Seguridad como desafío para la sostenibilidad de la gobernabilidad y la democracia en Centroamérica by Luis Diego Segura

363.3 M445s Matul, Daniel Seguridad como desafío para la sostenibilidad de la gobernabilidad y la democracia en Centroamérica / Daniel Matul, Luis Diego Segura, Ana Marcela Villasuso. – 1 ed. – San José, C.R. : Asociación Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible CIDH, 2011. 80 p. ; 25 X 18 cm.

ISBN: 978-9968-512-15-2

1. Seguridad Ciudadana – América Central. 2. Seguridad Social – América Central. 3. América Central – Gobernabilidad. I. Segura, Luis Diego. II. Villasuso, Ana Marcela. III. Título.

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún momento debe considerarse que refleja los puntos de vista de sus patrocinadores ni del Círculo de Copán. Centro Internacional para el Desarrollo Humano, CIDH (Asociación Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible) Apartado Postal 1136-1000 San José, Costa Rica Barrio Escalante, San José, Costa Rica Teléfonos (506) 22332062 / 22580297 Fax (506) 22223095 Correo electrónico: cidh@cidh.ac.cr / Sitio web: www.cidh.ac.cr Diagramación, diseño y arte final Mónica Lizano Cruz. Sitio web: www.monicalizano.com

Presentación Marta Trejos / Presidenta del CIDH

Seguridad como Desafío para la Sostenibilidad de la Gobernabilidad y la Democracia en Centroamérica Daniel Matul, Ana Marcela Villasuso y Luis Diego Segura

Ponencia Mimi Prado

Biografías

Atender los retos de la reducción de la pobreza y la desigualdad, los problemas de gobernabilidad y los desafíos del desarrollo económico y social - agudizados por la recesión internacionales algo imperativo para que Centroamérica pueda mejorar el desarrollo humano de su población. Es necesaria una integración centroamericana que se convierta en instrumento para el desarrollo. Esto requiere de voluntad política y de proposición y capacidad de gestión desde lo regional. El esfuerzo integrador debe pronunciarse claramente sobre la unión a la que aspira. Para ello, debe contar con el enfoque multidimensional del diálogo permanente y con la capacidad de propuesta de las fuerzas sociales que impulsan la integración. La región viene haciendo frente a las consecuencias de la globalización y requiere mejorar su capacidad de participación, generando mayor equidad. Si queremos que la apertura económica y la integración comercial faciliten un clima de negocios atractivo para la producción, se deben contemplar políticas sociales que incidan positivamente en la calidad de vida y sean instrumentales para la competitividad. Asimismo, no es posible avanzar sin un fortalecimiento de la institucionalidad y de la gobernabilidad que requieren de un clima de confianza y transparencia en la gestión pública. En específico, respecto a la institucionalidad regional, se debe revisar tanto el marco operativo como el legal que sustentan su funcionamiento, para que sirvan de base en la construcción de una integración que verdaderamente contribuya al desarrollo de los países, redefiniendo el espacio comunitario. El diálogo, el conocimiento y la generación de propuestas entre actores políticos, sociales y empresariales son vitales. Esto, sin duplicar esfuerzos como los que realiza el Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA), sino por el contrario, en estrecha coordinación con las distintas iniciativas existentes. El Proyecto “Aportes para una Estrategia de Desarrollo Humano: Cohesión Social e Integración en Centroamérica”, ha sido ejecutado por el Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), con el apoyo del Círculo de Copán que es un grupo de pensamiento estratégico centroamericano. Fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional

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para el Desarrollo (AECID) y ha permitido el desarrollo de esos espacios de discusión entre gobiernos, institucionalidad regional y sociedad centroamericana. Con el apoyo de actores externos, como los europeos, ha apoyado en la construcción y facilitación de una agenda regional, priorizando temas, políticas, programas y acciones que pueden ser mejor atendidos desde lo regional. El objetivo general del Proyecto fue generar pensamiento estratégico, diálogo y propuestas sobre la integración centroamericana como un instrumento para el desarrollo, enriqueciendo la agenda del istmo con respuestas regionales sobre diversos temas, que el tratarse desde esa perspectiva, reforzaron las capacidades nacionales para atender problemas que afectan el desarrollo económico, social y humano de los países de Centroamérica. El Proyecto consideró cuatro temas prioritarios en su atención nacional y regional: i) seguridad como desafío para la sostenibilidad de la gobernabilidad y la democracia en Centroamérica; b) generación de empleo y su relación con la migración; iii) manejo de la crisis económica; y, iv) análisis de los planes plurianuales del SICA y su incidencia en los objetivos del desarrollo social de los países centroamericanos. En torno a los temas anteriormente mencionados se elaboraron documentos base con enfoques regionales que se presentaron en el Encuentro de Guatemala, realizado el 27 y 28 de enero de 2011. En este diálogo participaron activamente actores de la sociedad civil, empresarios y empresarias, líderes políticos, generadores de opinión y especialistas en los temas de integración, generando conocimiento y propuestas de políticas públicas y acciones específicas. Las discusiones durante los encuentros generados por el Proyecto sirvieron para demostrar que cuando los temas que comparten los países tienen un tratamiento regional se fortalecen las capacidades nacionales para resolver problemas comunes en los países centroamericanos. Una vez incorporados los insumos de los encuentros realizados por el Proyecto, se consolidaron durante un taller de trabajo en El Salvador, el 9 de mayo de 2011, con la participación de las altas autoridades gubernamentales y regionales centroamericanas. Ahí, se presentaron y discutieron los documentos base, enriquecidos por las discusiones llevadas a cabo en los encuentros con diversos actores sociales de la región. Así, se contribuyó a la toma de acuerdos regionales, fortaleciendo la integración como instrumento para la resolución a nivel nacional de preocupaciones comunes para todos los países. Como fase final, se elaboró un documento-propuesta con el objetivo de enriquecer la agenda regional con los insumos recabados con representantes de las instituciones regionales y con los aportes e insumos generados a partir de los documentos base generados por el Proyecto. Los productos de la discusión con las altas autoridades gubernamentales y regionales centroamericanas, buscan reforzar la agenda regional con temas prioritarios para todos los países. Contribuyen también a definir políticas y acciones comunes, abriendo espacios de diálogo y concreción de acuerdos entre quienes toman decisiones en Centroamérica. Ayudan a desarrollar espacios de diálogo y confianza entre los actores gubernamentales, institucionales y de la sociedad civil.

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En esta ocasión, nos permitimos presentar el Documento Base “Seguridad como desafío para la sostenibilidad de la gobernabilidad y la democracia en Centroamérica” elaborado por los consultores, Ana Marcela Villasuso, Daniel Matul y Luis Diego Segura y la Ponencia de la Embajadora de Costa Rica en El Salvador, Mimi Prado que se presentaron en el Taller de Trabajo que tuvo lugar el 9 de Mayo del 2011, en El Salvador. Agradecemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el apoyo financiero al desarrollo de este Proyecto y la colaboración conjunta con el Centro Extremeño para la Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), para la realización de esta publicación. Así mismo, damos las gracias a las personas que dieron sus aportes conceptuales, desde sus perspectivas particulares, a la integración Centroamericana. Marta Trejos Presidenta Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH)

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NTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de las situaciones de mayor preocupación en la agenda de los Estados, los gobiernos, los partidos políticos, las empresas, los grupos organizados de la sociedad y de la ciudadanía en general en los países de Centroamérica. Desde mediados de la década de 1990, los gobiernos de la región se han esforzado por incrementar el número de acciones para reducir la delincuencia. En mayo de 1997, luego de la suscripción del Tratado Marco de Seguridad Democrática, los presidentes de la región, con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos, en la Declaración de San José, acordaron lo siguiente: “Reconocemos que la delincuencia es una de las principales amenazas al régimen democrático, a la seguridad pública y a la estabilidad social de nuestros países, por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos para combatir el crimen, y mejorar la seguridad de nuestra gente.”1 Esta preocupación regional ha sido confirmada por diferentes estudios. En 2006, los resultados de la “Latin America Public Opinion Poll” (LAPOP) señalaron que la sensación de inseguridad se había incrementado en todos los países el Istmo. De acuerdo con esta encuesta, la percepción de inseguridad era mayor en el ámbito nacional que en el nivel local o del barrio. Es decir, en todos los países la ciudadanía experimentaba una mayor sensación de inseguridad a escala nacional, que cuando se trataba de un lugar más cercano, como el barrio o el lugar donde vivían.

Fuente: LAPOP 2006 1 El resaltado es de los autores.

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Los resultados de LAPOP revelaron que, en todos los países incluidos en el estudio, la mayor parte de las personas entrevistadas (85 de cada 100, con excepción de México), aseguraron que la delincuencia constituye una amenaza al bienestar del país. Sin embargo, cuando se les preguntó a las personas sobre el grado de inseguridad de su barrio, un porcentaje menor dijeron vivir en barrios muy o algo inseguros (45 de cada 100). Para 2008, la percepción de inseguridad era bastante homogénea en todos los países. Percepción de inseguridad en perspectiva comparada, -2008-

Percepción de inseguridad

39.6

41.5

41.7

33.7

34.5

35.5

Fuente: Latinobarómetro 2008

Como resultado del aumento de la delincuencia y de las preocupaciones ciudadanas, a finales del mes de julio de 2007, con el objetivo de apoyar las acciones regionales en materia de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos de América ofreció un millón de dólares para diseñar una estrategia de seguridad regional que coadyuvara con la lucha con las pandillas de jóvenes y al combate del narcotráfico. Asimismo, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron un convenio de donación por tres millones de dólares, con el objetivo de financiar actividades regionales para la prevención de pandillas juveniles. Por su parte, las fuerzas militares de la región celebraron, en Montelimar, Nicaragua, la XXVI Reunión de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), con el fin de consolidar sus relaciones y acciones en materia de seguridad. Ese mismo año, la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC) y una representación del gobierno de Estados Unidos, institucionalizaron el diálogo bilateral SICA-Estados Unidos, con el fin de consolidar el abordaje conjunto del tema de las pandillas juveniles. Llama la atención, particularmente, el numeral siete de la Declaración, cuando señala: “fomentar el establecimiento y la expansión de programas de prevención, rehabilitación y reinserción y de políticas eficaces a nivel regional, nacional y municipal, con la participación de gobiernos locales, iglesias, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.” A finales de ese mismo año, los gobiernos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reunidos en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 12 de diciembre, adoptaron la Estrategia de Seguridad de Centroamérica: “(…) como el instrumento básico que, desde una perspectiva integral, orienta las acciones de cooperación y coordinación en materia de seguridad pública, de Centroamérica y México, la cual establece objetivos comunes, las áreas de intervención y las acciones a seguir para alcanzar los niveles de seguridad y estado de confianza que requieren los ciudadanos centroamericanos y mexicanos.”

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Para el año 2008, cuatro iniciativas confirman la relevancia que el tema de la seguridad ha cobrado en todos los países de la región: 1) la aprobación del Plan de Acción con Costos del Proyecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional: Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley; 2) la adopción del Sistema de Seguridad Turística de Centroamérica, aprobado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica; 3) la consolidación de los diálogos sobre seguridad democrática de Centroamérica con los Estados Unidos de América y México y; 4) la aprobación de la Iniciativa de Mérida, por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, a fin de fortalecer los esfuerzos realizados por Centroamérica en materia de seguridad regional. Estos factores llevaron a la constitución, por un lado de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, adoptada en El Salvador, el 14 de agosto de 2007 y, por otra lado, de la Comisión Regional de Prevención de la Violencia Juvenil, como órgano garante de la implementación y seguimiento del Proyecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley. Así, como lo ha afirmado el III Informe del Estado de la Región (2008), “al finalizar la primera década del siglo XXI Centroamérica experimenta un grave problema de seguridad ciudadana.” Dada la gravedad de la situación en la región, que ha venido agravando cada vez mas, es que se considera al tema de la seguridad, como una de las máximas prioridades de la agenda regional centroamericana. En ese sentido, en el marco del proyecto “La integración como instrumento para el desarrollo en Centroamérica: una visión de región”, gestionado por el Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), se propuso analizar la situación actual de la región, desde dos perspectivas, la regional y la especifica desde ejemplos concretos de atención. En ese sentido, en esta publicación se presenta una primera parte que corresponde al análisis desde la visión integral del problema de seguridad de Centroamérica. La segunda parte corresponde a la presentación de programas/proyectos que se consideran modelos para la prevención de la violencia juvenil.

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I. PARTE: VISIÓN INTEGRAL DEL PROBLEMA

DE SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA

El final del siglo XX trajo consigo el desmoronamiento de algunos principios conceptuales que replantearon el concepto de seguridad. El principio de Seguridad Nacional, originalmente vinculado a las amenazas del enemigo externo, eminentemente estatal y con implicaciones de carácter territorial, tuvo que ser reformulado hacia conceptos relacionados con factores de orden interno, que tienen que ver más con la calidad de vida del ser humano, la democracia, el estado de derecho, entre otros elementos, más que con argumentos relacionados con la diplomacia, la estrategia o el armamento. Como resultado de este proceso, en Centroamérica la nueva construcción conceptual de la seguridad consideró a las personas y al sistema democrático como factores determinantes en dicho proceso. El concepto de seguridad se concibió, entonces, como una condición necesaria para el desarrollo, más que un fin en sí mismo. También, se transitó desde una definición estrictamente militar hacia una concepción integral, donde la seguridad es un estado “que resulta de la conjugación de una multiplicidad de factores.” (Chinchilla: 2001) El Tratado Marco de Seguridad (1991) y la Alianza para el Desarrollo Humano Sostenible (ALIDES) (1994), se constituyeron en la base del nuevo modelo de la seguridad para todos los países del área. En ambos instrumentos, la seguridad se entiende como un proceso que se concibe mediante: “el desarrollo humano, el fomento a la participación social en democracia, el respeto a la pluralidad cultural y la diversidad étnica, el acceso a la educación y el fomento de la formación técnica y profesional que contribuya al crecimiento económico con equidad”. Sin embargo, estos avances en materia conceptual produjeron serias dificultades para formular una política coherente y consistente en el tema. La construcción de políticas públicas a partir de este nuevo concepto de seguridad generó más preguntas que respuestas. Así las cosas, la formulación de las respuestas gubernamentales apegadas a dicho concepto fue de difícil aceptación por parte de quienes toman decisiones. Como ha señalado Sojo: “En Centroamérica predomina una tendencia al análisis de la cuestión de la seguridad desde una perspectiva muy amplia, que por amplia acaba incluyendo dentro del concepto un conjunto de generalidades y vaguedades.” (Sojo: 2001) El ensanchamiento conceptual de la seguridad, no sólo generó una alta demanda por reformas importantes de los aparatos de seguridad estales; sino también, produjo serios temores en función de una tendencia que conllevara a la militarización de la agenda de seguridad. “El mayor riesgo aquí es amalgamar, reunir bajo un solo concepto procesos y situaciones disímiles. Obviamente se deben separar ámbitos, segregar los aspectos de seguridad nacional de los aspectos de gestión civil del desarrollo y de los riesgos que genera” (Girot: 2001). En síntesis, esta complejidad de nuevos temas ligados al concepto de seguridad dificultó las posibilidades de generar una política capaz de producir un impacto importante en los campos señalados.

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Estructura del Tratado Marco de Seguridad Democrática 1. El Estado de derecho: El Estado de derecho y el imperio de la ley se constituyen en el elemento central del fortalecimiento de la democracia. Los medios por medio de los cuales se alcanzará este objetivo son el fortalecimiento institucional del poder civil y la limitación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad en sus competencias específicas. Con ello, se intenta poner fin al predominio de tanques y tanquetas sobre las urnas. 2. La seguridad de las personas y sus bienes: La seguridad democrática es inseparable a la dimensión humana. Con ello, la pobreza es concebida, también, como una amenaza a la seguridad. Dentro de esta óptica el objetivo fundamental consiste en convertir a Centroamérica en una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo. 3. La seguridad regional: Con este acápite se intenta poner fin a décadas de “desconfianza mutua” entre los Estados centroamericanos. Los principios que sustentan esta idea son la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza, la autodeterminación como un componente esencial de la igualdad soberana, la solidaridad entre los Estados partes, la prevención y solución conjunta de los problemas, la prohibición del uso del territorio de los Estados parte para agredir a otros Estados. De manera tal que, con ello, se instaura la idea de que la seguridad de cada Estado se vincula estrechamente con la seguridad regional. Es decir, la corresponsabilidad estatal en materia de seguridad es un factor determinante en la consolidación de estos principios. 4. La institucionalidad: El Tratado establece como instancias del Modelo de Seguridad Democrática a: 1) la Reunión de Presidentes (instancia suprema que define el conjunto de políticas y orienta el proceso de manera global); 2) el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (órgano competente en materia de seguridad regional e internacional en su condición de ente coordinador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Fuente: Elaboración propia con base en el Tratado Marco de Seguridad Democrática

Estas dificultades en materia conceptual desembocaron en un abordaje de la seguridad que consideró como prioridad inmediata aquellos factores asociados a la seguridad de las personas y de sus bienes. Producto de este particular énfasis, tanto la agenda regional, como las agendas domésticas, priorizaron tres ámbitos de la acción pública. En primer lugar, la delincuencia se elevó a la categoría de “amenaza principal” al sistema de Centroamérica. En segundo lugar, el tráfico ilegal de drogas, el lavado de dinero y la narcoactividad, en todas sus manifestaciones, fueron abordados con prioridad en la agenda pública local y de la

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integración. En tercer lugar, obligó a realizar un serio replanteamiento de la autoridad civil y las acciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Ello ha repercutido seriamente en la terminología conceptual que se emplea en materia de seguridad ciudadana. En algunos casos, el término de seguridad democrática, fue sustituido por el concepto de seguridad humana. En otros casos, se reemplazó el concepto de seguridad ciudadana por conceptos que involucran la complejidad y las múltiples dimensiones del problema, como por ejemplo, el de la seguridad de los habitantes. En los casos más extremos, se redujo el concepto de seguridad ciudadana al concepto de orden público. Quizá, por estas razones, desde el punto de vista conceptual, se advierte una fuerte ausencia de rigurosidad en el tratamiento y abordaje de los problemas relacionados con la seguridad, la criminalidad y el sistema penal (Rico: 2003). El principal resultado de esta ausencia reside en el hecho que, en materia de políticas públicas, la región ha fluctuado entre las respuestas reactivas de mano dura, las acciones aisladas en materia de preventiva y la inacción. En suma, las diferencias conceptuales están a la orden del día y las dificultades se agravan más, cuando en la región las fuentes de información sobre el tema son poco confiables. Por tanto, la construcción de una saber que oriente las políticas públicas resulta un desafío pocas abordado o por quienes hacen el conocimiento o por quienes hacen o participan en la toma de decisiones.

I.1 Una mirada regional de Centroamérica a partir de la seguridad y sus respuestas En materia de seguridad, la región presenta al menos tres grupos de países con características distintas, tanto en la elaboración de las respuestas como en la implementación de la política pública. El primer grupo de países está conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Las tres características que distinguen a este grupo del resto de países son: a) comparativamente, poseen indicadores más altos de criminalidad y delincuencia, en relación con el resto de los países el área; b) tanto el ejército, como la policía, participan en las respuestas de seguridad ciudadana y; c) en los tres países se logra advertir políticas orientadas hacia un mayor uso de la fuerza e incremento de la represión y las sanciones. A este tipo de acciones, comúnmente, se les denomina políticas de “mano dura”2. Un segundo grupo de países, está conformado por Panamá y Costa Rica. Ambas naciones, si se comparan con el primer grupo, poseen índices de delincuencia menores que sus vecinos (lo cual no quiere decir que el fenómeno no sea importante). Por otra parte, ninguno de 2 Se entiende por políticas o respuestas institucionales de “mano dura”, a aquellas que presenten las siguientes características: a) uso excesivo de la fuerza en el control de las expresiones de la delincuencia y la criminalidad y que atetan contra los DDHH; b) reforzamiento presupuestario para dotar de equipo y materiales, c) mayor participación de las FFAA en tareas de control de la delincuencia y criminalidad; d) identificación de los grupos de jóvenes (maras, pandillas o cualquiera que se parezca) como los principales objetivos de dicha política; e) “pandillerización” de la criminalidad y la delincuencia, de manera que el lenguaje se torna “todo es pandilla o mara”; f ) uso de la redada policial u operativos focalizados, como estrategia para disminuir la fuerza y presencia de dichos grupos; g) reforzamiento de centros penales donde se ubican estos grupos; h) recurrentes patrullajes policiales sin identificación policial; i) búsqueda particular de personas que pueden estar relacionadas con tales grupos; j) incremento de penas y sanciones y; k) estigmatización de la conducta juvenil, relacionada con tales grupos.

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los dos países posee ejército y, por tanto, las tareas de seguridad ciudadana las atiende únicamente la policía. Finalmente, el tipo de respuesta que ambos países han venido desarrollando, favorece enfoques menos reactivos y que se complementan con propuestas de acción integral del fenómeno de la delincuencia. No obstante, es necesario señalar que, en el caso de Panamá se aprecia un giro cada vez mayor hacia respuestas que privilegian un mayor uso de la fuerza y de las sanciones. El tercer grupo recoge la experiencia de Nicaragua. Un país que posee ejército, pero que no necesariamente ha sido la institución protagonista en tareas de seguridad ciudadana. Sus indicadores de delincuencia se mantienen relativamente bajos, en comparación con los países del grupo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ello no quiere decir, que el país no ha experimentado un incremento del fenómeno. El tipo de respuesta ha favorecido enfoques menos reactivos y con propuestas de acción integral con mayor desarrollo. En suma, los países de Centroamérica y Panamá, poseen características tan distintas que condicionan no solo el planteamiento de las respuestas (muy reactivas o menos reactivas); sino también, el tipo de operador (policía-ejército o policía) que ejecuta la respuesta. Por supuesto, los niveles de gravedad que muestran las expresiones de la criminalidad, influyen en las decisiones que se han venido tomando en los últimos veinte años. Centroamérica y Panamá: categorías de países según el tipo de respuesta, el tipo de operador e indicadores de delincuencia Países con ejército y policía en ejecución de tareas de seguridad ciudadana Que poseen indicadores altos de delincuencia Que privilegian respuestas de tipo Mano dura** Guatemala Honduras

Que privilegian respuestas Menos Duras

Que poseen indicadores bajos de delincuencia*

Que privilegian respuestas de tipo Mano dura

Que privilegian respuestas Menos Duras

Países únicamente con policía en ejecución de tareas de seguridad ciudadana Que poseen indicadores altos de delincuencia

Que privilegian respuestas de tipo Mano dura

Que privilegian respuestas Menos Duras

Que poseen indicadores bajos de delincuencia*

Que privilegian respuestas de tipo Mano dura

Nicaragua

Que privilegian respuestas Menos Duras Costa Rica

Panamá

El Salvador * Cuando se dice “indicadores bajos de delincuencia”, se refiere a que son bajos si se compara con el resto de los países. Ello no invisibiliza un fenómeno que puede estar creciendo en cada uno de estos países. ** De acuerdo con la definición brindada anteriormente.

A pesar de estas diferencias, se observan algunos procesos coincidentes en términos institucionales. Por ejemplo, en todos los países hay una tendencia hacia la institucionalización formal del control civil en las instituciones de seguridad. Ello significó, el inicio de reformas, tanto a la policía, como a los entes rectores (Ministerios o Secretarías). Sin embargo, es difícil

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señalar el grado de continuidad que cada una de estas reformas ha tenido en los países. La profesionalización de la policía y el ejercicio de una doctrina policial más vinculada a la prevención y al contacto con la ciudadanía, es únicamente visible con mayor relevancia en Nicaragua y Costa Rica. En el resto de países, la profesionalización de la policía está puesta en duda y hay pocas experiencias que muestren, que la doctrina policial con orientación comunitaria ejerce una influencia decisiva en el diseño de políticas públicas. En materia de doctrina policial (misión, visión, función y otros) únicamente en tres países se logra advertir continuidad en la aplicación del cambio doctrinal (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). En el resto de los países, efectivamente, se realizaron cambios doctrinarios, pero no es posible afirmar que ello se aplique en la actualidad. Doctrinariamente, existe una debilidad enorme en la aplicación de conceptos en las prácticas, diseño y ejecución de políticas públicas. Los únicos casos en dónde realmente hubo un proceso continuo de aplicación de un nueva doctrina fue en materia de doctrina militar. En Guatemala las reformas militares en materia de doctrina se hicieron en función del Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. En El Salvador las reformas doctrinales en materia de fuerzas armadas se derivaron de los Acuerdos de Paz (1992). En Nicaragua la nueva doctrina militar se cristalizó en el Libro Blanco de la Defensa. Por otra parte, en todos los países se evidencian serias dificultades para lograr controles efectivos en el accionar de la policía. Los controles internos de la policía varían entre la existencia de mecanismos que, en algunas oportunidades son débiles o en otras, su aplicación no es frecuente. Por otra parte, el control ministerial y parlamentario resultan ser los eslabones más débiles de este proceso. De su lado, aunque la sociedad civil ha logrado mayores niveles de especialización e interlocución, ello no es garantía que se logre un efectivo control sobre la actuación policial. Finalmente en el ámbito de las políticas o respuestas que tienen que ver con la prevención, los resultados siguen siendo una mezcla de esperanza envuelta en frustración. Durante el último quinquenio, las entidades rectoras en cada uno de los países (Ministerios, Secretarías y Policías Nacionales) han logrado institucionalizar unidades especiales para el diseño y ejecución de medidas orientadas a la prevención. Sin embargo, siguen existiendo grandes dudas sobre el resultado inmediato (o mediano plazo) de tales transformaciones. De igual manera, no es posible identificar un mecanismo de financiamiento sólido que permita una acción más estructurada y sostenida en el tiempo. Además, los procesos de formación no están a la orden el día y el personal no es suficiente para hacer posible una acción eficaz.

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Centroamérica y Panamá: Características institucionales de la seguridad pública GT

EYO

OAM

EYO

Control interno de la policía

OAM

EYO

EOD

EYO

OAM

EOD

Control ministerial de la policía

OPV

ENO

EOD

OPV

EOD

Control parlamentario de la policía

OPV

EOD

OPV

Control de la sociedad civil

EOD

EYO

OAM

Programas de prevención

OAM

EOD

Programas para fomento de la ciudadanía

OAM

Programas para la prevención situacional

ENO

OAM

ENO

OAM

Control civil sobre las instituciones de seguridad Reforma policial reciente Reforma ministerial reciente Cambio en la doctrina policial Formación policial exclusivamente civilista

E: Existe; EYO: Existe y opera; EOD: existe y opera con debilidades; OPV: Opera pocas veces; ENO: Existe y no opera; OAM: Opera algún tipo de mecanismo; NE: No existe * En El Salvador, la Constitución estipula que la única institución de policía en el país es la PNC. No obstante, un gran número de alcaldías, especialmente las de mayor población, cuentan con Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM), que están regulados por ordenanzas municipales Fuente: Elaborado con base en los reportes nacionales sobre sector seguridad en América Latina, elaborados por FLACSO-Chile, 2006.

I.2 La inclusión del enfoque preventivo en la política pública En materia de política pública, en cada país, se logran observar dos grandes esfuerzos: la generación de conocimiento y la implementación de prácticas concretas. En el primero de estos esfuerzos, se advierte una enorme producción bibliográfica con el fin de comprender las causas de la inseguridad y lograr una articulación mejor de las respuestas. En relación con el segundo esfuerzo, se evidencia un desarrollo práctico, más orientado hacia las respuestas de tipo reactivo y un desarrollo más reciente en relación con las respuestas preventivas. La inclusión del enfoque preventivo e integral en el diseño de la política pública tiene un desarrollo reciente y conceptualmente poco articulado. Los enfoques de prevención no han logrado un claro desarrollo metodológico, de manera tal que logren mostrar una práctica eficaz en la ejecución de políticas, planes o programas. En no pocas oportunidades, la ausencia de claridad en el método ha llevado a confusiones en la

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ejecución de estrategias operativas que ofrezcan resultados positivos. Institucionalmente, los países han creado en sus Ministerios una entidad encargada de diseñar y ejecutar estrategias de prevención. Institución con rango viceministerial

Entidad con nivel de dirección El Salvador (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana)

Guatemala, Honduras y Costa Rica

Panamá (Consejo Nacional de Seguridad Pública y Defensa Nacional)

Entidad dentro del ministerio

Nicaragua (Comité Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana)

En el ámbito de las policías nacionales, cada país ha ido desarrollando unidades con especialidades muy diversas. Tipo de entidad

País

Policías comunitarias

Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá

Unidades en temas de niñez, adolescencia, explotación sexual y familia

Honduras Panamá Nicaragua

Unidades en temas de drogas y pandillas

Honduras

Unidades en temas de comercio y turismo

Honduras Costa Rica

Del lado de las prácticas, acciones, y respuestas que incluyen un enfoque integral y preventivo, en todos los países se observan coincidencias en los siguientes temas.

•

Programas para la implementación de la policía comunitaria. En Nicaragua y Costa Rica, se resalta un desarrollo mucho más amplio de la policía comunitaria o policía de proximidad. En el resto de los países se advierten programas por acercar la policía a la comunidad; pero no hay certeza para afirmar que se trata de un desarrollo más profundo de la policía comunitaria o de proximidad.

•

Esfuerzos por impulsar el diseño de políticas públicas, con enfoque integral y preventivo, desde los gobiernos locales. En casi todos los países se aprecia una réplica de las experiencias en Nueva York, Bogotá o Japón. Estas iniciativas siempre son orientadas por y desde el ente rector, ejecutadas por la policía y con participación

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de las comunidades y del gobierno local. En cada país reciben nombres distintos, Comités Únicos de Barrio (Guatemala); Comités de Municipalidades de Paz y Convivencia Ciudadana (Honduras); Comités de Seguridad Comunitaria (Costa Rica) o; Vecinos Vigilantes (Panamá). •

Prácticas preventivas en materia de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia contra la niñez y la juventud. Igual situación sucede con los programas para la prevención del uso y abuso de drogas y alcohol. Existe, también, una coincidencia en los programas para la prevención de la violencia por medio del uso de armas de fuego.

•

Es posible identificar un pequeño universo de acciones desde el gobierno local en materia de prevención. Sin embargo, se trata de acciones aisladas, es decir, de una o dos municipalidades, no de un conjunto sólido y mayor de gobiernos locales. En su mayoría se han desarrollado experiencias de policía municipal. En muy pocos casos es posible advertir experiencias que revelen un trabajo coherente en materia de prevención. Existen algunas iniciativas de trabajo con los gobiernos locales desde las Asociaciones de Gobiernos Locales; como el caso de El Salvador (COMURES) y República Dominicana (FEDOMU). Otras experiencias han sido conducidas desde los entes rectores y con preeminencia de la policía.

A continuación se presenta un breve resumen de los principales documentos elaborados en cuanto a prevención por país, su orientación y las acciones definidas en materia de juventud.

El Salvador “La prevención de la delincuencia juvenil en El Salvador: hacia una formulación de una política social integral” Documento elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (1998)

En el documento se definen dos grandes componentes de una política de prevención integral. Por un lado, es necesario asumir la política criminal como parte de la política social. Por otra parte, es imprescindible que la prevención sea una expresión de un esfuerzo educativo mayor. A partir de estos elementos, se establecen una distinción entre lo que se denomina prevención física del delito y lo que se conoce como prevención de la delincuencia. La prevención física del delito, procura disminuir los actos delictivos. Trata de anticipar la acción de la delincuencia, con el fin de reducir su incidencia. De su lado, la prevención de la delincuencia se define como el conjunto de acciones que intentan disminuir el número de personas que cometen actos delictivos. Es decir, procura inhibir el desarrollo de conductas delictivas en las personas. La principal deficiencia en materia preventiva, apunta el documento, se debe a que los esfuerzos realizados son principalmente reactivos. Entre las recomendaciones del estudio destacan, directamente, en materia de juventud en primer lugar de que toda política debe partir de un marco legal que no criminalice ni estigmatice las conductas infanto juveniles que se desvían de las normas sociales establecidas. Segundo, se debe partir de una clara definición, basada en los estándares mundiales, de la juventud y sus rangos de edades. Es importante destacar que este documento no es ni fue una política oficial de prevención integral sino un estudio de situación.

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Costa Rica “Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social” Documento elaborado por el Ministerio de Justicia y Paz (2007)

Panamá “Propuesta de políticas en materia criminológica”, elaborada por la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para la elaboración de políticas en materia criminológica, Panamá, octubre de 2004.

En el Plan se define la prevención como, “el desarrollo de un conjunto de actividades tendientes a evitar que se cometa un acto violento o delictivo.” Se excluyen aquellas medidas de intervención como el efecto intimidante de la acción policial o la sanción penal, que tienen que ver, con las dimensiones de control y sanción del delito. El Plan Nacional establece tres modalidades de prevención. Por un lado, propone la prevención situacional, es decir, aquellas medidas que pueden afectar el entorno inmediato a través de disminuir las situaciones precriminales que favorecen el acto violento o que incrementan las posibilidades de capturar a los infractores. En segundo lugar, señala la prevención comunitaria, cuyo contenido se refiere al contexto inmediato, donde se implementan las acciones de prevención, que pueden ser de diverso tipo, situacional o social. Finalmente, establece la prevención social, que se refiere a la acción con grupos vulnerables y de alto riesgo, que procura a través de acciones de política social (empleo, educación, vivienda, salud, entre otras) reducir las condiciones de exclusión e inhibir el desarrollo de factores que inducen a comportamientos delictivos o violentos. En materia juvenil el plan enlaza acciones contenidas en otros planes sectoriales como por ejemplo el Plan Nacional contra las Drogas y sus programas en centros educativos, el Plan contra la Violencia en Centros Educativos y le suma nuevos programas como el de cultura de paz y Resolución Alterna de Conflictos (red de jóvenes por la paz), además un programa para la atención de jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley y por último otro programa que ofrece alternativas culturales, deportivas y sociales para jóvenes de alto riesgo. Esta política, “determina las directrices que orientan la prevención, atención y tratamiento del fenómeno de la criminalidad en el país.” La Política reconoce que las “acciones de carácter preventivo aplicadas a los factores criminógenos contribuyen a evitar en el presente, más que a castigar en el futuro; lo que de manera eficaz y eficiente, mediante una política específica que implique planeación, ejecución y evaluación de las medidas preventivas de estos factores, tendrá repercusiones en los costos.” Al igual que en los anteriores ejemplos, la Política contempla tres áreas de interés ante el fenómeno criminal: “La primaria (para evitar que los ciudadanos comentan delitos y se mantengan en condiciones sanas y seguras), la secundaria (mitigar los factores de riesgos que ya afectan o están próximos a los ciudadanos) y la terciaria (para garantizar la rehabilitación de los que han delinquido). En materia juvenil Panamá enfocó sus esfuerzos en cuanto a la atención primaria creando infraestructura deportiva y cultural en zonas de riesgo, en la atapa secundaria se ejecuta un programa para la atención y recuperación de jóvenes miembros de pandillas; y en la atención terciaria se trabajó en el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de internos en los Centros de Cumplimiento con especial atención a jóvenes procesados judicialmente.

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Guatemala “Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil” Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) 2005

Define la prevención (particularmente para el caso de la violencia juvenil), “todas aquellas medidas tendientes a reducir la violencia, la violación de la ley penal por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la modificación de las causas estructurales y culturales que las originan o favorecen. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la prevención es evitar la comisión de los hechos que violen la ley penal y violencia en general.” De igual manera, está política, señala tres niveles de intervención. El primer nivel es la intervención primaria (destinada a prevención de jóvenes vulnerables) y que, corresponde a un conjunto de intervenciones integrales de prevención temprana de comportamiento antisocial que están dirigidas a jóvenes proclives a incurrir en actos reñidos con la ley penal por las condiciones imperantes en su entorno. El segundo nivel, es la intervención secundaria (con el objetivo de reorientar a la juventud en riesgo). Su eje de trabajo son todas aquellas acciones de carácter integral orientadas a la integración de jóvenes vinculados a maras, y niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de alto riesgo, a través del cambio en sus actitudes y valores, así como en intervenciones para prevenir y atender la violencia intra familiar, y en la atención de la salud mental, la recreación y los deportes. El tercer nivel es la intervención terciaria (con énfasis en la atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley). Se trata de un proceso voluntario de reinserción a la sociedad de los jóvenes en riesgo y de los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de un proceso técnico-educativo. El fundamento de este modelo consiste en que el adolescente y joven debe descubrir las posibles áreas del desarrollo de su personalidad, sus potencialidades, capacidades y destrezas que permitan su inserción al mercado laboral a través de la capacitación y/o de la gestión de sus propias empresas, conllevándolos a mejorar sus condiciones de vida. De igual manera, se integra el concepto de prevención situacional, que consiste en la modificación del entorno ambiental y físico de las comunidades donde se cometen los delitos y donde ocurren los mayores índices de violencia, a fin de reducir las oportunidades en las que puedan suceder actos de trasgresión con la ley penal y de violencia.

Hay que señalar también que, en cada uno de los países se han venido desarrollando diferentes propuestas (planes, políticas, programas) en materia de prevención en temas como, violencia intrafamiliar, uso y abuso de drogas y alcohol, violencia juvenil, entre otros y que de alguna manera desarrollan aproximaciones conceptuales sobre prevención.

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I.3 Estado de la cuestión en los países de Centroamérica: ¿qué dicen los datos? La creciente situación de inseguridad en Centroamérica ha alcanzado niveles de violencia solamente vividos durante la crisis política militar de los setenta y ochenta. Tanto la delincuencia común como el crimen organizado se han asentado en la región y muestran una importante penetración en el tejido social y en las instituciones públicas. Sin bien los niveles de criminalidad varían en los países del llamado “triangulo norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) en relación con los niveles de los países del “triángulo sur” (Nicaragua, Costa Rica y Panamá), lo cierto es que, en su conjunto, Centroamérica enfrenta serios desafíos que han desbordado a las instituciones del Estado. I.3.1 El reto de la delictividad común en Centroamérica Para efectos del presente estudio, se entiende por delincuencia común aquellos actos llevados a cabo por personas individuales o grupos organizados y articulados, como por ejemplo, robo, extorsión, asesinatos, actos de violencia o vandalismo, venta de drogas al menudeo, entre otras actividades ilícitas. El principal hecho que causa los altos niveles de alarma en la sociedades, tanto por su peso físico, como por su efecto psicológico, es el homicidio (PNUD, 2009. P 67). El incremento de las tasas de homicidios de los últimos dos décadas ha hecho que Centroamérica sea considerada como una de las regiones más violentas del mundo. La tasa promedio de homicidios alcanza 31,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, para el 2006 (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Como ya se indicó, en el ámbito nacional las cifras muestran marcadas diferencias entre los países del triángulo norte y del triángulo sur. Por un lado Honduras muestra una tasa de 58 homicidios por cada 100.000; El Salvador experimenta una tasa 52 homicidios por cada 100.000. De su lado, Guatemala indica una tasa de 48 homicidios por cada 100.000. Constituyen los tres países de la región que poseen los índices más altos de homicidios. En el Gráfico que se presenta a continuación se puede observar la tendencia de los últimos cinco años para estos tres países. Gráfico No. 1

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Del Gráfico se derivan las siguientes consideraciones: i. ii.

iii. iv.

vi.

vii.

viii. ix.

Los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) muestran tasas de homicidios por encima del promedio regional. Mientras para el conjunto de los países, el promedio es 31,7; el promedio en estos tres países es de 52,6. Contrario a lo que sucede en el triángulo norte, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (llamado triángulo sur) experimentan tasas de homicidios inferiores el promedio regional y mucho más bajas si se comparan con las tasas de aquellos primeros países. El común denominador en todos los casos es la tendencia al alza continua de homicidios. En ninguno de los países, es posible afirmar que se experimentan bajas importantes en sus indicadores. Existen características en común entre estos tres países que inciden en el comportamiento de las tasas de homicidios. Por un lado, se advierte una alta presencia de violentas pandillas juveniles, denominadas maras, que incrementan los homicidios. En segundo lugar se denota una creciente penetración del crimen organizado principalmente relacionado con el narcotráfico internacional, cuyos grupos organizados se disputan las rutas de trasiego hacia Estados Unidos y el menudeo en los mercados locales. En tercer lugar, en todos los países, los Estados muestran exiguas capacidades institucionales para una adecuada gestión de la seguridad; así como de la justicia. Panamá había mostrado una tasa de homicidios bastante estable en el rango de 10 y 13 por 100 mil habitantes; sin embargo para el 2008 la tasa tuvo un incremento sin precedentes en la década pasando de 13 a 19 homicidios. Si bien sigue siendo mucho menor a la de los países del triángulo norte, este rápido incremento podría responder a un incremento en la actividad delictiva y lejos de ser un fenómeno pasajero, podría degenerar en mayores tasas de homicidios. El otro caso que muestra un incremento importante es el de Costa Rica, dicho país pasó de una tasa de 7 homicidios por 100 mil habitantes en el 2004 (menor a la tasa mundial del 2006 que fue de 9 homicidios) a una tasa de 11 homicidios. Este es un importante incremento que se ha visto reflejado en la creciente preocupación de los costarricenses sobre los problemas de seguridad que los aquejan, la encuesta de Unimer para el diario La Nación evidenció que el 46% de los costarricenses identifican la delincuencia como el principal problema nacional. En Nicaragua la tasa de homicidio ha sido una de las más estables y bajas de la región. De hecho, entre el 2004 y 2008, solo subió en 1 punto su tasa de homicidios, pasando de 12 a 13 homicidios por 100 mil habitantes. Si bien sigue siendo un poco más alta que la de Costa Rica, el nivel de crecimiento ha sido mínimo comparado con este último país. A nivel regional las tasas muestran un incremento constante convirtiéndose en una de las regiones más violentas a nivel mundial, con números que sobrepasan o igualan a regiones con enfrentamientos de corte político militar. Un aspecto a resaltar es que si bien el Triángulo Norte es donde están más concentradas las altas tasas de homicidio, en cuanto a las de agresión, violación y secuestro, las diferencias se reducen con los países del sur y más bien en el caso de Nicaragua es el país con la más alta tasa de denuncia de agresiones. Costa Rica por su parte ostenta el tercer lugar en altas tasas de agresiones y el segundo en violaciones.

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Una posible explicación (que en el caso de Nicaragua se constata como muy factible) es la mayor propensión a denunciar, ya sea por la cercanía del servicio (como en Nicaragua con más comisarias) o por una confianza más alta en las autoridades policiales, por ejemplo el 56% de los nicaragüenses confían en la policía y 32% en las autoridades encargadas de la justicia. Sin embargo para el caso de Costa Rica su confianza en la policía es mucho menor ubicándose en un 31% y en la justicia en un 33%. (Iberobarómetro, 2010)

En cuanto a otros delitos como la agresión, la violación y el secuestro, si bien el subregistro de estos casos es mucho mayor que por ejemplo en los homicidios, los datos registrados por el PNUD dan cuenta de que también estamos frente a un fenómeno de grandes proporciones y que afecta a toda la región, aunque de forma desigual, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. Tasas de denuncias de agresión, violación y secuestro, según país (2005-2007) País

Delito Agresión

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2005

2006

2007

140

135

144

Violación

Secuestro

0.4

0.1

0.2

Agresión

116

Violación

Secuestro

0.1

0.2

Agresión

244

184

174

Violación

Secuestro

0.5

0.8

Agresión

Violación

3.5

Secuestro

0.2

0.3

Agresión

335

333

335

Violación

Secuestro

0.5

0.7

0.8

Agresión

Violación

Secuestro

0.5

0.4

0.9

Fuente: Tomado del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 2009. Informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010

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En relación a las tasas de denuncia por agresión y violación: •

•

Nicaragua posee la tasa más alta. Algunos estudios (PNUD, 2009. 74) señalan que esta tendencia podría ser el resultado de la existencia en el país de varias comisarías de la mujer y de la niñez y adolescencia. Por tanto, el acceso a la posibilidad de este servicio podría estimular la denuncia. En cuanto al secuestro, se percibe una tendencia al crecimiento. En Guatemala se observa una menor tendencia en términos de las agresiones. Sin embargo, las tasas sobre violaciones muestran un nivel importante, incluso considerados altos con los registrados a nivel mundial (Ibidem. P 73). En cuanto al secuestro, la tasa aumentó de 0.5 a 0.8 en el 2006. (No se presentan datos para el 2007). En Costa Rica, se advierte un importante registro de agresiones. En este contexto, se destaca que, para el 2007, se incluyeron nuevas categorías en el registro, lo cual pudo incidir en el aumento de ese año. En cuanto a las violaciones, también se destaca una tasa elevada, no obstante ha mostrado una reducción importante en el 2006 y para el 2007 se mantiene igual. (Ibid) En relación a los secuestros, la tasa aumentó en el 2007 (0.2) sin embargo sigue siendo menor a la del 2005 (0.4) En El Salvador se evidencia una reducción importante en las denuncias de agresión y de violación, pasando la primera de 116 (2005) a 64 (en 2007), la de violación pasó de 29 (2005) a 12 en el 2007. Sobre los datos de secuestro, la tasa se mantiene en 0.2. (Ibid) Panamá, registra una tasa de denuncias de agresión bastante baja en relación a los países ya comentados, teniendo el nivel más alto en 2006 con 36. Sin embargo la tasa de secuestros ha tenido un aumento importante para el 2007 subiendo a 0.9 (en el 2006 fue de 0.4) El caso de Honduras es preocupante; sin embargo debido a la falta de registros oficiales y datos sobre estos tres delitos, se señala, además un importante subregistro para el año 2006 (único en el que existen datos para las tres categorías). Sobre los secuestros se aprecia un incremento en la tasa entre el 2006 y 2007 (pasó de 0.2 a 0.3)

En cuanto a otros delitos comunes (contra el patrimonio) como el robo, hurto y la estafa se advierte la misma propensión regional que en los casos de agresión y violación, esto por cuanto de nuevo países como Costa Rica y Nicaragua sobresalen dentro de los que tienen las mayores tasas como se observa en el siguiente cuadro:

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Tasas de denuncia de robo, hurto y estafa, según país (2005-2007) País

Delito

2005

Robo Costa Rica

Hurto

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

2006

2007

873

930

887

602

502

417

Estafa

Robo

150

118

109

Hurto

246

202

158

Estafa

26.5

25.6

Robo

369

450

564

Hurto

204

216

162

Estafa

Robo

Hurto

0.2

Estafa

0.8

Robo

392

441

497

Hurto

266

316

373

Estafa

Robo

Hurto

310

309

322

Estafa

Fuente: Tomado del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 2009. Informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010.

• •

•

Costa Rica presenta las tasas de denuncias de robo y hurto más altas de la región. En el 2007 (887 y 417 respectivamente). En cuanto a las estafas estas se han reducido de 88 en el 2005 a 63 en el 2007. (PNUD, 2009. P 79) Guatemala tiene la segunda tasa más alta de robo con 564 y la tercera en hurto 162 ambas en el 2007. Es de destacar que para el 2007 decreció de 216 en el 2006. En cuanto a la estafa, solo se presentan datos para el 2007, año en que la tasa fue de 58 la segunda más alta en la región después de Costa Rica. Nicaragua tiene tasas de delitos contra el patrimonio muy cercanas a las ya comentadas para Guatemala. Las tasas de denuncias de robos, hurtos y estafas muestran una tendencia al alza. La de robo llegó a 497 en el 2007 (en el 2006 se registró una tasa de 392) mientras que la de hurto y estafa llegaron a 373 y 52 respectivamente. (Ibid) El Salvador muestra una tendencia de reducción en sus tasas de denuncias de robo, hurto y estafa. En cuanto a los robos se registró una tasa de 109 en el 2007, mientras que en el hurto y en la estafa se registraron tasas de 158 y 25.6 respectivamente.

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•

Panamá registra una reducción en su tasa de robos bajando de 49 a 34 en el 2007; sin embargo sus tasas en hurtos y estafas han mostrado un leve incremento (de 309 a 322 en hurtos y de 34 a 41 en estafas), no obstante siguen siendo tasas mucho menores que Costa Rica. Honduras vuelve a mostrar un serio problema de subregistro, debido a que los pocos datos reportados muestran tasas de robo y hurtos ejemplares a nivel mundial (quizás solo comparables con los países nórdicos). Sin embargo ese bajo record de denuncias se puede deber a una propensión a no denunciar, por cuanto “no lo consideran útil”. (Ibid)

En términos generales se aprecia una situación muy similar a la registrada para los delitos de agresión, violación y secuestro, en la que los países con menos tasas de homicidio sobresalen como las que más denuncias registran. Ya se mencionaba como posible justificación a este fenómeno la mayor propensión a denunciar, debido a instituciones más cercanas y mayor confianza en las autoridades correspondientes.

I.4 Acciones regionales en respuesta a la inseguridad en Centroamérica El relanzamiento del proceso de integración centroamericana a inicios de la década de los noventa, generó mecanismos regionales para la construcción de un modelo regional de seguridad y el andamiaje institucional para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad regional. Si bien, previo a los acuerdos de paz y el Protocolo de Tegucigalpa existían algunas instituciones regionales en materia de seguridad, tal era el caso del Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA) y de la Comisión Permanente del Consejo de Defensa Centroamericana (COPECONDECA), no es sino hasta con el advenimiento de estos procesos que la región amplía su agenda de seguridad desde la visión más tradicional de la seguridad nacional1 hacia una agenda de seguridad ampliada y enfocada en la protección del ser humano y la democracia como fin último. El principal instrumento que armonizó esta nueva visión de la seguridad fue el Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD), que se constituyó el modelo de seguridad y además ordena la estructura institucional en esta materia. Este instrumento no solo sienta el nuevo paradigma sino que redefine el rol de las instituciones regionales en materia de seguridad, además acuerpa al resto de instrumentos legales y planes operativos que orientan la labor regional en esta materia. I.4.1 Andamiaje institucional del SICA en materia de seguridad Desde el marco institucional se aprecian dos momentos de evolución de la seguridad regional, de sus instituciones, así como de sus reformas. Etapa 1995-2001 Con el TMSD, la Comisión de Seguridad de Centroamérica pasa a ser el órgano ejecutor del modelo de seguridad, pues, es la “instancia subsidiaria de ejecución coordinación, evaluación

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y seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.” (TMSD. 1995. Artículo 50).2 Por su parte, la Secretaría General del SICA (SG-SICA) es designada como la secretaría técnica y administrativa la Comisión de Seguridad. (TMSD. 1995. Artículo 54) Adicionalmente, se crearon otras instituciones que constituyen, también, el esquema institucional del SICA en materia de seguridad. Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO) Sede: El Salvador, estado actual desconocido, no posee página web.

En 1996 se firma su Convenio Constitutivo. Su misión es “apoyar los esfuerzos nacionales y regionales dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos de Policía de los Estados Miembros.” (Convenio Constitutivo ICESPO. 1996. Artículo 3.) El ICESPO está contemplado dentro del TMSD en su artículo 14.

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) Sede: El Salvador, estado actual activo, página web http://www. cfac.gob.sv/

El 11 de noviembre de 1997 los Presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron su Acuerdo de Creación. Es importante destacar que la Conferencia no forma parte de la institucionalidad del SICA; sin embargo la CFAC mantiene comunicación permanente con la SG-SICA y la Comisión de Seguridad en los temas de interés mutuo. La CFAC se crea con la misión de impulsar el fomento de la confianza y hacer un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y apoyo mutuo de las Fuerzas Armadas del Istmo, para contribuir a la seguridad, al desarrollo e integración militar de la región. (CFAC. 1999. P 9). En 1999, los países integrantes de la CFAC firmaron el Protocolo de Integración de la Unidad Humanitaria y de Rescate, desde entonces la Conferencia ha establecido como un eje prioritario la cooperación en materia de desastres naturales.

Comisión de Jefes/as y Directores /as de Policía de Centroamérica y el Caribe Sede: ambulatoria, estado actual activo, no posee página web

En 2001 la Asociación de Jefes de Policía es transformada en la actual Comisión3, y se aprobó su Estatuto que establece en su artículo 5 y 6 los objetivos generales de la Comisión: “el fortalecimiento de las relaciones entre los diferentes organismos de Policía de Centroamérica y el Caribe para reunir esfuerzos en el combate a la delincuencia y al crimen organizado nacional e internacional” y “velar por el bienestar de los Policías que integran las diferentes instituciones policiales de la Región, prestando y promoviendo la cooperación y auxilio mutuo, especialmente en casos de emergencia y desastres”. (CJPCAC. 2003. P 10)

Etapa 2006-2008 Los atentados terroristas del 11 de septiembre redefinieron la agenda de seguridad global, hemisférica y, por supuesto, regional. Durante los años inmediatos, además, se sucedieron una serie de hechos que revisaron el modelo de integración. En el período comprendido entre el año 2006 y el año 2008 la agenda de seguridad sufre una ampliación más allá del terrorismo. Como resultado de ello, los órganos de la integración crean oficinas especializadas o se establecen órganos nuevos, como por ejemplo:

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Órgano

Función

Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (UOMP-CFAC) Sede: El Salvador, unidad perteneciente a la CFAC, estatus activa.

En el año 2006 la CFAC creó dicha Unidad además de su Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ), previo a un proceso de estudio y participación en actividades de mantenimiento de la paz con organismos multilaterales, foros militares interamericanos y con países aliados. (CFAC. 2007. P 12). Es de destacar que la UOMP trabajó desde el 2006 como una institución creada por acuerdo de la CFAC, por lo tanto, no formaba parte las instituciones formales del SICA. No obstante, los Presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y los cancilleres de República Dominicana y Panamá junto con el vicecanciller de Nicaragua firmaron un Acuerdo Presidencial para la Creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz (UOMP), amparados en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Sin embargo, no establece la UOMP como una institución del SICA.

Centro Regional de Coordinación en contra del Narcotráfico en Centroamérica, el Caribe y México, (CERCONAR) Sede: no posee por cuanto se encuentra en etapa de proyecto.

En la Reunión Extraordinaria de Presidentes sobre Seguridad (Honduras, Octubre 2006) se apoyó la creación de esta institución. Esta aún se encuentra en etapa de proyecto, pero agruparía las Direcciones de Aeronáutica Civil, Centros de Operaciones Aéreas de las fuerzas aéreas o servicios aéreos nacionales y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). (Cáceres. M. 2007. P 76)

Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI) Sede: El Salvador, estado actual activo, página web http://www.ocavi.com

En el 2006 se estableció como un mecanismo de la institucionalidad regional del SICA, cuyo principal objetivo es “contribuir a la seguridad humana y la gobernabilidad democrática de Centroamérica, mediante la difusión de conocimientos que permitan definir e implementar políticas nacionales y regionales, así como estrategias de prevención, control, rehabilitación y reinserción social, de cara a la problemática de la violencia y la delincuencia en la región.” (OCAVI. 2009. Sitio web)

Unidad de Seguridad Democrática de la SG-SICA Sede: El Salvador, estado actual activo,

En diciembre del 2007 el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó una resolución para crearla, con el objetivo de dar seguimiento adecuado y oportuno a los acuerdos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en especial a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, así como otros acuerdos en materia de seguridad emanados de la Reunión de Presidentes y Consejos de Ministros. (Consejo de Ministros RREE. 2007. P1)

Comisión Regional de Prevención de la Violencia Juvenil Estado actual activo

La Comisión de Seguridad de Centroamérica, en su XXXVII reunión (junio 2008), aprobó su creación, en el marco del SICA (2008). Esta Comisión, reúne a los /las Ministras de Seguridad y o Gobernación y Justicia, cuya misión será ser el “garante de la implementación y seguimiento del Proyecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional. Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley.” (Reunión de Presidentes del SICA. 2008. P 3).

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I.4.2 Principales instrumentos aprobados en materia de seguridad (2005-2010) La Comisión de Seguridad de Centroamérica, al ser la instancia operativa del TMSD ha mantenido un trabajo constante para coordinar las acciones de las distintas instituciones y para elaborar propuestas para atender los distintos asuntos de su competencia. Durante el periodo 2005-2010, la CSC ha aprobado un total de 15 instrumentos en materia de seguridad regional. Se destaca el 2007 como el año con mayor número de instrumentos aprobados. Por el tipo de instrumento, los planes seguidos de los proyectos son los principales tipos de documentos aprobados (4 y 3 respectivamente). (Ver cuadro anexo 1) De los documentos y acciones aprobados por CSC en estos años destaca la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, el cual es un proyecto bastante ambicioso que busca no solo coordinar las instituciones públicas, las políticas públicas, fomentar el intercambio de información sino también requiere de una fuerte inversión financiera. Uno de los principales problemas que ha enfrentado dicha estrategia justamente ha sido el financiero, ya que fue creada como un mecanismo de cooperación y coordinación entre las partes para que fuera financiada por la cooperación financiera internacional, la cual si bien ha hecho algunos aportes, por ejemplo, se destaca un donativo del Fondo España/SICA por $300 mil para los componentes de cooperación jurídica y modernización policial dirigidos por la Comisión de Jefes y Directores de Policía (SICA, 2010), estos no han sido suficientes para poner en práctica todos los componentes de la misma. Para enfrentar el reto del financiamiento de la Estrategia la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada en San Salvador el 20 de julio del 2010, incluyó dentro del Plan de Acción un punto donde llama a asegurar el financiamiento a la estrategia en el marco de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamérica, celebrada el 22 y 23 de junio de 2011, en Guatemala. En la misma se presentó la revisión de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, su Plan de Acción con Costos, así como un portafolio de Proyectos priorizados y sus respectivos perfiles, que habían sido adoptados por la Comisión de Seguridad de Centroamérica. En dicha Conferencia participaron además de todos los Presidentes de los países del SICA, los Presidentes de México y Colombia, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, y otras altas autoridades de 60 gobiernos y 50 organismos internacionales. Los gobiernos centroamericanos anunciaron que la cooperación internacional presentó manifestó compromisos que alcanzaban aproximadamente los 2.000 millones de dólares, la gran mayoría financiamiento y otra parte, fondos no reembolsables. La Conferencia fue considerada un punto de llegada y un punto de partida para las acciones y financiamiento para la ejecución de la Estrategia regional. Otros documentos y acciones de relevancia aprobados por la CSC (ver cuadro anexo 2) han sido la estrategia integral y cooperativa para la conformación de una Fuerza de Respuesta Rápida frente al narcoterrorismo y otras amenazas emergentes (conformada e institucionalizada en la CFAC), el Plan de Seguridad Turística, el Proyecto de Seguridad Fronteriza (actualmente la Unidad de Seguridad Democrática del SG-SICA está coordinando el Programa Regional de Seguridad Fronteriza en América Central, el cual cuenta con financiamiento de la Unión Europea). Otra acción importante fue la creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; sin embargo vale la pena llamar la atención en cuanto a que tanto esta institución como

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la Fuerza de Respuesta Rápida son coordinadas por la CFAC y de hecho su composición es de corte militar. Este accionar está en clara alineación con las políticas adoptadas por los países del Triángulo Norte en cuanto a delegar en el ejército una mayor participación en la atención de la seguridad pública. Por último se destaca la creación de dos instituciones más. Primero en el 2008 se crea la Comisión Regional de Prevención de la Violencia Juvenil en el marco del SICA que reúne a los ministros de Seguridad y o Gobernación, y Justicia de Centroamérica. La otra es el Observatorio Centroamericano e Índice de Seguridad Democrática del SICA (OBSICA), si bien la CSC da los lineamientos para su creación la resolución que lo crea oficialmente fue firmada por el Secretario General del SICA en abril 2010. Este órgano debía asumir el trabajo que venía realizando el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI). I.4.3 Acciones en materia de juventud La Estrategia de Seguridad de Centroamérica revisada tiene cuatro componentes: (1) Combate al delito; (2) Prevención de la violencia; (3) Rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria; y, (4) Fortalecimiento institucional. Para cada uno de ellos, se identificaron 14 prioridades y 22 perfiles de proyectos, que fueron presentados a la comunidad internacional en la Conferencia de Seguridad, de junio de 2011. Propiamente, en cuanto al tema de la juventud, en particular, el componente de prevención de la violencia es el que particularmente da énfasis a este tema. El mismo tiene como propósito principal la disminución de los factores que propician el surgimiento de conductas violentas y delictivas mediante el desarrollo de un plan integral de prevención, de alcance regional, con proyecciones específicas nacionales. También tiene como uno de sus objetivos, la promoción de estrategias nacionales y regionales en el ámbito social y comunitario, que mejoren el nivel de protección de las personas a través de la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, desde el principio de la participación comunitaria y ciudadana, el involucramiento del sector privado en la búsqueda de alternativas viables y ajustadas a las características de los futuros beneficiarios. Y se hace énfasis que se dará especial atención a los fenómenos relacionados con la violencia juvenil, entre otros, así como a la prevención de las violencias y delitos ejercidas y cometidas por maras y pandillas. A este componente se le identificaron seis prioridades. En cuanto a los jóvenes, hay dos prioridades. La primera se refiere a la prevención social de la violencia y la delincuencia que afecta la juventud, en la cual se busca contribuir a la disminución de los factores y condiciones sociales que propician el desarrollo de conductas violentas y delictivas en los jóvenes a nivel regional, nacional, local y transfronterizo. La segunda versa sobre la educación y capacitación para el trabajo juvenil, buscando reducir los riesgos de incorporación de la juventud en actividades y organizaciones delictivas. Los perfiles de proyectos que se presentaron en estas dos prioridades son los siguientes:

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Componente: Prevención de la Violencia Prioridad: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que afecta la Juventud Objetivo general: Contribuir a la disminución de los factores y condiciones sociales que propician el desarrollo de conductas violentas y delictivas en los jóvenes a nivel regional, nacional, local y transfronterizo. Objetivos específicos: Fortalecer los factores de protección que permitan disminuir los factores de riesgo en el ámbito de la prevención, rehabilitación, reinserción, seguridad, justicia de la población infantil, adolescente y juvenil con enfoque de derechos humanos. Resultados esperados: 1. Diseñadas e implementadas políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia con carácter integral. 2. Implementadas estrategias, planes, programas y acciones de prevención psicosocial comunitaria/local-situacional a nivel primario, secundario y terciario. 3. Experimentado un modelo de intervención con enfoque integral de prevención de la violencia que afecta a la infancia, adolescencia y juventud. Perfil de Proyecto: Prevención social de la Violencia y Delincuencia que afecta la Juventud. Actividades: 1. Gestionar asistencia técnica de apoyo en la formulación e implementación de las políticas públicas de prevención. 2. Propiciar espacios de coordinación y articulación interinstitucional a nivel político y técnico. 3. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación de las políticas con la participación de la sociedad civil. 4. Definir y consensuar lineamientos regionales armonizados de prevención de la violencia que afecta a jóvenes. 5. Diseñar un plan piloto en todos los países de la región en territorios con características similares y con intervenciones integrales y coordinadas. 6. Identificar planes, programas y proyectos según la población meta de cada país. 7. Implementar el plan piloto en los tres niveles de prevención. 8. Evaluar y documentar las experiencias. 9. Sistematizar el modelo de intervención psicosocial. 10. Crear espacios de intercambio de conocimiento, ajuste y adaptación del modelo.

Tiempo de duración: 60 meses Monto: Sin definir.

Fuente: Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 22 y 23 de junio 2011.

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Componente: Prevención de la Violencia Prioridad: Educación y Capacitación para el Trabajo Juvenil Objetivo general: Reducir los riesgos de incorporación de la juventud en actividades y organizaciones delictivas. Objetivos específicos: Generar oportunidades de acceso a la educación y a la formación vocacional de la juventud orientada al empleo y autoempleo.

Resultados esperados: 1. Fortalecidos los Servicios Públicos de Empleo en su labor de intermediación y orientación laboral. 2. Diseñados e implementados programas de formación ocupacional que respondan a las necesidades de la oferta y la demanda del mercado laboral y el interés y habilidades de la juventud. 3. Implementado el componente del autoempleo, emprendedurismo y cooperativismo juvenil y articulado entre las instituciones del Estado y sector privado. 4. Implementados los programas de empleo para jóvenes con la participación de las instituciones del Estado, empresa privada y la sociedad civil. 5. Fortalecidos los observatorios Nacionales del Mercado Laboral articulados con las diferentes instituciones del Estado que proveen información estadística para el análisis del mercado laboral.

Perfil de Proyecto: Proyecto Regional de Educación y Capacitación para el Trabajo en Centroamérica. Actividades: 1. Intermediación y orientación laboral a. Revisar, actualizar y estandarizar el sistema de intermediación laboral de los Ministerios de Trabajo de cada país. b. Dotar de recursos humanos y equipamiento al servicio público de empleo que permita que las bolsas de empleo tengan las condiciones necesarias para operar. c. Creación de bolsas de empleo juvenil en los territorios donde no tengan cobertura el servicio público de empleo de cada país. d. Crear una estrategia de divulgación de los servicios público de empleo. e. Realizar dos reuniones anuales regionales con los Directores de Empleo de cada país y sus equipos técnicos. f. Realizar una ruta aprendizaje anual con el fin de conocer las mejores experiencias de intermediación laboral en la región. 2. Programa de Formación ocupacional a. Crear un Programa Regional de Formación Ocupacional impulsado en cada país por los institutos de Formación Profesional articulado con la empresa privada y la sociedad civil asegurando que la formación responda a las necesidades del mercado laboral y garantice la inserción laboral. b. Establecer alianzas estratégicas entre los gobiernos locales, la empresa privada, las ONGs, c. Realizar dos reuniones anuales regionales entre los Institutos de Formación Profesional y los Ministerios de Trabajo que permita la articulación entre la labor de intermediar por el empleo y la formación ocupacional. d. Realizar una ruta de aprendizaje anual con el objeto de conocer las mejores prácticas en programas de formación ocupacional.

Tiempo de duración: 60 meses Monto: Sin definir.

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Componente de iniciativas emprendedoras para jóvenes a. Organizar grupos asociativos y microempresas con la coordinación de las instituciones especializadas del Estado en cada país. b. Brindar capacitación y asesoría empresarial a los grupos asociativos y las microempresas, así como acompañamiento técnico y administrativo con el fin que se administre eficientemente los recursos y sus negocios, que puedan ser rentables y se desempeñen eficientemente en la competencia del mercado. c. Brindar a las microempresas un fondo capital semilla o fondo rotativo con las mejores condiciones crediticias, que servirá para el equipamiento de sus emprendimientos así como la adquisición de herramientas y tecnología necesarias para el funcionamiento administrativo y operativo apropiado de las microempresas. d. Establecer alianzas estratégicas de comercialización de bienes y servicios a través de convenios de cooperación interinstitucional sean estos a nivel local, nacional o regional. e. Realizar una ruta aprendizaje anual con el objeto de conocer las mejores prácticas en programas exitosos de emprendedurismo e iniciativas micro empresariales. Programa de empleo para jóvenes a. Creación del Programa Regional de Pasantías para jóvenes a través del asocio de los sectores públicos-privados con el objeto de generar una experiencia laboral para la juventud. b. Creación del Programa Regional de mi Primer Empleo, orientado a jóvenes que no tienen experiencia laboral y que están listos para insertarse al mercado de trabajo. c. Realizar una ruta de aprendizaje con el propósito de conocer experiencias exitosas de programa de pasantías y programas de mi primer empleo para jóvenes en países con vasta experiencia en el tema. Observatorios Nacional del Mercado laboral (ONML) a. Fortalecer los procesos de sistematización, análisis e investigación de los indicadores del mercado laboral a través de la estandarización de métodos y procedimientos interinstitucionales. b. Fortalecimiento en equipamiento y tecnología de los ONML establecidos en cada Ministerio de Trabajo. c. Campaña de promoción y divulgación de los ONML y los diferentes servicios y productos que ofrece. d. Realizar dos reuniones anuales de los Directores y el equipo técnico de los ONML con el objeto de establecer una estrategia regional en materia de análisis e indicadores del mercado laboral a nivel regional. e. Realizar una ruta de aprendizaje con el objeto de conocer las mejores prácticas de los ONML en países con mucha experiencia en la temática.

Tiempo de duración: 60 meses Monto: Sin definir.

Fuente: Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 22 y 23 de junio 2011.

Asimismo, en el Proyecto de Prevención de la Violencia Armada en Centroamérica, que está bajo el componente de prevención de la violencia, incluye como objetivo la sensibilización a la población, en especial a los educadores y a la juventud, sobre el impacto de las armas pequeñas y ligeras y la promoción de una cultura de paz y legalidad; el cual, entre sus actividades comprende: desarrollar campañas de sensibilización en instituciones educativas, comunidades a nivel local y nacional; desarrollar acciones de incidencia en la inclusión de las temáticas de educación para la paz y cultura de la legalidad en las curículas nacionales; e incluir en programas educativos formales y no formales las temáticas de educación para la paz y cultura de la legalidad4.

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Otras instituciones del sistema en materia de seguridad también han adoptado sus propios planes o estrategias, por ejemplo la Comisión de Jefes y Directores de Policía que cuenta con un Plan Estratégico contra el Crimen Organizado 2010 – 2012, además de un Plan de Seguridad Turística, sin embargo no se tuvo acceso a los documentos de ambos planes de modo que no se conocen acciones directamente relacionadas con juventud. Por su parte la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, CCP también posee un Plan de Acción Regional aprobado por la CSC en 2003 con duración hasta el 2008, en dicho plan se plantean estrategias para el trabajo con juventud, por ejemplo en su objetivo específico 1 de “mejorar la cobertura de los programas nacionales de prevención del consumo de drogas” se plantean como estrategias de acción a) la inclusión progresiva de la prevención del uso indebido de drogas en los programas escolares curriculares y extracurriculares de los educadores y escolares centroamericanos; b) establecimiento de programas piloto para poblaciones en situación de riesgo y en áreas geográficas de riesgo seleccionadas previamente. Las metas planteadas en el desarrollo de esa estrategia eran bastante ambiciosas; sin embargo no se cuenta con datos de cumplimiento al respecto. En el objetivo específico 2 (“Incrementar la cobertura de los actuales programas de tratamiento y rehabilitación”) también se incluyan algunas otras estrategias con énfasis en niñez y juventud, por ejemplo el establecimiento de programas específicos de tratamiento y rehabilitación para poblaciones de alta incidencia, dicha estrategia define dentro de sus grupos meta a los niños (as) de y en la calle y a los jóvenes en riesgo de violencia (pandilleros o maras). En materia de reinserción social de nuevo se incluyen acciones específicas hacia estos grupos, en concreto se proponían el desarrollo de proyectos pilotos de tratamiento, rehabilitación y reinserción social específicos para cada grupo de población. Por último es de destacar el esfuerzo que ha venido realizando la región en su conjunto para fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad con otros países o regiones, tal es el caso de los diálogos sobre seguridad democrática que sostiene con México y con los Estados Unidos; sobre este último la Cumbre de Presidentes ha coincidido en la necesidad de solicitarle a los Estados Unidos mayor cooperación con la región para hacer frente al reto del crimen organizado y principalmente al narcotráfico y el lavado de dinero (en el marco del Plan Mérida, la región cuenta con recursos de cooperación no obstante el monto asignado para el conjunto de Centro América es mucho menor al recibido por México). En este sentido el programa CARSI (The Central America Regional Security Initiative) que forma parte del Plan Mérida ha destinado US$165.000.000 para la cooperación con la región, y uno de los tres ejes de trabajo programados ha sido el de policía comunitaria, prevención de pandillas y programa económico y social para jóvenes en riesgo en áreas de alta criminalidad. Finalmente, cabe destacar el acuerdo de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del SICA de julio del 2010 que en el Plan de Acción aprobado en su punto 10 sobre seguridad democrática “instruye a la SG-SICA la elaboración de un programa centroamericano de juventud, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Juventud, que articule, integre y potencie diversas iniciativas nacionales y regionales existentes, priorizando el desarrollo de capacidades educativas, inserción laboral, el fomento de estilos saludables de vida, prevención de la violencia y la participación ciudadana de las y los jóvenes en nuestros países”.

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Otro plan que data del 2004 impulsado por la Presidencia Pro Témpore (Centroamérica Segura) también incluía acciones en materia de prevención de la violencia con jóvenes y atención de pandilleros. A partir de lo señalado anteriormente, se puede concluir que el accionar de la institucionalidad centroamericana en el tema de seguridad ha sido muy amplio, de hecho existen muchos planes ejecutándose al mismo tiempo, y a pesar de que existen grandes estrategias, el apoyo financiero para su puesta en ejecución es muy débil o nulo. Si bien en casi todos se presentan acciones o actividades para trabajar con jóvenes, los resultados de dichos objetivos y actividades son desconocidos, de hecho no se cuenta con informes de ejecución de acciones; aun más, se desconoce si siquiera dichas estrategias lograron contar con los recursos para su ejecución. Si se midiera el impacto de este tipo de planes en relación con las tasas de violencia y crimen ya mencionadas, fácilmente se concluye que no hay avances substanciales. De hecho se tiene más información desde el accionar de las organizaciones no gubernamentales que desde las acciones llevadas a cabo desde los gobiernos y la institucionalidad centroamericana. I.4.4 Los presupuestos públicos para seguridad y defensa A nivel general los presupuestos en seguridad muestran un nivel similar en toda la región, salvo Costa Rica. Todos los países dedican poco más del 1% del PIB a los presupuestos en seguridad (entendidos como fuerzas de policía, ministerios del ramo y otras instituciones). El porcentaje dedicado por Costa Rica a la seguridad es bastante más inferior que el de sus vecinos (menos de la mitad del porcentaje del PIB dedicado por cualquier otro país de la región). Por su parte, Panamá destaca por cuanto dedica un porcentaje superior a la media del resto de países con un 1.4% del PIB. En cuanto al presupuesto dedicado a justicia, los datos revelan mayores diferencias entre unos países y otros. En este rubro destaca Costa Rica como el país con mayor proporción del PIB dedicado a la justicia (1.2%). Con un nivel un tanto similar aparecen El Salvador y Nicaragua, con un 1.1% del PIB; con un porcentaje más bajo aparecen Guatemala y Honduras, con un 0.9%. En este rubro Panamá posee una situación completamente contraria a la mostrada en seguridad. Panamá dedica solamente un 0.5% de su PIB a la justicia (0.9% menos que lo dedicado a seguridad). En cuanto a los presupuestos en defensa destacan Honduras y Nicaragua con el porcentaje de PIB más alto (0.7%), le sigue El Salvador con un 0.6% y de último Guatemala con un 0.4% del PIB (ver siguiente cuadro). Es de destacar que los datos aquí registrados para defensa5 (datos del SIPRI) no incluyen pensiones, de modo que la inclusión de este dato podría elevar de forma importante estos porcentajes. .

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Seguridad, justicia y defensa: gasto público como porcentaje del PIB -2007País

Seguridad

Justicia

Defensa

Costa Rica

0.5

1.2

El Salvador

1.2

1.1

0.6

Guatemala

1.2

0.9

0.4

Honduras

1.1

0.9

0.7

Nicaragua

1.1

0.7

Panamá

1.4

0.5

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, 2009. y del SIPRI. 2001

I.5 La Violencia Juvenil en Centroamérica Paradójicamente, luego de finalizados los conflictos armados, Centroamérica se ha convertido en una de la regiones más violentas del mundo. El tema de la inseguridad ha sido declarado por importantes sectores de la sociedad centroamericana como el problema más grande de la posguerra. Los altos niveles de violencia se registran particularmente en los barrios marginales, pero también afecta al resto de las ciudades e incluso las zonas semi-urbanas y rurales, llegando a condicionar una parte importante del quehacer cotidiano en donde las víctimas de las muertes violentas y los victimarios de los delitos son especialmente los jóvenes. En cuanto al estudio del fenómeno social de la violencia juvenil, la mayoría de los estudios han sido y siguen siendo realizados en los Estados Unidos. Europa, por su parte ha estudiado en particular a la Red Eurogang. Y en lo que respecta a Latinoamérica y la región centroamericana no es sino hasta hace unos años que se empieza estudiar el fenómeno, importando de los Estados Unidos sus modelos, sus conceptos, sus métodos y sus teorías. El desarrollo del conocimiento científico sobre las pandillas fuera de los Estados Unidos se encuentra aun en una etapa temprana de desarrollo y todavía no ha alcanzado un grado de sofisticación conceptual y metodológica. El fenómeno de las pandillas en Centroamérica ha puesto sobre el tapete un tema más amplio relacionado con un importante aspecto generacional de la problemática de desarrollo en la región. La urbanización y la migración han cambiado el medio de socialización de la mayoría de los jóvenes. El acentuado deterioro de indicadores de desarrollo humano para los jóvenes, los ubica en una situación más vulnerable que la de las generaciones anteriores, siendo el desempleo y la exclusión educativa aspectos centrales de la problemática de los jóvenes en la región. Los datos sugieren que la criminalidad y la violencia en Centroamérica está entrelazada con las condiciones de pobreza que afectan a muchos de los sectores de la población (sobre todo en las correlaciones entre las tasas de homicidios y las tasas de pobreza). Sin embargo no

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existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Así que, más que la pobreza, se puede decir que son las crecientes desigualdades de ingresos y oportunidades, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos, las que generan mayor violencia. Al grupo de jóvenes y adolescentes clasificados por sus actitudes, costumbres y situación de vida en “riesgo social”, se les ha asignado una variedad de nombres, entre ellos: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc.; pero sin importar como se les llame, tienen en común dos cosas: por un lado la preocupación y la alarma social que provocan y, por otro, la falta de distinción entre lo que constituye una actividad delictiva propiamente dicha y un comportamiento simplemente desviado de las costumbres y tradiciones, o lo que es peor, “desviado” por los condicionamientos socioeconómicos en que se encuentran y la ausencia de una familia. El problema ha alcanzado una magnitud tal que pretende motivar y determinar la totalidad de la incipiente política criminal referida a los menores de edad. Esto es grave en virtud de que el problema delincuencial es bastante más heterogéneo y además que muchas de las conductas y actitudes de esos grupos no son delictivas, lo cual debiera descartar la intervención represiva del Estado. A pesar de la dimensión transnacional del fenómeno, el accionar de los gobiernos ha sido hasta el momento ante todo de carácter nacional, y con poca atención para sus dimensiones regionales. Los gobiernos no solo copian políticas de otros países, sino también exportan modelos y los tropicalizan así como justifican sus políticas en base a experiencias en otros países de la región. En estas líneas pretendemos exponer algunas ideas relativas a la reacción que esos grupos generan en la sociedad, como respuestas dirigidas a resolver un conflicto con el fin de implantar una mayor seguridad ciudadana.

I.5.1 Pandillas Juveniles y Maras Si bien a escala mundial el tema del riesgo y la inseguridad pasa por la discusión del terrorismo, la preocupación más recurrente en Centroamérica sobre la pérdida de seguridad se encuentra relacionada con los jóvenes, asociados en pandillas y maras. Desde hace varios años, se han estigmatizado a los jóvenes como los principales causantes de esta violencia y delincuencia desmedida; en específico, a los miembros de pandillas las cuales están compuestas mayoritariamente por población juvenil (especialmente la Mara Salvatrucha y la 18). El fenómeno de las pandillas y las maras está haciendo su tránsito de fenómeno sociocultural a convertirse cada vez más en un fenómeno socio-criminal, con involucramiento en tráfico y venta de drogas, asaltos, extorciones y otros delitos. Es un fenómeno social que se ha complicado por sus efectos colaterales asociados a las migraciones, como lo son las deportaciones y la transculturización de las pandillas. Aunque las definiciones sobre maras y pandillas varían, para efectos del presente documento, se utilizará una definición reúne a ambos fenómenos y las concibe como:

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“agrupaciones formadas mayoritariamente por jóvenes, quienes comparten una identidad social que se refleja principalmente en su nombre, interactúan a menudo entre ellos y se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales. Expresan su identidad social compartida mediante símbolos o gestos (tatuajes, grafiti, señas, etc.), además de reclamar control sobre ciertos asuntos, a menudo territorios o mercados económicos” (Goldstein y Huff, 1993; Klein, 1995). En Centroamérica, tradicionalmente, las maras están formadas por jóvenes que viven en la misma comunidad donde crecen juntos, se unen y establecen una cuadra del barrio para pasar el tiempo, escuchar música, bailar, pelear y defenderse de otros barrios. Por ende, el concepto de pandilla se refería a una sola agrupación juvenil de la comunidad o barrio. Sin embargo, recientemente algunas se han trasformado en conjuntos que llevan a cuestionar la concepción tradicional. Esas agrupaciones trascienden los límites entre lo local, lo nacional y lo internacional: forman redes trasnacionales de grupos que se establecen como clicas locales, unidas bajo el nombre e identidad de la Mara Salvatrucha (MS-13)1 o la Mara 18 (M18) Las clicas comparten ciertas normas, reglas y relaciones más o menos jerárquicas y se encuentran dispersas en un espacio trasnacional (Savenije: 2004). Las actividades de las pandillas se inician y son sostenidas por esas clicas y sus miembros, y no cesan en las fronteras nacionales. En el ámbito local, las clicas son semi-autónomas pero mantienen vínculos y comunicación entre sí. Sin embargo, a nivel internacional forman parte de una estructura jerárquica cuyos líderes más importantes residen en los Estados Unidos y pueden enviar órdenes a las agrupaciones locales. En esa transformación, la idea del espacio que une a la pandilla ha cambiado drásticamente. Ya no es la comunidad donde crecieron los jóvenes el territorio el referente principal que une a la pandilla; ahora es la pertenencia a una unión más extensa. Esa unión va más allá de las comunidades donde viven los pandilleros individualmente considerados y sus clikas locales, la misma trasciende y aglutina a los grupos en diferentes barrios, ciudades, departamentos, e incluso países. En cuanto al hecho del porque las pandillas juveniles aparecen o se desarrollan, los estudios empíricos que han tratado de identificar las principales causas de la criminalidad y la violencia en el mediano y largo plazo, se han encontrado robustas correlaciones entre 3 variables: a. Las condiciones sociales básicas y las oportunidades laborales, especialmente la exclusión laboral y las tasas de desocupación juvenil, b. Los niveles de educación, sobretodo la exclusión educativa y las altas tasas de repetición y deserción c. El grado de integración funcional de las familias, en donde muchos hogares conducidos por la madre y hay una ausencia del modelo masculino de referencia.

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Dentro de este contexto de variables, en donde además convergen una serie de factores macro-estructurales de tipo económico, histórico, político y social desfavorables, es donde las pandillas surgen en ciertas comunidades y se institucionalizan. El hecho de que algunos/as jóvenes se unan o formen parte de una pandilla y otros no, se encuentra ligado a una serie de factores de riesgo de tipo psicosocial como lo son: 1. Carácter individual (peculiaridades del carácter psicológico de los/as jóvenes -actitudes favorables a la violación de la ley, haber vivido experiencia negativas durante su infancia, transito rápido hacia papeles adultos para los que los/as jóvenes no están preparados/as: padre, participación en relación de pareja-). 2. Carácter familiar (falta de control y supervisión parental, entorno familiar problemático con violencia abandono familiar, maltrato, muertes familiares) 3. Carácter contextual (el tipo de amistades con las que se relacionan, el barrio al que pertenecen) Las pandillas o maras representan comunidades emotivas que cubren una serie de necesidades afectivas a los jóvenes que se unen a las mismas y que brindan a éstos de unas identidades que les permiten dar sentido a sus vidas en contextos marginalizados en los que sus opciones vitales y de desarrollo son muy limitadas. Llama mucho la atención, como dentro de estos factores los jóvenes han definido un factor que los lleva a formar parte y que ellos/as mismos/as han definido como el “vacil”, y que comprende desde la diversión sana en el grupo y desde el legítimo experimentar la alegría ruidosa e impositiva de la fuerza grupal, hasta la aventura rayana con lo delictivo y la violencia claramente ilegal. Es, en definitiva, el dar rienda suelta al ímpetu juvenil que, una vez desbocado, convierte la normal rebeldía de quien intenta autoafirmarse por primera vez en un dinamismo de difícil control, al menos en la dimensión que va hacia afuera del grupo. Los factores de riesgo enunciados anteriormente sirven para ambos géneros, pero en el caso de las mujeres, sobre todo en relación con factores de tipo familiar las diferencias entre las pandilleras y las mujeres en situación de riesgo son mucho más acentuadas que las diferencias entre los varones, lo cual alberga su explicación en las diferencias para hombres y mujeres en cuanto a patrones de socialización La mujer, sobre todo cuando es joven, está sometida a un mayor control social informal que los varones. El romper con estos patrones de vigilancia social informal requiere una mayor incidencia de factores de riesgo. En la medida que a la mujer le resulta más difícil emprender conductas de carácter desviado, por la presencia de unos mecanismos de control social informal más acentuados, el emprender estas conductas de riesgo, y la afiliación a las pandillas podría interpretarse en este sentido, requiere una mayor fortaleza por parte de los factores que impulsan a las personas a emprender este tipo de conductas. Para Decker y Van Winkle (1996) la amenaza de violencia física contribuye al nacimiento y fortalecimiento de las pandillas en varios niveles:

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• En muchos barrios, las pandillas se forman como mecanismo de defensa y protección frente a grupos externos, ya sea otras pandillas, las acciones de la policía o contra otros grupos étnicos o de inmigrantes. • La amenaza de violencia física, tanto si esta percepción corresponde con una realidad o es imaginaria, aumenta el nivel de solidaridad de las pandillas. Para Klein (1971), la cohesión interna de las pandillas crece de forma proporcional con la percepción de la amenaza que representan pandillas contrarias. • El carácter vengativo de la violencia de las pandillas también contribuye al fortalecimiento de las mismas. Cada nuevo incidente violento conduce a otro, expandiendo el círculo de sujetos afectados, a una continúa escalada de armamento y a la percepción de que si uno no está con una pandilla se encuentra en una situación de desprotección. • Muchos jóvenes se unen a pandillas ya establecidas como una forma de garantizar su seguridad personal, aunque paradójicamente el estar afiliado a uno de estos grupos aumenta el riesgo de convertirse en víctima de violencia. • Este proceso que lleva a los jóvenes a desarrollar una imagen de tipos duros, con sus tatuajes, historias de guerra y violencia hace que los mismos sean percibidos como una amenaza por la sociedad, la cual busca distanciarse de ellos, cerrándoles puertas para su rehabilitación y reinserción social y contribuyendo, así, a perpetuar el problema. • El rechazo social del pandillero dificulta que el mismo establezca relaciones y realice actividades más convencionales que facilitarían su salida de las pandillas. En un contexto en el que la amenaza, real o imaginaria, de la violencia siempre está presente (por parte de otras pandillas o de las autoridades), las pandillas ofrecen una falsa sensación de seguridad a estos jóvenes y se convierten así en mecanismo de adaptación. La amenaza de violencia sirve como algo que cimienta la cohesión social de estos grupos. Los/as jóvenes que integran las pandillas tienen vidas complejas y polifacéticas, en donde una parte de su tiempo participan en actividades delictivas y la otra mayor parte del tiempo se dedican a hacer actividades comunes para su edad. En gran medida, son jóvenes primero y pandilleros/as después. En cuanto a las actividades delictivas, de alguna forma las pandillas suelen atraer chicos con una mayor disposición a cometer actos delictivos; pero al mismo tiempo la dinámica de grupo favorece o potencia estas tendencias delictivas. Los/as pandilleros/as por regla general no son especialistas en un determinado tipo de actividades, participan de una diversidad de actividades delictivas entre ellas los hurtos, los robos, el vandalismo, y actividades de carácter más serio y de mayor grado de organización como la extorsión y los asesinatos/sicariato. Respecto a las actividades propias de su edad, los/as pandilleros/as muestran una predisposición por conductas de ocio, más propias de adultos. Como bien lo señala Decker y Van Winkle (1996)

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“Como la mayoría de los adolescentes y jóvenes adultos, los pandilleros…pasan mucho tiempo simplemente estando con sus amigos, viendo la tele, bebiendo cerveza, sentados y hablando, jugando, fumando marihuana, buscando chicas. Los pandillero pasan sus vidas (y generalmente cometen sus delitos) en grupos y generalmente lo que estos grupos hace no otra cosa que matar el tiempo”. Sin embargo, también algunos participan tanto de la economía legal, pero también en forma paralela, en la economía sumergida/subterránea como estrategias de supervivencia que les permite generar un ingreso. La mayor parte del trabajo que realizan los/as pandilleros/as es de carácter no calificado entre las actividades que efectúan figuran: la carpintería, la albañería, la venta de ropa, el comercio, los talleres mecánicos, la panadería, la pintura, entre otros. Solo unos pocos realizan trabajos calificados. Los/as pandilleros/as son miembros de la comunidad y pertenecen a redes familiares que forman parte del capital social de estas comunidades. Pese a que son percibidos como causa de muchos de los males que afectan a la comunidad, siguen siendo vecino/a, primo/a, hermano/a, padre/madre, lo que limita la capacidad de las comunidades para controlar el comportamiento de las pandillas. Los vínculos entre la comunidad y la pandilla son complejos, en la medida que el pandillero/a nunca deja de ser miembro de la comunidad y la comunidad mantiene importantes lazos afectivos e instrumentales con el pandillero/a. Muchas veces la comunidad se beneficia materialmente de las contribuciones sociales y económicas que realiza la pandilla por ejemplo préstamos y créditos, ayuda a parientes en prisión, organización de actividades, etc. Las comunidades muchas veces aceptan las contribuciones ante la retirada del Estado o la dificultad de estas para obtener atención por parte de éste. Pareciera existir un clima de desconfianza entre la policía y los residentes de las comunidades pandilleras, ante la corrupción policial. Los salarios de la policía son bajos y muchas veces se ven complementados por los sobornos de las pandillas y los mareros, siendo cómplices y garantizadores del control territorial de las pandillas y las maras. Esto genera un sentimiento de desprotección y desamparo, no solo al no poder recurrir a la policía en caso de necesitarlo sino también al verles como beneficiarios de las actividades pandilleras y mareras. Los entornos carcelarios están contribuyendo a agravar el problema de las pandillas y las maras, ya que los/as jóvenes en este proceso de institucionalización sobre todo en El Salvador, Honduras y Guatemala, han podido desarrollar una identidad criminal más solida y cimentar su base social y económica, y por tanto su poder, por medio de la penetración de mercados ilegales (tráfico de droga, extorsión). Los entornos de los centros penales han permitido por su misma naturaleza de encierro, que las pandillas estén desarrollando estructuras más cerradas, con un mayor nivel de cohesión social y un mayor control de los miembros en donde la necesidad de supervivencia proporciona una motivación adicional para prestar servidumbre al grupo. Lo cual está

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contribuyendo a la institucionalización de las pandillas en la calle, en donde muchas veces los de adentro ejercen el control de sus miembros afuera.

I.5.1.1 Pandillas Juveniles y Maras en los países centroamericanos

Algunos conocedores de la historia de las pandillas sostienen que se iniciaron hacia 1870 con la llegada de los irlandeses a Estados Unidos. Luego, su estructura se afianzó con el modelo organizativo de las mafias sicilianas que llegaron a Nueva York, los Ángeles y Chicago. En lo que respecta a Centroamérica, estos grupos empezaron a organizarse en los años posteriores a 1980, haciéndose visibles en la región, porque sus integrantes correspondían geográficamente a estos países, siendo las que más se ajustaron a las características de las poblaciones jóvenes la Mara 18 (M18) y la Mara Salvatrucha (MS). La inserción de los centroamericanos a dichas pandillas en los Estados Unidos se debió a la necesidad de defender sus espacios laborales y los barrios donde se habían asentado por haber tenido que migrar a raíz del conflicto interno en Guatemala y El Salvador. También se agruparon para reaccionar durante la década de los 80’s a las políticas migratorias del país que se hicieron más severas, y en donde, por cualquier causa eran deportados masivamente y no lograban obtener la residencia o la nacionalidad. Utilizando un esquema propuesto en Cruz y Carranza (2005), que a la vez sigue el modelo ecológico adoptado por la Organización Mundial de la Salud (Krug y otros: 2002) para poder comprender la complejidad de los fenómenos de la violencia, es posible agrupar los factores que están detrás de la aparición y el desarrollo de las maras en Centroamérica en diez grandes categorías: a) procesos de exclusión social; b) cultura de violencia; c) crecimiento urbano rápido y desordenado; d) migración; e) desorganización comunitaria; f ) presencia de drogas; g) dinámica de la violencia; h) familias problemáticas; i) amigos o compañeros miembros de pandillas y j) dificultades de construcción de identidad personal. Todas estas categorías reúnen una serie de condiciones específicas que operan directamente sobre la conducta de los jóvenes y facilitan su integración a las pandillas, su operatividad como grupo y su evolución como fenómeno social. Siguiendo el modelo ecológico, dichas categorías se inscriben a su vez, en diversos niveles de la realidad en la que se encuentra inserto el joven: el nivel social, el nivel comunitario, el nivel relacional y el nivel individual, los cuales se articulan y combinan entre sí. Es importante resaltar que las pandillas y las maras en la región centroamericana muestran diferentes expresiones dependiendo del país, y de la agrupación de la cual se esté haciendo

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referencia. En ese sentido, las pandillas y las maras del Triángulo Norte son agrupaciones numerosas, estructuradas y violentas. En cambio en Nicaragua y Costa Rica, las pandillas tienen un carácter más doméstico, atomizado y son menos violentas. Según los datos de Naciones Unidas para el 2007, existían cerca de 67.660 jóvenes miembros de pandillas en la región centroamericana (ver el siguiente cuadro).

País Nicaragua Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador TOTAL

No. de Pandillas

Membresía Total

No. promedio de miembros por pandilla

268 434 112 6 4 824

4.500 14.000 36.000 2.660 10.500 67.660

17 32 321 443 2.625 7.450

Fuente: Naciones Unidas. 2007

Las pandillas y las maras como fenómeno social por su mismo carácter dinámico y por los factores de riesgo asociados a su generación y reproducción han evolucionado y se ha transformado en los últimos años. Algunas de las características que eran propias de los perfiles de las pandillas y las Maras ya no se mantienen, de ahí la pertinencia de estudiar este fenómeno de una manera constante. Las tendencias actuales muestran que: -el número de integrantes en la sub-región del Triángulo Norte, experimenta variaciones continuas en función de la mayor movilidad territorial de sus miembros, las medidas adoptadas al interior de la pandilla en torno al reclutamiento de nuevos miembros, el continuo asesinato de pandilleros y las actuales estrategias de camuflaje utilizadas por la pandilla para mantenerse en la clandestinidad (Aguilar y Miranda: 2006). -los miembros ya no son mayoritariamente adolescentes, sino jóvenes adultos, algunos de los cuales comenzaron su vida en la pandilla siendo adolescentes (18,7 años en 1996, 20,2 años en el 200 y 24,1 años en el 2006). -la edad promedio de ingreso no ha cambiado (14,58 años en 1996, 15,20 años en el 200 y 15,23 años en el 2006). -en general, no se trata de jóvenes analfabetos, sin embargo las tendencias en términos del promedio educativo y los niveles de escolaridad se han reducido con el paso del tiempo. -en términos de distribución de género al interior de las pandillas, estudios recientes en El Salvador, Guatemala y Honduras (Aguilar: 2006, Ranum: 2006 y Andino: 2006) evidenciaron que no sólo se mantiene la presencia mayoritaria de hombres, sino

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que se ha profundizado en los últimos años el dominio masculino, debido a un fuerte descenso de la participación activa de las mujeres al interior de la pandilla. -algunos factores han dejado de intervenir con la misma fuerza en la reproducción del fenómeno de la violencia juvenil. Por ejemplo: a) el consumo de drogas entre los pandilleros se ha reducido en Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que en Nicaragua ha aumentado (Redes Transnacionales: 2006). Las razones que justifican la reducción en el consumo en el caso del Triángulo Norte se relaciona con las nuevas normas y restricciones impuestas por la pandilla a sus miembros, como parte de los mecanismos de seguridad y control grupal. Estas transformaciones reflejan la enorme capacidad adaptativa de la pandilla frente a las nuevas y posibles amenazas que enfrentan en el actual contexto (Aguilar, 2006). b) uso y portación de armas de fuego, tanto en Guatemala como en El Salvador, existe un mayor acceso a armas de fabricación industrial y no solo armas blancas y de fabricación artesanal. Estas transformaciones suponen también un aumento en los niveles de letalidad de los episodios de violencia protagonizados por las pandillas 4y en una intensificación de la escalada de violencia asociada a estos grupos . Sin duda los altos niveles de armamentización de la sociedad y su fácil acceso en los países del triángulo norte, ha favorecido un mayor uso de armas industriales entre la pandilla. c) las políticas de intervención de los Estados de la región, las cuales han tenido un énfasis predominantemente represivo. I.5.1.1.1

Relación entre las pandillas y las Maras y el crimen organizado

Es importante hacer notar que las pandillas primero que todo no constituyen entidades organizativas formales. Las pandillas se constituyen en redes sociales dispersas, permeables, fluidas e inestables con un carácter meramente local, lo que origina una amplia variedad de formas y grados de organización. La forma típica es la clica o agrupación de barrio que oscila enormemente en tamaño y grado de complejidad, normas internas y sanciones asociadas con las mismas, ritos de iniciación, relevancia de signos externos de identificación, etc. En estas clicas locales, como en cualquier otro grupo social, existen personas con un mayor grado de influencia que ocupan posiciones de liderazgo en las mismas. Este liderazgo, sin embargo, es inestable y fluido. Además, el gobierno de sus miembros presenta límites importantes para quienes ejercen de líderes, sobre todo en un contexto en el que los propios pandilleros aluden a la horizontalidad de estas organizaciones en la toma de decisiones. Los/as pandilleros/as niegan la existencia de líderes regionales, a lo más que aluden es actividades de cooperación con un carácter local y aunque aluden a contactos con el narcotráfico el carácter de estos vínculos es muy impreciso.

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Las pandillas juveniles no tienen lazos fuertes con la violencia derivada de las narcotráfico y del crimen organizado, solamente un segmento pequeño de pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala posee lazos transnacionales. En el caso de existir la relación con bandas y estructuras del narcotráfico, éstas se basan fundamentalmente en transacciones de carácter comercial, a partir de las actividades demandadas coyunturalmente por las bandas o mafias estructuradas. No se trata de vínculos orgánicos entre ambas estructuras, sino más bien de relaciones contractuales. I.5.1.1.2 Relación entre las pandillas y las Maras y el tráfico de drogas regional Algunos de los más recientes estudios sobre el fenómeno (ONUV: 2007; Aguilar: 2006; Ranum: 2006), e incluso el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (Marenco: 2008) permiten establecer que la participación actual de las pandillas en el tráfico de drogas se limita al narcomenudeo o al control de los pequeños mercados domésticos de drogas y no al tráfico regional o a las redes de tráfico más sofisticadas. Entrevistas con pandilleros en Guatemala y El Salvador revelan que algunos de sus miembros están dedicados a la distribución territorial de drogas, pero que su participación en estas actividades no responden a acciones institucionalmente establecidas por la pandilla, sino a actividades con fines de lucro en las que participan algunos pandilleros por decisión personal, en muchos casos con previo aval de la pandilla.

I.6 La cultura de la legalidad y la juventud en Centroamérica El origen del concepto de “cultura de la legalidad” no es reciente. A principios de la década de los noventa, Giovanni Tarello utilizó la expresión de cultura jurídica en su libro “Cultura jurídica y política del derecho” como un concepto genérico que ha sido la constante y en donde se plasma la idea del derecho como algo que es tan determinante que prescinde. Sin embargo, la permeabilidad que ha tenido el concepto de la cultura de la legalidad en los últimos años se debe, principalmente, a los cambios que se han venido sucediendo sobre todo en algunos sistemas políticos latinoamericanos, y en especial en los centroamericanos. La definición más clara de la cultura en general, tiene que ver con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas; tiene que ver con la forma en que se percibe y se es percibido. De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico, conocimiento que puede tenerse a distintos niveles, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado6. Es así, que por cultura de la legalidad se entiende “a una serie de conocimientos, creencias, normas, símbolos, usos y costumbres jurídicas que son movilizadas colectivamente por miembros de una comunidad”. Estas normas tienen un amplio rango que van desde estacionarse en lugares prohibidos, copiarse en un examen o no respetar el semáforo en rojo hasta los actos de acción utilizadas por los grandes actores actuales de la inseguridad social (el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la delincuencia, la corrupción, la no transparencia pública y otros).

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La cultura de la legalidad tiene que ver con la convicción social de obedecer las reglas, como exigencia básica de la convivencia colectiva, en donde la deliberación democrática, por un lado; y, los derechos fundamentales, por el otro, son dos elementos que complementan aquella exigencia de obediencia y apego a las reglas. En verdad, la convicción social de obedecer las reglas es lo fundamental de una cultura de la legalidad, pero esta convicción está condicionada por la forma en se relaciona con las otras variables, como lo son la cultura política, la cultura en general, el Estado jurídico y el Estado de Derecho, la sociedad y la comunidad, el conjunto de instituciones sociales, políticas y culturales de un país, la identidad de su pobladores, y la democracia. Sólo conociendo como se determinan estas variables entre sí, es posible conocer como se construye el éxito de la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad se ha convertido en un instrumento importantísimo para renovar las sociedades que han sido atacadas por la violencia desde distintos ámbitos y una valiosa herramienta para las autoridades, nacionales y locales, en la lucha contra el delito, los actos de corrupción y el crimen transnacional organizado. La cultura de la legalidad no es asunto exclusivo de los gobernados, sino que forma parte de la cultura política e institucional de nuestra sociedad y del Estado en su conjunto. La cultura de la legalidad, exige que cada institución, cada familia, cada persona asuma el papel y el rol que le corresponde desempeñar en la sociedad responsablemente. Es por esto, que junto al fortalecimiento de un Estado de Derecho se debe paralelamente apoyar a la educación, en su misión de formar ciudadanos con valores de respeto hacia a la legalidad y la justicia. Es importante incorporar a los ciudadanos/as de forma activa en la generación de políticas públicas en torno a la violencia juvenil, siendo su participación clave y fundamental, ya que deben de sentir y palpar que son un elemento clave en la prevención, solución y denuncia del delito. En el marco de una cultura de la legalidad es importante que, en Centroamérica se desarrollen políticas públicas nacionales y políticas regionales orientadas a garantizar la seguridad de los jóvenes, de forma que los mismos no se vean forzados y motivados a vincularse a las pandillas como mecanismos de protección en contextos marginalizados. Los gestores de programas de intervención focalizados a la prevención secundaria, es decir, dirigida a las poblaciones de riesgo, deberían emplear la información sobre aquellos factores de riesgo más fuertes y con mayor respaldo empírico, para garantizar que sus acciones estén dirigidas a los jóvenes que más las necesitan. Estos factores, por un lado pueden ser empleados para identificar la audiencia de programas de prevención secundaria, y por otra parte, políticas sociales dirigidas a incidir sobre estos factores. Los programas orientados a prevenir las pandillas, deben de tratar de desarrollar asociaciones pro-sociales entre los jóvenes en zonas marginales, apoyar a los padres y familiares de los pandillero/as para que los mismos puedan ofrecerles un ambiente seguro y propicio durante su desarrollo. Cualquier esfuerzo para alistar a la comunidad en el control de las pandillas tiene que pasar por el uso de estrategias que vayan más allá de la segregación social del pandillero, ya que el pandillero es parte de la misma comunidad.

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Se debe de promover desde las autoridades públicas practicas más responsables desde un punto de vista deontológico y más profesionales de quienes trabajan en los medios de comunicación a la hora de informar sobre el problema de las pandillas juveniles y maras. Se necesita re-establecer la confianza y la comunicación entre policía y comunidad; a la vez se deben implementar mecanismos de control comunitario y mayor fiscalización de la tarea policial. Algunas medidas concretas podrían incorporar: aumentar los salarios y formación de la policía, introducir programas que mejoren la relación entre la comunidad y la policía (reuniones de policía-comunidad (líderes comunitarios, negocios), y adoptar medidas para facilitar la denuncia anónima de prácticas corruptas (por correo, por teléfono), así como el fortalecimiento de unidades policiales que luchen contra la corrupción interna. Se debe de facilitar el proceso de salida de las pandillas por medio de políticas asistenciales y de integración en el mercado laboral ofreciendo apoyo a los/as jóvenes que quieran hacelo. Es aquí donde las familias y la comunidad y otras instituciones no gubernamentales pueden jugar un papel importante en la reintegración y reinserción de los/as jóvenes sobretodo adquiriendo un rol de apoyo y participación en programas de prevención y re-inserción de pandilleros/as a sus barrios. Las políticas preventivas de carácter social deben de incluir a la policía y a la comunidad colaborando ambos en pro de la prevención, lo que podría mejorar las relaciones entre ambos pasando a ser una alianza critica para la prevención. Asimismo deben de contemplar el desarrollo de programas para jóvenes (actividades deportivas, artísticas, culturales, etc.) que sirvan a los adolescentes como alternativas más atractivas que la afiliación a las pandillas. Las políticas en torno al problema de violencia juvenil se deben de trabajar de la mano con el apoyo comunitario, en colaboración con los líderes comunitarios, para que sean percibidas por las pandillas como instrumentos de apoyo a la comunidad y no como elementos represivos.

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II. PARTE: ALGUNOS PROGRAMAS/PROYECTOS

MODELOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CENTROAMÉRICA

Los programas/proyectos de prevención de la violencia juvenil administrados localmente pueden tener un impacto significativo en la reducción de la violencia en comunidades específicas, y hasta pueden crecer y llegar a ser modelos más grandes que, aun así, logran preservar su efectividad. Si bien no existe una fórmula para crear un proyecto-programa efectivo, ni un abordaje único que funcione en todos los contextos, hay ciertas lecciones que surgen de los casos que han sido exitosos, que se deben considerar a la hora de la implementación de los proyectos/ programas: 1.

Los programas/proyectos de prevención de la violencia deben ser conducidos por la comunidad, lo que se conoce como movilización comunitaria

La movilización comunitaria va más allá de la mera comprensión del contexto comunitario, es un proceso dinámico que involucra a la comunidad como agente activo en el esfuerzo por enfrentar la violencia, requiere que participen los diversos actores involucrados e interesados en disminuir y erradicar la violencia, actores tales como padres y madres de familia, escuelas, empresas locales, gobierno local, centros de salud, instituciones religiosas y la Policía. La clave de la movilización comunitaria radica en que la comunidad se involucre no solo en la identificación del problema, sino también en el diseño de las respuestas. La movilización comunitaria puede girar en torno a una serie de objetivos posibles y a estrategias que surgen orgánicamente de la comunidad, las cuales suelen fomentar confianza entre los distintos actores comunitarios; tienden a juntar recursos adecuados y, a la vez, a tener éxito en alcanzar sus objetivos con una frecuencia mayor que la de aquellas iniciativas que surgen debido a la presión o los incentivos externos o extralocales. 2. El fortalecimiento de la capacidad comunitaria está conectado a la movilización comunitaria exitosa, y es, de hecho, inherente a esta La capacidad de una comunidad es su habilidad de organizarse para tomar acciones colectivas hacia metas comunitarias definidas, hacia un programa/proyecto de prevención de la violencia juvenil. La acción colectiva hacia metas comunitarias significa que un conjunto de individuos actúan juntos, motivados por una inquietud común con respecto a un problema en particular; en este caso, luchar contra la violencia, ya que existe una aprobación y un compromiso por parte de los miembros de la comunidad. 3. Los líderes comunitarios juegan un papel clave en la movilización exitosa y en el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad

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Los líderes fuertes pueden articular la voz de la comunidad mediante la identificación y el desarrollo de valores centrales y un propósito unificador. También, pueden generar un consenso por conducir a la comunidad a través de un proceso deliberativo sobre sus prioridades y a la vez brindar al público información en relación con el problema de la violencia y sus consecuencias en el largo plazo. Como resultado, se genera un nuevo interés y más información local sobre las pandillas como problema social, así como acerca de las capacidades del Gobierno y del propio vecindario para resolverlo. Este es un método que busca generar el interés de todos los actores comunitarios, pero, más importante aún, busca prepararlos para abordar la problemática de las pandillas. 4. No se debe dejar de enfatizar la importancia de ampliar la variedad de actores involucrados y comprometidos en el abordaje de la problemática de la violencia en una comunidad Cuanto más amplia y variada sea la coalición que lucha contra este problema, más probable será que se puedan implementar esfuerzos programáticos a un nivel amplio, o por lo menos a una escala suficientemente grande para que tengan un impacto. La participación de una gama amplia de actores –líderes comunitarios, agencias de servicios sociales y religiosas, empresas, escuelas, la juventud, y hasta líderes de gobiernos locales y federales– reúne la pericia variada y necesaria para abordar los difíciles problemas multidimensionales asociados a las pandillas. Las estrategias o los programas/proyectos en contra de la violencia con misiones claras y líderes fuertes, podrán determinar de mejor manera cuáles agencias y organizaciones sociales deben involucrarse, incluyendo cuáles agencias gubernamentales cuya participación es necesaria para fortalecer la capacidad comunitaria a fin de lograr las metas propuestas. 5. Puesto que las comunidades varían, los programas de prevención de violencia deben adaptarse a las condiciones encontradas en comunidades específicas Las causas de la violencia y su impacto en la comunidad difieren y requieren abordajes variados. 6. Los programas/proyectos deben reconocer la necesidad de los jóvenes de tener una identidad y un sentido de pertenencia Se le debe extender la mano a la juventud y ofrecer actividades, talleres y discusiones que sirvan de alternativa a la vida de los jóvenes. Los programas/proyectos deben creer en que los jóvenes pueden ser capaces de convertirse en miembros productivos de la sociedad, con el apoyo y el aliento del personal del programa/proyecto, de las familias y de las comunidades, y que los jóvenes cuentan con una energía tremenda que necesita la manera de ser canalizada de forma constructiva en vez de destructivamente. 7. Los programas/proyectos deben involucran a jóvenes que han participado en sus programas o que están activos en su comunidad como trabajadores sociales y como empleados del programa

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Este modelo de igual a igual fortalece la capacidad de los programas/proyectos para extender su alcance e involucrar a jóvenes de la comunidad. 8. Los programas/proyectos deben desarrollar relaciones fuertes, con una amplia gama de organizaciones e instituciones comunitarias, que pueden reforzar y apoyar su trabajo con la juventud, y deben desarrollar relaciones efectivas y constructivas con la policía local Muchos programas/proyectos cuentan con recursos y apoyo gubernamental limitados. Ello llama la atención a que se dé un apoyo conjunto y continuo de los Gobiernos, tanto a nivel local como nacional para los programas/proyectos que buscan la prevención de la violencia juvenil, lo que es un factor esencial para su crecimiento y éxito continuos.

II.1 Proyecto de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil ProJóvenes I y II El Proyecto de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil (ProJóvenes I) se desarrolló de julio de 2003 a marzo de 2009 en 13 municipios del Gran San Salvador, beneficiando a 50 000 niños y jóvenes con edades entre los 10 y 25 años. Una vez finalizado y a raíz del éxito obtenido en el Proyecto ProJóvenes I, la Unión Europea y el Gobierno de El Salvador, por medio del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), firmaron, el 18 de agosto del 2009, el convenio para la ejecución del Proyecto ProJóvenes II, el cual interviene 79 comunidades de 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Este proyecto tiene un costo de 14.125.000,00 euros, de los cuales 11.300.000,00 euros son proporcionados por la Comisión Europea y 2.825.000,00 euros los da de contrapartida el Gobierno de El Salvador. La meta es beneficiar a 350 000 niños y jóvenes de forma directa e indirecta. Además, a diferencia del ProJóvenes I, donde se atendió a jóvenes hasta los 25 años de edad; en esta segunda fase, el rango de edad se ampliará hasta los 35 años. El objetivo general del Proyecto ProJóvenes II es promover la cohesión social y mitigar los factores de riesgo de la violencia y delincuencia juvenil en El Salvador. Su objetivo específico es consolidar las capacidades para la rehabilitación y prevención social de la violencia, desarrollando acciones de forma coordinada con las 14 municipalidades donde se ejecuta el Proyecto. El trabajo se realiza con base en tres características específicas: a- Focalización b- Sinergias territoriales c- Transferencia de conocimientos El Proyecto se ejecuta por medio de las municipalidades y las instituciones que conforman los distintos Consejos Municipales de Prevención de la Violencia. Las acciones son las siguientes: • Infraestructura y comunidades de intervención definidas por las municipalidades. • Planes de acción comunitarios trabajados conjuntamente con los referentes municipales. • Instalación de unidades territoriales dentro de las municipalidades.

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• • • •

Oportunidades económicas ampliadas y brindadas a jóvenes para incluirlos en el campo laboral. Municipalidad como actor principal. Además de la prevención, se incluye como elemento importante la rehabilitación. Creación de los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia.

II.2 Hacia una política de consenso sobre la problemática de las maras y pandillas juveniles en El Salvador, Guatemala y Honduras (POLJUVE) El Programa Hacia una política de consenso sobre la problemática de las maras y pandillas juveniles en El Salvador, Guatemala y Honduras (POLJUVE) busca fortalecer la capacidad de los Estados y de la sociedad civil en estos países para afrontar el creciente problema de la delincuencia juvenil y la proliferación de las maras y pandillas en la región, mediante un enfoque integral de prevención. La estrategia de intervención de POLJUVE es inclusiva y participativa, y promueve la investigación y el diálogo entre diferentes actores sociales involucrados en la formulación de políticas públicas, estrategias de intervención y planes de acción a nivel regional, nacional y local para enfrentar este problema. Se aplica el enfoque de INTERPEACE, que utiliza metodologías participativas en el desarrollo de procesos de investigación colectiva y se adapta a las especificidades de cada contexto socio-político, por medio del establecimiento de espacios neutrales y autónomos, que garanticen objetividad y neutralidad tanto en la conducción del proceso como en el manejo de la temática por tratar. El Programa POLJUVE trabaja en los países del triángulo norte de Centroamérica, en asociación con organizaciones locales, con experiencia en el tema de la prevención de la violencia juvenil. En El Salvador, el Programa se ejecuta en colaboración con la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro de Formación y Orientación Padre Rafael Palacios (CFO). En Guatemala, en colaboración con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); y en Honduras, con el apoyo de Unidos por la Vida, Asociación JHA-JA y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). Estas organizaciones son las encargadas de facilitar los espacios de diálogo con representantes del Estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, para discutir sobre las causas y manifestaciones del problema de la violencia juvenil, buscar soluciones y alcanzar consensos para promover políticas públicas que permitan prevenir la violencia juvenil. Aunque desde hace varios años distintas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales realizan trabajos de investigación y propuestas de políticas para enfrentar el problema de la violencia juvenil y la proliferación de las maras y pandillas en Centroamérica, muchos de estos esfuerzos se realizan de manera independiente y existen muy pocos

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espacios de coordinación intersectorial, a fin de compartir experiencias y conocimientos, formular estrategias y coordinar líneas de acción. El propósito de POLJUVE es llenar este vacío y facilitar un espacio de diálogo entre diferentes actores clave para debatir y alcanzar consensos orientados a enfrentar, de manera pacífica y sustentada, el problema de la violencia juvenil.

II.3 Programa EXISTIMOS, tenemos voz El Programa EXISTIMOS, tenemos voz o Proyecto Mejoramiento barrial y gestión de programas sociales innovativos se desarrolla, inicialmente, en dos comunidades de Costa Rica, Rincón Grande de Pavas, en San José, y Guararí-La Milpa, Heredia. La primera pertenece al distrito de Pavas, el cual a su vez forma parte del cantón Central de la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Pavas tiene la mayor densidad per cápita del área metropolitana. El distrito se localiza a 10 km del casco urbano central, con un área de 9,34 kilómetros cuadrados y una densidad que alcanzaba 4.078 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). La comunidad de Rincón de Pavas se compone de 17 barrios. Solamente en cuatro de estos barrios habita el 46% de la población del distrito, el cual, de acuerdo al Censo del año 2000, tiene una población de 76.177 habitantes, siendo en ese momento el más numeroso de los 12 distritos que componen el cantón Central de San José. El 40% de la población del distrito de Pavas oscila entre los 10 años y los 29 años. La composición social del distrito de Pavas es heterogénea, con una segregación de tipo socioeconómica acentuada, pasando del barrio Rohrmoser, en el cual habitan varios expresidentes de la República, hay diversas embajadas, personas de altos niveles de ingreso del país, centros comerciales y locales comerciales de lujo, hasta por barrios de ingresos medios, con fábricas y centros comerciales medios, hasta barrios pobres y de extrema pobreza, incluyendo varios precarios. Información proporcionada en entrevista con la dirigencia de la comunidad de San Juan y de la iglesia católica de Lomas (ambos barrios de Rincón Grande), indica que Rincón Grande enfrenta grandes problemas en el acceso al trabajo y en la permanencia en él. El empleo es un problema importante para las y los adolescentes y jóvenes de la comunidad, y que existe mucho potencial humano para generar empleo en todas las áreas. Necesidades de formación en cómputo, inglés o mecánica son intereses detectados. Una de las limitaciones para el empleo de la población joven de esta comunidad es la gran cantidad de adolescentes y jóvenes que no concluyen la educación formal; lo que especialmente se debe a las condiciones de pobreza de las familias y por la oferta educativa reducida en esta. Adicionalmente, hay pocas oportunidades de capacitación para el trabajo, la cual no siempre responde a las necesidades que demanda el mercado laboral. La comunidad de Rincón de Pavas tiene una calle central pavimentada y en los barrios algunas otras asfaltadas, pero totalmente deterioradas. Hay cableado eléctrico, alumbrado público y agua potable, resultado, principalmente, de la alta incidencia institucional y de la

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organización comunitaria, pero todavía hay un gran faltante de viviendas e infraestructura sanitaria, debido a que muchas de esas comunidades se originaron o continúan en precarios. En el Censo del 2000 se mencionaba la agrupación de dos precarios, en los cuales viven personas en condiciones de extrema pobreza. Estos precarios, tugurios y cuarterías se han multiplicado en los últimos seis años, en los cuales se observan serios problemas socioambientales. En los precarios las viviendas están hechas de desechos de madera, zinc, cartón y plástico, hay hacinamiento, faltan espacios para practicar deportes y recrearse, las calles están en mal estado y llenas de basura, y aumentan los problemas y las conductas violentas. Los pocos espacios de recreo con que cuenta la comunidad de Rincón Grande están subutilizados y blindados para protegerlos del vandalismo. Hay problemas como abuso sexual, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, robos, asaltos y asesinatos. La Fuerza Pública es escasa y está mal equipada. El Programa “EXISTIMOS, tenemos voz” tiene como objetivo general el desarrollar un modelo reproducible de corresponsabilidad entre sectores sociales comunitarios, empresariales e instituciones estatales para el mejoramiento barrial en la comunidad, mediante la implementación de una estrategia que articule los ámbitos complementarios del trabajo comunitario, la participación y la movilización social, esfuerzos privados y el fortalecimiento de la oferta de servicios. Los objetivos específicos del Programa “EXISTIMOS, tenemos voz” son dos: 1. Fomentar la participación y movilización comunitaria para fortalecer el capital social local, por medio de: •

Potenciar el desarrollo humano de la población meta, mediante el fortalecimiento de sus capacidades humanas y creativas, de gestión e interacción social, abordando dos dimensiones independientes, pero complementarias entre sí: a) la prevención de conductas de riesgo, fortalecimiento de conductas positivas y protectoras, y la reducción de vulnerabilidades, apropiándose de su espacio y vida; b) el mejoramiento de su calidad de vida mediante el desarrollo de valoración y capacidades humanas, expresión creativa y competencias para el trabajo y empleo.

•

Desarrollar capacidades de gestión con la población meta del ámbito comunitario (familias, líderes, organizaciones y redes locales, sector privado) para: a) la construcción de una cultura comunitaria de respeto a la diversidad, convivencia, diálogo social y prevención de conflictos; y b) el desarrollo de mayores capacidades de gestión comunitaria y desarrollo de destrezas de negociación para ejercer sus derechos y asumir responsabilidades.

•

Promover el involucramiento de empresas dentro del marco de la responsabilidad social empresarial y de la contribución al desarrollo local para la generación de empleo, microempresas y otras iniciativas.

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2. Fortalecer la oferta de servicios, lo que incluye: •

Analizar si la oferta institucional es la adecuada a las necesidades actuales de las comunidades, con el objetivo de retroalimentar a las instituciones y fomentar equipos coordinados que ofrezcan respuestas integrales en las comunidades.

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Fortalecer las capacidades de una pluralidad de instituciones públicas y privadas, a fin de que incluyan a la población meta en sus políticas, planes, programas y proyectos, y realicen una labor más efectiva, transparente, apropiada, coordinada, responsable y sostenible.

•

Innovar y mejorar el acceso y la calidad de la oferta de servicios, en función de los derechos y las necesidades de la población meta directa y comunitaria, a fin de que sean amigables, género-sensitivos, culturalmente adecuados y basados en un enfoque de derechos humanos e incidan en la cultura institucional para que sean sostenibles.

El Programa “EXISTIMOS” busca facilitar procesos que permitan articular la relación entre los derechos y las necesidades de la población meta, con la oferta institucional en el área de su residencia, con la participación y el apoyo de las comunidades y empresas, así como de la institucionalidad local y nacional pertinente y organización ciudadana; estas últimas, capaces de brindar la sostenibilidad que se requiere. Esta articulación debe tomar en cuenta la diversidad de situaciones y de grados diferenciados de vulnerabilidad en las comunidades, rescatando y respetando su heterogeneidad cultural, social y económica, y debe operar con una lógica de gestión centrada en las personas y los resultados por alcanzar con ellas. El Programa tiene, entre su población meta directa, a los adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años de edad en condiciones de vulnerabilidad económica, social, política y cultural, de las comunidades seleccionadas. También, tiene una población meta del ámbito comunitario: las familias (madres, padres, parejas y otros/as miembros), los/as líderes comunitarios/as (políticos, religiosos, juveniles, creadores/as de opinión pública, otros), las organizaciones de base comunitaria y redes locales (juveniles, de mujeres, de asentamientos, otras), y el sector privado (empresas y asociaciones privadas, iglesias). Así como una población meta del ámbito institucional. Este programa busca involucrar y movilizar a todos los actores y sectores clave de las comunidades, a la población meta directa, a organismos estatales y gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y privadas, de base comunitaria, empresas e iglesias diversas, para construir, implementar y evaluar conjuntamente intervenciones que fortalezcan las capacidades individuales, comunitarias e institucionales, desde una perspectiva práctica y demostrativa, que comprenda el desarrollo simultáneo con diferentes actividades y metodologías.

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II.3.1 Estrategia de implementación La construcción de un modelo de corresponsabilidad institucional-comunidad requiere una estrategia general que articule los dos ámbitos complementarios del trabajo comunitario: el ámbito de las demandas de las comunidades seleccionadas, de acuerdo con sus particularidades y las de la población meta, según características socio-demográficas y nivel de vulnerabilidad social, generacional, de nacionalidad y de género, así como la cantidad y calidad de la oferta institucional, estatal y gubernamental local y nacional presente en la zona. El Programa “EXISTIMOS” se enmarca dentro de la intervención comunitaria desde una perspectiva de experiencia demostrativa, lo que significa el desarrollo de una experiencia socio-cultural, que permite validar estrategias, con un conjunto de metodologías y técnicas de pedagogía social, para el logro de objetivos relacionados con el empoderamiento de las personas, sobre todo de las y los adolescentes y jóvenes, y que tenga impacto en sus comportamientos. Estas estrategias pueden luego servir de referencia para la réplica, tomando en cuenta las particularidades de nuevos contextos. Las experiencias demostrativas son experiencias: •

de aprendizaje y capacitación para quienes son sus responsables y para todas las personas que participan en su desarrollo, favoreciendo los aprendizajes informales.

•

focalizadas, que se desarrollan de manera acotada en cuanto a tiempo, espacio y población participante.

•

flexibles, ya que ofrecen posibilidades para la modificación y la reorientación de las acciones.

•

replicables, tomando en cuenta los contextos y recursos con que cuentan las comunidades.

•

susceptibles de ser sistematizadas y evaluadas, de manera tal que se puedan dar a conocer y compartir lecciones aprendidas.

•

sostenibles, ya que impactan comportamientos y permean aspectos culturales.

Las experiencias demostrativas permiten producir conocimientos, tanto sobre las maneras de comprender ciertos fenómenos identificados como problemas, así como sobre las lógicas sociales, institucionales y culturales que posibilitan y/o obstaculizan su prevención o superación. A diferencia de experiencias piloto, las demostrativas operan sobre el supuesto de la diversidad de situaciones y de grados diferenciados de vulnerabilidad en las comunidades, rescatando y respetando la heterogeneidad cultural, social y económica. Operan también con una lógica de gestión centrada en las personas y los resultados por alcanzar con ellas. La estrategia general también está fundamentada en un enfoque integral de derechos humanos, que tendrá como ejes transversales las diferencias generacionales, de género y nacionalidad, así como aquellos relacionados con el medio ambiente, todos elementos claves

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en el abordaje de las comunidades y la población meta en su conjunto. También, abarcarán aspectos fundamentales de salud, como son los problemas asociados a las distintas formas de discapacidad.

II.3.2 Resultados del Programa “EXISTIMOS, tenemos voz” Entre los principales resultados del Programa “EXISTIMOS, tenemos voz”, se encuentra la conformación de una red de jóvenes, de la asociación de desarrollo juvenil, con capacidad de realizar proyectos con los diversos actores sociales presentes en Rincón Grande de Pavas y el fortalecimiento de las capacidades humanas y creativas, de convivencia, de gestión e interacción social de los/as jóvenes de la comunidad. En lo que concierne a la conformación de una red de jóvenes por la corresponsabilidad social en Pavas, esta se conformó como resultado del proceso de consulta comunal, donde participaron tres grupos de adolescentes y jóvenes líderes, seleccionados previamente, en coordinación con las direcciones educativas de los colegios de la zona, con ASOVIPA, INSTANCIA, HOGAR MARÍA REINA, iglesia católica del sector, COOPESALUD y otras, para participar en un diagnóstico sobre las percepciones que tiene esta población de la realidad de su comunidad y para conocer sus propuestas para mejorarla. En la consulta se identificaron adolescentes y jóvenes interesados/as en contar con un espacio para expresarse, compartir experiencias y emprender acciones de cambio en torno a su situación como sector juvenil. La iniciativa de impulsar la creación de una asociación de desarrollo juvenil en Rincón Grande de Pavas, tiene una historia previa al Proyecto EXISTIMOS. Un par de años antes algunos/ as jóvenes vinculados al Movimiento Nacional de Juventudes en ese momento, iniciaron gestiones ante DINADECO para conformarla; sin embargo, no siguieron adelante porque los requisitos (diagnóstico, creación de un comité pro asociación y la recolección de firmas para fundarla) los desanimó y no tuvieron el apoyo ni la perseverancia requerida. Con la presencia de Proyecto EXISTIMOS, el interés reaparece en algunos de estos/as jóvenes no organizados y muchos de ellos/ellas sin oficios y que en la actualidad participan ocasionalmente en actividades comunitarias, pero sin que logre concretarse. Sin embargo, con la conformación de la Red de Jóvenes, se ve nuevamente la posibilidad de impulsar esta iniciativa, pues desde EXISTIMOS se puede brindar el apoyo logístico necesario a los/las jóvenes interesados/as en integrarla y sus participantes se muestran muy motivados/as en hacerlo e integrar a otros grupos juveniles del sector. Dentro de los principales logros, se pueden mencionar la disposición de funcionarios/as de DINADECO de prestar apoyo a la gestión de dicha iniciativa por considerar que sería una experiencia única en San José y por las ventajas que representaría para los jóvenes de la comunidad de Rincón Grande, en tanto podrían acceder a recursos tanto de DINADECO como del gobierno local y de instituciones y organismos de cooperación internacional.

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También, se dio un contacto con el Ministerio de Justicia para iniciar un acercamiento con la Redes colegiales de Jóvenes por una Vida sin violencia y una cultura de Paz, de manera que puedan integrarse algunos/algunas de sus miembros a la conformación de la asociación, así como la anuencia de líderes y centros educativos en apoyar dicha iniciativa. Más de 2000 adolescentes y jóvenes de la comunidad fortalecieron sus capacidades humanas y creativas, de convivencia, de gestión e interacción social. Desde el Proyecto EXISTIMOS y en coordinación con otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Cultura, el Consejo de la Persona Joven, el Programa AVANCEMOS, la Universidad de Costa Rica, la Embajada de Estados Unidos, los colegios del sector, el Centro Cultural CostarricenseNorteamericano, la Asociación de Jóvenes, el Comité de Deportes y Artistas Voluntarios (as), iglesias diversas y otras organizaciones de Rincón Grande, se logró realizar una serie de eventos culturales y deportivos, dentro y fuera de la comunidad (obras de teatro de interés formativo para colegiales, conciertos internacionales y de música nacional, tardes de talentos, integrando grupos de otras comunidades, ferias culturales comunales con participación de COOPESALUD, Ministerio de Salud y otras instituciones públicas y privadas, campeonatos deportivos que contribuyeron a elevar el nivel cultural de los/las participantes, promover su creatividad y mejorar su interacción social. Asimismo, se capacitó a 30 mujeres de la comunidad en “Proyecto de Vida”, mediante la coordinación con la Escuela de Orientación de la Universidad de Costa Rica También, se fortalecieron las capacidades de las personas de la comunidad y para prevenir conductas de riesgo e incorporar conductas protectoras y positivas, reduciendo vulnerabilidades en donde •

200 estudiantes del colegio de Rincón Grande y del Liceo de Pavas y 25 dirigentes comunales pudieron adquirir conocimientos para el manejo positivo de problemas y resolución alterna de conflictos, mediante su participación en charlas y talleres.

•

500 jóvenes líderes identificados por el Proyecto EXISTIMOS y las organizaciones comunales, se les enseñó a manejar elementos teóricos y metodológicos sobre cultura de paz y respeto a las diferencias, prevención de la violencia intrafamiliar, autoestima, crecimiento personal, prevención de drogas, sexualidad, protección del medio ambiente, emprendimientos y promoción comunitaria, recibidos en talleres y campamentos impartidos por personal y profesionales voluntarios/as de EXISTIMOS, estudiantes de Trabajo Comunal Universitario de la UCR y la UICR, instituciones como el Centro Nacional de Rehabilitación, El Consejo de la Persona Joven y empresas como FUNDES, Finca y la Jack’s; ONG como FUNPADEM y el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM).

La creación de Red de jóvenes en Rincón Grande de Pavas potenció en los/las jóvenes participantes su desarrollo humano, la creatividad, la gestión e interacción social y aumentó el grado de desarrollo organizativo de esta población. La promoción de un espacio de encuentro informal entre jóvenes, abierto, lúdico y permanente, integrado por adolescentes y jóvenes pertenecientes a diferentes sectores de Rincón Grande de Pavas, surgió como una iniciativa del Proyecto al terminar el proceso de diagnóstico comunitario con adolescentes y jóvenes de Rincón Grande de Pavas.

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La finalidad fue aprovechar, por un lado, el potencial de liderazgo detectado para que llevaran a la práctica las propuestas y acuerdos de corresponsabilidad que habían diseñado durante el diagnóstico, tendientes a mejorar su calidad de vida y su entorno comunal; por otro, canalizar una necesidad sentida y expresada por la población participante en los grupos focales, como era el poder contar con lugares públicos seguros (abiertos o cerrados) para reunirse y compartir entre iguales. Cabe destacar que si bien la población participante inicial fue identificada en el diagnóstico comunitario, o referida por organizaciones de la comunidad, el colegio del sector y el Programa de Madres Adolescentes de la Clínica de Pavas, el crecimiento paulatino de la Red (pasaron de 15 participantes a 60 en menos de un año) fue fruto principalmente del interés de los/las propios/as jóvenes que participaban en la Red por acercar a otros/otras amigos/as, vecinos/as, hermanos/as, etc. en tanto, el espacio les resultaba significativo como punto de encuentro seguro y amigable con sus iguales y como vehículo para su crecimiento personal y la construcción de una identidad colectiva. Para potenciar el liderazgo de estos/estas jóvenes y crear cohesión de grupo, se realizaron reuniones periódicas, charlas, talleres y campamentos formativos, donde se abordó la dimensión personal y social de los/las participantes, facilitando cambios importantes a nivel individual referidos a mejorar positivamente su autoconcepto, a crear conductas positivas y factores protectores de riesgo; a desarrollar una perspectiva más amplia para comprender su realidad y su condición de sujetos de derechos, con capacidad de incidir de manera efectiva sobre su entorno familiar y comunal y nacional. Asimismo, se rompió el sectarismo territorial entre los/las jóvenes de la Red y su visión fragmentada de la realidad de Rincón Grande de Pavas para potenciar la integración y la convivencia positiva dentro de la comunidad El intercambio de experiencias entre los/las participantes y la construcción de lazos de afinidad y afectivos, facilitaron el rompimiento del sectarismo territorial entre los/ las propios/as jóvenes, quienes hasta ese entonces se miraban entre sí con temor, con prejuicios y desconfianza, por el hecho de pertenecer a sectores geográficos diferentes de la comunidad, los cuales consideraban como no propios, como “peligrosos” en algunos casos, desconociendo que, en general todas y todos en mayor o menor grado compartían situaciones, preocupaciones e intereses similares. Este hecho contribuyó, indudablemente, a la ulterior creación de una Asociación de Desarrollo Comunitario, compuesta por jóvenes y que definió como área geográfica de influencia el distrito de Pavas. La población meta logró visibilizarse como sujetos sociales capaces de incidir en la transformación positiva de su medio ambiente mediante la realización de diferentes proyectos y acciones, tales como el diseño y creación de un mural artístico (mosaico) en el Colegio de Rincón Grande de Pavas, las jornadas de limpieza y ornato del precario El Relleno, donde participan 280 personas y la toma de tierra por parte de 80 familias que vivían en el precario Nueva Esperanza a otro terreno que reúne mejores condiciones de habitabilidad, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y gestionar en mejores condiciones un proyecto de vivienda para sus afiliados/as.

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La creación colectiva del mural permitió que 30 jóvenes de la comunidad pudieran desarrollar habilidades y valores, tales como la comunicación asertiva, el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y la amistad. También construyó una visión de futuro consensuada. Este proyecto contribuyó a mejorar la autoestima de cada uno de los/las participantes, pues lograron expresarse, descubrir su creatividad, ver concretado un producto estético que sería mirado por otros/otras jóvenes y por la comunidad en general; a ensayar nuevas formas de organización y participación, lo que les ayudó a ser visibilizados/as como sujetos sociales capaces de incidir en la transformación positiva de su entorno. Desde un punto de vista psicológico, la experiencia resultó reparadora a nivel emocional de una serie de circunstancias traumáticas que cada uno/una de estos/estas jóvenes había vivido, como, por ejemplo, la violencia familiar y social. Esto, por cuanto pudieron, por un lado, descargar su agresividad rompiendo cerámica con mazos y por otro reacomodarla para crear algo nuevo y bello, pudiendo así sublimar sus pulsiones agresivas y transformarlas positivamente. El trabajo conjunto contribuyó a crear nuevas formas de relación y comunicación que, sin duda, facilitarán en el futuro cercano, la realización de otras acciones dirigidas al mejoramiento socio- ambiental de su comunidad. Cabe destacar que esta experiencia logró juntar voluntades (artista, empresarios, jóvenes, equipo de la consultoría, MIVAH) en una acción coordinada, logrando que con pocos recursos materiales se pudiera realizar un producto artístico de esta naturaleza. En el caso de los/las pobladores/as de Nueva Esperanza, su potencial organizativo le permitió a un grupo importante de familias del lugar, realizar una toma de tierra y poder así trasladarse de un sitio de alto riesgo por las frecuentes inundaciones y desarrollo de plagas que dañaban la salud, principalmente de la población infantil, a otro terreno de la misma comunidad, pero que ofrece mejor condiciones de habitabilidad. Este cambio significó para estas familias mejores condiciones de salud y menos vulnerabilidad ante desastres naturales, pues pese a seguir viviendo en ranchos, el terreno es más seguro y mediante la participación organizada de toda la gente, han podido incrementar la seguridad ante la delincuencia, disminuir la propagación de enfermedades y mejorar su convivencia. Con el apoyo del Proyecto, estos vecinos/as han gestionado en las instituciones respectivas el apoyo para que puedan ser reubicados/as de manera permanente y puedan acceder a un bono de vivienda, así como para que se les garanticen los servicios básicos, ayudas económicas y alimentación a las familias que se encuentran en pobreza extrema. Los/las jóvenes han logrado proyectar una imagen positiva de la juventud de Rincón Grande de Pavas, mediante acciones de mejoramiento ambiental de la comunidad y la utilización de instrumentos artísticos y de comunicación, coadyuvando a desmitificar el hecho de que son poblaciones “violentas y peligrosas”, como muchas veces son percibidas tanto dentro de la propia comunidad como fuera de ella.

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Con la creación de un taller de teatro en Rincón Grande de Pavas y el posterior acompañamiento técnico del Proyecto y del Consejo Nacional de Rehabilitación, y de Cultura de Paz, un grupo de 16 jóvenes han podido realizar un montaje de teatro popular, donde se aborda el respeto a los/las jóvenes con discapacidad y se crítica la discriminación que sufren en los centros educativos por parte de docentes y estudiantes. Esta ha sido presentada en diferentes actividades de la comunidad y sin duda les ha permitido a los/las jóvenes participantes, fortalecerse en sus capacidades humanas y creativas y ser agentes de cambio social, con una voz propia y valorados/as socialmente por la labor que conjuntamente realiza el grupo. También, 4 jóvenes de la Asociación pudieron participar en el Programa Música por Inclusión de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde pudieron dar a conocer aspectos positivos de su comunidad y comentar los proyectos que han venido realizando. Los/las jóvenes han podido identificar aspectos positivos de su comunidad y de su identidad barrial y tienen interés en divulgarlos. Puede destacarse como un resultado importante el proceso de formación y diseño de un documental que actualmente trabaja un grupo de 8 jóvenes pertenecientes a la Red, en coordinación con Canal 15, donde se proponen descolocarse del rol, asignado y asumido de “pobrecitos/as”, para presentar un imagen positiva de la comunidad de Rincón Grande de Pavas y de los/las jóvenes que allí habitan, rescatando aspectos valiosos de su identidad barrial que serán conocidos a nivel nacional y latinoamericano, a través de una muestra de video joven, donde los/las jóvenes presentarán su producción audiovisual.

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ONCLUSIONES

No debemos de olvidar que prevenir la violencia, la inseguridad y el crimen organizado es una corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, y ambos tienen obligaciones establecidas al respecto. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la juventud y su desarrollo integral, así como ofrecer las condiciones para que la ciudadanía cumpla con su responsabilidad de apoyar el crecimiento y el desarrollo de las nuevas generaciones. Sin duda alguna, el primer paso para avanzar en la prevención y la reducción de la violencia es el compromiso político de las instituciones del Estado, así como de las instituciones regionales, el cual se debe expresar en la adopción de un enfoque integral y de promoción de una cultura de paz para tratar los problemas de la violencia. El compromiso político pasa por un cambio en los discursos públicos de las autoridades y los tomadores de decisiones, la definición de estrategias preventivas, la readecuación institucional, las reformas legales, la asignación de presupuestos adecuados para la prevención. A nivel regional, Centroamérica necesita incidir en las acciones, proyectos y programas de naturaleza preventiva. Se debe apoyar y trabajar en fundamentalmente con los/las jóvenes que se encuentran inmersos en conductas de riesgo. Esta intervención preventiva se debe llevar a cabo en concordancia con las instituciones más relevantes del Sistema de Integración Centroamericana, con la participación de la sociedad civil y los recursos comunitarios. Asimismo, es recomendable recopilar, analizar y sistematizar el contenido de diagnósticos, estudios e informes más relevantes y disponibles en la región en materia de seguridad, violencia y justicia juvenil, que ameritan una mayor profundización. También, se deben dirigir los esfuerzos de la cooperación internacional hacia programas y proyectos de acción e intervención directa para los beneficiarios, a fin de evitar seguir incidiendo en la multiplicidad de diagnósticos, estudios e informes y abordar la escasez de proyectos de acción directa. Se debe priorizar la atención a las comunidades y a los grupos sociales más vulnerables de ser víctimas de la violencia, así como a los más afectados por esta, ya que la violencia no está afectando con la misma intensidad ni frecuencia: existen grupos sociales y comunidades más expuestas. Urge ubicar a esta población mediante mapas de violencia, encuestas de victimización, diagnósticos locales y estudios particulares. Sin duda, en el nivel local las estrategias de prevención pueden tener mayor impacto, en el nivel local se puede facilitar y alcanzar el protagonismo de los/las jóvenes, fomentando su participación en los planes de prevención. Igualmente, se recomienda que las estrategias y acciones sean adaptadas e implementadas a nivel local, tomando en cuenta el contexto, las necesidades y posibilidades de cada localidad. En este proceso, es importante que participen las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, los comités de vecinos, y las/ los jóvenes.

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También se necesita la promoción de acciones, proyectos y programas que incidan de forma práctica y útil en la formación para la obtención de empleo y en la promoción de la salud de los jóvenes y de los adolescentes que se encuentran inmersos en situaciones de riesgo social. Se debe hacer un esfuerzo especial para dotarlos de los medios y las habilidades necesarias para el autoempleo. También, se deben desarrollar programas de primer empleo, pasantías y cursos de aprendizaje, entre otros, y ofrecer préstamos para la creación de microempresas. En el campo de la salud, estas actividades pueden dirigirse a la prevención y superación de las adicciones, al igual que a aspectos de salud mental, sexualidad y reproducción. Se recomienda promover la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de cooperación, en el marco de una planificación estratégica que sea congruente con los planes estratégicos de los países en los que se va a intervenir. Es importante también, la réplica de experiencias positivas en otros países de la región. En términos generales, cualquier experiencia es reproducible si existe la voluntad necesaria para aplicarla.

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NEXOS Anexo N.° 1 Tipos de documentos aprobados por la CSC y acciones tomadas (2005-2010) Tipo de documento Acuerdo Anuario Convenio Declaración Estrategia Institución Plan Proyecto Reglamento Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1 1 1 3

1 1

1 1 1 1 1 1 6

1 1 2

1 1

1 1 1 1 2 1 4 3 1 15

Fuente: Elaboración propia, con base en las declaraciones y comunicados de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

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Anexo N.° 2 Documentos aprobados por la CSC y acciones tomadas (2005-2010) 2005 Estrategia integral y cooperativa para la conformación de una Fuerza de Respuesta Rápida frente al narcoterrorismo y otras amenazas emergentes Plan de Seguridad Turística Proyecto de Seguridad Fronteriza (inicialmente llamado Estrategia de Seguridad Fronteriza Policial) 2006 Reglamento Interno de la Comisión de Seguridad de Centroamérica 2007 Acuerdo de Creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz (UOMP) Anuario Estadístico Regional correspondiente al 2006 Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México Plan de Trabajo de la Subcomisión de Defensa- Programa de Acción de las Prioridades para la Seguridad Democrática de la Región. Proyecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley Proyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás Personas que intervienen en la investigación y el Proceso Penal, particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia Organizada 2008 Comisión Regional de Prevención de la Violencia Juvenil en el marco del SICA Plan de acción con costos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica-México 2009 Plan de Acción Centroamérica -México para el bienio 2009-2010 Proyecto de Declaración de la “Conferencia Ministerial sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia Organizada Transnacional, y Terrorismo como desafíos a la seguridad y desarrollo de Centroamérica” 2010 Propuesta de Observatorio Centroamericano e Índice de Seguridad Democrática del SICA (OBSICA) Fuente: Elaboración propia con base en las declaraciones y comunicados de la Comisión de Seguridad de Centroamérica

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Anexo N.° 3 Mandatos de la CSC según el tipo y el año de aprobación

Estratégico

Tipo de mandato

Mandato

Año

Crear un grupo de trabajo para estudiar la propuesta de un mecanismo de financiamiento, presentada por el Gobierno de Nicaragua en cumplimiento a los acuerdos del 18 de julio de 2007, apoyándose en las recomendaciones y propuestas que puedan aportar las subcomisiones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, la Secretaría General del SICA, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros organismos financieros internacionales y países amigos cooperantes. Los resultados deberán ser presentados a la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

2007

Dar seguimiento al Proyecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabilitación de las personas menores de edad en riesgo social o en conflicto con la ley. Sobre este tema, se acordó que Guatemala, en coordinación con la Secretaría General del SICA, procederá a la formulación de una propuesta del costo económico para la implementación de este, y una vez alcanzado el consenso y aprobación por los miembros de la Comisión de Seguridad, se hará llegar a la comunidad de cooperantes a fin de obtener el financiamiento respectivo.

2008

En relación con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, la Comisión de Seguridad exhortó a los países a concluir a la brevedad con la elaboración del Plan de Acción con Costos estimados, de acuerdo a la metodología de trabajo consensuada, a fin de agilizar las gestiones con países y organizaciones cooperantes.

2008

Exhorta al Grupo de Trabajo para el Financiamiento de la Seguridad Regional, para que sobre la base de la propuesta presentada por Nicaragua, continúe consolidando un mecanismo de financiamiento para la Seguridad Regional. Que el grupo Técnico para el Financiamiento de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica se reúna en San Salvador el 23 y 24 de abril del presente año para consolidar un documento regional

2008

Exhortar a los congresos nacionales sobre la base de la Declaración de la XXXI Cumbre Ordinaria de Presidentes del SICA, del 12 de diciembre de 2007, para que agilice los procesos legislativos, con el fin de ratificar a la brevedad los instrumentos jurídicos que fortalecen la Seguridad Regional, entre ellos el Convenio de Protección de Testigos y el Tratado de Extradición Simplificada.

2008

Instruir a la SG-SICA para que convoque a la CCT y a la Comisión de Jefes de Policía para realizar un cotejo del proyecto presentado por la CCT y del Proyecto de Seguridad Turística Regional, elaborado por la Comisión de jefes/as, directores/ as de Policía de Centroamérica, México y el Caribe, y presentar sus resultados a la próxima reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

2008

Instruir a las subcomisiones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, para que finalicen a más tardar en enero del 2007 una propuesta sobre el Balance Razonable de Fuerzas Regional, y solicitar a la SG-SICA presentar el informe correspondiente.

2006

Estratégico

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Instruir a las subcomisiones Jurídica, Defensa y de Seguridad Pública para que, de forma conjunta, elaboren una propuesta de Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad y lo eleven al conocimiento de la XXXII Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

2006

La Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Turismo presentó un proyecto de Plan de Seguridad Turística para que fuera analizado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica y adoptado cuando se estime pertinente. Se acordó que la Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica analice, conjuntamente con el Consejo Centroamericano de Turismo, dicho documento previamente y lo eleve en su oportunidad a la Subcomisión de Seguridad Pública.

2005

Presentar ante la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, por celebrarse en diciembre de 2006, un informe sobre los avances en el cumplimiento de los mandatos emanados de la Cumbre Extraordinaria sobre Seguridad, del 3 de octubre del 2006.

2006

Que la Secretaría General del SICA, en coordinación con la Presidencia pro témpore, presente una propuesta de Mecanismo de Trabajo con los Estados Unidos de América, a fin de fortalecer el diálogo iniciado con ese país.

2008

Recomendar a los ministerios de Seguridad Pública, Gobernación o Justicia, Fuerzas de Seguridad Pública, institutos de la niñez y la adolescencia, la integración de un grupo de trabajo a nivel técnico en el mes de noviembre del 2006, con el objeto de proceder a la elaboración de un Proyecto Regional de Asistencia Técnica y respuesta integral, para la prevención, reducción, tratamiento y rehabilitación de las personas menores de edad en riesgo social o conflicto con la ley.

2006

Se acordó realizar una reunión conjunta de las subcomisiones Jurídica, de Defensa y de Seguridad Pública en el plazo de 30 días en la sede de la SG-SICA, para efectuar un último análisis del proyecto de Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de Transferencia de Armas, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, para su aprobación final.

2005

Solicitar a la SG-SICA, para que, en nombre de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, convoque, en un plazo de treinta días, a representantes de los poderes judiciales, fiscalías del Estado, cancillerías y demás operadores de justicia de los países del SICA, elaboren un Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Centroamericana para la Protección de Víctimas, Testigos y Peritos y demás personas que intervienen en el proceso penal, particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada.

2006

Solicitar a los Estados Parte, para que se designen a sus representantes en el grupo ad hoc para revisión del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, a fin de fortalecer la institucionalidad regional, esperando que concluya sus recomendaciones al final del primer semestre del año 2007.

2006

Solicitar a los países que envíen a la SG-SICA sus propuestas para la elaboración del Programa de Seguridad Democrática de Centroamérica, en el marco de una estrategia integral de seguridad en la región, con el objeto de que esta las consolide y las haga del conocimiento de los miembros de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, antes de las reuniones de las subcomisiones y de la Reunión Técnica, previstas para celebrarse los días 27 y 28 de noviembre de 2006.

2006

Institucional

Estratégico

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Solicitar el apoyo de la SG-SICA para que examine posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de la Estrategia de Seguridad Fronteriza Policial, con el fin de desarrollar las acciones que sean necesarias para prevenir y combatir la actividad delictiva.

2006

Analizar la factibilidad de crear otras fuerzas policiales binacionales similares a la creada por Guatemala y El Salvador, dados los resultados beneficiosos de esta, a efectos de continuar avanzando en el combate efectivo contra la delincuencia, conforme a la normativa jurídica de cada país.

2006

Instruir a la SG-SICA para que en nombre de la Comisión de Seguridad de Centroamérica invite durante el primer trimestre del año 2007, a los representantes de las autoridades centrales del Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, Hurtados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente, del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO) y la Comisión de Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP); a la próxima reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, con el fin de conocer un informe sobre los avances alcanzados así como sus planes de trabajo.

2006

Presentar, para su aprobación, un proyecto de Resolución al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, relativo a los trabajos que actualmente realiza la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).

2007

Que la SG-SICA asuma la coordinación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, durante el segundo semestre de este año, en tanto Panamá evalúa la asunción de la Presidencia pro témpore interina de la Comisión, en concordancia con el Reglamento de la Presidencia Pro Témpore del SICA.

2009

Solicitar a la Comisión de jefes/as y directores/as de Policía de Centroamérica que presenten a las Cancillerías de los países del SICA el planteamiento para la creación de las agregadurías policiales en las representaciones diplomáticas de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana.

2006

Solicitar a la Comisión de jefes/as y directores/as de Policía de Centroamérica, eleven a la consideración del Consejo de Ministros de Gobernación o Seguridad Pública, las recomendaciones pertinentes para fortalecer la Red de Comunicación e Inteligencia Policial a través del establecimiento de una base de datos interconectada, con el apoyo de la Policía Internacional (INTERPOL).

2006

Solicitar a las autoridades correspondientes, la formalización inmediata de la propuesta para la creación del Centro de Instrucción Regional Antidrogas, con sede en Honduras, presentando dicha iniciativa en la próxima Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, por realizarse el 8 de diciembre del 2006.

2006

Institucional

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Solicitar a las autoridades de Seguridad Pública y Migración, convocar antes de finalizar el año 2006, a una reunión entre operadores de las oficinas centrales nacionales de la Policía Internacional (INTERPOL) y las direcciones de Migración y Extranjería de los países del SICA, con el fin de actualizar una red de comunicación efectiva para coadyuvar al control de los evasores de la justicia en la región y/o sobre documentos de viaje robados o extraviados. Recomendar la celebración de la reunión regional sobre este mismo asunto en el primer trimestre del año 2007, solicitando al Gobierno de Costa Rica su colaboración para conocer sus experiencias, avances y éxitos obtenidos en este tema.

2006

Solicitar al Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI) para que en la reunión prevista para realizarse en febrero de 2007, se invite a las instituciones nacionales similares, con el fin de articular el funcionamiento de ese mecanismo institucional regional, con base en el intercambio de información sobre la materia con otras instrucciones de la región.

2006

Fuente: Elaboración propia, con base en las declaraciones y comunicados de la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

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MAPA 1 Mayores flujos de cocaína en el 2008

Fuente: Tomado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD. 2010. World Drug Report 2010.

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MAPA 2

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itas

1 La doctrina de la seguridad nacional se refiere a los intereses de seguridad y defensa del Estado nación, para proteger los componentes del Estado: territorio, población y gobierno. Este enfoque se desarrolla principalmente con los aportes de los estudios estratégicos a partir de 1940 y encuentra su máxima expresión en el período de la Guerra Fría. En América Latina se aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyo objetivo era la protección del Estado de la amenaza comunista y por la cual, los componentes del Estado quedaron subsumidos en el concepto global del Estado leal a la causa de occidente, sin determinar si se trataba de un Estado democrático o autocrático. White Elaine. 2004. Educar para la Seguridad. Universidad Para la Paz. 2 Son responsabilidades o funciones de la Comisión de Seguridad (TMSD. 1995. Artículo 52): a) ejecutar las decisiones que, en materia de seguridad, le encomiende la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y aquellas que ella misma adopte en el marco de sus competencias; b) evaluar el cumplimiento de los acuerdos centroamericanos en materia de seguridad; c) examinar los problemas de seguridad existentes en la región que requieran de una acción concertada y elaborar propuestas para enfrentarlos de manera efectiva. Dichos estudios y recomendaciones serán elevados al conocimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación; d) establecer la comunicación y las coordinaciones necesarias, por medio de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, con los Organismos, Instituciones y Secretarías de los subsistemas de integración regional, cuya colaboración se estime necesaria para enfrentar de manera integral los problemas de la seguridad; e) fortalecer los mecanismos de coordinación operativa en- las áreas de defensa, seguridad pública y cooperación humanitaria frente a las emergencias, amenazas y desastres naturales; f ) elaborar propuestas de coordinación y apoyo regional con los organismos y cuerpos internacionales dedicados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la lucha contra las amenazas a la seguridad de las personas y sus bienes, las que serán elevadas previamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su aprobación; g) organizar el Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad; h) elaborar un programa anual permanente de actividades de fomento de la confianza, que involucren la participación de las fuerzas armadas y de seguridad pública de la región, conjuntamente con la sociedad civil centroamericana i) elaborar el régimen de los informes periódicos y el sistema de registro de los armamentos y sus transferencias, de manera que la información proporcionada sea completa, transparente y fácilmente verificable, y hacer propuestas para el establecimiento gradual de un balance razonable de fuerzas en la región; j) examinar la información proporcionada por Las Partes sobre asesores y personal militar extranjero y otros elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad pública en su territorio, de conformidad con lo establecido en los Artículo 38 del presente Tratado; k) examinar la información proporcionada por los gobiernos sobre sus respectivos presupuestos militares y de seguridad para el año fiscal en ejercicio y elaborar propuestas conjuntas para la eventual adecuación de los presupuestos futuros, tomando en cuenta la situación interna de cada estado: l) establecer contacto con las organizaciones centroamericanas que agrupan a otros Poderes u Órganos del Estado, a fin de acordar programas de armonización y modernización legislativa sobre la materia y programas de capacitación de funcionarios judiciales y policiales; m) elaborar su reglamento interno de funcionamiento, el que se hará del conocimiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana; n) proporcionar todas las medidas de protección necesarias para la seguridad y confidencialidad de la información, que se reciba de los diferentes estados centroamericanos; y, ñ) velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y cumplir con las demás funciones que el mismo le confiere.

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Más recientemente México se ha incorporado como miembro de la Comisión.

4 Fuente: Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 22 y 23 de junio 2011. 5 Presupuestos de defensa son aquellos que financian los distintos cuerpos de los ejércitos, sea marina, fuerzas armadas, inteligencia y fuerza aérea. 6 “…la adecuada difusión de nuestras disposiciones jurídicas contribuye a fortalecer el orden social de un estado. Ciertamente, orden social es un concepto lleno de aristas: pues puede significar la coexistencia pacífica de los distintos grupos que integran una comunidad, pero, también, la preservación del statu quo de la misma.” Laveaga.

MIMI PRADO, Embajadora de Costa Rica en El Salvador La seguridad es un problema complejo. No funciona enfrentarle con políticas unidimensionales. Por eso, la política de la mano dura no ha servido. Tampoco debemos paralizarnos porque el problema de la seguridad es tan grande que no lo podemos resolver mientras no solventemos el problema estructural del desarrollo en Centroamérica. Estos son los dos extremos en los que nos hemos movido y - que de alguna manera- han impedido que tengamos políticas correctas. Ha sido, o mano dura o la necesidad de la eliminación de la pobreza para que podamos tener resultados. Están ambas posiciones, equivocadas. Nicaragua es un ejemplo de cómo no resolviendo los problemas estructurales del desarrollo se pueden solucionar una serie de problemas de la seguridad. El resto de la región, es otro ejemplo donde las políticas de mano dura han fracasado. Tampoco resuelven el problema las acciones puntuales de las ONG’s porque se quedan en lo local y no remedian el problema general. Tampoco, la dispersión de acciones de prevención del estado es capaz de encontrar una solución. Nuestra realidad ha sido: mano dura, análisis de cómo resolver los problemas estructurales de la pobreza, las ONG’s luchando cada una con su modelo desde lo local y por el otro lado el Estado, con una serie de soluciones débiles, pequeñas, puntuales y dispersas y no integrales. Estamos en ese mar de confusión, y no resolvemos ni avanzamos en la verdadera solución del problema. Sin embargo, hay buenos ejemplos de trabajos integrales que nos atrevemos a plantear como fuente de lecciones: ‘Existimos, tenemos voz…’ es un programa que se llevó adelante en Rincón Grande de Pavas, San José de Costa Rica, una de las barriadas populares con mayores problemas de pobreza, marginalidad y violencia, y que ha podido ser replicable en otras poblaciones de alto riesgo del país. La iniciativa se maneja con un enfoque de derechos de los-as jóvenes, de género, y de desarrollo. Busca ser un modelo replicable, que desarrolla

acuerdos de corresponsabilidad entre la comunidad, el Estado y otros actores locales como las empresas y municipalidades. Algo muy importante que busca es adecuar la oferta institucional de servicios del gobierno a la demanda y necesidades de la comunidad. El desarrollo de capacidades, de participación y de organización comunitaria independiente, la formación del liderazgo entre jóvenes y mujeres, la resolución alternativa de conflictos son metodologías de cómo resolver los problemas de violencia en la comunidad, al nivel que se dan, sea entre vecinos-as, entre jóvenes, en las escuelas y colegios, en la calle y con pandillas, entre policías y comunidades… buscando enfrentar los problemas para crear una cultura ciudadana para la convivencia social. Lograr que grupos locales no asuman funciones de un Estado cada vez más ausente (también por temor a la violencia en el barrio) sino más bien, obligar a que el Estado cumpla sus funciones en la comunidad ha sido uno de los retos más importantes. Propiciar el cambio de mentalidad y de actitudes lleva a la renovación cultural. Estos concepciones van de la mano de la noción de cultura de la legalidad, enarbolado por el Alcalde de Palermo, quien logró convertir su ciudad centro de la mafia, en una “tomada” y recuperada por la ciudadanía. Esto pasa sin duda, por recuperar el sentimiento de pertencia a una comunidad que es propia. En “Existimos…” se desarrollaron acciones como: ¨lo más bello para Rincón Grande de Pavas¨, la mejor cancha de baloncesto para Rincón Grande, qué vengan a disfrutar de espectáculos culturales las comunidades vecinas. Recuperar el orgullo de la comunidad fue siempre una meta precisa. Los-as jóvenes analizaron el estigma que sobre su procedencia pesaba, en términos de exclusión social e incluso de acceso a oportunidades de empleo. Estudiaron las noticias en los medios de comunicación, siempre negativas y que alimentaban ese estigma. Y decidieron no sentirse desplazados sino con pertenencia, recuperar expectativas frente a una sociedad que les pertenece a pesar de todo y construir valores comunes con todos los demás estratos sociales en la medida de lo posible. Para ello, arriesgaron desarrollar iniciativas como negociar con las empresas de la zona para descartar la exclusión por pertenecer a una comunidad supuesta como “peligrosa”. También, desarrollaron convenios con uno de los colegios más prestigiosos y para sectores -no solo adinerados sino pretenciosos- para que a cambio de aprender inglés sus hijos-as conocieran la realidad urbana del país y los valores positivos de una mayoría de la comunidad que aunque pobre, muy digna.

SEGURIDAD COMO DESAFÍO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA

El proceso de adecuar la oferta institucional a las demandas de las comunidades se basó en una consulta comunitaria desarrollada como un proceso. Esto es importantísimo. Se hicieron diagnósticos, desde luego, pero buscando integrar también a los sectores que generalmente “no tienen voz” o ni siquiera son usuarios de los servicios comunes o institucionales. Se desarrollaron metodologías como focus groups con los niños y las niñas, actividades de diálogo con jóvenes de la calle, encuestas a usuarios-as del transporte público y otros similares, visitas a los precarios y hogares buscando acceder a las necesidades, demandas y también opiniones, no solamente de los sectores organizados y usuarios de los servicios públicos la comunidad. Con los principales resultados se devolvieron los resultados a la comunidad para ser analizados, para definir prioridades y necesidades. También, para definir las demandas y el aporte de corresponsabilidad de la comunidad. La comunidad empezó con las consultas para diseñar su plan de desarrollo comunitario. El eje versó sobre la seguridad en sus diversos niveles y manifestaciones -pero otro punto muy importante- sin ideologización ni estereotipos. Pareciera muy fácil pero es muy difícil. Se necesita que la comunidad lo asuma como su problema, no como uno de expertos que parten de un concepto de respuesta al tema de seguridad. ¿Y eso cómo se logra? Se parte de los problemas cotidianos, sean los que sean y sean percibidos cómo sean. Se hizo participar a las niñas y niños sobre lo que querían y soñaban, y dieron una respuesta que impactó: dormir tranquilos, poder dormir, porque los narcos y las pandillas disparan y corren por los techos en las noches; no querían oír más balaceras y querían dejar de sentir miedo en la propia casa. Su prioridad: dormir en paz. Para nosotros desde afuera, muy probablemente el fenómeno se hubiera definido como acceso a la recreación, cómo llegar a las escuelas, cómo abrir oportunidades. Esos problemas de la vida cotidiana fueron sin embargo, la base sobre la que se comenzó a trabajar. Por supuesto, un punto importante fue siempre la negociación permanente entre la comunidad y el gobierno, el Estado y las instituciones. Se creó para ello, ¨la Casa del Diálogo¨, un espacio permanente en la comunidad donde las instituciones comparecieron algunas veces y otras sinceramente acudieron buscando apoyo para lograr algún éxito a su labor. Con una perspectiva muy clara por parte de la comunidad y desde sus diversos sectores, se desarrolló un plan de desarrollo y se negoció una implementación del plan con vigilancia periódica desde el foro abierto de la Casa del Diálogo, donde llegaba una institución a dar cuentas, y se analizaba en conjunto por qué y por qué se ha fallado, por qué hay que cambiarlo y cómo, pero en mutua conversación con la comunidad y con su acción comprometida. La negociación con una comunidad empoderada llevó a una respuesta institucional con un plan operativo anual, con responsables definidos, cronogramas muy precisos, presupuestos estudiados, coordinación institucional establecida y con una comunidad partícipe y vigilante. ¿Cómo se logra esto? Fortaleciendo la organización comunal con información, capacidad de negociación, compromiso y a la vez capacidad de exigencia. ¿Cómo se replica? Con el trabajo en redes, con la adaptación del programa a otras comunidades en riesgo social y al gobierno de turno y sus características… con un programa ambicioso, también buscando nexos con algunas regiones de Centroamérica para discutirlo y desimanarlo adaptando los modelos. La Casa del Diálogo se convirtió en una expresión viva de comunicación entre los sectores de la comunidad y con las instituciones. Esta es una de las acciones particulares que fue evolucionando en varias vertientes. La comunidad empezó a señalar acciones particulares necesarias. Por ejemplo, las denuncias de la comunidad a la policía para asegurar que la

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denuncia sea realmente anónima y no ponga en peligro a las familias. Ello, tocaba las raíces de la corrupción interna en la policía o lo ineficaz de los sistemas y mecanismos establecidos, diseñados en los escritorios y sin participación de las comunidades. También, permitía diseñar operativos realistas con apoyo de la comunidad. Muchas veces también, los mandos medios de las instituciones buscan apoyo en la comunidad para ser escuchados por su misma institución. Nadie muchas veces más claro de las necesidades que el personal que visita y vive los problemas desde la misma comunidad y que la mayoría de las veces no encuentra eco en la burocracia institucional. Se diseñaron operativos especiales con la policía y la comunidad comenzando con la rotación policial, porque la comunidad dijo que el problema de base es la corrupción; la policía se corrompe o tiene miedo. Había policía ahí que se encerraba en la caseta y no salía nunca en la noche a patrullar. Se empezó con la comunidad que salía con la policía y la comunidad cuidaba que la policía entrara a hacer sus rondas en los lugares “decretados” como inaccesibles. La lucha por la apropiación del espacio público fue un aspecto central de la seguridad comunitaria. De nuevo la comunidad, con la Municipalidad de San José, empresas y Universidad de Costa Rica, logra revertir la dinámica del miedo y se comienza un proceso de apropiación del espacio público con conciertos al aire libre, actividades nocturnas culturales y educativas. La capacitación para el empleo para jóvenes y mujeres fue otro eje dinamizador. Hubo clara negociación con las empresas del lugar para que se diera capacitación a la juventud. El hotel Marriott, Demasa y muchas empresas participaron. Por lo menos 20 jóvenes que entraron a capacitarse al Marriott e Intercontinental sobre estándares 5 estrellas. Comenzaron entrenándose sobre cómo vestirse, hablar, sentarse, hablar o escuchar… cómo quitarse la gorra, cómo relacionarse con la gente para no ser excluidos por el lenguaje corporal y verbal; de esos jóvenes, un 60% se quedó trabajando en empleos de calidad. Estos esfuerzos incluyeron como resultado una empresa de personas con discapacidad para ofrecer servicios a una de las empresas nacionales de mayor capacidad en el área de telecomunicaciones. Hoy reúne ya a más de 300 personas asociadas. Hoy, la Iniciativa Existimos enfrenta el problema de que la gran mayoría de líderes entre los jóvenes han pasado a trabajar como personal bancario, de instituciones del estado u otros sectores dónde reciben buenos salarios. La movilidad social se está dando sin tregua. Importante ha sido que la comunidad tenga una valoración y una autoimagen favorable. Para eso se debe hacer una alianza con los medios de comunicación, para educarles de ser posible. “Existimos” desarrolló caminos diferentes, entre ellos, llevar espectáculos culturales importantes a la comunidad. Hasta una ópera famosa fue llevada a Rincón Grande de Pavas para que la comunidad empezara a verse a sí misma como parte del resto de la comunidad costarricense y no como una comunidad estigmatizada. La actividad fue cubierta ampliamente mostrando un rostro distinto en los medios de comunicación: de ser fuente de inseguridad, ahora era anfitriona de de un espectáculo que solo una minoría había disfrutado en el Teatro Nacional a alto costo. No faltaron sin embargo, los diálogos acalorados con los medios de comunicación y el llamado a asumir responsabilidades en la “creación de miedo”, que afecta directamente a las comunidades en riesgo social.

La creación de redes con otras comunidades y el intercambio de barrio a barrio han permitido a esta Iniciativa desarrollarse. ¿Saben cuál fue el mayor éxito de todos los programas deportivos? El Rugby. ¿Quiénes participaron más en rugby con un éxito impresionante? Las mujeres. Quizá se podrían hacer muchos análisis pero por lo que sea, este deporte novedoso ha unificado a jóvenes de distintos barrios excluidos entre sí y con los sectores más favorecidos de la población. La página de Facebook es un ejemplo de integración juvenil muy interesante. Abrir espacio a la dignidad, a la construcción del tejido social; atender las situaciones de migración y de emergencia junto a y desde la comunidad han construido un sentido de pertenencia al país, una integración a la nación. La Iniciativa funciona, los-as líderes del programa se interesaron en su capacitación para el empleo y los-as jóvenes en cómo participar en programas deportivos, en cómo resolver conflictos de manera alternativa utilizando metodologías novedosas, en cómo participar con otros-as jóvenes, desarrollando visitas a parques nacionales y discusiones con jóvenes en la Asamblea Legislativa y en otras comunidades, ricas o pobres. Los-as jóvenes participantes se sintieran parte de la nación con el mismo nivel de dignidad que cualquier otro, o incluso con mayor conciencia. En este momento tienen sitio en Facebook, con el que se comunican de “tú a tú” con jóvenes de otros estratos sociales y participan del debate nacional. Este es un programa con jóvenes de las comunidades excluidas que participan junto a otras comunidades en un proceso de desarrollo de sus propias comunidades y país. Es una orquesta sinfónica juvenil tocando en el barrio, es el barrio trabajando en emergencias, es una ¨mamá tren¨ valorando socialmente el trabajo de las madres, es un tren interurbano llevando al barrio a la Universidad de Costa Rica el día de la lactancia materna. Es un barrio empezando a resolver por sí mismo los problemas de basura y obligando al gobierno local a cumplir su contraparte; es una serie de graduaciones de mujeres en emprendimientos y con jóvenes yendo a los parques y ahí recibiendo capacitación en liderazgo y apoyando a las escuelas especiales...

DE LOS AUTORES Ana Marcela Villasuso Costarricense. Máster en Salud Pública con énfasis en Promoción de la Salud, licenciada en Psicología y bachiller en Sociología. Investigadora, consultora y asesora internacional. Miembro de la Red Latinoamericana de Comercio (LATN). Profesora universitaria en temas de desarrollo humano y pobreza. Daniel Matul Guatemalteco. Graduado en Relaciones Internacionales con una Maestría en Administración de Empresas. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en la Maestría de Ciencias Políticas. Ha sido Coordinador Regional del área de Incidencia Política de FUNPADEM, Investigador del Observatorio de la Política Exterior de la UCE. Actualmente labora para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Luis Diego Segura Costarricense. Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Exterior y Diplomacia. Investigador Académico del Programa Estado de la Nación. Asistente de investigación en publicaciones para la Fundación UNGO, LA Universidad Nacional, para el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local Unión Europea-América Latina. Asistente del Programa de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. DE LOS PONENTES Mimi Prado Costarricense. Fundadora y Coordinadora del Círculo de Copán. Actualmente Embajadora de Costa Rica en El Salvador. Fue directora del Centro Internacional para el Desarrollo Humano y Embajadora Plenipotenciaria para la Integración Centroamericana, así como Asesora del Ex Presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Ex Viceministra de Cultura, Juventud y Deportes. Ex Directora del Programa Regional de Gobernabilidad del PNUD para Centroamérica. Consultora internacional y regional para diversos organismos. Experta en Comunicación Estratégica.