No. 07 El campo con Calderon

8 de abril de 2008

1 8 de abril de 2008 • Número 7 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

Emiliano Zapata

• Agraristas y anarquistas • Tierra y libertad, ¿lema zapatista?

• Los avatares de una consigna

Otro aniversario Pág. 18 luctuoso

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CAMPO Y CONTRACAMPO COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

ILUSTRACIÓN: Doktor Lakra. (Marlon Brando en ¡Viva Zapata! de Elia Kazan)

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

FOTOS: Tomadas del libro Historia gráfica de la Revolución mexicana / Casasola

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Suplemento informativo de La Jornada 8 abril de 2008 • Número 7

n año más y Zapata sigue muriendo. Demasiados Guajardo, demasiados Chinameca en este “México ganador”; porfiriato redivivo donde la tierra es de quien la compra y los planes no son de Ayala sino de negocios. Ya mero acabalamos un siglo y seguimos con el mismo dilema: ¿pueblos o Hacienda?

El actual gobierno no estranguló al campo; sin duda le está dando el último machucón, pero la asfixia rural viene de atrás, de cuando los mercadócratas de primera generación se la jugaron con un paradigma de crecimiento extrovertido –el TLCAN como mascarón de proa– donde campesinos y agricultura de mercado interno salen sobrando. La primera administración federal panista añadió torpeza política al modelo heredado y la segunda se empecina en consumar el agrocidio. Los salinistas sostenían que la mejor política industrial es no tener política industrial y encomendarse a los designios del mercado, apotegma que hacían extensivo al agro, pero Calderón lo sublimó: ni política agraria, ni secretario de Agricultura, ni concertación social...

Sólo que las cosas han cambiado: en dos décadas las recetas neoliberales impulsadas inicialmente por el PRI fracasaron y el cambio prometido hace siete años por el PAN es un mal chiste. La mafia gobernante es la misma pero el pueblo no. Los primeros 500 días/noches de la administración calderonista documentan la mudanza.

Descrédito de origen. Fox ganó las elecciones, había botado al PRI de la Presidencia y accedió al poder pisando fuerte; en cambio Calderón llega por la puerta de atrás y entre abucheos. Hay en el régimen panista dos tiempos contrastantes: en los primeros años es de orientación neoliberal pero no represiva, sin embargo durante la atrabancada segunda mitad del sexenio pasado el autoritarismo se instala en Los Pinos y la conversión se profundiza en la manipulada sucesión. Hoy ocupa la Presidencia un panista de escasa legitimidad que no sólo gobierna con orientación neoliberal sino también progresivamente autoritaria y represiva.

Endurecimiento precoz. Por cinco años y hasta el baño de sangre de 2006, la resistencia de Atenco encontró templanza en el gobierno de Fox; en cambio Calderón se inaugura literalmente a sangre y fuego: el 29 de octubre, ya como presidente electo y a un mes de su toma de posesión (es decir, virtualmente al mando), la Policía Federal Preventiva ocupa la ciudad de Oaxaca con saldo de dos muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos, y al catorceavo día de su administración la Procuraduría General de la República detiene alevosamente a Flavio Sosa y a otros tres miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes buscaban abrir el diálogo con el nuevo gobierno y al día siguiente tenían una cita con el secretario de Gobernación. Por si fuera poco, al presidente le gusta jugar con soldaditos y disfrazarse de militar.

Prontos y mal manejados descalabros económicos. A 35 días de iniciado el nuevo gobierno se dispara la tortilla, cuyo precio llega a duplicar los del año anterior. Dado que entre el 50 y el 60 por ciento de nuestro con-

sumo calórico viene del maíz y más de la mitad de los mexicanos es pobre, el alza significa literalmente hambre. Pero la administración debutante se limita a firmar con el oligopolio tortillero un acuerdo de “estabilización de precios”, por el que en la práctica se autoriza un aumento de “sólo” 30 por ciento, además de que se subsidia con 2 mil millones de pesos a un puñado de empresas harineras.

Movilización madrugadora y rápida convergencia social. En medio de la brutal alza especulativa de la tortilla y el magro aumento del salario mínimo (4 por ciento) con que se inaugura la administración, el 31 de enero de 2007, a sólo dos meses de la toma de posesión de Calderón, tiene lugar una multitudinaria manifestación en la ciudad de México, a la que concurren la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM), aunque también el acosado sindicato minero; y en el ala rural, el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (CONORP) y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), pero igualmente la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el paleocorporativo Congreso Agrario Permanente (CAP); participan asimismo los cuantiosos y entusiastas contingentes de la insurgencia cívica encabezada por López Obrador. En el mitin de clausura se presenta un desencuentro de dirigencias, pero resulta claro que la confluencia abajo es mayor y más cálida que la convergencia arriba, y que si en la segunda mitad del sexenio de Fox se fue edificando una vasta alianza social en resistencia, la nueva administración es confrontada de arranque por ese multitudinario pacto opositor. Saldo de la movilización es un diálogo con las organizaciones sostenido los secretarios de Agricultura, Trabajo y Economía, que a la postre resulta infructuoso. Pero el impasse se rompe con la Campaña Sin Maíz no Hay País, los 200 mil que marchan en la capital el 31 de enero de 2008 y el Pacto por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, firmado el pasado 25 de febrero por 40 organizaciones, que define la agenda común y quizá coloque la interlocución con el gobierno en un nuevo nivel. En todo caso, lo cierto es que en este sexenio se acortaron notablemente los tiempos del encono social.

Acelerado desgaste del gabinete. El PAN, el PRI y las grandes corporaciones han pactado ominosos acuerdos de callejón que ponen en riesgo lo que resta del Estado social mexicano. Pero los amarres del calderonismo con

el gremio político tradicional y con los poderes fácticos no se reflejan en la concertación social, ámbito donde la torpeza y la prepotencia siguen siendo regla. Así, el magisterio democrático se ampara masivamente contra las reformas a la Ley del ISSSTE, el sindicato minero resiste con éxito el acoso de la Secretaría del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas en revisión contractual derrota la campaña de descrédito orquestada desde el poder, la no tan embozada ofensiva para privatizar Pemex despierta una airada y masiva oposición social y las organizaciones campesinas que se rebelan contra el agrocidio están imponiendo su agenda y estilo de negociar. El resultado es un gabinete políticamente erosionado y sin real capacidad de interlocución: el rijoso secretario del Trabajo no tiene credibilidad entre los sindicatos, el de Agricultura fue desconocido por las organizaciones rurales, el de Economía… ¿Para qué sirve un secretario de Economía si es pecado intervenir el juego de la oferta y la demanda?, la secretaria de Energía fue incapaz de presentar la iniciativa privatizadora de Pemex y por último el de Gobernación enfrenta un descrédito del que es difícil que logre reponerse.

Nuevo contexto global. Hace dos décadas los bajos y decrecientes precios de los granos allanaban el camino a la dependencia alimentaria. ¿Para qué producir cereales caros si podemos comprarlos baratos?, era el contundente argumento. Hoy el mundo vive una severa crisis energético-alimentaria: el petróleo declina y encarece, los agrocombustibles desplazan otros cultivos y el creciente consumo de carne le impone a los granos un cada vez mayor destino forrajero. Resultado: el índice de precios de alimentos está en su punto más alto de los últimos 160 años, los inventarios cerealeros son bajos y al término de 2007 el maíz llegó a 175 dólares tonelada y el trigo a 400. Si a fines del siglo pasado Salinas y sus tecnócratas podían alegar que la socialmente dañina y geopolíticamente peligrosa dependencia alimentaria era económicamente rentable, en el nuevo siglo los tecnócratas de Calderón ya no pueden decir lo mismo. Y es que estar atenidos a la masiva importación de alimentos controlados por trasnacionales es hoy económicamente ruinoso y lo será cada vez más. Ha llegado el tiempo de que los campesinos le den de comer al mundo.

BUZÓN DEL CAMPO Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

jornadadelcampo@gmail.com

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Cárdenas Jiménez

¿CAMPO GANADOR? La apertura comercial hay que enfrentarla con mucho corazón

como ecirles; así Déjenme d sillo del Cruz Azul… n o bié Carlos Hermuchos goles; así tam s o m r m te ta e s llegó a m s en el gobierno… e nosotro do muchos goles… metien

Calderón

He jugado en los mejores campos del mundo, pero sólo el de México es un campo ganador Mouriño

La política y el fútbol han estado en las conversaciones

Sojo No hay razón para el aumento de precios de la tortilla

A Cárdenas Jiménez lo respaldamos ciento por ciento con orgullo

Juan Camilo es una muestra de la nueva clase política… Una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y de capacidad

FOTOMONTAJE: Hernán García Crespo

Germán Martínez

FELIPE CALDERÓN: Versión estenográfica, 20 de febrero, 2008.

JUAN CAMILO MOURIÑO: Entrevista en La voz de Galicia, 17 de julio, 2007.

EDUARDO SOJO: Columna de Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 9 de enero, 2008.

CÁRDENAS JÍMENEZ: Nota de Oliver Pavón, Crónica, 20 de diciembre, 2007.

GERMÁN MARTÍNEZ: La Jornada, 1 de febrero, 2008.

LUIS H. ÁLVAREZ: Entrevista de Armando G. Tejeda, La Jornada, 2 de abril, 2007.

H. Álvarez ¿Existe o no el conflicto en Chiapas?

Mire, yo no sé cómo defina usted conflicto

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EL CAMPO

CON CALDERÓN

POLÍTICA AGROPECUARIA

DECISIONES DE GOBIERNO,

Blanca Rubio

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gual que en el caso del petróleo –en el que se pretende privatizar Pemex justo cuando es el mejor negocio por el incremento inusitado de los precios internacionales–, en la cuestión del maíz se desestimula su producción precisamente cuando es rentable, y se fortalecen las importaciones al tiempo en que los precios mundiales han alcanzado un récord histórico.

A raíz de la crisis energética provocada por la incapacidad de Estados Unidos para controlar el hidrocarburo en el ámbito mundial, se incrementaron fuertemente los precios del petróleo, de las materias primas mineras y de los bienes agropecuarios.

En particular, los precios de granos y oleaginosas han registrado un ascenso espectacular debido a que el gobierno estadunidense ha decidido resolver su situación energética impulsando la producción de agrocombustibles.

Instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han pronosticado que el aumento en los precios de los cereales perma-

necerá por lo menos diez años, lapso en el cual se espera que se desarrolle la tecnología que permitirá obtener agrocombustibles de la biomasa, con lo cual se podrá sustituir los granos básicos como insumo principal.

La soberanía en juego. Tal situación ha generado un panorama caracterizado por precios al alza y existencias reducidas en el mercado mundial, que obliga a los países dependientes a un cambio fundamental en sus políticas, fortaleciendo la producción nacional, pues de no hacerlo, corren el riesgo de perder el grueso de sus divisas en la compra de alimentos encarecidos, sufrir desabasto de cereales para su población y poner en entredicho su soberanía política, al depender de la buena voluntad de los países que tengan excedentes.

Sin embargo, el gobierno actual no parece percatarse de los cambios mundiales descritos, pues ha llevado a cabo una política a todas luces contraria a lo que pudiera dictar la lógica.

En primer término, se ha negado a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), justo cuando se eliminan los aranceles para los productos más sensibles como el maíz, el frijol, la leche y el azúcar.

En consecuencia, las importaciones se han incrementado en forma

notable. Las compras provenientes de Estados Unidos de maíz blanco se dispararon en enero de 2008 en 384 por ciento, con relación al mismo mes del año pasado, mientras que las de maíz amarillo para uso forrajero, almidones, fructuosa y botanas, crecieron mil 888 por ciento en el mismo período (Imagen Agropecuaria).

Esto implica que, en lugar de frenar las importaciones por los altos costos y estimular la producción nacional, se incrementa la dependencia alimentaria en graves condiciones.

Impulso a trasnacionales. En segundo lugar, no ha permitido que los altos precios internacionales repercutan en cotizaciones internas atractivas para los productores, al elegir apoyar a las grandes empresas compradoras como Cargill, ADM, Minsa y Maseca, las cuales impulsan la especulación aprovechando el carácter oligopólico que detentan como compradores, con lo cual han impuesto precios bajos internos mediante el chantaje de que ahora pueden comprar en el exterior libre de aranceles los granos que requieren. Según un análisis realizado por Siacomex, el precio del maíz blanco importado a principios de este año, fue de 3 mil 253 pesos la tonelada en los puertos de destino, mientras que el precio interno no

FOTO: Presidencia de la República

DE ESPALDAS A LAS TENDENCIAS MUNDIALES • Desestímulo deliberado a la producción nacional • El gobierno apuesta a favor de los oligopolios

El Presidente Calderón en el evento Acciones del Gobierno Federal para el Desarrollo Rural; lo acompañan el Secretario de la Reforma Agraria, Escobar Prieto; el Secretario de Economía, Sojo Garza-Aldape y el Secretario de Hacienda, Carstens Carstens el 19 de Febrero de 2007.

alcanzó más que 2 mil 300 pesos, pagado en las zonas de producción de Chiapas y Campeche.

En tercer lugar, algo inaudito en esta coyuntura, la Secretaría de Agricultura planea reconvertir tierras maiceras hacia otros cultivos, con lo cual pretende reducir de 8 millones a 6.5 millones de hectáreas la superficie maicera del país, argumentando que Estados Unidos podría abandonar su política orientada a los agrocombustibles, con lo cual se colapsaría el precio del grano (Imagen Agropecuaria).

En cuarto lugar, a pesar de que se incrementó el presupuesto al campo al alcanzar la cifra de 204 mil millones de pesos en el Programa Especial Concurrente, se ha impuesto un conjunto de reglas de operación que tienen la función de bloquear la entrega de recursos además de centralizarlos en unos cuantos productores ya que, por ejemplo, en el caso del Procampo 35 por ciento se canaliza sólo a 5 por ciento de los productores, mientras que los 9 mil

millones de pesos asignados a Aserca se concentran en 50 mil grandes productores y unas 25 grandes empresas (Imagen Agropecuaria).

En conclusión, se trata de una política que pretende seguir beneficiando exclusivamente a las grandes empresas, sin percatarse de que sustentarse en una política aperturista y dependiente puede traer graves consecuencias a los productores, y a la población en general, al comprometer los recursos obtenidos del petróleo en la compra de alimentos encarecidos, a la vez que seguir devastando la producción agrícola nacional en una coyuntura en la cual existe un déficit mundial, agudizado recientemente por las fuertes heladas en China, lo cual puede generar desabasto interno. No parece darse cuenta de que, aun desde la perspectiva de la competencia capitalista, la autosuficiencia alimentaria es hoy una condición indispensable para aquellos países que pretendan posicionarse en el concierto mundial del siglo XXI.

¿Quién es quién?

Alberto Cárdenas Jiménez

Eduardo Sojo

Este jalisciense, quien se tituló en 1981 como ingeniero industrial eléctrico con una tesis que lo especializó en jabón de lavandería y detergente, ocupa la titularidad de la Secretaría de Agricultura desde diciembre de 2006, promovido por el ala panista más inclinada a la derecha.

Cuando hace unos meses el presidente Felipe Calderón decidió remover a varios de sus funcionarios de lugares claves, como los titulares de Gobernación y de Desarrollo Social, para colocar allí a personajes de más confianza para él, se especuló sobre la idea de que Cárdenas Jiménez también se iría a su casa.

Pero no ha sido así; el titular de la Secretaría de Agricultura –de quien se cuenta un pasado como miembro de la organización derechista Yunque, y quien es amigo firme del dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje– permanece en su puesto, y al parecer reforzado, pues dentro de su equipo él ha comenzado a hacer ajustes. Permanecen sin cambio los subsecretarios heredados del sexenio de Vicente Fox, Francisco López Tostado y Antonio Ruiz, pero este abril Cárdenas nombró nuevos coordinadores de Enlace, Asesores y Política Sectorial.

El funcionario se ha caracterizado por un trato rudo; dirigentes de las organizaciones campesinas lo han descalificado; consideran que no es un interlocutor válido para las negociaciones que el movimiento campesino busca este año, con la demanda prioritaria de la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Eduardo Sojo Garza Aldape. Este funcionario que desde 1995 ha dejado huella en gobiernos panistas, pues fue coordinador económico de Vicente Fox en Guanajuato y luego coordinador de asesores de Políticas Públicas en la administración federal foxista, ha resaltado en el calderonismo porque sus declaraciones en el tema de la tortilla fueron desdichas por la dura realidad y por decisiones de su jefe.

El titular de la Secretaría de Economía –educado en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Pennsylvania y cuyo currículum presume de una coautoría con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein— dijo en enero de 2007 que el gobierno rechazaba mecanismos de control de precios porque desvirtuarían el mercado. Poco después Felipe Calderón se sentó al lado del llamado “señor Maseco”, Roberto González Barrera y otros agentes de la cadena maíz-tortilla para oficializar un aumento de 30 por ciento del alimento pero con la promesa de no elevar los precios más allá de eso. Después Calderón firmó oros dos acuerdos.

La prensa consideró entonces que Eduardo Sojo vivía en un mundo paralelo al real pues al tiempo que la tortilla se encarecía hasta motivar el desplome de la popularidad de Calderón, él declaraba: “no hay razón para el aumento de precios” pues lo que estaba ocurriendo con la tortilla eran “cuestiones coyunturales, como problemas de transporte y cambios en las fechas de las cosechas de maíz”.

FOTO: José Antonio López / La Jornada

SECRETARIO DE ECONOMÍA

FOTO: José Antonio López / La Jornada

SECRETARIO DE AGRICULTURA

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EL CAMPO

CON CALDERÓN

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POLÍTICA AGROPECUARIA

nuevas Reglas de Operación de la Sagarpa:

INCONSULTAS Y SIN CONSENSO Carlos Toledo Manssur

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l proceso de reforma y expedición de las nuevas reglas de operación (RO) de los programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) es una expresión concreta de la política rural del actual régimen, ya que más allá de declaraciones y retórica, la normatividad a la que deben ceñirse las acciones de fomento del campo expresa la visión del gobierno federal en la materia, tanto respecto a su contenido, como al proceso por el cual ha sido establecida esa normatividad.

Desde los primeros meses de este gobierno, la Sagarpa trabajó para modificar el arreglo general del conjunto de sus programas, para simplificar los esquemas de apoyo al campo, que anteriormente se aplicaban por medio de decenas de programas diferentes, cada uno con sus propias reglas, lo que en efecto hacía muy complejo su entendimiento y aprovechamiento por parte de los productores rurales. Se buscó que las acciones que involucran recursos de la Sagarpa se compactaran en sólo ocho programas. Así, aunque no resulta del todo satisfactoria, la versión final de las nuevas reglas contiene elementos importantes de avance en el rediseño de las políticas para el campo.

Sin embargo, el proceso para lograr esta reformulación y las características y contenido de la versión que se pretendía aprobar inicialmente, mostraron dos facetas negativas, que constituyen graves y peligrosos desaciertos de la política rural federal: en primer lugar, la falta de voluntad para consultar, dialogar y discutir las modificaciones con los principales actores del campo. En segundo, la intención de dar marcha atrás a los procesos de descentralización de las políticas rurales para buscar un completo control centralizado en el ejercicio de los recursos públicos para el campo por parte de las autoridades federales.

La intención de hacer estos cambios en la normatividad fue anunciada desde principios del año pasado, pero aunque el secretario Alberto Cárdenas se comprometió explícitamente a dar a conocer el anteproyecto de nuevas reglas a diversos organismos como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entre otros, para que fuera discu-

tido y consensuado, la Sagarpa incumplió: no hubo consulta.

Los organismos conocieron las nuevas reglas cuando estaban en su versión final, en proceso de autorización en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a finales de 2007.

Esta situación generó malestar; se le interpretó como un gesto autoritario, contrario a la idea de que las políticas públicas deben ser elaboradas y ejecutadas de manera concertada con la sociedad rural.

Intentos centralizadores. La inconformidad fue mayor cuando se observó que, más allá de la compactación, que parecía una medida conveniente, las nuevas reglas planteaban un ejercicio por completo centralizado del conjunto de los programas, lo que significaba borrar de un plumazo la experiencia de casi década y media de un modelo interesante y efectivo de descentralización.

En efecto, aunque muchos de los programas anteriores se mantenían como de ejecución nacional, es decir bajo el control de la dependencia federal, la Alianza para el Campo (ApC), creada a mediados de la década pasada, había destacado como un esquema bastante exitoso de descentralización a las entidades federativas; este modelo operaba mediante una mezcla de recursos federales y estatales, que en cada estado eran depositados en un fideicomiso (los Fofae) y administrados de manera conjunta entre estado y federación.

En teoría, el ejercicio de estos recursos compartidos atendía las orientaciones estratégicas de un consejo estatal (primero llamado agropecuario y después de desarrollo rural sustentable) con amplia participación de dependencias y organizaciones sociales; aunque en la práctica esta orientación participativa no operaba como estaba diseñada, lo cierto es que en los 13 años de existencia de ApC los gobiernos estatales habían desarrollado, en diferente medida y en diversas modalidades, una capacidad de operación descentralizada pero concertada con la federación, y las decisiones se apoyaban en diversos organismos colegiados (comisiones de desarrollo rural, comités técnicos agrícolas y pecuarios, etcétera). Este esquema de descentralización se fortaleció con el impulso a la municipalización de ApC en el sexenio pasado, con base en las directrices de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable.

Concertación estados-federación. Así, el proyecto que las autoridades federales querían aprobar sin someterlo a mayor discusión, y que implicaba este grave retroceso a la descentralización, fue objeto de una fuerte inconformidad y de una demanda de modificación por parte de gobiernos estatales y organizaciones sociales a finales del año pasado. La AMSDA solicitó a la Sagarpa y a Hacienda la modificación del proyecto; la Conago, por medio de sus coordinadores de comisiones del Campo y de Hacienda (los gobernadores de Michoacán y Chihuahua), dirigió una fuerte carta a las autoridades federales solicitando la realización de cambios a la propuesta.

Eso generó un tenso proceso de negociación, el cual finalmente culminó con la aceptación de algunos cambios al proyecto, entre los que destaca la incorporación de una “modalidad 1” de ejecución de los programas, en la que se asigna su operación a los gobiernos de las entidades federativas, en un esquema similar al de Alianza para el Campo, pero con la posibilidad de incorporar todos los programas, aunque se mantuvo una “modalidad 2” en que la Sagarpa conserva la operación centralizada. Así, el resultado fue un texto híbrido, en el cual, gracias a la presión de lo estados y las organizaciones, fue mantenido un esquema descentralizado, aunque el proceso de discusión, fue atropellado y tenso, debido a su carácter forzado.

La incorporación del esquema descentralizado con la modalidad 1 resultó un importante logro de los estados, ya que potencia la utilidad de la compactación de programas, y permitirá un mayor margen de maniobra para el diseño e aplicación de políticas rurales desde las entidades federativas. La experiencia de gobiernos estatales de diferente signo ideológico, en el diseño, organización y operación concreta de políticas públicas rurales, resulta fundamental para la construcción de alternativas efectivas para el campo en una perspectiva nacional.

Más allá de la discusión sobre la interlocución del gobierno federal con los actores rurales, y del asunto de la descentralización, debemos reconocer que el nuevo esquema compactado en ocho programas resulta un cambio positivo. Estos programas constituyen importantes instrumentos que los estados pueden ocupar de manera ventajosa para impulsar estrategias y orientaciones concertadas con las autoridades federales, de tal suerte que se pueda construir una matriz con dos ejes: uno de estrategias y el otro de programas (instrumentos), que puede resultar muy útil en la búsqueda de alternativas de política pública rural.

Coordinador de Desarrollo Rural Sustentable, Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Guerrero

¿Quién es quién?

Abelardo Escobar Prieto

Juan Rafael Elvira Quesada

Este agrónomo nacido en Chihuahua y con amplia trayectoria docente en esta materia fue director del Registro Agrario Nacional (PAN) durante casi todo el sexenio de Vicente Fox, y en los últimos ocho meses ocupó la titularidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), misma que continúa en sus manos ahora con Felipe Calderón.

Al frente del PAN, Abelardo Escobar fue franco con la prensa; reconoció en varias ocasiones que estaba sesgada la información de que sólo uno por ciento de la superficie ejidal y comunal había pasado a “dominio pleno” (a condición privada) desde 1992, como consecuencia de los cambios ese año al artículo 27 constitucional.

El funcionario decía que eran comunes las prácticas en que emborrachan a los campesinos para convencerlos de vender sus tierras por medio de tratos informales, y sin apego a las normas establecidas por las autoridades agrarias (en cuanto a celebración de consultas en los órganos ejidales), y así, muchas tierras de núcleos agrarios, sobre todo de interés turístico o inmobiliario, estaban pasando a manos privadas, con papeles que incumplían la legalidad.

Ya instalado, en abril de 2006, como secretario de la Reforma Agraria, el funcionario rechazó dar nuevos detalles de esas compras ilegales cuando la prensa le preguntó al respecto. Abelardo Escobar se ha apegado al guión oficial de aplaudir los procesos de conciliación agraria a que se ha enfocado la SRA desde el gobierno pasado.

Juan Rafael Elvira Quesada es graduado del Instituto de Tecnología de Cranfield, de Gran Bretaña, como maestro en ingeniería y mecanización agrícola. Desde 2001 ha ocupado cargos dentro del aparato público relacionado con la ecología, y en este sexenio heredó el puesto que durante el cierre del foxismo tuvo Alberto Cárdenas, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente.

Ha sido poco notoria la presencia de Elvira en las decisiones de política ambiental –en medio de advertencias constantes durante varios meses de que en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico sin autorización gubernamental, su secretaría se ha mantenido callada–. Pero el funcionario tiene declaraciones que son verdaderas joyas.

En agosto de 2007 Elvira Quesada habló de los efectos del huracán Dean en el sureste.

“De no solamente ningún muerto, sino que tampoco ningún lesionado, esto parte de un principio de planeación, de mucha organización, de mucho trabajo de la ciudadanía, de ustedes los medios de comunicación, pero también evidentemente de las acciones de gobierno y también, por qué no decirlo, Dios nos vio con ojos de piedad”.

Juan Rafael Elvira también nos ha iluminado al descubrir los secretos de la biodiversidad: “Cuando en México y en el mundo se extingue una especie, no sólo se afecta la integridad y el funcionamiento de su entorno, desaparece también cualquier oportunidad para poder aprovecharla, por ejemplo, como alimento o como medicina”, dijo en mayo de 2007.

FOTO: José Antonio López / La Jornada

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

FOTO: Reforma Agraria

SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA

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EL CAMPO

POLÍTICA AGROPECUARIA

CON CALDERÓN

pésimas cuentas de Calderón: LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA,

UN DESASTRE Víctor Suárez Carrera

L

os resultados económicos del sector agroalimentario en los 500 primeros días de la administración de Felipe Calderón constituyen un rotundo fracaso, a la vez que un inapelable mentís a la gestión y a la campaña mediática y prédicas tipo superación personal del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, acerca de la existencia de un “campo ganador”. Los hechos están a la vista.

Estancamiento. Más allá de las irreflexivas declaraciones del secretario Cárdenas, de que el sector agropecuario ahora constituye el motor de la economía mexicana, con tasas de crecimiento del 7.7 por ciento, la realidad es que en 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial creció sólo 1.9 por ciento frente a 3.8 del PIB nacional.

Y si se considera en términos reales, es decir descontando la inflación, el crecimiento fue de apenas 0.9 por ciento. Ello, no obstante la excelente precipitación pluvial y el aumento del volumen y valor de los granos básicos, derivado de los altos precios.

Déficit récord de la balanza comercial agroalimentaria. Los resultados de la balanza comercial sectorial en 2007 desmienten el discurso triunfalista del presidente Calderón y del secretario Cárdenas, en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las agroexportaciones, base de su política sectorial y “motor” del crecimiento, son un éxito para el campo y la economía en su conjunto.

En 2007 se tuvo un saldo negativo en la balanza comercial agropecuaria de 5 mil 82.4 millones de dólares. Este déficit, que representa un monto similar al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y que participa con casi la mitad del déficit comercial total del país, es el más alto en la historia contemporánea.

Este saldo negativo sin precedente es superior en 48 por ciento respecto al déficit sectorial de 2006.

Las importaciones de granos y oleaginosas también llegaron en 2007 a sus máximas cifras.

En el caso de maíz, ascendieron a 10.7 millones de toneladas, con un valor de mil 830 millones de dólares; en trigo fueron 3.2 millones de toneladas, por 817 millones de dólares; en soya, 3.6 millones de toneladas, por mil 131 millones de dólares; en sorgo, 1.8 millones de toneladas, por 321 millones de dólares, y en arroz, las importaciones sumaron 826 mil toneladas, con un valor de 240 millones de dólares.

Importaciones sin precedente de fertilizantes. Como resultado del desmantelamiento de la capacidad nacional de producción de fertilizantes nitrogenados, así como la imprevisión e indolencia del gobierno calderonista, las importaciones de urea, dap, triple 17 y potásicos, entre otros, llegaron a la cifra récord en 2007 de mil 123 millones de dólares. Si descontamos el valor de las exportaciones de abonos, de 114 millones de dólares, el resultado de la tripleta Calderon-Sojo-Cárdenas en materia de balanza comercial de abonos es un saldo negativo sin precedentes de mil ocho millones de dólares.

Desde luego que este hecho es influido por la elevación de los precios del petróleo y sus derivados, pero sobre todo es el resultado de la política neoliberal de desindustrialización, de complicidad con las prácticas monopólicas en el sector agroalimentario y con la ausencia total de planeación y prospectiva sectorial (y de la economía en su conjunto).

La elevación récord de las importaciones de fertilizantes y de sus precios al consumidor final, además de contribuir al crecimiento del déficit de la balanza comercial total, que ascendió a 11 mil millones de dólares en 2007, incrementó en más de 30 por ciento los costos de producción agrícola, neutralizando o minimizando el beneficio del alza en los precios al productor.

Importaciones silvícolas. Como parte del sector primario de la economía, las importaciones forestales y de productos celulósicos dirigidos a la industria gráfica ascendieron en 2007 a un récord de 8 mil 13 millones de dólares. Al descontar las exportaciones, se tiene un saldo negativo de esta balanza de 5 mil 658 millones de dólares.

El sector primario, decisivo en el déficit comercial total. Si sumamos los saldos negativo de la balanza comercial agroalimentaria, de los abonos y forestal y de la industria gráfica, resulta que prácticamente todo el déficit comercial del país en 2007 (11 mil millones de dólares) es responsabilidad del sector primario de la economía, sector al que de manera obsesiva y enfermiza han dado la espalda los gobiernos neoliberales desde 1982 hasta la fecha. Además, es una casualidad que este sector haya estado bajo la responsabilidad del ingeniero Alberto Cárdenas, primero en la Comisión Nacional Forestal y en la Secretaría de Medio Ambiente en el sexenio foxista y ahora en Agricultura.

Crecimiento de los precios de los alimentos. Uno de los argumentos favoritos del presidente Calderón a favor del TLCAN es que la libre importación y la dependencia

Claroscuros del financiamiento rural • Crédito al campo en su nivel más bajo • Hay dinero, pero las organizaciones al margen • Disociadas las políticas agrícola y financiera

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valuar la política financiera para el campo en lo que va transcurrido del gobierno de Felipe Calderón deriva en claroscuros.

Como resultado en gran parte de iniciativas surgidas en el sexenio de Vicente Fox –pero que entonces fueron sólo marketing— ahora han aparecido muchos programas que fomentan el nacimiento de intermediarios financieros rurales, lo cual suena bien en principio, pero al tiempo hay fallas estructurales. Y un indicador demoledor: el financiamiento al campo registra hoy su nivel más bajo récord, incluso debajo de lo observado en la crisis devaluatoria de 1995.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), afirma: “hoy hay dinero y hay políticas favorables, pero no hay experiencia suficiente; la sociedad rural está desvinculada y está haciendo falta un eslabón (de apoyo público) que permita la organización, la capacitación y la asistencia técnica de las organizaciones campesinas” para que éstas se conviertan en intermediarios financieros. Hoy estas agrupaciones “están teniendo muchas dificultades para tener acceso a apoyos y

para aprovecharlos constructivamente. No tienen esquemas de asesoría, capacitación, información; hace falta apoyar su nacimiento, desarrollo y evolución, y para ello se necesita un nuevo marco legal”.

El fomento a las Sofomes que caracteriza los 500 días de Calderón “representa acceso al crédito fácil, barato y rápido, lo cual está siendo aprovechado por parafinancieras, despachos, organizaciones comerciales, que han asumido el crédito como parte de su estrategia de negocios”, pero las agrupaciones de productores, y los grandes segmentos rurales históricamente excluidos del financiamiento, están en general al margen.

Isabel Cruz subraya que más allá del fomento de intermediarios rurales, es contundente que el crédito al agro está desplomado. “No hay financiamiento para la economía productiva; no sólo en agricultura cayó; también en manufacturas, y lo que ha crecido impresionantemente es el crédito al consumo. Lo que se ha venido autorizando son bancos en el segmento del consumo, como el de Wal Mart, El crédito al campo representa hoy sólo 1.5 por ciento del crédito total a la economía.”

alimentaria han permitido poner a disposición de la población alimentos baratos, de gran variedad y de alta calidad. Los hechos desmienten una vez más la propaganda gubernamental.

Si nos atenemos a las cifras del Banco de México, en los primeros 500 días del calderonato el índice de precios al consumidor de alimentos procesados, bebidas y tabaco creció 97.5 por ciento por encima de la inflación general.

Tenemos muy presente la ineptitud y complicidad del gobierno de Calderón frente al tortillazo de enero del 2007, así como frente a las escaladas de precios del pan, huevo, leche, carne, aceite comestible, pastas y muchos otros productos de la canasta básica alimentaria. Los pactos de “estabilización” de precios y los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para “rebajar” los precios han sido un completo fracaso y una patética repetición de los gastados esquemas del priísmo. Tan sólo en el primer bimestre de 2008, los precios de la canasta básica de dispararon en más de 20 por ciento.

Respecto de alimentos diversificados y de calidad, sólo una pequeña elite puede acceder a la oferta, en tiendas o secciones gourmet. La mayoría sufre malnutrición, caracterizada por desnutrición y anemia para el 20 por ciento de la población (principalmente rural, indígena, y de niños y niñas de hasta 5 años) y por obesidad para un tercio de los mexicanos (debido al consumo de alimentos chatarra, comida rápida, refrescos). Éstos son algunos de los resultados económicos de la estrategia de un “campo ganador” de los primeros 500 días del calderonato.

Es ingenuo esperar resultados diferentes en el sector agroalimentario aplicando las mismas fórmulas fracasadas del pasado.

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Recuerda un reciente análisis del Grupo Interagencial (que agrupa a Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo), el cual menciona que el crédito bancario al sector agropecuario –que apenas atiende a 15 de cada cien unidades de producción– se redujo en 42 por ciento real entre 2000 y 2005.

La especialista comenta factores positivos en la banca de desarrollo: “El principal factor de cambio en este sexenio está en Fideicomisos Institutidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que se ha flexibilizado para reconocer distintos intermediarios; antes tenía un sesgo absolutamente financiero-bancario y de elite. También la Financiera Rural ha logrado acumular cierto nivel de experiencia organizacional con dispersores del crédito, como uniones de crédito y entidades de ahorro y crédito popular.

“Pero por otro lado, es impresionante que no hay ningún vínculo entre las políticas agrícolas y las financieras. El sector financiero está a su libre arbitrio, ahorita por fortuna con buenos precios para maíz y otros granos, pero como la Secretaría de Agricultura no está haciendo nada, un contexto diferente (de caída de precios) haría que se viniera abajo todo el financiamiento rural. También se observa muy claramente, como sello panista, que los apoyos financieros están dirigidos por el clientelismo, el corporativismo.”

Adicionalmente, concluye Isabel Cruz, falta mucha capacidad en los equipos operadores financieros sobre la realidad organizacional de México, del mercado. No están preparados para hacer una banca moderna, eficiente y que responda al cambiante contexto agrícola. Prevalecen tecnologías de crédito parametrizado (Lourdes Edith Rudiño).

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EL CAMPO

CON CALDERÓN

POLÍTICA AGROPECUARIA

COMERCIO VULNERABLE Sergio Ivan Polanco López

FOTO: Anec

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a continuidad estricta de las políticas comerciales priístas revela que en este sexenio es inviable modificar la ortodoxia del libre comercio.

Resulta irónico que los equipos de Luis Téllez y Jaime Serra Puche, quienes negociaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se hayan mantenido en el aparato público y estén decidiendo en la actualidad las políticas comerciales para el sector agroalimentario. Entre ellos están Rocío Ruiz, Andrés Casco y Andrés Rosenzweig, quienes defienden su visión de ventajas comparativas y libre mercado.

Esta continuidad es fortalecida por la administración gerencial de Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que –subordinada a los intereses de Lorenzo Servitje y su corporativo Bimbo; de Roberto González Barrera, y su Maseca; del Consejo Nacional Agropecuario y su representación de los grandes agricultores, importadores y exportadores– ha llevado al sector a la falta de previsión, a la vulnerabilidad y a la total dependencia de factores externos, menospreciando la planeación y la definición de un rumbo a seguir.

Es así como los gerentes Calderón-Cárdenas-Sojo iniciaron su gestión sin una política clara para el sector, y con el súbito incremento de los precios internacionales de los granos, que desembocó en los ya célebres tortillazo y bolillazo de 2007. La falta de conocimiento del sector, la inercia en la aplicación de las políticas públicas y los factores estructurales han provocado que la alimentación de la población mexicana esté a la gracia de la volatilidad de los mercados internacionales.

Los factores que caracterizan al sexenio en materia agroalimentaria son: La falta de previsión, vulnerabilidad y total dependencia a factores externos. Con la desaparición de instancias de planeación y control en las instituciones mexicanas que fueron sustituidas por la hipnosis del libre mercado, el gobierno mexicano se auto-imposibilitó para prever y prepararse ante los aspectos negativos que el mercado internacional estuvo anunciando desde principios del 2007. El incremento sustancial de los precios internacionales de granos, la caída de los inventarios y las malas decisiones del gobierno, nos han dejado a la merced de las decisiones de otros países, y se expresan en precios altos al consumidor.

La miopía del gobierno federal. Con la imposibilidad de responder de manera clara y precisa a los factores externos, ahora el gobierno cree que la única salida para el campo es aprovechar la bonanza de los precios internacionales altos. Pero esto es una burla para los pequeños y medianos productores, dadas las condiciones estructurales del sector agroalimentario, con dominio de grandes trasnacionales o nacionales, que imponen condiciones oligopólicas, y con subidas exponenciales en los años recientes en los precios de los insumos agrícolas, como es el caso del fosfato diamónico, mejor conocido como DAP, que durante la gestión del gerente Calderón se ha encarecido en 130 por ciento Incremento de los precios internacionales. La creciente dependencia de las importaciones de alimentos que hemos desarrollado por años y el desmantelamiento de nuestro aparato productivo, han desarmado al actual gobierno para enfrentar

cañeros: lento avance con Calderón

FOTO: Presidencia de la República

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espués de las intensas luchas que protagonizaron frente al gobierno de Vicente Fox, y en particular con su primer secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, los productores de caña de azúcar consideran que la administración de Felipe Calderón ha iniciado “no con una nota de 10, pero sí con funcionarios más enterados y que conocen bastante más” de esta rama económica y por lo pronto la confrontación no es asunto vivo.

Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNC-CNPR), señala que la cadena caña-azúcar está dando pasos en este gobierno, aunque muy lentos.

Los logros son: uno, el surgimiento, a inicios de 2007, del Programa Na-

cional para la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac), mismo que ya se venía trabajando desde los últimos meses del foxismo, y dos, el avance de la aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con la reciente instalación, en marzo, del comité nacional de la agroindustria (instancia indispensable para la con-

certación entre cañeros, ingenios y gobierno federal, y para encauzar adecuadamente la investigación científica de esta rama, la cual hoy está muy dispersa).

Aunque lento, este gobierno avanza. Según Blackaller, la instalación de este comité nacional traía un retraso de 30 meses, pues la ley se promulgó desde agosto de 2005.

la inestabilidad de los mercados. El maíz, que venía comportándose con una tendencia hacia la baja desde 1995, con un ligero repunte en 2003, ha alcanzado precios nunca antes vistos, pasando de 3 dólares por bushel en 2006 (118 dólares por tonelada) a cuatro en 2007 (157 dólares por tonelada), y éstos repercuten en el precio de la tortilla. Pero lo peor es que en los dos primeros meses de 2008 importamos 751 mil 500 toneladas de maíz amarillo; 49 mil 488 de maíz blanco y 16 mil 336 toneladas de maíz quebrado procedente de Estados Unidos, a precios aproximados de 198.81, 228.76 y 231.45 dólares por tonelada, respectivamente. Esta importación sin precedente desnudó la nula política comercial interna y la incapacidad gubernamental para evitar que las importaciones hicieran caer los precios al agricultor nacional. Empresas como Maseca, Cargill, y otras más compraron garno nacional a precios deprimidos.

El presupuesto de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y sus amoríos con los monopolios. Aserca ha contado en los años recientes con los mayores presupuestos en su historia; el gobierno federal ha pretendido suplir sus carencias en materia de políticas públicas con recursos que en su mayoría han sido utilizados a favor de un pequeño sector de grandes agroempresarios y de un grupo de corporativos con prácticas oligopolicas y/o monopólicas, que se concentran en cuatro estados a los mucho. Destaca el Programa de Apoyos a la Comercialización, que de acuerdo con un estudio de John Scott, concentra sus apoyos en màs de 50 por ciento en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

Resultados de la continuidad. A 15 meses del sexenio del presidente Calderón, están a vista acontecimientos que nos permiten visualizar hacia donde vamos en materia comercial agroalimentaria; la continuidad del modelo nos seguirá dando los mismos resultados como son: • Déficit de la balanza comercial incrementándose.

• Incremento de precios al consumidor.

• Concentración de tierras.

• Quiebra de pequeños productores.

• Fortalecimiento de los monopolios.

El no contar con políticas públicas adecuadas y herramientas eficaces de información coloca como perdedores a los productores, quienes reciben precios bajos aun cuando las tendencias internacionales van al alza. Los consumidores y los contribuyentes son también perdedores; los primeros porque siguen pagando precios altos por los productos finales, y los segundo porque aportan sus impuestos para subsidiar a las grandes empresas nacionales y transnacionales para que éstas sigan haciendo el favor de comprar sus cosechas a los productores nacionales.

Encargado de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Pero hay un aspecto que debe atenderse y donde el gobierno de Calderón está fallando: el comercial. “Las autoridades están enfocadas a controlar la inflación” y con ello presionan a la baja los precios al productor de caña y al propio ingenio, y sin embargo el consumidor final está pagando precios excesivos por el azúcar y por los productos que la insumen (como refrescos y panificación) sin que el gobierno intervenga frente a intermediarios e industriales.

“El productor de caña recibe por cada kilo de azúcar 3.41 pesos; los ingenios venden el kilo entre 5.5 y 6 pesos, y la industria usuaria –que se beneficia pues estos precios son más baratos que en meses anteriores— afirma mentirosamente que el azúcar se ha encarecido y con ello justifica alzas en los precios al consumidor en panificación y bebidas embotelladas”. Además el azúcar en estanquillos se vende al ama de

casa a 10 u 11 pesos por kilo, el doble de lo que recibe el ingenio y más del triple de lo que recibe el cañero.

Para la agroindustria cañera, que genera 2.5 millones de empleos directos y que incide en la economía de más de 20 mil municipios, es indispensable que el gobierno meta orden y que permita que el beneficio de los precios sea para los productores no para los intermediarios.

En este marco, la agroindustria cañera, con producciones mayores a 5.5 millones de toneladas anuales, no logra comercializar bien. Y en el ámbito de las exportaciones, “no hemos podido aprovechar la apertura del mercado de Estados Unidos (este año con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”; las pocas exportaciones que hay están en manos de brokers. “No tenemos una política comercial para vender adecuadamente el azúcar” (Lourdes E. Rudiño).

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EL CAMPO

POLÍTICA AMBIENTAL

CON CALDERÓN

ASISTENCIALISMO

EN LOS APOYOS PÚBLICOS

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a tendencia de este gobierno a difundir metas y logros espectaculares, con muchas hectáreas apoyadas, está conduciendo hacia el concepto de “asistencial” un programa que –por impulso y con diseño de las organizaciones forestales— se puso en marcha apenas en el sexenio de Vicente Fox, y que en esencia pretende el pago de servicios ambientales (PSA) a los dueños de los bosques.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), explica que este programa nació como una inquietud de los campesinos que logró integrarse en el artículo 198 del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), de abril de 2003. Su enfoque es el pago a los campesinos con el objeto de mantener y mejorar las superficies agro-

forestales, apoyar la captura de carbono y proteger la biodiversidad.

Originalmente y a contracorriente del Ejecutivo Federal, logró asignársele un presupuesto público, más simbólico que real, de 30 millones de pesos, y este 2008 ronda los 400 millones, pero el apoyo que el gobierno aplica se está desvaneciendo a una cuota pareja de 300 pesos por hectárea, pues la Secretaría de Medio Ambiente busca –igual que en la reforestación anual, con millones de arbolitos— presumir metas ambiciosas en términos de superficie, sin importar la calidad de los resultados del programa.

Esto preocupa pues los apoyos resultan insuficientes –muy poco competitivos respecto de los más de mil pesos por hectárea de Procampo, por ejemplo– como para pedir

a los productores forestales que, a cambio de ellos, se muevan hacia un esquema de manejo forestal, de aprovechamiento sustentable. “La gente te va a decir: ‘oye, por 300 pesos no lo voy a hacer; si quieres quitarme el apoyo, quítamelo”.

Lo ideal es que este programa sirviera para generar condiciones de manejo en las unidades agroforestales y que en unos años la responsabilidad del PSA fuera compartida por la sociedad. “Que el órgano de operación de agua potable y alcantarillado a lo mejor pudiera convertirse en un fideicomiso que estuviera administrando las aportaciones que haga la empresa privada, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los usuarios de agua, y donde hubiera la capacidad de decirle a los que trabajan en la parte alta de la cuenca: ‘a nosotros nos interesa

más gris que verde La acción gubernamental • Decisiones en turismo, bosques y maíz, negativas para la ecología Gustavo Ampugnani

A

un año y medio del gobierno que encabeza Felipe Calderón no hay buenas noticias en materia ambiental. Las grandes líneas programáticas de inicios de la administración se desdibujan día a día sentando un mal precedente ambiental y aumentando una huella ecológica que de por sí era grande. Por ejemplo, se calcula que se pierde el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto debido al deterioro ambiental y la destrucción de ecosistemas. Y la política pública no parece contribuir a la disminución de ese monto, que hoy rondaría los 900 mil millones de pesos.

El principal programa ambiental del gobierno es el Proárbol que, en vez de fortalecer una política forestal que dé prioridad al apoyo a las comunidades, busca el éxito mediático dejando en segundo plano la supervivencia de los bosques mexicanos. Resulta incomprensible que el gobierno federal, en lugar de proteger los bosques de manera efectiva, pretenda gastar durante 2008 más de dos mil 664 millones de pesos (50.5 por ciento del presupuesto de Comisión Nacional Forestal) en plantar 280 millones de árboles, cuando el propio secretario de Medio Ambiente calculó

una sobrevivencia de 10 por ciento para los plantados en 2007. Ello, al tiempo que cada año se deforestan 600 mil hectáreas.

Greenpeace expone que para evitar quedarnos sin bosques en los próximos 60 años, lo que se requiere es apoyar a las comunidades por medio del Manejo Forestal Sustentable (MFS), que les permite conservar los bosques, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero –causantes del calentamiento global–, controlar incendios, frenar la tala ilegal, y generar beneficios sociales para sus habitantes, al fortalecer las economías locales y contribuir al desarrollo rural.

Preocupación por transgénicos. Por otro lado, en términos de agricultura y medio ambiente, vemos con sorpresa que esta administración no contempla ninguna medida de bioseguridad para proteger la diversidad biológica y genética del maíz mexicano.

La publicación del reglamento de la ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados –Ley Monsanto– sigue la misma línea que la ley y sólo establece los procedimientos administrativos para que las grandes empresas de biotecnología agrícola puedan comercializar sus productos patentados, lo cual contaminará irreversiblemente un patrimonio natural y cultural de México.

FOTO: Sergio Ávalos

• Se pierde la oportunidad de generar manejo sustentable de los recursos naturales

que siga llegando el agua limpia, en cantidad suficiente, que no haya deslaves, que se conserve la belleza escénica, no queremos tolvaneras’”.

Gustavo Sánchez recordó que además del programa mencionado, existe otro paralelo de PSA hidrológicos (diseñado por el gobierno previo al ANC), que aplica desde que nació, en 2003, con el lineamiento asistencialista, con apoyos de 300 pesos por hectárea. Los beneficiarios son unidades que no tienen aprovechamiento; el programa no induce al manejo forestal.

La única posibilidad de contrarrestar esto o evitar una contaminación genética masiva es elaborar un régimen de protección especial de maíz que parta del principio precautorio, busque aplicarlo a ultranza y decrete cero tolerancia a la siembra de maíz modificado en México.

También es desacertada la política turística del gobierno, ya que el desarrollo de grandes complejos hoteleros destruye la línea de costa facilitando los procesos de erosión. Ejemplo de ello son los manglares, que a principios de la administración fueron legalmente protegidos. Sin embargo, desde hace tres meses son más fuertes la voces que buscan torcer la protección gubernamental. Está por verse aún cómo sorteará el Ejecutivo la presión de los grandes hoteleros.

Comentó que hay cuatro casos piloto de PSA donde se están generando mercados locales, con participación de la sociedad y compromiso de aprovechamiento sustentable y conservación (están en Valle de Bravo, Coahuila, Colima y Coatepec), y hay algunas experiencias locales. “Lo que queremos es que se masifique”.

Pero el gobierno federa es autista; no escucha, no considera opiniones ajenas y eso dificulta avanzar en esta línea (Lourdes Edith Rudiño).

Por último, aunque no menos importante, en materia de energía y cambio climático vemos que el gobierno apuesta erróneamente a la mismas fuentes de energía que provocan calentamiento global: más petróleo. Pero ahora extraído de aguas profundas. El combate al cambio climático debe asentarse en la masificación del uso de las energías renovables, en la maximización del potencial de eficiencia y ahorro de energéticos y en el combate a la deforestación.

Falta mucho por hacer para que, a fin de sexenio, no veamos reflejado en el PIB un incremento en el costo de la destrucción ambiental de México.

Director de campañas de Greenpeace México, AC

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EL CAMPO

CON CALDERÓN

celebrando la Traición de Judas

LA VÍSPERA DEL JUEVES SANTO PUBLICAN REGLAMENTO DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD Adelita San Vicente Tello

¿

Qué pensarían los funcionarios al publicar el día previo al jueves santo el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados?, “¡Nadie se dará cuenta¡ ¡Al regresar de vacaciones ya se les habrá olvidado!” Seguro se sentirán igual que Judas previo a la última cena.

La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados fue también un albazo en el que poco se respetaron los procedimientos legislativos. Era el 14 de diciembre de 2004, último día de sesiones navideñas, ese día el PRI y el PAN apuraron el proceso bajo el argumento de que “cualquier ley es perfectible”. Hoy las reformas propuestas están en la congeladora.

Gracias al trabajo de múltiples actores, se logró insertar algunos instrumentos de bioseguridad en la ley, pero el reglamento publicado los pasa por alto. Al publicarse la ley, fue nombrada como “Ley Monsanto”, porque más que una ley de bioseguridad parecía una ley de fomento a la biotecnología. El reglamento publicado reproduce este vicio: más que preocuparse de la bioseguridad que requieren las actividades con organismos genéticamente modificados, se dedica a especificar a detalle la forma en que se autorizarán éstos sin tomar en cuenta ninguna de las medidas de bioseguridad previstas.

Omisión de zonas libres. Los instrumentos de bioseguridad son: el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), la determinación de centros de origen y de diversidad genética, y las zonas libres de transgénicos.

Sin embargo, en términos numéricos, más de la mitad de los artículos que conforman el reglamento se dedican a especificar los detalles que deberán contener los permisos, asuntos técnicos que, se antojan, deberían estar contenidos en normas. Los instrumentos de bioseguridad ocupan apenas dos artículos, es decir que las zonas libres de transgénicos ni siquiera se contemplan. El etiquetado es otro de los asuntos centrales que el reglamento ignora,

aun cuando es un tema de debate mundial.

El reglamento publicado no respeta la consulta oficial realizada en 2006, pues no contempla en su contenido las observaciones realizadas por múltiples actores por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Tampoco fue dado a conocer con anticipación a los órganos de consulta obligatoria que señala la Ley de Bioseguridad en sus artículos 20 y 21.

Este reglamento debe ser revisado a fondo, pues ahora no sólo tendremos una Ley de Bioseguridad incipiente, también el reglamento reproducirá y profundizara las deficiencias de la ley. Las carencias del reglamento impiden, a pesar de las declaraciones de funcionarios irresponsables, la siembra inmediata de transgénicos.

Interés corporativo. Debemos recordar a los funcionarios que la condición de México como centro de origen debe ser protegida como una responsabilidad mundial y de manera prioritaria frente a una tecnología que se pretende imponer por parte de empresas trasnacionales.

El RPEM es un instrumento que busca dar esa protección a nuestro país como centro de origen del cultivo más importante hoy por hoy en el mundo: el maíz. La contaminación con transgénicos de los cultivares de México significaría terminar con el reservorio genético del grano y provocaría un daño inconmensurable para el mundo. En este sentido, es fundamental retomar las recomendaciones que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte emitió en 2004 en el estudio Maíz y biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y recomendaciones.

El maíz es un patrimonio de México que de manera generosa ha compartido con el mundo; la introducción de transgénicos equivale a privatizarlo en aras del negocio de una empresa, Monsanto, la cual “aumentó por tercera vez este año su previsión de ganancias gracias a la fuerte demanda de semillas”, según publicó The Wall Street Journal Americas el pasado 26 marzo.

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Entrega de firmas de la campaña “Sin maíz no hay país”

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FOTO: Enrrique Pérez S. / Anec

Integrantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!, hicieron entrega al Senado de la República de 439 mil 385 firmas de ciudadanos nacionales y de otros países, para exigir la renegociación del TLCAN, la prohibición de siembra de maíces transgénicos, y la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y el Derecho Constitucional a la Alimentación. Pidieron a los legisladores que se comprometan a defender el campo.

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FOTO: Presidencia de la República

TEMA DEL MES

Tortilla, transgénicos, presupuesto, TLCAN y concertación social

exhiben la torpeza gubernamental El PAN, enemigo histórico del reformismo agrario

FOTO: GEA A.C.

Acción Nacional nace como una suerte de Sinarquismo por otros medios, pues toma de los herederos civiles de la Cristiada la doctrina, aunque no su abstinencia electoral. Por acuerdo fundacional, en 1939 apoya la candidatura a la Presidencia del anticardenista Andrew Almazán, quien ofrece entre otras cosas privatizar las parcelas ejidales. Cuatro años vdespués, uno de sus fundadores sostiene que la reforma agraria es “tonta hipertrofia de clase que nos ha llenado de hambre y de ruina” (Efraín González Luna, El Universal, 9 mayo 1943), y en 1944 la revista del partido afirma que “todo el país quisiera saber hasta cuándo va ha terminar el reparto de ejidos a fin de que la propiedad agrícola disfrute de (...) garantías” (La Nación, n.

133, 20 abril 1944). Por 60 años el PAN fue también plausible referente antiautoritario, pero esto terminó en 2000. En el poder, los blanquiazules abandonaron veleidades libertarias para ratificarse como lo que han sido siempre: una derecha ultramontana que abomina del reformismo social.

Víctor M. Quintana S.

O

bras son amores y no planes nacionales de desarrollo o programas sectoriales. Si queremos evaluar la política del gobierno de Felipe Calderón hacia el campo con base en los discursos, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-12, nos perderíamos en la palabrería.

Porque el calderonismo en el campo sólo se puede apreciar en las decisiones tomadas en coyunturas o ante problemas estructurales.

1. La crisis de la tortilla. Es el primer desafío de Calderón en materia agroalimentaria: al incrementarse el precio del maíz, no sólo por la producción internacional de etanol o el mayor consumo de algunos países, sino, y sobre todo, por las exportaciones sin control de maíz blanco por parte de Cargill y Maseca, el nuevo gobierno sale chamaqueado por estos oligopolios: mediante un pacto con ellos y algunos productores, de hecho se le aumenta el precio a los consumidores. Decide acudir a las importaciones del grano, y no a un sólido programa de estímulo a la producción nacional, comercialización, abasto y fortalecimiento de la cadena maíz-tortilla.

Ninguna protección para los consumidores, ni para los industriales de la tortilla, desorden en los apoyos a los productores maiceros.

2. El cultivo de transgénicos. El gobierno federal no sólo actuó tardíamente ante la siembra de maíz transgénico en Chihuahua, no sólo dejó que el secretario de Agricultura hiciera apología de las semillas genética-

mente modificadas, sino que acaba de elaborar un reglamento de bioseguridad al gusto de las trasnacionales. Según Greenpeace y varios especialistas, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se centra en dar respuesta a las corporaciones para sus trámites de siembra de transgénicos, y abdica de su obligación –a favor de la industria biotecnológica– de efectuar el monitoreo y control de los posibles riesgos a la salud humana, al medio ambiente y a la diversidad biológica. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de otorgar autorizaciones discrecionales a la siembra de maíz transgénico sin contar con el marco de seguridad completo.

3. Políticas para granos básicos y una reserva estratégica: un año completo de incertidumbre; dos programas de compras anticipadas de maíz y trigo fracasan. El gobierno se ve impotente ante los monopolios, los cuales rechazan 2 mil 500 millones de pesos de subsidios al maíz para así mantener a la baja los precios al productor. No hay claridad en el programa ingreso objetivo, ni se ve intención de establecer una reserva de granos pública, estratégica, controlada por el gobierno o las organizaciones de productores.

4. “El presupuesto al campo más alto de la historia”. La rimbombancia con que el Ejecutivo federal menciona esto al menor pretexto, es una cortina de humo. El proyecto original del Programa Especial Concurrente (PEC) presentado por Calderón era de 183 mil 564 millones de pesos, apenas para compensar el deterioro inflacionario con relación a los 176 mil millones de 2007. Fue sólo gracias a la presión de las organizaciones campesinas y los legisladores que las apoyaron que se dio el incremento hasta 204 mil millones. Sin embargo, tanto Hacienda como Agricultura se cobran luego la afrenta: recortan 47 de 100 programas y a los más importantes de ellos los reducen a “componentes”; redactan e imponen reglas de operación que le confieren discrecionalidad al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo actúa sin sujeción a leyes, sin contrapesos y sin rendición de cuentas. No hay poder constitucional que haga que el Ejecutivo cumpla tal o cual mandato. Los presupuestos rurales crecen y sin embargo la producción, el empleo, el ingreso campesino y el bienestar de las comunidades rurales se deterioran cada vez más. Las organizaciones rurales se preguntan: ¿Para qué más recursos a la Secretaría de Agricultura, que los canaliza en más de 70 por ciento a los agricultores ricos, a los agroempresarios, a las localidades, los muni-

cipios y estados más desarrollados, a compadres y correligionarios?, ¿para qué más recursos fiscales que alimentan una burocracia ignorante, inepta, indolente, desvinculada de los grandes problemas del campo y subordinada a las corporaciones agroalimentarias globales y a las élites y caciques rurales?”

Hay además un olvido de las localidades de alta y muy alta marginalidad, así como de los proyectos de las comunidades indígenas y del desarrollo forestal.

5. La entrada en vigor de la última etapa del Tratado de Libre Comercio e América del Norte (TLCAN) en agricultura: Aunque Calderón reconoce que en los 13 años anteriores nada se ha hecho para proteger nuestra agricultura de la liberación comercial total en 2008, los “blindajes” para “suavizar” la apertura –como son los apoyos a la competitividad en maíz, fríjol, leche y azúcar de caña– no difieren nada de los que venían aplicándose ni fortalecen la capacidad de competir con los dumpeados productos estadounidenses. Ningún funcionario federal muestra disposición a escuchar los argumentos a favor, ya no de una renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, sino de un mecanismo provisional de control de importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El Ejecutivo está muy subordinado a los dictados de las trasnacionales beneficiadas con el TLCAN. Más aún: la cerrazón calderonista a renegociar el tratado pasa a la ofensiva, al saturar los tiempos televisivos del gobierno con desinformación sobre los efectos del TLCAN en el agro y rechazar el debate público al respecto.

6. La relación con las organizaciones campesinas. Ni en los peores tiempos del usabiagato se deterioró tanto la relación de las organizaciones rurales con el secretario de Agricultura, como ahora con Alberto Cárdenas Jiménez, cuya política de “puertas abiertas” no es más que la consagración del doble lenguaje; del empleo partidista y electorero de los recursos públicos; de la arrogancia y displicencia hacia las propuestas campesinas; del afán por ocultar información y escamotear presupuestos no sólo a productores, sino también a los gobiernos de los estados; de la obsecuencia ante los oligopolios del agronegocio y los señores de Washington. Pero esto va más allá de Cárdenas.

El calderonismo tiene dos manos derechas: una para sus diálogos espurios y otra para reprimir a los campesinos que considera levantiscos, como los de San Luis Potosí, o los de Michoacán, o los que son apresados en Chihuahua por “robar energía eléctrica”.

¿Un estilo personal de gobernar?

A fines de 2006, Flavio Sosa, Horacio Sosa, Ignacio García y Marcelino Coache, en representación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), habían concertado una cita con el secretario de Gobernación, preparatoria de un ulterior encuentro con el presidente de la República. Un día antes de la entrevista y al término de una conferencia de prensa en la ciudad de México, los cuatro fueron detenidos por la policía federal. La alevosa aprehensión ocurrió el 14 de diciembre de 2006, en el día número 14 del gobierno de Calderón. Han transcurrido 16 meses y Flavio Sosa sigue tras las rejas.

7. ¿Y el proyecto para o del campo mexicano? Ante la promulgación de una nueva y quinquenal Farm Bill en Estados Unidos, ante el encarecimiento mundial de los alimentos básicos, ante el cambio climático, el gobierno ni siquiera balbucea un proyecto de largo aliento para el campo, ni siquiera un presupuesto multianual, ni siquiera la puesta en marcha de la Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria y Nutricional. Repite las frases de siempre, comete los mismos errores: miopía o carencia de diagnóstico de la situación del campo, desarticulación de programas y fallas en su focalización, ineficiencia en la asignación del gasto público, ausencia de metas a mediano y largo plazo.

Displicencia ante la investigación realizada por científicos y técnicos nacionales, improvisación, inconsistencia.

8. Resultados: los ganones del campo ganador. Como todos sus antecesores desde la instauración del Programa de Ajuste Estructural en 1982, con el gobierno de Felipe Calderón el Estado mexicano renuncia a conducir el rumbo de la política agrícola del país, a construir sin dubitaciones la soberanía alimentaria de la nación. Tanto en la política de comercio exterior, como en la de apoyos a la producción y a la comercialización interna, en el financiamiento, en las opciones tecnológicas y hasta en los aspectos cruciales del medio ambiente y la bioseguridad, los recurrentes ganones del proyecto neoliberal hacia el campo son las trasnacionales del agronegocio; las biotecnológicas; los oligopolios nacionales como Maseca, Lala, Viz, Bimbo, etcétera; los poderosos agricultores de los estados exportadores de frutas y hortalizas; las empresas de alimentos y bebidas trasnacionalizadas. De los siete millones de unidades productivas del agro mexicano ni el 5 por ciento son ganonas; para las otras 6 millones 900 y tantas mil, la única posibilidad de vida digna es el albur de la emigración y luego de las remesas, por más que algún día se les ocurriera tener el sueño de emular a la golfista de la propaganda oficial.

La política calderonista no ha modificado la inercia excluyente y concentradora del modelo agrícola. Ni sus antecesores priístas lograron para el campo la “democracia y justicia social” que pregonaron, y la “patria” que su predecesor Fox y Calderón proclaman nunca ha estado más lejos de ser justa para los campesinos y es generosa sólo para quienes, desde el gran poder económico, vienen a reducir nada más que a una mercancía las comunidades campesinas, la naturaleza, el trabajo y el alimento de los seres humanos.

Rita Schwentesius Rindermann * Manuel Ángel Gómez Cruz ** Con la colaboración de Ina Salas Casasola ***

E

l sexenio del segundo gobierno del cambio en México inició sin modificar los principales instrumentos de política agroalimentaria y esa continuidad queda en manos de una mayoría de funcionarios de la pasada administración.

Es más, el diseño de la política agrícola se remonta a los primeros años de los 90 y tiene fuertes raíces en los 80. Teóricamente, ese no-cambio debería estar motivado por buenos resultados para el país en general, y particularmente para la población del campo. Pero los hechos muestran lo contrario.

Una evaluación de las políticas agrícolas puede arrojar resultados muy diferentes, dependiendo de: • La concepción de los diferentes actores sobre el papel de la agricultura en la sociedad (modelo de desarrollo) con criterios de eficiencia nacional (la multifuncionalidad y efecto multiplicador del campo; su papel en el cambio climático, por ejemplo) o con los principios básicos de la economía de mercado (neo)liberal.

• Los intereses específicos de los diferentes actores agropolíticos (Secretarías de Agricultura, Economía y Hacienda, y organizaciones de productores, entre otros).

• La experiencia histórica concreta de los involucrados.

No es de extrañar entonces que existan evaluaciones y opiniones muy diferentes, y a veces muy controvertidas, sobre las políticas agrícolas. Y hay una enorme brecha entre la retórica de los representantes del gobierno y sus intenciones reales, cosa que no es privativa de México.

Pero una evaluación basada en los objetivos oficialmente formulados en los planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales lleva a una conclusión que coincide con lo declarado por el Banco Mundial en un informe de 2002: “Se puede decir que este sector (rural) ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido decepcionantes (subrayado por los autores): estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural (...) Esto plantea un importante problema de política, debido a que a partir de 2008, el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos.”

Algunos datos confirman esta conclusión: Empleo rural: Según la Secretaría de Trabajo, se redujo el número de los empleos en el campo de casi 10 millones en el 1991 a sólo 5 millones en el 2006. El

número de beneficiarios del Procampo, que se refiere a productores de granos, bajó de 3.3 millones en 1994 a 2.3 millones en 2006 (Informes de Gobierno, 2006 y 2007). Estos datos extrañan todavía más, si se toma en cuenta la apertura del padrón a raíz del Movimiento El Campo no Aguanta Más en 2003. Finalmente, se estima que aproximadamente 600 mil mexicanos, principalmente de las zonas rurales, emigran a la zona fronteriza y/o Estados Unidos. Dado que no hay cambios en la política agrícola, difícilmente esta tendencia se va a revertir.

PIB sectorial: En valor per cápita, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario y forestal en 2003-2005 resultó 11.1 por ciento menor al observado en el trienio previo al experimento neoliberal (1980-82).

En kilogramos per cápita, la producción de los ocho principales granos en 2003-05 resultó 10.9 por ciento inferior que la obtenida en 1980-82; la producción per cápita de carnes rojas se redujo 29 por ciento en esta comparación. Y la superficie sembrada se redujo en 2.5 millones hectáreas.

Comercio agroalimentario: Como contraparte, las importaciones de alimentos se dispararon de 2 mil 755.7 millones de dólares anuales en 1980-82 a 13 mil 553.8 millones de dólares por año en 2003-05, y en 2006 rebasaron 16 mil millones de dólares.

Importancia de la Agricultura: La política agrícola tiene expresiones y resultados diferenciados por estados y tipos de productores. Con excepción de Sinaloa y Jalisco, en la mayoría de los estados mexicanos la agricultura pierde importancia en la generación de riqueza y de empleo.

También en el ámbito del Legislativo gana terreno la convicción de que el presupuesto asignado a la producción agropecuaria y al desarrollo rural en México son sumamente altos en comparación con otros países en desarrollo. De hecho, los subsidios de México son los más elevados después de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en el ámbito mundial, pero no alcanzan resultados que fueran comparables con los demás países de América Latina, con la excepción de Haití, y ni se diga de los países asiáticos. Peor aún, la asignación de los recursos es sumamente injusta, discrecional e inoportuna.

Prospectivas para 2012. Frente a estos resultados, el Ejecutivo corresponde con maquillajes y cambios menores en la política agrícola. De hecho, la parte sobre el “sector rural” en el Plan Nacional de Desarrollo se limita a 11 objetivos, donde los productores son sujetos difusos (no se hace una tipología), las diferencias de las regiones se borran, las responsabilidades se esfuman y no hay resultados concretos a alcanzar.

Al mismo tiempo sacuden movimientos tectónicos de gran fuerza el mundo y está cambiando el mundo agrícola para siempre. Entre los principales fenómenos destacan:

• El mayor uso de granos para bioenergías.

• Países emergentes, como China y la India con grandes demandas de materias primas y energías.

• Mayor inseguridad en la oferta de alimentos por riesgos globales crecientes de difusión de plagas y enfermedades (“vacas locas” y gripe aviar en la ganadería, por ejemplo).

• Mayor inestabilidad en la producción por los efectos del cambio climático.

• Efectos incalculables de la crisis económica en Estados Unidos.

Para los agricultores mexicanos, las perspectivas son: 1. Aumento diferenciado de los precios: Los precios mundiales de los principales productos agrícolas crecen en el mediano y largo plazos por la demanda para bioenergéticos y de los países asiáticos. Pero este aumento no se traduce en la mismo proporción a la ganadería, sector para el cual los granos representan un importante insumo y por ello un costo fundamental de producción.

2. Ganadería: Del punto 1 se deriva una ligera mejora de la situación de los productores de granos. Mientras que los ganaderos, en los particular los grandes complejos industriales (Bachoco, Tyson, Pilgrim’s Pride en la avicultura; Grupo Carrols en la porcicultura), se beneficiaron durante los últimos sexenios de la apertura comercial y de los bajos precios de los granos, durante los próximos años estarán bajo mayores presiones. Es de esperarse que sobre todo los productores medianos no resistan la situación.

3. Insumos: A los productores de granos se les dificultará recuperarse de la descapitalización que sufrieron durante los años pasados porque enfrentan el enorme crecimiento de precios de los insumos, en particular de los fertilizantes.

Aunado a ello, aumenta la escasez de estos insumos; los productores tienen que gastar más en traslados y tiempos para adquirirlos y, consecuentemente, pierden por aplicaciones no adecuadas o fuera de tiempo.

4. Comercio: A pesar de los precios altos de los productos agrícolas, México tiene que seguir importando. Es previsible que se profundice el notorio déficit en la balanza comercial agroalimentaria.

5. Seguridad alimentaria: Mientras que para el gobierno mexicano el tema de la seguridad alimentaria no fue tema, porque los alimentos estaban disponibles en abundancia y a precios muy bajos, la situación se está turnando crítica para el presente sexenio. Cada día nos alcanzan noticias de una nueva baja en la disponibilidad de alimentos, y si no son disponibles, son caros.

Ante esta perspectiva el tema de la soberanía y seguridad alimentaria se turnan claves. * Catedrática de la UACh, rsr@avantel.net ** Coordinador del Cuerpo de Investigación en Orgánicos, ciestaam@avantel.net *** Doctorada del CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo.

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EL CAMPO

POLÍTICA AGRARIA

CON CALDERÓN

INICIATIVA DE LEY CONTRA EJIDOS Y COMUNIDADES Olmo Rodríguez R. Luciano Concheiro Bórquez*

A

principios de marzo el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Ramón Ceja Romero, presentó para su discusión una iniciativa que busca modificar diversos artículos de la Ley Agraria. La iniciativa está muy por debajo de otras presentadas en las legislaturas recientes, en la LIX (CONACOSA, Ley Federal Agraria) y en la LX (Ley Nacional Agraria), y profundiza el sentido privatizador de la contrarreforma agraria de 1992, vulnerando la propiedad ejidal y comunal.

Rasgo distintivo de esta iniciativa es que no hace mención de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) –institución encargada de atender los asuntos que tienen que

ver con tierras ejidales y comunales–, lo que apunta a la intención de hacerla desaparecer; y no considera demandas del movimiento campesino en términos de profundizar la participación de la Procuraduría Agraria en la defensa de los núcleos agrarios y de lograr su autonomía.

Omisión de sujetos agrarios. En cuanto a los sujetos agrarios, no caracteriza la calidad de posesionario, dejando en la indefinición a cerca de 650 mil sujetos agrarios que fueron reconocidos por las asambleas ejidales y que actualmente cuentan con un certificado otorgado por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). La gran mayoría de estos posesionarios son hijos de los ejidatarios y tienen predios mucho más pequeños, lo cual los convierte en un grupo vulnerable.

En la iniciativa no se establecen disposiciones que le permitan a la SRA impulsar un fondo de recon-

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CON CALDERÓN

versión de tierras, con el propósito de fortalecer la economía campesina y detener y revertir el proceso de concentración de tierras. Tampoco permite declarar las tierras parceladas como patrimonio familiar, con lo que se deja en el desamparo a muchas familias campesinas en los casos en que el ejidatario venda sus tierras sin consentimiento de esposa e hijos, y no establece preferencias en la sucesión, con lo que se vulnera el patrimonio de la familia y no supera las insuficiencias que existen en cuanto a la regulación de las formas organizativas del medio rural.

La iniciativa tampoco considera las propuestas para que la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer pueda constituirse en figura asociativa, independientemente de si tiene tierras. Menos aún, avanza en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, establecido en el artículo 2 de la Constitución

Federal y el mandato de protección especial de sus tierras en el artículo 27 de la propia Carta Magna.

En un ataque a la relación sociopolítica de los ejidos y comunidades, la iniciativa panista, desaparece la Junta de Pobladores, lo que contraviene la propuesta de las organizaciones campesinas que solicitan que esta instancia tenga un papel más activo y protagónico como representantes de las comunidades rurales ante los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

Simulación de latifundios. En términos ambientales, no establece disposiciones que protejan los bosques y las selvas de los núcleos agrarios, ni dice cómo revertir en donde ya se regularizó el parcelamiento y evitar que éste ocurra en zonas de reforestación o en áreas que hayan sido taladas o destruidas por el fuego. Tampoco protege a favor de los núcleos agrarios la existencia de yacimientos de recursos no renovables. Ni modifica las definiciones de los tipos de pequeña propiedad de la ley vigente, lo que se presta a que los límites de la propiedad forestal sean rebasados al considerar éstas como de agostadero, con re-

*Profesor investigador UAM-Xochimilco concheir@correo.xoc.uam.mx

PUEBLOS INDIOS

INTEGRARLOS A LA “CIVILIZACIÓN”

FOTO: Alfredo Domínguez / La Jornada

Francisco López Bárcenas “Estoy convenido de que un camino rural integrará a la gente con la civilización y de que una escuela cumple con el proceso de culturización para elevar la calidad y capacidad y conocimiento de los indígenas”. Así definió Luis H. Álvarez las líneas de su trabajo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a unos meses de haber tomado posesión del cargo. Consciente o inconscientemente, pero el responsable de la política indigenista del gobierno panista estaba afirmando que los indígenas son incivilizados y que la única cultura posible es la de la competencia, la del mercado. Como en las primeras décadas del siglo pasado.

Esa misma línea se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se planteó como objetivo de la política indigenista “incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad”. Para lograr tal propósito el gobierno federal mantuvo, aunque con un perfil más bajo, la idea de políticas transversales, donde participaran la mayor parte de las instancias federales y las organizaciones indígenas, focalizando las acciones ahí donde mayor rezago social se advirtiera.

percusiones ambientales negativas y la posible simulación de latifundios forestales.

En su afán privatizador, propone que el dominio pleno sea autorizado en una sola asamblea de formalidades simples, lo que de facto es un intento de acabar con el régimen ejidal. Además, considera que la aportación de los derechos de usufructo a sociedades mercantiles, prevista en la actual ley, se cambie a la aportación de los derechos parcelarios. La iniciativa no acota a las sociedades mercantiles y no las obliga a mantener en producción la tierra, lo que permitiría abusos y pérdida de tierras de los núcleos agrarios.

Finalmente, el plan panista no considera modificación de las causales de utilidad pública de la actual ley, que están por encima de las consideradas en otros regímenes de propiedad, como son las relativas a la creación de áreas para la expansión del turismo y la industria.

Se trata entonces, de seguir golpeando al campo, demostrando que no representa ninguna prioridad sino de lo que se sigue tratando es de eliminarlo de la jugada.

Dentro de las acciones a realizar se enunció “el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas para promover su desarrollo económico”; y aunque esto si se hizo, no fue para beneficio de los pueblos indígenas sino de la industria turística en donde ellos no cuentan.

Así, se han concesionado los sitios arqueológicos y monumentos históricos, a los que se ha unido el turismo ecológico. En lo demás se mantuvieron las políticas anteriores, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura

básica en las regiones indígenas y la asistencia en albergues y rescate de prácticas culturales.

Así, aunque el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas aumentó, el impacto real no mostró cambio alguno, porque el enfoque para su aplicación se circunscribió a la máxima del indigenismo panista, expresada por el responsable de ella, y a actividades administrativas eufemísticamente denominadas “promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas”.

Lo grave de esta política es que no responde al diagnóstico que el mismo gobierno tiene del problema a atender. En el Plan Nacional de Desarrollo ya reconocía que los pueblos y las comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano porque viven en altos niveles de pobreza; que en muchas de las regiones indígenas prevalece la escasez de empleos, los bajos salarios y las relaciones asimétricas entre población indígena y no indígena, situación que afecta su desarrollo; mientras por otro lado la inversión de recursos en esas regiones sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional.

Aunado a esto, se afirmaba, el reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades indígenas como sustento de una nación pluricultural todavía no se ha traducido en una acción pública con profundo sentido cultural. Ése es el problema, porque si los derechos de los pueblos indígenas se fundan en la diferencia cultural y ésta no se ha traducido en políticas de desarrollo que se funden en la diversidad cultural, se está violentando un mandato constitucional, al tiempo que se incumple un compromiso de derecho internacional contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresa que los pueblos indígenas deben decidir sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo y controlarlo. Y para que eso sea posible es necesario modificar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas y que éstos diseñen su programas de desarrollo propio.

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GOBERNABILIDAD RURAL

CON CALDERÓN

ACCIÓN NACIONAL, UNA MALA COPIA DEL PRI • Compra de votos con Oportunidades y programas de abasto Jesús Ramírez Cuevas

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cuando despertamos, el dinosaurio ya era azul. El poder sólo cambió de manos y, en esencia, sigue siendo el mismo sistema político autoritario que sostuvo al PRI por más de 70 años. Hubo alternancia, pero no transición democrática.

El panismo en el poder adoptó el mismo proyecto económico y la misma corrupción (o peor) de los dinosaurios priístas. Y para perpetuarse en el gobierno utiliza los mismos métodos del pasado, incluyendo los fraudes electorales y la compra de votos. Así, en los ocho años recientes los panistas han usado los programas sociales y los recursos públicos para construir sus propias clientelas políticas.

Una de las paradojas del gobierno de la derecha es que impone un modelo empresarial en el campo empeñado en destruir la economía campesina y acabar con los campesinos y los pueblos indios, y al mismo tiempo desarrolla una política para capitalizar los apoyos del erario público a favor del PAN. En las elecciones presidenciales de 2006 se denunció el uso de los programas sociales para fortalecer la estructura electoral del PAN. En 18 meses de la administración calderonista, este modelo se ha puesto a prueba en las distintas elecciones estatales. El ejemplo más claro de la disputa política por el presupuesto con fines electorales es la polémica sobre los delegados federales que manejan los

programas sociales en cada entidad y el cambio unilateral de la Secretaría de Agricultura en las reglas de operación para dificultar a las organizaciones campesinas obtener recursos.

Los panistas han fortalecido su capacidad de gestión en el campo para contrarrestar el trabajo de las organizaciones independientes, o las que simpatizan con el PRI o el PRD. Unimoss y Plantar. Desde mediados de 2004, Acción Nacional anunció la creación de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) y del Programa de Acción Rural (Plantar), para organizar “a los cientos de miles de campesinos y hombres del campo que son panistas”. De esta manera se expandió el modelo inaugurado en 1998, cuando el entonces presidente del PAN, Felipe Calderón, fundó en Irapuato, Guanajuato, la Liga de Acción Agraria, en presencia de 6 mil campesinos acarreados por el entonces gobernador Vicente Fox. En el proceso electoral de 2006 se hizo público un manual del PAN para utilizar los programas federales para su beneficio político y tener una mayor incidencia en el sector rural. En ese documento se explica cómo “generar a través de la gestión, estructuras sociales que el den fuerza a Acción Nacional en los próximos procesos electorales” y cómo “integrar a las población del campo mexicano a organizaciones civiles identificadas con el PAN”. Con las lecciones aprendidas, los diputados y gobiernos panistas pudieron comprar

cientos de miles de votos en 2006 a través de los beneficiarios de programas sociales como el de adultos mayores, de trabajo temporal y Oportunidades.

Manipulación del recurso público. En las elecciones estatales de 2007 y 2008, la disputa por el voto verde entre las maquinarias corporativas tricolores y blanquiazules alcanzó niveles de alarido. Por eso los gobernadores priístas exigen al gobierno federal la prerrogativa de nombrar a los delegados estatales que manejan el gasto social, no siempre con buenos resultados.

Un caso notable del corporativismo panista, pero de escasa efectividad, lo brindó el ex gobernador del Yucatán, Patricio Patrón Laviada, quien copió el estilo del extinto cacique priísta Víctor Cervera, aunque perdió la elección. Su intención era obtener 150 mil sufragios rurales para su candidato Xavier Abreu y en sus giras llevaba a las comunidades mayas toda clase de artículos, como máquinas de coser, rollos de alambre de púas, bombas de riego, machetes, injertos de cítricos y tinacos de plástico. Los campesinos, malagradecidos, no votaron por el PAN. El desastre de esta estrategia panista se evidenció recientemente también en las elecciones locales de Hidalgo, Oaxaca o Veracruz, donde el “voto verde” no favoreció a la derecha.

El uso de la gestión social de los programas federales para fortalecer el trabajo electoral del PAN ha permitido crear una estructura

EXTREMA POBREZA y “CUERNOS DE CHIVO” • Narcos, militares y talamontes en la Montaña de Guerrero Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tachinollan

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n plena desolación montañera, los tejedores de palma, los tlacololeros y pastores de cabras –que nos rememoran a la Montaña descrita por Maurilio Muñoz de la década de los 60– hoy viven asediados por los hummers del Ejército que se estacionan en los lechos de los ríos para imponer la ley marcial.

Con el desmantelamiento de la economía comunitaria agudizado por la infertilidad de las tierras del tlacolol, que contrasta con los altos índices de nacimientos, ha emergido la generación de los transterrados, de los que cargan con el estigma del montañero en los campos agrícolas de Sinaloa y los que, en la Gran Manzana de Nueva York, luchan por reconstruir su comunidad perdida.

El policultivo mesoamericano devino en narcocultivo.

Los instrumentos de labranza esperan dentro de las trojes derruidas, el retorno de los migrantes. En la nueva técnica del rayado, los cúter y las agujas forman parte de la narcotecnología a la que acceden los niños y las niñas en los filos de los cerros y se la apropian, sin necesidad de ir a las escuelas.

Mientras la Montaña agoniza por el saqueo de la madera, los camiones de los talamontes engruesan el cortejo fúnebre que cargan con la poca reserva boscosa y son los responsables de cavar la tumba de los tlacololeros. Con la tierra deforestada, los depredadores con licencia abren el camino a los nuevos “extensionistas” de la economía criminal que se encargan

de introducir el maíz bola que florece con la hierba de la violencia fratricida. En medio de esta cosecha sanguinaria, el Estado afina su estrategia militarista para poner en la mirilla al movimiento de resistencia de los pueblos indígenas.

La cosecha del hambre, que llega a 400 kilos de maíz por hectárea en la temporada de lluvias, es el saldo de la violencia del Estado que se expresa en el alto índice de mortalidad infantil, en el analfabetismo que se eleva a 70 por ciento en Metlátonoc y Cochoapa el Grande, en los niños desnutridos que se enrolan desde los seis años como peones acasillados, en las esterilizaciones forzadas y en el consumo desmedido de los refrescos de cola, el aguardiente de pastilla y las cervezas.

El modelo de desarrollo capitalista en enclaves depauperados le ha hecho el milagro económico a la casta de empresarios y caciques, que gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han logrado hundir hasta el hartazgo a los pueblos de la Montaña, militarizando sus territorios y permitiendo la proliferación de la siembra de enervantes en sus tlacololes.

En las cimas de los cerros dedicados a San Marcos, los sabios siguen entregando sus ofrendas a Tláloc, a pesar de que el maíz les llega de Estados Unidos. La entrada endemoniada del mayantli (el hambre), desde el domingo de carnaval hasta el día de san Miguel (el santo de la justicia y la fertilidad) obliga a las familias a echar mano del trabajo infantil, a vender a las pequeñas hijas y a sembrar en las barrancas el maíz bola. Ahora la miseria cabalga en la Montaña con sus cuernos de chivo.

partidaria paralela con base en organizaciones con personalidad jurídica propia (más de mil 500) que, de manera ilegal, tienen acceso a los padrones de los programas de abasto social de leche, abasto rural, adultos mayores y Oportunidades. Un ejemplo de estas organizaciones es el Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Acuícola Nacional, AC (OPAGAN).

Líderes sin representados. Así, con el pretexto de acabar con los líderes corruptos de las organizaciones campesinas tradicionales o de izquierda, el gobierno de la derecha promueve una nueva forma de corrupción, más cínica, pues los nuevos “líderes” ya no están comprometidos con los campesinos, sino con la gestión de un gobierno que ha convertido los programas sociales en una forma descarada de comprar apoyo político electoral para el PAN. Así actúan los panistas, quienes algún día se preciaban de ser demócratas y declaraban que acabarían con el corporativismo priísta.

El clientelismo panista es más práctico, es simple compra de votos y es controlado desde el centro por medio de organismos fantasmas.

Ese nuevo corporativismo panista, que se parece al sindicalismo blanco o empresarial, es la nueva base para afianzar el desmantelamiento del campo y el debilitamiento de las organizaciones campesinas e indígenas.

Aunque el balance de esta estrategia no es del todo halagüeño, sí es una tragedia para el campo, pues como nunca los recursos del gobierno para programas sociales se utilizan para asegurar el control político de los ciudadanos, quienes se convierten en “clientes” engañados por un gobierno empresarial que sólo beneficia a los grandes capitales y a sus socios en el poder.

Cuando el hambre con los deseos de justicia se juntan, no hay pueblo que se resigne a vivir de rodillas. Los Na savi y Me´phaa de la Montaña y Costa Chica, se han levantado del fango del oprobio para alzar su voz y blandir su acero en aras de la creación de un sistema de justicia y seguridad comunitarias.

El descrédito de las corporaciones policíacas y de los órganos investigadores del Estado ha robustecido su proyecto que nace de las asambleas comunitarias, donde el pueblo designa a sus mejores hijos para que se desempeñen como policías comunitarios. No basta conocer las leyes ni los tratados internacionales de los derechos de los pueblos; para los montañeros es imprescindible transitar al mundo de las armas a través de la licencia colectiva autorizada por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), para demostrar que son capaces de restablecer el orden sin causar daños a la sociedad.

Más de 600 policías comunitarios han logrado combatir al crimen organizado y han limpiado sus territorios de la siembra de enervantes, sin que el Estado haya aportado un peso del fondo de seguridad pública. En contrapartida, el Ejército Mexicano ha contado con todo el respaldo de la Presidencia de la República, para enfrentar con sus mejores armas a los cárteles de la droga y abatir la siembra de enervantes. Lo contrastante es que en los territorios ocupados por el Ejército sigue existiendo alta incidencia en el cultivo de enervantes, mientras que en los territorios resguardados por la Policía Comunitaria se ha logrado extirpar el cáncer de la delincuencia organizada.

En la Montaña, donde los patrullajes del Ejército son constantes, cohabitan impunemente el maíz bola, la extrema pobreza y los cuernos de chivo. En este desfiladero, la ley del Ak-47 retumba en los tlacololes queriendo matar la esperanza de los hijos e hijas de la lluvia y del fuego, que con el acero de su dignidad han repelido la violencia provocada por la militarización. cdhm@tlachinollan.org

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UNA DE CAL Tosepan Titataniske:

LAS OTRAS ELECCIONES

FOTO: Tosepan

nitarias y termina meses después en una plenaria regional de delegados, de donde sale el consejo directivo que llevará las riendas de la organización durante cinco años.

Aquí no se usan planillas como en los partidos políticos, no existe la competencia a muerte entre candidatos y, naturalmente, no se hacen trampas. “Porque eso divide –dice un joven aspirante–, nos pone unos contra otros.

En cambio aquí nos hacen valer parejo, nos enseñan que todos podemos ser directivos si hay fidelidad y entrega, aparte de buena preparación.”

Este año la Tosepan lanzó una convocatoria a las cooperativas locales de sus 60 comunidades indígenas asociadas, para nombrar candidatos al consejo directivo 2007-2012. Entre otros requisitos, exige al aspirante “ser socio activo con una antigüedad igual o mayor a cinco años, dominar el nahuat y/o el totonaco, además del español; haber desempeñado adecuadamente algún cargo de responsabilidad en la comunidad o en su cooperativa local; estudios mínimos de secundaria”.

Preparación profunda. Enseguida se eligieron candidatos en asambleas comunitarias, donde votaron los socios de co-

Lorena Paz Paredes

L

a democracia en las organizaciones campesinas tiene color local y, si además son indígenas, entran en juego los usos y costumbres. En la remontada serranía del norte de Puebla, los 5 mil 800 cooperativistas nahuas y totonacas de la Tosepan –cooperativa fundada hace 30 años–, eligen a sus directivos en un largo proceso que empieza en asambleas comu-

jornaleros de Immolakee vs “explotation king” Alejandro Calvillo

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espués de tres años de lucha, un grupo de jornaleros agrícolas migrantes –la mayoría de origen mexicano, sin papeles y que cosechan tomate en el sur de Florida– sentaron a la mesa a Taco Bell y lograron que les pagara un centavo más por libra de tomate cosechado. Así pudieron aumentar hasta en 80 por ciento sus salarios, que se habían mantenido igual durante 25 años.

Al acuerdo se sumaron posteriormente, y tras fuertes campañas públicas, las cadenas de comida rápida de Yum Brands, como Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. En abril del 2007 McDonald´s también ce- Se necesita tu apoyo. dió a las protestas y acordó el pago del centavo de dólar más por libra de tomate cosechado.

La lucha de los jornaleros migrantes inició en 2002 y en cinco años habían logrado mejorar sus condiciones después de ser considerados uno de los sectores más explotados en Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre de 2007 no llegó más el centavo de dólar por libra de tomate cosechado.

Burger King se había negado a firmar el acuerdo con los trabajadores agrícolas e inició una campaña de relaciones públicas difundiendo la idea de que estos jornaleros esta-

ban bien pagados; luego promovió que la asociación de propietarios de la tierra estableciera una multa de 100 mil dólares a aquellos de sus miembros que permitieran que sus trabajadores estuvieran beneficiados bajo estos acuerdos. Ninguno de los propietarios quiso enfrentar a la poderosa asociación. Por lo anterior se ha dicho que Burger King mostró su verdadera cara de “Explotation King”.

Este mes la Coalición de Trabajadores Agrícolas de Immolakee presentará cientos de miles de firmas en las oficinas de Burger King en Miami. Podemos apoyarlos con nuestra firma: Entre usted a www.elpoderdelconsumidor.org, baje el power point que explica esta situación, distribúyalo entre sus conocidos y amigos y firme desde esta página una carta que manifiesta el compromiso de no entrar a los establecimientos de Burger King.

La carta es enviada simultáneamente a los directivos de Burger King Mexicana, a la Coalición de Trabajadores de Immolakee y, ahora, estamos incluyendo la dirección del Corporativo Grupo Energético del Sureste de la familia Mouriño, que tiene la franquicia de nueve restaurantes de esta cadena en el sureste del país.

El Poder del Consumidor, AC

FOTO: Tosepan

• ¿Puede haber comicios sin “cochinero”?

• El cargo como servicio, como compromiso

mités de café y pimienta, de cooperativas locales de ahorro y préstamo de la Tosepantomi o “Dinero de todos”, y mujeres organizadas. En total se escogieron 36 personas, las cuales para la elección final se prepararon trabajando durante una semana en el Centro de Capacitación de la Cooperativa: el Kaltaixpetaniloyan o “La casa donde se abre el espíritu”; repasando la historia de la región, la trayectoria de la Tosepan, los principios del cooperativismo…, pero también interiorizándose, con ayuda de los directivos salientes y asesores, en las tareas y responsabilidades que esperan a los finalmente elegidos.

“Nunca habían participado tantos –afirma uno de los dirigentes–. Y eso es bueno, ¿no?, porque quiere decir que cada vez son más los que se sienten capaces”. Y no es que ocupar el cargo esté muy peleado; al contrario: “No venimos por un puesto –dice un candidato– ¿A quién le beneficia el cargo? Venimos porque nos nombraron y tenemos que cumplir. Y cumplir es servir bien y llevar a la Tosepan un paso más adelante”.

El proceso de renovación de dirigencia no termina con la elección, pues una vez nombrados los nuevos, por un tiempo los acompaña y encamina la directiva saliente.

La Tosepan es en los hechos una sofisticada empresa cooperativa. Dice uno de los asesores que en la elección se siguen básicamente los usos y costumbres que garantizan legitimidad, pero también métodos empresariales de selección de personal con base en capacidades. Y es que se trata de que las directivas conozcan y manejen la complejidad de la organización, en vez de que firmen a ciegas los documentos que les pasan los técnicos, que así se transforman silenciosamente en los verdaderos dirigentes.

Los seleccionados son indígenas nahuas y totonacas que además de socios activos, han sido promotores y directivos de sus comités y cooperativas locales. Algunas como Aurelia Cuamait, presidenta de la Regional de Mujeres de la Tosepan, tiene casi 15 años participando; o Irene, que bordea el medio siglo y lleva 18 de cooperativista; o Maria Libia, también en la medianía de la edad y originaria de Atalpa, que no se queda atrás en sus años de promotora de café orgánico y responsable de la Tosepantomi local; Leobardo, de 42 años con 12 en la cooperativa; o José Francisco, de 46 años y que empezó hace 30 como acopiador del beneficio húmedo de la Tosepan.

También participan los jóvenes. Diez son candidatas, y eso es mucho decir porque se trata de mujeres indígenas que se han ganado a pulso su nombramiento: “A mí me eligieron –cuenta Irene– por la confianza que me tienen–. Y ahora voy a cumplirles”. La mayoría anda por los cuarenta años. Pero hay jóvenes muy jóvenes como Domingo de 20 años, inspector interno del programa orgánico de café, o Minerva de 26, los dos con preparatoria terminada.

En realidad son varios los que tienen bastantes estudios, y hasta una licenciada en educación indígena es candidata.

Pero las comunidades también votaron por campesinos digamos que rústicos, como don Juan Martín Teresa, con quien se hizo la excepción porque no acabó la primaria, pero creció con la Tosepan, es un experto productor de café y pimienta, y un cooperativista ejemplar.

“No es fácil llevar la batuta de una organización tan grande –dice un candidato– donde hay de todo: acopio, beneficio y venta de café, ahorro y préstamo en más de 110 comunidades, viveros, programas de mujeres, turismo alternativo y el Kalta. Pero no tenemos miedo de defraudar, porque estamos preparados.”

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ILUMINACIONES MIRADAS AL FUTURO DEL CAMPO

Víctor M. Toledo ledo

M

esoamérica: mérica: laboratorio contemporáneo contemporáneo.

De la más de centenar de lenguas habladas en Mesoamérica con una población estimada en 30 millones al momento de la conquista, hoy, 500 años después, persisten más de 60 complejos linguísticos, que sumados a los dialectos alcanzan cerca de 300 variantes, con una población estimada entre 10 y 12 millones de hablantes. Esta población, considerada la heredera de las antiguas culturas mesoamericanas, puede alcanzar los 20 millones si además o en vez de la lengua se toman en cuenta otros rasgos como la cosmovisión, los hábitos y las costumbres, la vestimenta o las formas de subsistencia, población que en conjunto constituye lo que Guillermo Bonfil denominó el “México profundo”.

La población mesoamericana de hoy, pariente de los habitantes autóctonos, se distribuye por 26 regiones indígenas y cubre los principales hábitat del territorio mexicano: desde selvas y pantanos tropicales hasta regiones lacustres, zonas de montaña con boques templados, costas, altiplanos, desiertos y semidesieartos. Esta amplia distribución eco-geográfica permite reconocer situaciones donde los pobladores locales mantienen sistemas, estrategias y formas de aprovechamiento de los recursos naturales que son antiguos y vigentes, de tal forma que estamos ante la extraordinaria oportunidad de identificar modos de uso que resultan de una interacción de miles de años entre esas culturas y su entorno. Hoy existen evidencias que certifican la presencia maya en la Península de Yucatán desde hace 3 mil 500 años, y fechas similares se ofrecen para el caso de los purhépecha de la cuenca del Lago de Pátzcuaro en Michoacán y para los tenék (huastecos) de las selvas de San Luis Potosí.

Los actuales pobladores de México que descienden de las antiguas poblaciones nativas detentan en conjunto una superficie estimada en 24 millones de hectáreas. Aunque la superficie no resulta demasiado grande, su valor radica en que dentro de ese territorio se encuentra buena parte de las áreas biológicamente más ricas del país, las porciones de selvas y bosques mejor conservados, casi todas las regiones productoras de agua (cuencas altas), la mayor parte de los sistemas de agricultura tradicional y, en consecuencia, el grueso de la variedad genética de la nación.

En otras palabras, los territorios

Iniciamos esta nueva sección dedicada a las prospecciones rurales, con un luminoso ensayo de Víctor Toledo sobre el futuro de las creativas comunidades agrarias

CREACIÓN BIOCULTURAL EN LA ENCRUCIJADA

indígenas contienen hoy en día los principales yacimientos hidráulicos, genéticos, biológicos y de vegetación del país.

Tan importante como lo anterior es que en estas zonas es donde siguen existiendo, después

selva útil, y de manera similar hacen los purhé de Michoacán en sus Ekuaros. Otras culturas manipulan las masas forestales y engañan al ojo haciendo aparecer como selvas lo que en realidad son “jardines productivos”, como

“Colocadas al borde del colapso, las culturas autóctonas remontaron el impacto que hace cinco siglos les produjo la conquista. En este primer encuentro con lo “externo”, lograron sobrevivir y aun remontar y crecer, al convertir el mestizaje en un fenómeno a su favor” de miles de años, los laboratorios donde se sigue probando, explorando experimentando e innovando; donde la biodiversidad se pone a prueba cotidianamente para corroborar su utilidad real o potencial, su resistencia y hasta su agresividad. La investigación etno-biológica y etno-ecológica certifica, mediante la descripción y análisis de decenas de ejemplos, casos inimaginables y modalidades que parecen sacadas de la ciencia ficción.

Los maíces creados para hacer posible la agricultura en las tierras altas de Michoacán, Chiapas o Nayarit, las tórridas planicies pedregosas sin agua de la plataforma yucateca o las regiones semidesérticas de Oaxaca y Puebla siguen existiendo. Y el observador se queda estupefacto cuando se descubren maíces en condiciones que ningún agrónomo moderno reconocería como adecuado para realizar agricultura. En los humedales de Tabasco los chontales realizan una agricultura de pantano en tres meses, y los huaves de Oaxaca levantan cosechas maiceras y de otros cultivares sobre las dunas costeras.

La agricultura mesoamericana alcanza su cenit en las chinampas del Valle de México, sistema agro-hidráulico que se autorregula y que fue el granero de la antigua capital: Tenochtitlan.

Los sistemas agro-forestales también permanecen, enriquecidos por la llegada de las especies traídas de lugares remotos por los europeos. Los huertos familiares mayas combinan decenas de especies autóctonas e introducidas de árboles útiles y simulan una

los huastecos con el Té lom, los Chatinos de Oaxaca, o los nahuas de la Sierra Norte de Puebla con el Kuojtakiloyan. En este último en una sola hectárea se manejan hasta 130 especies útiles para la alimentación, la salud, el forraje, la vivienda, la producción de café, pimienta y canela, y la experimentación de flores y frutos tropicales.

La lista sigue: producción de miel por abejas nativas y sin aguijón, extracción de chicle, palmas, fibras y otros productos no maderables de las selvas tropicales, manejo del agua de lluvia y de escorrentías en los desiertos de Tehuacán mediante un profundo conocimiento etno-geológico, creación de terrazas y bancales para la agricultura en laderas, pesca en lagos y lagunas y, especialmente, riquísimas farmacopeas en número de medicamentos y especies utilizadas y en la variedad y tipificación de enfermedades. En los Altos de Chiapas, los estudios de B. Berlin y E. Berlin revelaron el manejo de mil 650

“El alud de bienes que México ha ofrecido al mundo puede y debe ser eje fundamental en la construcción de un modelo organizativo que logre articular lo local con lo global, lo rural con lo urbano-industrial y lo tradicional con lo moderno”

especies de plantas que las comunidades tzeltales y tzotziles utilizan como remedio para 150 tipos de enfermedades; en tanto que en una sola comunidad huichol en Jalisco (San Andrés Cohamiata), A. Casillas-Romo encontró una centena de plantas para curar 60 diferentes enfermedades.

Cornucopia amenazada. Siete mil años después de iniciado el proceso civilizatorio que permitió la variedad de productos y que logró evadir o remontar crisis sucesivas, como los colapsos demográficos hasta ahora todavía inexplicables del periodo clásico o el impacto de la conquista española que redujo la población autóctona en 90 por ciento, hoy las culturas creadoras de esta riqueza inigualable se enfrentan a un nuevo desafío que es de una magnitud diferente.

Colocadas por las circunstancias al borde del colapso, las culturas autóctonas lograron remontar el severo impacto que hace cinco siglos les produjo la conquista mediante toda una variedad de mecanismos. Entre la resistencia total y la absorción absoluta a la cultura dominante, los siglos de la época colonial fueron testigos de un complejo proceso de mestizaje (racial, ideológico, cultural y material) que, para sorpresa de muchos, terminaron enriqueciendo, no transformando ni aniquilando, buena parte de los sistemas de apropiación mesoamericanos.

Se puede decir que más que oponerse, los pueblos autóctonos aceptaron y terminaron adaptando o apropiándose las nuevas especies, técnicas, instrumentos y sistemas de producción (de origen asiático, africano y europeo) traídos por los conquistadores españoles. La lista es larga y todavía incompleta. El arribo del ganado, mayor y menor, de equinos, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, indujo una refuncionalización de la milpa mediante la complementariedad del maíz y otras especies vegetales con los nuevos animales.

En las regiones tropicales innovaciones externas como la caña de azúcar se integraron al sistema autóctono de manejo múltiple, y numerosas especies de árboles frutales y otras especies útiles traídas

de fuera (cí (cítricos, plátanos, café, etcétera) se insertaron a los sistemas agro-fo agro-forestales nativos. Algo similar ocur ocurrió con las hortalizas y es muy probable que el cerdo, la gallina y los patos suplantaran como recurso de proteína animal a las presas de caza (venados, roedores y aves silvestres). De hecho, el alud de especies animales domesticadas introducidas desde el siglo XVI vinieron a llenar el vacío que existía y enriquecieron y complementaron muchos sistema indígenas de producción.

En este primer encuentro con lo “externo”, las culturas mesoamericanas lograron sobrevivir y aun remontar y crecer, al convertir el mestizaje cognitivo, productivo y tecnológico en un fenómeno a su favor. De las mezclas y sincretismos materiales, surgieron innovaciones que apuntalaron las antiguas formas de apropiación de la naturaleza. Muchas otras por supuesto se perdieron, pero tras cinco siglos la población indígena de México alcanzó niveles que certifican una capacidad de apropiación, es decir de resistencia autóctona, que no deja de sorprender.

Esto, más otros muchos factores, explican la permanencia de la cornucopia de productos, muchos de ellos recreados en nuevas fórmulas y combinaciones culinarias, de salud, artesanales, manufactureras e incluso industriales.

Hoy la amenaza es diferente. Esta vez son los mecanismos depredadores de la civilización industrial los que podrían borrar de la faz del planeta estas culturas que, aun subyugadas, marginadas o desdeñadas, continúan existiendo bajo una situación de permanente resistencia. Las estadísticas y cifras caen contundentes y frías: los creadores de la cornucopia conforman la mayor parte de la población rural que sufre altos niveles de marginación social, explotación económica, ausencia de apoyos, aislamiento y discriminación. Los indígenas, sus comunidades y sus ricos recursos, no entran en los esquemas de un proceso de modernización cuyos principales paradigmas siguen siendo la eficiencia tecno-productiva dirigida a alimentar los mercados (en todas sus dimensiones y escalas) cada vez más monopólicos, el mantenimiento de la sociedad de clases y la exclusión de los beneficios del desarrollo de amplios sectores de la población.

En relación a los bienes y productos provenientes del mundo natural, la expansión de la civilización industrial impone una manera de apropiarse la naturaleza que, en contracorriente con la tradición mesoamericana, se funda en la implantación de

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“Hoy la amenaza es diferente. Esta vez son los mecanismos depredadores de la civilización industrial los que podrían borrar de la faz del planeta estas culturas, pues la modernización es un proceso de suplantación, transformación o supresión de los sistemas tradicionales por formas especializadas de apropiación” sistemas y estrategias de producción cuya eficiencia se basa, a su vez, en la simplificación de los paisajes, la variedad de la vida, las actividades humanas y la versatilidad del tiempo. En efecto, bajo la racionalidad agro-industrial dominada por el capital que conlleva la modernización del mundo contemporáneo, todas las maneras tradicionales basadas en el aprovechamiento y manejo de la diversidad genética, biológica, ecológica y paisajística constituyen obstáculos que hay que remontar. Ello es así porque, ante un mercado dominado por el capital, las tecnologías que incrementan la eficiencia y por ende las ganancias son aquellas que especializan no las que diversifican.

La modernización de los espacios rurales es entonces un proceso de suplantación, transformación o supresión de los sistemas tradicionales por formas especializadas de apropiación: monocultivos agrícolas, forestales o para uso pecuario (pastizales), pesca de una o unas cuantas especies, y extracción masiva de un solo producto. El suelo, el agua, el clima y los organismos vivos, así como

los procesos ecológicos que los ensamblan, tienden entonces a volverse “pisos de fábrica” para la producción especializada.

A la agro-industrialización del campo acude la ciencia: variedades genéticamente mejoradas, agroquímicos, pesticidas, máquinas de todo tipo movidas por petróleo y, más recientemente biotecnología (organismos transgénicos). Por todo lo anterior, los pueblos mesoamericanos del presente son calificados de atrasados, ineficientes, tradicionales y arcaicos, porque por esencia se resisten, a veces con éxito a veces sin´él, a adoptar los nuevos modelos.

Dilema actual: repensar la cornucopia. La confrontación descrita en la sección anterior es, en última instancia, un verdadero “choque de civilizaciones”, una colisión entre la “tradición”, concebida no como una dimensión estática y arcaica sino como la vigencia de fórmulas muy antiguas permanentemente mejoradas y perfeccionadas, y la “modernidad”. Entre dos maneras radicalmente opuestas de concebir, conocer, percibir, actuar y soñar el mundo. ¿Es que estamos frente a

una contradicción irresoluble?

Como ha sido señalado ya por varios pensadores, el dilema de México es seguir ciega e irresponsablemente los modelos de modernidad que impone un proceso de globalización dominado por el capital o construir una modernidad alternativa, donde se resuelvan conflictos fundamentales como el que se da entre lo tradicional y lo moderno.

“Es de vital importancia –afirma el antropólogo Hanns Albert Steger–, de prioridad absoluta en el México de hoy, trabajar para fundamentar las bases conceptuales, epistemológicas, de una industrialización alternativa y de estilo mexicano, dentro del contexto industrial global. Hay que reemplazar lo más rápidamente posible los conceptos de tiempo, espacio, naturaleza, trabajo, realidad, legitimidad, originales en sociedades no mexicanas, por conceptos arraigados firmemente en la historia invisible de México”.

El alud de bienes que México ha ofrecido al mundo puede y debe ser eje fundamental en la construcción de un modelo organizativo que logre articular lo local con

AL PUEBLO DE MEXICO AL PUEBLO DE QUERETARO Una vez más los más pobres sufren la represión y el autoritarismo del Gobierno Panista, que se ensaña con los más desprotegidos; es el caso de un grupo de campesinos y jornaleros de la Comunidad de Cónca, Arroyo Seco, Qro, que trabajaban el predio Huerta los Limones., que después de más de 10 años de venirlo trabajando y equipando el terreno del la que se asume como dueño el Gobierno del Estado de Querétaro, el día 16 de marzo del presente año, fueron saqueadas las bodegas de fertilizantes, destruidos con maquinaria pesada sus herramientas de trabajo, sus bombas de agua, el sistema de riego es arrancado, sin importarles los grandes sacrificios que han tenido, que hacer los posesionarios de las tierras y sus familias para adquirir dichas herramientas, esta destrucción y saqueo se realizo con el resguardo de la policía.

Además de ser su única fuente de ingresos, cosa que no le importa al gobierno represivo y autoritario panista, que en lugar de crear opciones de empleo destruye los esfuerzos de los campesinos por darse una forma honesta de vivir, sobre todo que han hecho producir tierras que durante décadas estaban en el abandono y el descuido total y que hoy que se encuentran limpias y produciendo han despertado la envidia de los caciques del municipio que asumiéndose como panistas se quieren apropiar de dichas tierras.

Por lo que exigimos que se respete el estado de derecho con sagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que se garantice el pago del las instalaciones y de la siembra a los posesionarios, y que se les permita seguir trabajando las tierras, ya que hasta el momento han demostrado que están debidamente aprovechadas.

ATENTAMENTE, CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CONOC), MOVIMIENTO AGRARIO INDIGENA ZAPATISTA (MAIZ), ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO (ANEC), RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS FORESTALES, (RED MOCAF), ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL (AMUCSS), COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAFETALERAS (CNOC), FRENTE DEMOCRÁTICO CAMPESINO DE CHIHUAHUA (FDCCH), UNIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE FORESTARÍA COMUNAL (UNOFOC).

lo global, lo rural con lo urbanoindustrial y, en fin, lo tradicional con lo moderno, en nuevas fórmulas sociales, productivas, comerciales y de consumo. Esta propuesta que parece irrealizable e incluso descabellada, comienza por fortuna a tomar cuerpo en numerosos proyectos de agricultura orgánica o ecológica, redes nuevas de comercio verde y justo y en el cambio de actitud y mentalidad en grupos cada vez más amplios de consumidores urbanos e industriales.

La proliferación y rápida expansión en las últimas dos décadas de cooperativas, comunidades y ejidos integrados a nuevos proyectos productivos en torno al café y otros productos orgánicos, el manejo sustentable de bosques y selvas, la generación de productos no maderables, el turismo eco-comunitario, el cuidado del agua y la conservación de la biodiversidad a escala local, marcan sin duda el camino a seguir. En estos casos, la tradición mesoamericana logra una articulación ventajosa al mundo moderno, vía los productos y servicios que sitúa en mercados alternativos.

Ello ha generado como contraparte, la creación de redes de mercados orgánicos o ecológicos, nuevas ofertas de comercialización e incluso nuevas cadenas de productores, comercializadores y consumidores. Ello involucra suprimir toda acción depreda-

dora de la naturaleza, de la que no logra escapar la propuesta agro-industrial, pero también eliminar toda forma de explotación económica, como la que actualmente tiene lugar en la que los bajísimos precios de las materias primas continúan sumiendo en la pobreza y la marginación a buena parte de los productores rurales.

Se trata de construir una nueva cultura societaria, nuevas formas de articulación social y productiva y nuevos modos de relación con la naturaleza. Esta propuesta alternativa, que cabe dentro del nuevo paradigma de la sociedad sustentable, requiere una conciencia social y ecológica a toda prueba. Sólo así este genuino legado cultural e histórico seguirá vigente. La cornucopia, que es de productos porque es de creaciones y de conocimientos, será ecológica, orgánica, socialmente equitativa y, en fin, sustentable, o no será. O lo que es peor, terminará por convertirse solamente en un frío mecanismo de intercambio económico, reduciendo o haciendo desaparecer las connotaciones históricas, sociales, ecológicas y culturales de un fenómeno que, comprendido cabalmente, a todos deslumbra.

El pensamiento crítico y la memoria histórica siguen siendo los baluartes supremos de una visión humanista del mundo.

Investigador del Instituto de Ecología vtoledo@ate.oikos.unam.mx

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¡TIERRA Y LIBERTAD!, ¿LEMA ZAPATISTA?

FOTO: Tomada del libro Regeneración, 1900-1918 / Armando Bartra

• Avatares de una consigna legendaria • Fructífero diálogo entre magonistas y zapatistas

Bandera con el lema magonista Tierra y Libertad, Tijuana en 1911.

icardo Flores Magón y Emiliano Zapata son las ovejas negras de la Revolución de 1910, y por eso sus movimientos confluyen. Que en los primeros años del siglo pasado los animadores del Partido Liberal Mexicano (PLM) redactores del periódico Regeneración y los hombres de Anenecuilco, con Emiliano Zapata a la cabeza, hayan puesto sus asuntos en manos del mismo abogado, Pancho Serralde, testimonia la convergencia tendencial de sus trayectorias políticas, pues unos y otros recorrieron, a su manera, el camino que va del agotamiento de las vías legales a la “acción directa”.

El segundo momento en que se cruzan los caminos de magonistas y zapatistas (como terminarían por ser reconocidos) fue a principios de 1906, cuando Regeneración denuncia la desaparición y asesinato de Jovito Serrano por órdenes de las autoridades porfirianas y dueños de la hacienda de Atlihuayán, misma que por entonces avanzaba sus cercas devorando los terrenos y el ganado de Yautepec. Y es que el tal Jovito, aunque los Flores Magón no lo supieran, era quien había iniciado al joven Emiliano en los vericuetos de la gestión legal de las reivindicaciones de los pueblos.

En septiembre de 1910 los de Anenecuilco fueron impedidos de sembrar por la Hacienda del Hospital, que además rechazó cualquier arreglo negociado, y fue entonces cuando Zapata dio un paso sin retorno: repartió las tierras entre su gente y la organizó para defender los sembradíos.

Por esos mismos días, a miles de kilómetros, exiliado en Los Ángeles, California, Ricardo Flores Magón escribía: “Esclavos, empuñad el Winchester. Trabajad la tierra cuando hayáis tomado posesión de ella. Sed fuertes todos y ricos haciéndoos dueños de la tierra; pero para eso necesitáis el fusil: compradlo, pedidlo prestado en último caso, y lanzaos a la lucha gritando con todas vuestras fuerzas: ¡Tierra y Libertad!”

Así, no resulta extraño que en el verano de 1911, habiendo probado el zapatismo la hiel de la traición maderista, el PLM buscara contactos con el ya para entonces defenestrado “Atila del Sur”. Intentos que hicieron fracasar traidores como Carlos Steinmam, quien entregó en la estación de Buenavista de la capital a Enrique Novoa con todo y documentos dirigidos por los liberales a don Emiliano; o como aquel otro espía, que puso en la mira policíaca al agente especial de Zapata en la capital, Emilio Filisola, quien ya mantenía correspondencia con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, en el exilio de Los Ángeles.

Hay que reconocerles a los miembros de la Junta el mérito de haber hecho públicas sus simpatías por el zapatismo desde el comienzo mismo de ese movimiento, incluso en el periodo en que los rebeldes del sur se mantenían fieles a Madero. Respaldo que tuvo alto costo para el PLM. Dentro del movimiento anarquista internacional, quienes –por razones que no vienen a cuento– tenían cuentas que saldar con los llamados magonistas, quisieron cobrárselas usando en su contra las heterodoxas expresiones de reconocimiento revolucionario a unos campesinos sureños que ciertamente no eran anarcos.

Ricardo Flores Magón se defendió: “No recordamos que alguno de nosotros haya escrito sobre Zapata como si fuera “camarada”, pero si lo hemos dicho no nos avergonzamos de ello, pues cuando Zapata invita al campesino a arrebatar la tierra de manos de los monopolizadores de ella, y es lo que actualmente ayuda a hacer, sentimos para él un compañerismo más sólido que el que nos inspiran los parlanchines revolucionarios de salón (...)” Y a respaldarlo salieron, también, los ácratas menos dogmáticos, como Pedro Kropotkin, e, indirectamente, Enrique Malatesta.

No sabemos en qué medida José Guerra, enviado a Morelos por la Junta revolucionaria en los primeros días de marzo de 1913, influyó en la definición del zapatismo ante el gobierno golpista de Victoriano Huerta, que en su antimaderismo de derecha aparecía como el “enemigo de su enemigo”. El hecho es que la entrevista de Guerra con el caudillo del sur versó sobre estos temas y tuvo lugar un par de días antes de que Zapata hiciera pública su posición al respecto: rechazar al nuevo gobierno y romper con sus anteriores aliados, una postura muy cercana a la que podía leerse en Regeneración.

También ignoramos el efecto que tuvo en Zapata el manifiesto anarquista del PLM del 23 de septiembre de 1911, pero el hecho es que tiempo después de esta radical definición ideológica surgió la invitación a publicar en tierras zapatistas y con papel de la entonces expropiada fábrica de San Rafael, el semanario Regeneración, que durante la mayor parte de su larga vida se imprimió en el exilio. “Emiliano Zapata –escribe Ricardo Flores Magón en octubre de 1915– ofreció a Antonio de P. Araujo poner a disposición de Regeneración todo el papel que necesitara, en caso de que el periódico se publicara en territorio controlado por las fuerzas surianas”. Los redactores, a la sazón en la cárcel, no aceptaron el ofrecimiento.

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FOTO: Tomada del libro Historia gráfica de la Revolución mexicana / Casasola

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Bandera con el consigna zapatista Reforma, Libertad y Justicia y el lema Tierra y Libertad.

que se sustenta en una invención históriográfica: hasta hoy no se ha encontrado escrito alguno del Ejército Libertador del Sur, ni del caudillo suriano, suscrito con dicha leyenda. El zapatismo siempre rubricó sus programas, manifiestos, comunicados y cartas con la fórmula: “Reforma, Libertad, Justicia y Ley”, probablemente inspirada en el lema “Libertad, Justicia y Ley”, con que el PLM firmó el programa reformista de 1906, pero nunca hizo suyas formalmente las expresiones más radicales que desde 1911 adoptó la Junta. Escribe Ricardo Flores Magón en mayo de 1911: “Abrazad resueltamente la bandera igualitaria del PLM, que es la (…) Bandera

Roja, la bandera de todos los desheredados del mundo, y en cuyos pliegues pueden leerse estas hermosas palabras: Tierra y Libertad.”

Ciertamente a partir de 1914, con la llegada a territorio zapatista de intelectuales urbanos familiarizados con el marxismo y el anarquismo, como Rafael Pérez Taylor, Miguel Mendoza López y Antonio Díaz Soto y Gama, se fue sistematizando ahí un cuerpo doctrinario agrarista articulado en torno al concepto Tierra y Libertad. Y está documentado que Soto y Gama, vinculado en sus orígenes al PLM, empleaba el lema en sus discursos del Cuartel General de Tlaltizapán,

cuando era secretario zapatista. “En Villa de Ayala –dice en una reunión de jefes en junio de 1917– surgió de pronto la señal esperada (…) la bandera del campesino, la inmortal bandera que anuncia Tierra y Libertad”. A su vez, Gildardo Magaña, heredero político de Zapata después de su asesinato en 1919, afirma años más tarde que el caudillo se inspiraba en la consigna “Tierra libre para el hombre libre”.

Sin embargo, el movimiento y el líder que más denodadamente lucharon por la tierra y por la libertad en el arranque del siglo XX, nunca adoptaron formalmente el lema que hoy los identifica. Ni falta que les hizo. J. B. y A. B.

Lucha zapatista por tierra, agua, montes y petróleo…

“Sabemos bien que aquellos revolucionarios no son anarquistas. Empero, si no son anarquistas, hacen obra de anarquistas, pues expropian la riqueza (…) Los revolucionarios del Sur son dignos de simpatía y apoyo”, escriben los redactores de Regeneración, al presentar el Manifiesto al pueblo de México, emitido por el general Zapata y los suyos en junio de 1916. La proclama, de gran actualidad, reivindica el rescate de la tierra pero también de los montes, las aguas… ¡y el petróleo!

“Y la lucha sigue: de un lado los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo; y de otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios e injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo” (fragmento).

FOTO: Tomada del libro Ricardo Flores Magón y su actitud en la Baja California / Jesús González M.

En nuestro imaginario colectivo, “¡Tierra y Libertad!” es el vínculo entre Flores Magón y Zapata. Nexo de orden mítico: no sólo porque el énfasis de los términos es distinto en cada uno de los personajes: Zapata, el campesino, es por sobre todo “la tierra” y Magón, el intelectual revolucionario, “la libertad”; sino también porque al conectar la célebre fórmula política con el caudillo del sur se reivindica la condición autóctona e identitaria de la consigna, mientras que al asociarla con el revolucionario ácrata se resalta su internacionalismo, su carácter de principio universal.

Pero la condición legendaria de este lema compartido estriba, sobre todo, en

Ricardo Flores Magón en la cárcel.

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1938: APROPIACIÓN PETROLERA 2008: ¿EXPROPIACIÓN PETROLERA?

MAÍZ Y PETRÓLEO Marco Buenrostro y Cristina Barros

ILUSTRACIÓN: Marco Buenrostro

N

o es casual que dos de nuestros recursos más importantes estén hoy amenazados; al abrirse las puertas al capital sin control alguno, la codicia y el dinero irrumpieron con violencia, empobreciendo a las mayorías y depredando el medio ambiente.

Además hay un engañoso afán de modernidad a partir de valores impuestos, y a la inversa, pareciera que abrevar en la historia para tomar decisiones es retroceso, olvidando que las acciones de los grandes líderes que arraigan y fortalecen a sus pueblos son las que tienen en cuenta el pasado.

En el caso del maíz se apuesta por el transgénico bajo la premisa de que es “lo moderno”, “lo de hoy”; rechazarlo es fundamentalismo, impide el desarrollo, dicen.

Sin embargo se trata de una tecnología incipiente, riesgosa, que a la fecha ha dado pocos frutos.

Diversidad para la alimentación. No ocurre así con los maíces criollos; a partir de las más de 60 razas que han desarrollado los campesinos mexicanos, se puede enfrentar un gran número de escenarios, entre otros las sequías o la humedad persistente, hoy que por los efectos del cambio climático se requieren opciones para alimentarnos.

Como afirma el investigador Antonio Turrent, a partir de los maíces criollos y de una buena planeación, hay “reservas probadas” de maíz suficientes para duplicar la producción actual.

La presión para sembrar maíz transgénico va acompañada de la insensatez que implica utilizar alimentos para generar combustibles. El presidente de Nestlé afirma que usar plantas alimenticias como biocombustibles es llevar a la humanidad a la hambruna; ya se han disparado por esa razón los precios

de los granos básicos, seguiría una gran lucha por el uso de las tierras agrícolas, y el agua, ya limitada, escasearía hasta llevarnos a una crisis de consecuencias funestas.

Apuesta complicada. En cuanto al petróleo, pareciera que la posición del gobierno es de “avanzada”: privatizar, correr la aventura de explorar en aguas profundas. Sin embargo, la mayoría de los países están optando por tener mayor control sobre los energéticos. En cuanto a la exploración en aguas

Petróleo y agricultura

El gobierno abandona la producción de fertilizantes

1. PRODUCCIÓN La producción de fertilizantes en México se desplomó en los últimos 13 años, no para desalentar el uso de agroquímicos, sino por desinterés gubernamental en producir insumos agrícolas.

Fertilizantes Nitrogenados Miles de toneladas Sulfato de amonio

Nitrato de amonio

Urea

1996

1,070

429

1,560

2006

359

0

0

Año

Comportamiento del comercio de Fertilizantes Miles de dólares Export

Import

Saldo

1996

271,378

210,717

60,661

2007

114,229

1,122,625

-1,008,396

3. PRECIOS En los recientes ocho años los precios se han más que triplicado, lo que hace prohibitiva su utilización por parte de los pequeños y medianos agricultores.

Fertilizantes Fosfatados Fertilizantes Complejos Miles de toneladas Miles de toneladas Superfosfatos Superfosfato triple

marcri44@yahoo.com.mx

2. COMERCIO Pese a tener una industria petrolera fuerte, los fertilizantes nitrogenados, que son los más utilizados, han tenido que ser importados ocasionando una creciente fuga de divisas. En 2007 la balanza comercial de estos insumos fue deficitaria en casi mil nueve millones de dólares, de los que 40 por ciento corresponde a urea.

DATOS DUROS

Año

profundas, además de ser costosa y difícil, es azarosa. Si como sabemos, en nuestro país falta por investigar 70 por ciento de las áreas donde puede haber petróleo en aguas someras y en tierra, ir a aguas profundas es una mala decisión, sobre todo porque se plantea compartir el petróleo que pudiera extraerse, lo que implica un grave quebranto a nuestro patrimonio y al de las generaciones futuras.

En ambos casos: la propuesta de optar por el maíz transgénico y la de explorar en aguas profundas de la mano con compañías extranjeras, la publicidad no informa, sino que engaña como los comerciales que ofrecen limpiar con sólo pasar un paño o tener una mujer a los pies si se adquiere un auto.

Así se dice que el maíz transgénico es más productivo, que utilizarlo reduce el gasto de agua y de agroquímicos, que la contaminación por polen de los maíces criollos puede ser controlada y que el norte del territorio nacional no es centro de origen y diversidad del maíz. Se habla incluso de que existe un maíz transgénico resistente a la sequía, cuando no hay tal.

En el caso del petróleo, se nos considera ingenuos al asegurarnos que a partir de un tesoro oculto en el fondo del mar solucionaremos nuestros problemas y seremos felices; es sólo cuestión de aceptar un supuesto reto.

La realidad es que si aceptamos una de estas dos opciones o ambas, estaríamos jugando a la ruleta rusa. Y también es un hecho, que en los dos casos se pone nuestro patrimonio en manos extranjeras, y se va contra la legalidad y la ética.

El maíz ha sido un signo de identidad desde la historia temprana de México; con su actitud nacionalista y visionaria, Lázaro Cárdenas logró sembrar en la conciencia de los mexicanos, que el petróleo no es sólo un bien, sino un símbolo.

Hoy, el petróleo bien utilizado puede revertir el desequilibrio entre el campo y las ciudades. Se impulsaría así un modelo incluyente y más justo que renueve el pacto social y propicie una nación para todos.

Periodo Complejo npk triple 17 Pesos/Ton

Fosfatados

Fosfato diamónico

Sulfato de amonio

Urea

Pesos/Ton Pesos/Ton

Pesos/ Ton

1996

0

310

649

2000

2,000.00

3,056.25

1,290.00

2,066.40

2006

334

0

0

2008

6,823.58

9,355.90

3,578.80

6,087.38

Sergio Ivan Polanco López

Gabinete neoporfirista • Pensamiento anticampesino y desnacionalizador, de la secretaria de Energía Armando Bartra

G

eorgina Kessel, titular de Energía, no pertenece al gabinete agropecuario. Pero, en cambio, tiene sus ideas sobre el campo y a diferencia de otros secretarios, ágrafos o prudentes, ella las escribe: “Las restricciones derivadas del artículo 27 constitucional (…) fueron especialmente distorsionantes (…) para productos cuyo cultivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación (…) caracterizada por amplias extensiones (y) que se desarrolla mejor por parte de agentes económicos dotados de amplios recursos financieros (…) Por ello la larga duración del reparto agrario representó un desincentivo al desarrollo agrícola en nuestro país” (Georgina Kessel, Santiago Levy y Enrique Dávila, El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México, julio 2000, mecanoscrito, p. 37).

Lo que según la colaboradora de Calderón conviene cultivar en latifundios (“amplias extensiones”) y por trasnacionales (“amplios recursos financieros”), es “café”, “plátano”, caña de “azúcar” y otros productos; bienes hoy mayoritariamente sembrados por pequeños agricultores y de los que depende el ingreso familiar de cerca de un millón de campesinos. Pero no sólo ésos, también los “maderables”, hoy en manos de cerca de 500 ejidos y unas 2 mil comunidades indígenas, que en México son los dueños de los bosques; mismos que según la flamante secretaria, debieran ser explotados por “agentes económicos” “más eficientes”.

En breve, la propuesta de la funcionaria calderonista consiste en acabar con el régimen campesino de propiedad (por el que se hizo una revolución), pues ha “desincentivado el desarrollo agrícola”, y cambiarlo por el latifundio trasnacional “extractivo”; sustituirlo por los vertiginosos “desiertos verdes” imperantes en el cono sur del continente.

Por fortuna Kessel no es titular de Agricultura, sino de Energía. Pero también sobre el petróleo y la electricidad tiene sus ideas: “La exclusividad del Estado en actividades estratégicas (…) implicó que las restricciones presupuestales frenaran proyectos rentables (…) y distorsionaran las decisiones de inversión privada en las ramas vinculadas a los proyectos del sector público (…)” (ibid, p. 34). “El régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua también han (sic) afectado (…); como consecuencia del marco legal vigente, las rentas derivadas de la explotación de hidrocarburos y de la electricidad, son apropiadas fundamentalmente por el sector público federal, lo que limita la derrama de ingresos” (ibid, p. 35). Así, la responsable de administrar los recursos energéticos de la nación considera que el “régimen de propiedad” y la “exclusividad del Estado” que establece la Constitución son un obstáculo para el desarrollo. No diré la Iglesia en manos de Lutero, que después de todo fue un notable reformista, pero sí la policía en manos de Durazo, que era un gángster.