NO. 82 GEOFAGIA Despojo y resistencia en los territorios

19 de julio de 2014 • Número 82 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

GEOFAGIA

19 de julio de 2014

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VAN POR TODO

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a última vuelta de tuerca de las políticas expropiatorias de bienes y derechos imperantes desde hace 30 años es el despojo generalizado del patrimonio social, comunitario y familiar de los mexicanos.

Suplemento informativo de La Jornada 19 de julio de 2014 • Número 82 • Año VII

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución. Por esos mismos años, la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Veinte años después, el ciclo está concluyendo con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquiera otras. Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Por si quedara alguna duda, están las declaraciones de Mireille Roccatti abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.

“Hablamos de una reforma constitucional para (…) darle (al ejido) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”.

En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial, cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urbanizaciones, desarrollos turísticos. El hídrico, cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico, cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico, cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El productivo, cuando se desposee a los campesinos de sus recursos y capacidades agrícolas, para entregárselos al agro negocio. El mercantil, cuando las trasnacionales y los grandes comerciantes dominan en todos los ámbitos e imponen sus términos en todos. El cultural, cuando se mercantiliza su identidad usurpando significados y valores. El comunicativo,, cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político, cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones.

El delincuencial, cuando los carteles del narco ocupan y mandan en los ámbitos rurales.

Diseño Hernán García Crespo

ILUSTRACIÓN: José Guadalupe Posada

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Estas vertientes del despojo tienen rato, pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo busca arrebatar a ejidos y comunidades la propiedad social de la tierra, derecho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos. Todo esto es grave, sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra es que quieren despojarnos del futuro, quieren quitarnos la esperanza.

Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, autonomía, seguridad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Pero no nos vamos a dejar.

Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los lustros recientes se ha ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión: contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…

Todas ellas enfocadas a contrarrestar amenazas importantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo, en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando colectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.

Reivindicar la soberanía de los mexicanos y las mexicanas sobre nuestro territorio común y en particular defender la propiedad social de las tierras campesinas, es luchar por el patrimonio de nuestros hijos y nietos, pero es también una obligación para con nuestros ancestros que dieron la vida por tierra y libertad.

En el Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones Sociales, realizado en la ciudad de Oaxaca a fines de mayo, se exhibió el talante airado que impera hoy en el mundo rural. Había caficultores, representantes de pueblos indios y miembros de una coordinadora campesina. Pero el debate no se centró en la roya, los derechos autonómicos o los programas públicos para el agro, sino en las amenazas sobre la propiedad social de la tierra. Aquí mi versión de algunos consensos: *La tierra es de todos los mexicanos, y la agrícola, de los campesinos que la trabajan.

Es, pues, necesario defender la propiedad social contra la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. Reforma que busca facilitar la privatización de ejidos y comunidades simplificando el procedimiento para llegar al pleno dominio y reduciendo las facultades de la asamblea y de los comisariados. Allanamiento de la propiedad social a favor del interés del gran capital privado que ya se apuntaba en la reforma salinista al artículo 27 Constitucional y a la Ley minera, así como en el VIII transitorio de la reforma energética peñanietista. *La defensa de la propiedad social no se refiere sólo a la parcela familiar, sino también a las tierras comunes y en general a potreros, montes, ríos, lagos y otros bienes naturales de los que depende la vida de las comunidades, es decir los territorios de los pueblos.

Ciertamente, los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, no a los núcleos agrarios, pero su aprovechamiento no puede pasar por encima de los derechos de quienes poseen y usufructúan la capa superficial.

*La gravedad de la reforma del campo que se vislumbra está en que sería un paso definitivo en el curso privatizador iniciado en los años 80’s por los gobiernos neoliberales. Proceso que compromete a la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, el patrimonio biocultural, el genoma, el sistema financiero, las comunicaciones y el espectro electromagnético... *Los foros de consulta instrumentados por el gobierno federal y los estatales son una cortina de humo; un trámite formal en el que nada se decide pero que es necesario para pasar una reforma que ya está formulada en sus líneas generales y que ha sido pactada con trasnacionales y grandes agro empresarios. *Los campesinos debemos conocer y discutir los graves problemas por los que pasa el agro.

Pero así como se analizan las amenazas deben discutirse también las alternativas, las propuestas de los actores interesados en la recuperación de la agricultura, en la preservación de la soberanía y en general en la salvación del campo que es la salvación de México. *El país necesita un golpe de timón y en especial el campo requiere una reforma profunda. No la neoliberal que anuncia el gobierno, sino una transformación justiciera y libertaria que restaure su vitalidad ambiental, social, económica, política y cultural. *Una reforma que ponga de nuevo en el centro a los pequeños y medianos productores campesinos. Que reconozca la importancia y los derechos jurisdiccionales de los pueblos rurales, tanto indígenas como mestizos. Que valore el aporte de la milpa mesoamericana como forma de cultivo, pero también como forma de vida respetuosa de la diversidad. Que asuma el papel central de la comunidad como núcleo social, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. Que visualice el papel productivo y reproductivo de las mujeres del campo, un trabajo no reconocido que hoy es aún mayor pues en muchos lugares la migración de los varones ha dejado en manos de ellas tanto las labores domésticas como las extra domésticas. Una reforma que debe surgir de un debate social verdadero: democrático, participativo, informado, en el que participen académicos, expertos, legisladores y funcionarios, pero donde la primera voz sea la de los campesinos y campesinas. *Para frenar la contrarreforma neoliberal del agro e impulsar la buena mudanza del campo que necesitamos, hacen falta argumentos sólidos y propuestas técnicamente sustentadas. Propuestas que sin embargo ya existen y se han presentado en innumerables foros. Ahora lo que hace falta es la fuerza necesaria para hacerlas valer: la movilización social de los campesinos organizados y de los no organizados, que son la mayoría; la movilización de la opinión pública del campo y de las ciudades… Hay que tener la razón, pero también la fuerza.

Las mudanzas históricas que cuentan resultaron de la activación de los ciudadanos, de la movilización social. La gravedad de la crisis que hoy nos acosa así lo requiere.

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“ Ya no quieren ” a p l i m s o m a g a que EL DESPOJO: UNA CONSTANTE DE LOS TIEMPOS El despojo de los pobres por los ricos es enfermedad crónica de todas las sociedades clasistas.

Agresión que en México han sufrido desde siempre las comunidades pero que se agudizó desde hace 500 años con la conquista española, una guerra genocida que a las iniquidades anteriores añadió la injusticia colonial y la explotación capitalista.

Y los pueblos han denunciado una y otra vez la expoliación. Lo hicieron durante la Colonia, lo hicieron en el México Independiente y lo hacen hoy cuando los acosa el capitalismo canalla del tercer milenio.

En los años 20’s del siglo XIX, cuando apenas debutaba la nueva nación, los campesinos reclamaban a la autoridad las exacciones sufridas. Y lo hacían con un español quizá torpe pero elocuente y una reverencia no muy distinta a la que siguen exigiendo los burócratas prepotentes del siglo XXI. Esta queja es de 1821 y la recogió en un folleto Joaquín Fernández de Lizardi, a quien llamaban El pensador mexicano.

ísimo, seenísimo señor, almirante general ser , tad jes ma ino div al y mu Mi rbide (…) la Regencia, don Agustín de Itu de te en sid pre y as arm las de ñor hijos y ales y principales y fiscal y todos ion tuc sti con es ald alc los , ros Nosot o deZaquapa, rendidos que como hij nto Sa itu pír Es l de lo eb pu l de común jestad y las tres plantas de su divina ma s ble no las a os am str po s no s, bemo ría Sanque, por Dios, el corazón de Ma do can pli su y do ien pid , dre pa como estra súplica. tísima, sea a entendido esta nu (…)

mude comisionado nos maltrataba a ab est e qu o rad va Al nto isa Cr tieQue don chos ganados y muchas bestias, mu ne tie y o tig tes sin ia tic jus cho, hace en el an mucho. Y sus bestias entran tig rju pe y rra tie ra est nu en o icio ne regad y se cayen las casas, y acen perju e; ch no de as cas a o ici rju pe ser pueblo a dice de don Crisanto; lo mismo nos as sti be s su de sas cau nto ve ar, en el con te tan bien con el padre consej me se nto isa Cr n do ; nte ge os e que no som e lo tiene echo por suyo, y nos dic qu nte lie aca Gu la en á est e qu y esa casa en manos del rey; y vea su divina do pra com e le s, rra tie las as e que son mí Crisanto, que salga en ese paraj n do cen ha s no e qu s de lda ma majestad las os nos hacen perjuicio a nosotros hij s su os tod y s, ale im an s su lleva todos naturales (…)

su divina majestad: Nuestra y os Di te an os cim de ca pli sú Y otra nuestra no Barrutia, y el difunto padre ria Ma n do de no ma en zo da pe tierra está un ncipales y alcaldes, que venpri los rar mo de a zó pe em z ále fray Juan Gonz tia, ¿para qué quieren tanta rru Ba co cis an Fr n do a rra tie de dan ese pedaso á, es muy lejos, reciben cien all lpa mi cer ha n irá no y nte sta tierra?, no son ba ález. Entonces recibieron los nz Go an Ju y fra dre pa to un dif tostones, dijo el á cien años haora; este pedazo ser s, nte dia fue o Es es. ald alc cien tostones los ieren quitar todas las tierras, qu s no ora ah y á, est de an Gr de tierra en el río acienda está en Chuacoral, a Un . do ita qu an lo s nte dia n y el título tambié Salboh; el mayordomo y baen á est ra Ot as. sti be as ch mu y muchos ganados os milpa en nuestras tierras, am ag e qu en ier qu no ya n, ata quieros nos maltr echado los monjones, ya no an lo; eb pu l de ia lor en en cog s más de la mitad no ina majestad nos yciera div su Y s. rra tie ras est nu en s quieren que andamo e recibieron los alcaldes, ya qu es ton tos n cie los s rra tie as favor de quitar est nen, perjudigan muchos en tie e qu s do na ga y as sti be tas se a desquitado tan tad nuestra Yn nonransia, jes ma ina div su na rdo pe y o eso, se desquitó tod María Santísima nos dey os Di r po e qu ; za bre po ra est nuestra súplica y nu pedimo (…). Abril 18 de 1822. eso o sól s, má da me or, señ , da fien lo de yo, indio legítimo, perdona lo ma ez; nd ná Er ro za Lá o, ari ret sec el Yo, falta. nuestra letra puede ser que alla

piadoso i. Hasta los mudos se quejan al ard Liz de dez nán Fer n quí Joa Reproducido en 513-516. os (1821-1822). UNAM, 1991, p. let Fol XI. ras Ob en r, ado per em

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EL AMPARO Y LA DESPOSESIÓN TERRITORIAL

FOTO: Cinzia A. Rizzo

Ricardo Monreal Ávila Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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a figura del amparo, contemplada en el ordenamiento jurídico mexicano, ha significado un referente importante para la cien-

cia jurídica en general. Es un producto de exportación que sirvió de molde para muchos países en la protección de los derechos fundamentales y que fueron instituidos

por medio del derecho internacional de los derechos humanos.

El juicio de garantías, así como la práctica jurisprudencial en nues-

tros tribunales federales, constituyen sin duda alguna las garantías políticas institucionales más importantes para hacer reales, eficaces y prácticas las previsiones establecidas en la Constitución.

pueblo se le deben garantizar los derechos y la temporalidad en la que se promueve el emparo contra actos que pretendan soslayar el derecho de posesión de los núcleos ejidales y comunales.

El amparo tiene ya 166 años de vida, encuentra su origen en el acta de reforma de 1847. En sus inicios el amparo carecía de una debida regulación, pero eso no fue obstáculo para que connotados juristas dignificaran la carrera judicial y avanzaran en la construcción del Estado de Derecho.

La anterior Ley de Amparo tutelaba la realidad social al permitir reclamar violaciones a derechos humanos a partir del momento en que la parte afectada tenía conocimiento de ellas, sin importar el tiempo transcurrido entre la violación y su reclamación.

Desde entonces, el amparo se ha ido arraigando con mayor fuerza en el imaginario popular y la tradición jurídica vernácula, adecuándose a las nuevas circunstancias políticas económicas, sociales y culturales, y representando por ello una piedra de toque de las expectativas de justicia y de desarrollo individual y colectivo de la nación mexicana.

En tales circunstancias, la tutela de la realidad social es responsabilidad del Estado mexicano. Al

Sin embargo, en un severo agravio a las comunidades rurales e indígenas, la nueva Ley de Amparo aprobada el año pasado, redujo a tan sólo siete años el plazo para interponer amparos en materia agraria, lo que coarta su derecho legítimo y deriva en una violación al principio de progresividad social.

En ese momento cuestioné a los integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ya que al aprobar la nueva Ley se suprimieron de un plumazo los derechos de las comunida-

EL DESPOJO TERRITORIAL COMO POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO Alejandra Ancheita Directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC) alejandra@prodesc.org.mx

Este modelo de desarrollo, que beneficia principalmente a las empresas y vulnera los derechos humanos de las comunidades, se ha consolidado con la última reforma a la legislación energética.

Con la aprobación del Senado del segundo dictamen de legislación reglamentaria de tal reforma, se abrió la puerta a modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la expedición de la Ley de Energía Geotérmica. De acuerdo con el artículo 2 de esta última, no sólo será atribución del Estado el aprovechamiento de la energía geotérmica, sino también de particulares, siempre que cumplan con las disposiciones que la Ley establece.

El elemento central de esta Ley es el relacionado con la ocupación del subsuelo, pues establece que las actividades que se realicen en él y que cumplan con los supuestos del artículo Primero serán de utilidad pública; por ello, total

o parcialmente, se procederá a la ocupación, a la limitación de los derechos de dominio o a la expropiación. Cabe resaltar que con la Ley de Energía Geotérmica se amplía el concepto de utilidad pública, lo que implica que toda actividad relacionada con este tipo de energía tendrá preponderancia frente a cualquier otra actividad.

Durante la década reciente, la desposesión territorial se ha realizado principalmente por medio del otorgamiento de concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas trasnacionales, sin informar ni consultar previamente a los dueños de la tierra, incumpliendo lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante esta conducta sistematizada del gobierno y de las empresas, los dueños de la tierra y el territorio han denunciado y defendido sus derechos de diversas maneras, una de ellas ha sido la vía del litigio.

Entre los casos más emblemáticos de defensa encontramos el de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Esta minera se instaló, con la anuencia del gobierno, en un área natural protegida: el Cerro de San Pedro, ícono emblemático de San Luis Potosí, que desapareció

después de que la empresa utilizara explosivos para realizar sus trabajos de extracción de oro y plata.

Durante el tiempo de operación de la mina, el grupo Pro San Luis Ecológico interpuso 15 recursos ambientales contra la minera filial de la canadiense New Gold y, aunque en varios de ellos la justicia les favoreció, la empresa promovió amparos que finalmente ganó.

La demanda contra la minera fue interpuesta en 1999 pero apenas en 2012 se emitió la sentencia que determinó que la empresa no tenía los permisos necesarios para su operación. Aun con la resolución, la empresa siguió operando, por lo que el Frente Amplio Opositor a la Minera de San Xavier decidió interponer una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones de omisión.

Actualmente, el agua de la zona está contaminada porque contiene altos índices de cianuro y la empresa ha anunciado que cerrará sus operaciones en 2016 por “el mejoramiento del medio ambiente”.

Por otro lado, desde hace 40 años la comunidad rarámuri de

FOTOS: -Dj Lu- Juegasiempre

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n los 20 años recientes, el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales.

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des indígenas, pues al ser despojados, no se les otorgará suspensión de los actos reclamados a comunidades y a ejidos. Y es que después de la notificación, a los siete años, no tendrán ningún derecho los ejidos y comunidades.

Si una comunidad ahora se está enterando de que hace 20 años fue despojada por un particular o por una empresa minera o por una empresa eólica, el ejido tiene el derecho y la justicia federal tiene la obligación de protegerlo y ampararlo.

Esta legislación constituye un retroceso en lo que se refiere al amparo agrario, pues pretende mermar el sistema proteccionista que antes se consignaba en la Ley de Amparo a favor de los núcleos ejidales, las comunidades, los ejidatarios y los comuneros. En la práctica se despoja a los ejidos y las comunidades.

Sin embargo, con esta Ley de Amparo, a los siete años prescrito el derecho del ejido o la comunidad indígena, se le dirá: “Tú ya no tienes derecho a promover amparo ni a la suspensión”.

El sentido proteccionista del juicio de amparo con estas comunidades tiene su esencia.

Quienes hemos litigado en materia agraria sabemos que contra los campesinos, contra los ejidatarios o contra los indígenas, se cometen muchos abusos. Imagínense el día que vayan a su núcleo de población y le comenten al ejido que fueron notificados hace siete años y que, por tanto, ya no tienen el derecho de promover el amparo.

Huetosachi, de la sierra Tarahumara, ha pedido a las autoridades el reconocimiento de su territorio y del derecho al manejo de sus bienes naturales. En 1997, mediante decreto de la Legislatura de Chihuahua, se publicó el Fideicomiso Barrancas del Cobre con el objetivo de desarrollar el turismo en la región; sin embargo, la construcción de los complejos hoteleros se realizó sin consultar a los rarámuris, quienes, al ver violentados sus derechos, interpusieron una demanda ante el Juzgado Octavo de Distrito. En 2010, el Juzgado desechó la demanda con el argumento de que los demandantes carecían de interés jurídico. Después de varios recursos interpuestos por la comunidad, los rarámuris lograron que, en marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso y emitiera una resolución a su favor al considerar que se les había violentado su derecho a la consulta previa, libre e informada. La SCJN también resolvió que los tres niveles de gobierno debían constituir un Consejo Consultivo para el Fideicomiso de Barrancas del Cobre, pero la resolución aún no ha sido acatada.

Otro caso de defensa de la tierra y el territorio es el que se desarrolla desde 2013 en el estado de Oaxaca donde, por primera vez, el juez primero de

Defendemos el Estado de Derecho. No asumimos ni queremos Estados totalitarios; ni dictaduras. Esa es la argumentación de fondo.

La suspensión tiene su esencia en el amparo; el amparo no sería amparo sin la suspensión, porque la suspensión se otorga para garantizar que los daños no sean irreparables y que el particular pueda acudir a la justicia por un abuso de la autoridad. Si le quitan la suspensión, le quitan la esencia al amparo y lo desnaturalizan como institución.

Distrito con sede en la ciudad de Oaxaca reconoció la calidad agraria de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo que demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento firmados con la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos, SA de CV (Demex) en 2007. Esto implica que el juicio agrario en contra de la validez de los contratos interpuestos por los comuneros deberá desarrollarse ante el Tribunal Unitario Agrario, que inicialmente desestimó la demanda. Esta es la primera instancia judicial que reconoce el carácter colectivo de las tierras de Unión Hidalgo, lo que resulta histórico dado que se establece como el primer precedente regional de reconocimiento de la relación que guarda la comunidad indígena de Unión Hidalgo con su tierra.

Las reformas recientes intentan legalizar el saqueo que las comunidades indígenas, ejidales y comunales han sufrido a manos de empresas trasnacionales, asociadas con empresas mexicanas y respaldadas por una actitud omisa y de complicidad de las autoridades mexicanas. Ante el despojo territorial legalizado, las y los dueños de la tierra y el territorio confirman la estrategia: la defensa del derecho es indispensable, pero la organización de los pueblos es, por demás, la respuesta a garantizar.

HOMBRE DE MÉXICO (1948) Aurora Reyes Algo oscuro ha pasado por el cielo de México.

Está herida la tierra Y en los labios del viento silba el agudo filo de antigua profecía.

El horizonte ahoga un paisaje de alas ceñido en ondulantes anillos de serpiente. ¡Águila deshojada!

Un sueño de poetas llora un sueño de héroes.

Algo ha sabido el agua de litorales libres; la nave de la espuma hace viajes de alarma entre azules y grises.

Inmóviles metales conspiran en las sombras, batallones de árboles manifiestan sus brazos.

La noche vigilante se apresta para el alba. ¿En dónde estás creciendo silencioso gigante? ¿Qué paisaje florece distancia en tu mirada? ¿Qué sombras te transitan? ¿Qué verdades te hablan?

Nutrido de hambres públicas, de olvidos de ceniza, de espinas colectivas, de muchedumbres-lágrimas. ¡Ya levántate y surge!

Ya congrega y trasciende esta imposible angustia panorámica.

Múltiple voz eleva sus hojas verticales clamando por el fruto maduro de tu frente. ¡Desolada bandera!

Otra vez patria suave…

Ya vienen otra vez los mercaderes.

Ya vienen a llevarse tu riqueza, tus cándidos tesoros, tu color solferino, tu morado rabioso y únicos en el mundo, los ojos de tus niños.

Se acabarán tus pueblos de gardenia, tus provincias de nardo, tus novias de amapola, tu cempasúchil de oro y los intensos campos de tu flor madreselva.

Ya no tendrás esquinas con vueltas de cilindro, ni jardines de mantos, ni ventanas de cielo, ni serenata tierna.

Ni habrá más lotería de cartoncitos.

Apagarán tus júbilos de cohete y chinampina, la deslumbrada luz de tus “castillos”, aquella verde danza de tu ancestral amiga y tu alucinación de maguey líquido.

Se romperá el hechizo de tus sirenas, centro de zapateado y conquián los irisados gallos de las peleas y los viernes de cábala y copal.

En mecánico ritmo tomarán la armonía del ardiente prodigio que modela tu mano, la magia de tu lenta caricia, la alegría de los florecimientos de tu amor artesano.

Tus veneros de azul serán cegados en el color caliente de tu sangre.

Envolverán en dólares tus huesos Y en humo celofán tu joven aire.

Escucha cómo crecen las tinieblas del odio, oye cómo caminan los desiertos del hambre, cómo construye firmes paraísos la fiebre y murmura cuchillos la prisión de la sangre.

Aurora Reyes. Mural "Presencia del maestro en la historia de México" (fragmento). Auditorrio 15 de mayo (1960-1962)

Ven a ver cómo lloran las escuelas. ¡Que cielos de amargura filtran las vecindades!

Las mujeres con alma de montaña amasan en su rostro silencios vegetales.

Ven a cumplir tu entero destino, sombra clara; te invocamos anónimo y auténtico, hermano sin ayer y sin mañana. ¡Ven a morirte, Hombre de México!

Te espera la impaciencia, los encuentros te buscan, arden las multitudes, se queman las palabras.

Surge ya, ¡capitán de la angustia!

Te llama la voz verde de las cañas.

Por este barro en marcha que somos, por el amor del agua, por la muerte del árbol inocente y su cosecha trágica.

Por tu serena dignidad de cacto erguido en los desiertos de la sed, tu corazón de tuna colorada, y tu canción de miel.

Por el incomprendido desorden de tus sueños allí, de donde parten los caminos de sal, por la lluvia vendida, por el pan traicionado, por los ojos nocturnos del jacal. por el sol, por la nube, por la flor, por la palabra “Tierra”, por la voz “Libertad”, por los dioses de elote del cañaveral.

México, abre los brazos, ¡crécelos!

-mar que has purificado los ríos de otras aguasAcoge nuestra voz. ¡Recíbela! ¡Levántala!

Y coloca tu cifra de justicia En el cielo más alto del amor.

Abre tu antiguo rostro golpeado de infinito, el volcán de tu entraña, tu potencia de abismo azul.

Alcanza los contornos morenos de la raza, desnuda las tinieblas, multiplica las flechas de la luz.

Crece los brazos, ¡crécelos más!

Y en un himno de cumbres liberadas que crispe el huracán irrumpan el espacio de la Indoamérica las palomas de azúcar de la paz.

Ven a cumplir tu entero destino, sombra clara; te invocamos anónimo y auténtico, hermano del ayer y del mañana. ¡Surge ya!, ¡Hombre de México!

Agradecemos a Fausto Alzati el escándalo que, alcoholizado, armó en las instalaciones de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública el 13 de junio, al inconformarse con la lectura de Hombre de México, por parte de Ernesto Godoy, nieto de la autora, Aurora Reyes.

Ello, además de provocar su afortunada remoción del cargo de director de Televisión Educativa, atrajo la atención de la opinión pública a este poema escrito en 1948 pero que resulta muy propio para los tiempos actuales.

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DESPOJO Y CONTAMINACIÓN DE AGUA, POR FUERTE APUESTA INDUSTRIAL DE MÉXICO: ANDRÉS BARREDA Lourdes Rudiño

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l problema ambiental de México debe mirarse sin estereotipos. A diferencia de Sudamérica, en nuestro país el punto clave no está sólo en el extractivismo, sino también en el avance de una industria altamente automatizada que genera pocos empleos y nada de prosperidad y que es muy agresiva en los mercados internacionales –la automotriz, de telefonía celular, autopartes, aeroespacial, aeronáutica, textil e incluso la agroindustrial, entre otras-. Esta industria insume y contamina grandísimas cantidades de agua, además de que utiliza el territorio vía corredores industriales, donde los efectos se observan en daños a la salud humana, crecientes accidentes carreteros y trasvases de agua propiciados por el colapso hídrico que se vive.

Andrés Barreda Marín, miembro de la Asamblea de Afectados Ambientales, afirma esto, y si bien reconoce que la minería y la extracción de hidrocarburos, incluido el gas shale, representan un conflicto serio, con un descomunal y sistemático despojo de tierras, bosques y aguas, “Hay que entender que el problema no son sólo afecta a los 25 millones de campesinos, sino al cien por ciento de la población”.

Menciona en entrevista datos que sustentan su afirmación: en el mundo México es el octavo productor de automóviles y aspira a ser el séptimo (y cada auto insume en su manufactura entre medio y un millón de litros de agua), además de que es el quinto exportador; es importantísimo productor en aparatos de medición médica, y es líder en refrigeradores, pantallas planas y teléfonos celulares.

En la región de Puebla y Tlaxcala, donde hay también una presencia importante de la industria textil – que es altamente contaminante del agua, y como ejemplo está el desastre provocado al Río Atoyac por las empresas del rey de la mezclilla, Kamel Nacif- está instalada la Volkswagen y se prevé que llegue Audi. Y hay alrededor de14 parques industriales, productores de componentes claves para los autos (cristales, productos electro-informáticos, radios, GPS, aceleradores, elevadores de ventanas, etcétera).

Tan sólo dentro de la Volkswagen hay 20 pozos gigantescos de extracción de agua. Pero en la región, en manos industriales, hay más pozos no contabilizados, y los resultados allí son de abatimiento de los acuíferos. “México entonces exporta agua en forma de autos y de todo tipo de productos industriales”.

Alrededor de la Ciudad de México están otras industrias automotrices (en Toluca, Cuautitlán y Cuernavaca, además de la mencionada Puebla-Tlaxcala), pero hoy día “hay un nuevo núcleo que se está emplazando en Guanajuato, y forma un centro industrial junto con Querétaro, donde se está asentando la industria aeronáutica y aeroespacial –que involucra intereses de Diego Fernández de Cevallos, e implica armamento aéreo, lo que hace de México objeto de ataque militar-, todo lo cual utiliza grandísimas cantidades de agua.

Esto se liga con Hidalgo, donde se ubican las grandes refinadoras de Pemex. Este corredor industrial entra en competencia por el agua con la minería y la actividad extractora de gas shale. Y por la parte norte de Guanajuato hay actividades agrícolas intensivas con alto consumo de agua –por ejemplo, en las tierras del rey del ajo, Javier Usabiaga, hay 300 pozos-.

“Aquí está el Río Independencia, y debido a la actividad industrial, decenas de pueblos están completamente intoxicados por el fluor y arsénico que contamina el agua. El primero es un descalcificante y el segundo un cancerígeno potentísimo. “Masivamente, la población está perdiendo los huesos; se observa en cualquier niño, todos pierden los dientes. Hablamos de una tragedia de cientos de miles de personas, pues el agua limpia se usa para la agro exportación, y la que no, va a la industria automotriz. La sobre explotación de acuíferos es brutal y por supuesto no alcanza para todas las apuestas industriales que se están llevando a cabo”.

Este corredor toca la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde hay grandes yacimientos de litio, considerados entre los terceros y quintos de todo el planeta, que son importantísimos para la producción de las próximas baterías eléctricas de la industria automotriz.

Según Barreda, destaca en todo esto la posición de Guanajuato, pues está en el centro del corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo, es decir la conexión del oriente de Estados Unidos con China (centros económicos líderes del planeta), y esto, que evidencia el uso del territorio mexicano como corredor industrial, explica por qué tenemos en esa zona un gran colapso ecológico y de movilidad.

Allí se encuentra el núcleo de movilidad ferrocarrilera más importante del planeta; la extracción de minerales ocurre vía ferrocarril. Asimismo las carreteras de este corredor se manifiestan como las bandas de montaje de la industria global, lo que deriva en problemas de contaminación ambiental de primer or-

den pero también hay accidentes, con múltiples muertos y heridos, pues los tráilers en México circulan a una velocidad superior en cien por ciento a la permitida en las normatividades del resto del mundo. Estos accidentes han crecido exponencialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) y la información al respecto está dispersa, y nadie la monitorea, afirma.

Entonces, señala Barreda, esta gran producción y tránsito de productos industriales está absorbiendo grandes cantidades de agua, y resulta cínica la reciente declaración del presidente Enrique Peña, hecha en un foro internacional sobre este recurso, de que los tiempos del agua fácil y abundante se acabaron.

“Y es que, en verdad, las aguas superficiales y también las subterráneas se han sobreexplotado de forma fenomenal”. Además de las actividades industriales mencionadas, está por supuesto el uso y contaminación del agua que hace la minería, la cual, según datos duros, goza de concesiones en 17 por ciento del territorio nacional, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, aunque también en la Sierra Madre Oriental y en el norte de México. Y también están las actividades extractivas de gas shale, tal vez en otro 16 o 17 por ciento del territorio del país. Minería que implica no sólo oro –metal que las mineras canadienses están extrayendo desaforadamente porque tiene preminencia hoy frente a las monedas fuertes del mundo -, sino también las tierras raras (elementos químicos y lantánidos para los componentes electro informáticos). Zacatecas era considerado hace muchos años lugar clave para la extracción de tierras raras, hoy esa posición la ocupa Oaxaca, “pero se carece de información de dónde se están explorando estas tierras raras”.

Y está la explotación de elementos tales como el manganeso y el platino, que son considerados estratégicos por el gobierno de Estados Unidos; en el primer caso México no tiene las principales reservas, pero es el principal abastecedor de EU (con explotaciones que van desde San Luis Potosí hasta la Sierra Norte de Puebla).

Así, señala el entrevistado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó hace un año y medio una demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues lo que estamos viviendo no es una casualidad, es una política hídrica de despojo y una apuesta dura del gobierno al desarrollo de la industria. “Acusamos a la Conagua por una destrucción sistémica del sistema hidrológico nacional”.

CONTROL DEL AGUA Claudia Campero Organizadora para América Latina de Blue Planet Project y Food & Water Watch y participante de la Alianza Mexicana contra el Fracking

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oda actividad humana requiere agua: la agricultura, ganadería, turismo, industria, minería, extracción de hidrocarburos, producción de electricidad, etcétera. Pero las prioridades son diferentes. Difícilmente alguien afirmaría que la actividad industrial es más importante que la sobrevivencia, pero la dura realidad nos muestra que a la industria no le falta agua para operar, y muchas personas, millones de hecho, sí viven sin el agua en cantidad y calidad suficiente. De hecho, la reforma energética en ciernes, de ser aprobada e implementada, reproducirá este patrón. Ante ello, una vez más, se requieren defensas ciudadanas.

En México se vive una situación grave de mal manejo de agua que inicia por el gobierno federal y se mantiene en estados y municipios, y también en el Distrito Federal. No importa de qué color sea el partido gobernante, las políticas de manejo varían muy poco y privilegian al ámbito urbano, que consume el agua en exceso y no sólo para uso humano sino para industria y servicios, generalmente beneficiando a pequeñas élites locales, por encima del ámbito rural que la produce, despojando a éste del líquido. Privilegian el agua para el “desarrollo” económico y las inversiones de la agroindustria, la maquila, la minería, la explotación de hidrocarburos.

De hecho, el agua usada en estas actividades se consigue de forma barata y se regresa altamente contaminada al ambiente. Pesticidas, fertilizantes, colorantes, metales pesados y tóxicos diversos van a dar de forma difusa o puntual de regreso al suelo y a los cuerpos de agua obstaculizando o imposibilitando su aprovechamiento por las poblaciones aguas abajo y de generaciones futuras. ¿Y cuál es la solución gubernamental a este problema de mal manejo y contaminación? Traer agua de lugares cada vez más lejanos o de acuíferos más profundos, incurriendo en costos energéticos, sociales y ambientales altos e innecesarios. Así lo muestran los planes que pretenden invertir en más macro infraestructura –proyectos desquiciados como el Monterrey VI, la presa El Zapotillo y Atotonilco, entre muchos otros–, aun cuando la experiencia internacional nos dice que si bien es deseable invertir en agua, existen opciones más inteligentes y sustentables que megaproyectos costosos.

El panorama no es alentador y todo indica que empeorará. A pesar de que en 2012 se logró reconocer al nivel constitucional el derecho humano al agua, la nueva Ley General de Aguas, que debiera implementarlo, no ha sido presentada oficialmente, pero los borradores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denotan un soslayo del líquido como derecho humano, pues buscan continuar profundizando el modelo del agua como bien económico, de grandes infraestructuras, de participación de la iniciativa privada.

Y a pesar de que se está elaborando una iniciativa ciudadana con un proceso amplio de organizaciones y academia cuyo principal objetivo es democratizar la gestión del agua, las y los legisladores no han mostrado interés en esto.

A este escenario preocupante se añade la propuesta de reforma energética, que promueve la extracción de hidrocarburos por medio del fracking –que utiliza y contamina irreversiblemente entre nueve millones y 29 millones de litros de agua por pozo– con disposiciones que obligarán a las y los dueños de la tierra a rentar sus tierras (a beneficio del contratista) o a enfrentar la expropiación.

Es, sin exagerar, un auténtico despojo promovido por el Ejecutivo y que busca ser legalizado por el Congreso. El gobierno está preparando todas las fichas para sustraer a comunidades de sus tierras, al tiempo que garantiza a las empresas la disponibilidad de agua en regiones que están lejos de la abundancia, en el norte del país.

Así, agricultores en Piedras Negras viven en incertidumbre pues la Conagua decretó a finales del 2013 reglamentar la zona, que previamente era de libre alumbramiento, y quienes no se enteraron y no procesaron su concesión o asignación a tiempo enfrentan la posibilidad de perder su derecho de uso de agua.

El gobierno federal y los gobiernos estatales ya han mostrado su posición. Queda a la ciudadanía alzar la voz y buscar formas creativas para defender el agua y el territorio. Es urgente encontrar viejos y nuevos aliados. Los movimientos campesinos tienen claro el diagnóstico y la agenda de movilización para impedir el despojo. Más vale ir sumando pues no habrá espacio para lamentaciones.

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MINERÍA EN EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI: DESPOJO DE TERRITORIOS RURALES

San Luis Potosí WIRIKUTA. UN TERRITORIO DE VALOR SIMBÓLICO

Violeta R. Núñez Rodríguez

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desperdicios de la minería a cielo abierto), y después se van.

n los 20 años recientes, del territorio de la nación mexicana se ha extraído ¡cuatro veces el oro! y casi el ¡doble de plata! de lo que se extrajo durante los tres siglos que duró la Colonia.

Junto a esto, las exportaciones minerometalúrgicas han crecido de manera importante. Esto implica que la extracción de los minerales está cubriendo las necesidades de otras naciones. En particular, 70 por ciento de las exportaciones de oro y más de 80 por ciento de las de plata se dirigen hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido posible esto? La contrarreforma agraria de 1992, no sólo incluía la modificación del artículo 27 y de la Ley Agraria, también abarcaba la Ley minera y la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, la contrarreforma, que ya de por sí era mayúscula, no sólo contemplaba la cancelación del reparto agrario y la posible privatización de la propiedad social (del ejido).

La Ley minera formaba parte del Programa Nacional de la Modernización de la Minería 1990-1994, cuyo propósito era “aumentar significativamente el crecimiento de la actividad minera mediante su modernización y diversificación, fortaleciendo la comercialización de sus productos a través de una mayor productividad y competitividad que permita obtener mejores beneficios”.

Como parte de este Programa, se estableció la necesidad de crear un nuevo marco jurídico a fin de “facilitar” la inversión en esta actividad. En este contexto la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal expresó: “se eliminaron requisitos, se simplificaron trámites y se unificaron criterios para facilitar la concurrencia de los particulares a la exploración y explotación del territorio nacional, propiciando mayor afluencia de las inversiones”.

De acuerdo con los Panoramas mineros por estado, la mayor parte de la superficie concesionada, más del 60 por ciento, se encuentra en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Baja California y Durango. A estas entidades, la Secretaría de Economía agrega San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México, Colima y Oaxaca, como estados prioritarios debido a su intensa actividad minera.

Así, la minería se circunscribía a la lógica neoliberal imperante en México y en el mundo. Lo importante era convertir esta actividad, todavía en mayor medida en manos del Estado, en una actividad productiva y competitiva que fuera atractiva a la inversión privada.

En este contexto emergió la Ley minera. Entre otros, la Ley estableció tres artículos que han impactado el territorio nacional. El artículo 6 estipula que la minería es una actividad de utilidad pública, por lo cual será preferente sobre cualquier otro uso del terreno en donde se localicen minerales. Junto a esto, el artículo 10 establece que esta actividad se realizará mediante el otorgamiento de concesiones (otorgan derechos sobre el terreno, mas no la propiedad), las cuales podrán tener una vigencia, según el artículo 15, de ¡50 años!, con posibilidad de ampliarla por el mismo periodo. Es decir, las concesiones pueden ser por ¡cien años!

A partir de estas disposiciones legales, una parte importante del territorio de la nación mexicana se ha concesionado para esta actividad.

En los 20 años recientes se han entregado más de 47 mil títulos que abarcan casi cien millones de hectáreas. No obstante, el Primer

Informe de Gobierno de la actual administración gubernamental, indica que sólo 30.7 millones de hectáreas tienen concesiones vigentes.

La gran duda es por qué tantas concesiones han perdido su vigencia. Es decir, qué pasó con más de 60 millones de hectáreas concesionadas. Esta duda surge, considerando que la legislación tan laxa y permisiva (entre ellas no sólo la Ley minera, sino la Ley Federal de Derechos), ha convertido a México en un paraíso minero, y consideranto también el alza internacional que experimentan los precios de los minerales y las ganancias importantes de la empresas mineras en bolsa de valores.

De cualquier forma, 30 millones de hectáreas es una cifra espectacular. No está de más decir que después del triunfo de la Revolución Mexicana pasaron nueve periodos presidenciales para que, producto de la reforma agraria, se entregara esa cantidad de tierras.

Así, la contrarreforma no implicó cambiar el régimen de tenencia de la tierra, sino “conservarla”, aunque cediendo el derecho sobre el terreno en su conjunto a empresas mineras. Dicho en otras palabras, las empresas llegan a explorar, sacar y beneficiar el mineral (dejando todos los

Tan sólo a Guerrero se ha dirigido el 20 por ciento de toda la Inversión Extranjera Directa nacional en minería. Diversos ejidos y comunidades son afectados. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), “existen más de mil 600 contratos entre empresas mineras y comunidades ejidales”. A decir del responsable de esta Secretaría, la minería podría convertirse en un problema si no se atiende “bien”. En el mismo tenor, la Secretaría de Gobernación, sustentada en el Estudio de la minería en México, alerta al gobierno federal sobre el riego que podría traer la actividad minera.

Pero pese a la alerta, el territorio de la nación mexicana se sigue “ofreciendo”, con el eslogan “Minería en México. Su mejor oportunidad de inversión”, que promueve la Secretaría de Economía. Esto implica que las concesiones seguirán creciendo.

El gran y grave problema es que cada vez más, las mineras ponen su mira en territorios pertenecientes a pueblos. y comunidades campesinas, lo que amenaza “la posesión” del territorio, viviéndose en los hechos un despojo “legal” y violento (características similares a las del proceso de acumulación originaria ocurrido mediante la colonización). La gran pregunta es ¿hasta cuándo seguiremos pagando tributo?

Oaxaca SAN MATEO CONTRA EL CATRÍN A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón descubrieron que el nuevo dios del inframundo era El Catrín, quien a cambio de bonanza exigía sacrificios humanos en forma de accidentes fatales. Sin embargo, escribe Salvador Aquino, que recogió la historia, la mudanza de representaciones no fue completa pues “mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidiana, pertenecía a otra dimen-

sión. A lo largo del territorio de Capulalpan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad”.

En los años recientes, exploraciones de Asarco, Continuum Resources Sundance y otras mineras concluyeron que, empleando procedimientos novedosos, en Capulalpan aún hay oro y plata que extraer. Pero los comuneros ya lo pensaron mejor y en noviembre de

2012 decidieron en asamblea que no aceptaban la explotación de minerales en su territorio. Después de 200 años de dominio, los tiempos del El Catrín terminaron: Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mineros, sino San Mateo, patrón de los capulquenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo pero sí se remienda un poco el desgarrado imaginario que dejaron en los indios formas particularmente cruentas de sometimiento colonial como fue, y es, la minería (AB).

Queremos defender este lugar sagrado (…) que no se saque el corazón y la sangre de Wirikuta, porque está vivo. Si lo hicieran, el pueblo wixárika desaparecería.

Palabras del mara´akame, Cerro del Quemado, Wirikuta, San Luis Potosí.

Todos preservamos el orden cósmico de a poquito con los pequeños ritos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárica asumen la compartida responsabilidad cósmica de manera excepcionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que 30 mara´akate o jicareros realizan todos los años al cerro sagrado de Wirikuta, donde por medio de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el hicuri o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que nos incumben a todos, por muy agnósticos que algunos seamos.

Pero la peregrinación anual de los chamanes huicholes está en riesgo y por ende también peligra la armonía cósmica. Grandes partes del Desierto del Amanecer fueron cedidas en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón a la minera First Majestic Silver, que tiene 22 concesiones que abarcan seis mil 327 hectáreas, y a la Revolution Resources, cuyo Proyecto Universo está previsto para ocupar 60 mil hectáreas, la quinta parte de la reserva. Por decreto estatal este Desierto es Área Natural Protegida; se le considera Área de Importancia para la Preservación de las Aves; desde 1988 fue incorporado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales, y desde 2004 está en lista de espera para ser reconocido Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, representantes de los 45 mil wixáricas que habitan partes de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el universo. Y en 2013 lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio segmento de la opinión pública integrado por quienes sabemos que permitir la destrucción de la base territorial del imaginario wixárica y con ella la destrucción de los huicholes como pueblo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio sostenido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el Desierto del Amanecer y si los dejamos después se irán sobre los territorios significativos de todos los demás.

Por fortuna de momento los detuvimos gracias a un amparo judicial interpuesto por la comunidad en 2013 (AB).

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CARTOGRAFÍA MINERA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ¿QUÉ SABEMOS DE LO QUE NO SABEMOS? Manuel Llano mr.llano@gmail.com

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l conocimiento del territorio nacional concesionado a la minería es todo menos accesible.

De acuerdo con la legislación minera vigente en México, los títulos de concesiones mineras son otorgados por el Estado mexicano sin el conocimiento, aviso ni consulta del dueño de la superficie de la tierra. Aunado a esto, existe una gran dificultad para acceder o disponer de la información geográfica relativa a exploraciones y concesiones mineras del territorio nacional.

Si bien la información cartográfica con respecto a minería se considera de carácter público, la misma se encuentra sujeta al pago de dere-

chos, que asciende a más de cinco millones de pesos si se pretende hacer un estudio de carácter nacional. Esta situación genera un acceso desigual a la información e incluso asimetría en su goce porque sólo pueden acceder a información pública las personas que estén en condiciones de pago de sumas millonarias. Pero esta desinformación y opacidad existe no sólo de cara a los mexicanos, legítimos dueños del subsuelo, sino incluso dentro del propio gobierno, de tal suerte que la información geográfica sobre concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) no la conoce en la cotidianidad la Secretaría de Medio Ambiente ni Gobernación.

Como consecuencia de la escasa transparencia y rendición de cuentas, existen discrepancias en torno a la extensión de las concesiones mineras en México. A lo largo del tiempo, los estudios e información oficial han presentado diversos resultados.

Estas discrepancias encuentran su origen –principalmente- en la fecha de corte de la información, en el traslape geográfico que hay entre miles de concesiones, e inclusive en la existencia de concesiones mineras mexicanas que se extienden fuera del territorio nacional. No son pocos los títulos de concesión minera que caen en estos supuestos, como tampoco son pocas las hectáreas comprometidas: los traslapes geográficos por concesiones empalmadas suman poco más de 1.2 millones de hectáreas, mientras que la superficie de las concesiones internadas dentro de territorio estadounidense abarca mil 895 hectáreas. Al respecto cabe mencionar que el gobierno de Obama puede dormir tranquilo, no reclamaremos soberanía sobre estas concesiones, tan sólo estamos frente al escaso escrutinio que brinda la SE al otorgar concesiones: si éstas se empalman una con otra, o incluso van más allá de nuestras fronteras, no parece importarle mucho a la autoridad competente.

Hasta agosto de 2012 existían en todo el país 27 mil 211 concesio-

nes mineras vigentes, que abarcaban poco más de 31 millones de hectáreas (restando la superficie empalmada y las concesiones fuera del territorio nacional), esto equivale aproximadamente a la extensión de Chihuahua y Veracruz. Es decir, el 16.1 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería. En contraste, podemos mencionar que la superficie destinada a la conservación de la biodiversidad bajo el esquema de áreas naturales protegidas (ANP) tan sólo abarca el 10.6 por ciento (20 millones de hectáreas).

Pero ni siquiera las ANP se escapan de las concesiones mineras, puesto que casi el 11 por ciento (2.2 millones de hectáreas) de su superficie se encuentra concesionada, y más grave aún, inclusive las zonas núcleo de las ANP (zonas mejor conservadas que requieren protección especial) encuentran en su interior casi 61 mil hectáreas que han sido destinadas a la minería. Y podemos seguir con este análisis, la cobertura vegetal primaria (bosques, selvas, matorrales, pastizales, humedales) de México, es decir, aquella vegetación que no ha sido afectada por la influencia humana, o que no lo había sido hasta ahora, está concesionada en un

20.3 por ciento (19 millones de hectáreas). Y los núcleos agrarios, es decir los territorios de ejidatarios y comuneros, han sido concesionados a la minería con poco más de 15 millones de hectáreas (16.2 por ciento).

Acercarse a un análisis geoestadístico de las concesiones mineras –como lo hemos hecho en el estudio Atlas de concesiones mineras, conservación y pueblos indígenas; Conservación Humana, AC; 2013, disponible en www. mineriaypetroleo.org- no sólo sirve para fiscalizar las acciones de la autoridad competente, sino que se debe volver una herramienta para una mejor planeación y aprovechamiento de los recursos naturales. Es imprescindible una mirada proactiva, encaminada al ordenamiento del territorio, a la previsión de conflictos y al empoderamiento comunitario; a la vez que se procura una zonificación geográfica para la extracción de minerales en un marco de respeto al ambiente y a los derechos humanos. Para contribuir a un proceso de esta naturaleza es necesario partir en primer lugar de la transparencia y pleno acceso a la información tanto geográfica como estadística y administrativa, en formatos digitales abiertos y de manera desagregada.

CANDADOS LEGALES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA DE ACTIVIDADES MINERAS Francisco Cravioto Lagos Investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación www.fundar.org.mx www.mineriaypetroleo.org francisco@fundar.org.mx

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n un país donde la minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno; donde las concesiones son por 50 años (con una prórroga automática de otros 50); donde ocupa el 15.88 por ciento de la superficie continental emergente del territorio nacional para su realización…

También donde los derechos cobrados a esta actividad, a pesar de exorbitantes ganancias, sólo representan el 0.18 por ciento de los ingresos participables del Estado (cuatro mil 17 millones de pesos); donde la única derrama económica evidente se expresa tan sólo en 107 mil 419 empleos directos (0.22 por ciento de la población económicamente activa), pero sobre todo donde se atropellan los derechos de comunidades rurales e inclusive urbanas a decidir directamente sobre su propio desarrollo en sus propios territorios y a no sufrir graves afectaciones a sus derechos…

En un país donde eso ocurre no sorprende en absoluto que, en términos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, los dados se encuentren cargados a favor de los titulares de concesiones mineras.

Comencemos por lo elemental. La Constitución establece en el artículo 27, párrafo cuarto, que todos los bienes minerales del subsuelo pertenecen en dominio directo a la Nación mexicana. Es el gobierno federal el encargado de gestionar estos bienes, según la ley, en beneficio de la utilidad pública. Es cuestionable que la extracción de es-

tos bienes sirva a la utilidad pública cuando se entregan, prácticamente sin condiciones u obligaciones, títulos de concesión a particulares para que lucren a partir de la explotación de bienes de dominio nacional.

Adicionalmente, la ausencia de un procedimiento que garantice el consentimiento vinculante de comunidades rurales (y urbanas) próximas a los sitios donde se realizarán estas actividades anula cualquier pretensión de servicio de la utilidad pública.

Sin embargo, la redacción del artículo Séptimo, fracción IX, de la Ley minera va más allá: establece que toda la información sobre los volúmenes de minerales extraídos por estos particulares gozará de confidencialidad. Si no podemos conocer las y los ciudadanos cuántos minerales están extrayendo estos particulares, ¿podemos afirmar que los mismos realmente pertenecen a la Nación? ¿Cómo valorar, siquiera, que lo que pagan en derechos e impuestos es justo –dejando a un lado los enormes costos ambientales, en daños al acceso al agua, a la salud, a la productividad de la tierra, entre otros, que dejan a su paso-?

El artículo Séptimo, fracción IX, garantiza la confidencialidad de otros rubros de información de interés para la ciudadanía. No permite conocer el destino de venta de los minerales extraídos, la información geológica sobre el subsuelo mexicano generada por estas empresas o los es-

tados económicos de las mismas –en Estados Unidos, la Ley Dodd-Frank las obliga a publicar esta información.

Por medio del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), la Secretaría de Economía (SE) nos muestra versiones incompletas de dos documentos públicos: la Cartografía Minera y el Registro Público de Minería. Si una ciudadana busca descargar los polígonos de concesiones, asignaciones y reservas mineras existentes en el país, para realizar una investigación o saber si su comunidad se encuentra en riesgo, el gobierno establece un cobro de tres mil 108.17 pesos por carta a escala 1:50:000. Para obtener cartas que abarquen la totalidad del territorio nacional, la ciudadana en cuestión tendría que erogar siete millones 156 mil 151.50 pesos cada vez que se actualice la información (una vez al mes). Sin esta información, ¿cómo podría la sociedad civil o la academia realizar investigación sobre las actividades mineras que se realizan en el país? Más importante aún, ¿cómo podrían los habitantes de una comunidad tener conocimiento preciso sobre el tipo de actividades económicas que amenazan su territorio y derechos?

Los candados a la transparencia en el sector son múltiples y diversos e involucran a distintas dependencias del gobierno federal. Para más información sobre problemas de acceso a la información en la gestión pública de las actividades mineras en México, favor de consultar el sitio construido por Fundar y Conservación Humana A.C.: www.mineriaypetroleo.org.

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San Luis Potosí

DERRAMES DE MEZCLA CIANURADA DE MINERA SAN XAVIER INVADEN ZONAS HABITADAS Mario Martínez, El FAO Hace 18 años nos opusimos al proyecto de Minera San Xavier por los riesgos que implicaba el uso del cianuro utilizado en el proceso de separación de los metales por lixiviación (16 toneladas diarias para separar oro y plata) y, sobre todo, por la cantidad de agua contaminada (32 millones de litros de agua al día). En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la empresa reconoce la posibilidad de derrames, afectación atmosférica, polución en los depósitos de agua superficial y subterránea y contaminación de los suelos; incluso declara que los daños serán irreversibles y permanentes.

El plomo y el cianuro son los principales elementos que perjudican nuestro futuro. El plomo afecta sobre todo al sistema nervioso y daña el cerebro, los riñones y la médula ósea. Bastan 200 miligramos de este veneno para lesionar de manera permanente nuestro organismo, e incluso provocar la muerte. Un gramo de cianuro es capaz de matar a cinco personas; además es muy reactivo, cuando pasa del estado líquido al gaseoso forma el temible gas B (de Bayer), aquel que utilizaron los nazis para matar en las cámaras de gas a millones de personas.

En el Cerro de San Pedro, de los 32 millones de litros de la mezcla de cianuro de sodio, se evapora aproximadamente el 25 por ciento (ocho millones de litros). El peligro es la formación de nubes de ácido cianhídrico que no tienen límites territoriales. De este modo, millones de habitantes del valle estamos respirando pequeñas cantidades de este ácido cianhídrico sin darnos cuenta, lo cual da origen con el tiempo a nuevas enfermedades. Las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente y la

salud de los habitantes del estado estuvieron enteradas del inminente peligro. Es el caso del entonces secretario de Salud Pública, Fernando Toranzo, actual gobernador del estado.

En lo que va del 2013 y el presente año sólo han sido visibles a la población, por su magnitud, un derrame de cianuro en enero y otro en agosto, ambos sobre la carretera a Cerro de San Pedro en el tramo de los patios de lixiviación de la empresa en cuestión. En el segundo caso, las lluvias ocasionaron un derrame interrumpiendo el tránsito vehicula; en un intento por esconder el peligroso accidente, la empresa puso a una cuadrilla de gente y pipas a lavar el tramo de carretera. Desde luego que esto de ninguna manera resuelve, ni siquiera mitiga los daños ambientales o a la salud, pues esa mezcla cianurada se infiltra en el subsuelo y tarde o temprano llega al acuífero, es decir, contamina el agua que extraemos para consumo humano, con efectos graves para la salud.

El aguacero que cayó en la zona el 25 de mayo de este año provocó otro gran derrame de cianuro en la misma zona, que llegó hasta el poblado de La Zapatilla, localizado aguas abajo de los patios de lixiviación. Los habitantes de esta comunidad, construida por la misma Minera San Xavier para recibir todo tipo de impactos generados por las actividades mineras, está siendo castigada criminalmente: no son pocos los decesos que han ocurrido por causa de la contaminación; a ellos se suma el número de casos de personas con enfermedades incurables.

Una buena cantidad de medios de comunicación, sobre todo escritos, han sacado a la luz esta información. Pero, ¿qué hacen

LEY MINERA DESDE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS: INICIATIVA CIUDADANA

las autoridades responsables para actuar conforme a derecho y en protección de los habitantes de La Zapatilla y de quienes vivimos en la zona de impacto, como es el municipio de Soledad y el de San Luis Potosí y su capital?

Las declaraciones de las autoridades ambientales y de los tres niveles de gobierno de que las instalaciones de Minera San Xavier habían sido diseñadas contra cualquier contingencia se evidenciaron como un discurso falso.

Cada vez que haya un aguacero, habrá derrames. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es un ejemplo paradigmático de ceguera institucional, y hace mancuerna con el ex diputado local y ex activista contra Minera San Xavier, Manuel Barrera Guillén, ahora titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, quien muestra una y otra vez su incapacidad para actuar y se escuda en la excusa de que es un asunto federal. Finalmente, transcribo parte del artículo Primero de la Constitución, con dedicatoria a las mencionadas autoridades que seguramente desconocen su existencia y contenido: Artículo Primero Constitucional: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…) En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…)”.

Sergio Serrano Soriano

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esde el 2012, diversos movimientos anti gran minería tóxica de San Luis Potosí, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas, así como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del Distrito Federal y Morelia, de la Autónoma de Zacatecas, y del Colegio de San Luis, hemos impulsado la reflexión sobre una nueva ley minera. Nuestro interés ha sido generar un espacio de construcción de alianzas y también colocar el tema en la opinión pública.

La discusión se ha centrado en el artículo sexto de la ley vigente, donde se establece que la minería es preferente frente a cualquier otra actividad que se realice en el territorio concesionado; que la minería es de utilidad pública y que sólo la federación puede obtener impuestos de este quehacer. También se cuestiona el régimen de concesiones mineras obsequioso para los empresarios y que no pide opinión a los pueblos y comunidades afectados. Asimismo, ha sido motivo de preocupación el casi nulo pago de derechos y el escaso control sobre la actividad minera por parte de autoridades y habitantes de las regiones concesionadas.

Estos esfuerzos iniciaron su concreción en 2013, cuando tuvimos un primer borrador de la propuesta de una nueva ley minera. Fue presentado en diversos foros, ante pueblos y comunidades y discutido por movimientos anti gran minería tóxica.

Uno de los ejes que orienta el contenido de propuesta de nueva ley minera es el de la licencia social. Se formula que antes de otorgar una concesión minera, la población que viva en el territorio afectado deberá ser consultada para definir si

procede o no. Se establece un capítulo entero sobre los derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial, tanto del territorio como de los recursos naturales, para regular la actividad minera.

Otra importante contribución es el planteamiento de que la minería no puede ser preferente de frente a otras actividades o usos del territorio.

En este sentido, la propuesta plantea que se prohíba la minería en todas las áreas naturales protegidas, en lugares de producción de alimentos importantes para los mexicanos y en regiones con estrés hídrico.

Por el grado de destrucción y contaminación que producen, se prohibiría la minería de tajo a cielo abierto, la minería marina, la de tumba y rellene, los pocitos de carbón y la utilización de cianuro en el proceso minero.

El planteamiento introduce el cobro de regalías por el volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados por las mineras) y se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña y gran minería.

Otro aspecto fundamental en la propuesta de nueva ley es que se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información tanto al Estado como a la población y se establecen mecanismos de información.

Más de 20 movimientos anti gran minería tóxica nos reunimos el 24 noviembre de 2013.

Ahí nos comprometimos a impulsar la propuesta de nueva ley minera. Decidimos promover la iniciativa ciudadana de nueva ley minera desde los pueblos y movimientos.

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LA DEFENSA DEL PATRIMONIO Y DEL TERRITORIO, SIGNO DE LOS TIEMPOS Armando Bartra

L

a defensa del territorio define una época del movimiento campesindio mexicano. La reivindicación de la tierra es ancestral y sin embargo en los tres lustros recientes los despojos asociados a la neoterritorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continuidad, sino ante un salto de calidad, una etapa nueva del activismo campesino e indígena.

En pocos años el movimiento en defensa del territorio devino nacional. Las concesiones mineras cubren todo el país, los proyectos hidroeléctricos se multiplican y, pese a algunos descalabros financieros, las inmobiliarias siguen en marcha, los cárteles del narco extienden su dominio… así las cosas, también la resistencia se extiende por todo México. No hay estado de la República en que estén ausentes los movimientos en defensa del territorio y sus recursos.

El movimiento está en ascenso.

Lo que se juega es -literalmenteel negocio del siglo, de modo que las empresas y sus personeros en el gobierno recurren a la represión y si hace falta al asesinato, además de que numerosas comunidades están debilitadas y divididas. Aun así, la defensa de los territorios es una lucha en expansión que el tamaño del reto y la beligerancia de los enemigos no han logrado poner a la defensiva.

Las convergencias se van imponiendo a la dispersión inicial.

Siendo territorial y respondiendo a diferentes clases de amenazas, la defensa del patrimonio es de arranque una lucha dispersa en la que, sin embargo, comienzan a evidenciarse confluencias regionales y temáticas. Frentes estatales, redes nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la Red Mexicana de Acción por el Agua y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y abundantes nexos internacionales, entre ellos el que tienen con El Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha documentado 300 luchas contra afectaciones del territorio y otros bienes comunes, dan fe de las tendencias confluentes de una lucha aún parcelada, pero sin duda en proceso de unificación. El mismo significado tienen iniciativas dudosas como el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, nacido en 2014 en un variopinto encuentro nacional, y compuesto por unas 40 organizaciones rurales, entre

las que destaca por estar fuera de lugar la Confederación Nacional Campesina, principal brazo agrario del partido gobernante… que es también la principal fuerza privatizadora. El movimiento emitió un elocuente manifiesto en el que se dice “No al despojo de ejidos y comunidades. No a la devastación de los recursos naturales. Salvemos el agua, el aire, la tierra y el territorio de todos. Derogación total de las servidumbres legales de hidrocarburos”. Cuando un amplio y heterogéneo contingente de organizaciones del campo -del que forman parte muchas francamente clientelares y gobiernistas- se pronuncia contra las privatizaciones, es que los vientos de la resistencia son cada vez más poderosos y de momento a nadie le conviene desmarcarse.

La defensa del territorio se politiza. En un país donde el Estado, que por años se presentaba como heredero de “La Revolución”, extendió sus atribuciones a todos los ámbitos de la producción y la reproducción; en el país del “ogro filantrópico” los movimientos sociales se tornan políticos rápidamente, pues a las primeras de cambio se topan con el poder gubernamental. Más aún los campesinos, que por décadas dependieron de papá gobierno para acceder a sus parcelas y a los recursos para cultivarlas. La defensa del territorio también se topa con el gobierno que proyecta presas, carreteras y ductos, y que otorga los permisos para otros emprendimientos, sin embargo en muchos casos tiene como contrapartes directas y mayores a las grandes corporaciones silvícolas, mineras, turísticas, comerciales, inmobiliarias, delincuenciales… y a veces el gobierno aparece como árbitro. No hay tal, la lucha es contra los capitales predadores y contra el modelo privatizador que se impulsa desde el poder, la lucha es a todas luces política y los movimientos más estructurados y participantes en redes lo tienen cada vez más claro.

La defensa del patrimonio es un movimiento esencialmente popular. La reivindicación de territorios y recursos es transclasista y multisectorial: una lucha societal que con frecuencia moviliza a todos -o casi todos- los miembros de una sociedad regional, un ejemplo práctico de unidad en la diversidad. Los peligros que se ciernen sobre una región y que amenazan de diferentes maneras a todos sus habitantes, generan respuestas incluyentes pues el riesgo compartido destaca los intereses comunes de quienes viven en un mismo territorio, aun si lo hacen de manera divergente y a veces antagónica. Es sabido que los

territorios son ámbitos de enconos, conflictos y rencillas entre quienes tienen intereses y pensamientos encontrados. Pero los territorios amenazados pueden ser también espacios de reconciliación y unidad, donde la pluralidad de saberes y capacidades enriquece y fortalece la convergencia en torno a los intereses de la mayoría. Las luchas territoriales realmente potentes son incluyentes al tiempo que plebeyas y en esto radica su fuerza.

Donde hay cohesión y organizaciones preexistentes el movimiento es más fuerte. Las amenazas graves de por sí movilizan, pero más fácilmente donde los afectados disponen de previas experiencias organizativas, como las de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y otras que impulsan en el Istmo de Tehuantepec la resistencia a las eoloeléctricas; la Cooperativa Tosepan Titataniske, de la Sierra de Puebla, que anima la resistencia a minas e hidroeléctricas invasivas; el Frente Democrático Campesino y El Barzón, que se movilizan en Chihuahua contra los pozos clandestinos y el acaparamiento de agua por los menonitas, etcétera. Y es que la defensa del territorio puede ser explosiva, pero por sí misma no genera prácticas y estructuras que le den continuidad a los movimientos. Más allá de los sabidos e inevitables flujos y reflujos de la participación popular, la permanencia de los núcleos básicos depende de que se vaya creando patrimonio organizativo y densificando el entramado social, lo que habitualmente se logra pasando de las emergencias coyunturales a la atención de problemas estructurales.

La resistencia en los territorios es campesindia. Tanto los indígenas como los mestizos defienden su patrimonio, pero no es la coincidencia de unos y otros en ciertas luchas lo que hace de ésta una resistencia campesindia. El concepto que propongo no remite a una mezcla de etnias, a una hibridación, sino a la coherente y unitaria identidad política de un sujeto social que, al defender tanto la tierra del que la trabaja como el territorio del que lo ocupa, resiste a la vez la opresión de clase y la opresión de etnia, el capitalismo y el colonialismo. Al reconocerse parte de un actor social de larga duración, gran calado y presencia continental, quienes asumen que al racismo y a la explotación se les resiste en una y la misma lucha, son campesindios, no importan el color de su piel ni su genealogía. Y por la naturaleza de la contradicción estructural que lo genera, el

“La tierra como el agua y la industria nos pertenecen”. David Alfaro Siqueiros, México, 1959

movimiento territorial de un continente colonizado y sometido al capital será campesindio o no será.

Sin dejar de apelar a sus raíces el movimiento va mirando al futuro. La preservación del territorio es un combate al comienzo reactivo y defensivo. Por lo general y en su arranque, los movimientos que buscan proteger el terruño y los recursos locales responden a amenazas nuevas que introducen o actualizan contradicciones antes ausentes o sólo latentes. Es por ello que al desatarse generan alineamientos sociales inéditos: convergencias de diversos que antes de la agresión marchaban separados o aun enfrentados. En esta capacidad de unir a los que estaban desunidos está su fuerza, pero para potenciarse los movimientos necesitan hacerse propositivos: generar un proyecto compartido, una modesta utopía. Tal fue el caso de la forestería comunitaria que le dio perspectiva a las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca que luchaban contra Fapatux; del Plan de desarrollo regional que fortaleció los nahuas de La Montaña de Guerrero que resistían a la presa San Juan Tetelcingo; del concepto de Policía Comunitaria que permitió a las comunidades de la Costa Chica y La Montaña guerrerense recuperar los territorios perdidos por la acción de la delincuencia y las arbitrariedades de la fuerza pública; del proyecto de Turismo con identidad que por un tiempo cohesionó a la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi) en la Sierra Norte de Puebla. Y en el plano nacional, tal es el caso de propuestas legislativas como la nueva Ley general de aguas, que promueve la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida; las iniciativas para preservar nuestro territorio genómico, que impulsa la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País; la Ley minera ciudadana; la Ley de consulta popular…

Aun sin proclamarlo, el movimiento es anticapitalista. Oponerse al despojo y la depredación,

es decir a la violencia expropiatoria con que el gran dinero se hace de las premisas de la acumulación, y resistir su forma destructiva de consumir esos recursos, es poner en entredicho uno de los dos pilares del sistema capitalista. El otro es la conversión de nuestra fuerza vital en mercancía y la explotación del trabajo, cuestiones canónicas que algún día recuperarán la centralidad en el combate libertario que tuvieron durante los siglos XIX y XX. El grado de participación en las luchas por el territorio depende del arraigo. La fuerza y profundidad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habita es lo que le da identidad y razones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les permitan resistir el vendaval. Al defender un lugar y sus recursos se defienden muchas cosas: propiedades, intereses económicos, derechos… Pero los movimientos invencibles, los movimientos capaces de sobreponerse a los golpes y las derrotas, son los que defienden al terruño porque ahí tienen fincada su identidad. Y sin identidad nada somos. Por eso

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11 así a principios junio siembra algo de maíz y poco después cebada.

“Sembramos -dice- para que la gente que ha caído en el desánimo vea que defender la tierra, defender nuestra identidad como campesinos sí tiene sentido”.

Arraigo es un concepto denso y complejo en el que identifico tres dimensiones temporales complementarias: pasado, presente y futuro. Profundidad histórica, densidad organizativa y capacidad de convocatoria del proyecto son factores que se combinan en el arraigo; el recurso más poderoso de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces míticoculturales de un poblamiento; el presente a la intensidad, solidez y calidad de las relaciones sociales vivas, es decir al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro a las expectativas que tengan los participantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la esperanza. Y sin raíces, organización y esperanza, es decir sin arraigo, no hay mucho qué hacer.

Para defender los territorios es bueno tener los pies sobre la tierra. En muchos casos se defienden los patrimonios localizados sin hacer énfasis en los espacios agrícolas, no porque la cuestión de la tierra ya pasó y ahora lo que cuenta

es el territorio, sino porque a causa del hostil entorno socioeconómico y las políticas públicas desalentadoras, el proyecto campesino para el agro está desfondado. Y esto es alarmante pues la pequeña producción familiar es el sustento más sólido de la ocupación territorial. No todos los pobladores son campesinos que cultivan, pero sin labriegos no hay territorios rurales.

Ciertamente los lugares se ocupan, se nombran, se significan, se gobiernan pero si no se cultivan son lugares sin alma.

Al respecto, un activista me informa que en una reunión en la Sierra Norte de Puebla, donde se planeaba la defensa del territorio amenazado por hidroeléctricas y minas, alguien comentó que hacía tres años que no se paraba por su parcela, pero que ahora sí la iba a cultivar para que no se la quitaran.

La misma idea expresa Ignacio del Valle, principal dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El líder atenquense no vive exclusivamente de la agricultura y el pozo que tenía fue clausurado por las autoridades, por lo que ahora depende del temporal para hacer milpa, pero aun

FOTO: Liliana Zaragoza Cano

la lucha indígena por sus ámbitos ancestrales es tan potente.

El movimiento se organiza en redes temáticas que son su fuerza y su debilidad. Las organizaciones rurales nacionales que fueron protagónicas en las oleadas de lucha por la tierra, por la producción, por los derechos autonómicos… hasta ahora han tenido una escasa participación en los combates contra el despojo. Por su parte, las redes que las mismas resistencias locales han construido con apoyo de grupos de la sociedad civil, son convergencias estrechamente temáticas y aunque a veces buscan englobarse como oposiciones a los “megaproyectos”, el hecho es que hasta ahora han servido para visibilizar y procurar solidaridad pero no para mucho más. El movimiento recurre a las movilizaciones, pero estas son casi siempre locales, focalizadas en el problema específico que las provoca y protagonizadas por los agraviados directos y sus acompañantes solidarios. Sin duda la lucha contra las presas, contra las minas, en defensa del agua y contra los daños ambientales mira más allá de sus regiones y hasta se globaliza, pero por lo general lo hace a través de convergencias en red y encuentros temáticos, de modo que su presencia nacional es menos visible que la de otros sectores, como los campesinos organizados, que tienen entre sus usos políticos grandes marchas conjuntas y movilizaciones en la capital de la República.

Las organizaciones civiles son los intelectuales orgánicos del movimiento. En la lucha por la tierra de los 70’s del pasado siglo y en los combates por la producción de los 80’s, fue importante la participación de estudiantes y maestros neonarodnikis catapultados por el movimiento de 1968. En la insurgencia de los pueblos originarios a fines de los ochenta y en los noventa tuvieron un papel destacado las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica, que para esos años ya proliferaban. Desde entonces el discurso calificado de la “sociedad civil” ha sido inseparable de las resistencias. Acompañamiento en el que encuentro las virtudes de la profesionalización y las limitaciones de su tendencia al patrimonialismo y su propensión a especializarse, impuesta en parte por la lógica de la “cooperación” internacional. Y es que si hay razones para que las asociaciones civiles se enfoquen en un solo tema, no es deseable en cambio la excesiva compartimentación de las diferentes vertientes del movimiento: presas, minas, agua, transgénicos, radios comunitarias...

DEFENDIENDO LOS LUGARES Armando Bartra Minería a cielo abierto que deja a su paso titánicos tajos.

Exploración y explotación altamente contaminantes de combustibles fósiles, ahora también mediante fractura hidráulica de esquistos. Grandes presas, carreteras y ductos que desplazan pueblos, alteran cuencas y desquician ecosistemas. Silvicultura predadora que arrasa bosques y selvas, lo que da lugar a deslaves y reduce la infiltración de la lluvia propiciando erosión hídrica y eólica del suelo con el consecuente azolve de los ríos, que a su vez ocasiona inundaciones.

Colonización de las semillas y reducción de la diversidad maicera por vía del secuestro, alteración y privatización de su genoma. Invasión del cuerpo de las mujeres por leyes sexistas que conculcan sus derechos reproductivos. Urbanizaciones desmedidas y emprendimientos turísticos invasivos. Ocupación de los espacios del pequeño comercio por las grandes tiendas departamentales. Invasión del paisaje urbano por la publicidad comercial y política; desposesión del tiempo de ocio y sus lugares domésticos y comunitarios por los medios electrónicos de comunicación masiva que usufructúan el espectro electromagnético. Minería de datos en el ciber territorio, practicada, entre otros, por los espías del imperio.

Privatización de las playas y el paisaje. Mercantilización del patrimonio cultural material e inmaterial. Saqueo cinegético y pesquero. Concentración de tierras agrícolas. Acaparamiento y contaminación del agua dulce. Pérdida de poblados, cultivos y tierras saldo de eventos meteorológicos que el deterioro intencional de los ecosistemas, la pobreza y la imprevisión transforman en desastres sociales. Cárteles de la droga que imponen su ley sobre extensos territorios…

Todos los despojos el despojo: la nueva cabeza de Medusa, la multiforme maldición del milenio.

La expoliación se concreta por lo general en acciones o eventos localizados, que chocan con formas preexistentes de apropiación del espacio y en particular de usufructo territorial. Así, de mil maneras, las comunidades rurales y urbanas vemos amenazado nuestro hábitat por una legión de poderosas y predadoras empresas. Corporaciones a las que casi siempre respalda el gobierno, no sólo porque la teología de la neoliberalización llama a privatizar sin medida ni clemencia, también porque los funcionarios saltan jubilosos de los cargos públicos a los consejos de administración de los negocios que beneficiaron. Capitales intrusos que, a primera vista, no están tan interesados en explotar nuestro trabajo como en expropiar nuestros bienes patrimoniales y, si es necesario, expulsarnos de la tierra interrumpiendo o desquiciando los intercambios sociales, laborales y simbólicos que nos unen con el lugar que habitamos. Y este es un acto de violencia, de violencia extrema.

No sólo los pueblos indios y otros pobladores seculares, todos los vivientes ocupamos un lugar sobre la tierra; todos nos inscribimos en relaciones geo referenciadas por las que al habitar, trabajar y significar el entorno mantenemos física y metafísicamente la vida; todos, sin excepción, participamos de nexos sociales situados por los que refundamos a diario el cosmos y le restituimos el sentido a las cosas. Si se rompe este vínculo mágico, si somos expulsados de nuestro lugar o se destruyen las condiciones que nos permitían permanecer, se rompe real y simbólicamente el equilibrio del mundo.

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12 suelo y subsuelo de territorio nacional. A la letra, el artículo Octavo transitorio de dicha reforma constitucional establece lo siguiente:

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

En memoria de Arnaldo Córdova Neoporfirismo: Hoy como ayer*

C

on la restauración del régimen priista y la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) como presidente de la República, se reproducen bajo formas nuevas los mismos patrones de subordinación, entreguismo y despojo de los recursos de la Nación y de las comunidades campesindias que prevalecieron durante el porfiriato y, en parte, durante la reforma liberal.

La “primavera campesindia” en la historia de México duró muy poco: de 1910 a 1982. El derecho a ser considerados parte del proyecto nacional y a acceder a la restitución de las tierras comunales y al reparto agrario para constituir el ejido duró únicamente -con matices, restricciones y acotaciones- alrededor de siete décadas.

Salir de la exclusión, el despojo, la cuasi esclavitud, la invisibilidad y la negación de todo derecho no fue fácil: fue necesaria una revolución social y décadas de luchas ininterrumpidas para lograr el desmantelamiento del latifundio y el reparto agrario. De esta manera, más de 54 por ciento del territorio nacional pasó a manos campesindias por medio de 31 mil 500 ejidos y comunidades y 5.6 millones de hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Si a esto agregamos la existencia de 1.6 millones de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene cinco hectáreas o menos, con el 35.7 por ciento de la superficie nacional, resulta que casi 90 por ciento del territorio del país está en manos campesindias (según datos de Héctor Robles; Programa Nacional en Apoyo a los Pequeños Productores; mimeografiado; 2014).

Toda una hazaña histórica si consideramos que durante la reforma liberal (Ley Lerdo de 1856) y, so-

bre todo, la dictadura porfirista (Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883) se despojaron casi 50 millones de hectáreas a las comunidades indígenas y que para 1910 se tenía la siguiente estructura agraria: cinco mil 932 haciendas poseían 94 por ciento de la tierra, 32 mil 557 rancheros eran propietarios del cinco por ciento y el uno por ciento restante correspondía a las comunidades y pueblos. El 40 por ciento del área total del país estaba en manos de media docena de latifundios y tres y medio millones de campesindios subsistían como peones acasillados y aparceros (citado por Arnaldo Córdova; La ideología de la Revolución Mexicana; ERA; 1972; p. 42-43).

Ahora, en pleno siglo XXI, con la contrarreforma constitucional en materia de energía, se promulga al mismo tiempo en su artículo Octavo transitorio la versión Peña de la Ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones civiles (y religiosas) de 1856 y de la ley porfiriana de colonización y compañías deslindadoras de 1883.

Efectivamente, con la contrarreforma energética de EPN, bajo similar ideología a la porfiriana (ideología liberal-positivista-extranjerizante), se endereza una nueva ofensiva contra la propiedad social de la tierra y los recursos de las comunidad campesinas e indígenas con el argumento liberal-porfirista de que las tierras y recursos en manos campesindias son “bienes en manos muertas” y que, “si queremos progreso” deben privatizarse y entregarse a “manos vivas”, o sea, al capital energético y minero trasnacional.

Privatización y despojo vía contrarreforma energética de diciembre de 2013. El pasado 6 de enero, el presidente EPN anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una “gran reforma del cam-

po” para “impulsar su desarrollo y bienestar”.

Aseguró, asimismo, “que el campo mexicano debe ser una de las mayores fortalezas del país”.

El 5 de marzo del presente, EPN anunció en Manzanillo la realización de una consulta nacional para acordar los términos de “una reforma de gran calado”, afirmando que su gobierno “priorizará el desarrollo del campo” y que “no se va a modificar el actual mandato constitucional respecto a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra y no se busca privatizar el ejido y la comunidad”.

A partir de estos anuncios, la Secretaría de Agricultura y los gobiernos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temáticos y regionales y se ha constituido una “Comisión permanente para la reforma del campo” para procesar y decidir el contenido de “la gran reforma” que deberá de concluir en la firma con centrales campesinas y cámaras agro empresariales de un “acuerdo marco” en agosto próximo.

Sin embargo, más allá de los discursos, promesas y “consultas”, el hecho duro es que el presidente EPN, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos Estatales, ya decidió el contenido central de la “gran reforma del campo” con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía en diciembre pasado.

En efecto, en dicha reforma se establece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta petrolera y el control del petróleo de la Nación, las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos son actividades estratégicas y de interés social y orden público y, por tanto, tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el

FOTO: Bren

LEY PEÑA DE “DESAMORTIZACIÓN” DE TIERRAS CAMPESINDIAS

“Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

“La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.”

Adicionalmente en las leyes secundarias se establece que las actividades mineras no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero sí sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras.

Así, vemos con claridad y sin lugar a dudas cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada “reforma del campo de gran calado”: el campo, la agricultura, los campesinos y las campesinas, los ejidos y comunidades, las pequeñas propiedades, los pueblos indígenas, los modos de vida rurales, la biodiversidad, los recursos hídricos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano NO SON ESTRATÉGICOS, NO SON PRIORITARIOS, NO TIENEN PREFERENCIA. Ni siquiera están en un segundo orden de prioridad, porque este lugar lo ocupa la minería.

De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de EPN se promulgan al mismo tiempo las versiones siglo XXI de la Ley Lerdo expropiación y privatización de bienes en “manos muertas” y de la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos “baldíos”.

Lo “estratégico”, lo “prioritario”, “lo de interés público y orden social” para los campesindios es que acepten romper con sus comunidades y ejidos para individualizarse, que reconozcan que ya no tienen un lugar en el proyecto nacional, que entreguen sin resistencia sus tierras y sus recursos y que migren, que se vayan, ¡sobran!

Para EPN y la agenda corporativa trasnacional, parafraseando a Porfirio Díaz, la consigna para los campesindios y en general para la población rural es: “¡Emígrenlos en caliente!”

De esta forma, EPN busca culminar las contrarreformas agrarias que emprendió Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 con la modificación al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del campo.

Con la contrarreforma agraria vía la reforma energética, EPN pretende acabar con la propiedad social de la tierra, promover su reconcentración en pocas manos, intensificar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia social frente al despojo de los recursos naturales de la Nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia e inseguridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neo hacendados, las empresas energéticas y mineras, el capital corporativo trasnacional y a la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos.

Con base en estas reformas constitucionales en materia de energía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y minería, en las que se pretende reglamentar la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias. Se pretende establecer, entre otros, procedimientos de “desamortización y deslinde de terrenos baldíos” figuras tales como: “reservas nacionales”, “servidumbre legal de hidrocarburos”, “contratos de ocupación” y de “expropiación por causa de utilidad privada” a favor de las empresas extranjeras con “asignaciones”, “contratos”, “autorizaciones” y “permisos” de exploración y explotación de hidrocarburos.

Esta es la verdadera “reforma del campo de gran calado” de EPN que ya fue con la reforma constitucional en materia de energía promulgada en diciembre pasado.

Amenazas adicionales de la “reforma del campo” de EPN. La “reforma del campo” de EPN implica adicionalmente, las siguientes graves amenazas: 1. Privatización acelerada del ejido y la comunidad, bajo el pretexto de “desburocratizar y simplificar” los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de la contrarreforma agraria salinista.

2. Profundización del modelo fallido de “libre comercio” y de subordinación a las corporaciones trasnacionales a través de las negociaciones secretas y firma del Tratado Transpacífico (TPP). Lo anterior, no obstante de 20 años de fracaso del

19 de julio de 2014 TLCAN en la agricultura y soberanía alimentaria del país.

3. Continuidad y profundización del modelo agotado de revolución verde a través de la autorización de siembra comercial de maíz y otros cultivos transgénicos y el reforzamiento de una agricultura de agro insumos químicos, en manos de monopolios, de alta emisión de carbono y baja resiliencia frente al cambio climático global.

4. Profundización y generalización del despojo y depredación de los recursos naturales de ejidos y comunidades a través de las concesiones, expropiaciones y/o compra-venta de tierras y territorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte: petroleros, fracking, mineros, hidráulicos, eólicos, gaseros, turísticos, inmobiliarios, etcétera, y 5. Profundización de la desigualdad en el campo y continuidad del fallido enfoque asistencialista de “combate” a la pobreza rural así como la utilización de los recursos públicos para comprar elecciones y para el control del descontento social.

Agenda inmediata de resistencia y alternativa campesindia. Hoy

13 nal Sin Maíz no hay País, entre otros, han expresado sin ambages su rechazo a la Ley Peña de “desamortización” de tierras en manos campesindias y a la “reforma del campo” de EPN.

como ayer, la resistencia campesindia es la única vía frente a la privatización, el despojo, la exclusión, las injusticias, la carencia de libertades y de derechos humanos impulsada por la contrarreforma energética y la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

Asimismo, en el México profundo, desde abajo y a lo largo y ancho del país, se han desplegado innumerables movilizaciones, frentes y redes en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa de la propiedad social de la tierra y los modos de producción, vida y cultura de las comunidades campesinas e indígenas del país.

Frente a este gran reto histórico, diversas centrales campesinas han preferido hacer a un lado la contrarreforma del campo que ya fue y concentrarse en el “diálogo y negociación” para un “pacto rural” con el gobierno neoporfirista y para “una reforma de gran calado para el campo”.

Es posible y necesario organizarse y prepararse para una lucha larga e ininterrumpida en los próximos meses y años para detener y revertir las contrarreformas energética y del campo de EPN y de las corporaciones trasnacionales.

Por su parte, el gobierno federal desvía y distrae la energía de estas centrales campesinas y está en la “mejor disposición” de negociar “dulces y curitas” a cambio que se mantenga sin cambio alguno la esencia de la Ley Peña.

A continuación se propone una agenda mínima de resistencias y alternativas campesindias:

Es posible que estas posiciones abonen a una nueva derrota histórica del movimiento campesino como la que se experimentó frente a la contrarreformas agraria salinista de los años 90’s del siglo pasado.

1. Rechazo a la contrarreforma energética y a la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias y sus leyes secundarias.

Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) y la Campaña Nacio-

2. Son y deben reconocerse como actividades estratégicas, de inte-

rés público y orden social las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, el manejo sustentable del agua, la preservación de la biodiversidad; los modos de producción, vida y cultura campesindios; el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

3. Autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas, con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios.

4. Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas.

5. Respeto a los derechos de los campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y a sus modos de producción, vida y cultura. Derecho a no migrar. Respeto a la consulta previa, libre e informada.

6. Derecho a la seguridad y a una vida buena para la población del campo.

7. Derecho a una ciudadanía plena y a la organización autónoma y autogestiva.

8. Asambleas informativas y deliberativas en cada ejido, comunidad y poblado rural para acordar el rechazo a las contrarreformas energéticas y del campo, adherirse a la agenda campesindia y acordar planes locales y regionales de resistencia y alternativa. La mejor defensa frente a la Ley Peña es la auto organización y el uso comunitario y sustentable del territorio y recursos en manos campesindias.

9. Establecer una estrategia legal integral para revertir la contrarreforma energética y frenar la privatización y despojo de tierras campesindias: consulta popular vinculatoria en 2015, acción de inconstitucionalidad, acción colectiva, amparos caso por caso, quejas ante CNDH y CIDH, etcétera, etcétera.

10. Encuentros regionales, estatales y nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida en todo el país, para confluir el 6 de diciembre en una gran movilización nacional campesina, para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos campesinos de Zapata y Villa en la ciudad de México en diciembre de 1914. *Frase tomada del título de libro de Andrés Manuel López Obrador; Editorial Grijalvo; 2014.

LA REFORMA DEL CAMPO, ¿UNA AMENAZA? La Jornada del Campo hizo a varios dirigentes campesinos dos preguntas. ¿Considera que la reforma del campo amenaza la propiedad social y la pequeña propiedad rural? Y ¿Cómo reaccionará su organización? He aquí las respuestas marcadas con los números 1 y 2.

Plutarco Emilio García COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA ΈCNPAΉ

si no creamos un foro fuerte de resistencia y ataque por parte de las organizaciones campesinas, estaremos fritos. Tenemos la idea de ir tejiendo una red, articulando a diferentes organizaciones para que de aquí al 6 de diciembre podamos llegar todos a la Ciudad de México, aprovechando el centenario de la entrada de Emiliano Zapata y Francisco Villa con sus ejércitos a esta capital. También acudiremos a la vía jurídica, por ejemplo con recursos de amparo.

Max Agusơn Correa

2. Diversos dirigentes hemos comentado y coincidimos en que

CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA ΈCCCΉ

FOTO: CODICS

1. Le dan una vuelta; en la reforma del campo están declarando que no se va a afectar la propiedad social de la tierra, pero lo harán indirectamente vía la reforma energética. Le van a dar prioridad al extractivismo con motivo de obtener petróleo, minerales y agua. Es allí donde la propiedad social de la tierra va a ser afectada. La amenaza está disfrazada.

1. Por declaraciones hechas a principios de año por el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de que la reforma salinista al 27 constitucional no concluyó, pues no llevó a dominio pleno las parcelas en la propiedad social, y que a eso se debe la pobreza y la falta de productividad, y por otras consideraciones de la abogada general de la Sagarpa, Mireille Roccatti, pareciera que la intención de reforma del campo que tenía el gobierno en mente originalmente sí afectaba la propiedad social.

El presidente Peña Nieto en Colima el 5 de marzo expresó su compromiso de no atentar, de no modificar el régimen de propiedad. Sin embargo, sigue latente la intención (debido a algunas iniciativas de ley presentadas por el PAN particularmente en el sexenio de Felipe Calderón y debido a la presión de empresarios para que se facilitar la adquisición del dominio pleno de las parcelas vía una modificación a la Ley Agraria). Es posible entonces que surja una iniciativa y la mayoría en las Cámaras aprueben una modificación a esta ley,

que atente contra la propiedad ejidal y comunal. Pero hoy por hoy lo que sin lugar a dudas atenta contra la propiedad social y el territorio es la reforma energética. Atenta contra la biodiversidad, contra los recursos naturales, en este caso no sólo la tierra sino también el agua. También atenta contra los territorios de muchos pueblos y comunidades de todo el país, pues declara “de interés social y público” la explotación, conducción y el procesamiento de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad, incluida la producción de alimentos. Pero ante eso hay una férrea oposición de las comunidades campesinas e indígenas.

2. Hemos publicado desplegados y hemos tenido encuentros y generado declaraciones en defensa de los territorios y sus recursos.

Y vamos a participar en la gran movilización social del 23 de julio. Por otra parte, la Comisión Permanente para la Reforma del Campo deberá generar en breve un documento que haga balance de todos los foros y las propuestas que se han realizado. (Junto con representantes del Ejecutivo, del

Legislativo y de organizaciones), yo participaré en la redacción y ese documento debería contener el acuerdo de que se respete el derecho de los pueblos, ejidos y comunidades a decidir el destino de su tierra, agua, recursos naturales y su territorio.

Gustavo Sánchez RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS FORESTALES ΈRED MOCAFΉ

1. Además de las reformas energéticas y de la preferencia que ya tiene la minería sobre otras actividades, no vemos alguna reforma específica tendiente a

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2. Estamos proponiendo una serie de medidas de salvaguarda sociales y ambientales para que –esperamos, en el proceso de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en la Cámara de Diputados- se incluyan en la legislación. Esas salvaguardas plantean fundamentalmente que se tiene que respetar los derechos humanos de campesinos e indígenas y de la población en general en torno a un medio ambiente saludable.

Y buscamos que también se incluyan en la Ley Forestal, a fin de que las actividades petroleras, energéticas y mineras no se conviertan en el corto plazo en los principales motores de la deforestación. Se ha dicho que la agricultura, ganadería y cierto tipo de turismo propician la deforestación, pero hoy tememos que de pronto haya una etapa salvaje de aprovechamiento de hidrocarburos, instalación de presas, proyectos mineros y que todo esto sea rápidamente factor de destrucción y degradación de bosques, atentando contra acuerdos internacionales que ha signado México para enfrentar el cambio climático y para reducir emisiones por deforestación y degradación.

Alfonso Ramírez Cuellar EL BARZÓN

1. En el caso de la reforma para el campo, este es un tema que no se ha tocado. He estado no sólo en los foros sino también en las discusiones que pueden implicar la redacción de un acuerdo marco como le llaman (de la reforma del campo) y este tema (afectar las formas de enajenación de la tierra) no está contemplado. El peligro mayor en relación a la propiedad social y al conjunto de los tipos de propiedad viene por el lado de la reforma energética. En realidad la compra de la tierra para la agricultura no es algo que haya ocurrido. El atentado principal en relación a la tierra, y particu-

larmente a la propiedad social, ha venido por el lado de las unidades habitacionales y las minas, y ahora por la exploración y explotación de hidrocarburos.

Pero sé que hay una rebelión de legisladores priistas y de sectores del PRI ligados a la Procuraduría Agraria y ligados a los asuntos de las organizaciones campesinas oficiales, del gobierno, en contra de estos atentados a la propiedad social y privada en el medio rural.

2. Nos vamos a movilizar el 23 de julio. El espacio que hemos logrado articular es muy rico porque están participando organizaciones indígenas y todos los movimientos de resistencia contra los proyectos energéticos o mineros.

Gerardo Sánchez CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA ΈCNCΉ

1. Con la reforma profunda al campo lo que se pretende es hacer de los productores un campesinado con visión empresarial, con respeto al minifundio y a la pequeña propiedad, pero bajo el esquema de la organización. En las propuestas del proyecto de la CNC para la transformación del campo se ha dejado en claro que con la reforma se busca lograr que a los titulares de las más de 30 mil unidades de producción agropecuaria en el país les vaya bien y se respete a la propiedad social. Actualmente 22 por ciento de la población nacional vive en zonas rurales y de ese porcentaje el 14 por ciento se dedica a actividades agropecuarias. Del total, cerca de 16 millones de personas viven con grandes carencias, lo que ubica a muchos trabajadores del campo y a sus familias en situación de pobreza extrema. Entonces, hay que promover nuevos esquemas de comercialización, fundamentalmente la agricultura por contrato y las distintas formas asociativas que existen. Ello, sin olvidar que con su régimen de propiedad social en el campo México es ejemplo ante el mundo y por eso la CNC establece respetar el minifundio y la organización del campesino en ejidos.

José Jacobo Femat CENTRAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES ΈCOCYPΉ

FOTO: CODICS

minar la propiedad social, pero ya con aquellas reformas es suficiente: ponen en riesgo la propiedad social y en general el tejido social en el campo.

1. La mayor parte de la tierra rural es propiedad social: son 103 millones de hectáreas, y suman más de 31 mil ejidos y comunidades. Asimismo, un 25 por ciento del territorio nacional está entregado a pequeños y medianos propietarios privados. La tierra debe estar en manos de quien la trabaja y la gente que trabaja la tierra debe tener un compromiso con la nación para abastecer los alimentos que el pueblo requiere, pero también un compromiso de conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. En los foros de consulta que se realizan para la reforma del campo observamos que hay un interés por modificar el régimen de la tierra, y el gobierno quiere enmascararlo.

El planteamiento principal es modificar el régimen de propiedad a partir de modificar la legislación agraria, para que sean los individuos, los ejidatarios y comuneros, los que tomen determinación en torno a la adopción del régimen de domino pleno y con ello cambiar la propiedad social al régimen privado. La reforma no busca los objetivos generales, sociales, soberanos y de protección de la biodiversidad, lo estamos ya observando ahorita. La Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) están coludidas fomentando la apertura de cientos de miles de hectáreas de cultivos en el sur sureste –en Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco- para introducir cultivos no enfocados a la producción de alimentos: etanol y biodiesel, que forman parte de inversiones extranjeras cuantiosas en esos territorios. Son más de 200 mil hectáreas abiertas en esos estados a palma, jatropha y caña de azúcar, así como hule. Esto es lo que contradice el discurso oficial del presidente. La ley agraria establece actualmente que debe haber 50 por ciento más uno de los comuneros y ejidatarios para tomar decisiones trascendentales en el régimen de propiedad, incluso para poder aprobar

rentas y ventas de la superficie que tienen en posesión. Pero ninguno de estos criterios ha sido respetado. De hecho se ha presionado a los ejidatarios para aceptar acuerdos favorables a las empresas. Además, la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional han sido promotores inmobiliarios al servicio de las trasnacionales. Son esas instituciones las que han estado obligando a los ejidatarios y comuneros a adoptar acuerdos de concesión de su territorio a favor de las empresas mineras, eólicas y aprovechadoras del agua, además de las empresas que construyen autopistas, que han abierto áreas al desarrollo turístico, por encima de la mayoría de los campesinos en los diferentes estados de la República.

2. Estamos preparando una gran movilización el 23 de julio con todas las organizaciones, campesinas, sociales y sindicales del país. Esperamos la participación mínima de cien mil personas para manifestar nuestro desacuerdo con las reformas estructurales.

participa CODUC, nos estamos planteando una serie de movilizaciones y actos de resistencia, algunos de los cuales ya realizamos. Vamos a ir a una defensa de la propiedad social de la tierra.

Cuando la discusión de estas reformas pase a la Cámara de Diputados podemos prever que la maquinaria que las favorece haga valer su fuerza numérica. Estamos buscando distintas salidas (por ejemplo una redacción de la reforma energética que proteja la propiedad social de la tierra), pero si ello no prospera, no nos queda más que la movilización social.

Olegario Carrillo Meza UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS AUTÓNOMAS ΈUNORCAΉ

SebasƟán de la Rosa Peláez COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS URBANAS Y CAMPESINAS ΈCODUCΉ

1. La reforma energética está considerando la exploración y explotación de hidrocarburos como prioritaria y prevé la expropiación de la propiedad social y privada con esos fines. Así, la reforma del campo no es más que la continuidad de aquélla y por supuesto a lo que apunta es a asegurar que cambie el régimen de la propiedad; restarle facultades a la asamblea ejidal, para facilitar el paso al dominio pleno (esto es, el paso a la condición de propiedad privada de las tierras) y ejidos y comunidades van a quedar en la indefensión, pues con el dominio pleno es más fácil que el gran capital se apropie de las tierras. Para ello el gobierno federal está cocinando una iniciativa de cambios a la Ley Agraria.

2. En el marco del Frente Auténtico del Campo (FAC), que es un movimiento nacional en el que

1. Sin haber concretado aún la reforma del campo, ha habido atentados contra la propiedad social. Y todo lo que tiene que ver la reforma energética y sus leyes secundarias son una amenaza desmedida contra la propiedad, principalmente la ejidal y comunal, y esto nos preocupa porque en el decir y hacer del presidente de la República hay mucha inconsistencia. En marzo, en Colima, el presidente expresó que no se iba a tocar la propiedad social. Pero ahorita el debate en que estamos inmersos indica lo contrario: toda la maquinaria legislativa que el presidente tiene a su disposición está encauzándose a afectar esta propiedad. Creo que se van a poner las cosas muy tensas.

Tenemos que defender al ejido y los bienes comunales. Incluso la UNORCA ha planteado que se tiene que hacer una contrarreforma, para regresar a su estado original el 27 constitucional, que fue modificado en 1992 por Salinas y que liberalizó la enajenación de la tierra social.

2. No vamos a avalar ningún foro, ninguna ley que ponga en riesgo la propiedad social. Exigiremos al gobierno que sea más consecuente, que tenga más respeto a los que somos parte del sector social, porque de lo contrario, pareciera rémora o discurso, pero la gente ya se está enfadando. En cualquier rato les va a dar una sorpresa.

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Entrevista con Ignacio del Valle

ATENCO, LUCHA PERMANENTE EN DEFENSA DE LA TIERRA Lourdes Rudiño

“

Todos nos sentíamos afectados por este despojo y desplazamiento automático de comunidades.

Nos estaban quitando prácticamente el suelo donde nacimos”.

“Con ello vino una confianza de que sí se puede, y que organizados el peso de la razón gana”. Es así como Ignacio del Valle se refiere a los hechos sucedidos en 2001 cuando 13 comunidades de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT) casi de manera inmediata luego de que el 22 de octubre el gobierno de Vicente Fox emitió los decretos expropiatorios.

Integrados en el Frente, recuerda, la población decidió no dejar la tierra.

“Eso tuvo que ver con reuniones en la plaza, deliberaciones sobre lo que iba a pasar con el agua –pues somos pueblos de agua-; sobre las reubicaciones que nos ofrecían en unas ‘palomeras’ a las faldas de un

FOTO: Jesús Villaseca Pérez

Sólo unidos, basados en la razón del derecho legítimo a nuestras tierras, logramos tirar los decretos” que el gobierno federal había expedido en 2001 para expropiar una superficie de más de cinco mil hectáreas en la región aledaña al Lago de Texcoco, y particularmente en el municipio de San Salvador Atenco, con el fin de construir un nuevo aeropuerto internacional.

surgió con más ímpetu la inconformidad, y luego los demás pueblos se adhirieron a esa razón de defender la tierra”, comenta Del Valle y explica: “esta zona, como muchas de nuestro país, es consecuencia de lo que fue la lucha de la Revolución Mexicana; nuestros abuelos nos platicaron cómo fue su vida de niños, cuando sus padres trabajaron en la hacienda y cómo se recuperaron esas tierras para formar el ejido. Ese conocimiento nos llevó a reflexionar y a que el pueblo todo se movilizara.

cerro de Ecatepec; la preocupación porque nuestra vida siempre había sido y sigue siendo al aire libre, con los espacios que tiene un pueblo, esos espacios que nos dan un ambiente de libertad y de campo, que representan una forma de vida. El proyecto del aeropuerto cambiaba radicalmente esa forma de vida, prácticamente nos extinguían”.

Y en Atenco más de 80 por ciento de las tierras que pretendían ser afectadas por la expropiación son de labranza. “Por eso en Atenco

Atenco se mira hoy como un lugar emblemático de la defensa de la tierra. Pero no sólo por lo vivido en 2001 y por el éxito de los pueblos al lograr la derogación de los decretos expropiatorios nueve meses después de su expedición. Lo es también porque la defensa de la tierra continúa vigente, pues el interés por quitársela a los pueblos sigue vivo.

Ignacio del Valle, quien ha sufrido encarcelamiento y persecución, igual que algunos miembros de su familia a lo largo de esta lucha, comenta cómo desde el sexenio pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha pervertido y corrompido institucionalmente para convertirse en intermediaria y trabaja con denuedo ya no para lograr la expropiación sino para convencer a los pobladores de las 13 comunidades, y otras más vecinas, a fin de que vendan sus tierras. Asimismo, el actual comisariado ejidal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, ha convocado asambleas de manera amañada

con el propósito de dividir al pueblo, dividir a los campesinos, y modificar el carácter de la tierra de ejidal a privada. Para ello, por ejemplo ha dado ilegalmente voz y voto a 700 posesionarios, cuando los únicos que pueden tener voz y voz son los 530 ejidatarios.

Comenta Del Valle que los intentos de despojo se realizan de manera disfrazada, primero la Conagua dijo que la tierra la querían para un parque ecológica, ahora lo que se informa es que se busca establecer una “ciudad futura”. En realidad, señala, lo que hay aquí es una voracidad del gran capital, encabezada por el Grupo Atlacomulco, y con participación de empresas que actúan de forma corrupta como la constructora española OHL, y lo que quieren es revivir el proyecto del aeropuerto y todo alrededor la llamada ciudad futura, con servicios e instalaciones que nada tiene que ver con el interés campesino.

“Y ¿qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Los que estamos decididos a no dejar la tierra vamos a dar todo porque no suceda esto, tenemos que agotar todas las formas que existen en ese derecho, pues tenemos la razón y vamos a defender la herencia de nuestros abuelos”.

Chiapas

EL CONFLICTO DE LA SELVA LACANDONA, OTRA VEZ Emanuel Gómez

L

os comuneros lacandones han dado un giro en su proceso organizativo, esta vez hacia el movimiento campesino de Chiapas. Por primera vez en más de 40 años desde que inició el conflicto agrario, político y ambiental de la selva oriental de Chiapas, las autoridades agrarias de la Comunidad Lacandona estrechan alianzas con comunidades que militan en la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) asentados en la cuenca del Río Negro desde antes de que se publicara el decreto de reserva de la biosfera Montes Azules.

Este acuerdo es legítimo con base en la fracción VI del artículo 2 de la Constitución federal, en el que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para el uso y disfrute “preferente” de los recursos naturales.

En teoría, a partir de los acuerdos agrarios entre pueblos, ejidos y co-

FOTO: Elido Turco

En asambleas celebradas el 23 de abril de 2014, los representantes de Comunidad Lacandona, Frontera Corozal y Nueva Palestina reconocieron a las comunidades Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio.

En 1971 se decretó la resolución presidencial por la cual se reconocen derechos agrarios a favor de 66 familias lacandonas en una superficie de 614 mil 321 hectáreas. En la práctica este gran territorio, conocido como Comunidad Lacandona, se sobrepone con al menos cuatro tipos de poblados: hay 22 acciones agrarias anteriores a la Comunidad, 47 acciones agrarias posteriores, 71 pequeños propietarios y 43 grupos de población irregular.

munidades, hay una vía para la resolución y manejo de los conflictos territoriales en la Selva Lacandona.

Sin embargo, las políticas ambientales parecen ir en otro sentido. La declaratoria de Área Natural Protegida Montes Azules no está permitiendo la resolución de los conflictos agrarios; por el contrario, supedita la acción agraria a los criterios de conservación ambiental y, en la práctica, no hay avance en materia agraria, ni ambiental, ni social.

El proceso de regularización agraria de estos poblados debería ser resultado de un proceso de diálogo directo entre campesinos, avalado por las autoridades agrarias, lo que incluso facilitaría la ejecución de políticas ambientales y sociales. Lejos de este escenario ideal, las políticas conservacionistas obstruyen la acción de otras políticas, como la de regularización agraria. El 12 de enero de 1978 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se crea la reserva de la biosfera Montes Azules, aunque este decreto tenía poca efectividad por vacíos en el marco jurídico institucional hasta 1988, cuando se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esta ley no debería ser retroactiva y no tendría por qué afectar a los grupos de población asentados antes de su publicación, incluso, en su artículo 47 la LGEEPA establece la obligación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de incluir a los pueblos indígenas y sus organizaciones en la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Tal parece que la realidad es al revés: la política pública en la Selva Lacandona está supeditada a un ordenamiento de quinto orden, si consideramos que la jerarquía jurídica ubica los programas de conservación ambiental en quinto lugar. Siguiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el orden en que debería aplicarse la ley es el siguiente: Constitución federal, tratados internacionales, leyes secundarias, normas o reglamentos y, en quinto lugar, programas de políticas públicas. En la Lacandona las autoridades agrarias no aceptan la legalidad de los acuerdos entre comunidades, y las autoridades ambientales pretenden imponer sistemas de manejo y ordenamiento territorial como medidas preferentes a las que definen ejidos y

comunidades, pese a que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como sujetos agrarios y en los tratados internacionales se les reconoce como sujetos de derecho.

El pasado 30 de mayo los representantes de gobierno federal y estatal se comprometieron a evitar el uso de la fuerza y reconocer a la organización de derechos humanos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) como una instancia capaz de establecer un mecanismo de diálogo, comunicación y seguimiento que facilite la construcción de acuerdos para resolver la problemática regional. Una oportunidad para la paz, siempre y cuando se respete a las autoridades agrarias como sujetos de derecho.

Para la Comunidad Lacandona, según lo exigieron sus autoridades agrarias ante las organizaciones campesinas reunidas el pasado 21 de junio en un foro realizado en San Cristóbal de Las Casas, la prioridad es iniciar la brecha que delimita su territorio. Sin seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, las políticas ambientales no tienen futuro, pues la Selva Lacandona tiene dueño.

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producía al año más de diez mil toneladas de alimentos. Por su parte, los vecinos de La Ventosa y La Venta han denunciado la gran mortandad de aves y el molesto zumbido que provoca el constante movimiento de las aspas; mientras tanto, algunos pescadores de Unión Hidalgo han reportado manchones de aceite en aguas de las lagunas huaves.

EL DESPOJO DEL ISTMO MEXICANO Carlos Beas Torres

FOTO: CGP Grey

Las resistencias comunitarias.

Algunas organizaciones y pueblos de la región, entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) venían alertando desde 1997 sobre el riesgo de una nueva invasión; en 2001, en un encuentro ocurrido en La Ventosa, Oaxaca, con la Comandancia del EZLN, se vislumbró que la imposición del llamado Plan Puebla-Panamá representaba una grave amenaza para los territorios y los derechos indígenas de los pueblos de Mesoamérica.

Para mi abuelo José Torres, ferrocarrilero, que como buen mexicano atendió el llamado de Lázaro Cárdenas y llevó a la Alameda Central de la Ciudad de México su aportación para consumar la Expropiación Petrolera. Pocos años después murió de tifo.

E

l Istmo mexicano es un territorio ubicado en el sureste de México, el cual ha sido habitado desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos indígenas. En diversas épocas esta estratégica y rica región ha sido escenario de disputas y graves conflictos entre los pueblos originarios y grupos de poder que han buscado apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales.

Durante el porfiriato se impuso un megaproyecto de infraestructura y se despojó de cientos de miles de hectáreas a los pueblos de la región, mismas que fueron cedidas a empresas estadounidenses e inglesas. Pocos años después estas tierras fueron recuperadas al calor de la Revolución. A partir de los años 60’s del siglo pasado se instrumentó un nuevo megaproyecto, y en el Istmo y su entorno se crearon dos refinerías, y se construyeron grandes represas, lo que trajo como consecuencia funesta que miles de indígenas fueran lanzados de sus tierras, relocalizados usando la jerga tecnócrata de los empleados del Banco Mundial.

Bajo el gobierno salinista, hacia 1994 arranca una nueva oleada invasora en el Istmo mexicano. El cambio climático y sus perturbadores efectos potencian la búsqueda de generación de fuentes alternas de energía. Grandes empresas trasnacionales ven en ello un gran

negocio e impulsan megaproyectos “amigables con el medio ambiente”.

Nace así el megaproyecto eólico del Istmo y en sus tierras se entroniza el llamado “capitalismo verde”.

La nueva invasión. En apenas nueve años el paisaje istmeño se modificó profundamente. Miles de hectáreas de los antiguos bienes comunales del pueblo binnizá de Juchitán y de algunos ejidos de la región como La Venta, La Ventosa, la Mata e Ingenio Santo Domingo han sido ocupadas por más de mil 300 aerogeneradores construidos principalmente por empresas europeas como Vestas, Iberdrola y Acciona para proveer de energía barata a corporaciones como Femsa, Cemex, Bimbo, Wall Mart entre otras.

Se estima que hasta ahora unas 14 mil hectáreas de tierras indígenas han sido despojadas a sus dueños mediante aviesos contratos de arrendamiento, contratos ilegales que no soportarían el más mínimo escrutinio de la ley. Instrumentos que les brindan a las empresas trasnacionales el usufructo por 30 años y todo tipo de facilidades a costa de los más elementales derechos de los dueños de la tierra.

La violación de la ley ha sido la constante en este proceso. Cuando por disposición constitucional era potestad de la Nación el generar electricidad, las empresas eólicas extranjeras pudieron generar electricidad bajo el pretexto del autoabasto, fundadas en una ley secundaria a todas luces anticonstitucional. Con excepción de dos, en los parques del Istmo de Tehuantepec los permisos que extendió la Comisión Reguladora

de Energía tienen como fin el autoabasto, aunque los excedentes, que no son pocos, los venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que los adquiere a precios elevados. Este negocio redondo de funcionarios y empresarios nos ayudaría a entender en parte una de las causas del quebranto que sufre esta empresa gubernamental.

Cuando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado mexicano a consultar a las comunidades indígenas sobre proyectos que les impacten, en el Istmo de Tehuantepec se han construido hasta ahora 15 parques eólicos sin el más mínimo ejercicio de consulta. El Banco Mundial dice haber enviado a un consultor cuando se construía el Parque La Venta II, hecho que nadie recuerda, pero lo que sí recuerdan los ejidatarios es que el comisariado que se oponía a ceder las tierras fue encarcelado, acusado falsamente de dos homicidios. En estos momentos, como lo ha venido denunciando la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, la Secretaría de Energía instrumenta una simulación de consulta con el fin más de guardar las formas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios.

En el caso de las tierras comunales de Juchitán los notarios, magistrados y funcionarios han hecho todo tipo de maniobras para legalizar el despojo y para ello han formalizado y validado contratos de arrendamiento donde han hecho pasar tierras comunales como si fueran propiedad privada. Ante la inexistencia de órganos de repre-

sentación y de la Asamblea, miles de hectáreas comunales han sido privatizadas de manera ilegal.

El gigantesco programa de generación de energía eléctrica que se ha venido imponiendo en el Istmo mexicano por medio del aprovechamiento de sus fuertes vientos, ha tenido dos coartadas, una: las tierras de la región son improductivas y la otra que “era necesario producir electricidad sin contaminar”. Ambas justificaciones son falsas.

Ya en su momento denunciamos que la construcción del Parque Eurus en el ejido La Venta había destruido un campo de riego que

A partir de 2003 decenas de operadores de bienes raíces al servicio de las grandes empresas recorren día y noche las diferentes comunidades tratando de “apartar y contratar” tierras. La falta de información facilitó entre otras razones que decenas de campesinos indígenas suscribieran contratos leoninos, donde se les ocultaba información y se les hacían diversas promesas.

El Grupo Solidario La Venta fue la primera organización que levantó la voz en contra del despojo y encabezó la defensa de las tierras del ejido frente al proyecto La Venta II, que es impulsado por la CFE y la trasnacional española Iberdrola. Esta resistencia no logró frenar la construcción del mencionado parque, pero, a pesar de la persecución y criminalización que sufrieron, los opositores lograron que más de 500 hectáreas ejidales no fueran contratadas.

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17 de los partidos de izquierda; la pobreza de los campesinos y su falta de información y organización, y por supuesto la campaña constante de hostigamiento, denostación y criminalización en contra de campesinos, pescadores y activistas por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal.

Tiempo después el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y algunos maestros juchitecos que integran el Colectivo 14 de Junio acompañaron acciones legales que buscaban anular contratos leoninos que habían suscrito con engaños campesinos de Juchitán y Unión Hidalgo; con esta intervención lograron la nulidad de numerosos contratos y con ello rescatar tierras que ya habían sido arrendadas.

Hacer legal el despojo. La contrarreforma energética tiene como objetivo central abrir el sector de energía a la inversión privada, y con ello sólo se formaliza el despojo que en el Istmo se ha enseñoreado en los años recientes. Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica que ya se cocinan y que seguramente se concretarán los próximos días para permitir a las empresas trasnacionales el generar energía eléctrica y realizar trabajos de explotación petrolera auguran una nueva etapa de invasiones, despojos y de violencia para los pueblos originarios de México.

La construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa puso en peligro la fuente de sustento de unas cinco mil familias de pescadores y así provocó una intensa movilización de los pueblos ribereños, los cuales, acompañados de diferentes organizaciones y colectivos nacionales e internacionales y desplegando una estrategia múltiple, logró después de un largo año de lucha la cancelación del megaproyecto que impulsaba el holding Mareña Renovable. Este ha sido sin lugar a dudas el triunfo más importante que ha tenido la resistencia istmeña que enfrenta este gigantesco megaproyecto.

Con tal de privatizar los recursos comunes, seguramente la mayoría legislativa al servicio de las trasnacionales votará por considerar la actividad de estas empresas como de interés social y orden público, y con ello facilitará el saqueo de los pueblos originarios y la completa desnacionalización del sector energético.

Los campesinos y pescadores juchitecos que han enfrentado al parque Bii Hioxo no han corrido con la misma suerte; perseguidos y constantemente agredidos, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no contaron con el apoyo unificado de los demás pueblos y organizaciones, y este parque se encuentra ahora en un avanzado estado de conclusión.

El presente para nuestros pueblos es harto difícil y el futuro se presenta aciago. A lo largo y ancho del país nuestras comunidades enfrentan los proyectos de muerte que impulsan poderosas empresas mineras, eléctricas, de la construcción y otras, incluida Pemex. Ante la tenaz resistencia, la defensa de los territorios comunitarios es abiertamente reprimida. Defensores de las comunidades como Mariano Abarca de Chiapas o Bernardo Vázquez de Oaxaca han sido brutalmente asesinados; muchos más como Marco Antonio Suastégui del estado de Guerrero y los poblanos Juan Carlos Flores o Enedina Rosas Vélez se encuentran encarcelados, acusados de delitos que no cometieron.

FOTO: Emilio Labrador

El desarrollo del megaproyecto eólico del Istmo nos muestra que a pesar de las luchas y diferentes acciones, el movimiento social que defiende las tierras y los derechos indígenas ha fracasado en buena medida, y a ello han contribuido varios factores, entre los que se encuentran: el sectarismo de algunos colectivos; la traición

El grupo gobernante prepara un gran atraco a la Nación, las mal llamadas reformas que impulsa son una abierta regresión, significan despojo, pérdida de derechos y de soberanía nacional. Como banda del crimen organizado desde la oscuridad han decidido que México es su plaza, su gran negocio, y con tal de hacer realidad sus delirios de riqueza y poder, son capaces de hacer cualquier cosa.

Salinas de Gortari, Beltrones y Gamboa Patrón son los capos de este grupo delictivo que en venta de garaje buscan vender al mejor postor el patrimonio nacional y amenazan la existencia misma de nuestros pueblos; ante ello sólo nos resta seguir luchando, construir resistencias más colectivas e invocar la protección, el apoyo y el consuelo de la Virgen de Guadalupe. Qué más nos queda…

DISPUTA O REGULACIÓN Aldo González Rojas

L

os territorios indígenas de México son nuevamente invadidos por capitales extranjeros que vienen a “invertir” en ellos para generar “progreso”.

Los pueblos indígenas, despojados en la Colonia de sus territorios originales y desplazados hacia la periferia, conservan muchas “riquezas” que no pueden aprovechar, por lo que los inversionistas están dispuestos a darles una ayudadita.

La reforma al artículo 27 realizada en 1992 sentó las bases del despojo. El mecanismo que se diseñó para ejecutarlo fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Solares Urbanos (Procede), hoy Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). Otorgar seguridad jurídica a los campesinos fue el primer paso para empujarlos a vender la tierra; luego se establecieron políticas públicas para lograr su empobrecimiento, a fin de que dejaran de ser campesinos y se convirtieran en migrantes; una vez despoblado el territorio sería más fácil ocuparlo.

cómo se pretende despojar a comunidades indígenas de las tierras donde soplan los aires más veloces del planeta. Mientras se pregona que producirán energía limpia que combate el cambio climático (por lo que las empresas reciben subsidios de la Unión Europea), a los campesinos se les ofrecieron insignificantes precios por el alquiler de sus tierras, al mismo tiempo que se les impide el uso agrícola o ganadero. Los campesinos denuncian que la tecnología que se usa es obsoleta, pues los aerogeneradores avientan aceite a su alrededor, además de que pretenden instalarlos en lugares sagrados o que producen el mantenimiento de las comunidades, como donde se pesca camarón. Mientras en algunos lugares ya se convenció a algunos ejidatarios de las bondades del proyecto, las comunidades ikoots (huaves) y zapotecas pegadas al mar siguen en resistencia.

En los años recientes en Oaxaca se estableció un proyecto minero en San José del Progreso, después de haber comprado tierra a ejidatarios, corrompido a sus autoridades locales y derramado sangre de quienes se siguen resistiendo; en contrapartida, en las comunidades zapotecas de Capulalpan de Méndez y Magdalena Teitipac se han rechazado dos minas.

Sin embargo decenas de concesiones mineras han sido entregadas principalmente a empresas canadienses sin el conocimiento de las comunidades propietarias.

La situación no es halagüeña para las comunidades, pero tampoco para las empresas.

La oposición al establecimiento de presas para generación de energía que no se distribuiría localmente, el acceso campesino al agua de los mantos freáticos de sus tierras, la defensa de la biodiversidad frente a la pretensión de establecer áreas naturales protegidas que limitarían a las comunidades acceder a sus tierras, la negación rotunda a la entrada de semillas transgénicas y paquetes tecnológicos asociados, la oposición a la construcción de carreteras que no pretenden comunicar comunidades sino facilitar el tránsito de mercancías y la resistencia al establecimiento de gasoductos en la región más estrecha del país, son otras luchas que se libran en territorio oaxaqueño entre comunidades indígenas que prefieren conservar sus propias formas de vida y organización, frente a disposiciones e intereses del gobierno federal e inversionistas extranjeros.

El establecimiento de empresas eoloeléctricas principalmente de capital español es otro ejemplo de

Los pueblos indígenas de México tienen derecho a la libre determinación expresada como

autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en nuestra Constitución; sin embargo, hasta ahora no hay mecanismos que permitan la implementación de estos derechos. La exigencia de que antes de que se establezca algún proyecto en sus tierras éstos sean consultados para lograr un acuerdo o alcanzar su consentimiento libre, previo e informado (LPI), como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha convertido en un reclamo generalizado.

En Oaxaca el gobierno del estado ha presentado al Congreso local una iniciativa para que se realice la consulta y el consentimiento LPI, cuando se trate de proyectos o programas de desarrollo relacionados con las tierras y territorios de los pueblos indígenas que afecten su modo de vida, y sobre todo cuando impliquen reasentamientos o traslados poblacionales, el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos y la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos y genéticos, entre otros, así como cuando los municipios pretendan autorizar cambios de uso de suelo.

En el ámbito federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, asimismo la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México está coadyuvando en la implementación de consultas e impulsando la elaboración de una Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas.

La moneda está en el aire.

19 de julio de 2014

18 Veracruz EL CARNAVAL DE LA VIDA, EL AGUA Y LA ALEGRÍA

MOVILIZACIÓN PARA DEFENDER LA TIERRA, EL AGUA, LA BIODIVERSIDAD Y LOS SUEÑOS a facilitar el paso al dominio pleno de las tierras de propiedad social.

Otros pueblos que habitan, trabajan y tienen a sus muertos en lugares amenazados por presas, son los que afectarían los 112 proyectos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha diseñado para Veracruz, entre ellos Zongolica, sobre el Río Apatlahuaya; Jalcomulco, sobre el Río Pescados-La Antigua, y Tlapacoyan y Atzalan, sobre el Río Bobos-Nautla. En el mismo estado, la hidroeléctrica El Naranjal, sobre los ríos Blanco y Metlac, requeriría un canal de 22 kilómetros a cielo abierto y afectaría a pobladores de cinco municipios, que para impedirlo formaron el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que desde 2011 tiene frenada la obra.

El 14 de marzo de 2014, unos ocho mil habitantes de siete municipios veracruzanos marcharon a la capital, Xalapa, al ritmo de tambores y trompetas, disfrazados como botargas y portando globos verdes y azules en una acción airada pero festiva a la que llamaron Carnaval Vida, Agua y Alegría. En una de las mantas del campamento que instalaron en la congregación de Tuzamapan se lee: “Disculpen las molestias, estamos salvando la vida”. Dice uno de los activistas: “Aquí nadie se ha rajado. Nos estamos jugando nuestro patrimonio, la vivienda, el trabajo por el cultivo de limones en las áreas verdes cercanas al río y la pesca, así como la seguridad en tiempos de lluvias.”

El 13 de marzo la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados sentó un precedente jurídico al presentar en el juzgado una demanda de acción colectiva por “acción de obra peligrosa”, en la que se exige suspender el ingreso de maquinaria y parar los trabajos de construcción de la presa Jalcomulco.

En 2014 se creó en el mismo estado la convergencia llamada La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) que, entre otras afectaciones se opone a las grandes hidroeléctricas (AB).

“Por la tierra, por el agua y por la vida”, un conjunto de organizaciones, asociaciones, redes y ciudadanos en lo particular se movilizarán a partir de agosto, primero en un gran encuentro, el día 16 en San Salvador Atenco, y luego en jornadas nacionales de resistencia que se desarrollarán durante tres meses, para culminar con una acción conjunta y pública el 6 de diciembre, el aniversario cien de la entrada a la Ciudad de México de los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Francisco Villa con la consigna “Tierra y libertad”, bandera ésta que –dice Milton Gabriel Hernández García, uno de los organizadores- “nos sigue unificando”.

Toda esta movilización, señala Hernández García, quien es investigador del Centro de

Investigación y Capacitación Rural, AC (Cedicar), “surge porque el despojo del agua, del aire, de la biodiversidad, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de los derechos individuales y colectivos, de la salud, de la cultura alimentaria, e incluso de nuestros sueños y esperanzas, se ha vuelto una realidad cotidiana”, intensificada por el neoliberalismo y apuntalada con modificaciones a la Constitución y sus leyes, modificaciones que iniciaron en 1992 en el 27 constitucional y la Ley Agraria para privatizar el ejido y la comunidad; que siguieron con la Ley minera, para darle prioridad a la extracción de minerales sobre cualquier otra actividad, y que hoy se observan con la reforma energética y con la amenaza de la reforma del campo, esta última encaminada

El documento preparatorio de la movilización precisa: “Nos despojan la minería a cielo abierto, las grandes presas, las carreteras y ductos, la urbanización desordenada, los grandes desarrollos turísticos, los privatizadores del agua, los que se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, los que comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural, los agro negocios, la publicidad y omnipresencia de la comida chatarra, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, los cárteles del narco… Pero también nos despojan quienes monopolizan el espectro electromagnético y quienes mediante los transgénicos colonizan nuestro genoma. Nos despojan un sinnúmero de corporaciones trasnacionales y mexicanas, y nos despojan los gobiernos que son sus personeros y cómplices, que además criminalizan a quienes defienden la vida y se oponen a la muerte que significa el avance de la barbarie”.

Entre los organizadores –quienes prevén delinear mecanismos de defensa y esbozar proyectos de futuro- están la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la AC Agua para Tod@s, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), El Poder del Consumidor, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, El Barzón, Semillas de Vida y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

Michoacán CHERÁN: EL NARCO Y EL BOSQUE En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, emprendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organizaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

“Eran entre 150 y 200 camionetas -cuenta Jesús Silva Tomás, del Consejo de Bienes Comunales-. Alcanzaban a sacar dos viajes diarios, pues está relativamente cerca la carretera, como dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos cómo se devastaba nuestro monte, sobre todo el que llamamos ‘El San Miguel’. Me tocó ver que esos, los talamontes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojón de agua que nosotros conocemos como La Cofradía.

Eso fue lo que hizo que nos levantáramos”.

Y “nadie decía nada” porque los rapamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuertemente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. A la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública resolviera y les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del

FOTO: José Rivera

De entre estas amenazas destaca la defensa de sus aguas que están haciendo los pueblos ribereños del Río La Antigua, que se verían afectados por una represa que planea el gobierno del estado en asociación con la trasnacional brasileña Odebrecht Participacoes e Investimentos, y que almacenaría 135 millones de litros destinados a la ciudad de Xalapa a la que llegarían por bombeo. El proyecto fue aprobado por el Congreso del estado en 2013, pero se oponen a él el Comité de Pueblos Unidos Contra las Presas, el Movimiento en Defensa contra la Presa de Jalcomulco, la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, así como el movimiento Pueblos Unidos en Defensa de La Antigua.

En este marco, dice el entrevistado, “las expropiaciones se han vuelto canallas, pero afortunadamente crecen también las resistencias”.

pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes velaban. Hoy Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territorios y, en mayo de 2014, se anotó un tanto de gran importancia para todas las comunidades indígenas que exigen que se haga valer su derecho a la consulta, cuando la Suprema Corte decidió que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán en marzo de 2012, debía ser anulada pues no se había recabado el punto de vista de Cherán (AB).

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ESTRATEGIAS Y RESPUESTAS JURÍDICAS EXITOSAS, A FAVOR DE LOS PUEBLOS: LÓPEZ BÁRCENAS Lourdes Rudiño

FOTO: Colectivo Ecologista Jalisco

torio, y lleva como tres años sin poder ejecutarse. Ese es realmente el problema que tenemos”.

S

i bien es cierto que hay una tendencia global brutal a mercar con los recursos naturales, como el agua y el aire, así como con la tierra, despojando a los pueblos, y que la reforma energética apunta a situaciones tan graves como “ocupaciones temporales”, esto es una especie de arrendamientos forzosos, también es cierto que hay una corriente igualmente global de derechos humanos que ha permeado en la población y en las organizaciones sociales de México, y ante las andanadas de despojo a las comunidades rurales hay respuestas jurídicas novedosas que en muchos casos se concretan exitosamente.

Así lo considera Francisco López Bárcenas, prominente abogado en derecho indígena comprometido con causas sociales y asesor agrario. Afirma: “En términos jurídicos, la globalización tiene una doble cara”: abre las posibilidades para el despojo y la contaminación de los recursos, “pero también hay una tendencia de derechos humanos que hay que saber usar y que se puede usar a favor de los pueblos”.

Comenta que él ha hecho un seguimiento durante diez años a las demandas, y sobre todo al tipo de demandas, que emprenden los pueblos para defenderse, y observa que hay planteamientos y estrategias novedosos e inteligentes, en buena parte basados en instrumentos internacionales, como es el caso de la invocación del derecho a la consulta, en demandas que piden al presidente de la República que no abuse en su derecho a otorgar concesiones y que consulte a los pueblos.

“Por ejemplo, en Chihuahua hay casos donde los pueblos están demandando territorios, no tierras.

En ese estado hay varias sentencias importantes, una de ellas un amparo ganado contra el proyecto turístico Barrancas del Cobre, que invadía y destruía territorios indígenas; la sentencia ordena la modificación del proyecto. Asimismo, en Creel se frenó un aeropuerto porque lo construyeron sin consultar a la gente y destruyó sus accesos y el lugar donde tomaban agua. Los cucapás en Baja California están demandando que se modifique el Área Natural Protegida porque no dejan pescar; en Campeche dos comunidades demandaron a Monsanto porque la miel que ellos producen se contamina con la soya transgénica de esa empresa, y acaban de ganar un amparo que obliga a frenar la siembra de esa soya. En San Miguel Progreso, Guerrero, los me´phaa (tlapanecos) dijeron: ‘vamos contra la Ley minera y contra las concesiones mineras’, y les dieron el amparo contra las concesiones mineras, no contra la ley, eso lo están apelando, pero tuvieron un éxito”.

Un caso emblemático es el de Wirikuta, con el pueblo wixarika (huicholes) como protagonista.

Ellos desarrollaron una estrategia con muchos elementos, “y me llamó mucho la atención por lo bien que lo hicieron. Presentaron su demanda contra la minera canadiense First Magestic Silver Corp, pero armaron toda una estrategia de difusión, una red de apoyos, de cabildeo en los tribunales y en el Poder Legislativo, así como en el ámbito internacional, en la bolsa de valores de Canadá, y lograron lo que querían: sacar a la minera. Si el

capital combina todo eso, aparte de que tiene de su parte al gobierno, tiene sus cabilderos, sus operadores, su estrategia, nosotros tenemos también que hacer algo así.

“Aunque se piense que el derecho no tiene la función que nos han dicho, de proteger a la sociedad, aunque se sepa que hay corrupción, que hay muchos tribunales que de estos temas conocen poco, la gente está haciendo demandas y obtiene éxito”.

Pero, aclara el entrevistado, “¿dónde hemos visto que se traban las cosas? En la ejecución de las sentencias. Los tribunales no ejecutan las resoluciones, las reenvían al Ejecutivo y el asunto se vuelve a enredar en los intereses políticos, te ponen trabas y tienes que recurrir nuevamente al tribunal para decir ‘oye, no estás ejecutando bien’. Entonces hay pueblos que dicen: ‘ganamos un amparo pero en realidad perdimos’.

“Eso nos decían en San Francisco Cherán, Michoacán. El pueblo ganó una sentencia para que lo reconocieran como municipio indígena, y que el Legislativo del estado hiciera una consulta antes de legislar. Pero el Legislativo dijo: ‘bueno, pues allí cuando yo legisle los consulto, por lo pronto voy a hacer la ley’, y los deja fuera. Es un cinismo terrible desde la clase política; el Legislativo debió decir ‘voy a parar la ley porque me está pidiendo la Corte que los consulte’. Hay una sentencia favorable a los yaquis que suma dos años sin poderse ejecutar, y otra a favor de la comunidad de Huetosachi, de la sierra Tarahumara, que demanda el reconocimiento de su terri-

Otro caso, el de la Presa Zapotillo en Jalisco, “es terrible para la justicia mexicana porque suma como diez amparos ganados, todos dando la razón al pueblo, y además los ganaderos de Los Altos ganaron un amparo contra el acueducto (no la presa). Y ¿qué dice la Comisión Nacional del Agua? –porque es el gobierno el que se ha visto renuente a cumplir con esta sentencia-.

Dice que eso implica mucho dinero perdido… La discusión no es el dinero sino la pervivencia de un pueblo y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el gobierno invirtió dinero sin antes asegurarse de la legalidad del proyecto? Alguien, algún funcionario, se excedió en sus funciones, y en todo caso habría que fincarle responsabilidad a ese funcionario, y no decir ‘no voy a cumplir la sentencia porque invertí mucho dinero’”.

López Bárcenas comenta que esta no es una situación privativa de México; “ocurre en todo el mundo, porque el derecho también se globalizó. Muchas de nuestras leyes no se hacen en el Congreso, se discuten en las grandes empresas, las diseñan los bufetes de las trasnacionales.. Antes uno presentaba un juicio y si tenía razón, lo ganaba, no había tanto interés acumulado en la justicia, ahora eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer?, debemos darle otro sentido al uso del derecho.

“A nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchísima jurisprudencia bastante progresista. Por ejemplo, en México cualquier tipo de propiedad se demuestra con documentos -una sentencia o una escritura o una resolución presidencial-. Bueno, pues resulta que la Corte Interamericana ha dicho que los pueblos no tienen por qué presentar un documento para demostrar que son propietarios, porque fundamentalmente su derecho viene de antes de que se formara el Estado. Lo que necesitan los pueblos es demostrar que tienen posesión. Esto es algo muy importante para los indígenas, y es parte del derecho mexicano. Si llega una empresa y pide papeles a los pobladores de un territorio, ellos deben responder que no necesitan papeles. O, según ha dicho la misma Corte, cuando ya sacaron a los pueblos, ellos tienen derecho a regresar aunque no tengan papeles. Esto es algo que los abogados deben ir conociendo como parte del arsenal jurídico con el que pueden defenderse.

“Lo principal, lo central, es crear conciencia en los pueblos y que los pueblos se organicen. Hay procesos importantes, muchos que no vemos, por ejemplo los nuevos movimientos indígenas. Están en un proceso de fortalecimiento interno. Están recuperando parte de sus creencias, cultura, prácticas cotidianas, les están devolviendo el poder a sus líderes de ellos, no a los que se comunican con los agentes externos, sino a sus autoridades, a sus rezanderos. Eso está pasando y es importante porque fortalece el sentido de pertenencia. Lo veo en muchas partes. Eso implica que en algún momento vamos a ver un movimiento nacional grande; por el momento su lógica es esa y van a resistir cosas”.

Evento: Foro Día Mundial en Contra de la Minería a Cielo Abierto.

Fecha y lugar: 22 de julio de 2014. A partir de las 9:30 horas. En el lobby del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Carlos Escandón Domínguez SJ. Universidad Iberoamericana-Campus Puebla.

Información: huauchiperez@ hotmail.com

Evento: Exposición, trueque y venta de semillas.

Organiza: Foro Tianguis Alternativo Ecológico #CDMX. Fecha y lugar: 29 de julio de 2014, en Av. Álvaro Obregón 185, Col. Roma.

Información: https://www.facebook.com/TianguisForoAlt ernativo?sk=info Evento: Encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida.

Organiza: Varias organizaciones.

Fecha y lugar: 16 de agosto de 2014, en San Salvador Atenco.

Información: www.sinmaiznohaypais.org Publicación: Estudio “La agricultura familiar en América Latina. Un nuevo análisis comparativo” (Descargar PDF de la síntesis) - http:// www.ifad.org/pub/lac/FF_ lac_s.pdf

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EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A TIERRA Y TERRITORIO Jaime Martínez Veloz Titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México sar la extinción de los pueblos originarios.

FOTO: Oriana Eliçabe

Lo anterior además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras ancestrales, a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser el territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de los pueblos indígenas.

R

odolfo Stavenhaguen, ex Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define en un concepto lo que representa el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio: un derecho humano; no sólo por lo que implica para la subsistencia, conservación y sustento de los pueblos originarios, sino por la relación especial que tienen con la tierra desde tiempos remotos que la ocupan, poseen, aprovechan, y que los define en gran medida como pueblos indígenas, porque tienen la propiedad social y ancestral sobre ésta.

Esa relación y unidad indisoluble entre comunidad, tierra y naturaleza representa la cosmogonía de los indígenas; el territorio es parte de su cultura y de su concepción del mundo, y es el lugar donde la estructura social de su pueblo se consolida y fortalece. Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá del simple concepto de espacio, es un todo que históricamente les corresponde. El derecho sobre el territorio está vinculado con el derecho a los recursos naturales, a su uso y disfrute, que son esenciales para su desarrollo económico y social.

Es por ello que a la par de la evolución a nivel internacional de los derechos humanos, sus doctrinas, prácticas y aplicación, de la misma manera lo han hecho los derechos colectivos de los pueblos indígenas; muestra de ello son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989; la Declaración de Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007; y las Normas y Jurisprudencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, aunadas a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha sido de los principales impulsores de estos instrumentos a favor de los pueblos indígenas ante los organismos internacionales y con otros países.

En México también existen nuevos instrumentos que garantizan los derechos humanos: la reforma del 2011 al artículo Primero sobre la materia, que les otorga rango constitucional a los Tratados y Convenios Internacionales, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observancia obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de este paulatino avance en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestro país históricamente se han presentado sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, discriminación, etcétera. Las violaciones de mayor gravedad son a los derechos a la propiedad y al territorio; para muestra, en los pasados cuatro sexenios, desde 1994 a 2012, se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras.

Muchas de éstas se encuentran sobre territorio ancestral, sin el consentimiento de los pueblos.

Aunque en la actualidad otros datos oficiales nos informan

que sólo existen 26 mil 823 concesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 31 millones de hectáreas, lo cierto es que una gran parte del territorio nacional ha sido utilizada por multinacionales para extraer enormes cantidades de recursos naturales.

En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. Del 2007 al 2012 generó una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Es decir, sólo 2.2 por ciento del valor total de la producción, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ganancia de la cual los pueblos y comunidades indígenas no recibieron nada o casi nada.

Gran parte de la actividad minera, como la de explotación de recursos naturales, la construcción de megaproyectos ajenos a los intereses de los pueblos indígenas, ha incrementado la tensión social entre las comunidades, empresas y gobierno de distintos órdenes.

El aprovechamiento y la afectación del territorio indígena por parte de empresas y gobiernos sin el consentimiento de los pueblos es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la violencia, deterioro medioambiental, y pueden llegar a cau-

El despojo territorial profundiza la pobreza; la realidad de los pueblos es que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza por sector, con el 72.3 por ciento, comparado con la media nacional (45.5 por ciento), la rural (61.6 por ciento) y la urbana (40.6 por ciento). Los indígenas son los pobres entre los pobres.

Ante la realidad histórica que enfrentan los pueblos indígenas, de marginación, despojo y empobrecimiento, el Estado mexicano tiene el reto y el compromiso de trazar una ruta para: saldar la deuda histórica con estos pueblos, el reconocimiento de sus derechos y garantizar el ejercicio de éstos. Por ello en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una de las estrategias es impulsar un Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblo Indígenas de México, cuyos instrumentos deben ser el diálogo, y el reconocimiento a la libre determinación como derecho fundamental y a la Consulta Previa, Libre e Informada.

El Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación establece en su línea 1.5.3 el compromiso de “impulsar la armonización del marco legal nacional con los Tratados internacionales en materia indígena”; esto, mediante la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización legal.

Tenemos claro lo complejo que significa este proceso, sin embargo estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas esta armonización que permita a los pueblos indígenas, tener un marco normativo, que les brinde certeza jurídica y posibilidades de desarrollo. Sólo así se podrá terminar con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los indígenas. Sólo así podremos construir un país democrático, justo e incluyente.

América LaƟna EL SAQUEO ES GLOBAL Y TAMBIÉN LAS RESISTENCIAS El saqueo de tierras patrimonios es enorme pero del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta.

La resistencia a la expoliación territorial capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista y multiétnico aunque se intensifica entre los pobres de la periferia y en particular entre las poblaciones originarias con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de justicia ambiental, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de dos mil conflictos territoriales en todo el mundo, alrededor de 40 por ciento de éstos involucran poblaciones indígenas y entre 15 y 20 por ciento han tenido éxito en interrumpir los proyectos agresivos, lo que es un porcentaje alentador. Sin embargo, el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness, que se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos verificables sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su lucha de mediados de 2013 a mediados de 2014.

En el continente americano las inconformidades se han multiplicado en los tres lustros recientes, haciendo de la defensa territorializada de bienes comunes: naturales, socioeconómicos y culturales una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral lucha por el territorio ahora mordido también por grandes empresas mineras; en Argentina los pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del fracking que emplea ahí la Chevron; en Tolima, Colombia, se batalla contra la Anglo Gould Ashanti; fracasado el proyecto de que se compensara a Ecuador por no extraer petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidido autorizar su explotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y ambientalistas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se combate contra la empresa Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defensores de derechos humanos se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtuna, araweté, xikrin, ariní y parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del cono sur, hay un movimiento contra el proyecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco, La Plata y otra docena de ríos, y así. Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hizo un recuento de los conflictos que genera, según el cual los países con mayor incidencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la población con las empresas del ramo, y Argentina y México, con 26 casos cada uno (AB).