No. 26 El compo se organiza

14 de noviembre de 2009 • Número 26 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

14 noviembre de 2009

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L

a palabra campesino designa una forma de producir, una sociabilidad, una cultura pero ante todo designa un actor social: una clase que se ha ganado a pulso su lugar en la historia.

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador

Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

PORTADA: Alberto Gironella / Homenaje a Zapata

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

El original, colocado en la tribuna de la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN en 1994, desapareció la noche del 8 de agosto, cuando un diluvio tronchó la arboladura y arrancó las velas de la nave de Fitzcarraldo, dispersando a la tripulación.

Ser campesino es muchas cosas pero principalmente es pertenecer a una clase social: ocupar un lugar específico en el orden económico, confrontar a los mismos predadores, compartir un pasado trágico y glorioso, participar de un proyecto común.

En especial esto último: participar de un sueño, compartir una utopía. Porque ser campesino en sentido clasista no es fatalidad económica sino elección política, voluntad colectiva, apuesta de futuro. Los campesinos no nacen campesinos, se hacen: se inventan a sí mismos como actores sociales en el curso de su hacer, en el movimiento que los convoca, en la acción que ratifica una campesinidad siempre en construcción.

Luciano Concheiro Subcoordinador

¿CLASE SOCIAL O CAJÓN DE SASTRE?

Por si quedara duda de que la condición campesina no se agota en un modo de producir y de convivir, una de las organizaciones latinoamericanas más representativas del campesinado como clase, el brasileño Movimiento de los Sin Tierra (MST), está compuesta principalmente por marginados urbanos y rurales que quieren ser campesinos y han decidido luchar por ello.

No es por lo que son en términos económicos y sociales, sino por lo que han elegido ser, que los Sin Tierra de Brasil marchan en la avanzada del movimiento campesino mundial.

No todo movimiento social es clasista, pero todos los movimientos clasistas de la modernidad son globales como lo es el orden inhóspito en que se gestan. Y global es, desde hace mucho, la clase campesina que tachonó el siglo XX de revoluciones agrarias. No hizo falta comunicación por red para que la consigna “Semlia y Volia” (Tierra y Libertad), acuñada en 1861 en la Rusia zarista, llegara por medio del anarquismo europeo al también ácrata Partido Liberal Mexicano y de ahí al Ejército Liberador del Sur, de donde a su vez lo tomó la insurgencia maya de los primeros veinte encabezada por Felipe Carrillo Puerto. Y el flujo ideológico también va de regreso, pues el ucraniano Nestor Majno, líder del movimiento campesino que resistió el antirruralismo de los bolcheviques en el poder, era conocido como el Emiliano Zapata ruso.

Años después, la consigna Tierra y Libertad reaparece en México en las tomas de tierras de los 70s y 80s del siglo pasado y en el tránsito al tercer milenio se globaliza de nueva cuenta, recuperada por neozapatismo indianista de Chiapas, que no sólo reclama parcelas sino también el autogobierno de los territorios originarios. ¡Maíz y libertad!, clamaban hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México los animadores de la Campaña Si Maíz No Hay País, que hoy el proyecto campesino incluye la tierra como medio de trabajo pero también el control del territorio, la posesión colectiva de los recursos naturales, la autogestión política y la recreación de la economía moral, de la produccióndistribución justas y solidarias de los bienes.

Siempre acosados por un orden fiero que se las tiene sentenciada, los campesinos se organizan para resistir. En la base están la familia y la comunidad, que en un mundo hostil devienen trinchera y parapeto, pero sobre ellas se constru-

Acto seguido, Ocumichu –que así le decían porque de ahí era– se soltó a narrar las desventuras de su comunidad. Y la gente, que reconocía su propia historia en la que contaba el orador, murmuraba, asentía, aprobaba.

ILUSTRACIÓN: Diego Rivera

Suplemento informativo de La Jornada 14 de noviembre de 2009 • Número 26 • Año III

hablar. Traemos la comisión de dar a conocer las cuitas de nuestro pueblo y lo vamos a hacer. Porque hablando se entiende la gente; porque platicando nace la confianza, que es lo mero principal para hacer organización”.

CAMPESINOS

yen organizaciones de los más diversos talantes y propósitos, acuerpamientos que pueden ser económicos, sociales o políticos; locales, regionales, nacionales o internacionales; puramente defensivos, o de plano altermundistas.

Organización rural es ante todo convivio, encuentro de diversos con unidad de propósito y capacidad de concebir y realizar proyectos compartidos. La organización radica, entonces, en la voluntad colectiva no en el aparato; institucionalidad que no sale sobrando, pero es básicamente instrumental y puede convertirse en fuente de inercias burocráticas en cuanto deja de animarla el espíritu colectivo. El zapatismo histórico no encarnaba tanto en los jefes del Ejército Liberador o los gestores de la llamada Comuna de Morelos, como en la voluntad emancipadora que los animaba a todos: el zapatismo era Tierra y Libertad. Y de la misma manera la organización campesina de nuestros días no son los dirigentes y asesores ni las estructuras político-administrativas que operan, sino el espíritu que anima movimientos como El Campo No Aguanta Más y campañas como Sin Maíz No Hay País, de modo que cuando este espíritu falta lo que resta son cascarones corporativos, lideres logreros y borregadas clientelares.

La institucionalidad es necesaria pues le da continuidad a un movimiento que por definición tiene altas y bajas. Pero si sus animadores se desentienden de ella pronto se pervierte y lo que era vehículo de emancipación deviene instrumento de sometimiento. La organización, como el amor, hay que renovarla todos los días.

En México escasean los campesinos organizados y más los que participan activamente en sus agrupaciones. Pero, aunque insuficientes e imperfectas, las organizaciones campesinas son la expresión cualitativa del disgregado y caótico mundo rural. Es bueno que los desbalagados se organicen porque juntos se puede más, pero siempre será mayor el número de “sueltos” que el de “controlados”, de modo que una de las tareas de los agrupamientos existentes es procurar los intereses del conjunto, ver por las necesidades del campesinado todo. No es que sean la vanguardia, es que su mayor experiencia y más densa sociabilidad les confieren responsabilidades para con la clase aún borrosa a la que pertenecen.

Corría el año 1980 y cientos de campesinos de todo el país conmemoraban el 10 de abril con un encuentro en Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Unos defendían la tierra que les querían arrebatar, otros demandaban la que tenían acaparada los latifundistas, todos eran de la debutante Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), convergencia de movimientos locales y regionales que no quería ser una central más, como las que entonces se estilaban, y que no tenía oficinas en el Distrito Federal –ni en ninguna otra parte– pero inauguraba una forma distinta de hacer organización mediante convivios multitudinarios: encuentros campesinos donde al tiempo que en grandes peroles se cocinaba una vaca dizque cimarrona (en verdad arrebatada a los ganaderos invasores), se iba cocinando la confianza, la solidaridad, las tácticas, la estrategia, el proyecto, la clase.

Eran tiempos en que la gente de razón de Zitácuaro, Michoacán, gritaba ¡Ahí vienen los indios! al ver aproximarse la inusitada manifestación proveniente de San Felipe de los Alzati, donde se había realizado un foro sobre tenencia de la tierra y recursos naturales. Tiempos quizá ingenuos en que de los pobladores de los parajes cercanos a Motocintla, Chiapas, bajaban a la cabecera a confirmar con sus propios ojos la venida del mismísimo Zapata, y de ser posible besarle la mano, cuando en realidad el que había llegado era Mateo, hijo de Emiliano, y entonces miembro del Movimiento Nacional Plan de Ayala, que celebraba un encuentro en la población. Tiempos fundacionales de una nueva organicidad campesina, forjada al calor de las tomas de tierras de los 70s y primeros 80s del siglo pasado, en la que las “bases” le quitaban la palabra al liderazgo y una coordinadora que no tenía ni teléfono, podía convocar marchas a la capital de 50 mil personas, como la que el 12 de abril de 1981 encabezaron un puñado de veteranos zapatistas.

Don Victorino Jiménez, don Longino Rojas, don Irineo Espinosa y don Estanislao Tapia ya murieron pero el zapatismo en que de jóvenes militaron y que de viejos ayudaron a reanimar sigue en pie.

Diversos sus paisajes, diversas sus culturas, diverso su talante; cada vez más multiusos y más migrantes, pero no por ello menos apegados a la tierra y a una costumbre que cambia para permanecer, los campesinos no son retazos del pasado, no son pedacería descontinuada en un cajón de sastre, son –siguen siendo– una clase en vilo, un actor social en perpetua construcción, un sujeto histórico que como pocos tiene pasado y como pocos tiene futuro.

“No venimos de tan lejos a que nos discurseen los mandones. Queremos que nos dejen

BUZÓN DEL CAMPO Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

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ENTRE EL ZAPATISMO Y EL LENINISMO

Los agraristas rojos de la posrevolución

Las primeras organizaciones rurales en forma que surgen al término de la fase armada de la Revolución mexicana son Ligas de Comunidades Agrarias. Con su accionar da inicio, a principios de los 20s, el movimiento campesino propiamente posrevolucionario. La intensa lucha que en el seno de las Ligas libran el agrarismo sumiso al gobierno y el agrarismo radical prefigura la tensión entre sometimiento y rebeldía que hasta nuestros días tiene en vilo a los campesinos organizados. Sus polémicas ponen también sobre la mesa algunos de los temas que marcarán el debate político sobre el campesinado durante el pasado siglo: la evidencia de que los rústicos han sido el protagonista mayor de todas las revoluciones; el natural anticapitalismo de una clase que no puede liberarse realmente dentro del orden existente; el cuestionamiento de la presunta superioridad de un proletariado que, se supone, debiera organizar y conducir a los campesinos; las relaciones entre el movimiento social y el partido revolucionario... Algunas de estas cuestiones ya sólo son historia, otras siguen vigentes.

Llama también la atención que la matriz ideológica del agrarismo radical de los 20s es el marxismo y en particular el leninismo, lo que se explica porque por esos años había triunfado en Rusia la revolución conducida por los bolcheviques. Paradójicamente, aunque su discurso sea en gran medida leninista, el campesinismo de los líderes está más cerca de Emiliano que de Vladimir Illich.

Aquí luchan dos tendencias, la de los viejos agraristas del cómodo agrarismo oficial y la de los campesinos militantes que disputan bravamente la tierra al latifundismo y sus lacayos (...)

Del folleto de la LCAEV titulado El agrarismo en México El agrarismo de nuestros días no es punto capital, sino más bien consecuencia. Es el resultado del profundo malestar económico de los trabajadores del campo (...)

Miente quien afirma que el problema campesino no haya podido resolverse por que las leyes son defectuosas (...) Las leyes agrarias dentro del actual régimen son perfectas. Conceden y restringen, lesionan determinada propiedad, pero crean otras propiedades (...) ¿No significa esto, el ingenioso equilibrio social que los gobiernos capitalistas se afanan por conservar?

Muy al margen de la política agraria, en realidad existen dos facciones que en lucha abierta y enconada (lucha de clases) pugnan por el dominio de la tierra (...) ¡Pueden acaso los agraristas de relumbrón, pueden los líderes social-traidores reformistas, conciliar estos antagónicos intereses? (...) El mal radica en (el...) derecho de propiedad privada sobre la tierra, la abolición de este derecho no puede llevarla a cabo una legislación (...) los campesinos de México estuvimos a punto ce realizar esta obra (...)

Suenan a ironía las frases de nuestros hermanos obreros cuando hablan de “organizarnos”, cuando no han sido capaces de hacerlo con ellos mismos (...)

El vínculo que hasta ahora nos une con los obreros es puramente espiritual (...) afinidad de clase, pero nada más (...) Juzgamos que los obreros, antes que nada, deben iniciar su organización de carácter económico (...) que por nuestra parte iniciamos igual trabajo (...) Ambas organizaciones sabrán entenderse (...) porque nada pueden, nada valen y a ninguna parte irán la una sin la otra.

Diálogo entre Manuel Almanza y Úrsulo Galván A. Si la revolución ha de triunfar alguna vez en este país, no será sino ante el empuje arrollador de los trabajadores del campo (hay que...) aprovechar las enseñanzas de la historia; la Independencia, la Reforma y el derrocamiento de la dictadura, son victorias del campesinaje, hoy desorganizado y desarmado (...) y será el campesinaje el que llevará nuestra revolución social a su triunfo definitivo (pero además...) organizar a los campesinos y dotarles de armas significa garantizar las conquistas que hasta el presente ha logrado nuestra clase (...)

ILUSTRACIÓN: Diego Rivera

La Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV) se forma en marzo de 1923 con 126 delegados de más de cien comités agrarios. Úrsulo Galván, su presidente, dice en la fundación:

G. ¡Si nuestro Zapata hubiere tenido la preparación de un Lenin! (...) ¡Si hubiere podido abarcar en su visión todos los aspectos del problema! (...)

A. (Si, pero más que un caudillo hace falta...) un partido político de clase; un partido de vanguardia.

G. Según esto necesitamos comenzar por la formación de un partido político clasista al que desde luego se irán afiliando los campesinos hoy desorganizados (...)

A. No, es así como planteo la cuestión (...) Que sea necesaria la existencia de un partido dirigente de masas, no quiere decir que su creación reclame la más preferente de nuestras atenciones. Proceder desde luego a la formación de este partido político –por más que le llamemos de clase– sin previa preparación (...) sería tanto como asegurarnos anticipadamente el más sonado de los fracasos (es necesario para las masas...) adquirir su experiencia con los reveses que aún les esperan (...) Cuando hablo de preparación (…) quiero decir que los campesinos no deben limitar sus aspiraciones a la posesión restringida a unos cuantos metros cuadrados de tierra cultivable y para colmo de ironías no como reivindicación justiciera, sino como dádiva graciosa de los caudillejos oportunistas. Los campesinos deben saber que el problema agrario no se resolverá mediante la engorrosa tramitación legal (...) En oposición a este concepto raquítico de agrarismo es necesario que los campesinos lleguen a persuadirse de que, con leyes agrarias o sin ellas, con gobernantes amigos o enemigos, deben posesionarse de la tierra (y...) que el llamado problema agrario no es más que uno de tantos como presenta la cuestión social en conjunto y que esta cuestión (...) no podrá resolverse sino por el triunfo definitivo del proletariado sobre la clase capitalista (...)

Los testimonios provienen del folleto El agrarismo en México, publicado en 1924 por la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, presidida por Úrsulo Galván quien, siendo hijo de campesinos, había participado en la revolución en el bando constitucionalista, vinculándose después anarquismo magonista y más tarde al Partido Comunista. Manuel Almanza, con quien Galván intercambia ideas en un diálogo recogido por Rafael Ortega en Las luchas proletarias en Veracruz, fue también combatiente revolucionario, anarquista y luego comunista. Ambos participaron en la organización de los campesinos veracruzanos en el arranque de la tercera década del siglo XX. Por la selección y anotación, Armando Bartra

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FOTO: Archivo ANEC

VADEMECUM DE ORGANIZACIONES RURALES

CNC. Confederación Nacional Campesina. Es la organización nacional más grande de este gremio; cuenta con unos cinco millones de afiliados en toda la República; “entre los dos mil 400 municipios del país no hay uno solo donde la CNC no tenga presencia”, según la agrupación. Nació el 28 de agosto de 1938, como resultado de un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas del Río y con el objetivo expreso de respaldar el reparto agrario.

Cuenta con 32 ligas estatales de comunidades agrarias y sindicatos campesinos, más de 25 organizaciones por ramas de producción, entre ellas maíz, frijol, arroz, caña de azúcar y café, y tiene filiales como la Confederación Nacional Agronómica y las uniones nacionales de Artesanos y de Transportistas Campesinos. Desde su origen ha estado ligada al PRI –en aquel entonces llamado Partido de la Revolución Mexicana– y con este partido “renueva periódicamente sus pactos en los que se reconoce la autonomía de los cenecistas”, de acuerdo con Cruz López, actual presidente de la CNC. En 2001, cuando el PAN desplazó al PRI de la Presidencia de la República, y en medio de la gestión de Heladio Ramírez López (19982006), la CNC sufrió un descalabro: Nabor Ojeda, secretario general de la CNC, reclamó por vías judiciales la dirigencia nacional y recibió respaldo de los líderes entonces del PRI, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo.

Se preveía una ruptura de la CNC con el partido, pero al final los dirigentes hicieron las paces y la demanda de Ojeda no prosperó. La CNC ha sido señalada por sus prácticas corporativas y por el “acarreo” del voto verde, pero la organización subraya su papel como puente entre la sociedad rural y el gobierno federal; como promotora de crecientes presupuestos rurales y vehículo para la mejora productiva y económica de los campesinos. En los años recientes integró en su estructura un instrumento denominado Corporativismo Financiero y Económico, el cual, por medio de Sofoles, abarata insumos en especial fertilizantes, adquiere maquinaria agrícola e incluso obtiene becas para los campesinos.

CCC.

Central Campesina Cardenista. Nace el 10 de abril de 1988 en una asamblea nacional campesina en el zócalo de Xochimilco, Distrito Federal, convocada por el Frente Democrático Nacional (FDN) y en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para la contienda electoral de ese año. Según su dirigente desde 1994, Max Agustín Correa, la CCC surge “como alternativa para millones de campesinos e indígenas que abandonaron entonces a las organizaciones corporativas del PRI, que ya no representaban genuinamente sus intereses”, aunque la historia reporta también que la CCC resultó de una escisión de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Según datos de la agrupación, cuenta con 300 mil afiliados 480 municipios, y sólo está ausente en Colima y Aguascalientes.

Entre sus socios hay grupos enteros (ejidos, comunidades, cooperativas, etcétera) a los cuales denomina “comités campesinos para el desarrollo”.

La CCC brinda unos 40 servicios, entre ellos apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra, microfinanciamiento y formulación y gestión de proyectos. Poco después de su constitución, la CCC se integró en la estructura del hoy extinto Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCR). Este lazo se rompió en octubre de 1994 y la CCC modificó sus estatutos y determinó mantenerse al margen de los partidos políticos. Max Correa afirma que la mayoría de los miembros de la CCC militan en el PRD o en otras expresiones de izquierda; en 2006 la Central expresó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y antes, en noviembre de 1998, creó la Agrupación Política Campesina, con registro en el Instituto Federal Electoral. Destaca que Francisco Román Sánchez, quien protocolizó actas de esta organización, lidera hoy la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), creada en Oaxaca el 23 de octubre de 2009. La CCCD, que fue apadrinada por el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto y funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría del Trabajo, dice haber atraído a 70 por ciento de la membresía de la CCC.

CCI. Central Campesina Independiente. Nació el 6 de enero de 1963 con la participación de destacados miembros del extinto Partido Comunista Mexicano (PCM). La CCI agrupó a casi todos los luchadores agrarios que desde dos décadas atrás habían intentado dar alternativas a los campesinos corporativizados por el gobierno. Allí se integraron ex cenecistas y disidentes de la UGOCM, y entre sus líderes estaban Alfonso Garzón Santibáñez, Ramón Danzós Palomino, Arturo Orona y Humberto Serrano Pérez. Los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fueron parte de sus filas. La unidad de la CCI original duró poco: en 1964 Alfonso Garzón se separó y creó una organización con el mismo nombre a la que años después afilió al PRI, y Danzós Polomino y Orona mantuvieron la CCI original, ya denominada CCI Roja por su afiliación al PCM. La CCI de Garzón sufrió una ruptura en 1970, que derivó en la creación del Consejo Agrarista Mexicano (CAM). Y la CCI Roja de Danzós se transformó en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en julio de 1975. La CCI de Garzón mantuvo al frente a este dirigente durante 36 años; en 1988 su entonces esposa Guadalupe Martínez Cruz intentó infructuosamente sucederlo, y ese mismo año, el 30 de mayo, grupos de 14 estados expulsaron por la fuerza a Garzón. El actual dirigente es Rafael Galindo Jaimes, quien ha sido diputado federal por el PRI; la organización dice contar con más de un millón de afiliados: campesinos, jornaleros y colonos. Forma parte del sector campesino del PRI y tiene influencia en Baja California, La Laguna, Sonora, Morelos y 25 estados más.

UGOCM. Unión General de Obreros y Campesinos de México. Nació en el marco del Congreso Nacional de la Unidad Obrera y Campesina, en junio de 1949, a instancias de los sindicatos nacionales petrolero y minero y de la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM). Sus objetivos entonces eran defender el derecho de huelga, del salario, del contrato colectivo, de la tierra, del crédito y del agua, así como elevar el nivel de vida de obreros y campesinos. Se postuló “independiente del Estado y de cualquier otra fuerza extraña al movimiento obrero” y durante el gobierno de Miguel Alemán fue atacada y muy debilitada. La organización denunció que le “infiltraron elementos” en sus federaciones regionales y estatales y con ello se cooptó a líderes y se logró que muchas organizaciones sindicales y campesinas declararan su separación de la UGOCM y se reafiliaran a la oficialista Confederación de Trabajadores de México, de la cual antes habían desertado. Sus primeros dirigentes fueron Vicente Lombardo Toledano, Jacinto López y Jesús Orta Guerrero.

Hoy es el perredista Valentín González Bautista. A la muerte de Jacinto López, en mayo de 1971, se dio una disputa interna por la dirigencia que motivó una división de la agrupación. En 1972 surgió la UGOCM Jacinto López, que hoy día tiene mayor protagonismo que la original, y que permanece bajo la dirigencia de José Luis González Aguilera. De acuerdo con éste, la UGOCM JL está presente en 30 estados de la República, sobre todo en Veracruz, Michoacán, Puebla, Sonora y Sinaloa, y sus afiliados suman unos 300 mil jefes de familia. González Aguilera afirma que la agrupación que hasta antes del gobierno foxista había sido considerada parte del sector agrario del PRI, mantiene afiliación política libre; “lo que hicimos la campaña pasada fue apoyar el proyecto de Felipe Calderón, pero somos libres. A nosotros se nos marginó del PRI y los dejamos”. Según él, la UGOCM JL se ha fortalecido sustancialmente en los gobiernos panistas, pues antes tenia apenas presencia en 18 o 20 entidades. La UGOCM JL tiene proyectos de crecimiento incluida la conformación de una unión nacional de cañeros que haría contrapeso a las dos priistas que hay de la CNC y CNPR.

CNA. Consejo Nacional Agropecuario. Fue constituido en abril de 1984 para propiciar el impulso de la libre empresa en el sector agroalimentario. Su membresía se conforma por asociaciones; cámaras; confederaciones; consejos; fundaciones; uniones, y empresas agrícolas, pecuarias, agroindustriales, pesqueras y de servicios e insumos del sector. Suman 154 sus agremiados directos con presencia estatal, regional o nacional; según el CNA, de forma indirecta participan en la agrupación 450 mil productores que explican alrededor de 75 por ciento del Producto Interno Bruto Agroalimentario y de las exportaciones nacionales del sector. El CNA tiene presencia en todas las entidades de la República. Los servicios que brinda a sus socios son de gestión y cabildeo con los poderes Ejecutivo y Legislativo; de análisis, estudios y estadísticas, y de capacitación y seminarios especializados, entre otros. Manifiesta carecer de filiación partidista. Entre sus agremiados están las trasnacionales Cargill, Maseca, Tyson y Bimbo, así como a la asociación que representa a las empresas transgénicas, Agrobio México, y otros corporativos como Bachoco, Lala, Alpura y Herdez, Minsa, Modelo, Nestlé México y Grupo Viz, además de asociaciones regionales y estatales de productores agrícolas y pecuarios.

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VADEMECUM DE ORGANIZACIONES RURALES UNIMOSS.

Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, AC. Nació el 12 de junio de 2004 apadrinada por Josefina Vázquez Mota y Fernando Canales, entonces secretarios de Desarrollo Social y de Economía del gobierno de Vicente Fox. Su dirigente nacional desde entonces es el panista coahuilense Javier López Macías, quien apenas un mes antes de la creación de la agrupación fue director operativo del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes). Según datos de su página web, UNIMOSS tiene como filosofía el “humanismo social” y cuenta con cinco mil empresas rurales afiliadas, mil de las cuales fueron creadas por la propia Unión; asimismo ha creado y opera redes de indígenas, mujeres, empresas integradoras, de consultoría y de comercialización, y ha propiciado el surgimiento de 200 empresas integradoras regionales que dan valor agregado a sus productos, así como una empresa social de capitalización y financiamiento de carácter nacional. Entre sus estrategias, ofrece el acceso a programas públicos (de Vivienda, Piso Firme, Adultos Mayores, Microseguros, entre otros). Según un documento de la fracción parlamentaria del PAN de 2003 UNIMOSS junto con la Organización de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Avícola Nacional (OPAGAN), es parte de la estrategia Plantar del PAN, consistente en crear grupos sociales para allegarse de dinero de programas federales y captar votantes para el partido. Javier López ha rechazado reiteradamente que UNIMOSS funja como la agrupación de control político y del voto rural a favor del PAN.”Esta no es una organización del PAN ni lo será”, ha dicho.

EL BARZÓN. Embargos, remates, desalojos de propiedades y suicidios de campesinos y pobladores urbanos por la crisis financiera y de deudas vencidas en 1993 y 1994 motivaron brotes de inconformidad en diversas partes de la República, los primeros en Chihuahua y Sonora y luego el Bajío y Zacatecas; surgieron entonces liderazgos locales, como los de Alfonso Ramírez Cuellar, Manuel Ortega y Juan José Quirino en Zacatecas, y Maximiano Barbosa en Jalisco, que fueron dando forma a varios “barzones”. El que hoy se mantiene con presencia nacional, liderado por Ramírez Cuellar, se constituyó formalmente el 13 de octubre de 1994 en la ciudad de Monterrey. La tarea inicial de la agrupación fue impedir los embargos. Hoy la agrupación cuenta con 28 organizaciones con presencia en todos los estados de la República con excepción de Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, y con 130 organizaciones adherentes de carácter estatal y regional. Según El Barzón, tiene 58 mil 200 afiliados. La agrupación no se circunscribe al campo; de hecho por muchos años su movimiento urbano fue superior al rural, debido a que 83 por ciento de las carteras vencidas en el momento de la crisis eran urbanas. En los años recientes El Barzón modificó su nombre con un enfoque rural: Asociación Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP-El Barzón) y en ella integra agrupaciones nacionales o regionales de productores de leche, de cítricos, de maiceros, cuyo enfoque es más productivo que de conflicto financiero.

ANEC.

UNTA. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Nació el 28 de agosto de 1978 como el brazo rural del extinto Partido Socialista de los Trabajadores (PST); en sus filas integró ejidatarios, auténticos pequeños propietarios, peticionarios de tierra, colonos, mujeres, trabajadores agrícolas y jornaleros que hasta ese momento se mantenían al margen de la organización social o rechazaban integrarse a las formas de organización oficialista. Hoy declara contar con cien mil miembros; se le identifica en alianza con los partidos de izquierda, aunque en las pasadas elecciones de julio de 2009 fue promotora del voto nulo.

Sus objetivos manifestados en su origen son transformar el latifundismo en propiedad social, participar en los canales oficiales de comercialización y sindicalizar a los jornaleros agrícolas. La UNTA se ha caracterizado por marchas, plantones, invasiones de tierra que en ocasiones derivaron en represiones o incluso masacres campesinas indígenas. El fundador de la Unión y dirigente nacional hasta la fecha es Álvaro López Ríos. La UNTA ha sufrido varias escisiones, una fue la que derivó en la creación de la Central Campesina Cardenista (CCC), otra dio origen a la Coalición de Organizaciones democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) y una más encabezada por Isidro Pedraza Chávez –quien se inconformó por la negativa de López Ríos a permitir un relevo en la diriencia–, hizo surgir la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).

UNORCA. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Se constituyó como red de organizaciones durante el VII Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Regionales, realizado en Cuetzalan, Puebla, el 30 y 31 marzo de 1985, con el objetivo de ser un espacio sociopolítico rural que hiciera contrapeso a la poderosa CNC. Integra campesinos, indígenas, pequeños productores jornaleros, avecindados y colonos. Sus agremiados, según señala la propia organización, suman más de 107 mil familias miembros de más de 2 mil 792 organizaciones de base y regionales con diversas figuras jurídicas, incluidos ejidos, comunidades, cooperativas, sociedades de producción rural, unidades de riego, empresas sociales, cajas solidarias, dispersoras de crédito, almacenadoras, sofomes, empresas ecoturísticas, gasolineras y colonias urbanas. Está presente principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracuz, Yucatán y Zacatecas, en unos 315 municipios del país. En marzo de 2009 la UNORCA sufrió una fractura. Se dividió su dirigencia por el reclamo de varios de sus miembros ante las “prácticas antidemocráticas” que impiden la renovación de la dirigencia de la agrupación. Por un lado quedó la organización que lidera Olegario Carillo y por otra miembros de diez estados de la República y la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR).

Después de ello la UNORCA de Carrillo constituyó en Chilpancingo, Guerrero, una nueva red de mujeres unorquistas.

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. En respuesta a la apertura comercial, la privatización y la desregulación de los mercados agrícolas, varias organizaciones campesinas productoras de granos básicos decidieron participar en la comercialización directa de sus cosechas y conformaron la ANEC el 8 de septiembre de 1995. La organización, que se cataloga como la red social más importante en compactación y comercialización de cosechas, integra unos 60 mil productores con alrededor de 219 empresas comercializadoras agrupadas en 15 integradoras regionales; operan y administran 207 unidades de almacenamiento de maíz, sorgo, trigo, frijol y arroz, y están presentes en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La ANEC declara no estar vinculada a ningún partido político, pero ha sido protagonista clave en movimientos sociales, como El Campo no Aguanta Más, que culminó en 2003 con el Acuerdo Nacional para el Campo, y la Campaña Sin Maíz No Hay País. La asociación cuenta con brazos financieros, de capacitación y de agroindustria, como son Siacomex, Sofom Anec y Nuestro Maíz.

CNPR. Se constituyó el 5 de febrero de 1946 como Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad Agrícola. Su origen se dio en el marco de una reorganización del partido oficial promovida por el entonces presidente Miguel Alemán, quien buscaba incorporar masivamente a actores del sector privado en el PRI y promovió una modificación al artículo 27 constitucional para establecer el derecho de amparo que protegería a los propietarios privados ante afectaciones agrarias. En 1971 cambió su denominación a Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP).y para 1992, durante la gestión de Jesús González Gortálzar, adoptó su nombre actual.

Cuenta con 32 federaciones estatales, uniones regionales y asociaciones municipales, y 30 uniones nacionales de productores –de caña, café, sorgo, trigo, cebada, maíz, frijol, hule, ganaderos, entre otros— y declara contar con dos millones de parvifundistas afiliados. Es parte del sector campesino del PRI y así lo refrendó su dirigente, María Esther Terán Velázquez en las elecciones de este año cuando “se declaró lista para trabajar a favor del PRI”.

CONSUCC.

Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos. Nació el 23 de marzo de 1993 –la fecha del asesinato de Luis Donaldo Colosio– luego de que su creadora y líder actual, Guadalupe Martínez Cruz, enfrentara a su ex esposo Alfonso Garzón Santibáñez, entonces dirigente de la CCI. Datos de la agrupación señalan que se originó con presencia en 16 estados con la demanda fundamental de la conclusión del rezago agrario, y actualmente asesora y representa a más de 350 mil campesinos y productores, con una estructura organizativa formal en 28 estados de la República. Dice prestar servicios profesionales a grupos de mujeres, jóvenes, adultos mayores e indígenas y promover el desarrollo de capacidades y asistencia técnica en zonas de alto índice de pobreza.

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VADEMECUM DE ORGANIZACIONES RURALES AMUCSS.

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social. Se constituyó en 1992 al dar cuerpo a una iniciativa arrancada desde 1986 por un grupo de organizaciones económicas campesinas regionales que decidió crear “bancos campesinos” como instancias autónomas para financiar las actividades productivas de sus socios, pues veían los programas públicos de financiamiento como instrumentos de control del gobierno. Esas organizaciones promovieron una red de uniones de crédito campesinas, fondos de autoaseguramiento, cooperativas y cajas de ahorro y crédito que se integran en la AMUCSS, y a los cuales se han sumado microbancos rurales.

La misión que se impone la AMUCSS es desarrollar opciones de servicios financieros adaptados para el perfil de las familias y comunidades rurales del país, contando con un organismo integrador que ofrece servicios de supervisión, asistencia técnica y capacitación. Los miembros de la asociación son cuatro uniones de crédito, cinco redes de microbancos, tres cooperativas de ahorro y nueve instituciones financieras rurales presentes en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Morelos Campeche, Chiapas y Michoacán.

CNOG.

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Nació en 1936 como Confederación Nacional Ganadera. Su origen fue facilitado por la promulgación ese mismo año de la Ley General de Asociaciones Ganaderas que daba autonomía organizativa a los ganaderos, y permitía sus gestiones desligadas de los agricultores, cuyos intereses no siempre eran comunes. Está integrada por 44 uniones ganaderas regionales generales o estatales, especializadas y de registro, seis uniones regionales de porcicultores y una unión de apicultores, así como 25 asociaciones nacionales especializadas y de criadores de ganado de registro y mil 724 asociaciones ganaderas locales. La organización dice representar a 800 mil productores a lo largo y ancho del país, incluidos pecuarios, ejidatarios, comuneros, nacionaleros y pequeños propietarios, sin distinción ideológica, política o social. Y además de brindar la representación del gremio para las gestiones con el gobierno y la sociedad en asuntos como financiamiento, transferencia tecnológica, sanidad animal, política fiscal y comercialización, creó instancias de servicios como la Comercializadora de la CNG, SA CV, nacida en 1998 pero fortalecida en 2004, y centros de certificación zoosanitarios.

CAM. Confederación Agrarista Mexicana. Fue fundada el 13 de septiembre de 1970 por Humberto Serrano Pérez, quien se mantiene como secretario general de la organización y ha sido diputado federal priísta. Según sus datos, cuenta con cien mil afiliados en las Huastecas de Hidalgo y Veracruz, en Sinaloa, Colima, Guanajuato, estado de México y 24 entidades más. Su líder nacional se ufana por los cientos de “recuperaciones de tierra” que ha realizado en varios estados. Esta organización se ha caracterizado por invadir predios y su líder ha sido acusado de defraudador al entregar lotes a cambio de dinero, en predios que son luego reclamados. En septiembre pasado un centenar de miembros de la CAM mataron dos cerdos ante la Torre del Caballito del Senado de la República para “demandar” a los legisladores protección a campesinos y colonos de los estados de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí y de la delegación Iztapalapa, quienes, dicen, han sido víctimas de despojo de tierras por parte de autoridades.

LAS ORGANIZACIONES SEGÚN ELLAS MISMAS ORGANIZACIÓN FORTALEZAS

DEBILIDADES

OBJETIVOS A FUTURO

CORTO Y MEDIANO PLAZO

ALIANZAS

CNA

Es altamente representativa al agrupar a empresas y organizaciones de todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias.

Persiste en la opinión pública la imagen errónea de que sólo representa a las empresas más grandes del sector.

Incrementar la base social configurando una red nacional en los 32 estados. Impulsar la rentabilidad y competitividad de las cadenas.

Ha establecido alianza en temas como Reaccionar ante la crisis, posicionando al presupuesto federal y políticas públicas agro como una herramienta anticícilca, a con la CNC, CNPR, CNOG y con la la cual debe apoyarse.

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.

CNC

Defensa exitosa de conquistas campesinas históricas, que permiten gestionar el aprovechamiento de la tierra.

Más bien retos: que el gobierno atienda a los millones de campesinos e indígenas pobres, marginados y hambrientos.

Revertir las reformas al artículo 27 constitucional para frenar la privatización de la tierra. Modificar el modelo económico neoliberal.

Promover la renegociación del TLCAN en el capítulo agropecuario y un acuerdo migratorio con EU e impulsar el turismo ejidal.

CCC

Alta dependencia de programas de subsidios. Desconocimiento y Conocimiento del medio rudesinterés de la militancia en cómo ral y su estructura territorial. aprovechar las políticas públicas.

Cohesión y unidad interna Falta de vinculación efectiva con movimientos sociales rurales y ubanos.

La falta de presencia en el moviPresencia en más de 30 en- miento obrero, lo cual se está ya tidades, a pesar de que hace solventando al representar los unos pocos años se cubrían intereses sindicales del ingenio azusólo 18. carero San Cristóbal, el más grande del país. Insuficiencia de recursos.

Hacer funcionar 200 comités municipales en municipios de alta y muy alta marginación. Organizar ramas y cadenas de producción de cultivos básicos estratégicos.

Lograr representación política en las cámaras de diputados federal y estatales.

Alcanzar una membresía de un millón de afiliados. Lograr autosuficiencia y rentabilidad de las empresas rurales asociadas.

Tener una organización más fuerte y apoyar la productividad del campo.

Influir de manera clara en los proyectos estratégicos para el aro; ”decir a qué grupos se deben apoyar“, y eliminar el concepto de Sistema Producto, que es elitista.

UGOCM JL

EL BARZÓN Presencia en varias entidades. Amplia capacidad de gestión e interlocución.

Dificultades para atender la cartera de temas en que participa la agrupación.

Lograr el desarrollo de las unidades de producción del campo.

Organizar y constituir jurídicamente los diversos grupos de trabajo que participan en El Barzón.

Ser la red social de comercialización y almacenamiento más grande del país.

El tener que confrontar políticas antiCombatir las políticas neoliberales y campesinas, que se han radicalizado construir un modelo alternativo de a favor de los monopolios privados, desarrollo rural. el clientelismo y el asistencialismo.

Consolidar estrategias que garanticen la sobrevivencia y autosuficiencia de las organizaciones miembros y sus productores con un modelo económicamente viable y socialmente responsable.

Una trayectoria política fiel a sus principios y una representación democrática producto de sus procesos de elección en las bases.

Ha falta consolidar la ”concientización“ de los miembros y reforzar la difusión de las propuestas de la organización.

Impulsar una reforma jurídica rural, también una reforma institucional integral; lograr políticas de apoyo a migrantes; promover que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho.

Demandar ante el Congreso un presupuesto justo para el campo. Construir propuestas de desarrollo integral local.

Realizar movilizaciones para la convergencia de las organizaciones en luchas estratégicas.

ANEC

UNORCA

Se busca la unidad pero los gobiernos de derecha promueven la confrontación entre organizaciones.

La CCC es firme promotora de la unidad campesina y con organizaciones sindicales y ciudadanas. Participa en el CAP, en el Conorp en la UNT y ha participado en el Mecnam y en el Frente Nacional de Organizaciones Campesinas, entre otros.

Cortamos la alianza con el sector campesino del PRI, pero éste nos fue excluyendo. La alianza con el CAP se ha debilitado porque ”no nos prestamos a golpear en forma muy radical al presidente Calderón“.

Hay coincidencia en los temas que preocupan a las organizaciones, pero el tipo de acciones y los ritmos de trabajo no siempre son compartidos.

Integró el MECNAM, es parte del CONOC y de la Campaña Nacional Sin maíz no hay país. También participa en La Vía Campesina y el Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano (MOICAM).

Se tiene relación y unidad con las organizaciones que luchan para que los campesinos e indígenas sean prioridad en el desarrollo nacional. La organización rechaza el colaboracionismo con el gobierno de derecha.

14 de noviembre de 2009

EL PLAN DE AYALA

Plutarco Emilio García Jiménez Miembro del Consejo Consultivo de la CNPA

A fines de los 70s decenas de supervivientes zapatistas, algunos de ellos asistentes a la firma del Plan de Ayala en Ayoxustla, Puebla, aseguraban que dicho plan no se había cumplido; por ello muchas organizaciones campesinas regionales que se reunieron en octubre de 1979 en Milpa Alta, Distrito Federal, adoptaron orgullosamente el nombre del plan al constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

A 30 años de lucha de la CNPA, nadie puede afirmar que los objetivos del plan zapatista se hayan alcanzado; sigue habiendo concentración de la tierra –muchos latifundios rurales y urbanos no se han afectado– usurpación del poder, antidemocracia y corrupción. El surgimiento de la CNPA, como lo afirma Armando Bartra, “es la manifestación más acabada del agotamiento definitivo de la Reforma Agraria como fuente de legitimidad campesina del Estado posrevolucionario, y también de la más clara encarnación de la independencia social y política que hoy reclama la lucha de los trabajadores del campo”.

La CNPA representó un pacto entre organizaciones independientes, pero también la ruptura con el corporativismo, es decir, un claro deslinde del gobierno y de las organizaciones oficialistas. Con ello, también abrió camino para el surgimiento de nuevos proyectos de organizaciones campesinas de construcción horizontal, como la UNORCA en 1985 y otras que se crearon a finales de los 80s.

No fue casual que la primera acción de la CNPA fuera la movilización campesina contra el traslado de los restos del general Emiliano Zapata de su tierra natal al Monumento de la Revolución (noviembre de 1979), acción que pretendió realizar el gobierno de José López Portillo para conmemorar el centenario del nacimiento del revolucionario.

FDC BASTIÓN NORTEÑO DE

LA AGRICULTURA CAMPESINA Víctor M. Quintana S.

Producto fiel de su tiempo y del compromiso de muy diversos actores por una vida digna para las familias del campo es el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC). Nace en 1985 como una reacción a los primeros ataques a la agricultura campesina por parte del paquete de ajuste estructural de los neoliberales en 1983, pero también como una revuelta en pro de la democracia cuando Chihuahua da el arranque a la insurgencia electoral que luego habrá de cundir por la República entera. Las primeras luchas que libra, por los precios de garantía del maíz y del frijol, resultan victoriosas, gracias a sus tácticas novedosas y al apoyo de amplios sectores de la sociedad civil chihuahuense.

Tal vez por el hálito demócrata infundido por su triunvirato fundador: un sacerdote comprometido con el pueblo, el líder histórico del Partido Comunista en Chihuahua y un luchador social convertido en alcalde de Ciudad Cuauhtémoc, el FDC se mantiene durante 12 años en una clara postura anti gobiernista. No cae en la concertación con el salinismo ni en la tentación de la “apropiación del proceso productivo”. Se involucra de lleno en la defensa de las condiciones de vida y trabajo de los campesinos temporaleros, ya desahuciados por la tecnocracia encabezada por Salinas y Luis Téllez. Lucha por créditos y contra la corrupción en el Banrural y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA). Consciente del cambio de rumbo para la agricultura del país, participa muy activamente en los combates a la contrarreforma agraria y se hace uno de los actores infaltables en luchas y debates nacionales e internacionales contra la intrusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la agricultura. En estos combates desarrolla toda una tecnología de toma de puentes internacionales, como acción generadora de luchas, de posicionamientos y de difusión a la opinión pública.

Varias movilizaciones regionales de los hombres y mujeres del campo, pero sobre todo la histórica marcha nacional campesina del 12 de mayo de 1981, marcaron el rescate del símbolo del zapatismo de las anticampesinas y represivas manos del gobierno para pasar a las manos callosas de los campesinos. Después de las movilizaciones que dieron origen a la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui en Sonora, la marcha campesino magisterial convocada por la CNPA y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representó un hito histórico, pues marcharon por las calles de la capital más de 50 mil manifestantes procedentes de todo el país, encabezados por los últimos veteranos zapatistas.

de Ayala, han tenido tres momentos importantes en las luchas contemporáneas: el surgimiento de la CNPA (1979), los Acuerdos de San Andrés (1996) y el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) logrado con las grandes movilizaciones del Movimiento El Campo No Aguanta Más (2003). Las demandas agrarias de la CNPA se limitaron en un principio a la conquista de la tierra y a la defensa de las tierras en posesión de ejidatarios y comuneros. Los zapatistas del EZLN agregaron el usufructo de la tierra y los otros recursos naturales que alberga. Actualmente, comunidades de Morelos y otros estados defienden la tierra, el agua y el aire.

ILUSTRACIÓN: Diego Rivera

CNPA OTRA VEZ

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La CNPA es una de las organizaciones que más ha persistido en la lucha agraria; de hecho su surgimiento tuvo como ejes la lucha contra la represión en el campo y la lucha por la tierra. Con esta bandera, a la que se agregó la lucha por el control campesino de la producción y comercialización en el campo, ha estado presente en las tomas de tierras en varias regiones del país en los 80s, en la defensa del artículo 27 constitucional en 1991-93, junto con las organizaciones de la Coalición de Organizaciones Agrarias (COA) y el Movimiento Nacional de Resistencia Campesina (Monarca). Fue la única organización campesina nacional que no aceptó firmar el finiquito agrario que ofreció Carlos Salinas para dar por terminada la reforma agraria.

Las reivindicaciones agrarias, la democracia, la revocación de mandato y la justicia social, contenidas en el Plan

Fiel a su origen y a la sociedad que le da cobijo desde que nace, el FDC también se convierte en actor importante en las batallas por la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Chihuahua y en México. Luego, durante el período de la ingente expropiación del patrimonio de las familias mexicanas, en 1994-2006, el frente se suma a barzonistas y luchadores y luchadoras de todo tipo para defender casas, tierras, vehículos, medios de producción ante la voracidad de los bancos y el gobierno cómplice de ellos.

La orientación primordial a lo reivindicativo-defensivo hace que el FDC llegue tardíamente a los llamados proyectos productivos. Los ha intentado por muchos lados, pero lo que hasta hoy se sostiene y con relativo éxito son la Cooperativa de Ahorro y Crédito y dos o tres empresas comercializadoras de frijol. Aquélla cuenta con más de seis mil socios y es la única alternativa de ahorro y crédito popular en la vastedad del agro chihuahuense, es factor de restablecimiento del tejido social, de participación de la mujer y desarrollo de competencias diversas entre campesinos y campesinas.

La inspiración original del FDC lo hace renuente a ser organización corporativa o correa de transmisión de los partidos políticos. Unas veces se le ha visto como cercano al PAN; otras, las más, como cercano al PRD. De hecho por esos dos partidos han llegado a ser diputados o alcaldes o regidores varios y varias frentistas. Pero ninguna organización partidaria podrá reclamar que lo cabalga o lo manipula.

El FDC lleva casi ya un cuarto de siglo no sólo “haciéndole frente” como dicen los campesinos, a las políticas depredadoras. También tratando de ser democrático. Cada

Por lo que respecta al planteamiento agrario del ANC, aunque pretende ser más integral al incorporar aspectos sociales y ambientales, hace concesiones en acciones gubernamentales que afectan el carácter de la propiedad social de la tierra, al aceptar la continuación de la certificación de tierras ejidales y comunales, medida privatizadora que han sido rechazadas en muchos lugares del país. En la actualidad, la lucha agraria en países de América del Sur (Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú), en Centroamérica, África y otras regiones del mundo, obligan a replantear el contenido del agrarismo, es decir, el concepto de reforma agraria.

Para los campesinos zapatistas la tierra no era sólo un campo para cultivar, la tierra era todo el entorno de su comunidad, sus recursos forestales, los animales silvestres, el agua y los espacios para sus ceremonias y para sus muertos. Hoy no se entiende la soberanía alimentaria sin la tenencia de la tierra y sin una agricultura campesina sustentable. Por eso la reforma agraria actual impulsada por La Vía Campesina Internacional, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano (Moicam) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) del Brasil, está enfocada al territorio con todo lo que éste contiene (agua, aire, recursos naturales, etcétera); a la redistribución equitativa de la tierra, con una visión integral que incluye las diferentes fases de la cadena productiva agropecuaria y agroindustrial, así como la diversidad productiva, tan necesarios ante la actual crisis alimentaria y congruente con las características de la agricultura campesina sostenible.

dos años cambia su directiva luego de un proceso largo de congresos municipales y un congreso estatal. Ha habido altibajos, escisiones temporales, inconformidades, incluso trampas. A pesar de ello, no hay cacicazgos ni perpetuidades. A pesar de que las mujeres frentistas cada vez son más y más participativas, el machismo no se ha podido desterrar de las prácticas organizativas y de la vida cotidiana.

En los últimos diez años el FDC ha convergido con otras organizaciones rurales chihuahuenses en todos los combates en defensa, no sólo de la agricultura campesina, sino de cualquier forma de agricultura nacional, en contra de la creciente presencia de los agronegocios y del gobierno que los apoya. Junto con El Barzón, Agrodinámica Nacional y el Comité Pro Mejoramiento del agro ha luchado a nivel estatal por tarifas justas de energía eléctrica para pozos agrícolas, contra las importaciones agroalimentarias, en defensa de los mantos acuíferos del estado y del germoplasma local. Como integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País y del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), el frente pelea día a día por preservar los maíces nativos y por generar más productividad y sustentabilidad con la dotación genética que tenemos.

No es fácil mantenerse como una organización campesina actuante y combativa en un medio y en una región donde todo conspira contra la agricultura campesina: el clima, las políticas de gobierno, las inf luencias culturales, la cultura política. Sin embargo, el FDC sigue bien presente en el extremoso y combativo oeste de Chihuahua. Si bien no ha podido revertir el brutal proceso de descampesinización, de modernización salvaje que se ha instaurado en esta región y que hace que cada vez sean menos los campesinos y más débiles las comunidades, el frente, cuando menos ha logrado que quienes se queden en el campo lo hagan con más conciencia, más lazos sociales y con más participación en lo público. Gracias al FDC los pocos campesinos que restan son tal vez, más ciudadanos.

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UCEZV CONTRA EL PROYECTO MILLENIUM

Rosalía Vázquez Toríz Los campesinos buscan protagonizar el desarrollo de sus comunidades y lo manifiestan así con sus prácticas productivas y culturales propias, pero también con acciones colectivas de oposición a proyectos gubernamentales y del capital privado que pretenden privatizar sus recursos materiales y simbólicos.

Ya sea con movimientos sociales o pequeñas movilizaciones, los campesinos no sólo defienden su tierra, agua, bosques o conocimientos tradicionales, también luchan por su derecho a seguir siendo campesinos y construir una forma de vida acorde con sus propias aspiraciones y concepciones de bienestar. Y esto es justamente lo que hicieron más de mil 500 campesinos poblanos cuando se opusieron el año 2000 a la “Propuesta estratégica de desarrollo regional sustentable. Programa Millenium”.

Con el programa Millenium, estrechamente vinculado al Plan Puebla Panamá, el gobierno estatal pretendía transformar a la región centro oriente de Puebla en un polo de desarrollo con base en la construcción de una importante red carretera y el impulso de actividades industriales, de servicios y recreativas. Dicha transformación requería que pequeños propietarios y ejidatarios vendieran sus parcelas al gobierno estatal, el cual, a su vez, las pondría a disposición de empresarios privados interesados en invertir y hacer buenos negocios. La región en cuestión está conformada por 13 municipios, entre los que destacan Tepeaca, Tecamachalco, Mixtla, Tecali de Herrera, Cuautinchan y Huixcolotla. Sus principales localidades se encuentran a una distancia promedio de 40 kilómetros de la ciudad capital Puebla y a 140 del Distrito Federal. La región es una destacada productora de alimentos y otros bienes agropecuarios: cuenta con una importante red de sistemas de riego, tecnología agrícola, vías de comunicación, clima templado y amplias planicies. Existen allí 80 ejidos que en la década pasada concentraban 37 por ciento de la tierra labor de la zona y el seis por ciento de todo el territorio del estado.

Pese a las amenazas de expropiación y las promesas de progreso hechas por el gobierno, buena parte de los ejidatarios y pequeños propietarios de distintas comunidades se negaron a vender y, junto con otros habitantes de la región, decidieron defender su derecho a seguir siendo campesinos, tal como todos se reconocían no obstante de ser socialmente diversos y desempeñar diferentes y muy variadas actividades económicas.

De estas comunidades podemos mencionar San Simón Coatepec, San Pablo Actipan, San Buenaventura Tetlananca, San Francisco Mixtla, San Nicolás Zoyapetlayoca, Candelaria Purificación, San Jerónimo Almoloya, Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, San Juan Caltengo, Santa Rosa y Xochimilco.

Los opositores al Millenium se organizaron como una Unión de Pueblos y el 26 de noviembre de 2000 dieron a luz a la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV) y emprendieron varias acciones (marchas, mítines, toma de oficinas, foros de discusión, asambleas y elaboración de proyectos de desarrollo alternativos) con las que construyeron redes de relaciones con otros movimientos sociales, como el de Atenco, y obligaron al gobernador, entonces Melquíades Morales Flores, a cancelar el programa Millenium, hecho que ocurrió en septiembre de 2002 y se ratificó en diciembre del mismo año.

Aunque la UCEZV se creó explícitamente para defender la tierra, en su origen no era un actor unitario ni sus integrantes compartían una identidad colectiva totalmente definida. Son ejidatarios, pequeños propietarios, productores sin tierra, jornaleros, maestros, amas de casa, profesionistas, plomeros, jóvenes, pequeños comerciantes, empleados y obreros, entre otros, que con el tiempo se han ido identificando, no sin dificultades, como actores sociales campesinos en el desarrollo de su propia acción conjunta y en el reconocimiento de sus afinidades.

La experiencia de la UCEZV, no muy distinta a la de otras organizaciones rurales en México, nos muestra que la defensa de la tierra y la lucha campesina por el desarrollo están sustentadas en la reivindicación social y económica del binomio tierra-campesino. Con la tierra, en tanto lugar de trabajo, de habitación, de recreación y de relaciones sociales, es

posible construir, todavía, distintas y variadas actividades y decisiones (proyectos de desarrollo) que permiten o coadyuvan a la reproducción campesina.

Asimismo, al no ser ignorantes de la historia de sus comunidades (no es casual la alusión a Emiliano Zapata) ni ajenos a la realidad contemporánea, la acción de la UCEZV también se sustentó en la reapropiación del concepto de ciudadanía. Hecho que alude a las dos caras de la identidad de un actor social que se movilizó en defensa de sus recursos y sus derechos: como ciudadanos a los que no les habían sido reconocidos sus derechos civiles y políticos por el hecho, entre otros, de ser campesinos; como campesinos que mediante la posesión y manejo de sus propios recursos materiales y simbólicos podían acceder al goce de los derechos que les corresponden como ciudadanos. Como campesinos-ciudadanos, la UCEZV propuso un proyecto de desarrollo para sus comunidades y planteó que la modernización de la región centro oriente de Puebla debía descansar en la consulta y participación de la población local, el gasto público, la equidad de género, la pluralidad cultural, la reactivación del sector primario y la mejora de la infraestructura urbana.

La experiencia de la UCEZV muestra que las acciones colectivas campesinas son importantes no sólo por lo que proponen, también por las transformaciones que generan tanto en los individuos que las protagonizan como en las comunidades en las que se inscriben. Hoy los campesinos de la UCEZV disponen, por ejemplo, de una identidad que les otorga pertenencia, autoestima y respeto; cuentan con más recursos potencialmente útiles para construir una buena vida; y en sus comunidades, donde dominaba una práctica vertical del desarrollo que sólo beneficiaba a pequeños grupos, se vislumbra un desarrollo entendido como una negociación entre actores socialmente reconocidos y, entre ellos, están los campesinos.

La UCEZV da cuenta de la existencia de iniciativas y proyectos campesinos que están construyendo, a su propio ritmo y enfrentando miles de dificultades, un desarrollo distinto al todavía dominante. Siguiendo sus propias huellas, tienen el reto de consolidarse como opciones sociales viables y contemporáneas.

FPDT DEFENDER LA

TIERRA, DEFENDER LA NACIÓN Damián G. Camacho Guzmán

Al FPDT se le considera una organización popular, pero su forma de lucha definió su carácter de organización de autodefensa territorial. Sin embargo, las condiciones que le dieron origen se modificaron y desde 2006 la línea estratégica en la que trabaja es la reorganización.

Las condiciones de hoy también son distintas. La estrategia del gobierno de Felipe Calderón logró desplazar al enemigo opositor –despojado del triunfo electoral en 2006– para crear un nuevo enemigo abstracto, la delincuencia organizada, y definió la guerra contra el crimen organizado como objetivo único, necesario y de urgente resolución. El gobierno se alió con los medios de comunicación para generar con periodistas, analistas e intelectuales un consenso vía el despliegue propagandístico; elevó su estrategia a política de Estado; realizó una serie de reformas jurídicas para ampliar las facultades de los ministerios públicos y de la policía judicial, lo cual tiende a una reforma integral de justicia que derivará en un mando único de las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles; sacó a las fuerzas armadas a la calle para cumplir con funciones de seguridad pública, de lucha contra el crimen organizado y para el restablecimiento del orden social (para hacer frente a la protesta social). Ante este panorama, el escenario al cual se quiere conducir a los actores sociales es al de la con-

FOTO: Francisco Olvera/ La Jornada

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) nació en el conflicto; fue el decreto expropiatorio de Vicente Fox, en octubre de 2001, lo que motivó la reacción de los 13 pueblos de Atenco para conformarlo. Los querían despojar de más de cinco mil hectáreas de su territorio. Desde entonces esta organización social ha definido como su objetivo prioritario la defensa de la tierra sin abandonar otros como la educación, la salud, el empleo, la democracia y, antes como ahora, la lucha por la justicia y la libertad de los 12 presos y dos perseguidos políticos.

El vocalista del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán, en apoyo de los presos de San Salvador Atenco recluidos en el penal Molino de Flores en Texcoco.

frontación, tal como sucedió en Atenco, en Oaxaca y en el proceso electoral de 2006, y que se mantiene en 2009 con la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Así, si hay una nueva realidad política y social, el reto de las organizaciones sociales es adecuarse. El FPDT ha sabido afrontar las nuevas condiciones y como táctica de resistencia lanzó la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, conformada por más de 200 organizaciones, con la participación de un comité conformado por artistas, actores, intelectuales y religiosos. En este esfuerzo se impulsa una gira por 12 estados de la República para difundir la lucha por la libertad de los 12 presos y los cos perseguidos políticos, pero también para hacer pronunciamientos sobre la situación social y política en la que se encuentran las organizaciones, comunidades y movimientos visitados, así como articular esfuerzos de manera conjunta.

Considerando que las condiciones sociales, económicas y políticas que vivimos han empeorado, las organizaciones deben de diversificar sus formas de lucha y de organización. Para el FPDT, pasar de la defensa de la tierra a la defensa de la nación es una consecuencia lógica que se genera en el proceso de lucha. Por ello, la emergencia de articular un esfuerzo mayor de carácter nacional que involucre a todos los actores que se sientan incluidos en una convocatoria abierta, con perspectiva, que visualice al enemigo común y nos ayude a construir la unidad en la acción más allá de las diferencias. En ello trabaja cotidianamente el FDPT. Así es como la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular abre una coyuntura que propicia construir un frente nacional no como responsabilidad única de los trabajadores del SME, sino como una responsabilidad de todos los agraviados de la nación que buscan la alternativa de un país justo y digno para vivir.

14 de noviembre de 2009

Viva el Río Azul

DEMANDAN TRATAMIENTO Y USO RACIONAL DEL AGUA Silvestre Pacheco León vivaelrioazul@gmail.com En la región centro del estado de Guerrero avanza un esfuerzo organizativo con activistas de la zona urbana pero también de la rural, bajo el concepto de cuenca hidrográfica. Se trata de la asociación Viva el Río Azul, con asiento en el municipio de Quechultenango, donde nace el río al que hace referencia, y en el cual se localiza la capital Chilpancingo.

Durante tres meses de este año la propuesta de organización de la sociedad civil para el rescate de la cuenca río Huacapa-río Azul se cruzó entre académicos, investigadores, estudiantes, productores orgánicos, comerciantes, maestros, activistas y pobladores en general. Se conocieron experiencias fallidas, se reafirmaron convicciones, se debatieron propuestas y, sobre todo, se multiplicaron las adhesiones al proyecto.

El principal problema detectado son las aguas residuales de Chilpancingo, que se liberan sin tratar al río Huacapa, corriente pluvial principal de la cuenca, que recorre más de 60 kilómetros antes de sumar su caudal al río Azul, tributario del Papagayo, el cual transporta todo el aporte pluvial de la cuenca en el tramo final hasta el Océano Pacífico, después de abastecer al puerto de Acapulco.

En 2000 la cuenca contaba con más de 250 mil habitantes, de los cuales 70 por ciento vivían en comunidades urbanas y el resto en 230 poblados menores a los dos mil 500 habitantes.

Salvo la cabecera municipal de Quechultenango que cuenta con una planta de tratamiento suficiente para las aguas residuales de sus seis mil habitantes, el resto en la cuenca carece de esa infraestructura, lo que provoca una contaminación tal que las enfermedades gastrointestinales y las infecciones son las primeras y más frecuentes en la franja que recorre el río Huacapa.

9 Además de la contaminación provocada por las aguas residuales vertidas al río Azul, el daño mayor se ha ocasionado a la actividad turística y, desde luego, a los pueblos que vivían de la prestación de servicios para los visitantes.

rellenos sanitarios, y a la falta de educación para el manejo ecológico de los residuos urbanos.

Los pobladores rurales de la cuenca viven de la agricultura de temporal, del comercio, del turismo, y de la exportación de mano de obra. Las pocas áreas de riego, de baja productividad, están dedicadas al abasto de mercados foráneos, igual que la ganadería. Estas actividades ocupan menos de la mitad del agua que se capta. La mayor parte es para el uso urbano en las ciudades donde la población se emplea principalmente en la burocracia.

Pero la contaminación no es el único problema que tenemos con el agua, también su escasez, principalmente en Chilpancingo, donde la mayoría de sus habitantes deben contratar pipas a un precio de 300 pesos, mientras los usuarios del servicio domiciliario pagan una cuota fija mensual de 30 pesos.

He aquí un caso que ilustra el drama de la sed en Chilpancingo: el año pasado la exigencia ciudadana para el abasto obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a actuar contra los piperos, que sin tener concesión para ello, comercian con el líquido. La Conagua, obligada a investigar, descubrió que la fuente de abastecimiento que tenían los piperos era la propia red hidráulica de la capital, cuyo costo y mantenimiento pagan los contribuyentes. Cuando fueron citados para pagar su infracción, los piperos tomaron las oficinas de la Conagua y amenazaron que si el gobierno hacía efectiva la multa, de unos 200 mil pesos, ellos elevarían el precio de la pipa a 600 pesos y provocarían un descontento social de graves consecuencias para las autoridades. Ante esa presión, la “sabia” decisión del gobierno fue recular y dejó a los usuarios como rehenes de la voracidad de los comerciantes.

Viva el Río Azul ha determinado informar a todos los habitantes de la cuenca la situación que prevalece a fin de que hagan conciencia de la emergencia ambiental. Ello es extensivo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente sano a la población.

Sobre este caso, Viva el Río Azul sostiene que el agua es un bien natural cuyo acceso el gobierno está obligado a garantizarnos a todos, y a velar porque los llamados organismos operadores de los sistemas de agua potable sean eficientes y transparentes, como base para exigir a los usuarios el pago justo por la captación y distribución domiciliaria.

Una de las tareas inmediatas de la asociación civil fue presentarse ante las autoridades municipales y ofrecerles participar de manera compartida en la atención a los problemas.

Viva el Río Azul concertó –por medio de la presidencia de la comisión de recursos naturales del congreso local– una reunión con los Ejecutivos de los gobiernos locales y con quienes operan el comité de cuenca de los ríos Huacapa y Azul. El resultado fue el compromiso de los presidentes municipales de la cuenca para reunirse y conocer el diagnóstico y las propuestas de solución que se han estado trabajando con los funcionarios del orden federal y estatal, conjuntamente con los representantes de los diferentes sectores de usuarios y la sociedad civil organizada, donde ha quedado establecido que una de las prioridades es la atención al problema de los residuos líquidos y sólidos que requiere el establecimiento de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.

Por otro lado, Viva el Río Azul ha detectado que la contaminación del agua no sólo se debe a la falta de tratamiento de las aguas residuales que se vierten a los ríos, sino al uso indiscriminado de agroquímicos en la agricultura, con los que también se contaminan los suelos; a la existencia de tiraderos municipales que funcionan como incineradores, en lugar de

En paralelo, la asociación civil, integrada hasta ahora por unas cien personas, trabaja en el propósito de educar a la población en el manejo ecológico de los desechos reciclables, y está promoviendo los centros de acopio en escuelas, iglesias, colonias y barrios con el objetivo inmediato de evitar que dichos residuos lleguen a los tiraderos municipales.

Semblanza de un luchador social

región. Por eso conoció a Digna Ochoa, con quien recorrió los caminos de la sierra para escuchar y conocer las demandas y los reclamos de los habitantes.

FELIPE ARREAGA Rosario Cobo

E

El rosario de agravios y pérdidas de Felipe se remonta hasta su infancia: su padre y su hermana fueron asesinados por talamontes clandestinos en el ejido Ríos López, allá por Tierra Caliente; ahí conoce por primera vez el costo por defender el bosque, por defender la vida. La familia se traslada al ejido Fresnos de Puerto Rico, donde Felipe, como joven comisario municipal, enfrenta a los robaganado que pronto traman su venganza: 15 abigeos fuertemente armados se apostan frente a su casa y, en ausencia de Felipe, las balas le roban la vida a su madre, Leonor Sánchez Arreola. Esto sucede en 1977. Poco después Felipe camina con su familia la sierra y se establece en Banco Nuevo, anexo del ejido del Mameyal, en Petatlán. Pero las injusticias son algo que no puede dejar pasar y pronto Felipe colabora con la Pastoral Social de la Iglesia Católica para enfrentarlas, y nombrado dos veces comisario, trabaja siempre por el bien de todos.

En febrero de 1998, Felipe participa en el bloqueo de carreteras para frenar el saqueo de madera, acción que vence a la multinacional Boise Cascade, talamontes legalizada. Entonces nace la Organización de Campesinos Ecologistas de la

FOTO: Rosario Cobo

n un absurdo accidente Felipe Arreaga Sánchez perdió la vida el 16 de septiembre. Su muerte llegó como una sinrazón más de las que laceran nuestra existencia. Porque la vida de Felipe estuvo rodeada de injusticias y muerte –como las de tantos luchadores anónimos guerrerenses–, enfrentada con valor y determinación, apostando a organizarse pacíficamente cuando las armas imponían su dominio. Por eso su muerte aturde más… por eso una muerte así no debió de haber sido.

Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, con Felipe Arreaga entre los dirigentes, quien sabe bien que enfrentarse a las madereras no es cosa fácil. Lo sabe desde 1974 cuando participó en contra de la entonces paraestatal Forestal Vicente Guerrero desafiando al cacique y gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

Al salir expulsada la empresa maderera trasnacional de la sierra guerrerense, se lleva el negocio de sus cómplices, caciques que al igual que las autoridades ejidales se enriquecían a costa del bosque de todos. Caciques despojados que no dan tregua ni respiro a quienes frenan la tala: asesinatos, acoso y persecuciones obligan a Felipe, junto con un puñado de luchadores, a abandonar su hogar y refugiarse por más de un año en la sierra. La solidaridad internacional permite que Felipe y los otros salgan de su escondite y, en otra mudanza forzada, Felipe y su familia se trasladan al Zapotilla, una comunidad del ejido La Botella donde sigue llevando proyectos y solidaridad a los pobladores de la

Distanciado de la organización de los campesinos ecologistas por diferencias en la conducción de la lucha, pero con su peculiar modo de no dejar pasar las injusticias, al lado de Celsa Valdovinos, su compañera de siempre, alienta la lucha de las mujeres que pronto retoman las banderas en defensa del medio ambiente que antes enarbolaron los varones y está presente en el surgimiento y crecimiento de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP). Pero Felipe estaba señalado: el 3 de noviembre de 2004 es llevado a prisión, donde permanece más de diez meses acusado de asesinar al hijo de un prominente ganadero identificado como parte del grupo de talamontes aliados a la empresa maderera.

En el penal recibe el premio Chico Mendes que le otorga la internacionalmente reconocida organización Sierra Club, y poco después, ya libre y habiendo demostrado legalmente su inocencia, una mención en el premio al Mérito Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Muchos proyectos con los que soñaba Felipe quedan truncados; planes y utopías que Celsa y las mujeres ecologistas empezaron acompañadas por él, y sin él tendrán que continuar. En su diario quehacer alentando y apoyando la lucha de las mujeres, las amenazas y los atentados de sus enemigos eran parte de su vida, y aunque alguna vez llamaron a su casa para advertirle telefónicamente que quienes planeaban matarlo lo harían simulando un accidente, él nunca quiso tomarlo en serio, convencido de que la muerte llega cuando tiene que llegar. En vísperas de su muerte, hacía cuentas de que había cumplido exactamente cuatro años de haber salido en libertad. Sin embargo, no debiste morir así. Por eso la noticia del accidente donde dos combis en su carrera por ganar pasaje terminaron con tu vida nos duele.

Investigadora asociada del Instituto Maya

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asociativas, tiene la virtud de reagrupar al movimiento rural, pero ahora ya no en torno a la sola autogestión del sector social de la agricultura (que resulta ilusoria cuando el Estado y los tiburones del mercado conspiran contra su sobrevivencia), sino en torno a la defensa general del campo y los campesinos, víctimas de un modelo extrovertido de ventajas comparativas que los condena a la extinción.

Armando Bartra

H

ace 25 años el grupo gobernante emprendió un unilateral desarme económico que dejaba al agro mexicano desprotegido frente la competencia del exterior, mientras el que el poeta llamó “ogro filantrópico” desertaba de sus compromisos rurales. Ante el vendaval, los campesinos diversificaron aún más sus estrategias de sobrevivencia, entre ellas la emigración remota, y en muchas regiones la proverbial abundancia de mano de obra devino escasez. En el mismo lapso pasaron de luchar por la tierra a bregar igualmente en el terreno de la producción y comercialización, para culminar reivindicando la soberanía alimentaria extraviada.

El hilo conductor de las luchas sociales de la posrevolución es el esfuerzo por librarse de una sumisión al Estado que devino cultura Espejismo de emancipación librecambista. En este contexto, la llamada “reforma de la reforma”, operada en el agro a mediados de los 80s por los tecnócratas promotores de las políticas de apertura comercial y desregulación llamadas “neoliberales”, representa un quiebre histórico para un campesinado que durante 65 años había vivido a la sombra del agrarismo hecho gobierno.

Pero la coyuntura es también iluminadora, porque en ella se muestran luces y sombras de la llamada “apropiación del proceso productivo” como eje de organización y lucha de los pequeños y medianos agricultores mercantiles. Impulsada por los grupos rurales autodenominados autónomos, la propuesta se presenta como un paso más en los esfuerzos por desembarazarse del paternalismo estatal, no sólo pugnando como antes por la independencia política sino también desarrollando la autogestión económica. Sin embargo, la pretensión de que la eficiencia productiva emancipará a los pequeños agricultores resulta frustrante, porque la libre concurrencia no es por sí misma liberadora, y porque en verdad se trata de un espejismo, pues los mercados están intervenidos por monopolios, de modo que sin la participación reguladora del Estado la pretendida “mayoría de edad de los campesinos” autogestionarios deviene acta de defunción. ¿Aliarse con el gobierno para autonomizarse del Estado? La presunta liberación librecambista no sólo fracasa como estrategia

IMAGEN: Alberto Gironella / Homenaje a Zapata

El hilo conductor de las luchas sociales de la posrevolución es el esfuerzo por librarse de una sumisión al Estado que devino cultura. Trajín que en el caso de los campesinos e indígenas cobra sucesivamente la forma de combates por la independencia política, por la autogestión socioeconómica y por el autogobierno local y regional. Y es que en México el sector público controlaba el acceso a los principales recursos de la producción económica, generaba los principales servicios básicos y participaba ampliamente en la fabricación y distribución de los más diversos bienes. Igualmente férreo era el poder de la llamada “familia revolucionaria” sobre las instituciones políticas, las organizaciones gremiales, el sistema educativo, los medios de comunicación y los ámbitos de la producción y distribución de la cultura.

Salvar al campo y restablecer la soberanía alimentaria. La crisis financiera de 1995 y las movilizaciones rurales que desata son punto de arranque de una nueva etapa del movimiento campesino. Fase cuyo eje es la lucha por la soberanía alimentaria, que los tecnócratas habían sacrificado en aras del paradigma de las ventajas comparativas.

Campesinos:

ENTRE SUMISIÓN Y REBELDÍA (UNA HISTORIA SIN NOMBRES) socioeconómica, también conlleva un severo descalabro político. La coyuntura que se presenta tras la fraudulenta elección presidencial de 1988 dramatiza la histórica tensión entre rebeldía y sumisión, es decir entre autonomía y clientelismo, pero con la paradoja de que la corriente autoproclamada autonómica es la que se alía con el primer gobierno abiertamente neoliberal y con el más rancio y clientelar corporativismo agrario.

La clave explicativa de esta inaudita torpeza radica en que el desmantelamiento del Estado interventor que acompaña a las medidas privatizadoras es visto por cierta dirigencia campesina como oportunidad histórica para construir en el mercado la preciada autonomía, de modo que los pequeños productores pasen de entenados de papá gobierno a socios de la burguesía agrocomercial y agroindustrial en condiciones de igualdad.

El torcido razonamiento se cierra cuando los presuntos autónomos obtienen del gobierno recursos económicos... para independizarse del gobierno, en lo que en realidad es regalo de despedida y retribución por su respaldo a un gobierno nacido con la marca de la ilegitimidad. En el fondo se trata de las monedas de Judas: pago por la traición de los llamados autónomos a las corrientes del movimiento campesino que decidieron resistir, cuestionar y preservar su real independencia política.

Fin de la corta luna de miel. La escisión del movimiento rural entre independientes-independientes y autónomos-gobiernistas, operada en el arranque de los 90s le permite a la nueva administración llevar a cabo con manos libres y relativa facilidad la reforma constitucional antiagrarista, la reconversión neoliberal de las instituciones y las políticas públicas rurales y la firma de acuerdos comerciales cuyos costos mayores recaerían sobre el agro y en particular los agricultores pequeños y medianos.

Si el nuevo movimiento campesino nacido en los 90s se politiza buscando incidir en las políticas públicas, pues en ello le va la existencia, el inédito movimiento rural indianista también se politiza en tanto que reclama el derecho de las comunidades y las etnias originarias a autogobernarse Sin embargo, los impactos negativos de la reconversión golpean de inmediato a los campesinos, provocando la pronta desilusión de quienes en verdad creyeron que la retirada del Estado era la oportunidad dorada del sector social de la producción. El frentazo con la realidad, que desfonda a cientos de empresas

El movimiento de los 90s pone en el centro la viabilidad económica del campo y los campesinos, pero ya no en una impracticable apuesta por el mercado puro y simple, sino acompañado de la exigencia de políticas públicas que hagan posible la recuperación del sector agropecuario y en particular de los pequeños y medianos productores. Y en el proceso se van identificando los enemigos reales y simbólicos: no tanto el artículo 27 y la problemática de la tenencia de la tierra, sino el tratado comercial de América del Norte y la apertura comercial que conlleva, la cancelación de las políticas de fomento agropecuario, el desmantelamiento de muchas instituciones públicas de incumbencia rural y el desafane del Estado de sus funciones reguladoras y compensatorias.

Reconocimiento de la polifonía campesina. Sobre la marcha se va abriendo paso la idea de que los campesinos tiene derechos legítimos, no sólo por su presunta condición de proletarios virtuales (explotados) y/o de empresarios virtuales (productivos). Y que para afirmar su derecho a existir no hace falta demostrar que su inserción económica en el sistema corresponde al patrón de cualquiera de las dos clases canónicas del capitalismo.

Lo que significa un rompimiento con el paradigma economicista como criterio principal de validación de los movimientos y los sujetos sociales. Y es que si las clases económicamente determinadas no son los únicos actores de la historia, los campesinos se nos irán mostrando como un ente colectivo definido por su “base” económica, pero también por su organicidad social, por su elección política, por su relación productiva y simbólica con la naturaleza, por su imaginario, por su historia.

La pluridimensionalidad del poliedro que llamamos campesinado, que se expresa en multiplicidad de puntos de confrontación con el sistema y por tanto en multiplicidad de luchas y reivindicaciones, significa también que la apuesta por su unidad como sujeto social y como protagonista histórico pasa por admitir su irrenunciable diversidad y por reconocerla como virtuosa.

Coordinadoras misceláneas y convergencias sectoriales. En el proceso se consolida igualmente un nuevo tipo de organización rural más democrática y eficaz: por un lado las coordinadoras misceláneas, que sustituyen paulatinamente a las tradicionales centrales verticalistas y respetando la autonomía local operan como redes de organizaciones regionales multiactivas, y por otro los acuerpamientos regionales por cadena productiva o por esfera de actividad, que tienden a conformarse como convergencias sectoriales nacionales (cafetaleros, cerealeros, cañeros, silvicultores, etcétera).

Y en todos los casos la articulación se da principalmente en torno a los procesos económicos.

14 de noviembre de 2009 No se trata, sin embargo, de una recaída en la lógica estrechamente gerencial. La gestión económica sigue siendo fundamental, pero junto a ella cobra fuerza la incidencia política, entendida como el esfuerzo por cambiar el rumbo de instituciones, estrategias y programas públicos, pues ahora se entiende que sin políticas de Estado favorables, la economía campesina está condenada a desaparecer. Así, la relación con el gobierno ya no se queda en negociar recursos y se extiende a la deliberación en torno a programas, políticas, instituciones, leyes y en última instancia paradigmas de desarrollo, de modo que, además de concertar con el Poder Ejecutivo, las organizaciones campesinas interactúan cada vez más con el Legislativo.

La nueva estrategia, la nueva organicidad y el nuevo movimiento entran en reflujo después de las movilizaciones de 1995, con las que nada significativo se logró, y no será sino en 2003 en que un nuevo ascenso del activismo rural ponga a prueba la capacidad de convocatoria de la nueva plataforma y la eficacia del nuevo liderazgo. Pero antes, una vertiente del movimiento cobrará fuerza, cuando el deterioro de las comunidades indígenas toque fondo al tiempo que las acciones en torno a los 500 años, primero, y el alzamiento indígena de Las Cañadas, después, despierten a un olvidado protagonista rural.

Autonomías de los pueblos originarios.

Secuestradas durante décadas por el paternalismo indigenista, las reivindicaciones étnicas reaparecen primero como vertiente marginal del neozapatismo agrarista de los 70s, fortalecen su presencia simbólica en la segunda mitad do los 80s al calor de los debates en torno a los “500 años de resistencia” y adquieren dramática contundencia política a partir de 1994, conforme el neozapatismo armado va transitando de la guerra a la paz y del revolucionarismo clasista tradicional a un inédito neoindianismo autonomista.

11 a reconocerlas ocasiona un entendible distanciamiento entre el movimiento étnico y el Estado.

Así los pueblos originarios, o cuando menos el sector de los mismos que está organizado y se mueve en la órbita del neozapatismo chiapaneco, se niegan a jugar el juego de las políticas públicas. Lo que, de paso, hace que la separación que ya existía entre el movimiento campesino y el movimiento indígena, se trasforme progresivamente en antagonismo.

Entre las viejas centrales corporativas y el sector históricamente opositor hay diferencias programáticas, por ejemplo en torno al empleo de las semillas transgénicas

pesino que había comenzado a configurarse a principios de los 90s del siglo pasado y que en 2002 estalla con la significativa consigna: “¡El campo no aguanta más!”.

en la reanimación y vigorización de la economía campesina y en el reconocimiento y retribución de sus aportes económicos, sociales, ambientales y culturales, puede verse como triunfo de una movilización que supo ganarse al grueso de la opinión pública. Lamentablemente el gobierno federal no honró su firma.

Conscientes muchas organizaciones campesinas de que la negociación bilateral de migajas presupuestales había conducido a una progresiva degradación del tejido económico y social rural que se expresaba en la deserción de sus propias bases, la iniciativa de una corriente minoritaria convoca en unas cuantas semanas a la casi totalidad del movimiento campesino organizado con representación nacional, lo que incluye a las agrupaciones de vocación democrática, pero también a las caudillistas, las clientelares, e incluso algunas “ex oficialistas” que con la alternancia de partidos en el gobierno federal debutan en la oposición.

De esta manera, los autogobiernos indígenas de facto, hostiles tanto al Estado como al mercado; se contraponen con las organizaciones gremiales campesinas que negocian con el Estado y buscan mejorar su inserción en el mercado. La confrontación es en gran medida artificial, pues entre las organizaciones campesinas hay muchas que son de base indígena y la mayoría de los pueblos originarios en resistencia realmente existentes no rechaza los programas de gobierno ni le da la espalda al mercado. Sin embargo, se ha ido profundizando en la medida en que unos y otros se vinculan a diferentes corrientes políticas y con ello a diferentes estrategias libertarias.

El movimiento de 2002 es inédito, no sólo por incluyente sino también por el carácter integral y estratégico de sus reivindicaciones, que pueden verse como el esbozo de un programa de clase por cuanto recogen y articulan la diversidad geográfica, sectorial, social, política y cultural de los trabajadores del campo, de modo que una entidad colectiva variopinta y abigarrada como los campesinos pueda reconocerse en un proyecto unitario.

Sin exagerar la coherencia y calidad de dicha plataforma, el hecho es que nunca en su historia posrevolucionaria los campesinos habían esbozado, enarbolado y defendido un proyecto alternativo tan visionario, no sólo para el campo también para el país, quizá porque nunca antes en el siglo pasado los campesinos mexicanos habían estado, como están ahora, al borde de la extinción.

Hacia la constitución del campesinado como clase. En el cambio de milenio, el reflujo del movimiento indígena coincide con la reanimación del nuevo movimiento cam-

Futilidad de pactar cambios de fondo. El Acuerdo Nacional para el Campo firmado en 2003, cuyo núcleo es la recuperación de la soberanía y la seguridad alimentarias sustentadas

Del incumplimiento sistemático del Acuerdo se desprenden enseñanzas: si la unidad del movimiento no trasciende el momento de la concertación y el inevitable reflujo deviene fractura y tránsito desordenado de la negociación multilateral al regateo bilateral, es seguro que el gobierno no asumirá lo pactado. Pero la lección mayor es que siendo factible que la coyuntura y la correlación circunstancial de fuerzas hagan que un gobierno de convicciones neoliberales estampe su firma en un acuerdo progresista, es imposible que cumpla lo convenido, que no sólo es contrario a sus convicciones, también a sus compromisos públicos y privados con los poderes fácticos.

Nueva fractura del movimiento. La amplia beligerante y propositiva convergencia que entre 2002 y 2003 mostró al campesinado mexicano como una clase variopinta y abigarrada pero potencialmente unitaria duró poco. Se desgajaron primero las históricas corporaciones clientelares, menos interesadas en la real unidad del movimiento que en obtener de la nueva administración el derecho de picaporte y los privilegios presupuestales perdidos con la alternancia partidista en el gobierno federal; pero se fracturó también el núcleo duro que había iniciado y conducido la lucha.

Entre las viejas centrales corporativas y el sector históricamente opositor hay diferencias programáticas, por ejemplo en torno al empleo de las semillas transgénicas, sin embargo no fueron éstas las que provocaron el distanciamiento, en cuanto a la corriente tradicionalmente contestataria la coincidencia programática es casi total y sin embargo se fracturó, lo que sugiere fuertemente que la diáspora es generada por discrepancias y tensiones que tienen que ver con la relación entre las organizaciones sociales y el Estado.

Un ámbito insoslayable y opaco donde por lo general la práctica diverge del discurso y las posturas van del clientelismo más pragmático a los esfuerzos por ejercer el derecho a los programas públicos sin doblar la cerviz. La llegada al poder de una derecha que por décadas se dijo democrática, no cambió el modelo de desarrollo y pronto se vio que tampoco habían cambiado las prácticas clientelares, pues además de crear nuevos y disciplinados agrupamientos rurales corporativos, la administración debutante restableció la política de “cuotas” presupuestales con el resto del movimiento, tanto el “oficialista” heredado del viejo régimen como el de trayectoria más o menos opositora.

Con el nuevo indianismo el concepto de autonomía da otra vuelta de tuerca, pues en la perspectiva de los pueblos originarios ya no se trata sólo de la vieja independencia política de los 50s, 60s y 70s o de la más reciente autogestión económico-social de los 80s y 90s, se trata también y ante todo, de autogobierno. Y los derechos autonómicos indígenas tienen una profundidad mayor a la que presentan en otros colectivos, pues en el caso de los pueblos originarios, cuya existencia es anterior al Estado nacional, se trata de que las autonomías sean reconocidas, no creadas ni mucho menos concedidas.

En principio se trata de dos modos complementarios de reclamar y ejercer derechos políticos, pues las acciones orientadas a procurar un desarrollo incluyente y justiciero son complemento indispensable del autogobierno democrático en escala local y regional. Sin embargo, el hecho es que las autonomías políticas se presentan como reivindicación exclusivamente indígena, al tiempo que la resistencia del gobierno

IMAGEN: Alberto Gironella / Homenaje a Zapata

Indígenas versus campesinos ¿una divergencia artificial? Si el nuevo movimiento campesino nacido en los 90s del pasado siglo se politiza buscando incidir en las políticas públicas, pues en ello le va la existencia, el inédito movimiento rural indianista que se desarrolla con fuerza a mediados de esa década también se politiza en tanto que reclama el derecho de las comunidades y las etnias originarias a autogobernarse.

Los paradigmas son mudables y del fundamentalismo mercadócrata preconizado por el Consenso de Washington en los 90s del siglo XX estamos pasando a un replanteamiento de las responsabilidades públicas derivado de la Gran Crisis, que puso herejías en boca del propio Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, quien proclamo cual aferrado altermundista que “el mercado no sana al mercado”.

Sin embargo en México la viciosa relación Estado-sociedad, cuya matriz está en la revolución de 1910 y su curso durante los años 20s, no ha cambiado sustancialmente, y en el ámbito rural sigue siendo uno de los retos mayores del movimiento campesino.

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DE INDÍGENAS MIGRANTES Gaspar Rivera-Salgado

Coordinador general binacional del FIOB grsalgado@irle.ucla.edu

El futuro de los pueblos indígenas se presenta lleno de esperanza, pero también de retos que tenemos que enfrentar con fortaleza y creatividad. La esperanza de que los pueblos indígenas podamos convivir en paz y con justicia y dignidad; disfrutar de los mismos derechos políticos, culturales y económicos que nuestros connacionales y al mismo tiempo mantener nuestra lengua, expresiones culturales y formas de gobierno autónomas, parece ya estar tomando forma en varios países latinoamericanos. Reflexionemos pues sobre los retos de la realidad cambiante a que nos enfrentamos en nuestra lucha por la autodeterminación y autogestión.

Los retos de la economía. Para las comunidades indígenas rurales en México, la completa ausencia de políticas públicas económicas y sociales que ayuden a expandir las capacidades reales de los pobres para que vivan dignamente y realicen su potencial es el mayor reto. De qué sirve a México que nuestros gobernantes sean los alumnos más aplicados en el ejercicio de una política macroeconómica neoliberal que produce los números correctos, cuando esto significa para el pueblo de México mayor hambre y miseria.

Lo que proponemos es que la sociedad civil, las bases, deben de tener la capacidad de guiar a lo líderes. También hacer que la política económica y el plan de desarrollo funcionen para la gente y no que la gente se ajuste al plan económico como pretenden los gobernantes. Esto sólo se logra si concebimos el desarrollo, como dice Amartya Sen, como la expansión de las libertades reales y la capacidad de las personas de realizar su potencial completo en la sociedad que les tocó vivir. Pero realizar este potencial requiere que la gente se organice y guiar desde abajo al lugar adonde queremos llegar. Éste es reto del FIOB y del resto de la sociedad civil, de las organizaciones políticas, sindicales, campesinas e indígenas.

Los retos de la gobernabilidad. Los retos de la lucha de los pueblos indígenas, en la que se incrusta la lucha del FIOB junto con los campesinos y los otros marginados rurales, son grandes.

Destaca enfrentar el “relanzado” Plan Puebla Panamá, ahora llamado para colmo de los indígenas “Proyecto Mesoamérica”, el cual ejerce ya efectos muy negativos en las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas en los tres países que lideran este plan neoliberal: Colombia, Panamá y México. Igual que en Panamá y Colombia se ha declarado una guerra contra los pueblos indígenas, en México sufrimos ataques no sólo desde el ámbito federal, sino desde el estatal y local. Son testigos los nahuas de Zongolica y la Huasteca; los pueblos zapotecos de la sierra y de la Mixteca oaxaqueña; los mixtecos, nahuas y amuzgos de Guerrero, y los ñahñú del municipio de Zimapán, en Hidalgo. Muchas de estas guerras no declaradas cuestan vidas, desalojos, violaciones, cárcel, y heridos graves. Y continúa esa otra guerra de baja intensidad, ignorada, latente y trágica en Chiapas, que se viene peleando desde enero del 1994.

Por eso coincidimos plenamente desde el FIOB con las recientes declaraciones del Congreso Nacional Indígena (CNI) que señalan que “ante la firme voluntad del Estado mexicano por no reconocer los derechos fundamentales de nuestros pueblos, éstos han decidido ya no solicitar el reconocimiento legal de sus derechos y sí ejercer tales derechos y la autonomía en los hechos. La unidad de los pueblos indígenas del país y el fortalecimiento inmediato del CNI son dos tareas urgentes para afrontar la realidad cotidiana de nuestros pueblos”.

El reto de la migración. Las organizaciones de migrantes como el FIOB vemos el éxodo como resultado de procesos económicos incapaces de brindar oportunidades a la gente para sobrevivir en sus comunidades natales. Pero irse al norte es un arma de doble filo, porque le apuesta uno todo al viaje y a la conquista del sueño americano, y nadie puede garantizar que la migración sea el camino a una vida mejor. Un ejemplo ilustrativo de la condición de marginalidad que sufren los indígenas migrantes es el de la hermana Cirila Baltazar Cruz. Ella dio a luz a su hija en la ciudad de Pascagoula, Mississippi, en noviembre del 2008. Cirila es una chatina oaxaqueña quien al no poderse comunicar con el personal del hospital por medio de la traductora puertorriqueña fue acusada de poner en peligro la vida de su

FOTO: David Bacon

FIOB LUCHA POR DERECHOS

VI congreso binacional del FIOB en Juxtlahuaca Oaxaca en 2008

hija, principalmente por no hablar inglés. Una vez que el fiscal local tomó el caso, agregó los delitos de ser pobre e indocumentada. El juez estuvo de acuerdo con estos cargos y decidió quitarle a su hija a Cirila y ponerla al cuidado de una pareja blanca, con la posibilidad de que la corte resuelva la adopción permanente.

El caso tiene implicaciones profundas no sólo para la comunidad indígena mexicana en Estados Unidos sino para los migrantes en general. Si a Cirila se le despojó de su hija por no saber inglés, ser pobre e indocumentada, prácticamente nos roban a todos los migrantes nuestra humanidad y dignidad y nos dejan sin ningún derecho básico. Ya no sólo se nos condena por lo que hacemos sino por lo que somos. El FIOB, como otras organizaciones de defensa de los migrantes, entendemos que este caso debe inducirnos a luchar no sólo por una reforma migratoria humana que otorgue derechos plenos a todos los indocumentados, sino también debemos insistir en esa ancestral demanda de los pueblos indígenas, a ser reconocidos como iguales ante la ley y a mantener nuestras lenguas y costumbres. Sólo así evitaremos nuevas situaciones como la de Cirila Cruz.

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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA CAMPESINA: UNA VÍA

L

a organización autogestiva y especializada de las y los campesinos y pobladores rurales en el terreno de la producción de bienes y servicios constituye una de las vías centrales para la defensa y valorización de la agricultura campesina y de sus recursos territoriales.

Con el reparto agrario y la restitución de los bienes comunales inició en el México contemporáneo la participación y organización de los campesinos en los procesos de producción de alimentos y materia primas agroindustriales en el ejido y la comunidad.

La participación del Estado en el fomento de la economía agrícola campesina favoreció su crecimiento y desarrollo al tiempo que la restringió al ámbito de la producción de materias primas a escala local. Todo lo demás corría por cuenta del Estado. Prácticamente, los ejidos y comunidades devinieron en unidades paraestatales de producción agrícola para impulsar la urbanización y el desarrollo industrial del país.

Además, con la intervención gubernamental para el control político de los campesinos y pobladores rurales, la naciente organización económica campesina se transformó en la célula de una extensa red de organización y control político al servicio del régimen autoritario de partido único. De esta forma, de 1940 a 1980, se desarrolló la vasta y compleja cultura del paternalismo, clientelismo, peticionismo y de subordinación en las relaciones Estado-campesinos que pervive hasta la fecha. Los campesinos se convirtieron en “hijos predilectos del régi-

men” y se frenó la vía de la organización económica campesina autónoma y autogestiva, A principios de los 80s, bajo los auspicios del grupo político salinista, la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) reivindicó “la apropiación del proceso productivo” como vía para un nueva organización campesina que dejara atrás las luchas agrarias y las formas tradicionales de organización para la gestión y la petición representadas por el modelo de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Sin embargo, esta propuesta no prosperó por su subordinación a la estrategia política de un grupo de poder –el salinismo– y porque justamente dicho grupo estaba comprometido con un modelo económico que implicaba una estrategia de guerra contra la agricultura campesina y la soberanía alimentaria, como lo demostraron la contrarreforma al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la privatización del sector agroalimentario.

A partir de los 90s, y como respuesta a los procesos autoritarios y radicales de desregulación, apertura y privatización del sector agroalimentario, se desarrollan importantes procesos de organización económica campesina autónoma y autogestiva como una vía de defensa y valorización de la economía campesina.

La organización económica campesina (OEC) tiene como misión principal la producción autogestiva y la apropiación social del plusvalor en el marco de una estrategia amplia de revalorización de la agricultura

UNORCA

UN MODELO DIFERENTE Olegario Carrillo

FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

Víctor Suárez Carrera

campesina, la defensa de la soberanía alimentaria y del cambio de modelo económico y político en el país y a escala global.

LA OEC es una forma especializada y compleja de organización para propiciar la participación en los procesos económicos y en el control de los excedentes económicos (el plusvalor, la plusvalía) por y para los campesinos, pequeños y medianos productores, ejidatarios, comuneros, mujeres y jóvenes rurales, avecindados y demás sujetos agrarios sometidos a procesos de explotación económica, subordinación política y exclusión social.

El espacio principal de las OEC está constituido por la participación organizada y autogestiva en las cadenas de valor vinculada a la agricultura (genéricamente entendida: producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, agrosilvopastoril) así como en la valorización económica sustentable de los recursos territoriales: agua, recursos minerales, recursos forestales, biodiversidad,

bellezas escénicas; sitios arqueológicos, históricos y ceremoniales; etcétera.

La OEC supone una nueva forma de organización económica diferenciada a la vez de la empresa privada y de la empresa pública. Se trata de la empresa campesina, empresa comunitaria, empresa social, entre cuyas características se encuentran las siguientes: propiedad colectiva, un socio un voto, autogestión, capitalización de los participantes, servicios al costo, control colectivo, información y educación. Asume diversas figuras jurídicas y generalmente se articula a redes regionales, estatales y nacionales así como a un sistema de iniciativas económicas conformando verdaderos corporativos campesinos.

La administración especializada así como los mecanismos de gobernabilidad campesina y de transparencia y rendición de cuentas son factores clave para la sostenibilidad y apego a su misión de las OEC. Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC)

La autogestión nos permite desarrollar la capacidad de proponer y actuar como constructores de nuestro propio desarrollo, sin paternalismos. Practicamos la solidaridad y el apoyo mutuo, sustentados en acciones de cooperación e intercambio justo. Buscamos también la equidad, para equilibrar las oportunidades y eliminar las injusticias entre sectores y géneros.

Coordinador ejecutivo nacional de la Unorca

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) fue creada bajo un modelo diferente de estructura al servicio de hombres y mujeres del campo. Cuando nació, en 1985, las organizaciones del sector rural dependían del partido del gobierno, con algunas excepciones. Se trataba en general de entidades corporativas cuyas dirigencias eran y siguen siendo decididas desde fuera.

Una de las aportaciones más significativas de la UNORCA fue precisamente su autonomía. Otra contribución fue su funcionamiento y composición como una red de organizaciones regionales. Ello implicó la coordinación nacional entre organismos locales con vida propia, y no el sometimiento hacia una instancia central o a la sombra de un liderazgo unipersonal. Con esta forma de trabajo se comenzaron a perfilar los principios que han quedado plasmados en nuestros estatutos y hoy son parte esencial de nuestra vida cotidiana organizativa: La autonomía, base fundamental para tomar nuestras propias decisiones, sin injerencia del gobierno, de partidos políticos o cualesquier entidad ajena. Hay también niveles de autonomía entre las mismas organizaciones regionales integrantes.

El respeto a la pluralidad es el reconocimiento de la diversidad de cada organización local y regional, por medio de la convivencia y la tolerancia ante las preferencias de sus miembros.

La representación y dirigencia en todos sus niveles es producto de procesos democráticos de base, realizados periódicamente, y ello constituye una de las principales fortalezas de la organización. Otra de las características sobresalientes de la UNORCA, distinta de las organizaciones tradicionales que sólo son contestatarias, es su permanente elaboración de propuestas de políticas públicas, la participación en movimientos masivos por un nuevo modelo de desarrollo para el campo y nuestras propuestas alternativas de presupuesto rural, como elementos de una estrategia coherente.

Ante el embate de las políticas neoliberales al servicio de intereses trasnacionales, la organización tuvo que dedicar buena parte de su actividad a la gestión para mejorar el nivel de vida de sus integrantes, abatido por la debacle del campo. Pero simultáneamente intensificó la lucha por sus demandas generales.

Impulsamos la agricultura campesina, la protección de la biodiversidad y el rechazo a los transgénicos, y reforzamos nuestro aporte a la defensa de la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas.

Entre tanto, el gobierno ha acentuado su sello empresarial, ha avanzado en su cruzada para privatizar el campo y sus apoyos se enfocan primordialmente a los actores socioeconómicos afines a sus políticas para el sector. Creemos que el tiempo para que las soluciones sociales arriben al campo mexicano está llegando a su fin. Acaso nos queda sólo la última oportunidad.

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

HÉCTOR FERNANDO ZAMUDIO FUENTES Ingeniero Agrónomo ejemplar; transformador de la educación agrícola superior; educador de economistas agrícolas críticos; organizador de las luchas campesinas, indígenas y sindicales, y promotor de la unión del pueblo en pos de sus derechos y su emancipación.

Asimismo, expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y de trabajo.

México, D.F., octubre de 2009

14 noviembre de 2009

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LAS ORGANIZACIONES DE LOS CAFETALEROS

va de los productores. Se vuelven mayoritarias las estrategias familiares de diversificación de ingresos y las organizaciones entablan una relación utilitarista con el gobierno para tratar de recibir mayores subsidios.

Fernando Celis Callejas

L

a mayor expansión de la cafeticultura mexicana se da a partir de 1954, año en que una fuerte helada en Brasil – el principal país productor de café– aumenta sustancialmente los precios. Ello genera un gran entusiasmo; decenas de miles se incorporan a esta actividad. En 20 años la producción pasa de 1.3 millones de sacos a 4.2 millones de sacos (de 60 kilos de café oro cada uno), o sea poco más de diez por ciento anual, y el número de productores rebasa los 150 mil.

En este periodo la comercialización del café es dominada por un pequeño grupo de compradores, entre los que destaca el llamado grupo Xalapa. Intermediarios y caciques ligados a los grandes compradores y a los gobiernos priístas controlan buena parte de la representación de los productores; estos últimos no reciben más de 60 por ciento de los precios que se fijan en la bolsa del café de Nueva York.

A principios de los 70s bajan los precios, pero en 1975 otra helada en Brasil los eleva nuevamente y además el esquema de regulación de la Organización Internacional del Café (OIC) establecía un piso de 120 dólares por 100 libras, con lo cual se tienen varios años de buenos precios. La producción para el ciclo 1986-87 llega a 5.6 millones de sacos y a fines de la década los productores son ya 282 mil.

La injerencia del gobierno. Desde mediados de los 70s, se da una mayor intervención gubernamental por medio del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que establece un precio de garantía, otorga asistencia técnica, créditos a cuenta de cosecha y fertilizante y promueve la organización de los productores. Los precios mejoran a un 70 por ciento de la bolsa en el caso del cereza y un promedio de 80 en el pergamino. Se pagan en todo el país y los más beneficiados son los productores de las regiones más aisladas.

El Inmecafé “organiza” a casi 70 por ciento de los productores en unidades económicas para la producción de café (UEPCs), pequeños grupos sin registro legal que se convirtieron en meros abastecedores del instituto. Este organismo no impulsó, como señalaban sus objetivos, el que los productores aprendieran a manejar la comercialización directa de su grano. En esta década, desde el gobierno federal se impulsa que grupos de productores formen figuras asociativas como uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo (ARICs), cooperativas, etcétera, y que manejen financiamiento y comercialización. En el sector cafetalero un buen número de estas figuras, ligadas a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y al PRI, se articulan en una Federación de Productores de Café que reciben recursos del Banrural y cuotas de exportación del Inmecafé sin pasar por recuentos. La mayoría de estos grupos no cubren los créditos al Banrural y se les condonan recurrentemente sus deudas y se da un manejo corrupto de las cuotas de exportación.

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Con un creciente deterioro de la economía nacional y del sistema político, se han debilitado las organizaciones nacionales de caficultores

Las recurrentes crisis de bajos precios del café y crisis económicas nacionales llevan a que buena parte de los grupos que comercializan en los mercados convencionales dejen de hacerlo; sólo quedan como exportadores principalmente los grupos que venden café orgánico en el llamado Comercio Justo.

La mayor intervención estatal se da en un periodo de altos precios del café y de una fuerte inversión pública en la cafeticultura, que no se traduce en un organismo público más eficiente y que termina siendo un instrumento de control económico y político de los productores. En este periodo, la representación de los productores es más corporativa, y se da por medio de grupos ligados a los gobiernos priístas; la CNC representa al sector social y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) al privado.

Con las crisis de bajos precios de 1987 y 1989, y la desaparición de la regulación internacional y del Inmecafé, se desmantela buena parte de la intervención estatal. A partir de julio de 1989, ya con un mercado liberalizado, se da una fuerte reacomodo en el sector.

El papel de las corporaciones. La comercialización del café en buena parte pasa a ser manejada por empresas trasnacionales como Agroindustrias de México (AMSA), la Nestlé y otras. En la representación de los productores se debilita el esquema tradicional de la CNC, por la quiebra de sus organizaciones económicas y ante la nueva política de Salinas de Gortari llamada Nuevo Movimiento Campesino, que impone una nueva dirigencia en la CNC y en su organismo cafetalero que los divide.

Por otra parte, un buen número de organizaciones cafetaleras regionales más independientes políticamente y que se crean a fines de los 70s y en los 80s, para manejar directamente la comercialización, otros grupos independientes que surgieron con la demanda de que el Inmecafé mejorara los precios y grupos cafetaleros ligados a organizaciones nacionales como la CIOAC, UNORCA y UGOCEP, forman en 1989 la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), organización independiente desligada de los partidos políticos y del gobierno.

Ante la baja de precios del café de 1990 a 1994, el gobierno federal impulsa políticas compensatorias y se promueve un nuevo esquema de organización de los productores vía comités de solidaridad que administran pequeños préstamos y que tienen el objetivo de reconstruir una nueva base social y política para el gobierno de Salinas de Gortari, lo cual no dura más allá del sexenio.

De 1990 a 1994 se da un fuerte debate entre los productores sobre la representatividad de cada organización. Para resolver esto se pacta levantar un padrón de afiliados de cada agru-

pación, con una cédula única y con la firma del productor y la certificación de la autoridad municipal local. Alrededor de 70 por ciento de los productores que se registran se declaran afiliados a una organización nacional.

Membresía transparente. A la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC) de la CNC se le reconocen 86 mil afiliados; a la CNOC, 71 mil, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),14 mil; a otros grupos calificados también como independientes, cerca de diez mil; a la Confederación Mexicana de Productores, de Café (CMPC), que agrupa principalmente a medianos y grandes productores, cuatro mil 800 afiliados, y a la UNPC de la CNPR, dos mil 400.

Es claro que se ha estructurado un nuevo grupo de poder que articula a grandes trasnacionales dominantes de la industrialización y comercialización del café, a funcionarios públicos y a la dirigencia actual de la UNPC-CNC Este padrón nacional evidencia que los grupos más independientes como la CNOC, otros grupos y la CMPC tenían mayor representatividad que los grupos tradicionales.

Desde mediados de los 90s, los grupos nacionales gremiales de productores de café se coordinan para presentar y negociar sus propuestas al gobierno federal en turno. Primero por medio del llamado Grupo Operativo Nacional (1992), luego un Foro de las Organizaciones Nacionales de Productores de Café (1997) y después un Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (2004).

En el sector se da una representación nacional plural de los productores sustentada exclusivamente en organizaciones gremiales cafetaleras. Este grupo tiene un cierto éxito, al negociar conjuntamente en la Cámara de Diputados un presupuesto etiquetado para la rama café y un monto máximo de importaciones de café verde; además, a partir de la crisis de bajos precios que inicia en 2000, un Fondo de Estabilización de Precios (2001) y un Programa de Fomento Productivo (2003).

Organización debilitada. La nueva crisis de bajos precios del 2000 al 2004, es brutal y profundiza una mayor dispersión organizati-

Actualmente, con un creciente deterioro de la economía nacional y del sistema político, además de dispersión organizativa de los productores, se han debilitado las organizaciones nacionales, dificultando las acciones conjuntas. La profundización del comportamiento faccioso en la Cámara de Diputados ha impedido una negociación más adecuada del presupuesto público para la rama; la relación con el gobierno federal vía la Secretaría de Agricultura, ha sido muy controvertida por la federalización de recursos y la feudalización de las áreas de esta dependencia, así como por la mayor cercanía de los funcionarios con las grandes empresas, las cuales, encabezadas por Nestlé y AMSA, juegan un papel protagónico en las decisiones de los organismos del sector y preservan así sus intereses.

Estrategias y manipulación. Estas compañías incluso promueven la formación de nuevos grupos de productores ligados a sus esquemas de comercialización y aparecen como gestores de recursos públicos. Además impulsan que sus compradores de café que son productores, aparezcan como representantes de los organismos estatales de café y poder influir así en los organismos nacionales. Al parecer no pasará mucho tiempo para que aparezca una nueva organización nacional de productores de café, ligada directamente a estas empresas. Un ejemplo de su poder que escala es que en la reciente elección de la directiva de la UNPC de la CNC; (dicho por integrantes de esta organización), la Nestlé y sus aliados negociaron con el gobernador de Veracruz, que esta Unión fuera encabezada por un productor y comprador de café ligado a la Nestlé.

Esta nueva situación ha fracturado al Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC) y ha debilitado sus planteamientos de reestructuración interna en beneficio de los productores. Es claro que se ha estructurado un nuevo grupo de poder que articula a grandes trasnacionales dominantes de la industrialización y comercialización del café en nuestro país, a funcionarios públicos y a la dirigencia actual de la UNPC-CNC, cuyo objetivo central (dicho explícitamente), es darle más autonomía al organismo público para el café, (que sea más funcional a los intereses de las grandes empresas), que éste contrate técnicos para hacer diagnósticos en las regiones y que a ellas se canalicen los recursos públicos para que cuenten con mejor infraestructura y después llevar a la Nestlé para que compre el café.

Se impulsa entonces con la complacencia del gobierno federal y algunos estatales nuevas formas de asociación de los productores subordinadas a las trasnacionales. Sin duda esto generará fuertes tensiones entre los productores, más si se presenta una nueva baja de los precios. Habrá que ver cómo reaccionan los productores de café y cual será el papel del gobierno federal en los próximos años.

Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

14 de noviembre de 2009

AMUCSS

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA CAMPESINOS Armando Velasco Responsable de Proyectos Especiales de AMUCSS

La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) comenzó a escribir su historia en 1986, cuando un grupo de organizaciones económicas campesinas decidió crear bancos campesinos como organismos autónomos para financiar las actividades productivas de sus socios. Así, se crearon uniones de crédito campesinas, fondos de autoaseguramiento, cooperativas y otras instituciones en la búsqueda de opciones para garantizar el acceso de los pequeños productores al crédito institucional.

Durante más de una década ese grupo pionero trabajó a contracorriente por un proyecto campesino, de autogestión y de organización especializada y profesional en finanzas rurales. Y en 1990 fundó a la AMUCSS, para luego constituirla legalmente en 1992.

En su primera etapa, la AMUCSS enfrentó una serie de problemas que quizás hubieran hecho desistir a otras agrupaciones sociales. Sin recursos económicos, con escaso personal, la incomprensión de las autoridades del sector, la desconfianza y animadversión de organizaciones campesinas

15 oficialistas y un marco jurídico inadecuado para el financiamiento a las familias y organizaciones de pequeños productores rurales, luchó por mantener a flote a sus uniones de crédito campesinas y a sí misma.

La crisis de 1994-95 le puso una de las peores pruebas a las que pueda enfrentarse un organismo social. La mayoría de las uniones de crédito campesinas tuvieron que cerrar operaciones a pesar de los enormes esfuerzos de la AMUCSS. Sin embargo, las enseñanzas que dejó la crisis fueron fundamentales en el posterior desarrollo de la asociación: no era el crédito agrícola especializado y excluyente el que resolvería los problemas de acceso a servicios financieros para los pobres del campo; había que buscar alternativas.

En 1997 se realizó el Primer Seminario-Taller Internacional de Microfinanzas Rurales organizado por la AMUCSS, que contó con la participación de representantes de Europa, África y América. Este encuentro marcó un hito fundamental en el desarrollo de la asociación, pues de allí surgieron líneas estratégicas de trabajo y proyectos que se han venido concretando como el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (Patmir), los microbancos rurales, las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la creación de la Federación de Organismos e Instituciones Financieras Rurales (Fedrural) y las empresas de integración financiera como Red Sol, Envíos Confianza, SMB Rural, INNOVA y Sierras Verdes, que hoy forman parte de las soluciones de la AMUCSS a las necesidades de los pequeños productores del campo.

Hoy la AMUCSS es reconocida nacional e internacionalmente en el campo de las microfinanzas rurales y –junto con otras organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo rural, agrupadas en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales (FOROLACFR) participa en todos los foros posibles en el país y el extranjero para impulsar políticas públicas en pro del desarrollo rural y el financiamiento de las actividades económicas de instituciones propiedad de los productores rurales.

Evento: Primer Foro Nacional de “Acuacultura Orgánica y Sustentable”.

Organiza: Michoacán Trabaja, Centro de Agronegocio de Michoacán, FIRA, Panorama Acuícola. Lugar: Ex Fábrica de San Pedro, Uruapan, Michoacán.

Fecha: 19 de noviembre de 2009. Informes: Ing. Bioq.

Vicente Tapia Verduzo (01-443-232-09-10) vicentetapia@ yahoo.com / Dr. Fluvio Gioanetto Cuel. rossocoyote@yahoo.com 01-443-314-69-65 / www.michoacan.gob.mx/agronegocios

Esto ha sido posible gracias al liderazgo proactivo e innovador de la dirección general y el consejo directivo, así como el apego a una estrategia de largo plazo que privilegia las alianzas estratégicas con organizaciones sociales, fundaciones nacionales e internacionales e instituciones multilaterales y la búsqueda constante de soluciones a los problemas de financiamiento de los pequeños productores campesinos.

Evento: Foro Estrategias de la Sociedad Civil para el ejercicio al Derecho a la Alimentación.

Organiza: Enlace, Pidassa, Convergencia, Terre des Hommes France. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Fechas: 25 y 26 de noviembre de 2009. Informes: coordcomitan@enlacecc. org / 01-963-63-20-316.

Los recursos humanos han sido otra de sus grandes fortalezas. Son personas capaces, comprometidas, de formación multidisciplinaria, autocríticas y abiertas al cambio.

Comparten misión, visión y valores de la organización, y conocen y saben relacionarse con campesinos de diversas culturas.

La escasez y, sobre todo, la falta de continuidad en el financiamiento y la carencia de una metodología adecuada en la etapa de crecimiento, han sido sus principales limitantes.

Evento: Hacia una mejor nutrición.

Soluciones a través de la innovación.

Organiza: Ashoka / Gain. Fecha: Hasta el 25 de noviembre de 2009. Informes: www. changemakers.com

El Barzón

FOTO: Cristina Rodríguez / La Jornada

Y SIGUE LA YUNTA ANDANDO Uriel Asier Vargas Aunque es una fecha más bien simbólica, el 13 de octubre de 1994, nació el Barzón. Defender el patrimonio de las familias y rescatar las unidades de producción amenazadas por los banqueros fue la primera tarea que emprendieron miles de campesinos, acción que rápidamente se reprodujo también en las ciudades. “Debo no niego, pago lo justo” era la consigna.

Poco a poco, con la movilización de la gente, la presión sobre los bancos y con mucha imaginación, se fueron liquidando las deudas. La nueva tarea consistía en reactivar la actividad productiva que la usura de la banca y las pésimas políticas del gobierno habían dejado al borde de la desaparición. Aprender nuevas cosas, aplicar nuevas tecnologías, participar del desarrollo económico y social del país son también líneas de trabajo que nuestra organización adoptó. “Ayer defendimos nuestro patrimonio, hoy luchamos por la reactivación económica del campo mexicano”, fue el nuevo lema de los barzonistas.

En El Barzón han participado miles de personas, de diferente manera y por los más variados motivos; gente de todo tipo y todos los estratos sociales: campesinos, amas de casa, profesionistas, jóvenes, representantes de múltiples pueblos indígenas, y de todos los estados de la República. Tan amplio ha sido el movimiento que hasta un Barzón latinoamericano se constituyó a finales de la década de los 90s.

Los barzonistas han sido activamente partícipes de la vida nacional, generadores de propuestas, críticos de las políticas demagógicas del gobierno, combatientes de los abusos de los poderes económicos y luchadores de primera fila al momento de salir a las calles.

Hemos sido incómodos y hasta indeseables para quienes, por medio de la injusticia, se hacen ricos a costa de los mexicanos. Desde que se firmó y hasta la fecha, hemos sido opositores al exterminio del campo mexicano por la vía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); desenmascaramos la colusión entre jueces, actuarios y bancos en los juicios contra los deudores; en el año de 1998 hicimos

público el gran robo de los banqueros y el apapacho de parte del gobierno por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y refrendamos nuestra crítica recientemente ante el rescate del gobierno calderonista a grandes empresas e intermediarios financieros, que de nuevo, se hizo a costa de los contribuyentes.

A finales de 1999 realizamos la Cabalgata por la Dignificación del Campo Mexicano que salió del puente internacional Córdova de Ciudad Juárez para llegar al Zócalo de la ciudad de México y que duró 55 días. Formamos parte del movimiento nacional campesino que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en 2003. En enero de 2008 una nueva caravana de tractores barzonistas, participantes también de la Campaña Sin Maíz No Hay País inició su recorrido rumbo al Zócalo de la capital para participar el 31 de enero del mismo año en la “marcha de la tortilla”.

Hemos sido constantes en la generación de propuestas para el rescate de la soberanía alimentaria, entre ellas la creación de la reserva estratégica de alimentos, la cual ha tenido eco en otras organizaciones, participamos en la lucha contra los transgénicos y en la demanda de mayor apoyo para la investigación en ese tema.

Seguimos apoyando a los deudores en su lucha contra los bancos, impulsando la actividad productiva en el campo, siendo críticos del gobierno. Sí, este año se cumplieron 15 primaveras, no ha reventado el Barzón y sigue la yunta andando…

Libro: El Papel del Sur. Plantaciones forestales en la estrategia papelera internacional.

Editor: Zed Books. CoEditores: RMALC / Instituto del Tercer Mundo.

Autores: Ricardo Carrere y Larry Lohmann. Informes: rmalc@ laneta.apc.org / rcamere@chasque.apc.org Libro: Veredas: Revista del Pensamiento Sociológico.

El mundo rural, políticas públicas y nuevos sujetos sociales. Año 10, número 18. Primer Trimestre de 2009. X Aniversario.

Autores: Varios. Editor: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco (División de Ciencias Sociales y Humanidades / Departamento de Relaciones Sociales. Informes: pubcsh@correo.xoc.uam.mx / http:// dcshpublicaciones.xoc.uam.mx/ tabla_contenido_fasciculo.php?id_ fasciculo=396&id_revista=12 Libro: Agricultura Sostenible CampesinoIndígena, Soberanía Alimentaria y Equidad de Género. Seis experiencias de organizaciones indígenas y campesinas en México. Autores: Eckart Boege / Tzinnia Carranza. Editores: PIDAASSA, Brot für die Welt, Xilotl. Informes: www.pidaassa.org

14 noviembre de 2009

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ANEC

FOTO: Luis Humberto González / La Jornada

EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA CAMPESINA Olivia Acuña Rodarte Profesora-investigadora de la UAM Xochimilco

Dicen que las crisis son oportunidad de cambio, de renovación. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) surgió en 1995, en una coyuntura de crisis económica y de transformación radical de las políticas rurales, hechos que colocaron a miles de campesinos en el dilema: renovarse o desaparecer.

Influir en la decisión, operación y evaluación de las políticas públicas ha sido sin duda una de las mayores aportaciones de la ANEC a la lucha campesina. En los años recientes la asociación ha tenido un papel central en la redefinición de políticas y particularmente en las discusiones sobre la asignación anual del presupuesto al campo y la transparencia de los recursos públicos, pero, al igual que otras agrupaciones, ha debido lidiar con el subejercicio fiscal, la concentración, la dispersión, la discrecionalidad y el manejo partidista de los recursos.

Un reto de la ANEC es desafiar la dinámica paternalista de la gestión de recursos como mecanismo de adhesión y de conservación de la base social que caracteriza a muchas organizaciones. Por ello su opción es el fortalecimiento organizativo por medio del desarrollo de capacidades locales, la gobernabilidad campesina, la rendición de cuentas, la planeación estratégica y las auditorías sociales.

Ese momento fue el punto de arranque y el elemento que comenzó a darle identidad a la ANEC como un nuevo actor no sólo en el mercado agroalimentario, sino en la vida social y política. Los socios de la ANEC decidieron impulsar un nuevo modelo de organización económica campesina que diera paso a un sistema de producción y comercialización agroalimentaria que equilibrara, entre otros aspectos, los objetivos sociales con proyectos viables en términos de rentabilidad.

Hoy la ANEC representa la mayor red de organizaciones productoras de granos básicos del país. Pero optar por el camino de la defensa de la agricultura campesina en un contexto adverso no ha sido fácil.

Hay fuertes desafíos. Si bien han logrado ser eficientes, las empresas sociales que integran la ANEC se enfrentan a los riesgos del economicismo, del productivismo, de la utilidad y la ganancia para sí, y es que en la apuesta por buscar “acomodo” y resistencia en un contexto neoliberal, se corre el riesgo de construir aparatos económicos cada vez más alejados de los productores y por tanto de los beneficios sociales. Bajo estas contradicciones, desarrollar otras formas de “hacer mercado” ha obligado a la ANEC a revisar y cuestionar en los años recientes su modelo económico, particularmente sus instrumentos comerciales y financieros, pues la búsqueda desenfrenada de la rentabilidad puede resultar en la ruina de los propios productores.

En el terreno de la lucha económica, construir alternativas viables ha obligado a desplegar una constante y creativa renovación organizativa, empresarial y política. La batalla por desarrollar mercados agroalimentarios equitativos y justos por medio de la administración campesina de la oferta se vive cotidianamente. Enfrentar las estrategias de los intermediarios rebasa con mucho las capacidades de los campesinos organizados. Es una lucha sin cuartel, sin concesiones, pero hay que decir que las ventajas de las grandes empresas se han dado con la anuencia, cobijo y apoyo gubernamental, producto también de un sinnúmero de intereses políticos de funcionarios y empresarios.

La ANEC ha ido estableciendo una nueva relación con el gobierno. Las organizaciones del pasado se caracterizaron por la confrontación con el Estado o por su sometimiento; con una nueva forma de construir el desarrollo rural a partir de organizaciones sociales, relacionarse de otra manera resulta indispensable, pero también presenta el reto de romper las viejas prácticas clientelares que hoy día se dibujan como “azadón” del control panista en el campo, pues recursos públicos se utilizan para romper dinámicas organizativas, y es que recuperar la autoestima colectiva tras 70 años de manipulación y control no es fácil pero sí una de las apuestas de la ANEC.

Estas alianzas implican tolerancia, respeto mutuo, proyectos comunes, pero también el reconocimiento de las adversidades, de las debilidades y de los riesgos que implica tratar de establecer nuevos canales de diálogo con el Estado. El papel de la ANEC aquí trasciende al promover como método de trabajo la autocrítica, la discusión, el análisis y la retroalimentación.

De “El campo no aguanta más” a “Sin maíz no hay país”

presencia en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional.

Luchando desde hace años para que la agricultura sea un modo digno de vida para las familias del campo (..) para que nuestro país recupere su soberanía alimentaria, para que nuestros compatriotas de la ciudad dispongan de alimentos baratos y de buena calidad (…) por preservar y mejorar nuestros recursos naturales (…) luchando por los derechos y la cultura de los pueblos indios”.

México inició el 2007 con una crisis alimentaria, que hoy prevalece. Entonces faltaba tan sólo un año para la liberalización total del TLCAN, que desgravaría completamente el maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar, y un grupo de organizaciones campesinas y sociales decidieron lanzar la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y de la Reactivación del Campo Mexicano, con el lema Sin Maíz no Hay País y Sin Frijol Tampoco. ¡Pon a México en tu Boca!

RENOVANDO PARADIGMAS Enrique Pérez S. Coordinador de Prensa y Comunicación de la ANEC

T

ranscurridos los primeros dos años del gobierno de Vicente Fox, y ante la entrada del año diez del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 22 de noviembre de 2002 once organizaciones campesinas dieron a conocer un manifiesto a la nación denominado Seis Propuestas para la Salvación y Revaloración del Campo Mexicano, bajo el lema de ¡El campo no aguanta más!

El MECNAM enarboló las siguientes demandas: moratoria al apartado agropecuario del TLCAN; programa emergente 2003 y de largo plazo 2020; una verdadera reforma financiera rural; asignación de 1.5 por ciento del PIB para el desarrollo productivo y un porcentaje igual para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003; inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos, y el reconocimiento a los derechos y la cultura de los pueblos indios.

Esas organizaciones signantes fueron la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc), la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) y el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM).

El ANC. Después de cinco meses de debate nacional y movilizaciones campesinas a favor de una nueva política agropecuaria y un nuevo trato entre el Estado y la sociedad rural, el 28 de abril de 2003 se firmó un Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) entre el Ejecutivo federal y la mayoría de las organizaciones involucradas en el proceso de diálogo y negociación, contando con la adhesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y de las cámaras de Diputados y de Senadores. El ANC reconoce la crisis rural, el fracaso de las políticas agrícolas gubernamentales y la necesidad de una nueva política y un nuevo trato hacia el campo. El ANC fue resultado de la movilización campesina, de sus aliados de la ciudad y de una opinión pública favorable. La agenda de negociación fue la agenda del movimiento campesino y no la del Ejecutivo federal. Esto es lo opuesto a los acuerdos gobiernoorganizaciones rurales que se llevaron a cabo para avalar las modificaciones al artículo 27 constitucional y la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN entre 1991 y 1993.

Luego de acciones públicas, como plantones, ayunos, marchas, foros y alianzas con sindicados fue que los medios de comunicación empezaron a denominar esta movilización como el Movimiento El Campo No Aguanta Más (MECNAM). Las 11 participantes afirmaban en su manifiesto ser organizaciones rurales “con

El fraude y la continuidad. Después del fraude electoral del 2006, el movimiento social y en especial el campesino se encontraba en “estado de coma”. Se presentía que el nuevo gobierno ilegítimo continuaría con las mismas políticas anticampesinas que habían prevalecido en los 25 años previos.

La ANEC se ha convertido en uno de los actores centrales de la movilización social de los años recientes. Destaca su capacidad para construir alianzas y procesos sociales en lo que fue el Movimiento El Campo no Aguanta Más (Mecnam) y en la Campaña Sin Maíz No Hay País; su participación en el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), en las coaliciones civiles trinacionales contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el Movimiento en Defensa de la Economía Familiar.

En la búsqueda por redimensionar la acción campesina, destaca la defensa por la soberanía alimentaria como un elemento de confluencia entre estos procesos sociales y la misión central de la ANEC.

Así, el 25 junio de 2007 se lanza la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay Pais, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de varias entidades del país. Desde su nacimiento hasta la fecha el objetivo central ha sido sensibilizar a la población de la importancia de lograr la soberanía alimentaria nacional fortaleciendo la producción campesina de México, mediante políticas públicas favorables y un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario.

La Campaña ha vivido tres etapas: en la primera, de junio de 2007 a marzo del 2008, además de colocar el tema del campo y los campesinos en la opinión pública nacional, se lanzaron diez demandas, de las que tres ocuparon el lugar central: La renegociación del TLCAN, sacando al maíz y al frijol de este tratado para protegerlos ante la apertura indiscriminada y total prevista a partir del uno de enero de 2008; la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país y la protección de semillas nativas, y la exigencia de nuevas políticas públicas en defensa del campo, los campesinos y la soberanía y seguridad alimentarias.

En la segunda etapa, de junio de 2008 a junio de 2009, en el contexto de una aguda crisis alimentaria y económica nacional e internacional, la Campaña entró en escena bajo el lema “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”, reafirmando las demandas anteriores, y enfatizando en la lucha por elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. En la tercera etapa, la actual, se ha fortalecido la lucha contra los transgénicos y el uso de tierras y alimentos para agrocombustibles.

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CÓMO SE ORGANIZAN LOS JORNALEROS Beatriz Canabal Cristiani

C

ada ciclo productivo miles de trabajadores indígenas, principalmente de Guerrero y Oaxaca, arriban a los campos agrícolas del noroeste. Son hombres, mujeres y niños que, sin regulación alguna, se emplean en largas y extenuantes jornadas con salarios bajos y casi nulas prestaciones sociales; sufren explotación por parte de grandes agronegocios exportadores de hortalizas con altos niveles de capitalización y modernización de su proceso productivo.

La organización de los jornaleros agrícolas en el noroeste ha tenido serias dificultades al tratarse de población que cambia frecuentemente sus lugares de trabajo y ha tropezado con los intereses de los empresarios; de centrales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que controlan las relaciones de trabajo, y de intermediarios y enganchadores.

Existe el control corporativo encabezado por la CTM, y que les cobra al momento en que empiezan a laborar en las empresas. Esta central –que no tiene contacto con las bases y que funciona de manera vertical– controla unos 200 mil trabajadores agrícolas en todo Sinaloa.

Al margen de este corporativismo que surgió en los años 20s, hemos identificado tres vertientes organizativas con orígenes distintos y diferentes propuestas y estrategias. Parten de una mirada común hacia la problemática jornalera e intentan, con grandes dificultades, frenar las violaciones a los derechos laborales y a los derechos

humanos en general, pero se distinguen en cuanto a la percepción de los jornaleros como actores sociales.

Una vertiente, la obrero-sindical, los señala básicamente como trabajadores; otra revisa con más detalle su procedencia étnica como sello de sus condiciones laborales y de vida en los lugares de trabajo y plantea la necesidad de generar organizaciones indígenas, y la tercera considera que se deben defender los derechos de estos trabajadores desde que salen de sus comunidades.

La vertiente indígena. Este tipo de organizaciones surge porque la problemática no sólo es laboral; también tiene un carácter étnico fundamental, y sus demandas son más amplias, al incorporar los derechos humanos y los colectivos.

Su camino es difícil, pero tienen propuestas para superar esas limitaciones. Son muchos frentes en los que tienen que pelear y pocas batallas las que se pueden ganar, pero en ocasiones las han ganado y eso es un avance importante

La vertiente obrero sindical. Estuvo representada por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), cuya orientación era mejorar las condiciones laborales. José Zavala, dirigente del Sindicato Independiente de Obreros y Campesinos de Sinaloa, señala que “los logros los fuimos obteniendo a base de huelgas y de encarcelamiento de nosotros y cuando se dieron cuenta de que nosotros estábamos defendiendo a los trabajadores, se firmó un convenio para los trabajadores a través de la CTM”. Este líder manifestó siempre la importancia de poder tener la titularidad del sindicato y un registro para poder firmar contratos colectivos.

Las demandas de este nuevo tipo de propuestas organizativas hacen referencia al carácter obrero de los jornaleros, a sus rasgos étnicos y a su condición de población asentada alrededor de los campos de trabajo. Entre otras son el respeto a los derechos laborales, el acceso al Seguro Social, el respeto a los derechos humanos como pueblo indígena y a los derechos de las mujeres y los niños.

A esta vertiente de lucha se le ha criticado por considerar solamente el carácter obrero de los jornaleros sin tomar en cuenta que son campesinos y que son originarios de regiones indígenas. Se trata, dicen, de una opción fundamentalmente industrialista, urbana, rígida, que no percibe que se trata de jornaleros temporales y que parte de su sustento lo logran a partir de sus propias parcelas.

Según un estudio reciente (Ortiz, 2007), esta vertiente ha tenido acciones y logros importantes como denunciar las violaciones a los derechos laborales, el envío de denuncias a las autoridades, la construcción de albergues y la difusión de la problemática jornalera por distintos medios incluida la radio. Se han gestionado actas de nacimiento y credenciales de elector, se han resuelto problemas con el

5.

RECHAZAMOS LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO PODEMOS DUPLICAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ SIN TECNOLOGÍAS RIESGOSAS NO A LOS MONOPOLIOS NI A LA PRIVATIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE NUESTRO MAÍZ SI A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y A LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA 6.

Las organizaciones campesinas que integramos el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas rechazamos enérgicamente la autorización ilegal e irresponsable de la Sagarpa y la Semarnat de 22 permisos para la siembra experimental de maíz transgénico a favor de Monsanto y Dow AgroScience/Pioneer Hi-Bred en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas por las siguientes razones: 1. Los permisos son ilegales porque violan la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) al no establecer previamente el Ejecutivo Federal un régimen especial de protección para los cultivos en los cuales México es centro de origen, en especial del maíz (Art. 2, fracción XI), al no determinar previamente las áreas del territorio nacional consideradas como centros de origen y diversidad genética del maíz (Art. 2, fracción XI; Art. 3, fracción IX) y porque se fundamentaron en una modificación al reglamento de la LBOGM que violó la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

2. Los permisos reflejan el carácter autoritario del gobierno de Felipe Calderón y de los secretarios de Agricultura y Medio Ambiente al rehuir el debate público sobre un tema de interés nacional y al desestimar centenares de opiniones fundadas de organizaciones campesinas e indígenas, grupos ambientalistas, organismos de derechos humanos, asociaciones de científicos, académicos y profesionales de la nutrición; organizaciones de consumidores y de cientos de miles de ciudadanos de a pié. Incluso se desestimó el llamado urgente a la moratoria de la siembra de maíz transgénico hecho por el Dr. José Sarhukán, ex rector de la UNAM, presidente de la Comisión Nacional de Biodiversidad, premio nacional de Ciencias y Artes y uno de los investigadores en biología evolutiva más destacados a nivel mundial.

3. Los permisos favorecen a los monopolios y contravienen la Ley Federal de Competencia Económica dado que Monsanto posee la propiedad del 90% de las patentes a nivel mundial de semillas transgénicas de maíz. La Sagarpa y la Semarnat están capturadas por los monopolios, favorecen sus intereses en México y le dan la espalda a la investigación pública y al desarrollo tecnológico autónomo de México.

4. Los permisos profundizan la dependencia alimentaria y tecnológica de México del exterior y en especial de las grandes corporaciones agroalimentarias al obligar a los productores nacionales a comprar año como año las semillas transgénicas en los precios y condiciones de

7.

8.

monopolio establecidos por Monsanto y Dow/Pioneer. Además de que no aumentan los rendimientos por hectárea.

Los permisos están orientados no a resolver ningún problema nacional sino a impulsar las ventas de Monsanto en México por un monto anual de 400 millones de dólares (paquete semilla transgénica Monsanto más herbicida Monsanto) y a favorecer la reversión de la situación de pérdida por 233 millones de dólares que dicho monopolio ha reportado en sus informes financieros al cuarto trimestre de 2009 (año fiscal estadounidense), superiores a las pérdidas por 172 millones de dólares registradas en 2008.

Las acciones de Monsanto se han desplomado en 23.2% en dicho periodo.

En este sentido, los secretarios Francisco Mayorga de Agricultura y Juan Rafael Elvira de Medio Ambiente, lejos de desempeñarse como Secretarios de Estado, están capturados y se comportan como simples agentes de ventas del monopolio estadounidense.

Los permisos están dirigidos a una minoría de agricultores “triple R” (ricos, rentistas, de riego) –los hijos predilectos del régimen– que son los que se han beneficiado con las inversiones públicas en obras de riego y que concentran la gran mayoría de los subsidios al campo: Procampo, Apoyos a la Comercialización, Activos Productivos, Diesel Agrícola, Subsidios a agua y a las Tarifas Eléctricas para bombeo, Garantías Líquidas, Apoyos para la Compra Consolidada de Fertilizantes, Crédito, Apoyos tecnológicos, etc. Los hijos predilectos del régimen, además, practican una agricultura irresponsable, depredatoria, que concentran subsidios públicos y externalizan a la sociedad los daños ambientales: desperdicio del agua, agotamiento de mantos acuíferos, ensalitramiento de suelos, contaminación de agua y suelos con agroquímicos, monocultivos sin rotación, excesivo consumo de gasolina y diesel, altas emisiones contaminantes, etc. Los hijos predilectos del régimen buscan ganancias a cualquier costo; no tienen responsabilidad social ni mucho menos con el patrimonio nacional que representa la diversidad de maíces mexicanos. Por eso son presa fácil de Monsanto: tienen los mismos principios y valores.

Los permisos propiciarán la depreciación del valor del maíz blanco nacional para consumo humano y México perderá su calidad de primer productor mundial de maíz blanco para consumo humano al permitir la contaminación de los campos de cultivo con materiales genéticamente modificados con lo cual el mercado castigará el precio del maíz blanco depreciándolo al nivel del precio del maíz amarillo para uso forrajero y/o industrial. Este hecho impedirá que los productores de maíz blanco para consumo humano dejen de recibir un sobreprecio de 40 a 50 dólares que paga el mercado internacional. Lo anterior representaría pérdidas para los productores de maíz blanco del orden de 8 mil millones de pesos anuales.

Además, por la contaminación transgénica de los campos de cultivo de maíces blancos nuestro país perdería el lugar que hoy ocupa como primer productor de maíz blanco del mundo. En lugar de preservar y capitalizar este valor especial y distintivo (México: país libre de transgénicos, primer productor y exportador mundial de maíz blanco no transgénico), el gobierno mexicano “comoditiza” y pierde este valor único y hace perder a México, no sólo un patrimonio nacional y de la humanidad, sino una extraordinaria ventaja competitiva. Todo por aumentar las ventas de Monsanto.

Los permisos representan un riesgo innecesario porque se puede duplicar la producción de maíz con tecnologías seguras y a nuestro

Seguro Social, se han hecho gestiones ante la Secretaría del Trabajo y se han ganado “pleitos pequeños a empresas”, de acuerdo con un testimonio de Juan López, del Frente de Unificación de Lucha Triqui. Hay sin embargo críticas a esta vertiente: José Zavala, mencionado arriba, opina que algunas de las organizaciones indígenas “son muy sectarias” y “no puede haber un sindicato indigenista. El sindicato debe servir para defender a todo el mundo”.

La vertiente indígena regional está surgiendo desde la región de la Montaña de Guerrero y concibe que los problemas de los jornaleros deben ser resueltos desde que salen de sus comunidades y su alternativas de solución deben establecerse entre las regiones y los gobiernos de origen y destino.

La presencia de los distintos frentes de lucha muestra que los migrantes jornaleros de hoy debieran estar presentes en sus especificidades como trabajadores en los campos, como integrantes de pueblos indios con una historia de lucha regional, como mujeres y niños con sus propias demandas y como comuneros, todos con necesidades locales.

Las organizaciones independientes de los jornaleros agrícolas enfrentan muchos obstáculos empezando porque no son bien vistas por las centrales priístas ni por los empresarios. Su camino es difícil, pero tienen propuestas para superar esas limitaciones. Son muchos frentes en los que tienen que pelear y pocas batallas las que se pueden ganar, pero en ocasiones las han ganado y eso es un avance importante.

Este artículo derivó de un libro de la autora, Hacia todos los lugares. Migración jornalera indígena de la Montaña de Guerrero, UAMXochimilco, CIESAS, SAI, UNISUR, México, 2008.

alcance como lo sabe el Secretario de Agricultura. Diversas organizaciones campesinas de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Campeche han demostrado que se pueden duplicar los rendimientos de maíz en zonas de temporal y obtener 15 toneladas y más por hectárea utilizando el método científico campesino de mejoramiento de los suelos y siembras de alta densidad con semillas nativas e híbridas no transgénicas.

Para duplicar la producción nacional de maíz no hacen falta espejitos ni cuentas de vidrio que ofrecen los monopolios (“semillas milagrosas”). Hace falta una política de Estado de largo plazo que impulse una agricultura más sustentable y que confíe en la mayoría de los productores del país (los productores pequeños y medianos de temporal) y en los centros públicos de investigación y en sus excelentes investigadores mexicanos.

El CONOC exige al gobierno federal la cancelación de los ilegales e irresponsables permiso de siembra experimental de maíz transgénico y la puesta en marcha de una política de Estado de largo plazo para el impulso a la producción de alimentos con base en la agricultura campesina, en una agricultura más sustentable y en la preservación de nuestro patrimonio y valores competitivos como centro de origen y diversificación genética del maíz y como primer productor mundial de maíz blanco para consumo humano.

El CONOC hace un respetuoso llamado a todas las organizaciones campesinas e indígenas a que expresen públicamente su rechazo a las siembras de maíz transgénico y a que ACTÚEN HOY en defensa de la soberanía alimentaria y la agricultura campesina. Mañana podría ser demasiado tarde.

El CONOC respalda plenamente las acciones de la Campaña Nacional Sin maíz no hay país e invita a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos en defensa de la economía popular y por soberanía alimentaria y energética a sumarse activamente a la defensa de los maíces de todos los mexicanos. ¡Petróleo, electricidad y maíz, pilares de la soberanía nacional! ¡No a la privatización de nuestros recursos estratégicos! ¡Sin maíz no hay país! ¡Alimentos campesinos para México! ¡El hambre no espera!

Atentamente, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) www.conoc.org.mx contacto@conoc.org.mx

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18 Las otras políticas públicas

NUEVO MODELO PARA EL CAMPO Carlos Toledo Manzur

E

l campo mexicano se encuentra en una grave situación desde hace muchos años, tanto en los aspectos económicos, como en los sociales y ambientales, la cual se ha recrudecido recientemente debido tanto a la crisis alimentaria como a la económica global. Por ello, sigue siendo un asunto de primordial importancia la reforma de las políticas públicas aplicadas al sector rural con el fin de impulsar un nuevo modelo de desarrollo integral y sustentable que permita recuperar el crecimiento económico y superar los graves desequilibrios y rezagos en este sector.

En efecto, desde hace más de 30 años el sector rural se encuentra estancado sin avances reales en su producto interno El modelo económico desarrollado en las dos décadas anteriores no ha logrado reactivar la producción rural y sí ha profundizado la desigualdad y la polarización. A pesar de las expectativas de la apertura comercial, la balanza comercial agroalimentaria mantiene un importante déficit de poco más de seis mil mi-

SE DEBE IMPULSAR LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE POLÍTICA PÚBLICA: 1 Fortalecer el crecimiento y la integración de los presupuestos públicos al campo, orientándolos prioritariamente hacia los productores pobres del sur del país.

2 Reorientar la política general con base en los conceptos de soberanía y seguridad alimentarias para destinar mayores apoyos a la producción de granos básicos y a la reducción de la dependencia externa, a fin de sanear la balanza comercial y fortalecer la producción de alimentos para la autosuficiencia de las familias y comunidades (especialmente las más pobres y marginadas), las regiones, los estados y el país.

3 Impulsar una política de fuerte contenido territorial que reconozca la enorme diversidad regional de los sistemas productivos y las dinámicas socioeconómicas y culturales para aplicar una política diferencial en coherencia con las particularidades geográficas sobre la base de una intensa participación de la sociedad y en la planificación a mediano y largo plazos como producto de la concertación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales.

4 La superación de la pobreza rural debe ser uno de los objetivos primordiales de la política de desarrollo rural del país.

Por ello las políticas públicas de fomento económico deben priorizar la atención integral a los campesinos pobres, para lograr su seguridad alimentaria, por medio del apoyo a sus sistemas productivos como el traspatio y la milpa, a proyectos productivos estratégicos, a la capacitación y asistencia técnica y a la transferencia de tecnología adecuada;

llones de dólares anuales (en 2008), mientras que nuestro país sigue siendo dependiente de las importaciones de granos básicos, principalmente de maíz y de soya, vulnerando nuestra soberanía alimentaria.

Las políticas públicas siguen teniendo un carácter regresivo y continúan apoyando con acciones de fomento productivo principalmente a los productores empresariales del norte del país, mientras que la población mayoritaria de los campesinos pobres se margina cada vez más de los mercados, no tiene acceso a los

Existen más de 12 millones de habitantes rurales que viven en pobreza extrema (alimentaria), lo que representa el 32 por ciento de la población que habita en localidades menores de 15 mil habitantes; esto significa que seis de cada diez de los pobres extremos se encuentran en el campo

por medio también del acercamiento de servicios financieros y del vínculo a los mercados con mecanismos eficientes de comercialización, entre otros aspectos.

5 En coherencia con el mandato de la LDRS, se debe reforzar la coordinación institucional para aplicar una política rural integral y articulada, para lo que es necesario reforzar la Comisión Intersecretarial y el sistema de consejos para el desarrollo rural sustentable, pero sobre todo consolidar el PEC a fin de lograr una mayor y más efectiva articulación de los programas de la distintas instituciones de apoyo al campo, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, distrital y municipal.

6 Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de los programas orientados al desarrollo rural. Las acciones llevadas a cabo por los ejecutivos estatales y federal deben ser evaluadas externamente por los poderes legislativos respectivos, sin demérito de los componentes de evaluación y seguimiento al interior de los programas.

7 A partir de la LDRS, que representa un parteaguas en el diseño institucional para la concurrencia, e incluye lineamientos estratégicos de largo aliento para el sector, se debe continuar el trabajo legislativo y completar el marco jurídico que dote al campo de instrumentos legales que apoyen la implementación del modelo integral y sustentable que se requiere.

8 Se debe fortalecer el federalismo en el diseño, operación y evaluación de la políticas rurales, por medio de un reforzamiento del papel y las atribuciones de las entidades federativas. Es necesario profundizar el modelo de descentralización que inició Alianza para el Campo, y que se continúa con la modalidad uno de ejecución de los programas de la Secretaría de Agricultura, para extenderlo a todos los programas de apoyo al campo de las

apoyos para mejorar su producción y sólo se le destina ayudas asistenciales que no le permiten su mejoramiento estructural y productivo.

Así, la muy grave situación social del campo ha empeorado en los años recientes. Existen más de 12 millones de habitantes rurales que viven en pobreza extrema (alimentaria), lo que representa el 32 por ciento de la población que habita en localidades menores de 15 mil habitantes; esto significa que seis de cada diez de los pobres extremos se encuentran en el campo; mientras tanto, quienes padecen pobreza patrimonial ascienden a 23.4 millones, equivalentes a 60.8 por ciento del total de habitantes del campo.

Y los recursos naturales continúan deteriorándose; aunque son la base de la producción primaria, son sometidos a serios procesos de destrucción: más de dos terceras partes de los suelos se encuentran erosionados, la contaminación y el agotamiento de las fuentes y cuerpos de agua se incrementan y la deforestación disminuye la superficie forestal y profundiza los procesos de destrucción de la biodiversidad.

La política de desarrollo rural iniciado hace dos décadas ha seguido la visión del modelo neoliberal, profundizando la polarización y las desigualdades sin lograr resultados positivos para el campo y sus habitantes; además, el enfoque de la política para el sector primario sigue siendo sectorial y descoordinado, ya que a pesar de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la articulación de los programas de las diversas instituciones deja mucho qué desear y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) se integra prácticamente sólo en el papel.

Los espacios de participación de la sociedad para la planeación y conducción del desarrollo rural son simulados, y la relación con las organizaciones campesinas tiene un carácter fuertemente clientelar y no se establece a partir de acuerdos estratégicos sobre la política rural, debido a que el gobierno federal impulsa una visión que la mayoría de los productores no comparte. Además, existe en el gobierno federal una tendencia hacia la centralización en la conducción del desarrollo del campo y de freno al proceso federalista.

Por todo lo anterior se requiere urgentemente un viraje.

diferentes dependencias. Se requiere culminar el proceso de transferencia de los distritos de desarrollo rural a los gobiernos estatales para fortalecer su carácter operativo y consolidar el papel normativo y de orientación estratégica de las instituciones federales. En los procesos de federalización, se debe consolidar la visión integral y territorial para que no sea sólo una transferencia administrativa, y así aprovechar la oportunidad para un intenso trabajo de reingeniería de procesos que refuerce las capacidades de las organizaciones sociales para participar como interlocutores y corresponsables.

11 Se requiere consolidar la estrategia de apoyo integral a las cadenas agro alimentarias reforzándolas como instrumentos de concertación, programación y planeación para que den racionalidad técnico-económica y viabilidad social a los sistemas-producto. Las instituciones gubernamentales, como representantes del interés general, deben mediar entre los diversos intereses que se expresan en los procesos de integración de estas cadenas para lograr la concertación necesaria y la planeación estratégica que permita el mejoramiento de la competitividad global y la equidad social.

9 Impulsar una nueva visión de reconversión productiva para el logro de actividades económicas rurales modernas, sostenibles y equitativas, concebidas como un sector ampliado que trasciendan la producción primaria y sean capaces de jugar un papel dinamizador de la economía regional; que impliquen un fuerte contenido agro ecológico, y que incorporen los criterios de sanidad, inocuidad y fomento de los productos orgánicos y sustentables. La inclusión de esquemas de identificación, valoración y retribución para la protección de servicios ambientales, y de integración con prácticas sustentables de manejo de recursos naturales es una de las vías innovadoras y de gran potencial para equilibrar la interacción de las ciudades con su región.

12 Es indispensable la promoción y el apoyo a estrategias comerciales que rescaten la identidad regional de los productos con el fin de que constituyan una vía de inserción en los mercados nacional e internacional, aprovechando las ventajas competitivas. Se trata de lograr una oferta de calidad, con mayor presencia de marca en el mercado y con mejor capacidad de negociación de las condiciones del intercambio por parte de los productores.

10 Incorporar de manera plena los criterios de conservación ambiental en todos los ámbitos del desarrollo rural a fin de detener y revertir los procesos de deterioro ecológico como la contaminación, la destrucción de los suelos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad natural y de la agro biodiversidad y la desestabilización y agotamiento de los recursos hídricos. El manejo del agua y la conservación de los suelos debe ser un instrumento prioritario del fomento productivo.

13 Se necesita impulsar un sistema integral de servicios financieros para el campo, que apoye y estimule una cultura del ahorro y el crédito en el sector, ya que la enorme mayoría de los productores no tiene acceso a servicios financieros. Este sistema debe aglutinar diversos servicios e incorporar a la banca comercial a partir de esquemas mixtos de financiamiento para promover el crédito al campo desde las instituciones de banca social, así como formar recursos humanos especializados para atender al sector de la producción primaria.

14 Es necesario fortalecer la política internacional para mejorar el posicionamiento del sector agro alimentario en los mercados globales Se debe buscar la actualización y la revisión del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia agropecuaria, debido a que el contexto ha cambiado con respecto a cuando éste se firmó y a que las condiciones de los productores mexicanos no han evolucionado como se suponía al momento de la negociación.

15 Deben impulsarse y consolidarse las acciones de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, ya que el éxito de las inversiones en proyectos productivos depende fuertemente de que exista un esquema eficaz de prestación de servicios profesionales para lograr el fortalecimiento del capital humano y social de los productores, especialmente de los más desfavorecidos.

16 Se debe hacer un esfuerzo especial de carácter presupuestal y logístico para impulsar de manera intensa la investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos de la producción rural, ya que este elemento constituye sin duda una de las principales palancas para el desarrollo de la competitividad. Se debe incrementar sustancialmente los apoyos a las universidades e institutos de investigación y reorientar sus líneas de trabajo para atender las necesidades de las cadenas agroalimentarias y las regiones.

17 Se debe impulsar una alianza con las organizaciones campesinas sobre la base de acuerdos estratégicos de política pública. Es necesario superar los esquemas clientelares para buscar una relación basada en las coincidencias de enfoque y visión de largo plazo sobre el campo. Se requiere fomentar la organización económica de base y asignar apoyos sobre la base de proyectos con fundamento técnico y viabilidad económica. Es muy importante lograr una mayor apertura de los espacios de participación para las organizaciones en los ámbitos territorial y sectorial.

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JORNALEROS EN LA AGRICULTURA GLOBALIZADA

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e los jornaleros agrícolas impresionan las condiciones en que trabajan: miseria, insalubridad, violación a sus derechos humanos y precariedad.

Algunos son indígenas monolingües y la mayoría no concluyó la primaria. En contraste, sus patrones, involucrados en mercados globales, son empresarios informados, al tanto de los precios externos, con nivel de educación superior. Recuerdan a los jugadores (algunos lo son), pues incursionar en los productos agrícolas exportables (hortalizas, frutas y flores) es como apostar en la ruleta. Estos empresarios disputan los mercados con sus pares estadounidenses. Generalmente son emprendedores y para lograr más rentabilidad están atentos a las innovaciones tecnológicas (IT), en especial las extranjeras, ofrecidas por las multinacionales que venden los insumos.

Respecto de la relación entre la IT y los jornaleros, durante varios años analicé cuatro casos: la producción de flor en Villa Guerrero, estado de México; de papa en Coahuila, Guanajuato, Estado de México y Puebla; de jitomate y hortalizas en Sinaloa, y de papaya en Veracruz y Chiapas. Todos partícipes de la agricultura globalizada (de exportación y con vínculos con el exterior vía la compra de insumos y los tratados comerciales), que crece a partir de los años 80s, con las políticas neoliberales iniciales. Esto, en el marco de un cambio en la división del trabajo agrícola internacional: los países centrales se vuelven exportadores de granos básicos y varios países periféricos pierden su autosuficiencia alimentaria (como México) y dedican el sector rentable de su agricultura a producir hortalizas, frutas y flores, tanto para exportación como para los consumidores nacionales de altos ingresos.

El interés es indagar cómo opera la IT como dispositivo de poder en las cadenas agrícolas globales y cómo afecta a los jornaleros. La aparición de la biotecnología y la genómica agrícolas, en manos de grandes corporaciones globales, moldea y genera relaciones sociales en la agricultura y afecta a los actores involucrados. Las corporaciones invierten grandes sumas en investigación para obtener nuevas variedades (transgénicas y convencionales), mientras la inversión en investigación de los países subdesarrollados es mínima. Casi todos los empresarios de la agricultura globalizada dependen de las corporaciones para la compra de la semilla.

En el caso de las flores hay una división entre la floricultura tradicional, a cielo abierto, y la intensiva de invernadero, que es la que exporta, sus insumos son importados y los productores dependen de multinacionales para la compra del material genético.

En la papa existió un proyecto de generación endógena de variedades transgénicas resistentes a virus, a partir de un convenio entre Monsanto y el Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) del Politécnico. Las variedades fueron creadas, pero no llegaron a comercializarse y el virus al que son resistentes no representa un problema importante para los productores. La IT que aplican los grandes productores es la producción de semilla libre de enfermedades en laboratorios de cultivo de tejidos, una biotécnica suave,

que no es ingeniería genética. Existen pocos laboratorios en el país, pero los empresarios los consideran un eslabón estratégico.

generalmente regresa a sus pueblos en Guerrero y Oaxaca, un mínimo porcentaje busca suerte en Baja California y/o del otro lado de la frontera. Se paga por destajo, con un salario que oscilaba entre 56 y 80 pesos diarios en promedio en 2001. Este salario se reduce porque los migrantes tienen que recurrir a las tiendas de abarrotes de los campamentos, con precios altos. En algunos casos no pueden salir y no se permite la entrada a visitantes. Puede ser que se queden días sin trabajar, cuando el precio en Estados Unidos no resulta costeable.

Las hortalizas en Sinaloa son una rama paradigmática en los cultivos exportables.

El jitomate se exporta desde principios del siglo XX. Las innovaciones comprenden la plasticultura con fertirrigación, y las semillas y los insumos son comprados a multinacionales. En Sinaloa la Fundación Produce prueba las diversas variedades comerciales y proporciona información a los productores.

Para estos empresarios no funcionó el jitomate transgénico FlvrSvr de larga vida de anaquel y encontraron una variedad israelí convencional (Divine Ripe) con la misma característica, que les permitió un aumento de productividad importante. Se tiende a realizar toda la producción en invernadero, pues aumenta la productividad, se ahorra agua y se controlan las plagas.

En los 80s se prefería contratar a mujeres y actualmente, ante la migración y la escasez de mano de obra, se contrata a ambos géneros. El pago es a destajo y los ingresos son mínimos El caso de la papaya es importante porque México y el Caribe son centro de origen de la fruta, si bien las papayas nativas mexicanas ya no se siembran porque la variedad cubana Maradol, de mejores características comerciales, domina el mercado. Existe en el Cinvestav un proyecto de generar de variedades transgénicas resistentes al virus de la mancha anular, que es un problema significativo, pues se pierde hasta 40 por ciento de la cosecha por esta plaga. También hay investigación de resistencia con variedades convencionales. Una empresa cubano-mexicana produce la semilla, están surgiendo pequeñas compañías semilleras y algunos productores prefieren producir su propia semilla. Parece ser que en las variedades nativas hay mayor resistencia al virus y en el Cinvestav se experimenta con variedades transgénicas resistentes.

En cuanto a los trabajadores, la floricultura emplea básicamente a jóvenes de la localidad, con alta rotación, es frecuente que pasen de una empresa a otra sin cambiar sus condiciones. Es una gran generadora de empleo: el invernadero requiere unas mil jornadas por hectárea al año. En los 80s se prefería contratar a mujeres y actualmente, ante la migración y la escasez de mano de obra, se contrata a ambos géneros. El pago es a destajo y los ingresos son mínimos: un peso por ramo armado en el centro de acopio y la cuota mínima es de cien ramos por día. Es decir cien pesos diarios en el 2007.

En la papa, en Guanajuato los jornaleros son básicamente mujeres y niños, pues los hombres adultos migran. En 2000 se pagaban cien pesos por jornada. Los laboratorios de cultivo de tejidos ofrecen un nuevo tipo de empleo, básicamente para mujeres. Si bien la cantidad de empleos generada es mínima, los empresarios ven futuro como productores de semilla si se abre el mercado de papa fresca (dependen de Canadá y Holanda para obtener la planta madre).

FOTO: Joseph Sorrentino

Yolanda Massieu

A la producción de hortalizas en Sinaloa migran indígenas muy pobres de Guerrero y Oaxaca desde hace varias décadas. Viajan las familias completas en condiciones difíciles y el trabajo infantil es una constante. Es patente la estratificación entre jornaleros y jornaleras indígenas, algunos de ellos monolingües, sin primaria concluida, y las trabajadoras de los invernaderos, que son locales y con mayor escolaridad. En caso de generalizarse la producción total en invernadero, posiblemente se excluiría a los jornaleros indígenas. Los múltiples intentos de sindicalización han fracasado y recientemente parecen ser más frecuentes las organizaciones étnicas que reivindican derechos humanos y laborales. La población jornalera de Sinaloa

En la producción de papaya en Veracruz se contrata fuerza de trabajo local, y en Chiapas, guatemalteca. La producción es para consumo nacional y para el exterior. México es el principal exportador mundial de papaya. El empaque para el mercado externo, realizado por mujeres, comprende lavado y clasificación de la fruta y es una labor diferenciada del trabajo en los campos, donde trabajan hombres y mujeres. El salario local en Veracruz oscilaba entre 125 y 133 pesos diarios en 2005-2007. Para los trabajadores guatemaltecos en Chiapas, la remuneración era de 60 pesos diarios en 2006 y los empresarios les proporcionan comida y alojamiento.

En todos los casos no hay contrato escrito, el empleo es temporal y no hay ninguna prestación, aunque varios sindicatos oficialistas les cobran cuotas a los jornaleros sin consultarlos (sobre todo en Sinaloa). Ante la dependencia tecnológica y los altos costos por los insumos importados, la rentabilidad de esta agricultura descansa en los bajos salarios. Se usa tecnología del siglo XXI en condiciones laborales del XX.

Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercialización de México S.A. de C.V.

14 noviembre de 2009

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FOTOS: José Carlo González y Francisco Olvera / La Jornada

LUZ Y FUERZA

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a un movimiento nacional pacífico para recuperar el poder desde el pueblo y restablecer el orden constitucional que ha roto el gobierno. Una multitud se congregó en el Zócalo el miércoles 11 de noviembre, en un mitin convocado por el SME, en el marco de un paro cívico nacional que movilizó a miles de mexicanos en rechazo a la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

APOYO CAMPESINO A LA LUCHA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Integrantes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) entregaron a los trabajadores del SME 30 toneladas de granos (maíz blanco, frijol negro y arroz) en apoyo a la lucha de sindicato.

FOTOS: Ignacio Salinas Barragán / UCIZONI

FOTOS: Rubén Darío Betancourt / Contralínea

ACCIONES EN EL ITSMO

Más de mil 500 colonos, indígenas y profesores integrantes de UCIZONI, del Colectivo Popular y Magisterial 14 de Junio, del Movimiento Istmeño de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la Sección 22 del SNTE bloquearon la carretera transístmica y ocuparon de manera pacífica las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad a la altura de la ciudad de Juchitán, Oaxaca.