económico. Una evidencia más de las posibilidades que tiene la República Dominicana en convertirse en el granero del Caribe, son los recursos hidrográficos del país. Con un sistema de 108 ríos independientes de los cuales cinco son clasificados como relativamente grandes –el Artibonito, Yuna, Azua, Yaque del Norte y Yaque del Sur–, el país cuenta con 14 zonas hidrográficas distintas donde podemos encontrar las condiciones de microclimas más diversos, desde los bajos terrenos donde se produce la caña de azúcar, hasta las zonas montañosas en donde en valles altos a 7,000 pies de altura, podemos cultivar flores, manzanas y fresas. En términos generales, aproximadamente el 20% del país se clasifica como zona seca en donde la irrigación

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l sector agrícola dominicano es una de las potencialidades que tenemos que desarrollar y que forzosamente es la columna vertebral para que los demás sectores de la economía puedan desarrollarse… sin desarrollo agrícola no hay desarrollo económico.

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es absolutamente necesaria para la agricultura. Existe un 15% que se considera como una zona intermedia en donde la irrigación temporal es deseable aunque no esencial para los cultivos. El restante 65% es básicamente zona húmeda en donde la irrigación sólo es necesaria para casos especiales. Por otra parte, el país cuenta con cinco presas –Tavera- Bao-López, Valdesia-Las Barias, Rincón, Sabana Yegua y Sabaneta–, que se espera podrán irrigar una área total de 565,000 acres. Todos estos factores naturales nos mueven a concluir que con un buen programa de inversión con énfasis en el mejoramiento del rendimiento por cultivos y el incremento en el mantenimiento de programas de reforestación, el déficit de la producción de alimento con relación a las necesidades del país, es un problema cuya solución está al alcance de la mano, con el adecuado mantenimiento de los complejos hidroeléctricos ya construidos. Otro sector que en mi opinión puede constituirse en uno de los motores de nuestro desarrollo, es el sector minero. Las riquezas minerales del país con sus yacimientos de bauxita, níquel, hierro, oro, plata, cobre, carbón, ámbar, mármol, sal y yeso, es otra de las potencialidades que debemos desarrollar en lo que queda del siglo veinte. El Banco Mundial en su reporte sobre el Desarrollo Mundial, correspondiente a 1981, señala que los recientes bajos precios de los metales y otros minerales no combustibles, reflejan el hecho de que el crecimiento de la economía mundial en los años setenta, fue menor de lo que se esperaba cuando la presente capacidad minera fue instalada, pero que varias proyecciones sugieren que a mediados 32


Respaldo al sector agrícola

de la década de los años ochenta, la de para finales de siglo, la demanda minera mundial podrá ser de un 90 a un 190% mayor que la actual demanda, dependiendo de los minerales. Por esta situación concluye el Banco Mundial, se requiere que se hagan las inversiones necesarias para poder atender la demanda que experimentara el sector minero en los próximos veinte años. La minería es una de las potencialidades con que cuenta la economía dominicana y que no ha recibido aún, por parte de los empresarios dominicanos, toda la atención que su futuro promisorio demanda. Para terminar, deseo referirme lo que para mí constituye la piedra angular del futuro de la economía dominicana, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer dominicana, a lo que en lenguaje empresarial llamamos los recursos humanos. Corriendo el riesgo de que se me acuse de inmodesto, creo que nuestro instrumento más efectivo para poder hacer frente a los retos del desarrollo económico, son nuestros recursos humanos. Que no solamente se han incrementado en cantidad, sino que en los últimos veinte años se han transformado cualitativamente muy por encima de lo que podíamos esperar a principio de los años sesenta. Indicadores de esta realidad de mejoramiento en nuestros recursos humanos, son las siguientes cifras de norteamérica. Hoy por hoy, uno de los grandes activos con que cuenta la economía dominicana es la comunidad de dominicanos que reside en los grandes centros urbanos de los Estados Unidos como son la ciudad de Nueva York, Chicago y esta ciudad de Miami. 33


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Esta comunidad que conservadoramente podríamos estimar en quinientos mil habitantes, no sólo contribuye a la economía del país con sus grandes transferencias de ayuda familiar, que tímidamente se estiman en unos cien millones de dólares anuales, sino que además como hijo agradecido, invierte sus ahorros en el país y eventualmente regresa llevando consigo un cúmulo de conocimientos y de vivencias sin los cuales ninguna economía puede modernizarse y desarrollarse. Deseo dar fin a mis palabras dejando en ustedes el siguiente mensaje: con los recursos humanos y naturales que posee la República Dominicana, no hay razón, si trabajamos unidos la mayoría de los dominicanos, para que no logremos un desarrollo económico y social equilibrado y justo, y al mismo tiempo que fortalezca el clima de libertades públicas y democráticas en que vive en la actualidad el país. Muchas gracias.

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Sobre el sistema cambiario de la República Dominicana

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uenos días, señoras y señores. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Antes que nada quisiera agradecer a los distinguidos miembros de esta Cámara de Comercio la oportunidad de permitirme compartir con ustedes mi opinión sobre uno de los más importantes temas relacionados al desarrollo de la República Dominicana. Este es, la posición de su balanza de pagos. Como es el caso en la mayoría de los países pequeños no productores de petróleo, mi país está enfrentando un creciente déficit en su balanza de pagos como resultado de las recientes condiciones de intercambio producidas por la crisis de petróleo del 1974, y no como resultado de esfuerzos para acelerar el desarrollo económico. Si analizamos el sistema financiero, notaremos que durante los últimos años las instituciones bancarias y no bancarias que componen dicho sistema,

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iscurso ante la Cámara DominoAmericana de Comercio. 26 de enero de 1984.

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han experimentado un incremento en sus activos como resultado de expansiones crediticias. Esto ha sido asociado con la reducción de activos netos extranjeros disponibles para transacciones internacionales, además del creciente y significativo financiamiento al Estado y sus empresas autónomas, particularmente desde 1979. El aumento de activos del sector bancario ha afectado simultáneamente la balanza de pagos. Esto se evidencia al examinar la conducta de los activos y pasivos internacionales dentro de este sistema. Desde 1978 los activos netos internacionales han sido negativos, lo que significa que el país ha estado financiando parte de su déficit cambiario a través de una reducción del nivel de reservas internacionales. Durante el período 1979-1980, hubo pérdidas de esta reserva ascendentes a US$151.7 millones; para el período 1980-1981, las pérdidas fueron de US$236.6 millones; para el período 1981-1982, las pérdidas fueron de US$234.3 millones; y desde diciembre de 1982 hasta julio de 1983, dichas perdidas llegaron a US$51.5 millones. En otras palabras, hemos estado experimentando serios y continuos déficits en nuestra balanza de pagos. Para el ciudadano común que no sabe lo que es un activo o un pasivo, el problema de nuestra balanza de pagos se refleja cuando éste no puede convertir sus pesos en dólares a la tasa oficial de cambia de un peso por un dólar. Esta paridad oficial entre el dólar norteamericano y el peso dominicano es una herencia de la tiranía trujillista. En 1947, gracias a siete años de prosperidad producto de altos precios de nuestras exportaciones, Trujillo pudo 36


Sobre el sistema cambiario de la República Dominicana

resolver los problemas relacionados a la deuda externa, y el peso dominicano se introduce para sustituir al dólar, que era la moneda en circulación. Ambas monedas se fijaron a la par y han permanecido oficialmente a esa tasa desde entonces. Tiempo antes de que finalizara el régimen trujillista, la libre convertibilidad del peso se había debilitado frente al dólar, pero desde 1961 la diferencia en este respecto ha ido continuamente aumentando, acelerándose más aún en los últimos dos años, cuando alcanzó niveles superiores a dos pesos por un dólar en el antes tolerado y hoy regulado mercado paralelo de divisas. Este llamado «mercado paralelo» tiene su origen al final del período de Trujillo y fue oficialmente establecido en 1967 durante el primer período de Gobierno del presidente Balaguer. Hasta agosto de 1982, los bancos comerciales no estaban autorizados a operar en este mercado, y las transacciones de compra y venta se limitaban a las tasas de cambio no controladas por las autoridades monetarias. Como mencionamos previamente, la tasa de cambio en el mercado paralelo ha alcanzado niveles sin precedentes durante los últimos meses, convirtiéndose en una pesadilla para el gobierno del presidente Jorge Blanco, y a pesar de la cantidad de medidas que este ha tomado para controlar el deterioro de la tasa en el mercado paralelo, todas van dirigidas a fracasar a menos que sea reestablecida la confianza en el peso dominicano. Con la eficiencia de costo que caracteriza a todas las organizaciones que componen el llamado «sector informal», por los economistas, este sistema paralelo financiero ha alcanzado niveles de sofisticación y eficiencia a los que 37


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las instituciones financieras que forman el sector formal apenas pueden competir, cuando se trata de la captación de dólares de sus suplidores originales. Veamos cuáles son las principales fuentes de dólares que nutren el mercado paralelo: 1. Fondos provenientes de exportaciones que gozan de incentivos cambiarios de no entregar la totalidad percibida al Banco Central. Esto significa de US$60 a US$70 millones. 2. Fondos provenientes del sector turístico que genera US$200 millones aproximadamente, y 3. Transferencias de dominicanos que viven en los Estados Unidos –básicamente en Nueva York– Puerto Rico y Venezuela, no tan significativo este último, debido a la reciente devaluación del bolívar. Estas transferencias pueden considerarse como la fuente vital de dólares a la República Dominicana, oscilante entre US$500 y US$700 millones anuales. Esto significa que los llamados «dominicanos ausentes» generan mayores ingresos de divisas al país que los exportadores tradicionales de azúcar, café, tabaco y cacao. En su totalidad, el mercado paralelo mueve recursos cercanos a US$1,000 millones de dólares. Ahora, la pregunta obvia es ¿cómo estas divisas se canalizan a través de la economía? Por medio de todas las vías imaginables: ¡desde el colmado de la esquina, el salón de belleza, la agencia de viajes y las compañías que remesan desde Nueva York a sus equivalentes en la República Dominicana y desde allá!, la casa de cambio a través de algún intermediario que gana una comisión por su servicio; o alguien que llega a pasar sus vacaciones e inmediatamente el limpiabotas –que estaba en los alrededores– le 38


Sobre el sistema cambiario de la República Dominicana

dice al dueño del colmado de la esquina, que acaba de llegar una señora de Nueva York con un radio, una muñeca, un ramo de flores plásticas, y claro, algunos dólares para vender; y a través de un intermediario la señora vende sus dólares en la sala de su casa sin intervención alguna de mecanismos y documentos necesarios para realizar esta operación en una institución del sector formal. Otro medio que se ha desarrollado durante los últimos años es el de adquirir los dólares en Nueva York o San Juan de Puerto Rico por alguien que le promete entregar el equivalente en pesos dominicanos a la tasa de cambio del momento –menos una comisión por el servicio–, en la puerta de la casa del beneficiario. En este caso, el dólar físicamente no llega a la República Dominicana, pero es vendido a alguien que a su vez lo vende a un importador dominicano. Mi posición frente a la legitimación del mercado paralelo ha sido que a este sector informal, que por más de veinte años ha servido al mercado, debe permitírsele su existencia bajo el imperio de la ley. Y que la tasa de cambio prevaleciente en dicho mercado no sea artificialmente fijada, puesto que inmediatamente surge una tasa mayor. Algunos

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n una sociedad democrática como la nuestra, las soluciones resultan de un proceso de consulta y consenso.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

pensarán que ha habido muchas especulaciones, y por estas especulaciones la tasa está artificialmente a un nivel. Mi respuesta es que si han habido especulaciones, lo cual es propio y característico de cualquier mercado cambiario, usted compra la moneda esperando venderla luego a una tasa mayor que la que usted pagó, y precisamente este ejercicio mental le llamamos «especular». El problema no es la especulación en sí, sino las condiciones que crean la expectativa de que existe alguien decidido a pagar un mayor precio. Aquí tocamos un punto muy delicado, el que debe ser manejado con mucho cuidado; confianza por parte de la población en las autoridades que dirigen la economía del país. Si el presente Gobierno no convence al pueblo de que las medidas necesarias para reestablecer la confianza en el peso están siendo aplicadas, estaremos inevitablemente condenados a vivir con un peso más devaluado y con él, mayores tasas inflacionarias y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Esto me lleva al último tópico que quiero tratar con ustedes hoy: el Fondo Monetario Internacional. Como posiblemente saben, el Fondo ha jugado un papel muy decisivo en las crisis de la deuda mundial, prestándole a países con problemas en sus balanzas de pagos, pero solo con la condición de que tomen medidas dirigidas a fortalecer sus economías. Estas medidas incluyen la devaluación, la reducción de importaciones, la eliminación de subsidios para alimentos, transportación y otros, el control del medio circulante y el congelamiento de salarios. La República Dominicana firmó el año pasado, un acuerdo de facilidad extendida con el Fondo Monetario 40


Sobre el sistema cambiario de la República Dominicana

Internacional por tres años, aproximadamente por $430 millones de dólares. Aunque durante el primer año del acuerdo los desembolsos por parte del Fondo fueron realizados dentro de lo preestablecido y sin ninguna dificultad, recientemente la opinión pública se ha enterado de que existen desacuerdos entre el gobierno del presidente Jorge Blanco y los oficiales del Fondo. Pese a que al momento de escribir este trabajo las negociaciones se habían reiniciado, yo puedo predecirles que se lograra un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo, y la razón que me lleva a pensar esto, es que ambas partes reconocen el problema y las causas del mismo. La diferencia entre estos descansa más en la magnitud de las medidas a tomar, que en las medidas en sí mismas, y en este respecto, mi opinión es que el Fondo debe entender que en una sociedad democrática como la nuestra, las soluciones resultan de un proceso de consulta y consenso. En esta situación, los términos negociados serán realísticamente relacionados a la capacidad del país de satisfacerlos y más a tono con las expectativas de crecimiento y desarrollo de la población. No importa la magnitud del problema de la balanza de pagos, los gobiernos deben mantener inversión pública aún con déficits fiscales, y el papel del Fondo Monetario Internacional debe ser el de asistir a sus países miembros para que estos resuelvan sus problemas de balanza de pagos, pero sin debilitar su crecimiento y desarrollo. Para concluir, creo firmemente que la única solución permanente para nuestro problema de balanza de pagos descansa en la capacidad del país para aumentar su producción de bienes y servicios; y conjuntamente con las medidas fiscales y monetarias, 41


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deben tomarse otras que aumenten la inversión del sector privado en áreas tales como: turismo, agroindustria y minería. Muchas de estas pueden ser logradas a través de la creación de incentivos que atraigan a inversionistas extranjeros. Uno de los pasos más importantes que pueden ser tomados en esta dirección, es crear las condiciones en las cuales el peso pueda convertirse en la única moneda estable en comparación con el dólar. En estos términos, el Poder Ejecutivo y la Junta Monetaria recientemente decidieron dejar el peso flotar, de manera que se pueda llegar a un equilibrio de oferta y demanda en el mercado libre de divisas. Y en término de la inversión pública, esfuerzos deben realizarse dirigidos a la reforestación de nuestros bosques, porque sin este recurso natural, hay menos lluvia y menos agua en nuestros ríos, que a la vez reduce el potencial hidroeléctrico que consecuentemente disminuye la producción de electricidad en el sector agrícola y de las fábricas del sector industrial. En otras palabras, sin reforestación no puede haber desarrollo. Espero que estos comentarios les ayuden a un mejor entendimiento de los problemas externos de la República Dominicana. Muchas gracias por su amable atención.

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Enfoque en el progreso

INTRODUCCIÓN

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ealmente me llena de satisfacción y entusiasmo el poder dirigirme a tan distinguida concurrencia correspondiendo a la amable invitación que me formulara esta Casa de la Cultura de La Romana. Como no escapa al conocimiento de muchos de los aquí presentes, por esta zona laboriosa y progresista de La Romana y el este del país, siento una especial predilección, al extremo de considerarla con toda propiedad como mi segundo hogar. El momento es en verdad oportuno para llevar a cabo un diálogo constructivo y franco sobre algunas ideas que entiendo podrían contribuir al desarrollo de esta zona oriental y, por qué no decirlo, al de todo el país. Esto así porque el país se encuentra hoy inmerso en un arduo proceso de rehabilitación de sus estructuras económicas bajo los auspicios del

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isertación del presidente del Grupo Financiero Popular, durante el acto de fundación de la Casa de la Cultura de La Romana, el 15 de mayo de 1987.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Gobierno nacional, lo que debe propiciar la labor mancomunada de todos los sectores del país. Quiero advertirles antes de entrar en materia que el hecho de que la frase que he usado para titular esta disertación pueda envolver un amplio espectro temático, no significa que vaya a pronunciar un discurso formal. Más bien, mi intención es llamar su atención ante lo que ha sido y seguirá siendo por algún tiempo un tema de debate nacional, a saber, ¿cuáles podrían ser los sectores clave para lograr el relanzamiento de nuestra economía ante la realidad de la crisis actual? La respuesta a esa pregunta debe movernos a todos a una profunda reflexión, pues a ella se suman otras nuevas interrogantes. Una podría ser, sobre el orden de prioridades que debe seguir el Estado en su función de gran administrador de recursos y diseñador de política económica. Otra sería sobre la responsabilidad social que recae en el sector privado al momento de tomar cualquier iniciativa específica que signifique una forma de actividad económica. Más que preguntarnos entonces sobre sectores clave de desarrollo, habría que cuestionarnos sobre lo que más necesita nuestro país ante su realidad social. Pienso que la respuesta es de consenso: el factor es el empleo productivo. Nuevas y abundantes plazas donde la población nacional pueda obtener su sustento enjugando su pobreza y la de su familia, contribuyendo a la vez a nuestra producción de bienes y servicios. Así las cosas, la acción central sería compatibilizar las circunstancias de coyuntura económica y conformación estructural de esta con las realidades sociales del país. Ese 44


Enfoque en el progreso

punto de equilibrio ideal indicará dónde deben confluir los recursos económicos para iniciar un proceso de eficiencia racional. Sin embargo, no cometeré el error de ser demasiado optimista, mejor tomaré la perspectiva práctica de las cosas, viendo el conjunto de elementos que configuran nuestra realidad para proyectarlas sobre alternativas realizables. Es por esa razón que hoy vengo a hablarles de diversificación azucarera y de servicios. Lo primero porque resulta todavía imposible desligar el azúcar de la economía dominicana, con su realidad de crisis y de dependencia. De lo segundo, porque los perfiles geográficos, ecológicos y poblacionales de esta zona aconsejan una alternativa racional como estrategia de desarrollo, que absorba una gran cantidad de manos de obra desocupada, y que en abstracción haga posible la venta de nuestras bellezas naturales y la hospitalidad de nuestro pueblo. De una gestión novedosa que permita captar con facilidad el complemento del capital foráneo, y que atenúe la cruel emigración de nuestros hombres del campo a los barrios marginados de nuestras ciudades y del exterior del país. Pero no voy a abrumarles ahora con la enumeración de todas las bondades que pueden derivarse de esta estrategia, lo que sería más propio de un político y no de un hombre de la banca. Sin abandonar el sentido práctico del que les hablé, veremos en primer término nuestra realidad azucarera, para pasar al análisis de los servicios, y su importancia en la economía nacional. En segundo orden comentaremos las posibles alternativas y sus rutas para llevarlas a cabo. Esto lógicamente no excluirá mis 45


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ideas sobre los instrumentos a mano para materializar estas ideas. LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA En nuestro país hablar de historia económica es simplemente hablar de la historia de la industria azucarera. No hay ningún tipo de dudas sobre el papel preponderante que ha jugado la producción de azúcar de caña como elemento motor generador de divisas y empleo en nuestro acontecer económico desde el siglo XVI, con la aparición de los primeros trapiches hasta nuestra actual época moderna. La región este no escapó de ese designio histórico, y abordó el destino del azúcar, conjugándolo con el de la ganadería, haciendo de ambas actividades la fuente de vida de esta región. En particular, el azúcar adquirió, en La Romana y la zona este, características señeras, ubicándose en esta ciudad, el ingenio azucarero que poseía la mayor extensión propia de terreno como unidad productora independiente. Me refiero al Central Romana, de cuyos antecedentes huelga hablar por ser materia conocida por todos nosotros. Señalaré, no obstante, su gestión pionera en el proceso de modernización y diversificación de la producción azucarera citando el caso del furfural como una muestra de esto. Definitivamente es mucho lo que se puede argumentar en favor de esta industria, pero dejemos por ahora su glorioso pasado y concentrémonos en su crítico presente, que es lo que en realidad nos interesa. Podríamos comenzar hablando del problema de los precios internacionales del dulce, para lo cual habría que diferenciar tres mercados, 46


Enfoque en el progreso

a saber: el mercado norteamericano, el mercado mundial y el mercado local o doméstico. En el mercado norteamericano, como sabemos, se actúa con sujeción a un sistema de cuotas, que limita la participación de los países productores a los volúmenes asignados por los Estados Unidos de América. Este mercado, llamado también preferencial, ha mantenido precios muy superiores a los existentes en el mercado mundial, en especial en estos últimos cuatro años. No obstante, las cuotas han sido paulatinamente reducidas a un nivel tal que el último recorte de la misma, significará una reducción real superior a las 141,0 mil toneladas cortas. Estamos hablando, señores, de aproximadamente un 50% de la cuota asignada en 1985. Las expectativas son de mayores reducciones y más grave aún, la eventual desaparición de la cuota global en el futuro próximo. Si hablamos del mercado mundial tampoco observamos unas perspectivas halagadoras: de hecho se trata de un área poco atractiva en materia de precios, los cuales han venido cayendo a un nivel actual de unos US$0.08 centavos por libra. Esto es inferior a los costos de producción de todos los productores locales.

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n la historia de la humanidad las crisis han demostrado ser circunstancias que traen envueltas en sí mismas la alternativa del progreso. Aquí no hay lugar para términos medios, la opción debe ser el progreso. Esa es pues nuestra responsabilidad… La esperanza de que la historia del pueblo no ha concluido sino que apenas comienza.

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El mercado doméstico ha sido un factor paliativo del deterioro de la industria por poseer precios que han permitido una relativa compensación; pero recordemos que se trata de un mercado estrecho en cuanto a su volumen de demanda, y además, segmentado en azúcar afinada, refinada y parda. Dichos productos podrían tener mejores precios externos si se considera la ventaja favorable del tipo de cambio. Se podría afirmar entonces que la industria azucarera está cruzando su etapa histórica más crítica. A las circunstancias derivadas de los bajos precios internacionales se suman la competencia de otros edulcorantes sustitutivos del azúcar de caña que han promovido la variación de los hábitos de consumo. En efecto, de acuerdo a las cifras suministradas por el grupo de países latinoamericanos y del caribe exportadores de azúcar (GEPLACEA), la producción mundial del dulce ha disminuido en unas 764 mil toneladas métricas en el año 1985 con relación al año anterior. Ahora bien, pese a la disminución, aún prevalece una situación de excedente de oferta sobre la demanda mundial. En el caso dominicano, de acuerdo a la misma fuente, la merma de la producción en el 1985 fue de un 19% con respecto al año anterior. Es decir, casi una quinta parte del total, aspecto en el que solo fuimos superados por Argentina, cuya industria del dulce decayó en un 23% en idéntico lapso. ¿Estaría entonces esta industria destinada a su virtual desaparición como ente económico rentable? La respuesta a esta pregunta se encuentra contenida en una infinidad de estudios técnicos. Así también 48


Enfoque en el progreso

proyectos pilotos y actividades industriales en firme han demostrado la potencialidad y factibilidad de este sector para diversificarse y/o convertirse de hecho en una nueva industria. De esta forma han sido despejadas las dudas sobre las posibilidades de industrializar los subproductos de la caña de azúcar, convirtiéndolos en derivados tales como energéticos, pulpa y papel, paneles, alimentación animal, fibras sintéticas y derivados químicos, entre otros. De hecho, aunque resulte paradójico, se entiende que el éxito de la gestión de diversificación del azúcar en nuestra región, reside en su estado de obsolencia técnica, bajo nivel de mantenimiento y su potencial uso para fines energéticos, aspectos que constituyen una verdadera reserva para disminuir los costos e incrementar la eficiencia. Se debe procurar entonces la materialización de una política de conversión de la industria del azúcar que concentre dos alternativas conceptuales: la diversificación y la transformación. La primera, partirá de las posibilidades de elaborar nuevos derivados a partir de la caña de azúcar y/o de sus subproductos. Esta deberá efectuarse en aquellas unidades productoras o ingenios en que se determine su operatividad sobre la base de su eficiencia, infraestructura y limitaciones de suelos. La segunda, deberá realizarse contemplando la jerarquización de usos alternativos de los terrenos, en actividades agrícolas de ciclo corto o permanente, parques industriales y turismo. Esta práctica deberá llevarse a cabo en los ingenios de menor eficiencia relativa y mayores costos de producción. 49


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LA DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA DOMINICANA El efecto de la crisis azucarera ya se ha manifestado en toda su crudeza en la República Dominicana. Para verificarlo basta recordar las cifras de merma en la producción que cité precedentemente sin contar los efectos nocivos de balanza de pagos y empleo, sin embargo, justo es reconocerlo, el Gobierno dominicano ha adoptado iniciativas para materializar una conversión de esta industria. Así las cosas, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ha planteado una estrategia de diversificación orientada en cuatro áreas, a saber: 1. Agroindustrias. 2. Parques industriales y zonas francas. 3. Plantas de energía eléctrica. 4. Turismo. La estrategia esbozada no significa que el CEA abandonaría gradualmente la producción de azúcar, sino que más bien la reduciría a un punto óptimo que vendría dado por el nivel de producción que puede colocarse aún en el mercado norteamericano y el mercado doméstico. El volumen total de producción se ha estimado en unas 460,000 a 500,000 toneladas cortas al año. El planteamiento a nuestro juicio posee gran lógica, pues se sigue reconociendo al CEA como el máximo empleador del país y además como un importante proveedor de divisas. Por otra parte, se trata de utilizar los cuantiosos recursos de infraestructura y terrenos de esta corporación en alternativas racionales que creen empleos productivos. Algunas iniciativas ya se encuentran en proceso de ejecución, verbigracia, el caso del ingenio Montellano de 50


Enfoque en el progreso

Puerto Plata, cuyos terrenos están siendo traspasados en ventas al Banco Central, a fin de darles uso turístico. Se ha planeado también el cierre gradual de operaciones de este ingenio y el uso de los terrenos no vendidos al Banco Central para cultivos de ciclo corto y fincas energéticas. Otro caso es el del ingenio Catarey, parte de cuyos terrenos están en proceso de distribución a parceleros del programa de reforma agraria del gobierno. También se han colocado bajo arrendamiento algunas porciones de tierras que se destinarán a cultivos de exportación, como la piña y la naranja. Quiero analizar ahora cómo afectará todo esto a los pueblos del este. USOS ALTERNATIVOS DE TIERRAS EN LA REGIÓN ESTE En cuanto a esta zona, si excluimos a la provincia de San Pedro de Macorís, cuya estructura económica responde a una forma de actividad con características bastante propias, diferentes al resto de la región, encontramos que dentro del esquema de diversificación del CEA los ingenios Porvenir y Santa Fe, podrían ser calificados para su transformación, proyectando cesar sus operaciones en el futuro próximo. Las alternativas posibles no están del todo definidas, pero existe la idea de que los cítricos, mangos y otros frutales que posean buenos mercados en el exterior, podrían constituir un renglón factible para las tierras del ingenio Santa Fe. Para las propiedades del ingenio Porvenir se ha planteado la plantación y explotación de cocos. También no es de soslayar para fines de desarrollo turístico una amplia franja de terreno propiedad del CEA, situada entre 51


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los ríos Cumayasa y Soco, y en las zonas donde el reguío es posible y rentable se pueden desarrollar siembras de vegetales. En las partes montañosas de las provincias de El Seibo y Hato Mayor e inclusive en algunas partes más llanas de esta última provincia, la diversificación agrícola deberá ser realizada en base de plantaciones permanentes –caso de los cítricos y de la palma africana– porque la topografía y la precipitación exponen a estas zonas altas a una erosión intensa. Realmente no voy a profundizar en estos aspectos, pues no soy un experto agrícola. Solo quiero recordar que los terrenos de esta vasta región, por su poca profundidad y por las condiciones climáticas que le imponen una escasa y mal distribuida captación pluvial, no admiten muchas posibilidades o usos alternativos agrícolas. Las posibilidades ciertas son las gramíneas –pastos, caña de azúcar y sorgo– y en algunas áreas de suelos profundos donde el riego sea rentable, las explotaciones hortícolas y de frutales. El hecho es que solo algo más de una quinta parte de los terrenos de esta zona este son aptos para desarrollo agrícola, debido fundamentalmente a la falta de riego. Esto quiere decir que el cultivo de la caña de azúcar habrá de seguir siendo una opción para la región. Lo interesante sería entonces que los colonos azucareros de esta zona tomaran iniciativas sobre las actividades ya identificadas, y de otras que tiendan a mejorar las condiciones ecológicas de la zona como lo serían las llamadas fincas energéticas. En países de Suramérica y África estas fincas están resultando rentables. La acción indicada 52


Enfoque en el progreso

tiene también la ventaja loable y patriótica de la protección forestal, aspecto que debe constituirse en un dogma si deseamos el bienestar de esta región. Se ha estimado que la siembra de leucaena, una leguminosa arbórea de rápido crecimiento, es altamente rentable. En cinco años su utilidad es múltiple, por ejemplo: leña, postes para hatos ganaderos y alimentos para ganados y peces. Una experiencia interesante es la acumulada por el Central Romana, el cual viene sembrando bajo condiciones de riego distintos tipos de vegetales, habiendo obtenido altos rendimientos por área. El cultivo de la papa es un buen ejemplo de lo que puede lograrse si concurren suelo adecuado y riego. En esa misma línea de diversificación, entre otras actividades, el Central Romana prepara en la actualidad los viveros para una extensa plantación de frutales tropicales tales como: cítricos, mangos, guanábanas, nísperos, zapotes, guayabas, chinolas. Estas siembras se iniciarán en el próximo mes de julio tal y como me lo informaran fuentes autorizadas del Central. Igualmente este Central está fomentando una siembra de bosques energéticos a base de la leucaena. Interesante es también el uso de derivados de azúcar en la crianza de cerdos, cuya alimentación es en parte a base de jugo de caña, así también como el engorde de ganado vacuno con caña y melaza. También se cita el posible uso del barbojo de la caña para fines energéticos. Pasaré ahora a referirme a lo que personalmente considero como el complemento de una estrategia de diversificación en esta región: los servicios. 53


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EL SECTOR SERVICIOS EN LA ECONOMÍA DEL ESTE Primeramente debemos definir lo que son los servicios desde el punto de vista económico, designándose con este nombre a todas aquellas actividades que se realizan dentro de las fronteras de un país, y que no generan una producción física, tangible o visible de bienes orientadas al mercado local, como objetivo primordial. Hecha esta aclaración conceptual, podríamos considerar como servicios las siguientes actividades: turismo, zonas francas industriales y comerciales, el transporte, las comunicaciones y la actividad bancaria y financiera. Dentro de los mismos consideramos al turismo y las zonas francas, como los más novedosos, dinámicos y estratégicos para esta región y para el país. Esto así porque su impacto económico debe de ser medido en una doble vertiente, la captación de divisas y la generación de empleos productivos. Sobre este particular no creo equivocarme si afirmo que existe un consenso nacional, siendo sus posibilidades realmente ciertas, veamos por qué. LA ALTERNATIVA DEL TURISMO Esta actividad observada años atrás con cierto escepticismo ha cobrado una notoriedad tal que se ha convertido en un rubro que compite y supera a muchos de nuestros principales productos de exportación como generador de divisas. De acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central en el año 1986 el turismo reportó ingresos por una cifra ascendente a los US$500.0 millones. Esto equivale a un 65% del producto neto de divisas generado por todas las demás exportaciones tradicionales y no tradicionales, 54


Enfoque en el progreso

cuyo valor total en ese año fue de aproximadamente unos US$721.0 millones. El ritmo de crecimiento de los ingresos de divisas reportados por el turismo es simplemente extraordinario, registrando un incremento del orden del 190% con respecto al volumen captado en 1980. Lo anterior quiere decir que su contribución a la balanza de pagos casi se triplicó. Como generador de empleos y siguiendo la pauta de que por cada habitación hotelera se genera un empleo directo y dos indirectos, el sector es responsable de 30,900 plazas de trabajo sobre la base de 10,300 habitaciones existentes. De acuerdo a los programas de construcción de nuevos hoteles para los próximos dieciocho meses se dispondría unas 4,000 habitaciones hoteleras adicionales. Significará esto que el turismo estará empleando a mediados del año 1988 a casi 43,000 personas. Creo que con los datos aportados podemos tener una idea bastante clara sobre el dinamismo de este sector. ¿Cómo podría aprovechar esta región ese potencial? Hemos dicho que esta región posee limitaciones evidentes para las llamadas opciones agrícolas, por otra parte la devastación forestal, aspecto que enfatizo debe ser enfrentado sin dilación, provoca a la vez un empobrecimiento del clima. Ahora bien, esta circunstancia unida al hecho de que esta zona posee casi la mitad de las playas de primera y segunda categoría del país, avalan la alternativa del turismo como estrategia de desarrollo regional. Esta zona cuenta con apenas 1,350 habitaciones hoteleras disponibles fruto de la iniciativa privada y tiene una 55


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infraestructura básica con aeropuerto y carreteras, que si bien no es la ideal, constituyen un real punto de apoyo para un mayor desarrollo del sector. Debe pues reclamarse una mayor atención estatal para la zona, la que podría convertirse en el polo turístico más importante del país. Ahí están las pruebas. LA ALTERNATIVA DE LAS ZONAS FRANCAS Hablar aquí de zonas francas es algo recurrente, y tengo el convencimiento de que lo seguirá siendo por mucho tiempo. No olvidemos que estamos asistiendo a un proceso de reorientación internacional de factores y medios de producción. Así las naciones más desarrolladas especializan su industria en tecnología intensiva en capital y en producción de servicios. Como contrapartida se traspasa la producción manufacturera ligera a las naciones menos desarrolladas, obteniendo las ventajas comparativas de tipos de cambio y mano de obra más bajos. El dinamismo mostrado por ese sector en nuestro país es muestra de eso, habiendo hoy día en el país unas seis zonas francas en funcionamiento y tres o cuatro en proyecto, o proceso de construcción. Basta con decir que más de 50,000 dominicanos laboran en estas industrias para determinar cuál es su importancia. Esto sin contar con sus aportes en divisas, los cuales a fines del año 1986 se elevaron a US$50.0 millones. Sin embargo, pese a las evidencias de dinamismo entendemos que este tipo de industrias debe continuar apoyándose por parte del Estado, razón por la que es oportuna la unificación de las diversas leyes y decretos que 56


Enfoque en el progreso

rigen esta materia. Debe formularse un texto legal más coherente y con incentivos más atractivos que elimine trabas administrativas excesivas. NUESTRAS SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES En el curso de esta charla hemos hablado de problemas y de alternativas, pero no nos hemos limitado solo a hablar, pues cónsonos con nuestra prédica hemos emprendido acciones para lograr el repunte económico de la región este. Una prueba es el financiamiento otorgado por el Banco Popular Dominicano a la zona franca de Hato Mayor. Igualmente estamos estudiando la posibilidad de financiar un complejo turístico en esta provincia de La Romana, y de zonas francas industriales en Higüey y de El Seibo. Sin embargo, considero que la acción del sector privado debe ser complementada por la acción estatal. Sobre este particular citaremos cuatro factores fundamentales: el financiamiento, la inversión extranjera, el régimen de propiedad de la tierra y el riego. Resultaría difícil para mí no abordar el tema del financiamiento, pues como hombre de la banca, a eso he dedicado la mayor parte de mi vida. Existen dos instrumentos que con la buena voluntad de nuestras autoridades monetarias y el concurso de la banca comercial y de desarrollo, darían el empuje necesario a la iniciativa privada para la realización de estos planes. Esos instrumentos son el encaje legal y la reconversión de la deuda externa. Como se sabe, el encaje legal ha sido recientemente reformulado para lograr una reorientación del crédito al 57


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sector agropecuario. Ahora bien, la especialización de un alto porcentaje en la cartera de los bancos comerciales para la agropecuaria encuentra el obstáculo de la falta de garantías. Es perentorio, pues el que se extienda para estos fines el fondo de reservas de garantías del Fide para financiamiento con recursos propios o que se cree otro fondo similar que podría contar con la participación privada. ¿Por qué no gestionar la formación de un fondo de reservas de garantías para el este que incluya la participación de los grandes empresarios de la región? Igualmente sería lógico incluir en nuestros requerimientos de cartera a las zonas francas industriales. En ese mismo orden, una acción innovadora podría ser el uso de la conversión de la deuda externa como instrumento de financiamiento el cual debería estar dirigido con preferencia al turismo, zonas francas y la agroindustria tal y como lo han hecho otros países del área. Esperamos sin más dilación la adopción por parte del Banco Central de una política de conversión, pues su demora podría limitar nuestra futura participación con márgenes de holgura y selectividad adecuados. En lo que respecta al segundo factor, esto es la inversión extranjera… modalidades de riego, haciéndose énfasis en el denominado riego por goteo que permite un uso racional para el tipo de cultivos propios de estos suelos. Lanzo pues la idea esperando fructifique prontamente. Hemos visto como el momento actual puede tener una respuesta, pero recordemos que es un momento de crisis y en la historia de la humanidad las crisis han demostrado 58


Enfoque en el progreso

ser circunstancias que traen envueltas en sí mismas la alternativa del progreso del retroceso. Sin embargo, su solución solo permite una de esas opciones. Aquí no hay lugar para términos medios, la opción debe ser de progreso. Esa es pues, nuestra responsabilidad, ya que creo que aún queda espacio y tiempo para la esperanza… La esperanza de que la historia del pueblo dominicano no ha concluido, sino que apenas comienza. Muchas gracias.

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Sobre el sistema monetario y cambiario dominicano

INTRODUCCIÓN

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e complace corresponder la amable invitación que nos hicieran los organizadores de este evento, señores Juan Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Frank Tejada, director de este seminario, para concurrir como orador ante tan selecto público. Esto me ofrece la oportunidad de poner a la consideración de todos ustedes, nuestras apreciaciones sobre la situación del sistema monetario y cambiario dominicano, en una circunstancia como la que hoy vivimos, la cual amerita de un profundo análisis y de una serena reflexión. Con esos objetivos en mente y para introducir el tema central de este seminario, me propongo presentar una síntesis de nuestro sistema monetario y cambiario. En segundo lugar esbozar una valuación de la política monetaria vigente.

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isertación como presidente del Grupo Financiero Popular, en el Seminario ANJE’87 «Sobre la problemática monetaria y cambiaria del país», el 3 de julio de 1987, en el Hotel Lina, Santo Domingo.

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Luego me tomaré la libertad de hacer algunos comentarios sobre ideas que podrían contribuir a la conformación de un panorama monetario más propicio a la consecución de las metas económicas del Estado. Esto último parte de la premisa de que posiblemente las últimas ejecutorias de política monetaria dirigida a este sector y en especial a la banca comercial, podrían limitar su participación dinámica en la labor, no exclusiva del Estado, de promocionar nuestro desarrollo económico. Es por eso adecuado el momento para entablar un diálogo constructivo, que sin apasionamiento tienda a formar un consenso de opinión pública en cuanto a la ruta a seguir para conducir un real aporte de la banca al logro de las metas del gobierno, sin que resulte esta lesionada. EL SISTEMA MONETARIO DOMINICANO. ANTECEDENTES: LEGISLACIÓN MONETARIA Y BANCARIA La historia económica dominicana registra al Banco Nacional de Santo Domingo como la primera institución bancaria que se establece en el país. Esta entidad abrió sus puertas al público en fecha 9 de noviembre de 1869, durante el gobierno de Buenaventura Báez. Posteriormente en el año 1909 bajo el mandato del presidente Ramón Cáceres, se promulgó la Ley 4911 sobre instituciones bancarias. Se dispuso así del primer instrumento legal de regulación para la actividad bancaria, instituyéndose por su conducto la obligatoriedad de domiciliar estas entidades y su capital en territorio nacional. 62


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Igualmente se sujetaban sus operaciones a las leyes generales del Estado Dominicano a reservas de que se emitieran regulaciones especiales en la materia. No se reconocían derechos de extranjería, pero sí era posible el establecimiento de sucursales de bancos del exterior. En el interregno de los años 1909 al 1946 se instalaron en el país nueve bancos, de los cuales vale la pena citar al Banco de Reservas, Banco Agrícola, Bank of Nova Scotia, el National City Bank y el Royal Bank of Canadá. La instalación de sucursales de bancos extranjeros se debió en gran medida a que desde inicios del siglo ya se usaba como medio de pago legal y exclusivo al dólar norteamericano. De igual forma contribuyeron a este hecho la existencia de una administración aduanal norteamericana y la expansión de la industria azucarera nacional. Ahora bien, no fue sino hasta el año 1947 cuando el Estado declara la necesidad de introducir enmiendas a la Constitución de la República para la creación de nuestra legislación monetaria y bancaria. Es a partir de ese año cuando se puede advertir una separación del factor monetario del aspecto fiscal. Esto así porque en el siglo pasado, el Estado concebía la emisión monetaria como un instrumento de cobertura de las finanzas públicas. En el marco de esta primera reforma financiera se introducen cuatro leyes fundamentales que vienen a conformar las reglas de juego del sistema monetario que en esencia rigen en la actualidad. Estas leyes son: a. La Ley Monetaria número 1528 que crea el peso oro dominicano. b. La Ley Orgánica del Banco Central número 1529 modificada por la número 6142. 63


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c. La Ley General de Bancos número 1530 modificada por la número 708, y d. La Ley 1531 que regula la actuación del Banco Central ante los organismos internacionales, llamada también «Ley de Bretton Woods». La reforma del sistema y la creación de una moneda nacional fueron una secuela del progreso económico que acontecía en el país en ese período. En el año 1947 el país estaba libre de compromisos financieros con el exterior, poseía un presupuesto balanceado, tenía un sistema bancario racional y algo muy importante, existía una sólida posición de reservas monetarias, era pues un momento más que oportuno para introducir la reforma. De hecho, la legislación citada completó una serie de medidas que comenzaron con la introducción de la moneda subsidiaria en el 1937, el acuerdo de 1940 sobre servicio de la deuda y la creación del Banco de Reservas y el Banco Agrícola en el 1941 y 1945 respectivamente. Esta base legal ha venido ampliándose con la promulgación de leyes accesorias entre las que encuentran las que amparan a la banca especializada y la Ley General de Cheques. Asímismo, en 1962 fue dictada una nueva Ley Orgánica del Banco Central que aunque conservó en esencia las características de la original, modificó aspectos fundamentales. Entre estos citamos: aumento del capital y reservas, la integración de la Junta Monetaria, el manejo de la emisión y el respaldo de la moneda. La razón que motivó esta modificación fue la reducción de los activos internacionales de dicha entidad y la propia coyuntura imperante en la época post tiranía. Como complemento y fruto en ocasiones de circunstancias especiales se han 64


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emitido una apreciable cantidad de resoluciones de la Junta Monetaria, algunas de las cuales rivalizan en su orden jerárquico, con las propias leyes que las sustentan. CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL: LAS ENTIDADES BANCARIAS Un punto de partida para analizar qué es un banco lo tenemos en el artículo 9 de la Ley General de Bancos. Este artículo define como bancos a, citamos: «toda persona o entidad, pública o privada que se dedique dentro del territorio de la República, en forma habitual y sistemática, a negocios de préstamos de fondos obtenidos del público en forma de depósitos, títulos u otras obligaciones de cualquier clase…». Se observa en esta definición que los factores que califican el concepto banco son básicamente dos: la captación de fondos en forma de depósitos y el préstamo de estos. Este razonamiento queda ratificado por el mencionado artículo 9 cuanto indica, citamos: «las personas y entidades que acepten depósitos en forma ocasional, no serán consideradas como bancos pero podrán ser sometidas a un régimen especial que dictará la Junta Monetaria». El régimen especial a que se refiere dicho artículo se limita a los sistemas contables, garantías y otros elementos sucedáneos de control. De esta forma podemos decir que el sistema bancario lo constituye el Banco Central, los bancos comerciales y los denominados bancos de fomento. Dentro de estos últimos se incluyen: la banca hipotecaria, las asociaciones de ahorros y préstamos, y los bancos de desarrollo. 65


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Dentro de este gran conjunto existe una clasificación de carácter monetario. Así tenemos los llamados intermediarios monetarios y los no monetarios. En los primeros tenemos a los que crean dinero, ya sea por emisión primaria o por cheques –cuasidinero–, conformados por el Banco Central y los bancos comerciales. En el segundo grupo se tienen los que no crean dinero, constituidos por la banca de fomento o banca de desarrollo. Este grupo de entidades que conforman el sistema bancario nacional, tienen como eje al Banco Central de la República Dominicana, el cual es una institucional autónoma del Estado. El mismo tiene como objetivo primordial promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables al desarrollo de la economía nacional, tal y como lo dispone el artículo 3 de su ley orgánica. Es en consecuencia el regulador del sistema bancario del país. Su organismo de dirección superior es la Junta Monetaria, cuya función global es dictar la política monetaria, financiera y cambiaria que ejecutará el Banco Central. Como elemento novedoso que se aparta un poco de las funciones clásicas propias de la banca central existen en dicha entidad los fondos de desarrollo. Estos son una especie de complemento al crédito interno del Banco Central dirigido con carácter exclusivo al sector privado. En la actualidad existen dos fondos ampliamente conocidos por todos ustedes: el fide, que desarrolla programas industriales, agrícolas y ganaderos y el infratur para el desarrollo del turismo. Digno de citarse es también el sistema dominicano de ahorros y préstamos para la vivienda. Esto viene a ser 66


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una especie de subsistema dentro del sistema bancario global. Lo conforman el banco nacional de la vivienda como ente regulador y las asociaciones de ahorros y préstamos. Es una banca especializada a la construcción de viviendas y tiene carácter privado y mutualista, con excepción del banco nacional de la vivienda, que es una entidad autónoma del Estado. Con características propias y un marco legal especial se citan los bancos de desarrollo y los bancos hipotecarios de la construcción. Estas entidades de carácter no monetario –no aceptan depósitos a la vista girables por cheques– tienen su razón de ser en la necesidad de especialización del crédito a mediano y largo plazo a sectores fundamentales para la economía. Esto quiere decir que su cartera debe estar dirigida a sectores determinados. En estos casos, la construcción y la producción manufacturera y agropecuaria. En resumen, a la fecha, el sistema bancario nacional lo componen 89 instituciones, agrupadas de la siguiente forma: a. 24 intermediarios monetarios compuestos por el Banco Central y 23 bancos comerciales, y

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o fue sino hasta 1947 cuando el Estado declara la necesidad de introducir enmiendas a la Constitución de la República Dominicana para la creación de nuestra legislación monetaria y bancaria. Es a partir de ese año cuando se puede advertir una separación del factor monetario del aspecto fiscal.

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b. 65 intermediarios no monetarios compuestos por el banco nacional de la vivienda y 19 asociaciones de ahorros, 28 bancos de desarrollo, 14 bancos hipotecarios y 3 entidades estatales de crédito agrícola, cooperativo y de bienestar social –Banco Agrícola, ideccop y Monte de Piedad–. Hasta aquí lo que acabo de definir no es otra cosa que el sistema de banca formal o regulada. Sin embargo, ante la evidencia de que las autoridades monetarias han iniciado un proceso de regulación del sector financiero informal, debemos referirnos a la banca formal como «la banca tradicional o clásica». LAS INSTITUCIONES NO BANCARIAS Y EL MERCADO FINANCIERO INFORMAL Completando el panorama de nuestro sistema monetario tenemos a las entidades de crédito no bancarias reguladas por leyes especiales en la materia. Sus recursos se obtienen primordialmente del aporte de su capital y no por depósitos del público. Aquí distinguimos tres: las compañías de seguros, las estatales de fomento (INVI, INAVI) y las casas de préstamos de menor cuantía. Otro grupo especializado son los «bancos de cambio», los cuales comercian con divisas. Son entidades reguladas, aunque propiamente estos bancos no forman parte del sistema financiero, en el estricto sentido de la palabra. En otro orden tenemos a las entidades que conforman el mercado financiero informal o banca no tradicional. Estas son compañías que se establecen bajo el código de comercio y se dedican a realizar todo tipo de actividad de 68


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«lícito comercio», incluido dentro de ellas el financiamiento, aquí tenemos a las llamadas financieras, las inmobiliarias y las que conceden financiamiento a través de tarjetas de crédito. En lo que se refiere a regulación monetaria y con la excepción de las recientes medidas del Banco Central, estas compañías del sector informal han venido operando dentro del sector financiero fuera de la jurisdicción de las autoridades monetarias. Esto constituye, señores, la más importante distorsión de nuestro sistema monetario y bancario. Cabría preguntarse, ¿cómo surge esta distorsión? UN MERCADO DE DINERO DUAL: LA DESINTERMEDIACIÓN En los últimos cinco años el elemento más sobresaliente de nuestra economía ha sido la expansión del sistema financiero. De hecho en el año 1986 este sector fue el de mayor dinamismo relativo dentro del producto interno bruto, logrando una tasa de crecimiento del orden del 14%. Ahora bien, todo esto ocurre paralelamente con un proceso de problemas económicos que virtualmente estanca la producción nacional. Esta situación, en la cual el sector financiero crece mientras gran parte de la economía se estanca, se puede explicar en parte por la coexistencia de dos mercados de dinero, el primero ampliamente regulado; penalizado en cuanto a sus costos financieros y con su crédito especializado, y un segundo mercado, el informal, en total libertad de acción desde sus orígenes. 69


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La dualidad citada concomitante con el control directo a las tasas pasivas y activas del interés, y coyunturas económicas específicas como lo fueron los déficits del sector público monetizados por el Banco Central, derivaron en un crecimiento distorsionado del sector. En el mismo se pueden distinguir dos ciclos: el primero, cuya característica es el mantenimiento de una tasa activa de interés por debajo de su nivel de equilibrio, que promueve un exceso de demanda de crédito que es atendido por las financieras informales. Y un segundo ciclo, de represión financiera enmarcado en las medidas restrictivas del crédito adoptadas en enero de 1985, conjuntamente con la permisibilidad de aplicación de tasas pasivas y activas más elevadas. Esto atrae un mayor volumen de inversión en el área financiera. Se tiene entonces como resultado un mercado de dinero dual: el de la banca tradicional y el de las financieras informales o no reguladas. Esto es lo que técnicamente se conoce como proceso de desintermediación, distorsión que se origina fundamentalmente por la sobre-regulación y represión del sistema bancario. La banca informal no es ya un sector marginal en nuestro medio, las cifras que presentamos son elocuentes y no ameritan mayor explicación: 546 entidades con unos RD$1,300 millones en activos, RD$160.0 millones en patrimonio y con una disponibilidad estimada en unos RD$1,292.0 millones entre depósitos y liquidez en efectivo –estimación basada en las publicaciones de los balances generales de marzo de 1987–. Tratando de seguir una secuencia histórica, pasaremos a esbozar brevemente algunos comentarios sobre un tipo 70


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de institución cuyo alcance e importancia no ha sido cabalmente comprendido en nuestro país. Me refiero a los grupos financieros o holdings. LOS GRUPOS FINANCIEROS En las leyes dominicanas, incluido nuestro código de comercio, no se contemplan las entidades denominadas grupos financieros. Estas instituciones son en la práctica una versión aclimatada de los Bank Holding Companies, definidos en la legislación sajona o de los «grupos financieros» existentes en la práctica jurídica francesa, reconocidos por la Corte de Casación en su célebre sentencia del 2 de julio de 1985. El objetivo de estas compañías es invertir en acciones de otras compañías. Son en esencia compañías de inversión dedicadas a integrar capitales para el desarrollo de negocios, especialmente financieros. Constituyen una consecuencia lógica dentro del proceso de desarrollo y modernización de la economía de un país. En República Dominicana los grupos financieros surgen como una novedosa conceptualización del sistema de banca múltiple, ante la ausencia de una legislación específica en la materia y ante el proceso de desintermediación. De igual forma se puede afirmar que estos grupos financieros surgen como parte de un proceso de integración del capital nacional al sector bancario ante la existencia de una banca extranjera preponderante en el sector en las décadas del 60 y el 70. Asimismo, han permitido la capitalización de los dividendos de la banca en favor de la economía interna, constituyéndose en verdaderos entes de desarrollo. 71


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Es oportuno apuntar que en nuestro país la composición del capital de estos consorcios es ampliamente desagregada. Podríamos citar a manera de ejemplo el Grupo BHD con 475 accionistas y el Grupo Financiero Popular con 2,422 accionistas por solo citar dos casos. Creo haber agotado todos los componentes del sector financiero local. Pasaré, entonces, a tratar los elementos de nuestro régimen cambiario, para tener el escenario completo del sistema monetario dominicano. EL RÉGIMEN CAMBIARIO DOMINICANO Aunque hubiera sido interesante analizar los antecedentes desde la reforma monetaria de 1947, preferiré no evocar una época de estabilidad y paridad del tipo de cambio con el dólar. Considero que el arraigo de esa idea en la mente de muchos dominicanos ya ha ocasionado suficientes perjuicios a nuestro país. Podría más bien introducir el tema describiendo la evolución del régimen cambiario de nuestra moneda. Partiendo de dos factores, el tipo de cambio y el régimen de conversión, podríamos diferenciar seis etapas, veamos: 1. Una primera etapa de tipo de cambio fijo –en paridad con el dólar americano–, con un régimen de libre convertibilidad. esta etapa abarca aproximadamente desde 1947 hasta el comienzo de la década de los 60. 2. Luego de 1962 al 1967 una etapa que podríamos denominar de libre convertibilidad controlada, en que se mantiene el tipo de cambio fijo, pero se establecen normas de canje y asignación de divisas. el punto culminante a esta etapa es la adopción de la Ley 251, que regula las 72


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transferencias internacionales de fondos. Se crea mediante este instrumento un control de cambios. 3. La próxima etapa presenta la dualidad de un tipo de cambio fijo oficial y una tasa flotante en el mercado paralelo, a partir de 1967 cuando se reconoce mediante el decreto 1482 el uso de «divisas propias». Se observa un régimen de convertibilidad parcial restringida en el mercado oficial, aunque de libre cambio en el mercado paralelo. Se comienza a reconocer la operancia del control de cambios. 4. La cuarta etapa discernible que ubicamos en los años 1980 al 1985, es la del régimen de tipos de cambios múltiples fijos, en el mercado oficial, operando conjuntamente con la tasa flotante del mercado libre. El régimen de conversión sigue siendo parcialmente restringido y por cuotas en el Banco Central, aunque libre en el mercado libre. 5. Con la unificación cambiaria del 23 de enero de 1985 entramos en una etapa novedosa. La dualidad del tipo de cambio se atenúa, ya que oficialmente hay un tipo de cambio flotante, vinculado a la tasa del mercado libre, de la cual es un valor promedio. Mientras en el mercado libre sigue flotando según la oferta y la demanda. Salvo excepciones mínimas, se vuelve a un régimen de libre conversión. 6. La última etapa es la actual, en la que volvemos a un control de cambios similar al del año 1964, a partir de las resoluciones de la Junta Monetaria del recién pasado mes de junio. ¿CUÁL HA SIDO LA LÓGICA EN ESTA EVOLUCIÓN? En la práctica se puede advertir que muchas de estas variaciones han obedecido más a circunstancias coyunturales que a una voluntad de programación de largo plazo. 73


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Quizás la única excepción la constituye la devaluación del 1985, cuya gestación se inicia desde el mismo 1983. En efecto, las medidas de abril y mayo de 1984 lanzando al mercado paralelo las importaciones del sector privado y con precedencia la conversión de las «casas de cambio» en «bancos de cambio», fueron las preparación del terreno para la flotación. Todo esto configuró un proceso de ajuste de la economía en el marco de un acuerdo de alta condicionalidad, stand-by, firmado en 1985 con el Fondo Monetario Internacional, cuyos pormenores son materia ampliamente divulgada y conocida. Los efectos derivados de la aplicación de este régimen de flotación y libre convertibilidad fueron en un principio dificultosos. Sin embargo, fue evidente que con la disciplina monetaria el sistema era coherente y sano para la economía en general. Pero ha ocurrido que no comprendimos esta realidad y hoy, tenemos un régimen de control de cambios con un monopolio estatal de divisas. En este esquema, los bancos de cambio y comerciales solo compran divisas. Las mismas son adquiridas por el Banco Central a través de los bancos comerciales quien las asigna vía la banca comercial siguiendo un orden de prioridades de importaciones. La tasa es fijada por esta institución. Para controlar el sistema no se admiten los retiros de mercancías de aduanas sin la presentación de evidencias documentarias de adquisición de los dólares en el Banco Central o con la previa autorización del Poder Ejecutivo. Este nuevo régimen no es más que una adaptación del esquema de la Ley 251. Su radiación en el pasado en una 74


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economía menos agobiada que la actual, fue producto de su falta de adecuación con la realidad del déficit comercial que secularmente ha sufrido nuestra balanza de pagos. Esta historia es conocida, por tanto, no creo necesario reseñarla. Pasaré a continuación a presentarles algunas consideraciones sobre el entorno financiero y cambiario actual y unos comentarios de las últimas medidas de la Junta Monetaria. EL PROBLEMA DE LA LIQUIDEZ ESPONTÁNEA Con la culminación del acuerdo intervenido entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional en abril de 1986, se inició un proceso de flexibilización de las medidas de corrección monetaria. En junio de ese año se eliminó totalmente el recargo a las exportaciones. Igualmente, en esa misma fecha, cesa la aplicación del encaje marginal. Ambos instrumentos desmonetizaron una suma aproximada de RD$700.0 millones, en un lapso de 18 meses. Adicionalmente a la pérdida de esos instrumentos, a partir del 16 de agosto del año 1986, el Banco Central asumió una política de acumulación de reservas líquidas en dólares. Concomitante hubo una cesación temporal de amortización de capital en el servicio de la deuda externa. Asimismo, según reseñara la prensa local, el Banco Central ejecutó pagos correspondientes a la deuda externa pública sin que a estos fines las entidades deudoras depositaran la totalidad de los pesos dominicanos equivalentes. El resultado inmediato de su política se tradujo en un incremento sin precedentes del medio circulante. A diciembre 75


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de 1986 el medio circulante se elevó a RD$2,503.3 millones. Esto significó un incremento del orden del 53% –RD$863.9 millones– en este agregado monetario con relación al año 1985. Asimismo, las cifras disponibles al mes de abril de este año evidencian el sostenimiento del problema, llegando el circulante a un valor de RD$2,506.8 millones. Esto significa un incremento con respecto al 1985 del orden del 56% en el medio circulante, lo que en términos absolutos representó RD$921.7 millones. Una de las consecuencias en el disparo de los agregados monetarios ha sido la devaluación de la moneda nacional en más de 100 puntos en el lapso agosto 86 a junio 87, esto es, aproximadamente un 35% de devaluación. –RD$2.86 x US$1.00 en agosto vs RD$3.85 x US$1.00 en junio 87–. Igualmente, el índice nacional de precios al consumidor de acuerdo a cifras preliminares del Banco Central de abril 1987, acusa un crecimiento sostenido al pasar de 312.41 en agosto de 1986 a 348.08, lo que significa una pérdida del poder de compra de la moneda en unos 36 puntos porcentuales adicionales, arrojando una inflación acumulada del 11% a ese mes de abril. LAS NUEVAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA MONETARIA Del 16 de agosto del año pasado a la fecha, la política monetaria y cambiaria ha sido objeto de importantes variaciones con la finalidad manifiesta de controlar la liquidez y estabilizar la tasa de cambio. De forma sucinta se han introducido los siguientes cambios: 76


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–Encajes marginales y únicos con nuevos requerimientos de cartera. –Encaje a multicuentas y cuentas inactivas. –Aumento de encaje a las financieras informales. –Medidas restrictivas a operaciones con certificados financieros y valores del sistema de ahorros y préstamos. –Venta de bonos estatales en la cartera del Banco Central. –Regulaciones a grupos financieros. –Aplicación de un régimen de control de cambios. A nuestro juicio algunos de los efectos y conflictos derivados de estas medidas son los siguientes: a) Medidas de encaje Si se parte del hecho de que una de las metas de la política económica del Gobierno es el incremento de la producción, se podría afirmar que las regulaciones sobre encajes únicos y marginales son contradictorias con el mismo. La última medida sobre este instrumento incrementará los costos de captación de los certificados financieros, depósitos a plazo y de ahorro al pasar de 20%, 13.57% y 7.20% respectivamente a niveles aproximados del orden de 30%, 19% y 10%. Así las cosas, el financiamiento de la producción se efectuaría a tasas mayores. Por otra parte, dado que la composición de los pasivos en la banca comercial no es proporcional en todo el sistema, la medida de encaje marginal podría promocionar una desigualdad de costos. Esto es indeseable en un régimen de libre competencia. En su contexto legal la medida entra en conflicto con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Banco Central 77


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y además viola, por su carácter retroactivo, la Constitución de la República. Igual suerte corre la medida que afecta las multicuentas y el encaje de un 100% a las inactivas, esto es, eleva los costos de captación y tienen carácter retroactivo. En otro orden, el cumplimiento de los requerimientos de cartera para orientar de manera forzada el crédito de la baca comercial, traerá como resultado la pérdida de clientes tradicionales de la banca comercial. Los mismos tendrán que acudir a la banca informal. A la vez que se legisla en favor de un sector, se penaliza al usuario del crédito que verá encarecer su financiamiento en la banca informal, cuyas tasas activas son sustancialmente más altas. Como contrapartida se aplica una encaje legal único de un 10% a las financieras de reciente regulación. Un dato que permite apreciar la drasticidad de los nuevos requerimientos de cartera en el encaje único, se obtiene observando la composición por sectores de la cartera de préstamos de los bancos comerciales a diciembre de 1986. Vemos, por ejemplo, que los créditos al sector agropecuario y exportaciones a penas conforman un 16% –511.0 millones– dentro del total de la cartera. La especialización de un 45% de los certificados y de un 25% de los depósitos para préstamos a ese sector podría significar la concesión de créditos adicionales al mismo, por un valor aproximado de RD$586.6 millones, más del doble de la cifra a diciembre 86 asumiendo un nivel de cartera constante para 1987. Se estima que para lograr este nivel de cartera se requerirá de una gradualidad mínima de tres años y no un plazo de un año. Esto así en razón de que generalmente esos sectores tienen algunas 78


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limitaciones para respaldar sus operaciones de crédito con garantías reales. Por otra parte, la exclusión de los valores del sistema de ahorros y préstamos para cobertura de encaje, se suma al conjunto de ajustes que necesariamente se traducirán en una penalización adicional para la banca comercial. b) Los certificados financieros y bonos del Estado Una de las primeras regulaciones fue la reducción de un 18% a un 16% de la tasa de interés de los certificados financieros. Esta medida se adoptó sin considerar el hecho de que a las financieras no tradicionales se les permitió la captación a niveles de hasta un 20% nominal. La evidente desventaja no amerita mayores comentarios. La prohibición de operaciones con estos certificados entre empresas filiales de un grupo financiero, entorpecerá la fluidez de este instrumento y la canalización de liquidez a determinadas empresas dentro de un consorcio, lo que podría traducir en mayores costos operacionales para los grupos financieros. De igual forma, la nueva definición interpretativa de este instrumento no hará atractiva su promoción, vista la incertidumbre a que se presta su nueva conceptualización. Se añade a lo anterior el hecho de que se intenta incluir bajo las regulaciones de la Junta Monetaria, a entidades no contempladas en el artículo 9 de la Ley General de Bancos, que define las instituciones reguladas. Una resolución que hubiera podido tener efectos positivos es la anunciada venta de bonos del Estado en la cartera del Banco Central. Sin embargo, dados los ajustes que enfrentan los bancos comerciales por las nuevas 79


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regulaciones de encaje, la medida en cuestión no podrá tener la acogida deseada. Igualmente el hecho de que estas inversiones no sean consideradas para encaje legal y/o estén exentas del pago de impuesto, las despoja de incentivos importantes para su colocación. c) Medidas que afectan el desenvolvimiento de los grupos financieros La implantación de un catálogo de cuentas unificado para las entidades financieras dentro de un grupo, planteará conflictos con las prácticas y normas contables generalmente aceptadas. Asimismo, se persigue asimilar a los grupos a algún tipo de entidad susceptible de regulación, lo que calificaría como entidad bancaria o financiera a todas las compañías que los componen. Esto podría constituir un precedente delicado, pues se sujetaría a controles reglamentarios de la Junta Monetaria a entidades regidas por leyes específicas. La limitación de operaciones en divisas y con certificados financieros entre empresas financieras, aún dentro de un mismo grupo, podría invalidar la filosofía de acción de los holdings. Se recordará que estas instituciones nacieron como una necesidad ante la ausencia de un sistema de banca múltiple. En nuestro medio así como en otros países, los grupos financieros han constituido la respuesta a la banca tradicional al incremento desproporcionado del sector informal. Esto podría desincentivar la inversión local y la apertura de los capitales de estas entidades. En términos globales, se debilitaría la solidez del capital nacional regulado y fiscalizado logrando su fragmentación. 80


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Como colofón, podrían sufrir un serio revés la promoción y puesta en marcha de importantes proyectos auspiciados por los grupos financieros fuera de su propio sector, que contribuirán al desarrollo del país. También la modernización e innovación empresarial creadas por estas entidades, se revertirán a un pasado ya superado por nuestra economía. Finalmente, deseo reiterar que la sobrerregulación alentará el proceso de desintermediación financiera. d) Control de cambios Aunque es muy prematuro evaluar estas medidas, entendemos que serán de difícil control. En el pasado este régimen ha producido efectos nocivos, tales como: a. Restar fluidez al mercado y expatriarlo a sus fuentes de origen. b. Afectar la ejecución de operaciones con instrumentos documentarios de crédito internacional en la banca comercial. c. Fragmentar el mercado surgiendo nuevos agentes no regulados, alentando la creación de segmentos de mercado negro, no necesariamente marginales. d. Contrabando de mercancías y contrabando monetario. e. Desincentivo de radicación de inversiones extranjeras y uso de dólares propios en el exterior. f. Subfacturación de exportaciones y sobrevaluación de importaciones. g. Incremento neto de la emisión monetaria ante la presunción de un aumento de las reservas líquidas en divisas del Banco Central. h. Sobre todo, reducción en las recaudaciones arancelarias. 81


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REFLEXIONES FINALES Quisiera finalizar esta charla con unas cuantas reflexiones. No es que pretenda ser optimista, pero creo que una de las razones que pudieran estar atando las manos de los diseñadores de nuestra política monetaria y cambiaria, es la presencia de un marco legal básico desfasado de nuestra realidad económica. ¿Por qué no sacar provecho de los precedentes históricos? Hemos visto como en circunstancias específicas se han practicado reformas de adecuación o adaptación de nuestra legislación económica vigente. Cito el caso de las reformas de 1947 y de 1962 como ejemplos. La economía actual no es la de 1947, tampoco la de 1962, ¿cómo pretender entonces regular la presente realidad con instrumentos fuera de ese contexto? Esta razón es la que, a mi juicio, ha llenado de distorsiones nuestra economía. Ejemplos hay múltiples, citemos algunos: la no institucionalidad del mercado de divisas, las frecuentes emisiones inorgánicas, las limitaciones del Banco Central para aplicar una política de mercado abierto racional, los impuestos ad-valoren y recargos cambiarios, los encajes legales retroactivos, que los convierten en ilegales, el aumento del mercado financiero informal, etc. Lo asombroso en todo esto ha sido que la entidad reguladora del sistema, en la que participan de manera destacada notables representantes del sector privado, ha promocionado con un proceso de sobrerregulación la fragmentación de los mercados de dinero. En ocasiones también ha intervenido en el agravamiento de situaciones manejables, como en el caso reciente de la crisis del dólar y la acumulación irracional de reservas líquidas. 82


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¿Por qué la liquidez espontánea no ha podido ser enfrentada con una política de mercado abierto, atractiva y racional en lugar del encaje legal que promueve tasas de interés más elevadas y como consecuencia mayores niveles de inflación? Así las cosas hoy, vía el encaje legal, hemos convertido a la banca comercial del pasado en banca agropecuaria y de exportaciones. Igualmente las financieras informales del pasado, se constituyen en los bancos comerciales de hoy. Mientras tanto, los agregados monetarios seguirán su curso ascendente fortalecidos con un régimen de control de cambios que podría promover una hipermonetización, con todos los efectos nocivos que implica. Entiendo, señores, que las regulaciones que resultaron oportunas en una época, hoy son inadecuadas. Tanto con la realidad imperante como con los objetivos de política económica del Gobierno y el proceso de modernización de la economía. Urge, pues, una revisión de nuestra legislación monetaria básica, donde por ejemplo se elimine la histórica paridad del peso con el dólar y se establezcan parámetros más razonables en la emisión de bonos de estabilización. Son también obsoletos los límites de incremento del circulante –15%– y el nivel de reservas del Banco Central como respaldo de la emisión. En ese mismo orden de ideas, se carece de leyes que amparen nuevas instituciones ya en uso en el país y extendidas por todo el mundo moderno. Tal es el caso de los holdings, los fideicomisos o trust y las compañías de leasing. Se ha pretendido hacer uso de resoluciones de la Junta Monetaria para la regulación de estas empresas. Esto no es 83


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totalmente correcto, pues las resoluciones por su carácter variable, no ofrecen la estabilidad jurídica necesaria para crear confianza en los inversionistas. Una resolución tiene carácter reglamentario y es de naturaleza administrativa y limitada al ámbito de la regulación o ley que fundamenta. De donde es obvio que las actuales leyes no definen a esas nuevas entidades como regulables, tampoco lo podrían hacer los reglamentos accesorios a estas.

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Veinticinco años de un banco anunciado

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eñoras y señores. Vengo hoy a Santiago de los caballeros a recibir complacido este homenaje que ustedes han querido rendirme por mis labores de más de un cuarto de siglo, en la fundación y organización del Banco Popular Dominicano. Demás está decirles, porque ustedes lo saben y me conocen, que nunca he sido amigo de los homenajes ni de los galardones con que se premian a los hombres antes de haber concluido sus carreras, pero hoy no puedo menos que acoger este reconocimiento como lo que realmente es: como una demostración de cariño de un viejo grupo de compañeros con quienes hace ya más de veinticinco años me reuní para trabajar juntos en la construcción de una utopía que sería la de una República Dominicana democrática, abierta a todas las corrientes del pensamiento, y recorriendo firmemente el camino del desarrollo. Casi todos ellos están aquí

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alabras como presidente del Banco Popular Dominicano, durante el acto del 25o aniversario de la institución, celebrado el 4 de noviembre de 1988, en Santiago de Los Caballeros.

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presentes hoy, más viejos, más sabios, más ricos espiritual y materialmente. Quisiera yo que este acto de nostalgia, más que un homenaje a mí mismo, se convierta en lo que realmente debiera ser: en un homenaje al espíritu pionero de la asociación para el desarrollo que surgió de las íntimas inquietudes de este grupo de hombres, que nunca quiso aceptar las limitaciones al libre desenvolvimiento económico impuesto al país por la dictadura de Trujillo, y que tan pronto tuvo noticias de que el tirano había desaparecido, se reunió el día 6 de julio de 1961 en mi propia casa que entonces estaba en la avenida Franco Bidó núm. 132, en donde bajo la presidencia de nuestro querido patriarca don Víctor Espaillat fundamos un comité organizador para la constitución de una asociación de individuos y empresas de esta localidad que trabajara por el mejoramiento del nivel de vida de la población que contribuyera a mejorar la comunicación en el seno de las empresas, que fomentara la educación, que contribuyera a crear fuente de trabajo, y que promoviera el desarrollo urbano de Santiago. Este grupo inicial, liderado por la sabiduría y bondad de don Víctor, casi inmediatamente se amplió con la incorporación de nuevos miembros que reflejaban lo más avanzado del pensamiento social, profesional y empresarial de Santiago en aquella época, entendiendo muy pronto que su tarea iba más allá que el simple desarrollo local o regional, y que si realmente quería ejercer un impacto duradero en la construcción de una nueva sociedad en la República Dominicana, sus proyectos tendrían que tener un alcance nacional. Por ello, desde muy temprano, la Asociación para el Desarrollo, Inc. de Santiago se fijó como metas 86


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–metas que cumplió cabal y rápidamente– la construcción de una escuela agrícola que formara técnicos para todas las regiones del país; la creación de una asociación de ahorros y préstamos para financiar la construcción de viviendas en Santiago y en toda la región del Cibao; ayudar con sus recursos humanos y financieros a la creación de una universidad privada, que resultó ser nuestra querida Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; la organización de un banco de desarrollo y, en lo que al acto de esta noche respecta, la creación de un banco comercial privado de capital dominicano. De una asociación de empresarios locales, la Asociación para el Desarrollo, Inc. de Santiago, se convirtió en la Asociación para el Desarrollo, Inc., con proyección claramente nacional. Todos fuimos protagonistas de la construcción de la Asociación para el Desarrollo, Inc. Ahí estábamos, además de don Víctor Espaillat y yo, nuestro inolvidable hermano Sebastián Mera, para quien pido de ustedes ahora no un minuto de silencio, pues ya ese beatífico estado de paz él lo tiene asegurado por toda la eternidad en el seno del padre, sino un fuerte aplauso de reconocimiento por su labor de entrega y dedicación a lo largo de veinticinco años (aplausos para Sebastián); ahí estábamos, repito, Tomás A. Pastoriza, Luis B. Crouch B., Arturo Grullón E., J. Armando Bermúdez, Octavio Almonte, Modesto Aróstegui, José A. León y Salvador Jorge Blanco. Y ahí estaba también, nuestro queridísimo consejero legal don Marco A. Cabral, quien tuvo a su cargo la redacción del borrador de los estatutos de la asociación. Posteriormente en sus filas han estado dominicanos prominentes entre los cuales no puedo dejar de mencionar al presidente Antonio Guzmán, a monseñor 87


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Roque Adames y a mi gran amigo monseñor Agripino Núñez. Sin la perfecta química que daba la combinación de estas variadas personalidades, esta noble institución de servicio y desarrollo nunca hubiera podido producir los frutos que ha entregado a la sociedad dominicana hasta la fecha, entre los cuales se destaca el Banco Popular Dominicano, como lo han mencionado don Víctor Espaillat Luna y don Pedro Antonio Rodríguez en los dos discursos de introducción a este acto, que me han llegado al alma y que agradezco en lo más profundo de mi corazón. No voy a hacer esta noche una historia de la Asociación para el Desarrollo, Inc., que merece que se escriba algún día. Tampoco voy a hacerles la historia del Banco Popular Dominicano, que si se está escribiendo en estos momentos y que pronto pondremos en circulación como parte de los actos de conmemoración de nuestro vigésimo quinto aniversario. Lo que sí quiero que ustedes me permitan hacer en los próximos minutos, es un rápido recuento de la misión que me encomendó la Asociación para el Desarrollo, Inc., en aquellos días históricos del año 1961 porque, como buen soldado que ha llegado a ser general con el paso de los años, yo tengo que dar cuenta de mis actos: Nadie más apropiado que ustedes, queridos miembros fundadores de la asociación, para entregarles esta noche el estado de cuenta de mi vida profesional al servicio del desarrollo económico dominicano. Nadie mejor que ustedes, queridos amigos todos, que me acompañan esta noche, para ser testigos también del homenaje que a la vez quiero rendir a los que se entregaron al igual que yo 88


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en cuerpo y alma a la construcción de un rosario de instituciones educativas, financieras, de servicio y de investigaciones para que esta República Dominicana nuestra fuera un mejor país donde vivir, y se convirtiera en una patria en donde todos quisiéramos quedarnos hasta el fin de nuestros días. En el otoño de 1961, la Asociación para el Desarrollo, Inc., me encomendó que organizara y construyera un banco comercial privado de capital dominicano. Con la ayuda de todos sus miembros, con la buena voluntad de un generoso grupo de empresarios mocanos, capitaleños, higüeyanos, macorisanos y santiagueros, así como con el concurso de casi cuatrocientos accionistas procedentes de todos los sectores sociales del país, el día 2 de agosto de 1963 constituimos la compañía Banco Popular Dominicano, C. por A., que fue autorizada a operar como banco comercial por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana el día 23 de ese mismo mes y año, comenzando a brindar sus servicios al público el día 2 de enero de 1964. Este banco fue un banco pionero en numerosas iniciativas que llenarían un libro si nos pusiéramos a narrarlas, pero

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osotros queríamos que esta nueva institución fuera un instrumento del bien común, y sabíamos que una de las fórmulas más razonables que podíamos utilizar para lograr este objetivo era la capitalización popular. En el Banco Popular los dominicanos aprendieron que los bancos no comen gente, que el ahorro familiar estaba más seguro que en el colchón.

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hay algunas que sí me gustaría mencionarlas brevemente aquí esta noche, porque si el Banco Popular Dominicano ha llegado a ocupar el lugar preferente que ocupa en la comunidad financiera del país, ha sido justamente por la ideología empresarial que animó su creación. Yo quiero mencionar que esta ideología empresarial estaba basada, y sigue basada, en la clarísima noción compartida por todos los miembros de la Asociación para el Desarrollo, Inc., de que la libre empresa bien articulada con los principios del bien común es uno de los instrumentos más eficaces para el desarrollo de los pueblos. En el caso particular del Banco Popular Dominicano, nosotros queríamos que esta nueva institución fuera un instrumento del bien común, y sabíamos que una de las fórmulas más razonables que podíamos utilizar para lograr este objetivo era la capitalización popular, ofreciendo a cada dominicano, sin distinción de origen, raza, credo clase social, la posibilidad de poseer, comprar y vender acciones del banco libremente, sin cortapisas, como se hace por lo menos desde el siglo XVIII en los países más avanzados del planeta, con lo cual, sabíamos nosotros, poníamos nuestro grano de arena en la construcción de una sociedad capitalista más moderna en la República Dominicana. Por eso el Banco Popular Dominicano se convirtió desde sus orígenes en la institución bancaria nacional democrática por excelencia en donde los dominicanos aprendieron a partir del 2 de enero de 1964 que abrir una cuenta de ahorro, o tener una cuenta corriente, o cambiar cheques personales, o buscar créditos para crear negocios nuevos o expandir los ya existentes, no era una 90


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cosa del otro mundo. En el Banco Popular Dominicano los dominicanos aprendieron que los bancos no comen gente, que el ahorro familiar estaba más seguro que en el colchón, que no había que pagar para tener ahorros grandes depositados en sus arcas y que, por el contrario, a mayores los ahorros, mayores eran las tasas de interés que el banco estaba dispuesto a pagar por ellos. Desde muy temprano el banco puso en marcha programas sumamente innovadores para estimular el ahorro nacional, y desde muy temprano también, tal como fue reconocido por todos en aquellos primeros años, el banco fue la institución responsable de la popularización y democratización de las cuentas corrientes en el país. También fue el Banco Popular Dominicano, el pionero en la creación de uno de los más eficientes instrumentos de popularización y democratización de los servicios bancarios, esto es, en la creación de agencias bancarias instaladas en el corazón de los barrios y vecindarios más activos de las principales ciudades del país con el propósito de llevar los servicios bancarios al seno de la comunidad, antes que esperar que ella viniera a nuestras oficinas. En este empeño por llevar los servicios bancarios al corazón de las comunidades, el Banco Popular Dominicano llegó incluso a comprar una unidad móvil para la instalación de una agencia itinerante que se trasladó a una de las zonas industriales más activas de Santo Domingo, mientras se terminaba la construcción de un local. La creación de agencias bancarias fue una innovación que luego los demás bancos del país adoptaron y, con ello, todo el mundo ha resultado beneficiado, pues ahora la banca nacional está perfectamente incrustada en todas las regiones del 91


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país, por remotas que sean, a través de un sistema nacional de agencias y sucursales que cubre todo el territorio nacional. Refiriéndose a la popularización de las cuentas corrientes en el país, yo recuerdo un extraordinario discurso pronunciado en moca en el año 1971 por Pedro Antonio Rodríguez –hoy presidente del Banco Popular Dominicano, y mi más cercano colaborador durante estos veinticinco años– en donde él decía que: «Otro objetivo de gran trascendencia alcanzado plenamente por nuestra institución ha sido auspiciar la popularización de los depósitos bancarios por medio del uso de cuentas corrientes, permitiendo que personas de recursos económicos modestos, puedan gozar del servicio de una cuenta bancaria que les facilite el manejo de fondos personales. Como bien saben ustedes, (sigue el discurso) se puede afirmar que hasta nuestra entrada en ese campo, la banca jugaba un papel de banca al por mayor, trabajando con el tradicional y reducido grupo de personas altamente reconocidas por su gran capacidad económica, con el consiguiente efecto de que las clases modestas venían a los bancos con sobrecogimiento y entraban en sus pasillos por obligación y con temor. Nuestro banco por su propia esencia e idiosincrasia no podía continuar esta política ya extemporánea. Nuestra institución fue creada para servir a todas las clases dominicanas y por eso abrió sus puertas de par en par mediante la implementación de cuentas corrientes flexibles que permitieran a todo el que tiene una fuente de ingresos, manejar los mismos a través del sistema bancario con todas las facilidades que éste les ofrece. Esta medida ha contribuido a cambiar radicalmente la imagen de los bancos, los cuales 92


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están jugando hoy su papel de instituciones semipúblicas donde los clientes son también accionistas virtuales, de modo que cuando entran a nuestras oficinas lo hacen con satisfacción, con orgullo, con entusiasmo, conscientes de que serán tratados con cortesía, interés y deferencia, que recibirán la satisfacción de los servicios que solicitan, o que al menos recibirán nuestro mayor y más sincero esfuerzo por complacerlos. Con este cambio, con este viraje en las relaciones banco-cliente no solamente se han beneficiado nuestros relacionados, nuestros clientes y favorecedores, sino que la banca tradicional ha tenido también que cambiar su política y dar tratamiento más adecuado a su clientela, con lo cual ha mejorado la imagen del sistema en su conjunto y todos los clientes de los bancos han recibido mayores satisfacciones». Como ustedes pueden ver, la iniciativa de la Asociación para el Desarrollo, Inc., de crear el Banco Popular Dominicano ha tenido un impacto revolucionario en la vida económica dominicana al hacer avanzar en decenas de años un sistema bancario que en 1961 era sumamente tradicional y respondía a las necesidades de una sociedad bastante atrasada en lo económico, en lo social y en lo político. Yo reflexiono en numerosas ocasiones y pienso que si sumáramos los efectos modernizadores de las demás instituciones creadas por la Asociación para el Desarrollo, Inc., junto con los del Banco Popular Dominicano, sería difícil encontrar otro agente tan eficaz de aceleramiento del proceso de desarrollo económico y social que ha vivido la República Dominicana en los últimos veinticinco años, como lo ha sido la misma Asociación para el Desarrollo, Inc. Yo he cumplido mi misión, señores miembros 93


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de la asociación, pero ustedes también cumplieron con la suya, y quiero esta noche también hacerles un cálido reconocimiento público por ello. Les pido a todos los miembros fundadores de la asociación que, por favor, se pongan de pie un minuto, e invito a todos los presentes a tributarles un caluroso aplauso en homenaje a sus empeños visionarios. Muchos de ustedes, los más viejos quizás, recordarán un famoso documento que los clubes rotarios distribuían profusamente en los años cincuenta y sesenta, titulado Mensaje a García. En ese documento se cuenta que durante la guerra de independencia de Cuba un joven soldado que no había llegado a los veinte años recibió de su superior inmediato una carta sellada y le dijo escuetamente «llévale este mensaje a García». El soldado respondió en el acto, «sí señor», y salió del campamento rumbo a la manigua sin saber quién era el García de la orden entre los mil García del mundo, aunque sí con la conciencia de que tenía una misión por delante que estaba llamado a cumplir. El soldado simplemente acogió el encargo de su misión y salió en busca de García, que no era otro que el general Calixto García, quien se encontraba en el otro extremo de la isla. No tengo que decir que el general García recibió su mensaje en el tiempo previsto y que el soldado cumplió con éxito su misión. Les ruego que me perdonen el símil, pero yo quisiera esta noche también contarles rápidamente que en el recorrido de veinticinco años que he tenido que hacer para llevar a cabo mi misión, he te nido que caminar por una isla que me obligó a escudriñar las mismas implicaciones de mi misión, y que me hizo concluir necesariamente que si 94


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el Banco Popular Dominicano iba a crecer y a sobrevivir, en el medio de las cambiantes realidades de una sociedad que ha sufrido una gigantesca transformación estructural en todos los órdenes, el banco no podía quedarse en donde había comenzado. Muy temprano descubrí que el banco tenía necesariamente que evolucionar por delante de la misma sociedad que nosotros estábamos contribuyendo a modernizar. De ahí mi esfuerzo por dotar al banco de la más avanzada tecnología bancaria disponible, y de ahí mis empeños por crear una institución matriz que, al originarse en el seno del mismo banco sirviera para crear nuevas instituciones financieras que permitieran hacer más cabal nuestra labor en favor del desarrollo dominicano. Descubrí desde muy temprano, junto con los demás miembros del Consejo de Directores, que un banco comercial solo, no era suficiente para cumplir con todas las implicaciones de la misión que me habían encomendado. La misión fundamental del banco siempre ha sido captar recursos financieros para redirigirlos hacia los sectores más productivos de la economía. En una economía en expansión, como lo ha sido la dominicana en los últimos veinticinco años, había necesariamente que crear otros instrumentos para cumplir con esta misión. Como las leyes establecen muy claramente cuáles son los limites dentro de los cuales puede operar la banca comercial, y esos límites impedían al Banco Popular Dominicano incursionar directamente en otros sectores por encima de un cierto límite, llegó un momento en que yo descubrí que solo a través de una compañía tenedora de acciones podíamos nosotros «llegar hasta García», que era en realidad lo que la asociación me había encomendado. Con la creación del Banco 95


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Popular Dominicano en 1963, yo apenas había tomado el mensaje entre mis maños y había salido del campamento. Ahora lo que me quedaba era «lanzarme a la manigua, cruzar la isla y entregarle el mensaje a García». Poco a poco comencé a aproximarme a la meta el día 23 de diciembre de 1974, a los once años de haber creado el banco, se fundó la compañía Tenedora Popular, S.A., a la cual en los años siguientes la mayoría de los socios y accionistas del banco traspasaron sus acciones y respaldaron sus iniciativas de capitalización para acrecentar sus recursos líquidos y con ellos constituir nuevas compañías clave en la aceleración del desarrollo económico y social dominicano. Con los recursos del Departamento Fide del Banco Popular Dominicano, el día 12 de agosto de 1976, constituimos la Financiera Empresarial, S.A., un banco de desarrollo similar a la Compañía Financiera Dominicana, S.A., que también había sido constituida a iniciativas de la Asociación para el Desarrollo, Inc. varios años antes para apoyar la realización de proyectos agropecuarios e industriales que requerían tiempos de ejecución de mediano y largo plazo. Luego el 16 de junio de 1978 fundamos el Banco Hipotecario Popular, S.A., para canalizar recursos hacia la dinamización del sector de la construcción privada, que requería de créditos adicionales a mediados de la década de los años setenta. Durante varios años la Tenedora Popular, S.A. se mantuvo como una sociedad pasiva, coordinando las tareas de sus subsidiarias Banco Popular Dominicano, Banco Hipotecario Popular y Financiera Empresarial, y con otra compañía fundada el 17 de mayo de 1976, para participar en el negocio de la construcción llamada Proyectos y Edificaciones, S.A. 96


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Poco a poco yo empecé a darme cuenta de que para hacer frente a la importante competencia de la banca extranjera radicada en el país y para adaptarnos a una economía diferente, fuertemente influenciada por factores externos y que generaba nuevas necesidades en el mercado, era necesaria la activación de la Tenedora Popular. Fue entonces cuando solicité a mi Consejo de Directores su apoyo para que la misma sirviese de base para proceder a constituir nuevas compañías de servicios bancarios y financieros y que complementaran aquellos que habíamos venido ofreciendo hacía ya 17 años. Las primeras de esas compañías fueron cuatro compañías de tarjetas de crédito, servicio este en el cual, de nuevo, fuimos los pioneros en el país. Estas compañías, conocidas como las «credomáticas», revolucionaron el crédito bancario y comercial en la República Dominicana, incorporando decenas de miles de consumidores al mercado de consumo, y conectando a muchos de ellos a las redes comerciales y crediticias del mundo exterior. Estas compañías fueron creadas el 1 de diciembre de 1980, pocas semanas antes de la constitución de una compañía remesadora de valores para atender las necesidades de la laboriosa población dominicana residente en la ciudad de Nueva York. Esta nueva compañía se llamó Remesas Popular, S.A. y se fundó el 12 de enero de 1981. En vista de la complejidad y sofisticación creciente de las operaciones de la Tenedora Popular, el 21 de marzo de 1981, le cambiamos el nombre a Grupo Financiero Popular, S.A., para responder a nuestra estrategia de crecimiento, que también buscaba adaptarse a las cambiantes circunstancias del mercado cambiario. De ahí surgió la idea 97


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en el seno del Grupo Financiero Popular de incursionar en los mercados extranjeros, particularmente en Miami, Nueva York y Panamá. Nuestro primer paso fue participar en la compra del Popular Bank of Florida, en Hialeah, Miami, Florida, en una operación que nos ayudó mucho para aprender cómo se hacía banca en el extranjero y que nos estimuló a instalar una oficina de representaciones en la ciudad de Miami. Casi inmediatamente, en los primeros seis meses de 1983, creamos el Banco Popular Dominicano en Panamá, que fue inaugurado el 16 de agosto de ese año, en conmemoración del día de la Restauración, encontrándonos en medio de las gestiones de compra de la Universal de Seguros, C. por A., y dos subsidiarias más, que nos hacían falta para completar nuestro sistema de servicios financieros, para una clientela que se había agrandado y se había modernizado grandemente, en los primeros veinte años de la vida del banco. La compra de la Universal de Seguros, la realizamos el 23 de septiembre de 1983, dos meses antes de la constitución del Banco de Cambio Popular, S.A., que comenzó sus operaciones el 23 de noviembre de ese año en respuesta a las nuevas regulaciones introducidas por la Junta Monetaria para tratar de institucionalizar el mercado de divisas en el país. De todos esos esfuerzos, el más notable de los últimos años fue la constitución de The Dominican Bank, el primer banco comercial neoyorquino privado de dueños dominicanos y de licencia estatal en la ciudad de New York. La idea de este banco era muy vieja, pero solo pudo cristalizar con su inauguración el día 26 de enero de 1986, día del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, para 98


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simbolizar el espíritu de servicio que The Dominican Bank quiere prestar a la comunidad dominicana en los Estados Unidos de América. Durante los meses en que se hacían los trabajos de organización de The Dominican Bank para obtener la calificación de las autoridades norteamericanas, el Grupo Financiero Popular consideró razonable, dentro de su estrategia de crecimiento, organizar nuevas compañías en el extranjero que tienen como finalidad hacer más eficiente la labor de intermediación financiera entre el grupo y nuestros empresarios industriales, importadores y exportadores, así como entre el público en general. Para no cansarlos con una larga lista de nombres y fechas solo voy a mencionar la más importante, el GFP Comercial Bank & Trust Company, Ltd. –Grand Cayman–, un banco corporativo en ese mercado de capitales bajo la soberanía de la reina de Inglaterra. Señoras y señores, perdonen si esta enumeración de logros del Grupo Financiero Popular, cuya base fue siempre el Banco Popular Dominicano, se ha extendido más de la cuenta. He tratado de ser breve, pero la misión que los fundadores de la Asociación para el Desarrollo, Inc. pusieron sobre mis hombros no fue poca cosa y no tengo otra manera que contársela en estos términos para que ustedes tengan la seguridad de que he tratado de cumplir con mi tarea como un soldado del deber y en la medida de mis posibilidades. Lo he realizado enarbolando siempre los ideales de progreso que nos unen y defendiendo con altura uno de nuestros valores permanentes: la ética empresarial. Yo hubiera querido haber construido más, pero el tiempo no me ha alcanzado, tal vez para tranquilidad 99


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de ustedes que de lo contrario hubieran tenido que oír un discurso más largo esta noche. Tal como lo hacen los presidentes de los consejos de directores de nuestras compañías cada vez que terminamos un periodo fiscal y rendimos cuenta a nuestros accionistas en una asamblea, yo quisiera, llegado este momento, pedirles a mis compañeros de la Asociación para el Desarrollo, Inc., formal descargo por mi labor de más de veinticinco años en el Banco Popular, labor que no pienso abandonar ahora que hemos llegado a esta etapa de realizaciones, sino que seguiré perfeccionando desde mi actual posición, una obra de servicio público que ha demostrado ser uno de los pilares del desarrollo dominicano contemporáneo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.

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El banquero y su responsabilidad

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ueridos amigos. Cuando el 10 de agosto de 1989 tuve el honor de hablar en el acto de puesta en circulación del libro Sábado Económico, de la Fundación Economía y Desarrollo Inc., en la ciudad de Santo Domingo, tomé la decisión de que por un tiempo no hablarla más en público y tampoco ofrecería más declaraciones a la prensa. En buena medida así lo hice por espacio de unos 15 meses, pero no puedo negarles que los acontecimientos que desde el año pasado vienen afectando a algunos bancos comerciales, me han hecho pensar sobre la necesidad de salir ya de mi silencio voluntario y externar mis percepciones sobre esta situación, ideas que son el producto de la experiencia acumulada en más de 25 años en el ejercicio de la banca comercial en la República Dominicana y en el extranjero. La oportunidad ha llegado hoy y no puede ser más grata, pues al dirigirme

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alabras pronunciadas por el presidente del Grupo Financiero Popular, durante la cena homenaje ofrecida en su honor por la Asociación para el Desarrollo, Inc., de Santiago, en la residencia del doctor Frank Joseph Thomén, el viernes 14 de diciembre de 1990.

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a la Asociación para el Desarrollo de Santiago, no solo hablaré en el seno en que se gestaron el Banco Popular Dominicano y el Grupo Financiero Popular, que el propio banco generó, sino entre amigos cuya filosofía empresarial comparto con pleno orgullo. Es por esto que acepté gustoso la invitación que a través de Monseñor Agripino Núñez me hiciera Frank Joseph Thomen para reunirme en su casa, que es como si fuera la mía, y hablarles a los amigos de cómo veo yo los problemas que afectan el sistema bancario nacional. Lo primero que deseo compartir con ustedes es mi convicción de que estas dificultades de la banca dominicana pueden obedecer más a factores ligados al criterio administrativo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrar un banco, que a elementos puramente técnicos o económicos, llámense estos iliquidez, inflación o devaluación. Por eso escogí para este cambio de impresiones el tema de la responsabilidad fiduciaria del banquero, que vista de forma genérica no es otra que la responsabilidad social que en estos tiempos de cambios tiene contraída la empresa moderna con la colectividad en donde desarrolla sus operaciones. Este concepto, muy arraigado en las economías occidentales desde el decenio de los años treinta, involucra, a mi juicio, cuatro elementos fundamentales, a saber: el conducir los negocios en armonía con las leyes del país; el suministrar al consumidor un producto o servicio de la mejor calidad y al mejor precio posible, y el proporcionar al accionista una utilidad consistente con el bienestar colectivo y en beneficio del interés del Estado; así como de ofrecer a su personal una buena remuneración 102


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y una compensación adecuada después que cesen sus labores. En efecto, si bien es cierto que una economía estable y en equilibrio, con políticas monetarias y fiscales sanas y coherentes, constituye un requisito esencial para una eficiente y normal gestión empresarial, ya sea esta agrícola, industrial o financiera, no es menos cierto que, aún sin contar con esa necesaria estabilidad, el buen juicio empresarial, vale decir, el empresario y su comportamiento, constituye el eje central en el éxito de esa gestión. Más aún, en los momentos de dificultades reales es cuando el comportamiento del empresario toma una mayor trascendencia separándose, lo mismo que el agua del aceite, de aquel «empresario rentista» que genera riquezas bajo la cobertura de un esquema de tolerancia y privilegios provistos por la sombrilla del Estado, sin tomar en cuenta que tiene una responsabilidad social que lo obliga a otras cosas tan importantes como la misma generación de utilidades. Debemos tener bien claro que toda actividad montada sobre la base de privilegios no tiene garantía de éxito. Perecerá cuando desaparezcan esos privilegios. En el caso de los bancos comerciales, esa diferencia de actitudes adquiere una dimensión mayor, pues si alguna institución concentra responsabilidades múltiples, esa es la banca, ya que sus obligaciones trascienden de lo social a lo moral, estando sus operaciones fundamentadas en la confianza que en ella tengan sus depositantes. Siendo esta una relación que solo es posible sostener en la medida en que el banquero proyecte a los depositantes una imagen de seriedad, responsabilidad y capacidad, virtudes estas 103


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que reclama esa relación confiable y que deben adornar, en consecuencia, la persona de un banquero. ¡Cuán importante es, pues, la selección de la persona que maneje esa frágil e importante relación con el depositante! Recuerdo cuando en el año 1963 empezábamos a seleccionar el personal para integrar el Banco Popular Dominicano y tuve la enorme suerte de escoger a Luis Rangel de entre tres distinguidos banqueros que me ofreció el Banco Popular de Puerto Rico para ser nuestro primer vicepresidente ejecutivo. Luis Rangel no era un banquero común, era un hombre extraordinario a quien el destino llevó a trabajar en la banca. Al decir de Ángel M. Rivera, entonces vicepresidente del Banco Popular de Puerto Rico, Rangel «era el hombre más decente que había salido de Cuba», pero detrás de esa decencia, de ese gran calor humano, se escondía un hombre fuerte, que sabía que la responsabilidad del banquero era cuidar del dinero que se le había puesto en sus manos. Parte de lo más valioso que debo agradecerle a Luis Rangel es el haberme enseñado que el banquero tiene que ser como un buen padre de familia con el dinero que se le encomienda para su inversión o su cuidado. Muchos años después me encontré con este concepto de «buen padre de familia» en la Legislación Norteamericana y con esa idea fui forjando otra, que para mí la complementa: el banquero tiene que ser consciente de que el dinero que le han entregado debe manejarlo como un fideicomiso. Es decir, el depositante pierde virtualmente la posesión del dinero que deja en el banco, pero no puede perder jamás ni su propiedad ni el disfrute de este dinero, 104


El banquero y su responsabilidad

ni tampoco su devolución, cuando ese depositante requiera que le devuelvan sus fondos, rescindiendo o terminando así un contrato de facto de fideicomiso. Creo firmemente que estas premisas son las que deben guiar las actuaciones de los banqueros, administradores de bancos y directores, siendo ese el secreto para que el banco tenga o no problemas. Cuando uno se olvida de que esos ahorros hay que invertirlos cuidadosamente, de que los depósitos a plazo no pueden inmovilizarse en activos que no producen y que los fondos en cuentas corrientes deben ser pagados religiosamente sin ningún tipo de demora, el banquero empieza a perder el sentido de responsabilidad. El dinero que se deposita en un banco tiene que estar disponible al depositante, no puede haber nunca una excusa ni una justificación para que no sea así. Hay quien pudiera pensar que esas premisas y conceptos, un tanto conservadores, estén hoy un poco desfasados de la realidad de una economía como la nuestra, de naturaleza cambiante, requiriéndose de un mayor grado de agresividad en las actividades de inversión y en general en todo tipo de negocio. Sin embargo, debo recordar que el poseer criterios conservadores como los señalados, en nada impide el que se sea agresivo en la actividad inversora. La diferencia, a mi juicio, residiría en tener la capacidad y prudencia de calcular los riesgos de una operación crediticia o de inversión. Esa fina percepción podría establecer la frontera entre lo que es un banquero profesional, que actúa con seguridad y riesgos calculados, al de un banquero improvisado, que actúa por un simple instinto especulativo. 105


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Es por eso que las autoridades deben ver con precaución y ojo crítico la inserción en un sector tan especializado como el de la banca, de personas que, alentadas por la ilusión de grandes ganancias y por la facultad de creación de dinero que tiene un banco, intentan operar de manera alegre una entidad de ese tipo, como si se tratara de una empresa comercial más, ignorando su alto grado de responsabilidad social. Debemos tener presente el costo social que pueden representar estas acciones, siendo las pasadas experiencias de las financieras y la de los propios bancos comerciales, una lección que no se debe soslayar. De ahí que sea tan importante para las autoridades el no permitir que la sobre-regulación bancaria sea excesiva y genere la segmentación del mercado de dinero, creando las bases para la participación de agentes financieros informales en la banca comercial, tal y como ocurriera en el decenio de los ochenta. Saquemos, pues, provecho de estas lecciones y antes de acometer el gran y necesario proyecto de reforma financiera, cuya realización es una punta consensual entre el sector público y privado, saneemos primero nuestra casa, eliminando los factores distorsionantes con apego a las leyes vigentes. Bien podría trabajarse, por ejemplo, en la elaboración de un reglamento que por Resolución de la Junta Monetaria, establezca condiciones adicionales a las dispuestas en los artículos 11, 12 y 13 de nuestra Ley General de Bancos, referentes a los requisitos para el otorgamiento de una franquicia bancaria y, al igual que en otras legislaciones extranjeras, se consagren sanciones para los ejecutivos y 106


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directores de bancos que no honren su condición de banqueros. Esto debe ser así, pues los tiempos presentes demandan que los miembros del consejo de directores de un banco forman parte integral de lo que se debe definir como un proceso de administración profesional, teniendo como consecuencia un nivel de participación activa en la toma de decisiones. En la medida en que esto ocurra, su nivel de corresponsabilidad en la gestión se hará más evidente y por tanto habrá un fortalecimiento institucional de la empresa, pues las decisiones que se adopten tendrán un carácter colegiado, y no personal o individualizado. Pero para eso se requiere de los llamados «directores profesionales», parte de cuyas funciones consiste en definir la política de negocios que deberá seguirse, seleccionar el elemento humano que actuará frente al público, es decir, el banquero, y lo que es más importante: trabajar por la institucionalización del banco en donde presta sus servicios. Igual actitud debería adoptar nuestra Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, orientando a sus afilados a ceñirse a una práctica interbancaria rigurosa y cordial, tratando no

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i una institución concentra responsabilidades múltiples, esa es la banca, ya que sus obligaciones trascienden de lo social a lo moral, estando sus operaciones fundamentadas en la confianza que en ella tengan sus depositantes. ¡Cuán importante es, pues, la selección de la persona que maneje esa frágil e importante relación con el depositante!

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solo de defender el sector de los riesgos de su entorno económico, legal y social, sino también de los elementos que dentro de su propio seno operan como gérmenes de destrucción. Creo que ese proceso de diferenciación propiciaría un más alto grado de credibilidad de la entidad y una mayor elevación de la estima pública de la figura del banquero y de su asociación, tanto ante las autoridades como ante nuestra sociedad. Finalmente, ya en un orden más sentimental y más personal de estas palabras, yo les quiero decir a los banqueros de mi país, empezando por los banqueros del Grupo Financiero Popular, que ellos son responsables no solo de la solvencia y de la rentabilidad de sus bancos, lo son también de que esas empresas cumplan con su responsabilidad social, debiendo ante todo defender los intereses de los depositantes, con tanto vigor como el de los accionistas o el de los empleados. A los banqueros del Grupo y a todos los banqueros del país les digo que, aunque el marco económico no sea totalmente favorable a los negocios bancarios, bien porque existan medidas que nos perjudiquen, bien porque en ocasiones las autoridades que nos regulan desconocen al hacerlo nuestra propia realidad y porque carecen de recursos humanos para ejercer con eficiencia sus labores de control y supervisión, no hay razón para echarle la culpa de los problemas al Gobierno, al Banco Central o a la Superintendencia de Bancos. Lo que yo quiero decir con esto y dejar sentado claro es que no hay que tener autoridades bancarias ni supervisión bancaria ni medidas económicas tomadas con acierto por un gobierno, para manejar un banco 108


El banquero y su responsabilidad

con la responsabilidad que sus depositantes y accionistas merecen. Si hay problemas en algunos bancos en el país, la responsabilidad de resolverlos está principalmente en manos de los dueños, de los directores, de los administradores de esos bancos. Si en esa labor tienen la ayuda de las autoridades bancarias, mucho mejor. Pero no podemos decepcionar a nuestros depositantes y someterlos a penurias porque tal o cual superintendente o tal o cual Junta Monetaria, no toman tal o cual decisión. No tengo la menor duda: si los bancos se manejan con prudencia, con austeridad, como si no fuera suyo ese dinero porque se lo han confiado por un tiempo, y sin olvidar nunca de que tendrá que devolverlo a los depositantes, habría menos bancos con problemas. Ciertamente, nuestras experiencias y problemas no son exclusivos. Por ello encontramos que en otros países se adoptan decisiones importantes con relación a los directores y administradores de bancos comerciales. Citemos el caso del Banco de España, que puede revocar el Consejo de Administración de un banco comercial; el Banco Central Argentino, que puede inhabilitar temporal o permanentemente a promotores, fundadores, directores y administradores, o la Ley Bancaria de los Estados Unidos, que prevé drásticas sanciones como la de la separación de sus puestos. Estas reflexiones me las dicta mi larga práctica en la banca comercial, a través del Banco Popular Dominicano, institución que ha creado una tradición de servicios basada en el hecho irrefutable de que jamás ha defraudado la confianza de sus depositantes. 109


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Cada asamblea del banco ha servido para rendir cuentas y sus diferentes consejos de directores han sido un foro sereno y responsable donde se trata de decidir lo mejor y donde se vela por los intereses de los demás. No se trata de recetar comportamientos; sencillamente, pretendo transmitir el mejor legado que puedo dejar a nuestra institución y a los que como yo comparten la delicada tarea de administrar fondos ajenos. Si así actuamos podríamos afirmar que «la banca comercial es sana y sólida» y está presta a seguir contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida y al progreso material y espiritual del pueblo dominicano. Muchas gracias.

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A propósito de la inauguración de la Torre Popular

M

uy buenos días. Deseo iniciar estas palabras cumpliendo con el grato deber de expresar, en nombre de nuestro Consejo de Directores, el más cálido agradecimiento al señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, quien sacrificando su comprometido tiempo se encuentra aquí entre nosotros compartiendo la alegría de este acto de bendición de la Torre Popular. Muchas gracias, señor presidente, por haber venido a acompañarnos. De igual manera quiero testimoniar nuestro reconocimiento a Su Eminencia Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, quien ha venido a impartir la Bendición del Todopoderoso a esta obra. Gracias, Cardenal, por el honor que nos confiere su presencia. Y a todos ustedes, señores invitados, también muchas gracias por encontrarse hoy participando junto con nosotros en esta ocasión tan especial en la vida

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iscurso de orden del señor Alejandro E. Grullón E., durante el acto de bendición de la Torre Popular.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

del Grupo Financiero Popular, y, por qué no decirlo, de aquellas personas que, como Antonio y yo, vemos en esta edificación la realización de un sueño visionario. Ciertamente, señores, la terminación de esta torre no es más que la materialización de una idea cuyo origen se remonta al mismo inicio del Banco Popular Dominicano, pues entre los forjadores de esta empresa siempre existió la clara conciencia de que una entidad como la que proyectamos debería algún día estar consolidada físicamente en un solo gran centro de negocios y operaciones que reuniera sus principales departamentos y áreas clave. Haciendo un poco de historia, la idea de construir un edificio para alojar las oficinas de esta institución empezó a cobrar forma a finales del año 1967, apenas cuatro años después de abrir sus puertas al servicio del público, ese proyecto que se llamó Banco Popular Dominicano, nacido de las entrañas de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, donde surgió la idea de hacer el primer banco comercial privado del país. Fue en esa ocasión, es decir, hace ya veinticuatro años, cuando atraídos por las oportunidades de negocios que ofrecían en esa época las inversiones en bienes raíces en el país, decidimos estudiar la factibilidad de construir una gran torre de oficinas y un centro comercial que diera servicios a la comunidad empresarial dominicana en unos momentos en que el sector inmobiliario registraba un importante dinamismo. Recuerdo claramente cuando viajé con ese objetivo a visitar el Banco Popular de Puerto rico, que había construido su primera torre de oficinas, acumulando una exitosa experiencia, de gran utilidad a nuestros propósitos. 112


A propósito de la inauguración de la Torre Popular

Ahí me puse en contacto con expertos en la materia con la finalidad de recibir la asesoría pertinente. De igual forma inicié gestiones con los dueños de los terrenos ubicados en la zona del antiguo aeropuerto de esta ciudad capital, con quienes posteriormente el Banco Popular Dominicano constituyó, en el año 1970, una compañía que se llamó Centro Popular, C. por A. Sabíamos que la inversión en ese edificio generaría empleos y nuevos ingresos, y contribuiría a modernizar la planta urbana de Santo Domingo, pero el tamaño patrimonial y la liquidez del Banco no podían asimilar todavía aquella importante inversión, razón por la cual este proyecto entró en un proceso de espera. Así las cosas, gracias a la cooperación del Gobierno Nacional iniciamos en 1971 la restauración de la Casa del Cordón en la Zona Colonial de Santo Domingo, lugar al que trasladamos nuestra oficina principal. Esto nos permitió aplazar prudentemente la construcción de la torre, que se hizo entonces menos prioritaria. En el año 1978, decidimos formalmente abandonar la idea original y procedimos a disolver la compañía Centro Popular, repartiendo los terrenos entre los accionistas, y reservando para el banco una proporción adecuada para alojar nuestras oficinas principales en el futuro. Como ustedes pueden ver, pasaron varios años de esfuerzos sin lograr la meta propuesta. En esta breve narración queda claro, que cada vez que hicimos los estudios de factibilidad en medio de nuestro proceso de crecimiento, nos dábamos cuenta de que todavía el momento no había llegado, pues la construcción de la torre implicaba inmovilizar recursos que 113


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

eran necesarios para mantener la solidez institucional y financiera de nuestro banco, criterio este fundamental y que forma parte esencial de nuestra mística de banqueros responsables. Era pues, señores, una cuestión de prioridades. No podíamos anteponer la necesidad de una edificación a la más evidente necesidad de preservar nuestra responsabilidad fiduciaria. Tal y como he comentado en otras oportunidades, la banca tiene contraida una importante responsabilidad social con la colectividad en donde desarrolla sus actividades y de manera especial, con sus depositantes y accionistas. Y esa responsabilidad no puede tener otro apellido que la prudencia gerencial. Era preciso entonces que encontráramos una coyuntura que nos garantizara las condiciones para acometer la tarea de construcción, sin que nuestra solvencia moral, financiera e institucional resultara afectada. En ese lapso de espera, y haciendo honor a nuestro nombre de institución eminentemente popular, nos dedicamos a planificar y construir nuestra red de modernas sucursales en toda la geografía nacional para cumplir con el objetivo de llevar el banco al pueblo. De esta forma, instalamos oficinas y sucursales en los vecindarios, barrios y centros comerciales de esta ciudad capital y en el interior del país, que demandaban nuestros servicios. Mientras tanto, siempre tuvimos el placer de estar alojados en ese glorioso pero modesto monumento colonial, que se llama la Casa del Cordón, el cual fue restaurado en un amplio programa de puesta en valor de la Ciudad Colonial, realizado bajo la inspiración de usted, señor presidente. Esta obra colonial será conservada por nuestra 114


A propósito de la inauguración de la Torre Popular

institución honrando los compromisos contraidos con el Estado dominicano, especializando la misma para la realización de actividades de carácter cultural y social, más propias a su condición de monumento histórico colonial. En la Casa del Cordón crecimos y nos desarrollamos y nos hicimos fuertes como la piedra de ese monumento. Desde allí nos proyectamos y nos insertamos en la sociedad dominicana como un patrimonio institucional de valor permanente. De ahí que en la puerta principal de esta obra arquitectónica que hoy nos aloja, ordenamos reproducir el arco que adorna la entrada de la Casa del Cordón como símbolo de solidez e identidad con nuestras esencias nacionales. No fue, sin embargo, hasta el año 1984 cuando se presentó la coyuntura adecuada para acometer la construcción de esta Torre Popular, con un nuevo diseño del conocido arquitecto dominicano Pedro José Borrell, y cuya construcción estuvo a cargo de la prestigiosa firma de ingenieros Haza & Pellerano, C. por A. Varios factores se conjugaron para hacerla posible después de haber culminado los trabajos de edificación de la estructura hermana, el Centro de Operaciones J. R. Sebastián Mera, que aloja

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ra una cuestión de prioridades. No podíamos anteponer la necesidad de una edificación a la más evidente necesidad de preservar nuestra responsabilidad fiduciaria… pero siempre existió la clara conciencia de que una entidad como la que proyectamos debería algún día estar consolidada físicamente en un solo gran centro de negocios y operaciones.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

nuestros departamentos de informática, operaciones y seguridad. La evolución mostrada por la economía dominicana en los últimos veinte años y, particularmente, en la última década, permitió la ampliación de nuestros negocios y rentabilidad a niveles tales que hacían posible la ejecución de este gran proyecto sin perjuicio de nuestras finanzas, aunque contando, como complemento de nuestra inversión, con un importante financiamiento a largo plazo de un grupo de asociaciones de ahorros y préstamos. De igual forma, la trayectoria de los indicadores económicos del país, tales como la devaluación, la inflación y las expectativas que sobre ellas se iban tejiendo, en parte por los acontecimientos internacionales, aconsejaba dar inicio a la obra, pues construir en ese momento lo que en el futuro resultaría varias veces más caro, tenía una racionalidad indiscutible. Otra consideración no menos importante en la mente de los miembros del Consejo de Directores del Grupo Financiero Popular, a la hora de tomar esta trascendental decisión, fue la necesidad de que nuestra organización adelantara los pasos para adecuarse al reordenamiento de las estructuras económicas e institucionales del país que comenzaban a ser afectadas por factores de orden externo, tales como la crisis de la deuda externa internacional, entre otros no menos importantes. Era claro que la economía mundial se abocaba a un amplio proceso de reordenamiento, y que nuestra institución tenía que estar física e institucionalmente preparada para los grandes cambios de la década de los noventa, lo 116


A propósito de la inauguración de la Torre Popular

que de hecho ya viene verificándose de manera acelerada en todo el planeta. Conscientes también de esta realidad, las autoridades monetarias nacionales ya han dado los pasos iniciales para insertar nuestro país en el nuevo reordenamiento mundial, a través de un amplio programa de ajustes y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que facilite la reapertura del crédito internacional del país. Como sabemos, este programa ha contemplado la adopción de exitosas medidas de disciplina fiscal y monetaria y algunas reformas de nuestras estructuras económicas, parte de las cuales están siendo estudiadas por nuestras autoridades bancarias y las cámaras legislativas. Ahora bien, el replanteamiento del concepto de desarrollo iniciado en nuestro país supone la introducción de cambios importantes en su sector financiero, ya que al apoyarnos más en la adopción de decisiones privadas y voluntarias, requeriremos sistemas financieros que funcionen más con un criterio de consenso y eficiencia. Para esto es imprescindible la confianza: confianza en que la inflación no menoscabará en el futuro el valor de los activos financieros, y confianza en que se respetarán los contratos y transacciones formalizados. Yo creo que debemos tratar de obtener un nivel idóneo del precio del dinero, esto es, de las tasas de interés activas, y tratar de crear, además, instituciones financieras apropiadas sujetas a mejores sistemas de supervisión, con normas de disciplina y control, y mejores sistemas de difusión de información financiera, y formación de personal. En ese escenario, los bancos del país, tendrán que abordar la tarea de asimilar las reformas por venir, tratando 117


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

de adecuar sus estructuras a un esquema que reclamará el mayor grado de integridad patrimonial, rentabilidad y transparencia. Estos se traducirán en menores costos operacionales y en servicios más eficientes, y les permitirá también consolidar y aumentar su base de capital para poder garantizar de manera óptima los recursos de los depositantes, y enfrentar con éxito los retos de una economía más abierta y de un mayor grado de competencia sectorial. No obstante, entiendo que esa necesaria reforma financiera no significa que nuestra actual legislación bancaria y monetaria deba ser dejada de lado por obsoleta. Por el contrario, estoy convencido de que esos estatutos legales son sabios y ponderados. Pero requieren ser actualizados para adecuarse a las exigencias de estos nuevos tiempos, acción en la que debe considerarse la participación del sector privado para que, tal y como ha ocurrido en otros casos, las leyes a ser reformadas sean enriquecidas con una visión pragmática de dicho sector empresarial. En nuestro caso, dados esos múltiples cambios en el mundo económico y financiero dominicano, esperamos que alcanzada ya nuestra madurez institucional y financiera, este gran complejo de oficinas hará más eficaces nuestras operaciones y más productiva nuestra gestión. Esto significa, repito, que nuestros costos operacionales se reducirán sustancialmente, haciendo que el rendimiento de los mil accionistas tenga un retorno adecuadamente satisfactorio. Podemos garantizar que estos resultados serán alcanzados plenamente porque esta consolidación de nuestra planta física refleja el fortalecimiento institucional que iniciamos hace ya más de quince años, cuando creamos la 118


A propósito de la inauguración de la Torre Popular

Tenedora Popular, que se convirtió luego en el Grupo Financiero Popular. La reciente historia financiera dominicana demuestra que la participación de los grupos financieros organizados bajo el esquema de las llamadas holding companies es la respuesta más ágil y eficaz que nuestros hombres de empresa pueden ofrecer para atender a los retos de nuestra cambiante economía, la cual cada día se hace más internacional y diversificada, y para contribuir dinámicamente al proceso de crecimiento y desarrollo económico del país. En conclusión, señor presidente y señores invitados, creo que ustedes pueden apreciar que esta torre es un monumento a la buena gestión administrativa, porque como dije antes, consolida las operaciones de varias empresas del Grupo y muy especialmente las del Banco Popular Dominicano. De ahí viene la eficiencia. Esta planta física ha tomado veinticuatro años en realizarse y representa la culminación de un proyecto, del que también forman parte las cuarenta y tres oficinas y sucursales en todo el territorio nacional y tres instituciones bancarias. Agradeciéndoles de nuevo a todos el haber venido a ser testigos de este emocionante acto, me complace ahora invitarlos a compartir con nuestros directores y funcionarios un brindis por el continuado éxito de nuestra institución y por la bienaventuranza de la República Dominicana, contando siempre con la gracia de Dios. Muchas gracias.

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Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

B

uenas noches. Encontrarme de nuevo entre todos ustedes, mis queridos comerciantes e industriales de Santiago, es siempre un motivo de alegría, pues al final de cuentas aquí estoy en mi propio hogar, rodeado de mis amigos de infancia y juventud. Por eso accedí gustoso a esta invitación que ustedes me han hecho en el marco de esta cena de celebración del XXXI aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), para venir hoy a compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo sobre el futuro de la República Dominicana. Para hablar del futuro de la economía de la República Dominicana es necesario entender el marco en donde la misma se desenvolverá, el cual no es otro que el de los cambios y las reformas económicas, políticas e institucionales que actualmente se llevan a cabo como parte de

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harla pronunciada con motivo del XXXI aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Inc., en el Hotel Camino Real, Santiago de los Caballeros, 21 de septiembre de 1992.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

un irreversible proceso de globalización de las relaciones comerciales internacionales. El mundo de hoy está en una etapa de profundas transformaciones. Por ello, nuestro país enfrentará un mundo nuevo y diferente en los años por venir. Las transformaciones globales ocurridas en los últimos tiempos han sido realmente asombrosas. Nadie pudo avizorar la magnitud y rapidez de estos cambios, pero tampoco nadie puede asegurar cuáles serán sus verdaderos efectos en el futuro inmediato. En los años recién transcurridos la sorpresa pareció ser el factor común más importante en el acontecer mundial. Hechos inesperados y dramáticos como la caída del Muro de Berlín, la vuelta de Rusia a una economía de mercado, la desintegración del bloque soviético, la invasión de Kuwait por Irak y la espontánea reacción internacional derivada de esa acción evidencian, señores, que el mundo ha entrado en una etapa de cruciales transformaciones, y que sus tradicionales mapas políticos y económicos adquieren nuevos perfiles, como es el caso, ejemplar en la vida moderna, de la integración de los mercados, aranceles y normas de producción y comercio de Europa y los progresivos acuerdos de desarme y los de cooperación mundial en las investigaciones científicas. En el Continente Americano, los cambios también han estado presentes. En el ámbito político nuevas figuras se han hecho cargo del poder y están dando los pasos para readaptar las economías de Perú, Brasil, Argentina, Chile, México y Costa Rica a un marco mundial diferente. Así también, líderes tradicionales de Ecuador, Bolivia, Venezuela 122


Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

y Jamaica y, por qué no mencionarlo, en nuestra propia nación acogen hoy y defienden la economía de mercado. De igual forma el gobierno sandinista en Nicaragua y el régimen de Augusto Pinochet en Chile llevaron a cabo elecciones libres y entregaron pacíficamente el poder a movimientos de oposición. Más recientemente, los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá han negociado acuerdos que regirán sus relaciones comerciales en un ámbito de total libertad, igualmente Caricom y Lomé deberán presentar al país nuevas oportunidades. Todos estos hechos permiten concluir en que en nuestra región se observa una creciente convergencia de valores e intereses que conducen a una agenda común formada por cuatro elementos: a. La aceptación de que la democracia es la única vía legítima para llegar al poder y ejercerlo. b. La reformulación de las estructuras económicas para que las fuerzas del mercado sean las directrices de la economía, reduciendo el tamaño del Estado, aunque aumentando su eficiencia y poder de regulación y manteniendo su papel de garante del bien común. c. La convicción de que la concertación social y el dialogo son las vías más expeditas para transitar el camino de las reformas y de la negociación de la paz en las naciones sacudidas por la violencia, y d. La necesidad de acogerse a esquemas de cooperación multilateral para lograr la integración en bloques de las economías de la región. No obstante, estas alentadoras realidades comparten un reducido espacio con importantes amenazas que subyacen como herencia de nuestro pasado histórico como 123


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

naciones del tercer mundo, y que hacen que sus democracias estén recurrentemente sometidas a prueba. Existen pocas dudas de que hoy en día el mayor peligro para nuestros regímenes democráticos proviene de la merma de la confianza pública en gobiernos libremente elegidos que han sido o son incapaces de dar respuesta al deterioro económico prolongado. Algunas veces, este deterioro ha sido la consecuencia de ajustes económicos que buscaron la corrección de los déficit fiscales y el restablecimiento del equilibrio macroeconómico, pero que no se ha aminorizado sus efectos negativos en algunos sectores de la sociedad. Por otra parte, la falta de confianza en las políticas de mediano y largo plazo auspiciadas por los esquemas democráticos, se alimenta también de la debilidad institucional de organizaciones públicas y de los partidos políticos y de la falta de real autonomía de los poderes judicial y legislativo. También lastra la confianza ciudadana la corrupción generalizada que da paso a peligros mayores, como el tráfico y el consumo de drogas. Por eso, el reto principal para el mantenimiento de nuestras democracias es, en esencia, el crecimiento económico sostenido. En la práctica, nuestro país está inmerso en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Hemos pasado de esquemas caracterizados por un alto grado de intervención estatal y protección de los mercados internos hacia esquemas en donde las decisiones libres y un mayor grado de apertura comercial marcarán la ruta de la evolución económica nacional. Podría afirmarse que en esta oportunidad no correremos el riesgo de quedarnos rezagados, pues el proceso 124


Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

de reformas de la economía ha sido iniciado. Contamos ya con el nuevo y actualizado Código de Trabajo, y disponemos también de un nuevo Código Tributario, que con algunas imperfecciones son pasos de avances. A estos se sumarán el nuevo Código Arancelario y las anunciadas reformas del sector financiero, para completar así el marco jurídico/institucional que normará las actividades de nuestra economía en las postrimerías del siglo XX y la apertura del siglo XXI. El momento no puede ser más oportuno, pues gracias a los esfuerzos desplegados por los sectores público y privado la República Dominicana ha alcanzado niveles de concertación que se han traducido en una clara estabilidad macroeconómica. La inflación se ha detenido, la actividad productiva se está reanimando, la tasa de cambio se ha estabilizado y se notan signos de una recuperación de la vida institucional dominicana. En mi opinión, todos los sectores de la vida nacional han sido responsables de este importante cambio que salvó al país de una catástrofe. El Gobierno, los sectores productivos, laborales y de servicios y los consumidores, todos hemos dado nuestros mejores esfuerzos al servicio de la estabilización del país y la reactivación de la economía. En este proceso, la iglesia católica ha servido como eficaz mediadora y ha prestado a la sociedad dominicana un servicio invaluable. Ahora bien, tenemos que mantenernos alertas, pues estos logros, por milagrosos que luzcan, no son necesariamente permanentes si las reglamentaciones que se están realizando para consolidarlos se desvían de sus metas 125


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

originales, y si se pierde el sentido de justicia que ha inspirado este cambio fundamental de la vida dominicana. Por ejemplo, es necesario garantizar el derecho de la propiedad que ha sido consagrado casi como sacramento en todas nuestras constituciones desde 1844 hasta la fecha. Cuando hablo de este principio constitucional pienso en las memorables palabras del padre de la nación mexicana, don Benito Juárez, quien legó a la humanidad el testamento lapidario de su máxima «El respeto al derecho ajeno es la paz». La propiedad mide el premio al esfuerzo de los hombres y las mujeres, y por eso debe ser garantizada; pero la propiedad no se compone solamente de bienes materiales, sino de derechos legítimamente adquiridos que, reconocidos jurídicamente, no pueden ser violentados sin alterar el orden social. De ahí que las reformas que están pendientes de ejecutarse deban inspirarse en el principio supremo del respeto al derecho ajeno. Si ustedes quieren un ejemplo del cual puedo hablar con alguna propiedad, permítanme mencionarles el interés que tenemos los dirigentes de la banca nacional para que el nuevo Código Financiero-Monetario refleje en todo momento un equilibrio entre los intereses de los grupos financieros y tenedoras de acciones, los bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de desarrollo e hipotecarios y las compañías financieras, en concierto con el interés sacrosanto sobre todo de los depositantes, ahorrantes y accionistas de estas instituciones. Yo creo que las conversaciones que se llevan a cabo en la actualidad, bajo la coordinación del Banco Central 126


Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

de la República Dominicana, y la auspiciosa y oportuna mediación del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, apuntan hacia el logro de ese objetivo. Tengo la esperanza de que la República Dominicana está en vías de darse el Código Financiero-Monetario más moderno y avanzado de América Latina que contribuya a un desarrollo económico sostenido y equilibrado. Bajo esta misma luz podemos referirnos al proceso de apertura económica mundial que mencioné al principio de estas palabras. Según mi percepción, la globalización de la economía mundial es un hecho inevitable y, por ella, la República Dominicana debe prepararse, como ya lo está haciendo, para sacar el mayor provecho posible de esta coyuntura. En ocasiones recientes he afirmado que es impostergable que nuestra economía se transforme y que se introduzcan en ella estructuras comerciales nuevas y que la industria y la agropecuaria sean reconvertidas y reorientadas hacia la exportación de bienes más que a los mercados internos, siempre en base a la eficiencia, modernidad y competencia. Esto así, pues seguir creciendo con base única en los servicios nos convertirá en

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a el país no está en condiciones de dirigir estrategias provincianas que ignoren la integración económica nacional de las últimas tres décadas y la nueva realidad comercial en el mundo.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

una economía netamente importadora, con las secuelas nocivas que esta eventualidad implica. Ahora bien, para lograr esto los dominicanos tenemos que adoptar nuevas actitudes empresariales que, si se ve bien, no son tan nuevas. Me refiero específicamente a saber asumir riesgos realistas para competir en mercados menos complacientes que nuestros tradicionales mercados protegidos. Creo que mi experiencia como fundador de uno de los bancos dominicanos de capital privado más importantes del país, me permite sostener que la competencia es parte esencial del capitalismo y de la libertad de mercado que debemos defender todos los que creemos en la democracia. Yo mismo, por ejemplo, he estado en competencia desde hace 30 años, y si la organización que dirijo ha llegado a ejercer un papel de liderazgo en el sector bancario dominicano, ello se debe en gran medida a que la competencia nos ha obligado a ser cada día más eficientes. Los dominicanos de las dos últimas generaciones hemos estado involucrados en la construcción de una sociedad democrática con una economía capitalista y de libre empresa. Lo que el país ha alcanzado desde que murió Trujillo es sencillamente revolucionario, pues del sistema monolítico de la dictadura hemos evolucionado a un sistema en donde cualquier dominicano tiene derecho a establecer una empresa, según sus propias ambiciones y según el tamaño de sus capacidades. A mi juicio, este proceso de desarrollo democrático y capitalista de la República Dominicana tenemos que seguirlo acentuando, pero siempre en el marco de una economía más abierta y menos controlada y teniendo en cuenta las necesidades sociales de todo el país. 128


Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

Sin embargo, la apertura económica debe alcanzarse a través de un proceso gradual que dé tiempo a los sectores interesados a acomodar sus empresas al nuevo reto de la globalización económica mundial. En la República Dominicana de hoy, la cuestión no está en decidir si la economía debe o no hacerse más abierta y flexible, sino en la velocidad con que debe ejecutarse la apertura. En esta cuestión, como en casi todo lo que afecta la economía, la prudencia y la gradualidad deben ser siempre las líneas maestras de nuestros actos. En este contexto, pues, el Estado debe jugar un rol prominente. Creo que debemos simplificar muchas de las tareas del Estado que actualmente son afectadas por numerosas trabas burocráticas. Tenemos que hacer que el Estado dominicano funcione de manera más sencilla para que pueda convertirse en un ente regulador más flexible de la actividad económica. Los grandes retos que nos esperan en lo que resta de siglo van a exigir del Estado dominicano y del empresariado nacional una gran capacidad de adaptación. A mi modo de ver, mientras más conscientes estemos de la pertinencia de los cambios, y mientras más temprano nos preparemos para afrontarlos, más probabilidades de éxito tendremos al integrarnos al concierto de naciones que están ya aprovechando la modernización y globalización de la economía mundial. De hecho, uno de los elementos fundamentales para nuestro país y, en general, para toda América Latina, es el rol económico del Estado. En la práctica, la caída económica de los países del área en la década de los ochenta hizo emerger un consenso acerca de que la intervención 129


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

del Estado debía reducirse. Las preguntas básicas son ahora: cuánto, en qué plazo y en qué sectores. En nuestro caso, creo que el objetivo no debe ser solo disminuir el papel económico del Estado, sino que el reto es, en esencia, mejorar su papel disminuyendo su tamaño relativo, pero aumentando su eficiencia. Para esto hay que contar con una ampliación de la contribución del sector privado en aquellas áreas en que por su naturaleza el Estado no pueda ser eficiente y, en cambio, el sector privado sí lo es. Yo creo que ya está llegando la hora en que comencemos a definir qué clase de Estado queremos para la República Dominicana, para enfrentar la llegada del siglo XXI. ¿Queremos un Estado paternalista, benefactor, centralista, gastador y dilapidador, o queremos, en cambio un Estado moderno, planificador, regulador e incentivador de la iniciativa privada en todas sus manifestaciones? Dicho de otra manera, ¿queremos un Estado empresario y competidor del sector privado que persigue sus propios fines o los de sus administradores, o querernos, en cambio, un Estado despojado de intereses mercuriales, que no sea a la vez fisco y empresario, y que su gestión sea fundamentalmente la aplicación social del gasto público según un orden racional de prioridades, como lo serían la salud y la educación? Me imagino que para todos ustedes, mis queridos empresarios y amigos de Santiago, las respuestas a estas preguntas son obvias. El crecimiento y el desarrollo del capitalismo democrático dominicano de las últimas tres décadas, a pesar de todas sus limitaciones, es la mejor muestra de lo que puede alcanzar la libre empresa, la 130


Reflexiones sobre el futuro de la República Dominicana

competencia y la apertura de oportunidades a todos aquellos que quieren incursionar en el mundo de los negocios y las profesiones. Un ejemplo de la importancia que tiene auspiciar el desarrollo del sector privado lo encontramos en el ámbito de los recursos naturales y la reforestación. Hace ya 31 años que desapareció Trujillo, y el Estado por sí solo, no ha sido capaz de enfrentar con éxito el inmenso deterioro de nuestras cuencas fluviales, reponiendo los bosques perdidos de nuestras montañas, evitando con ello que lo más precioso del suelo dominicano sepulte nuestros ríos, sedimente nuestras presas, o vaya a unirse en el mar. Los programas estatales de reforestación han tenido un éxito limitado. En cambio, el Plan Sierra, una iniciativa privada apoyada por el sector empresarial y por la Iglesia, con el auxilio limitado del Estado, ha tenido más éxito en la restauración del orden natural en parte de la Cordillera Central, que otros programas puestos en marcha sin planificación y sin una visión estratégica de nuestros recursos naturales. El Plan Sierra es un modelo de cómo pueden trabajar conjuntamente el Estado y la sociedad civil, para alcanzar metas comunes, que den frutos tangibles en beneficio de la nación dominicana. Estos frutos son buenos y por ello la pregunta lógica que se deriva de esta última reflexión es la siguiente: ¿Por qué si hemos logrado diseñar y ejecutar un programa global para el desarrollo integral de una gran región del país, no podemos hacer lo mismo con otras regiones con problemas similares, como podría ser el caso de la frontera y los Haitises? 131


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Yo creo, señores, que ustedes, los líderes del sector empresarial de la región norte, tienen en sus manos una extraordinaria experiencia acumulada, que puede ser aprovechada de inmediato para plantear respuestas efectivas a los grandes problemas de nuestro desarrollo. Pero esas respuestas, para ser viables, tendrían que ser planteadas teniendo en cuenta el nuevo escenario internacional. Ya el país no está en condiciones de dirigir estrategias provincianas que ignoren la integración económica nacional de las últimas tres décadas y la nueva realidad comercial en el mundo. Muchas gracias.

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Sobre la nueva sede del BPD Internacional Bank

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eñoras y señores. En nombre del Grupo Financiero Popular, los Directores del Banco Internacional de BPD, y en el mío propio, quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros esta noche. La apertura de esta sede es un paso importante en la estrategia a largo plazo del Grupo Financiero Popular para expandir sus actividades financieras más allá de los horizontes de la República Dominicana. Hace varios años, el Consejo de Administración de Banco BPD Internacional tomó un nuevo derrotero en el entorno de la banca internacional. Nuestro objetivo era entonces, y lo es hoy, prestar servicios relacionados con el comercio de calidad a nuestra base de clientes existentes ya, a los nuevos clientes nacionales, así como a una nueva base de clientes internacionales.

P

alabras de bienvenida del señor Alejandro E. Grullón, Presidente del BPD International Bank, en la ceremonia inaugural de la sede del banco situada en el Carnegie Hall Tower, en Nueva York, el 28 de marzo de 1995.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Para llegar a este fin, nuestro presidente Luis Canela ha reunido a un grupo de experimentados y dedicados profesionales, cuyo compromiso y lealtad han sido factores clave en el logro de nuestros objetivos. Me gustaría hacer hincapié en que muchas de las personas aquí presentes han sido fundamentales para ayudarnos a alcanzar esas metas. Por esta razón, quiero dar las gracias en primer lugar a nuestros clientes, nuestros bancos corresponsales, nuestros accionistas y nuestra Junta Directiva. Además, a nuestros consultores de arquitectura, Vitas Reno & Associates, y nuestra contratista general MTX. También quiero extender un mensaje especial de agradecimiento a mi compatriota, el doctor José A. Quezada, Cónsul General dominicano en Nueva York, que está aquí en representación de Su Excelencia el doctor Joaquín Balaguer, Presidente de la República Dominicana. Por último, pero no menos importante, quiero expresar mi más profunda gratitud a nuestro eficiente personal, el que ha estado apoyando todos nuestros esfuerzos para desarrollar nuestra organización y proyectarla hacia el futuro. La calidad del Banco Internacional BPD sólo puede ser tan buena como la calidad de su personal. El rendimiento actual de la banca muestra lo que es capaz de hacer ese personal maravilloso. Una vez más, gracias por estar con nosotros esta noche, y por favor, sigan disfrutando.

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Respuestas de gratitud a una ciudad que trabaja

S

eñores miembros de la mesa directiva, damas y caballeros. Me siento muy emocionado y orgulloso de servirle de portavoz a las numerosas personalidades que en esta ocasión han sido declaradas por resolución municipal como «Ciudadanos Prominentes», así como al grupo de empresas que han sido calificadas «Empresas Privadas Meritísimas» para expresarles nuestro agradecimiento al Ayuntamiento del Municipio de Santiago y al Instituto Dominicano de Genealogía por su iniciativa de honrar, tanto en el pasado como en el presente, a los hombres y negocios que han contribuido al desarrollo económico y social de nuestra ciudad natal, Santiago de los Caballeros, al celebrar sus cinco siglos de existencia. Lo único que lamento es que mi representación alcance hasta 47 figuras que ya han desaparecido por razones de tiempo y que, por consiguiente, no

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iscurso durante el acto de reconocimiento a un grupo de personalidades y empresas por su contribución al desarrollo económico y social de la ciudad de Santiago de los Caballeros durante sus 500 años de existencia. 7 de diciembre de 1995.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

puedan disfrutar personalmente de este hermoso homenaje. Lo más impactante de este reconocimiento es la novedad que el mismo encierra al honrar a un grupo de individuos y compañías que se han destacado dentro del campo del trabajo. Por consiguiente, no se trata de recordar a gobernantes, funcionarios, militares, batallas, o los sucesos políticos, como ocurre regularmente, sino a algo más profundo dentro de la vida de una sociedad, como resulta ser la historia del trabajo. Porque en cambio los homenajeados de hoy nos vemos dedicados a otras actividades donde resalta el esfuerzo de laboriosidad, el mismo que propicia el progreso de la ciudadanía en general, ricos y pobres, distinguidos o comunes, a través de la generación de empleos, el aprovechamiento de la inteligencia humana y los recursos naturales, así como una ventana permanente de bienes y servicios para cubrir las necesidades constantes de la comunidad. Y es que Santiago, desde su fundación, ha sido un pueblo preocupado por el trabajo que ha constituido una vocación tan suya, tan innata, que nunca la han detenido los terremotos, los incendios, las guerras ni ningún otro tipo de vicisitudes. Por eso, con sobrada razón, uno de nuestros caudillos de los albores de la República, al referirse a Santiago, expresó lapidariamente «Mientras el Ozama piensa, el Cibao trabaja». Por eso es de gran validez que en este V Centenario del Primer Santiago de América se haya efectuado una investigación de la vida agrícola, comercial e industrial ocurrida en tan amplio período histórico, y donde se ha determinado que durante los últimos doscientos años se han establecido como muestras de cada término de cincuenta 136


Respuestas de gratitud a una ciudad que trabaja

años, estas cuatro empresas: Farmacia Normal, en 1837, primera mitad del siglo XIX, con su venta y fabricación de medicinas; J. Armando Bermúdez, en 1852, segunda mitad del mismo siglo XIX, con su producción licorera; E. León Jimenes, en 1903, primera mitad del siglo XX, con su industria tabacalera; y Banco Popular Dominicano en 1964, segunda mitad del siglo XX, con sus servicios financieros. Y es que Santiago para poder sobrevivir ha explotado minas de oro, ha sembrado caña, cañafístola, legumbres, tabaco, frutos menores; ha fabricado ron, medicinas, ha servido al ahorro y al crédito, todo en aras del bien común mediante un espíritu de superación que cada vez se multiplica más. De ahí que cada familia santiaguera, santiaguesa o santiaguense, usando sus tres gentilicios, como lo demuestran los descendientes o los apellidos aquí presentes, han tenido una faena que ejercitar, sea profesional, comercial o industrial. Así y para limitar los ejemplos, aquí en Santiago hay desde el siglo XVIII los Grullón dedicados a la pecuaria y los Espaillat a la agricultura, sin que por ellos no se hayan producido comerciantes, profesionales, intelectuales, políticos, donde se abrazan afectuosamente el hombre de la azada con el

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es que Santiago, desde su fundación, ha sido un pueblo preocupado por el trabajo, que ha constituido una vocación tan suya, tan innata, que nunca la han detenido los terremotos, los incendios, las guerras ni ningún otro tipo de vicisitudes.

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hombre de la pluma, el hombre de la rudeza con el hombre de la ciencia; en varias y diferentes generaciones. Señores, finalmente debo manifestarles mi regocijo al poder compartir, con mis viejos amigos Eduardo León, Marino Espinal, Popy y Carlucho Bermúdez, y mi pariente Jimmy Pastoriza, esta premiación tan original como significativa, y reiterarles a nombre de ellos y en el mío, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento del Municipio de Santiago y a sus autoridades por esta demostración reverenciadora del trabajo, y prometerles que desde este momento ha florecido para siempre entre nosotros la más hermosa de las gratitudes, ¡aquella que jamás pueden vencer secularmente ni el desprecio ni el olvido! Gracias señor síndico, presidente y regidores del Ayuntamiento de Santiago, gracias señor presidente y demás miembros del Instituto Dominicano de Genealogía, gracias a todos aquí presentes.

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Justicia, democracia y desarrollo: nuestro reto

19 DE MARZO DE 1997

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e siento muy complacido de volver a esta prestigiosa tribuna de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, desde la cual he tenido la oportunidad de exponer ideas y pensamientos acerca del sistema financiero, la economía y el desarrollo en sentido general, aunque esta vez lo hago desde una condición distinta, pero no por ello ajena a mis tradicionales quehaceres empresariales, es decir, como presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Me agrada, por tanto, añadir a los que han sido mis enfoques sobre el desarrollo económico, las convicciones que he asumido desde la enriquecedora experiencia que me ha brindado mi condición de miembro activo de la Finjus desde su creación, para examinar así el reto dominicano actual, a partir de una

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iscurso como presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, ante La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el 19 de marzo de 1997.

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nueva perspectiva que combine la existencia de una justicia con el fortalecimiento del sistema democrático, base fundamental del desarrollo. Comienzo a aceptar el apotegma de que la garantía de nuestros negocios solo se logra con una buena administración de la justicia. Estoy plenamente convencido, pues, de que sin esas garantías, no es posible impulsar las reformas económicas que son imprescindibles para encaminarnos por los senderos del desarrollo, más aún, pienso que aunque cada cuatro años elijamos un presidente y votemos, en elecciones separadas, por regidores, síndicos, diputados y senadores, si no contamos con un poder judicial independiente, no seremos más que una «dictadura electiva». JUSTICIA, DEMOCRACIA Y ECONOMÍA Muchos admiten que es posible impulsar las reformas económicas mediante el imperio del decreto-ley, pero olvidan que un sistema que está llamado a proteger efectivamente la libertad económica y la libertad política, la propiedad privada y el imperio de la ley, necesita de lo que se ha llamado certeramente –por la desatención y el desprecio con que ha sido tratado– «la cenicienta de los poderes»: el Poder Judicial. En efecto, el requisito esencial para que funcione el mercado es la existencia de un poder judicial independiente de todo otro poder, un poder judicial eficiente, probó, con la credibilidad y las legitimidades suficientes como para que acuda a los tribunales el más humilde de los ciudadanos, con la seguridad de que se le hará justicia si sus derechos han sido violados. 140


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Esa ha sido precisamente la grandeza de naciones tales como Estados Unidos de América, donde los jueces, con su práctica, enseñan a todos, ricos y pobres, mujeres y hombres, niños y adultos, que un tribunal, por más modesto y aislado que sea, puede sancionar al poderoso pero también al humilde, pudiendo remediar las grandes y las pequeñas injusticias. Para que en la libertad económica no reine lo que muchos llaman el «capitalismo salvaje», es preciso que, tal como establece nuestra Constitución, la ley no ordene más que lo que es justo y útil para la comunidad ni prohiba más que lo que la perjudica, es decir, que deben haber leyes justas y razonables pero sobre todo, como señala el escritor peruano Mario Vargas Llosa: «jueces justos; jueces capaces de resistir las presiones del poder político y las tentaciones del poder económico, y las amenazas del poder militar o policial y las del revolucionario terrorista: jueces conscientes de que sobre ellos pesa la inmensa responsabilidad de garantizar a diario en cada caso contencioso que cae en sus manos, esa «igualdad» de que hablan las leyes y que sin una justicia eficaz, es letra muerta». En otras palabras, para que la República Dominicana pueda incorporarse a los procesos de desarrollo social y económico, de apertura económica y de globalización, es preciso que se establezca un verdadero estado de derecho, lo cual requiere necesariamente un sistema de administración de justicia que vele por el fortalecimiento de las garantías y derechos fundamentales, que controle al poder político, que dirima los conflictos de la colectividad, que cree las condiciones necesarias para que los inversionistas 141


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nacionales y extranjeros, y todo el pueblo, puedan alegar sus derechos agredidos y resolver prontamente sus controversias. LA JUSTICIA QUE TENEMOS El mismo Vargas Llosa, para volver a citar a alguien que como quien les habla no es abogado, nos hace ver que la realidad de nuestra justicia no es distinta a la del resto de América Latina. En efecto, según afirma ese incisivo y agudo analista: «tal vez en ningún otro orden, como en este del juez y de los tribunales, esta América Latina aún tan lejos de ser una sociedad democrática y liberal.» Él asegura que, en nuestros países el poder judicial es una caricatura, un instrumento de quienes gobiernan, que cambian, manipulan y teledirigen las sentencias a su capricho. El deterioro de la justicia dominicana ha llegado a tal grado que hasta los propios ciudadanos, a la hora de ser consultados, la sitúan en baja estima y credibilidad. Recientemente, nada más y nada menos que el superintendente de bancos, doctor José Santos Taveras, afirmaba que los responsables de las quiebras de instituciones financieras no habían podido ser castigados por esas faltas, porque todavía en el país no existe una «justicia sana», con «jueces probos». Es pertinente añadir que los problemas de la justicia dominicana son agravados por las precarias condiciones de trabajo de los jueces y funcionarios judiciales, por la falta de capacitación continua de estos, por la existencia de una burocracia judicial ineficiente, el anquilosamiento 142


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de la jurisdicción de instrucción criminal, la lentitud de los procesos, el atraso de la legislación, la inflación legislativa, la ausencia de un estatuto del ministerio público, la ineficiencia de los abogados de oficio, la falta de una verdadera policía judicial, la ineficacia de la autoridad disciplinaria del colegio de abogados y la Suprema Corte de Justicia, la inexistencia de un verdadero sistema de estadísticas judiciales, la exclusión de los pobres del sistema judicial, el no uso de los métodos alternativos de solución de controversias, y la globalización del crimen, evidenciada por la transnacionalización e incremento del narcotráfico, el lavado de dinero, y la piratería de los derechos de la propiedad intelectual. Como se puede observar, el rosario de problemas de nuestra justicia, diagnosticados en un sin número de ocasiones por expertos nacionales y foráneos, demuestra sin lugar a dudas que la justicia está en crisis y que se requieren medidas urgentes para enfrentarlas. Estas medidas son perentorias, no solo porque la crisis judicial afecta la existencia de un verdadero estado de derecho, sino también porque ponen en juego el destino socioeconómico de la Nación y es que una justicia como la dominicana tiene una consecuencia y esa es la de la incertidumbre institucional. En la medida en que nuestros tribunales son dependientes e ineficientes, aumentan los riesgos institucionales y la incertidumbre de los actores económicos. Estos riesgos institucionales actúan como un peso muerto en la economía que reduce y limita la inversión y, aunque algunos empresarios piensan que, por ser grandes y poderosos, escapan a dichos riesgos, lo cierto es que el progresivo deterioro de la justicia hace que, en los 143


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hechos, haya una «igualdad ante el atropello». Esto provoca que los inversionistas extranjeros, procedentes de países con adecuados climas de seguridad jurídica, sean más sensibles a esta incertidumbre institucional, y demoren o desistan de dirigir sus capitales a cualquiera de las potenciales áreas de producción y servicios que tenemos. No podemos pretender los dominicanos enfrentar todos los problemas de nuestra justicia a un mismo tiempo, ya que sería contraproducente. Es posible que la prisa nos lleve a adoptar remedios peores que la enfermedad, o ilusorios, por la magnitud de los cambios a emprender. De ahí que entiendo que debemos segmentar las tareas a realizar en tareas a corto plazo y tareas a mediano plazo. TAREA IMPOSTERGABLE: UNA NUEVA SUPREMA CORTE Es impostergable la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, de manera que nuestro más alto tribunal de justicia asuma el liderazgo de la reforma judicial: no es posible hacer la reforma judicial sin el apoyo de una jurisdicción de importancia extrema como tribunal constitucional, corte de casación, tribunal disciplinario y órgano de designación de los demás jueces. Una nueva Suprema Corte de Justicia superaría la inercia existente en el conocimiento y fallo de miles de expedientes pendientes de resolver, crearía una nueva organización administrativa que controle y mantenga todo lo relativo a los despachos judiciales, la informatización de los tribunales y dependencias judiciales y el suministro de los materiales necesarios para su funcionamiento. Y lo que no es menos importante: sus jueces controlarían y 144


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supervisarían las actuaciones de los demás jueces del tren judicial, haya o no leyes a tal efecto. No debemos olvidar la exitosa experiencia de la designación de los integrantes actuales de la Junta Central Electoral, por manifiesto consenso partidario y de otras organizaciones de la sociedad civil y con la legislación existente. Esta junta condujo los dos procesos electorales más limpios de la historia dominicana sin cambiar la legislación electoral, y creo que es posible y se impone una experiencia similar con la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. La designación de los jueces de la Suprema Corte por el Consejo Nacional de la Magistratura, convocado precisamente para el día de hoy, debe hacerse mediante un mecanismo de selección abierta, pública y transparente. Ello implica que toda persona pueda someter los candidatos que considere pertinentes, que el consejo debe sesionar públicamente, que deben publicarse los nombres de los candidatos depurados, que debe haber vistas públicas donde la sociedad pueda opinar, proponer y objetar candidatos. Los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia deben poseer una serie

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ara que en la libertad económica no reine el «capitalismo salvaje», es preciso que, tal como establece nuestra Constitución, la ley no ordene más que lo que es justo y útil para la comunidad ni prohiba más que lo que la perjudica.

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de cualidades indispensables para desempeñar tan alta investidura, como lo son la integridad, la independencia, la formación y experiencia, la salud, la edad, la laboriosidad y la conciencia social. Ningún candidato debe ser discriminado por razones de sexo, creencia política o religiosa, estado civil o raza. La vida privada del juez debe ser respetada, siempre y cuando permanezca privada. La simpatía política del juez no debe ser determinante a la hora de la selección, pues los elementos morales y profesionales impiden que esas naturales e inevitables preferencias políticas interfieran con la función judicial. El ideal de juez de la Suprema Corte de Justicia, así como el que debiera imperar una vez se aprueba la ley de carrera judicial para los demás jueces, es el de la «magistratura democrática». Un juez democrático, según la más apropiada caracterización, es un magistrado que pueda: 1. Estar dotado de una personalidad equilibrada. 2. Ser independiente. 3. Ser consciente de la importancia social de la función de juzgar. 4. Ser capaz de razonar sin influencias negativas, externas o internas, y sin prejuicios. 5. Poseer un ansia de superación intelectual, doctrinal y técnica. 6. Ser honesto. 7. Actuar con ética y valor cívico. 8. Ser prudente, flexible, creativo y humanista. 9. Tomar en cuenta la realidad, el tiempo y el medio en que vive, al dictar sentencia. 10. Dar prioridad a la Constitución y a los derechos humanos establecidos en las convenciones internacionales. 146


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11. Ser amplio de miras. 12. Saber escuchar. 13. Conocer la importancia de la separación de los poderes y de su rol como control del Estado y garante de las libertades individuales. 14. Asociar el derecho con la justicia. 15. Ser hábil y tener destrezas técnicas. 16. Ser de temperamento democrático. 17. Poseer habilidad para comunicarse. 18. Redactar textos con habilidad. 19. Ser respetuoso de la dignidad humana. 20. Conocer y aplicar técnicas y métodos modernos en la administración de los tribunales. 21. Ser hábil en las relaciones humanas. 22. Tener sentido de pertenencia al Poder Judicial. 23. Concebir la justicia como un servicio público. SALIDA DEL IMPASSE DE LA INAMOVILIDAD Uno de los factores que ha retardado la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia es el que se refiere a la controvertida cuestión de la inamovilidad. La Finjus entiende que la inamovilidad de los jueces, establecida por la Constitución, busca asegurar la independencia del Poder Judicial bajo el supuesto de que esa independencia es el elemento esencial de la jurisdicción, de que sin ella no se puede hablar de justicia, porque el juzgar se convertiría en instrumento de opresión y manipulación política. En este sentido, la inamovilidad no es un privilegio sino una garantía de la función judicial. Esta inamovilidad, que no debe aplicar a los actuales jueces, pues fueron designados por un período limitado, 147


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es incompatible con toda disposición reglamentaria o legislativa que pretenda limitar el tiempo indefinido en el servicio de los jueces o que busque establecer la ratificación o remoción de los jueces cada cierto tiempo por los legisladores, el Consejo Nacional de la Magistratura o la propia Suprema Corte de Justicia. La Finjus considera que fijar un periodo para los jueces o exigir su ratificación cada cierto tiempo, nos retrotraería al sistema de la inamovilidad relativa existente hasta la reforma constitucional de 1994, cuando estos eran designados por el Senado por 4 años y no podían ser removidos durante dicho periodo, salvo por razones disciplinarias, sistema que el constituyente del año 1994 cambió hacia uno de inamovilidad absoluta. El magistrado R. D. Nicholson, del tribunal supremo de Australia, refiriéndose en un «resumen de técnicas prácticas para asegurar la independencia judicial» a la cuestión de inamovilidad, afirma lo siguiente y que debe ser muy tomado en cuenta por quienes pretenden fijar un término a los jueces: «la existencia de permanencia de por vida para los oficiales jurídicos es esencial para una aplicación imparcial de la ley. Alexander Hamilton consideraba que nada puede contribuir tanto a la firmeza de la independencia –de la rama judicial– como la permanencia en el puesto… un ingrediente indispensable en su Constitución». –The Federalist núm. 78–. Esta inamovilidad absoluta no significa, sin embargo, perpetuidad en el cargo. La Constitución Dominicana señala dos causas de remoción de los jueces, que constituyen excepciones al principio de la inamovilidad. En primer lugar, la inamovilidad está sujeta al régimen de la carrera 148


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judicial y al régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces. En segundo lugar, un juez puede ser destituido por razones disciplinarias por la Suprema Corte de Justicia. Una vez designada una nueva Suprema Corte de Justicia, los demás jueces solo podrán ser designados por este tribunal tras la aprobación por el Congreso Nacional y promulgación por el Poder Ejecutivo de la ley de carrera judicial y el establecimiento de la escuela nacional de la magistratura. Se trata de un proceso progresivo, pues debe exigirse a la mayoría de los futuros jueces el requisito mínimo de haber aprobado los programas de capacitación teórica y práctica que dicte la Escuela Nacional de la Magistratura. La Finjus ha propuesto en su anteproyecto de ley de la judicatura que «los abogados de reconocida competencia de un ejercicio profesional de más de diez años, los profesores universitarios de alta calificación académica, autores de textos y monografías jurídicas y aquellos que hayan prestado servicio en la judicatura con eficiencia y rectitud, por más de cinco años, podrán ingresar a la carrera judicial en la categoría que determine la Suprema Corte de Justicia». Con esta disposición, junto a los jueces honestos y competentes de la actual judicatura la Suprema Corte podrá, mientras se forman recursos nuevos en la Escuela Nacional de la Magistratura, ir nombrando paulatinamente los jueces de los tribunales superiores –como es el caso de las cortes de apelación–, sin que se detenga la renovación del tren judicial. No debemos temer al proceso de reforma judicial y a la inamovilidad. No podemos tampoco esperar décadas para emprender esta reforma, pues lo que está en juego 149


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no solo es la convivencia democrática y los derechos de los dominicanos, sino el porvenir económico del país. Si el padrinazgo político en la designación de los jueces continúa cada cuatro años, afectados serán todos los usuarios de la justicia, independientemente de su nivel socioeconómico, pues repetimos, vivimos en el reino de la igualdad ante el abuso. La ley de carrera judicial establecerá los requisitos para ingresar en ella, las reglas de conducta de los jueces, las sanciones disciplinarias que le serán aplicables, el funcionamiento del escalafón judicial y la evaluación del trabajo. Mientras se aprueba esta ley, la nueva Suprema Corte de Justicia, tal como manda la Constitución, «ejercerá la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución, en la forma que determine la ley». REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA JUSTICIA Otra tarea que pienso debe abordarse a corto plazo es el rediseño y modernización del despacho judicial. No se justifica que nuestros jueces pasen la mayor parte de su tiempo disponiendo de cosas tan elementales como el material gastable, la localización del mobiliario, la coordinación de los servicios, la pintura de los edificios, la limpieza de las salas de audiencia y oficinas judiciales. El juez debe concentrarse en lo que es su función primordial: resolver conflictos, rendir justicia. La importancia de una asistencia administrativa capaz y eficiente en un sistema moderno de tribunales es casi pareja a la de tener jueces competentes. El sistema de tribunales modernos es especialmente dependiente 150


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del personal auxiliar –secretarias, mensajeros, etc.–, por el gran volumen de tareas administrativas. De ahí que el sistema judicial debe tener servicios administrativos para facilitar el desarrollo e implementación de normas de gestión, incluyendo calendario administrativo, selección y manejo de personal no judicial, presupuesto, manejo de servicios auxiliares, supervisión de las operaciones de los tribunales a través de records y estadísticas y planificación para necesidades futuras. Conscientes de esta realidad, la Finjus, con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinó la visita al país de un reconocido experto peruano en administración judicial, el doctor Grimaldo Guiptton Faccio, quien, a principios de febrero, estuvo en una jornada de dos días con jueces y representantes del ministerio público de todo el país, ilustrando acerca de la necesidad de rediseñar y modernizar la oficina judicial, lo cual implica la simplificación administrativa –para eliminar radicalmente la cultura del trámite y el uso de la informática judicial. He conversado con expertos internacionales en el tema y creo que es posible, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, la participación del sector privado y los organismos internacionales, iniciar un proceso de modernización administrativa tendente a descargar de trabajo a los jueces, eficientizar la administración de justicia, estandarizar los procesos y los trámites, considerar al justiciable como usuario y cliente de los tribunales y rendir justicia a tiempo. El país cuenta con los recursos humanos interdisciplinarios para emprender este plan y existen bancos privados de datos legales que permitirían 151


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emprender eficazmente la tarea. Propongo iniciar este plan en la ciudad de Santiago, comunidad cuya judicatura es reconocida de manera general como seria y capaz, y que pronto disfrutará de nuevas instalaciones físicas en el Palacio de Justicia que lleva por nombre el de ese preclaro y eminente jurista de tantos aportes al país, el licenciado Federico C. Álvarez L. LOS DEFENSORES PÚBLICOS Son miles los dominicanos y dominicanas que guardan prisión sin juicio, hacinados y en condiciones infrahumanas, transcurriendo hasta cinco años entre el momento de la detención y la fecha de condena y descargo. Esta situación se origina en gran parte por la falta de servicios legales para las personas de escasos recursos, lo costosa que resulta la defensa privada, la ineficacia de la institución del abogado de oficio y la falta de suficientes servicios de asistencia legal gratuita. Entre las pocas instituciones de asistencia jurídica que existen en nuestro país, se destaca la labor del proyecto de defensa pública, administrado por la Finjus y financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (AID). Con diez abogados, permanentemente capacitados, de dedicación exclusiva a la asistencia legal de reclusos, el proyecto ha atendido miles de casos, facilitando el acceso a la justicia de los pobres. Pero la defensa pública debe ser institucionalizada, pues los abogados de oficio están sobrecargados de trabajo y no cumplen con su función. De ahí que debe elaborarse y promulgarse una ley de defensa pública que 152


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generalice esta y sustituya la institución de los abogados de oficio. Los abogados de oficio que quisiesen incorporarse al estatuto del defensor público podrían hacerlo luego de cumplir con procedimientos de selección por concurso. Los defensores públicos dependerían del poder judicial, el cual cubriría los gastos de su personal y su funcionamiento. La defensa pública debería abarcar no solo la materia penal, sino, además, los demás asuntos que se presentan ante las jurisdicciones. OTRAS TAREAS IMPORTANTES Otra tarea vital es la que se refiere a la modificación de los códigos que rigen este sistema. Ya el Poder Ejecutivo ha dado un primer paso al crear cinco comisiones para la actualización, revisión y reforma de los códigos civil, penal, de comercio, de procedimiento civil y de procedimiento criminal, así como una súper comisión encargada de dar asesoramiento, de manera conjunta o individual a las anteriores comisiones. Estas comisiones trabajarán en coordinación con el comisionado para la reforma y modernización de la justicia, el cual, según el decreto presidencial que las crea, «da el apoyo administrativo, logístico y financiero que fuere necesario». Aunque el plazo para concluir sus trabajos es, a mi entender, demasiado largo –20 meses–, creo que estas comisiones, por la reconocida capacidad de quienes la conforman, podrán elaborar una codificación que, en caso de ser aprobadas por el Congreso Nacional, permitirán a la nación entrar al siglo XXI con una legislación adecuada a las nuevas realidades. 153


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Especial atención debe prestarse a la revisión del código de comercio, pues se trata de uno de los cuerpos legales más atrasados y donde hace falta incluir un nuevo estatuto de sociedades comerciales, instituir las sociedades unipersonales, crear un verdadero régimen de fiscalización de la gestión social mejorando el papel de nuestros comisarios de cuentas y regular ya los no tan nuevos instrumentos financieros –leasing, factoring, fideicomiso, etc.–. Hay trabajos anteriores que deben aprovecharse, como es el caso del anteproyecto de código de comercio preparado por un grupo de juristas eminentes y que fue publicado bajo los auspicios del Banco Popular Dominicano. UNA NUEVA LEY DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL Nuestra ley data de 1927 y hasta los abogados se pierden en la maraña de sus disposiciones, muchas contradictorias, otras llenas de lagunas que, unidas a las más recientes modificaciones, hacen de ella una verdadera madeja, ajena a la realidad judicial actual, que debe ser modificada. Ya hay un germen de reflexión serena, como lo demostró el «taller de reforma a la ley 821 sobre organización judicial en lo relativo al Distrito Nacional» auspiciado por la senadora Milagros Ortiz Bosch. ESTATUTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Uno de los signos más esperanzadores respecto a la reforma judicial, ha sido las iniciativas y acciones del fiscal del Distrito Nacional, doctor Guillermo Moreno, destinadas a implementar el mandato del código de procedimiento criminal en relación a las funciones y atributos 154


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de la Policía Judicial. Los representantes del Ministerio Público deberán acudir a los escenarios de las infracciones a reunir pruebas iniciales, residirán las querellas en los destacamentos policiales y en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con lo que se espera que la investigación y persecución de los infractores estén en manos del ministerio público, al tiempo que se mejora la instrumentación de los expedientes y se protegen los derechos del justiciable. Aunque es de esperar que estas iniciativas se extiendan al resto del país, pensamos que es imprescindible que se elabore y apruebe un estatuto del Ministerio Público que le otorgue independencia con relación al Poder Ejecutivo y asegure su carrera en el tren judicial, al tiempo que se cree una policía técnica judicial que permita a la Policía Nacional concentrarse en la preservación del orden público. Debe reflexionarse sobre el rol del juez de instrucción, de modo que este desaparezca o se integre efectivamente a la Policía Judicial. REFORMAS DEL RÉGIMEN LEGAL DE LA TIERRA Como expresé hace poco en un foro sobre propuestas para la reforma de la ley de tierras, es preciso reorganizar y automatizar los archivos y registros de los tribunales de tierras, del registro de títulos y del catastro nacional, para agilizar los procedimientos, y evitar que los ahorros de los dominicanos invertidos en propiedades inmobiliarias anden literalmente por los suelos, so pena de desaparecer por culpa del viento, la lluvia, el desorden y las maniobras dolosas de quienes viven del deterioro de nuestro sistema de tierras. Es preciso que el certificado de título, otrora 155


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inatacable, recupere su credibilidad, como evidencia de propiedad y como garantía para los acreedores. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Si los tribunales están congestionados de trabajo, si las jurisdicciones están ahogadas en asuntos menores, la alternativa más eficiente es acudir a métodos extrajudiciales de resolución de conflictos tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje. Ya existe un arbitraje ante las cámaras de comercio y producción del Distrito Nacional y Santiago, que es poco usado por la falta de promoción adecuada y por la preeminencia de una cultura del duelo judicial entre muchos de nuestros abogados. Sin embargo, es preciso expandir el arbitraje y la conciliación a otras materias, tales como la laboral y crear programas privados de mediación como los que tiene la organización mundial de abogados Lex Mundi. FORMACIÓN Y DISCIPLINA DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO Gran parte de los problemas de la justicia se debe a los abogados. Muchos abogados no entienden que, en tanto auxiliar del juez, el rol del abogado consiste en no engañarlo y torcer la justicia, sino en mostrarle de la manera más clara y completa que le sea posible, tanto los argumentos de hecho y de derecho que favorecen a su cliente, como las razones de su oposición a la parte contraria. Muchos más son de una deficiente formación universitaria y no hay peor corrupción que la ignorancia y no hay nada más osado que el ignorante. 156


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De ahí que se requiera que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) sea más estricto con las universidades que imparten la carrera de derecho, que establezca un pensum mínimo unificado de la carrera y se añadan materias esenciales en estos tiempos como el derecho de la propiedad intelectual, derecho económico internacional, derecho bursátil y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ética profesional debe ser una asignatura esencial en el nuevo pensum, lo cual combinado con una dinámica y estricta labor disciplinaria del colegio de abogados contribuiría, sin duda alguna, al saneamiento de la profesión jurídica. SITUACIÓN CARCELARIA Hay que realizar un inventario detallado de la infraestructura penitenciaria del país, levantar un censo de la población penitenciaria y desarrollar un plan de modernización del sistema que permita la rehabilitación y separación de los reclusos por sexo, edad y peligrosidad. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Dice Alexis de Tocqueville, en una obra que es un clásico que no pasa de moda, la Democracia en América, que el juez estadounidense tiene un enorme poder político que los jueces de otros lares no tienen. La razón: «los americanos han reconocido a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la Constitución, más que en las leyes». Un poder semejante, aunque más limitado, tiene el juez dominicano, quien, en virtud del artículo 46 de la Constitución, puede declarar inconstitucional una ley o 157


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un acto de los poderes públicos. Este poder no ha sido ejercido por nuestros jueces y creo, sin ser abogado, que ello se debe a un gran desconocimiento del control de la constitucionalidad, tanto del sistema tradicional –por vía de excepción ante cualquier tribunal– como del creado por la reforma de 1994 –por vía directa ante la Suprema Corte de Justicia–, al hecho de que la propia Suprema Corte de Justicia ha limitado ambos sistemas, al restringir el control concentrado de la constitucionalidad a las leyes del Congreso Nacional, a la adopción del concepto civilista de «parte interesada» que excluye las acciones populares o colectivas en inconstitucionalidad, y al rechazo en más de un 90% los recursos de inconstitucionalidad procedentes de los demás tribunales, como reveló recientemente la prensa. Pienso que el control de la constitucionalidad permite que el derecho avance y se adecúe a la realidad social frente a la inercia o desidia del legislador, al tiempo que es el garante ideal de las libertades y derechos fundamentales. En este sentido, lo único deseable, desde el punto de vista legislativo, es que se regule la acción en inconstitucionalidad establecida en el artículo 67 de la Constitución y que se dicte la ley de amparo, que regule un recurso de protección a los derechos humanos establecido por convenciones internacionales ratificadas por el país y de carácter constitucional en virtud de los artículos 3 y 10 de la Constitución. Como medida protectora adicional de los derechos, debiera consagrarse por ley un ombudsman o «defensor del pueblo», funcionario que tiene por encargo supervisar el funcionamiento de la administración del Estado y defender los derechos de los ciudadanos frente a 158


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este. La reforma del procedimiento penal debe contemplar estos derechos sin lo cual no es posible una estructuración democrática del poder judicial. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A los dominicanos nos fascina legislar y crear ambiciosos cuerpos de leyes que permanecen abandonados en las bibliotecas. Estas leyes podrán ser malas, inadecuadas, deficientes, pero son nuestras leyes; otras son leyes beneficiosas y positivas como la reciente legislación que protege a la mujer contra la violencia doméstica y el acoso sexual. En un país donde todas las encuestas revelan la preeminencia de una cultura política autoritaria, resulta esencial divulgar estas leyes, conjuntamente con el bloque constitucional de derechos fundamentales, tanto dentro de la profesión jurídica y la judicatura, como dentro del resto de la comunidad si no se conocen los derechos, los ciudadanos no pueden ejercerlos a conciencia y a plenitud. Es por ello que la Finjus hará este año grandes esfuerzos en este sentido, a través de una serie de publicaciones y de un seminario sobre «proceso penal y derechos del justiciable», el cual tendrá lugar los días 4 y 5 de abril en la ciudad de Santiago, con la asistencia de expositores nacionales y extranjeros, actividad dirigida fundamentalmente a jueces, abogados y estudiantes de derecho. CONCLUSIÓN Los dominicanos nos desesperamos ante lo que consideramos que es un proceso de reforma judicial estancado. 159


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Estamos cansados de seminarios, programas de televisión, anteproyectos de leyes, entrevistas radiales y discursos, donde se insiste en la necesidad de la reforma y sentimos que no se logra nada, que no avanzamos, que es siempre la misma historia, el eterno retorno de los mismos problemas y la propuesta de las mismas soluciones en un interminable circulo vicioso. Sin embargo, si adoptamos cierto sentido de perspectiva, vemos que el diagnóstico de nuestros problemas es común a otras naciones latinoamericanas y que en esos países muchas de las soluciones han tomado años. Es más, incluso países tan avanzados como Inglaterra, desde hace 30 años, tratan de dotarse de una constitución escrita, de un sistema electoral que permita subsistir a los partidos minoritarios y de un régimen de libertades que impida que el parlamento elimine libertades como ocurrió recientemente con el derecho a la no autoincriminación, abolido en Inglaterra pero vigente, sin embargo, en República Dominicana. No quiero comparar al país con la nación británica pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que no pienso que nuestra Constitución es meramente semántica, un simple pedazo de papel. Tanta vigencia y valor tiene nuestra carta sustantiva que cuantas veces aspiramos un cambio fundamental queremos plasmarlo en el texto constitucional. Una vez plasmada esa reforma, es difícil pasarle por encima, como evidencia la prohibición de la reelección presidencial introducida en 1994. Quiero destacar que la solución de los males que aquejan nuestro sistema judicial no es tarea del Gobierno del país si entendemos como lo hacemos tantas veces que 160


Justicia, democracia y desarrollo: nuestro reto

gobierno es solo el Poder Ejecutivo. No, señoras y señores, la tarea de sanear nuestra justicia la comparten el Poder Legislativo y sobre todo el propio Poder Judicial, y desde luego es también tarea de los empresarios, profesionales, empleados, obreros, religiosos y todos los demás sectores de lo que están llamando: la sociedad civil. Es mucho lo que falta por lograr, son demasiadas las tareas que emprender, son muchos los mitos que hay que despejar, entre ellos, la creencia de que la elaboración de una ley soluciona per se el problema que se quiere enfrentar. No es dable esperar que la reforma sea impulsada por una mesiánica voluntad política, si no hay una ciudadanía consciente de sus derechos y prerrogativas que demande y exija justicia, que no espere los cambios del poder sino que los arrebate al poder. Que esté consciente de que la función jurisdiccional es determinante en la construcción de la democracia y en la consolidación del desarrollo, que estos cambios no son un milagro providencial, sino que son el producto de los esfuerzos y tiempo de todos. En eso consiste precisamente el reto de los dominicanos y de la Finjus: en consolidar la democracia y el desarrollo a través de la justicia. Muchas gracias.

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La institucionalidad en una economía de mercado

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eñoras y señores. Hace algunos años hablar de la «importancia de la institucionalidad en una economía de mercado», era algo poco común para los economistas de entonces y para el común de la gente, la economía se regía por pocas leyes, como la ley de la oferta y la demanda, y la ley de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Las leyes que procuraban a juristas y legisladores, sin embargo, tenían poca relevancia para el mundo de los negocios, según esta estrecha visión económica. Los fracasos institucionales como explicación del bajo rendimiento económico eran generalmente ignorados y se daba por supuesto que las instituciones funcionaban bien. Llama la atención esta indiferencia con respecto al impacto del entorno institucional en la actividad económica y empresarial, pues el propio Adam Smith, fundador de la economía política, señalaba en un

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onferencia ofrecida en el «Segundo Seminario Competitividad Dominicana en el siglo XXI, Ordenamiento del Comercio Global», celebrado en el Hotel V Centenario Intercontinental, el 21 de abril de 1998.

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párrafo clásico de su obra principal que «el comercio y la industria rara vez florecen durante mucho tiempo en un estado que no disfruta de una administración regular de justicia, donde el pueblo no se siente seguro de la posesión de sus propiedades, donde el cumplimiento de los contratos no está amparado por la ley (…) en suma, el comercio y la industria no pueden progresar en ningún estado donde haya un cierto grado de confianza en la justicia». Hoy, por fin, se reconoce que la existencia de un sistema jurídico transparente, estable y confiable, de un gobierno capaz de elaborar e imponer el respeto a la ley, así como de definir reglas de juego claras de manera consistente, es un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento de una economía de mercado y para el fomento del crecimiento económico. Hoy se sabe que sin un sistema judicial confiable, ágil y eficaz que elimine la discrecionalidad y garantice la certeza y la protección de los derechos de todos, los empresarios no pueden predecir el entorno en el cual deben desarrollar sus actividades, y no es posible el desarrollo sostenido y sostenible de una nación. La seguridad jurídica contribuye a reducir el riesgo de las inversiones y, en consecuencia, fomenta la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico. La falta de seguridad jurídica aumenta la incertidumbre del ambiente en el que operan las empresas y, por tanto, obliga a los inversionistas a exigir mejores condiciones y mayores tasas de rentabilidad como una manera de compensar las eventuales pérdidas que podrían generar el cambio imprevisto y brusco de las reglas de juego. 164


La institucionalidad en una economía de mercado

Los factores que contribuyen a configurar el grado de certidumbre institucional y de seguridad jurídica son la estabilidad del marco legal e institucional así como el nivel de respeto de la ley y los contratos. La posibilidad de cambiar el régimen legal después de efectuadas las inversiones, evidencia la falta de seguridad jurídica. Del mismo modo, marcos regulatorios imprecisos, donde no se definen claramente los derechos de las partes reguladas, dejan abierta la puerta a la arbitrariedad y a la discrecionalidad, atentando contra la debida estabilidad legal. La intromisión del poder político en el Poder Judicial vulnera la adecuada predecibilidad de los derechos económicos teóricamente garantizados por las leyes y los contratos. De la misma manera las modificaciones inconsultas de los derechos patrimoniales, o la irresponsabilidad de las personas que incumplan sus obligaciones contractuales, o la constante violación de las leyes frente a la indiferencia estatal, afectan el clima de los negocios y el desarrollo de las instituciones. Por instituciones entendemos el conjunto de reglas que gobiernan las relaciones de conducta entre individuos y grupos de individuos. Las instituciones facilitan la interacción entre las personas al permitir que estas se formen expectativas razonables en sus relaciones entre ellas. Las instituciones pueden ser formales, incorporadas en leyes u organizaciones, pero pueden también ser informales como aquellas que resultan de los usos y costumbres de una comunidad o de un sector social. En todo caso, el Estado es el centro de todo escenario institucional, en la medida en que este emerge como árbitro indispensable de las relaciones contractuales entre particulares. 165


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LA INCERTIDUMBRE INSTITUCIONAL La incertidumbre institucional, es decir, los riesgos institucionales provocados por el mal funcionamiento de las instituciones, actúa como un peso muerto en la economía, que reduce la inversión y limita la eventual ampliación de los efectos de la misma. Entre estos riesgos institucionales podemos mencionar: el anacronismo o inadecuación de las regulaciones, la ilimitada discrecionalidad del Gobierno para cambiar las regulaciones, la falta de tribunales que protejan a los particulares contra los riesgos de expropiación o de limitación arbitraria de los derechos de propiedad, la impredecibilidad y poca accesibilidad de los jueces, la corrupción de los funcionarios públicos. Estos riesgos institucionales se diferencian de los riesgos económicos que enfrentan diariamente los empresarios. Los riesgos económicos respecto a los precios futuros, los costos, los gustos, las tecnologías, son en gran medida ponderables y explican en gran medida la superioridad de las economías de mercado sobre las economías planificadas. Los riesgos institucionales son, por el contrario, absolutamente sorpresivos e impredecibles. Y lo que es peor, la incertidumbre institucional no afecta a todos por igual pues las grandes empresas que forman parte de la «superestructura del poder» son más resistentes a los riesgos institucionales que las pequeñas empresas. Como bien expresa el especialista Ítalo Muñoz, «a diferencia de otros riesgos implícitos en una inversión, los riesgos de modificación de las reglas de juego son más difíciles de cuantificar actuarialmente y, por lo tanto, las empresas de seguros han sido tradicionalmente menos propensas a asegurarlos. En la práctica, solo existe la 166


La institucionalidad en una economía de mercado

posibilidad de asegurar algunos de estos riesgos, como es el caso de los riesgos frente a nacionalizaciones, riesgos de guerra o controles de cambios. El elevado valor de las primas que se debe pagar por estos seguros, sobre todo en el caso de los países con tradición de inestabilidad política, reduce, además, el espectro de inversionistas que están en capacidad de protegerse a través de este tipo de coberturas. Es posible que con la globalización del intercambio económico, el mercado de estos seguros se desarrolle. Sin embargo, la falta de cobertura de la mayor parte de los riesgos políticos/institucionales así como los costos de transacción involucrados en la contratación de estos seguros, son razones suficientes para prever que este factor continuará jugando un rol importante entre los factores para promover la inversión». SEGURIDAD JURÍDICA E INVERSIÓN EXTRANJERA En una economía internacional crecientemente integrada, la certidumbre institucional es vital en la definición de un clima atractivo a la inversión extranjera. La inseguridad e inestabilidad jurídicas perjudican más a quienes menos conocen las costumbres y las leyes de un país determinado y son, en consecuencia, menos hábiles para evaluar estos riesgos institucionales. Es por ello que muchos países en desarrollo ofrecen como aliciente a la inversión extranjera convenios de estabilidad jurídica para que el marco legal que rija sea el mismo en todo momento que el que existía al momento de realizarse las inversiones. Esto es precisamente lo que garantiza el artículo 47 de la Constitución, el cual establece que los 167


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poderes públicos no podrán afectar derechos nacidos al amparo de una legislación o situación jurídica anterior. Las desigualdades en el acceso a la justicia entre nacionales y extranjeros, como las que genera la exigencia de una fianza al extranjero demandante, afectan nociva y perversamente el clima institucional de la inversión extranjera en nuestro país. CERTIDUMBRE INSTITUCIONAL Y REFORMAS ECONÓMICAS No hay dudas de que la reducción del rol del Estado en las economías contribuye a reducir los niveles de incertidumbre institucional. Ahora bien, una economía de mercado requiere un marco regulatorio general que propicie las actividades económicas y defina los derechos de los agentes económicos. Una buena reforma económica implica la desaparición de los privilegios y los subsidios concedidos discrecionalmente por el Estado, con todas las distorsiones que estos acarrean, pues en una economía de mercado las empresas deben sobrevivir en un ambiente de libre competencia y de sana transparencia. Actividades económicas como la electricidad, las telecomunicaciones, el suministro de agua, por sus características específicas y por ser actividades no transables internacionalmente, requieren de un marco legislativo y regulatorio especial. La libre competencia así como el acceso a los mercados deben ser garantizados. Ciertas normas prudenciales aplicadas de modo no discrecional son necesarias, además, para evitar los riesgos y las crisis usuales en los sectores que operan con recursos captados del público. 168


La institucionalidad en una economía de mercado

Los gobiernos deben, sin embargo, tratar de evitar la sobrerregulación y la excesiva discrecionalidad en la aplicación de los marcos regulatorios, pues de lo contrario aumentan la inestabilidad de las reglas de juego y la inseguridad jurídica, lo cual provoca trabas a la inversión y a la libre competencia. Hay que evitar, además, de que los entes regulatorios caigan en manos de intereses ajenos a los consumidores o a los sujetos regulados. Reglas claras y objetivas son un millón de veces preferibles a reglas complejas aplicadas discrecional y arbitrariamente. INFLACIÓN LEGISLATIVA Entre las manifestaciones más perversas de la incertidumbre institucional se encuentra la enorme profusión de leyes imperfectas del Congreso Nacional, reglamentos del Poder Ejecutivo y regulaciones de entidades dependientes y autónomas de la rama ejecutiva. En la actualidad, nadie sabe con exactitud cuales leyes están vigentes y cuales están derogadas. Muchas leyes han quedado derogadas en la práctica por el desuso, aunque es incierto en qué momento serán descubiertas por una autoridad que deseara aplicarlas draconianamente para

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a se ha dicho… la protección del derecho de la propiedad privada, conjuntamente con el principio de la libertad contractual, es el pilar básico de toda economía de mercado.

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enfrentar a quienes se considera enemigos del régimen o de la administración. La superposición de normas, la abrupta derogación de otras, la vaguedad y ambigüedad de muchas de las disposiciones, la existencia de disposiciones secretas que solo son conocidas por las autoridades, genera un ambiente de incertidumbre en donde nadie sabe cuáles son las reglas de juego, cómo serán aplicadas y en qué momento serán derogadas y sustituidas por otras. La inflación legislativa, acompañada de la clandestinidad de muchas disposiciones legales, afecta el principio básico de la publicidad de la democracia y de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. DERECHO E INFLACIÓN La estabilidad de la moneda como común denominador de las transacciones es clave para la previsibilidad del derecho, para la certidumbre institucional. La Constitución establece la paridad del peso y del dólar, a pesar de que la realidad ha sobrepasado este mito constitucional. La indexación es el mecanismo que los particulares han utilizado como manera de protegerse contractual y libremente de las fluctuaciones de la moneda nacional. Sin embargo, se han dado casos en los que tribunales han declarado nulos acuerdos de indexación sobre la base de que son violatorios del orden público. Si esta tendencia jurisprudencial continúa y no se hace un esfuerzo por interpretar realísticamente las normas jurídicas, reconociendo judicialmente que lo importante no es el valor nominal de la transacción, sino su valor económico real, las relaciones entre acreedores y deudores serán inestables e 170


La institucionalidad en una economía de mercado

inciertas, los contratos no podrán cumplirse y, consecuentemente, el acceso al crédito se dificultará en la medida en que nadie prestará en moneda extranjera o dura para enriquecer injustamente al deudor a costa del el empobrecimiento del acreedor. Análoga situación enfrentan los acreedores que no están autorizados a cobrar comisiones por encima del interés legal del 1%, y cuyos créditos están amenazados por una eventual anulación por usura, no obstante los principios de que las convenciones son pactadas de buena fe y de que nadie puede prevalecerse de su propia falta. LA CRISIS DE LA PROPIEDAD La protección del derecho de la propiedad privada, conjuntamente con el principio de la libertad contractual, es el pilar básico de toda economía de mercado. Ya lo ha dicho Robert Sherwood: «El sentido común nos dice que si la propiedad privada no puede defenderse eficazmente en los tribunales, se producirá una renuencia hacia la adquisición de propiedad que, es por otra parte, vulnerable ante las perdidas. Por ejemplo, si los tribunales no defienden efectivamente a los propietarios contra la invasión de sus tierras, a los propietarios se les coloca ante la disyuntiva de emplear métodos no judiciales para defenderse contra las invasiones. Si las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, las patentes y las marcas registradas no pueden ser detenidas rápidamente por los tribunales, pocos invertirán con ilusión en la creación, adquisición y explotación de la propiedad intelectual, y esto reduce la base tecnológica de la economía». 171


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Todos estamos al tanto de que el registro de la propiedad inmobiliaria está en crisis. Múltiples son los fraudes durante el proceso de saneamiento y titulación de los inmuebles, a tal punto que miles de certificados de título no son más que simples pedazos de papel que no representan nada. Esto trae como consecuencia que nadie está seguro de su propiedad por lo que muchos no se atreven a invertir en inmuebles. Por otro lado, el acceso al crédito hipotecario se dificulta y se encarece en la medida en que la garantía inmobiliaria, supuestamente la más segura de las garantías, ha devenido la más sospechosa y la más insegura. La lentitud y carestía de la titulación desalienta a miles de pequeños propietarios de obtener sus títulos, lo cual les impide acceder al crédito inmobiliario o les obliga a adquirir la propiedad al margen de la ley. PRIVATIZACIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA Los expertos insisten en que los gobiernos que ponen en venta las empresas estatales, deben evitar que la privatización se produzca mediante operaciones grado a grado con grupos particulares. Así se aumenta la legitimidad del proceso de privatización y se atrae la participación de grupos empresariales serios, que no hubiesen participado si se requieren niveles de influencia política o la disposición de entrar en «arreglos» con determinados funcionarios públicos. Para ejecutar la privatización deben existir reglas claras y transparentes que normen el proceso de privatización y determinen objetivamente los licitadores y los ganadores. Si hay una irrazonable discrecionalidad por parte de 172


La institucionalidad en una economía de mercado

quienes determinan los resultados de las licitaciones, se generan suspicacias entre los perdedores y se oscurece la percepción del público en torno al programa de privatizaciones y se vuelve insegura la propiedad de quienes adquieren los activos estatales. LA CULTURA DEL TRÁMITE Quien se acerca a una oficina del Estado a realizar cualquier diligencia o a obtener cualquier documentación, sabe que le esperan filas interminables, oficinas cerradas antes de la hora de cierre, empleados que creen dispensar un favor al usuario de los servicios públicos que se les acerca solicitando una información, decenas de sellos y formularios que configuran una madeja de trámites que asustan y desesperan al más paciente de los mortales. Vivimos en una cultura del trámite que fomenta la corrupción y el desvirtuamiento del proceso burocrático por la prevalencia de los llamados «tributarios», que cobran por prestar servicios que, principio, debieran ser gratuitos. Todavía no se ha medido el costo de esta cultura del trámite, pero, sin duda alguna, la misma genera gastos que encarecen notablemente las transacciones privadas y las operaciones de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas. CORRUPCIÓN E INSTITUCIONALIDAD Durante mucho tiempo se pensó que la corrupción no afectaba el desarrollo económico de las naciones y que, muy por el contrario, podía ser un efecto natural y deseable de la transición de economías menos desarrolladas a economías desarrolladas. Hoy se admite, sin embargo, que 173


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la corrupción pública tiene costos que afectan notablemente el desarrollo, lo cual ha sido tema en el día de ayer de una interesante y profunda exposición por uno de los participantes en este seminario. Para evaluar los costos de la corrupción, solo hay que observar sus efectos en el sistema judicial. En lo inmediato, la corrupción genera beneficios para el usuario de los servicios judiciales que está dispuesto y puede pagar el soborno. Pero los usuarios que no pueden o no están dispuestos a pagar sobornos, quedan excluidos por pretender recibir lo que constitucionalmente es gratuito, la justicia, pero que la corrupción transforma en un bien privado sujeto a un precio incierto. La corrupción impacta negativamente el entorno macrosocial, y por sus costos sociales y económicos la lucha contra la corrupción es vital para el desarrollo de una nación. para enfrentar la corrupción, hay que tener en cuenta que el peculado, la malversación de fondos, el lavado de dinero, el fraude, la evasión tributaria, el tráfico de influencias, el soborno, son todos síntomas de una enfermedad: el mal funcionamiento de las instituciones. La corrupción es la fiebre. La incertidumbre y el descalabro institucional la enfermedad de la cual esa fiebre solo es síntoma. De manera que combatir la corrupción requiere lograr un clima de adecuada seguridad jurídica y de certidumbre institucional que elimine la excesiva discrecionalidad gubernamental y la cultura del trámite que crean los resquicios necesarios para que la corrupción devenga en un mal sistémico y sistemático. La reducción del rol del Estado, en principio, disminuye la corrupción, pero si en una economía de mercado 174


La institucionalidad en una economía de mercado

no hay transparencia, no hay rendición de cuentas por los funcionarios públicos, no hay acceso por la ciudadanía a la información del Estado y no hay tribunales independientes que sancionen a quienes violan y subvierten la ley, este mal no desaparecerá. LOS COSTOS DE UNA JUSTICIA DEPENDIENTE, LENTA E INEFICIENTE Donde son más dramáticos los efectos de la incertidumbre institucional es en el terreno del impacto del sistema judicial sobre la economía y los negocios. Aquí los efectos más nocivos son los siguientes: a. La justicia es tan lenta que muchos prefieren resolver sus conflictos al margen de las instancias jurisdiccionales y a través de mecanismos extrajudiciales que, a pesar de no estar reconocidos legalmente, tienen una gran eficacia personal. Esto es lo que explica por qué los conflictos civiles y comerciales han sido penalizados y, a pesar de que no existe prisión por deuda, los procesos de cobros entre particulares han devenido en procesos por estafa o por abuso de confianza. El ciudadano común tiene más confianza en los autoritarios, ilegales, pero rápidos y eficientes mecanismos policiales, que en la majestad de la justicia, para entes organizados conforme las leyes y sujetos a una gran regulación y fiscalización estatal, tales métodos resultan inapropiados. b. Roberto Mac Lean ha señalado que «es notoria, en la mayor parte de los jueces en países en desarrollo, la carencia de un entrenamiento que les permita recibir las proyecciones económicas, sociales y políticas de muchas decisiones que pronuncian con relación a la propiedad y 175


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los contratos». En este sentido, hay que resaltar que los jueces en los países de reciente tradición civilista, como es el caso de la República Dominicana, son menos propensos a evaluar los costos y beneficios económicos de sus decisiones. Esta situación se manifiesta de manera acuciante en el terreno de las relaciones entre empleadores y empleados, donde la aplicación inconsistente de una legislación laboral eminentemente protectora del trabajador «ha producido un retraimiento en la oferta oficial de empleo y la aparición de un mercado sustituto informal que daña el prestigio del sistema legal de justicia, y no mejora la condición del trabajador». En este sentido, cabe preguntarse la racionalidad económica del artículo 539 del Código de Trabajo que vulnera, sin duda alguna, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ejercer los recursos y la igualdad de todos ante la ley y los tribunales. c. Cuando los tribunales funcionan deficiente e ineficientemente, el sector privado recurre a prácticas contractuales poco eficaces. De ahí que los vendedores se verán tentados a limitar las cantidades que están dispuestos a vender a crédito como una manera de minimizar los riesgos que involucran las dificultades en la recuperación del crédito. Ello conlleva a que sufran las economías de escala, pudiendo quedar confinada la contratación a estrechos círculos sociales o familiares, haciendo más difícil la entrada de extraños a los negocios. Ocurre así la represión de la división del trabajo, que es la base de las economías modernas eficientes. Las compañías tenderán a ser más grandes porque sus propietarios desearán poder producir verticalmente todos 176


La institucionalidad en una economía de mercado

los componentes que necesitan, en lugar de proveerse mediante suplidores externos. CONCLUSIÓN Finalmente, quisiera enfatizar que no podrá crearse un ambiente de institucionalidad y seguridad jurídica si no contamos con jueces independientes, probos y eficientes. Es una judicatura independiente de los poderes políticos y económicos la que al fin de cuentas garantiza los derechos económicos y patrimoniales de todos, la que anula los actos inconstitucionales de los poderes públicos que vulneran la estabilidad jurídica de los negocios y la que sanciona a los malos funcionarios que cometen atropellos contra los derechos de los inversionistas y de los ciudadanos. Es por ello que la reforma judicial atañe no solo a los abogados, a los jueces y a los legisladores, sino que concierne a todos los que han apostado en la República Dominicana y en el mundo entero por la existencia de una economía de mercado que fomente la libre iniciativa y la libre competencia, que fomente, en fin, el derecho de todos a procurar la felicidad y la prosperidad por nuestros medios y según nuestras capacidades y talentos. La justicia y la institucionalidad son, a fin de cuentas, un negocio de todos los ciudadanos. Para concluir, permítanme repetirles la frase de Adam Smith que cité al comenzar esta conferencia: «el comercio y la industria rara vez florecen durante mucho tiempo en un estado que no disfruta de una administración regular de la justicia, donde el pueblo no se siente seguro de la posesión de sus propiedades, donde el cumplimiento de 177


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los contratos no está amparado por la ley (…) en suma, el comercio y la industria no pueden progresar en ningún Estado donde no haya un cierto grado de confianza en la justicia». Muchas gracias a todos por su atención.

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La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

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e venido a la Cámara Americana de Comercio a hablarles sobre la reforma financiera. Agradezco, sinceramente, esta invitación que sus directivos tuvieron a bien hacerme hace unos dos meses, en momentos que no esperábamos que este tema se convirtiera en un foco de preocupación nacional. Todos ustedes conocen que la Junta Monetaria del Banco Central adoptó, el pasado 2 de abril, un conjunto de medidas para establecer un esquema operacional e institucional diferente al de las actuales leyes que regulan el sistema bancario nacional. Estas medidas han producido un amplio debate que ha alcanzado el centro de la atención pública, demostrando que el tema trasciende las fronteras del sector financiero. No es para menos. Este sector involucra importantes dimensiones humanas, como son los depositantes, y contiene una dimensión política de alta importancia, como es el destino del ahorro nacional. Como se comprenderá, este es un asunto que puede afectar la confianza y expectativas de toda la población y cambiar el curso financiero del país. Por esa razón, al comparecer ante ustedes hoy lo hago convencido de que estoy rindiendo un servicio al país y no, como se podría pensar, defendiendo intereses particulares. 179


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Creo que mis casi treinta años de labores en la banca me facultan para opinar sobre el sector financiero, pero más que eso me impulsa a hacerlo mi condición de ciudadano dominicano que aspira a ver a nuestro país avanzando hacia la modernización y el progreso, dentro de un marco de estabilidad. Quiero dejar claramente establecido que creo firmemente en la necesidad de reformar nuestra economía y, por ende, el sector financiero. Ahora bien, aunque esta reforma es necesaria, ello no significa que debamos adoptar nuevas regulaciones sin antes examinar su factibilidad y alcances. ¿Cuál sería, pues, la reforma idónea? Sería ingenuo de mi parte, y faltaría a la más elemental norma de cortesía con ustedes, si afirmara que en una materia tan compleja como la bancaria existen verdades absolutas o fórmulas mágicas para resolver todos los problemas. Las constantes disyuntivas que enfrentamos diariamente no siempre nos ofrecen opciones cuyas ventajas sean decididamente más favorables que otras. Por esa razón, aún a sabiendas de que las autoridades monetarias han seleccionado la alternativa de la banca de servicios múltiples, me gustaría analizar dos interrogantes cuyas respuestas, a mi juicio, pueden sugerir posibles soluciones viables. Estas interrogantes son: ¿Por qué es necesaria la reforma del sector financiero? y ¿Qué cosas podemos esperar de ese proceso? Resueltas esas preguntas, podríamos evaluar si estamos en el camino correcto. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA REFORMA FINANCIERA? La respuesta más socorrida, o al menos la más común en estos días, ha sido decir que es preciso preparar al 180


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

sistema financiero del país para enfrentar con éxito los retos que implicará el proceso de globalización de la economía mundial, y la creciente interdependencia con que comienzan a operar las economías de los países que nos rodean. El caso del acuerdo comercial entre México, los Estados Unidos y el Canadá es un simple ejemplo de ese proceso. Se trata, pues, de liberalizar al sistema financiero, eliminando la intervención estatal que normalmente se manifiesta a través del crédito dirigido, los topes a las tasas de interés y los tipos de cambio, para sólo citar tres aspectos. De esa forma, los intermediarios financieros actuarían sobre la base de decisiones libres y voluntarias conforme a las pautas que trace el mercado, bajo la regulación de las autoridades monetarias. Esta argumentación es válida si observamos que la economía dominicana transita en medio de un proceso de reforma que, a la corta o a la larga, involucrará a su sector financiero. De hecho, el nuevo Código Tributario, recientemente promulgado por el Poder Ejecutivo, al eliminar los incentivos fiscales otorgados a la banca de desarrollo y a la banca hipotecaria, ha tocado una parte esencial del sector financiero, reformándolo tanto de hecho como de derecho. Otro argumento, no menos importante, reconoce que la actual legislación fue concebida para una economía caracterizada por la estabilidad de los precios, en la cual la banca debía cumplir funciones especializadas. Este argumento dice que en tiempos de inflación y desequilibrios macroeconómicos la banca múltiple es un instrumento más flexible para enfrentar los retos del desarrollo. En efecto, 181


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vimos cómo en el pasado trienio 1989,1991, el fenómeno de la inflación, al afectar el valor real de las captaciones de los bancos, contrajo en términos reales tanto la importancia relativa del sector bancario como sus resultados operacionales y sus índices de rentabilidad. Más graves aún fueron las crisis bancarias de iliquidez que se tradujeron en una costosa crisis de confianza para la banca, y que mostraron grandes debilidades en el sistema. Mucho se ha hablado de este tema, pero sin dudas la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión, y la falta de autonomía en las autoridades encargadas de aplicarlas constituyen, a mi juicio, el verdadero Talón de Aquiles del sistema financiero nacional. Este aspecto adquiere mayor relevancia si se considera la alta segmentación del sector y su atomización exagerada. Esta variedad de actores en el mercado financiero se originó por una circunstancia que debe ser enfrentada en la reforma: el control estatal de las tasas de interés y, en general, el exceso de regulaciones complejas e inaplicables, difíciles de administrar y que se reflejan en un alto costo operacional, así como en limitaciones indeseables en la ventanilla de negocios de los bancos comerciales. La existencia de estas limitaciones, y su percepción por parte de los principales bancos del país, devino en la formación de otro tipo de entidad: los grupos financieros. Bajo la sombrilla de las tenedoras de acciones o holding companies se desarrollaron importantes estructuras de servicios financieros que permitieron alcanzar economías de escalas, la diversificación de riesgos 182


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

y la internacionalización de sus operaciones. Fue esta la experiencia más similar a la multibanca, pero con la diferencia de que la misma fue propiciada por el mercado y, como tal, debería ser incorporada en la reforma propuesta, si es que aspiramos a que la misma sea una expresión del libre juego de las fuerzas del mercado. Un último argumento para justificar la necesidad de la reforma viene dado por la estructura actual de servicios de la economía dominicana. En efecto, durante los últimos años, nuestra economía se ha ido apoyando cada vez más en las actividades de servicios: principalmente zonas francas, turismo y remesas de los dominicanos en el exterior, en lugar de los sectores agropecuario e industrial. Esto ha ocurrido a contrapelo de los esquemas de desarrollo convencionales, en donde la actividad productiva primaria precede la transformación industrial y ambas, a su vez, a la de servicios. Es obvio que esto ha producido beneficios sectoriales apreciables pero no es menos cierto que podría generar distorsiones importantes. Si el Estado mantiene una actividad importante como inversionista en bienes no reproductivos, la oferta interna sería incapaz de atender la demanda de bienes, y ello se traduciría en patrones de consumo de bienes importados que no se compadecen con nuestro nivel de desarrollo como nación. Hay signos evidentes de que este proceso está ocurriendo actualmente. Sin entrar en valoraciones de fondo, es oportuno advertir que una profundización de este proceso podría traer nuevos episodios de inflación y reducción de la producción, si no estuviera respaldado por un aumento de la producción interna. 183


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Esto traería, en consecuencia, nuevas caídas en las tasas de ahorro e inversión y limitaría la capacidad de la banca para financiar el desarrollo del país. Este riesgo justifica claramente que a la banca se le dote de fronteras de acción más flexibles, que le permitan competir con la oferta internacional de servicios financieros. Como se puede apreciar, la situación institucional actual de la banca y de la economía dominicana no deja espacio para dudar acerca de la necesidad de reformar su marco legal operacional. Ahora bien, es oportuno advertir que el escenario que presenta el sector bancario es a todas luces poco favorable para asimilar cambios propuestos a menos que no sea gradualmente o por etapas. Esto es así porque, en adición a las necesarias adecuaciones legales que debe contemplar la reforma, se deben considerar también otros factores que atañen a la realidad financiera de los bancos. Recordemos que el proceso inflacionario, que por más de tres años afectó a la nación, tuvo en el sector financiero un impacto doble: incrementó los costos operacionales y redujo su rentabilidad relativa. Esa situación planteó la necesidad de que los bancos iniciaran un proceso de capitalización en magnitudes adecuadas al aumento de sus activos. Esto se expresó en la ampliación de la cartera de crédito, en nuevos requerimientos de infraestructura física y equipos, en nuevas gestiones de mercadeo y, en general, en gastos operacionales cada día mayores. Sin embargo, ese proceso de capitalización se vio interrumpido por la ocurrencia de eventos coyunturales, tales como la desconfianza de los inversionistas en los 184


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

bancos, debido a la citada crisis bancaria. En otros casos, hubo personas que prefirieron instrumentos no accionarios de captación más atractivos que ofrecían mayor rentabilidad, más liquidez, menos riesgos y menor o ningún costo fiscal. Eso determinó una reducción del nivel patrimonial relativo en muchos bancos, al tiempo que produjo en otros una capitalización deficiente debido a la práctica de algunos intermediarios de captar capital a través de las llamadas acciones preferidas pero sin derecho al voto. A los bajos niveles de patrimonio y rentabilidad, y altos costos operacionales, se le sumó, en algunos casos, un reducido índice de provisión de reservas para deudas de cobro dudoso. Esto se originó en deficiencias de administración y no clasificación de la cartera de préstamos por ausencia de supervisión, así como en el tratamiento fiscal que se aplica a las reservas, las cuales, como ustedes saben, no son consideradas en su totalidad como un gasto deducible para los fines del impuesto sobre la renta. A propósito de ese tema, quiero referirme también a otro aspecto de costo que debe ser considerado en la propuesta reforma financiera. Me refiero a la existencia de la ley de patentes que grava los activos productivos de los bancos e introduce una importante distorsión en la determinación de los costos financieros, y el llamado margen de intermediación. La irracionalidad de ese impuesto trasciende el elemento de costos. Se trata de un gravamen aplicado a flujos financieros y no a resultados, lo que introduce el espectro de la doble tributación. Asumiendo que la reforma financiera deba propiciar una reducción de los márgenes de intermediación, mucho 185


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podría hacerse en ese sentido aboliendo de una vez por todas ese impuesto especializado, ajeno totalmente al criterio de unificación tributaria contenido en el recién aprobado Código Fiscal. ¿QUÉ PODRÍAMOS ESPERAR DE LA REFORMA? Creo prudente aclarar que al referirnos a la reforma financiera estamos hablando de cubrir dos tipos básicos de objetivos: a. Los que se contraen a acciones de políticas monetaria, dentro de las facultades legales de la Junta Monetaria; y b. Los que se refieren a cambios institucionales en el ordenamiento legal del sistema financiero. Si evaluamos aspectos tales como las tasas de interés, encajes legales y tasas de cambio, no hay dudas de que las medidas adoptadas por las autoridades monetarias que eliminaron los controles a las tasas de interés, así como las restricciones sectoriales de la cartera de crédito de los bancos, y redujeron los encajes, han acortado la brecha entre la vieja legalidad y la realidad del mercado. El resultado inmediato de estas políticas ha sido la reducción del precio del dinero, orientándolo a un nivel de equilibrio que incentiva el ahorro sin desfavorecer el proceso de inversiones. Esa reducción del precio del dinero es, en esencia, otro de los objetivos que debe perseguir la reforma y que, en nuestro caso, puede ser profundizada por las autoridades monetarias, sin tocar los aspectos institucionales y legales. Si a esto sumáramos la eliminación de otras distorsiones, como lo serían el impuesto a las patentes, que 186


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

ha sido soslayado en la reforma tributaria, y la flexibilización de las carteras de crédito, podríamos decir que se avanzaría en el camino correcto. Ello llevaría al aumento de los ingresos de los intermediarios y, por ende, de su rentabilidad, meta fundamental que abre las puertas para cumplir otro de los objetivos de la reforma: La conformación de una base de capital sólida y estable en los bancos, que sea la principal garantía de los depositantes y el principal término de referencia para determinar su capacidad crediticia. Ahora bien, la rentabilidad, el bajo costa del dinero, los bajos márgenes de intermediación y un adecuado nivel de capitalización son los que yo denominaría objetivos de mercado que forman parte de una primera etapa de la reforma. Esos objetivos se consiguen por la vía de medidas de política monetaria para las cuales está facultada la Junta Monetaria, sin tener que tocar, repito, el marco legal institucional vigente. Es verdad que este marco legal amerita ser revisado, pero debe serlo en su instancia legislativa correspondiente por una vía que garantice un trato igualitario y concertado entre las partes, y una permanencia jurídica estable a través de leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo previa aprobación congresional. A mi entender, los llamados objetivos institucionales de la reforma se pueden definir de la siguiente manera: 1. Aumentar la protección del depositante haciendo más eficientes y autónomos al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, y estableciendo normas prudenciales realistas que garanticen la solidez de los bancos, evitando su insolvencia; y 187


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2. Adecuar el número de participantes en el sector bancario a la dimensión requerida por la economía, dotándolos de un esquema operacional flexible, transparente, igualitario y equitativo, apegado a las realidades del mercado a cuyas fuerzas debe dejarse la determinación de su viabilidad o existencia. A la luz de estos objetivos, cabría entonces preguntarnos: ¿cuál es la mejor vía para acometer esta tarea, y qué amplitud debe tener la reforma? La liberalización financiera ha sido bastante amplia en Argentina, Chile y Uruguay. Esos países llevaron a cabo extensas reformas a mediados del decenio de 1970 que incluyeron la eliminación de los programas de crédito dirigido, controles de los tipos de interés, y controles de cambios. En la India, Indonesia y Taiwan también se avanzó en este mismo sentido, pero las reformas se introdujeron más gradualmente y fueron menos amplias. En los países del cono sur de América Latina, los intentos de reforma terminaron mal, pues el Gobierno tuvo que imponer nuevos controles y hubo numerosas quiebras de bancos, debido a que allí se impusieron normas prudenciales desproporcionadas que chocaron con las realidades financieras de los intermediarios. En esos países también hubo mucha inestabilidad económica. En los países asiáticos, en cambio, donde existían economías estabilizadas y las reformas se adoptaron más gradualmente, no hubo la necesidad de dar marcha atrás. Esto se vio favorecido, también, por la adopción de programas de saneamiento y/o liquidación de instituciones insolventes como un paso previo a la desregulación y reforma del sector bancario. 188


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

Como se ve, la experiencia ha demostrado que la gradualidad y el saneamiento del sector financiero, y la existencia de condiciones macroeconómicas estables son requisitos básicos para el éxito de la reforma. Hechas estas necesarias precisiones, y conocidos los objetivos que debe perseguir la reformulación del esquema institucional del sector financiero, pasemos ahora a determinar si en nuestro país andamos en el camino correcto. Para ello tenemos necesariamente que evaluar las medidas del 2 de abril de este año, adoptadas por nuestras autoridades monetarias. LAS MEDIDAS DEL 2 DE ABRIL DE 1992 El Banco Central ha iniciado un proceso de revisión de las medidas inicialmente adoptadas por la Junta Monetaria. Esta revisión se está realizando con una reducida comisión de representantes de las asociaciones bancarias, pero entendemos que el proceso de concertación debe necesariamente ser ampliado a todos los bancos para que tenga validez, ya que no existe aún información oficial sobre las modificaciones introducidas. De ahí que tengamos que hacer nuestros comentarios en base la versión original de las resoluciones.

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stoy convencido de que la realidad de los cambios es irreversible. Si nos resistimos a ellos solo acarrearemos más penurias.

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Podemos comenzar diciendo que las normas prudenciales, cuya necesidad está fuera de toda discusión, lucen un tanto desproporcionadas a las realidades financieras de los intermediarios y a las propias posibilidades de la economía dominicana. Un ejemplo apreciable de los costos excesivos en que incurrirían los bancos a consecuencia de las resoluciones del 2 de abril, sería el cumplimiento de la norma sobre la relación activo fijo/capital. De acuerdo a estimados de técnicos calificados, esta medida haría necesaria la búsqueda de capital fresco adicional superior a los mil millones de pesos los que, recordamos, deberán ser atraídos para reforzar a bancos cuya baja rentabilidad no hace atractiva la inversión en los mismos. También, el nivel en que ha sido fijado ese índice deja de reconocer el efecto penalizante que tuvo la inflación en el trienio 88-90, sobre la adquisición de nuevos activos fijos. Es obvio, pues, que se debe aumentar el índice a niveles más racionales y se debe revisar el método de cómputo del capital necesario para que el mismo sea ajustado al riesgo de los activos. Me gustaría referirme ahora al debatido punto de las fusiones, fórmula que abre las puertas a la banca de servicios múltiples. Creo que nuestro querido amigo, el padre José Luis Alemán, tiene toda la razón en calificar esa fórmula como «el colmo del dirigismo estatal». Nuestra opinión es que se intenta que la parte sana del sistema financiero rescate al segmento en dificultades, pero valdría la pena preguntarnos ¿Quién en su sano juicio adquiriría algo, que a todas luces le resultaría un problema? 190


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

Es claro que el costo de la insolvencia de algunos intermediarios lo tendrán que asumir los dueños de esos bancos y, en última instancia, el Estado, a menos que las autoridades elaboren planes específicos de saneamiento, recuperación y/o liquidación similares a los que se practicaron en algunos países de África y Asia. Esto lo advertí en diferentes oportunidades: Antes de reformar habrá que sanear. Creemos que las fusiones, si bien son deseables, deben tener un carácter eminentemente voluntario y que no deben usarse como fórmula única para crear bancos múltiples. Creemos que la reforma debe ser realizada con libertad. Esto podría hacerse más expeditamente y con mayor criterio de equidad, estableciendo méritos relacionados con un determinado volumen de capital y de activos, y con el cumplimiento de determinadas normas financieras. En ese tenor, la reducción del número de los intermediarios debe dejarse al mercado, aunque se determinen fronteras específicas en segmentos tales como el sistema de ahorros y préstamos, cuya posible fusión con una entidad comercial choca con la naturaleza de sus entidades mutualistas sin capital accionario. Las experiencias de Chile y Venezuela pueden resultar aleccionadoras. En Chile, el sistema de ahorros y préstamos no pudo fusionarse con los bancos, y en una primera etapa literalmente desapareció, no sin antes generar un grave problema al Estado chileno, que tuvo que enfrentar la iliquidez provocada por el retiro de los fondos en esas entidades, con mecanismos poco ortodoxos y de alto costo. En Venezuela el proceso de reforma preservó el mutualismo, aunque dotándolo de instrumentos adecuados 191


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para su supervivencia financiera, ruta que entendemos sería la más apropiada para el sistema dominicano de ahorros y préstamos. Compartimos pues, plenamente, la posición asumida por ese sector expuesta recientemente por el licenciado Opinio Álvarez Betancourt, gerente general del Banco Nacional de la Vivienda, la cual se resume en tres palabras: mutualismo, coexistencia y vivienda. Igual connotación adquiere el caso de la banca extranjera, cuyos derechos adquiridos deben preservarse. Lo mismo ocurre con la banca estatal, particularmente el Banco de Reservas, entidad que a mi juicio reúne los méritos suficientes para actuar en el marco de las reformas, siempre y cuando se hagan las adecuaciones de lugar para que este opere en condiciones de igualdad con el sector privado. Un comentario especial lo tengo reservado para la resolución de la Junta Monetaria del Banco Central que intenta eliminar el uso del nombre «Grupo Financiero» y similares, pues las leyes vigentes sólo dan potestad al Banco Central para regular el uso de la palabra «banco» y sus derivados etimológicos. En esto tenemos que estar muy claros: los grupos fueron creados al amparo del Código de Comercio, y ninguna legislación vigente se opone a la existencia de los mismos. Con posterioridad los grupos financieros han sido regulados a través de diez resoluciones de la Junta Monetaria, y han sido registrados como tales ante la Superintendencia de Bancos. También pagan impuestos al fisco como instituciones financieras en virtud de la Ley de Patente. De ahí que la tarea sea la de incorporar la regulación de estas entidades en el nuevo Código Monetario-Financiero. 192


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Esto último, señores, es muy importante, pues los grupos financieros del país tienen, en su gran mayoría, operaciones internacionales sujetas a las regulaciones de los países en donde están radicadas esas inversiones. Tampoco se debe perder de vista que los grupos financieros constituyen la respuesta más adecuada del empresariado al desafío de una economía más abierta. Al considerar todos esos argumentos, es fácil comprender por qué las medidas del 2 de abril comenzaron a ser reformuladas apenas pocos días después de haber sido adoptadas, las que deberán ser aprobadas por la Junta Monetaria. Estas experiencias aconsejan que la prudencia y la concertación deben ser los instrumentos previos y clave para la reforma, pues no se trata de reformar por el simple hecho de hacerlo. Lo que se busca es alcanzar objetivos sanos y necesarios cuyo logro puede resultar traumático si no se actúa con el debido comedimiento. La República Dominicana reúne las condiciones básicas necesarias para practicar una exitosa reforma financiera pues disfruta actualmente de estabilidad económica. Es apreciable también una incipiente reactivación de la producción. Pero lo que es más importante, es que existe una voluntad política para las reformas, pues es un hecho incontrovertible que el Gobierno dominicano, encabezado por su presidente, doctor Joaquín Balaguer, está haciendo del proceso de reformas su obra más importante y trascendente. El nuevo Código Tributario y el Laboral constituyen una prueba fehaciente de ello. También muestran estos ejemplos que el Gobierno aspira a que las reformas estén 193


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contenidas en leyes, y que las mismas sean el fruto de la concertación. Por eso queremos insistir hoy en que se agoten todos los recursos para que la reforma financiera sea una realidad dentro de ese proceso de reforma global de la economía, para lo cual también será necesario ampliar el proceso de concertación, entregando el proyecto de Código Monetario y Financiero a todos y cada uno de los intermediarios del sector, para que estos puedan emitir sus opiniones, garantizando un sano ejercicio de la democracia y de la libertad. UNA REFLEXIÓN FINAL Al inicio del próximo año de 1993, posiblemente sin que nos demos cuenta, estaremos viviendo en un nuevo país, pues la República oficial de hoy estará más cerca de la república real de mañana. Y esto será posible gracias a que se están reformando las estructuras legales que tradicionalmente han lastrado al Estado Dominicano. Muchos serán los sacrificios que esa transformación impondrá y mucha también será la resistencia al cambio. Es obvio que esto ocurra así, pues toda reforma siempre encontrará oposición. Por eso, aunque la reforma esté en marcha, la reacción en su favor seguramente será lenta. Pero no por ello podemos dar marcha atrás. Estoy convencido de que la realidad de los cambios es irreversible. Si nos resistimos a ellos sólo acarrearemos más penurias. Recordemos que, al final de cuentas, los males de nuestra Nación no han sido provocados necesariamente por entes ajenos a ella. 194


La reforma financiera es un asunto de confianza y expectativas

Todos hemos participado en la construcción de nuestra sociedad contemporánea, con sus virtudes y sus defectos, y todos estamos llamados a impulsar hacia adelante para acelerar nuestra modernización y nuestro progreso. Ese aceleramiento debe ser propulsado con el apoyo de la mayoría y dentro del marco solemne de la legalidad, haciendo causa común con el riguroso empeño demostrado en ese sentido por el presidente Balaguer, para que las transformaciones institucionales que se están por llevar a cabo queden como el mejor monumento construido por los dominicanos todos, con el acuerdo democrático de gobernantes y gobernados. Muchas gracias.

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Potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana

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eñoras y señores. Deseo comenzar saludándoles y expresándoles mi satisfacción por haberme invitado por intermedio de mi amigo el licenciado Domingo Marte para hablar del potencial de las asociaciones para el desarrollo. Me complace decirles que he aceptado esta tarea con entusiasmo, pues hace 33 años que participé, junto a un grupo de jóvenes empresarios y profesionales cibaeños, en la fundación de la primera asociación para el desarrollo que se creó en el país. En el curso de estas tres últimas décadas la sociedad dominicana se ha transformado profundamente. A veces los cambios no han ocurrido tan rápidamente ni han seguido la dirección que muchos hubiéramos querido, pero lo cierto es que la sociedad y la economía dominicanas de hoy son muy diferentes a las que dejó Trujillo cuando fue ajusticiado, el 30 de mayo de 1961. En aquel entonces el Estado lo era todo –o casi todo–, y las decisiones atinentes al bien común estaban casi siempre sometidas a la voluntad centralizadora del dictador. La participación política venía condicionada desde arriba, y la incorporación al proceso de toma de decisiones solamente era posible cuando la superioridad política lo estimaba 197


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conveniente y llamaba al seno del Estado a aquellos que lucían capaces de colaborar eficazmente con el régimen. Muy pocos individuos, entonces, estaban dispuestos a asumir responsabilidades públicas fuera de la órbita del Estado, y muy pocas asociaciones de ciudadanos funcionaban con la intención de ejecutar tareas de desarrollo. A lo sumo, la vida institucional privada se limitaba a unos pocos clubes rotarios que funcionaban en las principales ciudades del país, a los clubes recreativos, deportivos y culturales, y a las logias masónicas y de oddfellows, así como a diversos gremios y cámaras de agricultura, industria y comercio controlados, de una manera o de otra, por el Estado. Ante el vacío que creó la muerte del dictador, muchos dominicanos se organizaron para promover la democracia y para defender el bien común. De repente surgieron numerosas instituciones y grupos de intereses, entre los cuales los más conspicuos fueron los partidos políticos que hasta entonces habían estado prohibidos. Los que vivimos intensamente aquellos tiempos nunca podremos olvidar la rapidez con que surgían los partidos y movimientos políticos, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, las organizaciones estudiantiles y los periódicos y revistas de todo tipo. Era como si de la noche a la mañana hubieran despertado todas las energías dormidas de la nación. Una institución empresarial y profesional de las muchas que surgieron en aquellos días fue la Asociación para el Desarrollo de Santiago, creada por un grupo de amigos preocupados por el destino del país en medio de aquel ambiente de incertidumbre. Los que fundamos esta institución discutimos las ideas iniciales en el curso de dos 198


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reuniones que celebramos en mi casa de Santiago, durante los días 4 y 6 de julio de 1961. Al principio, concebimos la Asociación para el Desarrollo de Santiago como una organización que se ocuparía de gestionar una mejor comprensión entre los dueños de empresas y sus trabajadores, y que se esforzaría por mejorar el nivel de vida y la seguridad de los integrantes de las empresas de la ciudad mediante su capacitación laboral y profesional. Entonces pensábamos en alcanzar esos objetivos a través del otorgamiento de becas y del mejoramiento de la comunicación, promoviendo toda clase de facilidades para el intercambio de las ideas. Esta asociación debía también fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo y promover el desarrollo de Santiago, la segunda ciudad del país. Poco a poco, sin embargo, los miembros de la Asociación nos dimos cuenta de que lo que había comenzado como un esfuerzo de intención local pronto tendría un impacto nacional, pues las ideas para nuevos proyectos que barajábamos en nuestras frecuentes reuniones se proyectaban más allá del ámbito de Santiago. Comenzamos con varias iniciativas, tales como la creación de un plan de ahorros y un plan de vivienda para los empleados de nuestras empresas, un programa de cooperativas, un censo de comercios de Santiago, una granja agrícola y un centro de asistencia médica. Pero pronto seguimos con ideas mayores, tales como la creación de una asociación de ahorros y préstamos para la vivienda, una escuela agrícola de alcance nacional, un banco comercial, un banco de desarrollo y un plan de desarrollo integral para el Valle del Río Yaque del Norte. 199


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Obviamente, no puedo contarles esta noche la historia de cada uno de esos proyectos ni la forma en que la Asociación para el Desarrollo se organizó para llevarlos a cabo, pero sí quiero señalar que cada uno de ellos fue ejecutado por un comité de miembros de la Asociación, liderado por el proponente principal de la idea, de manera que cada proyecto estaba motorizado por la energía y la visión de su proponente. La Asociación para el Desarrollo de Santiago se convirtió en poco tiempo en la Asociación para el Desarrollo, Inc., y fue objeto de la atención de toda la Nación y de las principales instituciones internacionales involucradas en ofrecer ayuda a los países en vías de desarrollo. Muy pronto recibimos la ayuda de la Fundación Ford y de Unicef, y antes del año ya estábamos recibiendo el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), creada por el gobierno de los Estados Unidos para financiar y ejecutar los proyectos de la Alianza para el Progreso que el presidente Kennedy había propuesto pocos meses antes. De la acción directa, concertada y en equipo de los miembros de la Asociación, surgieron varias instituciones que rápidamente se convirtieron en modelos de acción comunitaria desarrollista en todo el país. Surgieron el Instituto Superior de Agricultura (ISA); la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; el Banco Popular Dominicano; la Compañía Financiera Dominicana; el Centro de Desarrollo Agropecuario-Zona Norte (CENDA); el Centro de Investigaciones Económicas y Alimenticias (CIEA); el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA); el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales; 200


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la Corporación Dominicana de Inversiones; y la Procesadora de Semillas Dominicanas (PROSEDOCA). Pero la acción de la Asociación para el Desarrollo no se limitó solamente a respaldar sus propios proyectos. Los miembros de la Asociación, por sí mismos o en representación de la Asociación, también participaron militantemente en el desarrollo de otros proyectos de gran envergadura e impacto nacional. El más importante de esos proyectos fue la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo primer campus fue instalado en Santiago a iniciativa del entonces Obispo Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, quien luego lo dejó en manos del constructor de la Universidad, Monseñor Agripino Núñez Collado. La principal lección, me parece a mí, fue que la Asociación se concentró en proyectos que resolvían necesidades económicas y sociales, nacionales o regionales, claramente sentidas, y que esas necesidades no estaban siendo satisfechas por otras instituciones o por el Estado. Al principio de la década de los sesenta, casi no había instituciones de desarrollo y la crisis del Estado producida por la caída de la dictadura abrió un espacio para que el sector privado incursionara en obras y proyectos que hasta entonces le habían sido vedados. La experiencia de la Asociación para el Desarrollo fue inmediatamente asimilada por otros grupos de empresarios y profesionales de nuestra generación en otras ciudades del país, particularmente en Moca, Salcedo, La Vega y San Juan de la Maguana, en donde también surgieron nuevas asociaciones de desarrollo modeladas conforme al esquema de la de Santiago. En esas localidades, esas asociaciones detectaron necesidades ampliamente sentidas por 201


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el grueso de la población, y sus líderes se dispusieron a satisfacerlas. En varios casos, la necesidad más apremiante era la falta de vivienda, y por ello la formación de asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda fue uno de los primeros programas ejecutados por esas instituciones. En otros casos, como ocurrió en La Vega, la Asociación para el Desarrollo Local siguió adelante con nuevos proyectos además de su Asociación de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. En La Vega, al igual que en Santiago, los líderes profesionales y empresariales de la comunidad formaron su asociación con la primera finalidad de ser los agentes facilitadores de la construcción de la Escuela Agrícola Salesiana que funcionaba en Moca desde hacía más de 50 años, y necesitaba mudarse para algún lugar del Cibao en donde hubiera tierras adecuadas para sus programas. Debo decir también que hubo ocasiones en que todas las asociaciones para el desarrollo de la región del Cibao colaboraron juntas en la promoción de proyectos de impacto regional, como fue el caso del Aeropuerto Internacional del Cibao que, aunque todavía no ha sido construido, goza del apoyo de casi todas las asociaciones para el desarrollo de la región. Queridos amigos: Como ustedes ven, me he dejado llevar por la memoria y me resulta difícil detenerme en esta narración de lo que hicieron algunas –no todas– las asociaciones para el desarrollo en el interior del país. Pero este recuento no estaría completo, y ustedes no quedarían satisfechos, si no examinamos otras asociaciones que han servido de modelo y han tenido un impacto considerable en la calidad de vida y en los ingresos de miles 202


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de ciudadanos. Me refiero a la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), a la Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUDECO), y a la Asociación Pro-Educación y Cultura (APEC), con sede en Santo Domingo, así como al Plan Sierra, con sede en Santiago. La Fundación Dominicana para el Desarrollo fue creada en 1966 con el auspicio de 23 empresas establecidas en el país, y con el apoyo de la Fundación Panamericana de Desarrollo. En un principio sus programas estuvieron fuertemente orientados hacia la promoción de formas asociativas de pequeños productores agropecuarios que por su precaria condición económica no tenían acceso a las fuentes normales de crédito. El énfasis rural de los programas de los primeros años se justificaba por el hecho de que un 75% de nuestra población vivía en el campo. Sin embargo, a medida en que esta composición fue cambiando, se hizo evidente la necesidad de auspiciar también proyectos urbanos, surgiendo así en el año 1981 el primer programa nacional para la promoción y financiamiento de microempresas. Este programa comenzó operando en Santo Domingo y otras seis ciudades. Otro programa innovador en su tiempo fue el estudio y ejecución de un plan de desarrollo artesanal, conocido como PLANARTE. Anticipándose al auge que tendría luego el turismo en la República Dominicana, la Fundación Dominicana para el Desarrollo estimó que un complemento necesario para la consolidación de la industria turística debía ser el desarrollo de la artesanía, que no había podido superar el estancamiento. La Fundación trajo expertos extranjeros al país con el propósito de introducir nuevas técnicas que hicieran 203


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atractiva y rentable la producción artesanal, y en poco tiempo se produjo una verdadera revolución que favoreció notablemente las industrias de vasijas y tinajas en el Cibao Central, la fabricación de objetos de cuero, y las manualidades textiles. Este programa sirvió de inspiración a muchas otras iniciativas que eventualmente desembocaron en la formación de empresas exportadoras de artesanías dominicanas generadoras de divisas. La Fundación también se destacó mucho en la creación de formas novedosas de captación de fondos para el mantenimiento de programas sociales y de desarrollo rural. Uno de sus programas más innovadores fue el de las emisiones conmemorativas de objetos valiosos para coleccionistas que también contribuyeron a difundir la historia y la cultura dominicana. Todas estas realizaciones fueron difundiéndose en diferentes países y en ese sentido la Fundación se convirtió en una institución modelo en todo el Continente. Durante años, la Fundación fue visitada por los más destacados líderes empresariales de América Latina que buscaban aprender del sector privado dominicano las formas organizacionales que hacían posible su participación sin fines de lucro en el desarrollo del país. De esas visitas surgieron múltiples iniciativas en otros países que eventualmente se tradujeron en la creación de nuevas fundaciones de desarrollo en América Latina. Tuve el privilegio de haber sido presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo en aquellos años de efervescencia y crecimiento, y recuerdo con gran complacencia los trabajos que realizábamos para difundir tanto en el país como el extranjero la filosofía desarrollista de la 204


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institución y las nociones acerca de la responsabilidad social del empresariado y su obligación de servir a su comunidad y de devolverle en servicios parte de lo que reciben sus empresas como beneficios del mercado. A consecuencia de esa proliferación de instituciones hermanas en todo el Continente, en 1971 el entonces director ejecutivo de la Fundación, doctor Bolívar Báez Ortiz, propuso la creación de un Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, conocido como SOLIDARIOS, cuya sede fue instalada en Santo Domingo. El liderazgo de la Fundación, así reconocido internacionalmente, le sirvió para allegar recursos financieros internacionales de numerosas fuentes que le han servido para sostener sus programas de crédito rural y de financiamiento de microempresas. De la otra institución que deseo también hablarles esta noche es de la Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUDECO), que inició sus trabajos en 1976 cuando el país había logrado desarrollar una nueva base institucional privada y había conciencia de lo que eran los programas de desarrollo comunitario en casi todo el país, menos en la región fronteriza. La originalidad de FUDECO estuvo en detectar la necesidad de poner en marcha proyectos de desarrollo sostenido en la frontera dominico-haitiana alejándose de la filosofía paternalista del desarrollo, entonces prevaleciente en muchos programas que funcionaban en el país. Para que sus programas pudieran sostenerse por sí solos, FUDECO involucró a los mismos beneficiarios en la ejecución de sus programas. De esa manera, el desarrollo local, comunitario y regional dejó de ser una responsabilidad exclusiva de una 205


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institución ajena al lugar y se convirtió en un proyecto de vida de los habitantes de la zona, quienes quedaban funcionando como agentes económicos autosuficientes al terminar el plazo de ejecución de los programas. Contando con la cooperación participante de las comunidades beneficiarias, FUDECO ejecutó impresionantes programas de transferencia de tecnología apropiada en la construcción de obras comunales. Introdujo al país variedades de vegetales desconocidos en el país, como la leucaena, sembrada en terrenos irregulares manejados con curvas de nivel para evitar la erosión. Y también introdujo al país las famosas estufas Lorena, de alto rendimiento y poco consumo energético. Los programas de FUDECO han sido numerosos y variados. Por un lado está la construcción de 140 escuelas, 20 represas de irrigación y más de 20 acueductos rurales, todos hechos con participación directa de mano de obra de los beneficiarios. Por otro lado, está la creación de instituciones para el mejoramiento de la salud de las comunidades, como el programa «Mamás Promotoras de Salud» y el programa de Botiquines Populares. Y por otro lado, también, está su exitoso programa de créditos rurales, cuyas tasas de recuperación alcanzan el 98% con menos del 2% de moras. Todos los proyectos de infraestructura rural que FUDECO ejecuta son entregados a los responsables de las comunidades que han contribuido a construirlos para que sigan siendo responsables de su mantenimiento y expansión. Una de las cosas más inspiradoras de estos programas es observar a los campesinos beneficiarios trabajando en nuevas conexiones y expansiones de los sistemas de agua en la zona fronteriza, así como en la construcción de terrazas, 206


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en la propagación de plantas en viveros, y en su distribución a través de escuelas y organizaciones rurales. En el área agroindustrial, FUDECO ha logrado crear un patrimonio con un capital superior a los 10 millones de pesos en una planta de procesamiento de carnes, con ventas superiores a los 15 millones de pesos anuales en las zonas fronterizas. Esta planta ha producido varios encadenamientos económicos y sociales y ha permitido entrenar a muchos hombres y mujeres de la frontera en las tecnologías de fabricación de jamones y embutidos, que hasta hace poco eran productos casi desconocidos y de poco consumo en la frontera dominico-haitiana. La Asociación Pro-Educación y Cultura (APEC), por su parte, es otro ejemplo de lo que puede hacer la voluntad mancomunada de los empresarios y profesionales dominicanos organizados para promover el desarrollo del país a través de la educación. Bajo la inspiración inicial del ilustre industrial don Juan Tomás Tavares, APEC organizó el primer Instituto de Estudios Superiores en el país, siguiendo el modelo de los Junior Colleges de los Estados Unidos para ofrecer carreras técnicas en Administración de Empresas, Contabilidad y Secretariado.

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os dominicanos sabemos lo que las asociaciones y fundaciones para el desarrollo pueden hacer por el país, y por ello creo que ha llegado el momento de relanzarlas hacia un movimiento de renovación institucional.

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El Instituto de Estudios Superiores (IES) evolucionó hasta convertirse en la Universidad APEC (UNAPEC) que hoy cobija en sus aulas más de 10,000 estudiantes que una vez graduados pasarán a formar parte de los cuadros técnicos y profesionales del sector privado, como han hecho varios miles de sus antecesores. Para ayudar a financiar los estudios de los estudiantes de escasos recursos, APEC creó la Fundación de Crédito Educativo que hasta la fecha ha otorgado miles de créditos educativos tanto a estudiantes de UNAPEC, como a las demás instituciones universitarias del país. APEC también ha continuado creando instituciones de servicio para resolver problemas del desarrollo. Entre ellas debemos mencionar el Instituto de Educación Sexual (INSAPEC), encargado de crear una mejor conciencia para la aceptación de la sexualidad humana; los centros de educación a distancia que ofrece estudios terminales a nivel primario y secundario; y finalmente el Centro de Promoción de la Mujer (PROMAPEC) cuyo objetivo es enseñar a miles de mujeres de nuestros barrios populares un oficio que les permita ganarse dignamente la vida. Finalmente, aunque no en último lugar, deseo mencionar el Plan Sierra nacido de la mente avanzada de Monseñor Roque Adames, entonces Obispo de Santiago, quien desde temprano se dio cuenta de la importancia que tiene detener la deforestación acelerada del país y repoblar de árboles nuestras principales cuencas hidrográficas con el propósito de salvar nuestros ríos y asegurar un nivel de vida aceptable a los habitantes de la Cordillera Central. Bajo el Plan Sierra se han reforestado miles de tareas, se han creado docenas de estaciones de repoblamiento 208


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forestal, y se han entrenado miles de campesinos en las técnicas de manejo de bosques y explotación racional de las forestas nacionales. También se han realizado programas ejemplares de conservación de suelos y de rescate ecológico en las zonas montañosas bajo su influencia. Señoras y señores, como ustedes pueden ver, es imposible mencionar en una conferencia la lista de realizaciones de las asociaciones para el desarrollo existentes en la República Dominicana. Como ejemplo, he querido mencionar las principales ejecutorias de algunas asociaciones y fundaciones desarrollistas para que ustedes tengan una idea de la variedad de estrategias que los dominicanos hemos puesto en marcha en estos últimos 33 años para resolver por nosotros mismos muchos problemas que el Estado se ha mostrado incapaz de resolver. Si nos dedicáramos a mencionar las tareas que muchos ciudadanos bien inspirados han realizado para resolver esos problemas, podríamos ampliar la lista ad infinitum. Mencionemos, nada más como ejemplo, el Centro de Rehabilitación, el Instituto Dermatológico, Corazones Unidos, el Centro de Ayuda al Sordomudo, el Centro de Ayuda al Ciego, el Instituto para la Diabetes, y las varias docenas de instituciones privadas y sin fines de lucro que trabajan todos los días para resolver problemas que el Estado no resuelve, muchas veces contrariando la voluntad de los mismos encargados del Estado. Ante las carencias de un Estado imprevisor e improvidente, los dominicanos hemos tenido que asociarnos en instituciones sin fines de lucro para enfrentar privadamente muchos problemas de desarrollo. En 1980, había en el 209


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país 167 instituciones sin fines de lucro con programas de proyección social y económica que tenían un impacto constatable en el desarrollo. Hoy, en 1994, existen más de mil de estas instituciones, sin contar los miles de sindicatos, organizaciones campesinas, entidades empresariales y profesionales, y escuelas y colegios privados. Con la experiencia acumulada durante estos últimos 33 años, el pueblo dominicano se ha sacudido de aquella inercia y se ha empeñado en ser un agente activo de su propio desarrollo. Para ello ha creado esas miles de instituciones que acabo de mencionarles, pero todavía queda mucho por hacer. Todavía el esfuerzo privado tiene mucho que aportar y entregar al país. En estas últimas tres décadas el país ha cambiado mucho. La economía ha crecido, han mejorado las comunicaciones, las ciudades se han multiplicado, y han proliferado los negocios en cantidades que nadie imaginaba en 1961. Sin embargo, la República Dominicana sigue siendo un país en vías de desarrollo con muchas cosas modernas, por un lado, pero con muchísimas cosas atrasadas, por el otro. A mí me parece que la modernización de las ciudades y de algunos negocios rurales que tuvo lugar en los últimos 20 años ocultó la parte más atrasada de nuestra economía y sociedad, y por ello los dominicanos dejamos de pensar en el desarrollo como un problema global para concentrarnos en nuestros problemas sectoriales o particulares. Una muestra de lo que digo es el poco o casi ningún uso que hoy se hace de la palabra desarrollo, la cual ha desaparecido del lenguaje de los políticos, de los economistas y de nuestros comunicadores. 210


Potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana

Recuerdo cuando comenzábamos nuestras tareas y hablábamos del desarrollo en la Asociación de Santiago, a principios de la década de los 60. Entonces, esa palabra significaba, entre otras cosas, una visión de la vida, una concepción del Estado y de la economía, un proyecto nacional y un compromiso con el pueblo dominicano. Mucha gente que se lanzó a construir instituciones de servicio en aquellos años lo hizo porque creía que era posible construir y desarrollar una nueva sociedad que superara la que había dejado Trujillo, y porque creía que era posible y deseable promover el crecimiento económico en libertad. No olvidemos que entonces vivíamos en medio de la llamada Guerra Fría, y que había amplios grupos de la población con extensos nexos internacionales que promovían otros modelos de crecimiento económico que sacrificaban los valores fundamentales del ser humano. Terminada hoy la Guerra Fría, aquellos modelos han sido desacreditados y hasta abandonados por sus antiguos promotores, pero el reto del desarrollo aún sigue ante nosotros. Todavía tenemos decenas de miles de niños desnutridos, decenas de miles de personas muy enfermas, centenares de miles de analfabetos, millones de personas pobres y muy pobres, y para todos ellos no hay suficientes escuelas, ni camas, ni empleos, ni alimentos, ni viviendas. Esto significa que todavía no hemos desarrollado la sociedad dominicana como nos propusimos hacerlo y, por ello, todavía tenemos que utilizar la fuerza de la iniciativa privada para complementar al Estado en aquello en que el Estado no quiere o no puede hacer. 211


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

No se trata de sustituir al Estado, sino de complementar su acción buscando su colaboración cuando esta sea necesaria, u ofreciéndole la participación privada cuando esta también sea necesaria. Más aún, creo llegada la hora de que reclamemos del Estado tomar en cuenta estas iniciativas y desarrollarlas en forma conjunta con el sector privado. Creo que tenemos que sacar la palabra desarrollo del olvido en que la hemos mantenido en los últimos años. Los dominicanos sabemos lo que las asociaciones y fundaciones para el desarrollo pueden hacer por el país, y por ello creo que ha llegado el momento de relanzarnos hacia un movimiento de renovación institucional que sirva para colocar de nuevo en la agenda nacional la solución de los grandes problemas del desarrollo. Creo que hay que volver a discutir y a trabajar para resolver los grandes problemas del analfabetismo, de la insalubridad, del desempleo, de la desnutrición, de la deforestación y de la falta de vivienda. Más aún, hay que trabajar en la institucionalización del país y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y judiciales porque no hay verdadero desarrollo sin democracia y justicia. Estos son algunos de los grandes temas del desarrollo, y es mucho lo que las asociaciones y fundaciones desarrollistas pueden hacer para crear conciencia de que esos problemas todavía no han sido resueltos en el país. Creo hay que buscar estrategias nuevas para resolver esos problemas y que esas estrategias deben formar parte de la agenda nacional de los próximos años. Y creo también que los dominicanos deberíamos comprometernos todos a llegar al fin del siglo con soluciones reales encaminadas a poner fin a esos problemas. 212


Potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana

En otras palabras, si nos preguntamos cuáles han sido las lecciones aprendidas por los dominicanos en las pasadas tres décadas, tenemos forzosamente que concluir en que el avance del país ha contado siempre con la voluntad y desarrollo y el liderazgo del sector privado dominicano. Ahora bien, la voluntad por si sola no basta. Es necesario también ofrecer al país un compromiso de entrega y dedicación a la solución de los grandes problemas naciona1es. De esa voluntad y capacidad de entrega hablan con numerosos ejemplos las instituciones que hemos mencionado por que sus líderes fueron siempre capaces de entender las metas del desarrollo y de comprometerse profundamente en el logro de las mismas cuando las circunstancias así lo demandaban. A principios de la década de los años 60, las circunstancias eran mucho más difíciles que las que existen hoy. Entonces los dominicanos no sabíamos claramente hacia dónde iba el país y no teníamos experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo. Hoy, en cambio, existe una enorme cantera de experiencia acumulada y sabemos, también, cuales son los signos de los tiempos. Hoy, al aproximarnos a un nuevo siglo, son cada vez más claras las señales de que un proceso de transición está impactando sensiblemente la sociedad dominicana en todos los niveles. Lejos quedan ya los días de las asonadas militares y los desórdenes callejeros de aquella época de convulsiones revolucionarias, pero hoy el mundo se encamina hacia una economía global que impone nuevos retos al liderazgo político nacional, hoy en vías de renovación, así como a los líderes del sector privado dominicano. 213


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

En este proceso de transición hay tres premisas determinantes para redirigir nuestro desarrollo. Estas premisas son: primero, que la aceptación de que la democracia es la única vía legitima para llegar al poder y ejercerlo. Segundo, que el diálogo y la concertación deben ser normas de conducta para el avance de las reformas que consoliden nuestra economía de mercado. Y tercero, que es necesario consolidar nuestras instituciones en todos los órdenes para que impere en el país un estado de derecho. Es bajo la luz de estas premisas que acojo con entusiasmo y simpatía la iniciativa de Domingo Marte de coordinar y consolidar la acción de las asociaciones y fundaciones para el desarrollo. Su propósito de organizar un cuerpo nacional de voluntarios –individuales e institucionales– que sustente con su trabajo la operación de las asociaciones para el desarrollo es una feliz iniciativa que debemos aplaudir. Por eso yo le ofrezco todo el apoyo y cooperación que esté a mi alcance para contribuir al éxito de la Unión Dominicana de Voluntarios (UNIDOS). Por esta razón no vacilo proponer que UNIDOS realice en la brevedad posible un gran encuentro nacional de asociaciones y fundaciones para el desarrollo en el cual se discutan profesionalmente –con la asistencia técnica adecuada– las nuevas estrategias que será necesario poner en ejecución para la rápida eliminación del analfabetismo, la desnutrición, el desamparo, la insalubridad y el desempleo y que son de los principales flagelos que lastran nuestro desarrollo. En ese encuentro nacional, las asociaciones y fundaciones participantes deberán exponer y transmitir sus experiencias y compartir con las demás los secretos de sus 214


Potencial de las asociaciones de desarrollo en la República Dominicana

éxitos y fracasos. Ese encuentro deberá servir para determinar que funciona y que no funciona en nuestro país en términos organizaciones y operacionales. Sabemos, por las rápidas descripciones que hemos hecho de las instituciones mencionadas, que muchos programas de desarrollo han tenido éxito porque sus responsables han sabido encontrar soluciones que no estaban en ningún manual preparado de antemano. Por ello, creo que ha llegado la hora de examinar lo que hemos hecho y sacar las lecciones pertinentes para utilizarlas en nuevas estrategias, proyectos y programas de desarrollo. El balance de la acción de estas instituciones en los últimos 33 años muestra que no hay problemas económicos y sociales sin solución, y que lo que hace falta es decisión, coraje e inteligencia. De estos ingredientes están llenas nuestras instituciones, y por ello su potencial de acción es ilimitado. Lo único que nos falta ahora es poner manos a la obra, identificarnos, reunirnos, discutir y decidir qué queremos hacer en los próximos años, y qué tipo de país queremos que sea la República Dominicana en el siglo 21. Muchas gracias.

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Visiones anticipadas del mañana

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r. Brizio Biondi-Morra, presidente del Consejo Directivo de INCAE. Señor Walter Kissling, presidente emérito de INCAE. Dr. Roberto Artavia. Señores miembros del Consejo Directivo de INCAE. Excelentísimos señores embajadores. Honorables miembros de las embajadas y organismos internacionales. Señores decanos y miembros de la Facultad de INCAE. Señores graduandos. Señoras y señores. Es para mí un gran honor haber sido invitado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, a través de mi distinguido amigo, el honorable decano doctor Danilo Lacayo, para venir a hablar ante ustedes en esta ceremonia de graduación del INCAE, en la cual esta gran institución entregará a la América Latina dos nuevas promociones

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iscurso del señor Alejandro E. Grullón E., durante la ceremonia de graduación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

de profesionales graduados en Administración de Empresas y Economía Empresarial. He estado ligado por muchos años a una de las universidades más innovadoras de nuestro continente, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, y puedo asegurarles que cada vez que participo en una ceremonia de graduación no puedo evitar llenarme de emoción al ver el rostro del futuro en la mirada de nuestros graduandos. Para mí, cada graduación es siempre un ejercicio de futuro y de visiones anticipadas del mañana, pues en cada uno de los graduados reside un plan de vida, una ambición constructiva, un modelo de sociedad en el cual todos desean insertar sus profesiones respectivas. En cada uno de ustedes hay un germen del nuevo mundo que nos espera a todos, más moderno, más innovador, más racional, más eficiente, más constructivo, más productivo, y más pacífico. Ustedes, queridos graduandos, son como el grano de levadura de que nos habla el Evangelio. Habiendo recibido los conocimientos y las técnicas profesionales que ofrece esta excelente institución, que es un modelo de excelencia académica en todo el hemisferio, ustedes saldrán mañana a enfrentar un mundo abierto y lleno de retos y oportunidades, un mundo que ustedes deberán fecundar con sus conocimientos y con su ética. Un mundo, señoras y señores, que habiendo resuelto la peligrosa polaridad de la Guerra Fría, ahora se ve obligado a centrar sus esfuerzos en resolver los grandes problemas de la desigualdad y la pobreza en el planeta. 218


Visiones anticipadas del mañana

Lo que tenemos por delante, queridos graduandos, es un planeta que requiere de visiones globales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de visiones de conjunto que incorporen todo el acervo científico y cultural de la humanidad a las propuestas de soluciones. Porque la humanidad es una y múltiple, y porque las diferencias culturales exigen respuestas diversas a problemas similares, es por lo que cada país requiere que sus hombres y mujeres más preparados estén cada vez mejor educados. Con la nueva educación que están ofreciendo en todo el mundo instituciones como el INCAE, la humanidad de hoy está formando los cuadros y las élites que dirigirán los procesos de desarrollo nacionales y regionales que harán de este planeta un lugar más habitable para todos. Esta nueva educación, ustedes lo saben, está basada en la noción de que el universo se rige por leyes racionales que el ser humano ha venido descubriendo y aplicando para controlar las fuerzas naturales y encauzar éstas hacia la producción de nuevos bienes y servicios. El creciente descubrimiento y aplicación de esas leyes hizo posible la revolución industrial y, más recientemente, la revolución tecnológica, y también hizo posible el surgimiento de numerosas disciplinas académicas que hoy sirven para entender mejor el funcionamiento de la economía y la sociedad. Gracias al desarrollo de las modernas ciencias económicas y sociales, el mundo está provisto hoy de herramientas conceptuales que permiten diagnosticar, cuantificar y evaluar los procesos de cambio y adoptar mejores decisiones. 219


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

El manejo de estas herramientas es siempre un ejercicio de la razón, y las decisiones que resultan son generalmente –o debieran ser– una expresión de la voluntad racional. Por eso han venido ustedes a estudiar al INCAE: para asimilar teorías y métodos racionales acerca del funcionamiento de las economías y los sistemas sociales, administrativos y políticos, y por eso me siento hoy tan a gusto con ustedes, porque siempre he creído que la racionalidad administrativa es la clave del éxito en los negocios. Como fundador y promotor de empresas, siempre he preferido tomar decisiones racionales que minimizan riesgos en base al cálculo y a la ponderación de las posibilidades de cada situación, aun cuando el costo de los estudios que amparan estas decisiones sea alto, pues he aprendido que mucho más alto puede ser el costo de la imaginación y del azar. He aprendido también que las empresas y los gobiernos que estudian racionalmente sus mercados, sus productos, sus problemas y sus soluciones antes de adoptar decisiones, son generalmente más eficientes y tienen mayores probabilidades de enfrentar la competencia o los ataques de sus adversarios. La razón es el principal instrumento de la buena gestión empresarial y administrativa. De ella deriva el uso de todos los demás instrumentos. Por la razón y el cálculo sabemos qué producir, cuánto ahorrar y cuánto invertir, cómo vender y cuándo cobrar, y sabemos también a quién contratar para que ejecute las políticas y planes de la organización, sea ésta pública o privada. 220


Visiones anticipadas del mañana

La razón nos dice muchas cosas. A través de ella aprendemos, por ejemplo, que los gobiernos no pueden articular el apoyo nacional necesario para respaldar algunas de sus políticas más importantes, si no actúan con transparencia pues hoy, más que nunca, los pueblos exigen que los responsables del Estado rindan cuentas claras al resto de la nación. Lo mismo ocurre con los administradores privados en cuyas manos los accionistas, dueños y empleados de empresas han colocado la responsabilidad de la gestión. Una tendencia creciente en la vida económica de América Latina lleva nuestras economías a la formación de mercados de capitales cada vez más grandes y vigorosos que por su misma naturaleza exigen transparencia administrativa en todos los órdenes. Con el avance y la maduración del capitalismo a nivel mundial, la globalización resultante está obligando a muchos empresarios a revisar viejos esquemas pues la competencia global, tarde o temprano, los obligará a expandir sus negocios, y esta expansión solamente podrá mantenerse en forma sostenida con un permanente acceso a los mercados de capitales. Aquellos empresarios que se nieguen a racionalizar, modernizar y transparentar sus sistemas de gestión se van a quedar atrás, y eventualmente verán desaparecer sus empresas ante el empuje de corporaciones y compañías organizadas conforme a esquemas administrativos de alta racionalidad y eficiencia. Muchos de ustedes deben estar pensando en algunas empresas de sus propios países en donde las prácticas administrativas tradicionales impiden la modernización de 221


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

sus estructuras, o en algunos estados en donde la administración pública todavía se resiste a la introducción de sistemas racionales de gestión. Vamos, como todos ustedes saben, hacia un mundo sin fronteras. De hecho, ya nos encontramos en ese mundo, en donde billones de dólares cambian de manos electrónicamente por vía de la internet, o por comunicaciones vía satélite que no tienen en cuenta para nada los linderos nacionales. Este es un mundo dominado por la moderna tecnología, la cual deriva de las nuevas ciencias surgidas, como dijimos al principio, del descubrimiento de las leyes racionales de la naturaleza. Gracias a estas nuevas tecnologías podemos trasladarnos en imagen instantáneamente a cualquier punto del planeta y en teleconferencia podemos llevar a cabo nuestras transacciones de negocios. Gracias a estas nuevas tecnologías la humanidad está creando hoy riquezas nunca antes imaginadas, a tasas de crecimiento nunca antes conocidas. Como resultado, la humanidad es hoy, en conjunto, más rica que antes, pero también más desigual que antes. Independientemente de los modelos políticos que cada quién pueda proponer para resolver los grandes problemas mundiales, en última instancia la solución definitiva siempre tendrá que venir del uso adecuado de la razón y de la ciencia, y ese uso solamente puede ser inducido masivamente mediante la educación. Gran parte de la desigualdad económica y social existente hoy en el mundo está directamente relacionada con los distintos niveles educativos de la población mundial, lo que puede traducirse a otras palabras diciendo que está 222


Visiones anticipadas del mañana

relacionada directamente con el mayor o menor grado de utilización de la ciencia y la razón. La humanidad ha avanzado extraordinariamente desde aquellos días en que la magia y la superstición servían para explicar y manipular la naturaleza. La revolución científica y tecnológica produjo una ruptura definitiva y creó un acervo de conocimientos que hoy constituyen, seguramente, la mayor riqueza de la raza humana. Las piedras y los palacios pasan, como también han pasado los ejércitos y las armas de los grandes imperios y naciones, y como habrán de pasar muchos pueblos e instituciones, pero poco a poco, gradualmente, la humanidad ha ido acumulando algo que no pasa, algo que crece paulatinamente haciéndose cada vez mayor en cantidad y más complejo en calidad, y este algo es el conocimiento racional y científico. Nosotros somos herederos del conocimiento acumulado por la humanidad durante siglos, y el mundo que hemos recibido lo hemos mejorado o empeorado según hayamos hecho uso racional de este conocimiento. El desarrollo sostenido de los pueblos solamente puede explicarse por la

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o que tenemos por delante, queridos graduandos, es un planeta que requiere de visiones globales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de visiones de conjunto que incorporen todo el acervo científico y cultural de la humanidad a las propuestas de soluciones. Independientemente de los modelos políticos que cada quién pueda proponer para resolver los grandes problemas mundiales, en última instancia la solución definitiva siempre tendrá que venir del uso adecuado de la razón y de la ciencia, y ese uso solamente puede ser inducido masivamente mediante la educación.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

acumulación igualmente sostenida de conocimientos aplicados racionalmente para transformar sus recursos naturales y humanos en recursos económicos. En esto consiste en última instancia el desarrollo económico: en la aplicación sostenida de la ciencia y la tecnología al medio ambiente para la creación y distribución de nuevas riquezas, y en el enriquecimiento de la población mediante la adquisición de conocimientos racionales que la hacen capaz de generar y distribuir nuevos bienes y servicios. Ustedes, queridos graduandos del INCAE, son hoy exponentes de esta filosofía educativa que considera que sin conocimientos racionales no es posible operar eficazmente en el complejo mundo de hoy. Por una singular combinación de circunstancias históricas, el conocimiento científico y, por ende, la mayor parte del poder de la humanidad, se encuentran hoy concentrados en el norte del planeta. Esa concentración de poder ha generado un enorme desequilibrio global entre el norte y el sur, esto es, entre los países nord-atlánticos y euro-asiáticos y los países de África, América Latina y el Pacífico. El control de la ciencia y la tecnología está concentrado en el norte del globo terráqueo, lo mismo que los grandes volúmenes de capitales. El resto del planea puede adquirir parte de esos conocimientos mediante la educación de su población y mediante la transferencia tecnológica, tal como han venido ustedes haciéndolo aquí en INCAE, pero la brecha entre países avanzados y atrasados sigue expandiéndose pues solamente una pequeña parte de nuestras poblaciones está 224


Visiones anticipadas del mañana

recibiendo la educación moderna que requieren nuestros pueblos para competir en el mercado mundial. Veo por ello la competitividad de los países del sur del planeta gravemente comprometida si nuestras élites y gobiernos no adoptan rápidamente políticas educativas dirigidas a la rápida modernización de nuestros recursos humanos. Ustedes, queridos graduandos, son parte de una élite de gente educada que ha recibido conocimientos generados a partir de teorías científicas elaboradas por pensadores y académicos del norte del planeta, teorías que han sido enriquecidas en las últimas décadas por notables pensadores latinoamericanos y asiáticos. Armados con estas teorías y conocimientos, ustedes van a regresar pronto a sus países de origen con la voluntad de aplicar estos conocimientos para lograr transformar parcialmente sus sociedades, modernizando sus empresas y sus gobiernos. Algunos de ustedes alcanzarán éxitos visibles, mientras otros trabajarán a la sombra y apenas serán observados, pero no por ello su labor será menos importante pues todos, no importa en qué área se desempeñen, estarán funcionando como los granos de la levadura, fermentando la masa humana de sus organizaciones, compañías y gobiernos, y aplicando sus conocimientos a la luz de la razón para empujar hacia adelante sus sociedades. El camino que les espera no es fácil, nadie les dijo que sería fácil, pero sí puedo asegurarles que estará lleno de satisfacciones. Cada vez que ustedes resuelvan un problema utilizando su entendimiento y su razón, ustedes van a sentir su 225


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

realización como mejores y más acabados seres humanos, como hombres y mujeres que están cumpliendo la misión para la que vinieron a esta tierra, esto es, para ayudar a otros a vivir en un mundo más rico, más pacífico, más civilizado, más racional y, por tanto, más justo. Los felicito por haber concluido con éxito sus estudios y pido a Dios que los bendiga a todos y los ilumine en el comienzo de esta nueva etapa de sus vidas. Muchas gracias.

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El tema cambiario: mitos y verdades

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uy buenas tardes. Agradezco sinceramente la invitación que me han hecho los directivos de esta Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, para venir aquí a exponer y compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones que tengo sobre el problema cambiario dominicano. Parecería innecesario señalar la importancia del tema, ya que el mismo ha sido objeto de muchos debates, análisis y discusiones, particularmente a partir del año 1985, donde en el marco de un acuerdo de alta condicionalidad stand by, firmado por el Estado dominicano con el Fondo Monetario Internacional, se introdujo una reforma monetaria y cambiaria que tuvo como medida central la llamada «unificación» del tipo de cambio de nuestro signo monetario. Propiamente hablando, la unificación no fue otra cosa que una devaluación oficial de nuestro signo monetario, de hecho, la primera devaluación admitida oficialmente desde 1947, año en que se instauró el peso dominicano como moneda de curso legal en paridad con el dólar norteamericano. Sin embargo, creo importante indicarles que he seleccionado este tema considerando la vital importancia 227


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

que reviste el sistema cambiario en una economía como la nuestra, que tiene sustentadas sus reales y potenciales posibilidades, en el crecimiento futuro de sus exportaciones de bienes y servicios, además de la relevancia que manifiestan los aspectos cambiarios en otros sectores de la economía, incidiendo particularmente en los procesos de ahorro e inversión, y sobre la conformación de los precios internos, afectando necesariamente las actividades financieras y los negocios de seguros y reaseguros. Además, les diré que otra motivación para hablar sobre este debatido tema, reside en una razón eminentemente personal: la convicción de que en materia cambiaria, a diferencia de otras áreas de la economía, no hemos logrado avanzar en la medida que lo han reclamado las cambiantes circunstancias de nuestra sociedad, quedándonos rezagados en esquemas que ya no tienen cabida en el presente contexto. Cuando escuchamos a los expertos exponer sobre los males cambiarios que han aquejado a nuestro país, o a las autoridades de turno enjuiciar las acciones de sus antecesores o justificar las medidas que toman, nos da la impresión de que, las experiencias acumuladas tras más de 40 años de vida económica institucional, de nada han servido y, en consecuencia, debemos empezar de nuevo el proceso de hallar una respuesta cambiaria que satisfaga las interrogantes de las fuerzas productivas de la nación. Sin embargo, cada inicio de nuevas medidas cambiarias ha significado un retroceso y cada recomenzar la postergación del desarrollo de áreas que no soporta más el uso de conjeturas, mitos y ficciones cambiarias emitidas a 228


El tema cambiario: mitos y verdades

contrapelo de lo que la racionalidad, la teoría y la propia experiencia aconsejan. Son estos mitos y ficciones los que de tanto repetirse, han ido conformando un acervo infértil de seudo verdades que distorsionan nuestra propia realidad, entorpeciendo la visión y el enfoque correcto que debe otorgárseles a los problemas que nos afectan. De esta forma, hemos usado la tasa de cambio, que en esencia es un instrumento de política económica, como una variable de prestigio político. Un parámetro revelador de la real eficiencia o ineficiencia de una gestión gubernativa. En igual sentido, hemos transformado nuestro régimen de conversión, que no es otra cosa que el medio jurídico para garantizar la convertibilidad de nuestra moneda, en una sólida muralla de contención para la defensa de la soberanía del país, cual si el libre tránsito de los recursos monetarios significara una afrenta nacional. Es también en ese esquema, en el cual la especulación, la fuga de capitales y otros argumentos similares han sido considerados causa de las fluctuaciones de la moneda, en lugar de los que realmente estos representan: los lógicos efectos de las continuas distorsiones con las que ha operado nuestro sistema cambiario, se ha ignorado así, entre otras cosas, que la especulación es un fenómeno inherente a todos los mercados en donde las expectativas adquieren cierto grado de certidumbre, y la fuga de capitales, es una respuesta a la falta de confianza en una determinada política económica. Todas esas ficciones han hecho que la política cambiaria tienda a ser manejada de forma aislada, como si 229


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

se tratara de un elemento tabú que no forma parte del instrumental básico con que puedan operar y contar los diseñadores de la política económica del estado a la hora de establecer una estrategia de desarrollo. ¿Cuáles razones subyacen en este comportamiento? Podríamos empezar mencionando el factor histórico, cuya raíz reside en el hecho de que desde principios del presente siglo, y muchos años después, la principal moneda que circuló en nuestro país fue el dólar de los Estados Unidos de América. Más tarde, con la fundación de nuestro Banco Central y la creación del peso oro dominicano en 1947 como moneda de curso legal, la moneda nacional fue sustituyendo al dólar norteamericano, divisa con la cual se mantuvo prácticamente en paridad. Así las cosas, desde principios de siglo y hasta 1959, es decir, por más de cinco décadas, los dominicanos utilizaron como medio de pago monedas sumamente estables. No es de extrañar, pues, nuestro apego a esta estabilidad. Otro factor que podríamos señalar como un elemento generador de tales distorsiones, lo constituye la típica actitud latinoamericana de atribuir sus males en gran medida a factores exógenos a nuestras economías, lo que ha provocado el uso de instrumentos de política económica como elementos de defensa de la soberanía nacional. El uso de los controles excesivos a la inversión extranjera, es un típico ejemplo de esto. Finalmente, a estos argumentos creo conveniente añadir un elemento muy enraizado en las mentes de nuestra clase dirigencial: la compasión política. Quizás una herencia de nuestra formación humana, que unida a 230


El tema cambiario: mitos y verdades

algún instinto político, hace que la gente prometa más de lo que puede dar. No creo, señor, que esto requiera de mayores explicaciones. Valdría la pena entonces precisar que es en realidad el régimen cambiario de un país para de esta forma tener una idea formal que nos oriente al momento de evaluar nuestro sistema. Iniciemos por unas conceptualizaciones imprescindibles. Teóricamente, el uso combinado de dos instrumentos de política económica define lo que es la esencia del régimen cambiario de un país determinado. Estos instrumentos son la tasa de cambio y el llamado régimen de convertibilidad de la moneda nacional, considerado este último como el conjunto de normas que regula los actos, negocios y transacciones de toda índole que supongan pagos o cobros con el exterior, llevados a cabo entre residentes y no residentes de un país. Más claramente, un sistema cambiario es el esquema mediante el cual las monedas extranjeras se convierten en moneda local y las nacionales en extranjeras, de ahí que su forma de organización deba estar estrechamente vinculada y en coherencia tanto con los elementos que definen el orden monetario internacional, como con los que sustentan el orden monetario interno. De este modo, cuanto ocurra de forma autónoma en el régimen de cambio, se reflejarán en las fluctuaciones monetarias internas. De igual forma los movimientos autónomos de los flujos en moneda nacional tenderán a afectar el régimen de cambio. En el caso dominicano, el instrumento jurídico básico al que debe ceñirse el país en sus relaciones con el 231


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exterior lo es el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, del cual la República Dominicana es signataria, aspecto del cual nos olvidamos a menudo. El principio primordial de este convenio es que las reglas aplicables a los movimientos internacionales de capital no invaliden o afecten de forma sustancial la libre convertibilidad de la moneda o que dispongan un manejo ventajoso de su tipo de cambio. Como es sabido, la libre convertibilidad significa el libre intercambio, o sea el intercambio sin restricciones de los pesos dominicanos por divisas a las tasas establecidas. Ahora bien, el uso de este concepto no entrañaría mayores complicaciones al mantenimiento de un nivel deseable de reservas internacionales, si la demanda de divisas se limitará a las transacciones corrientes de la economía, es decir, al pago de importaciones de bienes y servicios. Pero, en verdad no sucede así, pues, como sabemos, pueden existir cambios psicológicos en la población que influencien la demanda de divisas y, por tanto, presionen la posición cambiaria del país, naturalmente esto tiene su límite, señores, y ese límite son los pesos: cuantos pesos hay disponibles para ser tomados del sistema económico, para ser cambiados por dólares. Es claro que por esa razón los instrumentos legales que regulan los sistemas monetarios de los países miembros del FMI, establecen precisas regulaciones a la cantidad de dinero fiduciario puesta en circulación por los bancos centrales. Adicionalmente, como elementos complementarios a estas normas monetarias, en el orden jurídico internacional 232


El tema cambiario: mitos y verdades

son admisibles controles de cambio para las transacciones de capital. En consecuencia, el concepto de la convertibilidad es compatible con la existencia de controles de carácter administrativos, como los del sistema de reintegro y los de la Ley 251, que establecen un régimen de control de cambios, los que para los fines del FMI y demás organismos internacionales se justifican con fines estadísticos o para asegurar la realidad y regularidad de cada operación de conversión de la moneda y, en ningún caso, como un instrumento para manipular la tasa de cambio. Con lo que decididamente no es compatible el régimen de libre convertibilidad es con la falta de control monetario. Es por esa causa que en el ámbito jurídico interno, nuestro régimen cambiario descansa en la Ley Monetaria, esta ley, entre otros aspectos establece disposiciones específicas que atan el volumen de la emisión monetaria al nivel de las reservas internacionales netas del país, lo que ratifica la coherencia que debe mantener el régimen de cambio con los volúmenes de emisión. Como vemos, está claramente establecido que las emisiones de moneda fiduciaria deben mantener una estrecha relación con el nivel de reservas, más aún, se considera que la forma de emisión más sana para la economía es aquella que se origina en el canje de las divisas que ingresan al país. Vistos estos aspectos conceptuales, revisemos algunos antecedentes contenidos en nuestra historia económica pasada y reciente, considerando que el futuro del hombre depende inevitablemente de las lecciones que le dicte su pasado, así, el derrotero futuro de nuestro sistema monetario 233


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y cambiario, lleva de igual forma la marca de la historia pasada, que es la que diariamente acontece, veamos: Los problemas cambiarios han sido algo recurrente y viejo en la historia económica dominicana, los mismos han tenido un origen común: el déficit continuado de la balanza de pagos; vale decir, la incapacidad de nuestra economía de financiar estos déficits en una forma racional, sus sesgos críticos se han presentado cuando factores ajenos a nuestra economía han afectado los términos de intercambio de nuestro comercio exterior, elevando el precio de los bienes importados y reduciendo el de nuestras exportaciones. En el presente siglo, nuestro sector externo ha conocido dos grandes crisis, ambas de similares magnitudes, a primera ocurre entre los años 1928 y 1930 y la segunda, entre 1982 al 1984. La primera gran crisis del sector externo fue, en esencia, un reflejo de la gran depresión de los años treinta. La segunda tuvo sus motivaciones externas en la alta inflación mundial, la elevación de los precios del petróleo y la crisis de la deuda externa seguida, posteriormente, del cierre del crédito internacional a las economías tercermundistas. No obstante la similitud de sus proporciones, ambas afectaron de forma diferente la economía del país, así, en 1930, se incrementó el desempleo y la producción interna decreció, sin que se afectara grandemente la estabilidad de los precios. La crisis de los 80, en cambio, tuyo sus efectos más nocivos en la inflación. La diferencia de estos efectos tiene su explicación en el hecho de que en el año 1930 no teníamos moneda propia y, en consecuencia, no era posible la defensa de los 234


El tema cambiario: mitos y verdades

efectos de la depresión mundial, con un simple ajuste en el tipo de cambio de la moneda. Aun vemos como la historia nos aporta un argumento claro y preciso, de la forma en que el tipo de cambio usado en función de un instrumento de política económica, puede establecer la diferencia entre el crecimiento y el decrecimiento de la economía. Si en 1982 no se hubiesen usado el mercado paralelo y algunos otros artificios cambiarios, lo que equivalía al uso de divisas a un tipo de cambio más realista con respecto al oficial, muy posiblemente los efectos derivados de las vicisitudes se hubieran traducido en una situación de conjunto de mayor gravedad para el país que la ocurrida. En igual sentido otros episodios de la historia pueden servir de base para enmendar comportamientos erróneos en el manejo de la crisis cambiaria. Por ejemplo el período correspondiente a los años 1857 al 1899 en el cual se hizo un uso desmedido de las emisiones de papel moneda, ha sido reconocido como uno de los más aciagos de nuestra economía. Esto así pues, el uso de las emisiones sin respaldo en el financiamiento del gasto público se tradujo

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a política cambiaria no debe ser un elemento tabú. Forma parte del instrumental básico con que pueden operar y contar los diseñadores de la política económica del estado a la hora de establecer una estrategia de desarrollo.

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en una mayor depreciación de la moneda. Como respuesta se intentaba entonces restablecer el crédito público, llevando la moneda nacional a su valor primitivo, con lo cual, tal como lo reseña el historiador Manuel A. Peña Batlle, «se combatía la crisis con los elementos de una nueva y próxima crisis». Con las últimas emisiones de papel moneda hechas por el gobierno de Ulises Heureaux mejor conocidas como las «papeletas de Lilís», la economía asistió a un proceso de total dolarización, pasando a ser la moneda norteamericana la moneda de curso legal en el país. Este fue pues, el resultado final de las emisiones en ese episodio de nuestra historia. Estos antecedentes sirvieron de base para que al momento de establecer un nuevo orden monetario, se hicieran las previsiones pertinentes. En efecto, en el mensaje dirigido por el dictador Trujillo al Congreso Nacional en fecha 8 de octubre de 1946, en ocasión del sometimiento a las cámaras legislativas de la Ley Monetaria y de la Ley Orgánica del Banco Central, ambas vigentes en la actualidad, al referirse a la emisión monetaria se expone entre otros argumentos el siguiente: «He querido también hacer el recuento de todos los males que acarreó al país la emisión monetaria del siglo pasado para demostrar que no ignoro el alcance de la responsabilidad que envuelve para el pueblo dominicano y sus gobernantes el ejercicio de este atributo de la nacionalidad». En vista de la importancia atribuida en esas motivaciones a las emisiones de dinero, se explicaba la necesidad de que la entidad emisora estuviera investida de una total autonomía, de la cual sería depositaria la Junta Monetaria 236


El tema cambiario: mitos y verdades

cuya composición se establecería de forma tal que asegurara un equilibrio entre los intereses públicos y privados y garantizara a sus miembros de presiones políticas. Es por eso que hoy cuando el foco de la atención pública en asuntos económicos ha estado concentrado en ponderar las ventajas, desventajas y riesgos de una política expansiva del gasto público basada en la emisión monetaria inorgánica y en el aumento del crédito interno del Banco Central el factor cambiario adquiere una inusitada vigencia. Mientras se aduce que dicha política podría reactivar la economía por la vía del aumento en el nivel general de la demanda, aspecto que no pretendemos discutir, no es menos cierto que su aplicación puede resultar muy costosa tanto en términos de inflación como en el de una mayor presión a la tasa de cambio de la moneda, los resultados del 1988 están a la vista de todos los dominicanos. Generalmente en estos casos los hechos son bastante elocuentes: a más inversión pública sigue más inflación, y a más inflación deberá seguir más devaluación, es evidente, entonces que no es posible desligar el factor fiscal del monetario y este último del cambiario. No entendemos, pues, como se aspira a mantener una estabilidad del tipo de cambio y aún más una reducción del mismo, cuando por otra parte se practica una política fiscal expansionista financiada con una mayor carga fiscal que se traduce en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. En esa misma línea, subsidiamos la factura petrolera y el pago del servicio de la deuda externa a través de tasas sobrevaluadas que se traducen en pérdidas cambiarias para el Banco Central y en incremento de su crédito interno neto. 237


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Así, volvemos a comenzar de nuevo y no se prosigue la continuación de lo que pudo haber sido un sistema relativamente eficiente de asignación de divisas, bajo un esquema de control de cambios flexibles, y con la aplicación de una estricta disciplina monetaria, que solo requería de ajustes para convertirlo, poco a poco, en un moderno sistema que permitiera, incluso, la cobertura de los riesgos cambiarios con el desarrollo de un mercado de futuros de divisas. En efecto, a partir del año 1987, se inicia un proceso de constantes variaciones en lo que al régimen cambiario se refiere, todo a partir de la recurrente alza e inestabilidad que comienza a mostrar la tasa de cambio, como resultado de factores monetarios coyunturales, generados por la aplicación de una política expansiva del gasto público. Luego de poner en práctica unas doce modalidades de regímenes cambiarios, se adopta un régimen de control de cambios, denominado sistema de reintegro de divisas. Este sistema, lejos de ser algo nuevo es, en esencia, lo que más se parece a las disposiciones originales que sobre materia cambiaria existen en el país, desde el ano de 19ó4, cuando se promulgo la ley 251, que instauró un régimen de control de cambios. Similares, en propósitos, a las que se adoptaron en 1985, también en el marco de un acuerdo con el FMI. La eliminación de los bancos de cambio y la devolución de la función de captación de divisas a la banca comercial, unido a la declaración de un virtual monopolio estatal de divisas hacen volver la vista a las regulaciones fundamentales contenidas tanto en nuestra Ley Monetaria como en la ya citada Ley 251. 238


El tema cambiario: mitos y verdades

De hecho, la eliminación de los mercados segmentados es uno de los factores más positivos que se desprenden de este nuevo orden cambiario, como se sabe, la existencia por muchos años de un régimen dual, fue el producto de la oposición que mantuvieron nuestros gobernantes a asumir el costo político de una devaluación. Se ha argumentado, también, que con ese régimen se recobra la capacidad de desmonetización del Banco Central, aspecto que podría ser bastante discutible pues, en la medida que existan subsidios cambiarios y financiamientos inorgánicos, esta posibilidad se minimiza. Este es sin dudas, uno de los pocos aspectos dentro de la política económica, en que podría estar más cercano un consenso entre el sector público y privado, ya que casi todas las opiniones vertidas en este sentido son coincidentes. Sin embargo, asistimos impotentes a una situación en la que solo se emiten opiniones sin que las mismas se lleven a la práctica. Es pertinente pues, insistir una vez más: se requiere que los mecanismos de desmonetización vigentes sean aplicados sin dilación y desvíos, de forma automática, y, que los mismos se fortalezcan con medidas adicionales. Debo señalar que recientemente el gobernador del Banco Central en su charla ante la Cámara Americana de Comercio evaluó el sistema de reintegro y en una responsable y plausible actitud, advirtió la necesidad de eliminar las distorsiones antes señaladas. No obstante, esa saludable advertencia, el doctor Roberto Saladín hizo algunos señalamientos sobre el régimen cambiario, que a nuestro entender merece una observación especial. 239


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

En primer lugar, el anuncio de una tasa estimada de inflación de un 35% para el año 1989, no resulta compatible con la meta propuesta de estabilidad o reducción de la tasa de cambio. Creemos que ante un panorama como el indicado, la tasa de cambio deberá ser ajustada hacia arriba, si es que no se desea penalizar a las actividades de exportación de bienes y servicios. Este razonamiento tiene su lógica en el hecho de que ante una elevación de costos por vía de la inflación, el elemento de ajuste para los sectores señalados es, precisamente, una elevación del tipo de cambio. Igual razonamiento es aplicable al comportamiento de la tasa de interés, la cual deberá subir, a fin de no alentar un proceso de fuga de capitales. Otro factor de preocupación lo constituye el señalamiento expreso de las autoridades de que el país produce todas las divisas que demandan sus necesidades, entendemos que esta premisa podría tener una base cuestionable, originada entre otros motivos, en una estimación sobredimensionada de los aportes de divisas del sector turismo y de las remesas de los dominicanos ausentes. En este sentido lo recomendable sería abocarse a cuantificar de forma objetiva cual es el real aporte de esos sectores, en el caso del turismo, tratando de medir su efecto neto, ya que el mismo opera contando con un alto componente de importaciones, en el caso de las remesas, esta labor sería un tanto más difícil, por la dispersión de las informaciones y la ausencia de mecanismos de regulación, no obstante, cualquier estimación debe considerar que la capacidad de ingresos del dominicano residente en el exterior, puede resultar mermada tanto por su estatus legal 240


El tema cambiario: mitos y verdades

en calidad de emigrante como por su posible condición de agente económico informal. En otro orden, entendemos que la elevada estructura fiscal aplicable a las importaciones, unida a su alta participación en los ingresos fiscales del Gobierno, constituyen una de las principales debilidades de los controles cambiarios. De esta forma, a la vez que la práctica de la subfacturación de las importaciones se convierte en fuente de demanda de divisas dentro de un mercado negro, sus posibilidades de control podrían entrar en conflicto con los objetivos de captación de impuestos, más aun considerando las necesidades del gobierno con un programa de gasto público penalizado en sus costos por la inflación. Todas estas argumentaciones explican claramente el por qué se anuncian medidas de represión cambiaria, como el proyecto de modificación de la Ley 251, del cual dio cuenta la prensa nacional en días recientes. Sin embargo, para tener una idea de lo que esto significa, basta decir que de materializarse este proyecto, se podría estar aislando a la República Dominicana de la comunidad bancaria internacional. Con esto, prácticamente se estaban anulando las posibilidades de obtención de crédito y ayuda externa y las posibilidades de captación de nuevas inversiones extranjeras. Así también se podrían hacer abortar las loables iniciativas de integración del país a la convención de Lomé. Sencillamente esto es así, pues ese proyecto legislativo alteraría el concepto de la libre convertibilidad de la moneda, haciéndonos entrar en conflicto con los fundamentos básicos en que descansa el orden monetario interno. 241


Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

De todas maneras, queda la esperanza que da la sensatez con que el doctor Roberto Saladín se ha referido, entre otros, al problema de los subsidios cambiarios. En principio estamos de acuerdo en que el sistema de reintegro ha sido el instrumento que contando con la decidida colaboración de la banca comercial, logró reorganizar el caos en que se encontraban inmersas las operaciones de un mercado, que simplemente recibía las recurrentes resoluciones del Banco Central, más como señales de una reducción de su posición cambiaria, que como pautas de ordenamiento del mismo. No era de extrañar, pues, la existencia de un alto componente especulativo antes de su adopción. Sin duda alguna, el reintegro ha cumplido un papel, y ese papel, a nuestro juicio, no ha sido otro que permitir un respiro para, una vez puesta en orden la casa, iniciar la verdadera labor de corrección de los factores que estructuralmente subyacen como fuente de las complicaciones cambiarias. Ahora bien la corrección de esas distorsiones podría contar con los mismos obstáculos que en otras oportunidades han postergado la adopción de los ajustes requeridos, me refiero al costo social y político que estas implicarían. No obstante la experiencia nos ha mostrado que posponer la adopción de correctivos a las distorsiones económicas solo ha derivado en crisis económicas y sociales más traumáticas. Sencillamente esto demuestra que en el proceso de administración de toda empresa económica solo se logran éxitos a costa de sacrificios. Todo lo anterior no significa que desconozcamos el adverso papel que en la crisis cambiaria han jugado 242


El tema cambiario: mitos y verdades

elementos ajenos a nuestro control enfatizando particularmente el caso de la deuda externa el cual plantea a nuestro gobierno un verdadero desafío: crecer o pagar. Es lógico que para poder pagar necesitamos crecer, pero para poder crecer, no podemos permanecer aislados del mundo exterior que nos rodea, al cual no solo es el mercado de nuestras exportaciones sino el potencial proveedor de capital y tecnologías que no poseemos y que requerimos para nuestro desarrollo. En efecto tal y como lo ha proclamado Mario Vargas Llosa, e1 reputado novelista y actual candidato a la presidencia del Perú: «No estamos en las puertas del siglo XXI, no en la edad media ni en el siglo XIX, el siglo de las utopías sociales y los nacionalismos a ultranza. Nuestra época es la de la internacionalización de la economía y la cultura, la del mercado mundial de las ideas, las técnicas, los bienes, los capitales y la información. Un país que en vez de abrirse al mundo se enclaustra se condena al estancamiento y la barbarie». Se trata, pues, señores de fenómeno de actitudes, el cual deberá ser enmarcado y modulado en una perspectiva histórica más vasta, pues solo teniendo una economía fuerte y moderna podremos tener un mejor control de nuestro propio destino. Muchas gracias.

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apĂŠndice FotogrĂĄfico


Alejandro E. Grull贸n E. discursos escogidos

Alejandro E. Grull贸n E., fundador y primer presidente

del Banco Popular Dominicano, pronuncia el discurso en el acto de inauguraci贸n del banco en la ciudad de Santiago, el 27 de febrero de 1964.

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apéndice Fotográfico

Desde la izquierda, la gobernadora Elena Campagna de Read, Manuel E Tavares Espaillat, Alejandro E. Grullón E., Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y Ernesto Vitienes hijo.

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Alejandro E. Grull贸n E. discursos escogidos

La imagen muestra al Sr. Grull贸n

junto a los principales ejecutivos del Banco Popular, dirigiendo una de las primeras asambleas de accionistas celebradas en la sede principal de la Calle Isabel La Cat贸lica en 1965.

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apĂŠndice FotogrĂĄfico

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Alejandro E. Grullón E., supervisa personalmente una de las campañas en la

Publicitaria Dominicana, primera agencia de publicidad moderna del país, que estaba ubicada en la calle El Conde no. 15. Con él, uno de los ejecutivos de la agencia, y al centro Orestes Martínez (mercadólogo creativo cubano) y Juan Llibre, publicista y artista dominicano, en el extremo derecho.

La reunión con grupos de interés social y económico, en procura de alianzas en

favor del desarrollo nacional ha sido una prioridad. Esta foto muestra un momento en el que Alejandro E. Grullón responde a las preguntas de los reporteros al finalizar la década de los 70.

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apéndice Fotográfico

En sus funciones de fundador y miembro,

durante una reunión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago en la década de los 70.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Encabezando el Consejo de Directores del Banco Popular Dominicano en los

años setenta. De pie desde la izquierda, Rogelio Pellerano, J.R. Sebastián Mera, Pedro A. Rodríguez, Francisco A. Brea Peña, Luis A. Julián Pérez, Jaime Alberty y Camilo Suero Moquete. Sentados en el mismo orden, Marino Auffant Pimentel, Ernesto Vitienes, Alejandro E. Grullón E., Rafael Esteva Menéndez y Víctor M. Espaillat M.

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apéndice Fotográfico

El sábado 16 de marzo de 1974 se estableció la nueva sede de la Alta Gerencia

en la Casa del Cordón. En la foto Alejandro E. Grullón E., lee el discurso inaugural mientras es observado por el entonces presidente de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer Ricardo.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Alejandro E. Grullón junto a Frank González,

gerente de la sucursal de Moca en 1975. Durante un rally realizado en la ciudad. La identificación con causas de interés comunitario ha definido la personalidad del señor Grullón y toda su trayectoria.

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apĂŠndice FotogrĂĄfico

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Alejandro E. Grull贸n E. discursos escogidos

A帽o 1976. Se dirige a los invitados en una actividad celebrada con artistas pl谩sticos en los exteriores de la Casa del Cord贸n, celebrando uno de los aniversarios del Banco Popular Dominicano.

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apéndice Fotográfico

D

urante el homenaje a empleados y funcionarios del Banco Popular que celebraban diez o más años de servicio. Actividad llevada a cabo el 22 de octubre de 1976 en los jardines de la Casa del Cordón.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

En el centro de la fotografía, Alejandro E Grullón E.,

mientras participaba en la XI Reunión de Consejo de Gobernadores de la Asociación Latinoamericana de Bancos en noviembre de 1977, en Mar de Plata, Buenos Aires.

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apĂŠndice FotogrĂĄfico

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Alejandro E. Grull贸n E. discursos escogidos

A

finales de 1984 se inaugur贸 la primera oficina del Banco Popular en Azua.

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apéndice Fotográfico

El señor Alejandro E. Grullón E., compartió palabras de agradecimiento con los invitados en dichas instalaciones.

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Alejandro E. Grull贸n E. discursos escogidos

En su oficina de la Casa del Cord贸n, a inicios de los 80.

Una d茅cada de gran desarrollo y transformaciones profesionales.

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apéndice Fotográfico

El profesor Juan Bosch expresidente de la República, acompañado de su esposa Carmen Quidiello de Bosch, recibe de Alejandro E. Grullón E., en ese entonces presidente del Grupo Financiero Popular, un ejemplar de la edición del libro “Simón Bolívar, biografía para escolares”, auspiciada por la institución en 1988.

En los años 90, recibiendo las llaves de la ciudad de Miami, Fl., de manos

de sus autoridades, en reconocimiento a la exitosa presencia del Banco Popular Dominicano. Le acompaña Manuel del Monte Urraca.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Foto tomada durante el acto de inauguración de la Torre Popular el 4 de marzo de 1992. La edificación, ubicada en la esquina de las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez, concentra la gama de servicios financiero del banco y aloja en su primer piso la oficina principal.

Imagen de la misa por el trigésimo aniversario del Banco Popular Dominicano. Desde la izquierda Manuel A. Grullón, Rosa Hernández de Grullón, Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y Alejandro E. Grullón E.

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apéndice Fotográfico

Al salir de la Catedral de Santo Domingo, Alejandro E. Grullón E., acompañado de su hijo Manuel A. Grullón, actual presidente del Banco Popular Dominicano, al terminar la celebración de la misa de acción de gracias con motivo del 40mo. Aniversario de esta institución.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

La edición anual de libros que enriquezcan la bibliografía nacional

y fortalezcan nuestra identidad como nación, ha formado parte de la agenda del señor Grullón y del Banco Popular Dominicano.

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apéndice Fotográfico

En esta imagen, junto a su esposa Melba Segura de Grullón, hace entrega del libro “Tesoros del Arte Popular Dominicano” (2001), autoría de Jeannette Miller al expresidente estadounidense Bill Clinton, en una de sus visitas al país.

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

Como impulsor del Plan Sierra, el proyecto de sostenibilidad medioambiental

más importante del país. En esta imagen, durante la jornada de siembra llevada a cabo en San José de las Matas en el año 2009, le acompañan ejecutivos, técnicos del Plan Sierra y personal el Banco Popular Dominicano.

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apĂŠndice FotogrĂĄfico

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Alejandro E. Grullón E. discursos escogidos

En junio de 2011, el senado de la República otorgó al presidente

del Consejo de Administración del Grupo Popular, Alejandro E. Grullón, un reconocimiento por sus labores financieras a favor del país. Desde la izquierda, los señores Cristina Lizardo, Alejandro E. Grullón E., Reinaldo Pared Pérez y Amable Aristy Castro.

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apéndice Fotográfico

El 31 de enero de 2014, ejecutivos, empleados, clientes y relacionados

del Banco Popular Dominicano, se reunieron en la Catedral de Santo Domingo para celebrar una misa de acción de gracias por los 50 años de operaciones del Popular. Desde la izquierda, los señores Eduardo J. Grullón, Alexandra Grullón, Alejandro E. Grullón E., Virginia Grullón y Manuel A. Grullón.

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Este libro, Alejandro E. Grull贸n E. DISCURSOS ESCOGIDOS termin贸 de imprimirse en el mes de abril de 2014, en los talleres de la editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, Rep煤blica Dominicana.


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