NO. 75 PEÑA NIETO / UN AÑO by La Jornada del Campo

21 de diciembre de 2013 • Número 75 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

ADIÓS A LA SOBERANÍA “SERÁ NUESTRA HERENCIA UNA RED DE AGUJEROS” ARMANDO BARTRA

Páginas 10 y 11

21 de diciembre de 2013

La defensa del territorio ¿nueva etapa del movimiento campesindio?

tendencia dominante de la lucha rural y está definiendo una etapa nueva y distinta del movimiento campesino. ¿Qué lo caracteriza?

n los lustros recientes –y notablemente este año- los combates en defensa del territorio y el patrimonio han cobrado una excepcional intensidad al punto de que hoy conforman no una suma de acciones sueltas y dispersas sino un gran movimiento rural en formación. Oleada de lucha que va definiendo una nueva y distinta etapa del secular movimiento campesindio mexicano.

Suplemento informativo de La Jornada 21 de diciembre de 2013 • Número 75 • Año VII

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

Me doy cuenta de que hay aquí una paradoja. Cientos de comunidades a lo largo y ancho del país se oponen a presas, minas, carreteras, ductos, urbanizaciones… defendiendo el terruño de las amenazas corporativas, sin embargo de los 26 millones de hectáreas de tierras cultivables que tenemos en México, 12 millones están abandonadas, mientras que la abrumadora mayoría de los jóvenes rurales se aparta física o espiritualmente del campo. Nunca en nuestra historia las nuevas generaciones del agro se habían sentido tan alejadas de lo rural… Y al mismo tiempo nunca había sido tan decidida la defensa del terruño. La contradicción es sólo aparente. Nada impide que quienes toman distancia del mundo de vida de sus padres estén al mismo tiempo dispuestos a defender con todo la integridad de ámbitos de los que fervientemente desean escapar: lugares entrañables quizá sin futuro pero con mucho pasado, espacios significativos en los que se fincan identidades profundas. Todos hemos oído del cubano que se fue a Miami pero regresaría a la isla para defenderla con su vida si la amenazara una invasión. Y así nuestros balseros de tierra firme; así los rústicos mexicanos que se van: en las capas superficiales de la conciencia no quieren saber nada del campo pero en las más profundas siguen apegados a los valores que vienen de atrás y a los lugares donde están sus raíces. No afirmo que la generalizada compulsión peregrina de los jóvenes rurales no debilite la defensa del campo de las amenazas corporativas. Tengo claro que sin un porvenir campesino por el cual luchar, el arraigo que otorga el pasado es insuficiente. Sostengo, sí, que la condición campesina es un hueso duro de roer y que la tan anunciada descampesinización, que sedujo a los “proletariastas” de hace 40 años y a los “neoruralistas” de hace 20 es más lenta y sinuosa de lo que aparenta. Me parece que los campesinos mexicanos -aun los que se vanquieren seguir siendo campesinos. Más aún, creo que deciden irse precisamente porque desean seguir siendo campesinos. Cuantimás estarán dispuestos a defender el terruño.

PORTADA: La Jornada del Campo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

El movimiento rural avanza por oleadas y en cada una los ejes de la movilización son distintos. En los años 70s del siglo pasado un generalizado combate contra el latifundio y por el acceso a tierras agrícolas puso en pie a millones de campesinos en toda la República, muchos de los cuales ocuparon pacíficamente grandes propiedades obligando al gobierno a repartir cientos de miles de hectáreas. En los 80s del mismo siglo los pequeños agricultores agrupados en organizaciones económicas impulsaron una lucha por apropiarse asociati-

vamente del proceso productivo, tomando en sus manos financiamiento, cultivo, transformación agroindustrial y comercialización. En los 90s, el combate por los derechos autonómicos de los pueblos originarios activó a cientos de miles que, con el respaldo de muchos más, forzaron un acuerdo con el gobierno -la llamada Ley Cocopa (de la Comisión de Concordia y Pacificación)- a la postre minimizado por los legisladores. En el arranque del siglo XXI, en una convergencia conocida como El Campo no Aguanta Más, multitudes campesinas se movilizaron contra los aspectos agrarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y para tratar de imponer un viraje en las políticas públicas para el agro. El movimiento logró forzar un importante Acuerdo Nacional para el Campo, que sin embargo el gobierno no honró. En lo que va de este siglo, el reiterado incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que había llegado, primero con los indios y luego con los campesinos, convenció a muchas organizaciones rurales de que mientras gobernara la derecha nada importante se iba a lograr y que para salvar al campo hacía falta un cambio de régimen político. Así, en 2006 una coalición de 27 organizaciones agrupadas en torno a una plataforma titulada “Un nuevo pacto nacional por un mejor futuro para el campo y la Nación” apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República. Seis años después, éstas y otras 70 organizaciones formularon el Plan de Ayala para el Siglo XXI, con el que AMLO también se comprometió. Durante los 40 años pasados los campesindios mexicanos han dado cuando menos cinco grandes batallas nacionales convocadas por diferentes reivindicaciones unificadoras. En la pasada centuria fueron: la tierra, en los 70s; la producción económica, en los 80s, y los derechos autonómicos indios, en los 90s, y en los primeros años de este siglo fue la reorientación del modelo agropecuario, mientras que en las coyunturas electorales de 2006 y 2012 cobró fuerza el movimiento por el cambio del régimen político. En rigor, estas diversas vertientes no se suceden, más bien se traslapan. Pero, en perspectiva, el ascenso de una va acompañado por el reflujo y pérdida de visibilidad de otras. Mi hipótesis -o más bien mi apuesta, pues lo que suceda dependerá de lo que hagamos para hacerlo suceder- es que en los años recientes la defensa territorial de los comunes se volvió la

La defensa del patrimonio familiar y comunitario responde a una gran diversidad de amenazas: minas, presas, carreteras, gran turismo, urbanizaciones, eoloeléctricas, talamontes, narcotraficantes, erosión del genoma, usurpación del espectro electromágnetico, privatización de la cultura… Agresiones múltiples pero convergentes que, de no pararse a tiempo, estrecharán los espacios agroecológicos, económicos, sociales y culturales de la vida comunitaria al punto de hacerlos por completo inhabitables. Lo que está en riesgo es la existencia misma del mundo campesino e indígena. La resistencia en los territorios es ancestral y marcó la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, en los tres lustros recientes los despojos asociados a la neoterritorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continuidad, sino ante un salto de calidad; una etapa nueva del activismo campesino e indígena. En pocos años el movimiento devino nacional y en todos los estados de la República hay acciones en defensa del territorio. Pero además está en ascenso y las convergencias se van imponiendo a la dispersión inicial: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales… Aun si mayoritariamente plebeya, la defensa de la tierra es multiétnica, transclasista y a veces moviliza sociedades regionales enteras. Los territorios son ámbitos de enconos, conflictos y rencillas, pero al ser amenazados pueden convertirse en espacios de reconciliación y unidad donde la pluralidad de saberes y capacidades enriquece y fortalece la convergencia. El grado de participación popular en las luchas por el territorio depende sobre todo del arraigo. La fuerza y profundidad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habita es lo que le da identidad y razones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les permitan resistir el vendaval. Por eso la lucha indígena por sus ámbitos ancestrales es tan potente. Arraigo es un concepto con tres dimensiones temporales complementarias: pasado, presente y futuro; en él la profundidad histórica, la densidad organizativa y el proyecto se fusionan para conformar la más potente palanca de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces mítico-culturales de un poblamiento; el presente, a la intensidad, solidez y calidad de las relaciones sociales vivas, es decir al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro remite a las expectativas que tengan los participantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la esperanza. Y sin raíces, organización y esperanza, es decir sin arraigo, no hay mucho qué hacer.

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ASALTO A LA NACIÓN Los heraldos negros César Vallejo Hay golpes en la vida tan fuertes… ¡Yo no sé! Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emponzoñara en el alma… ¡Yo no sé!

FOTO: José Antonio López / La Jornada

Son pocos pero son… Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte.

¿Le muevo la panza? Hace tiempo había en las playas de Acapulco chamacos que para que les dieras un veinte te movían la panza. Lo hacían por necesidad, sin humillarse. Hoy los políticos del PRI y el PAN le mueven la panza a las trasnacionales a cambio de que se decidan a venir. Lo hacen con sumisión y desvergüenza. Si entregan los hidrocarburos a las corporaciones extranjeras -y están empeñados en entregarlos-, cada vez que pagues la gasolina o te subas al transporte público; cada vez que vayas por el kilo de tortillas; cada vez que compres unos calcetines, unos calzones o una pelota para el bebé le estarás dando tu dinero a Shell, a Exxon Movil, a Chevron Corp… Porque en todo lo que consumimos hay petróleo en forma de combustibles, fertilizantes, plásticos, fibras… Y en el precio del petróleo va la renta. El crudo sale del subsuelo. La renta no; la renta sale de tu bolsillo y del mío cuando pagamos algo en cuya fabricación o transporte se empleó petróleo. Del precio de la gasolina quizá el 70 por ciento es renta, del precio del transporte el 50 y así. Mientras los hidrocarburos fueron nuestros, gran parte de ese dinero lo recibía Pemex, y de ahí lo tomaba el gobierno para el gasto público. Entonces podíamos cuando menos exigir que se gastara bien y sabíamos que un nuevo gobierno de ideas distintas contaría con esa renta para financiar los cambios. Pero cuando la exploración, la extracción, la refinación, la distribución y la venta de los hidrocarburos pasen a manos de las trasnacionales, saquearán los recursos naturales del país y bolsearán a sus habitantes. Y nos atracarán por partida doble, pues la parte de los recursos para gasto público que el gobierno perderá cediendo renta petrolera a las trasnacionales la va a reponer con mayores impuestos. Así los mexicanos, además de quedarnos sin combustibles fósiles, desembolsaremos dos veces el monto de la renta: al pagar los bienes y servicios que contienen petróleo y al rendir más contribuciones. Lo que están entregando con la reforma energética no son sólo los combustibles fósiles y su cadena productiva, es la economía mexicana toda: la nacional y la familiar. Los mueve panzas dicen que, cuando menos mientras esté ahí abajo, el petróleo seguirá siendo nuestro. Mentira. En términos económicos, el dueño de algo es quien lo valoriza, quien lo puede capitalizar. López Portillo pudo endeudar al país porque nuestro petróleo era la garantía. Como lo fue de los cuantiosos fondos internacionales que le permitieron a Zedillo rescatar a los bancos. Con la reforma de Peña Nieto las corporaciones extranjeras podrán reportar en la bolsa de valores los beneficios que esperen del crudo contratado, con lo que aumentará el valor de sus acciones y su capacidad financiera. Entonces ¿de quién será el petróleo? Y por si alguien quiere seguir protestando, el Congreso aprobó para el Distrito Federal una Ley de manifestaciones públicas, que las acota severamente y permite sancionar a quienes participen. P.D. La hermosa gente. El día de la vergüenza ya no eran muchos los que permanecían en el mitin de Cecilio Robelo y Rovirosa. Pero eran los mejores. Porque los últimos en retirarse de los cercos al Congreso serán los primeros en integrarse al gran cerco nacional contra la oligarquía, la nueva gesta ciudadana que hoy comienza. AB

De nada sirve la soberanía, enterrada en el fondo del mar. FÙ Ä ®Ý CÊÙÙ ½ Ý, ®Öçã ÖÊÙ ½ PRI

“Los cambios consƟtucionales son necesarios para dar cerƟdumbre a los inversionistas”. EÄÙ®Øç P Ç N® ãÊ. PÙ Ý® Äã ½ R Öé ½®

“Es un sistema de contratos y puede haber muchos Ɵpos de modalidades. Puede haber contratos de uƟlidad comparƟda, de producción comparƟda y de licencia (...) mientras mayor flexibilidad tenga el Estado es mucho mejor “. P ÙÊ JÊ Øç°Ä CÊ½ ó ½ , Ý Ù ã Ù®Ê EÄ Ù¦°

“México invierte la historia y permite la entrada de capital privado en la lucraƟva industria petrolera (...) que Ɵene un valor de 95 millones de dólares anuales“. R ò®Ýã FÊÙ Ý

“Con las dos tanquetas anƟmoƟnes (situadas junto a San Lázaro), que arrojan agua a presión, la tácƟca es mojar a los manifestantes primero, para que se les abran los poros. Después se les arroja gas pimienta o lacrimógeno. Abiertos sus poros, el gas penetra más fácilmente”. A¦ Äã Ý ¥ Ù ½ Ý Øç Ù Ý¦ç Ù Ä ½ C Ã Ù D®Öçã ÊÝ

“Le incomode a quien le incomode, las legislaciones secundarias que hemos hecho en materia de energía no nos han dado los dividendos que los mexicanos estamos esperando, y por ello se debe reformar la ConsƟtución”. D ò® P Ä «ùÄ , Ý Ä ÊÙ ÖÊÙ ½ PRI

La energía no se crea ni se destruye, sólo se privaƟza. Tç®ã

Parafraseando a José Saramago. “Ustedes quieren privaƟzar y están con este ánimo de los Ɵempos nuevos; pues privaƟcen los sueños, la ley, la jusƟcia; pero si quieren que realmente haya una privaƟzación a fondo, vayan y privaƟcen a la puta madre que los parió. Y eso sería mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, no se la merecen”. L ù S ÄÝÊÙ Ý, Ý Ä ÊÙ ÖÊÙ ½ MÊò®Ã® ÄãÊ C®ç ÄÊ

21 de diciembre de 2013

EL CAMPO EN TIEMPOS DE PEÑA NIETO Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Twitter: @victor_suarez

erradicar la malnutrición es otra política económica, agrícola y alimentaria con base en derechos y una política de Estado social, sustentable y nacionalista de largo plazo.

Desafortunadamente, sólo se dio incremento de impuestos sin imbricar elementos obligatorios de transparencia, contabilidad gubernamental, evaluación de desempeño y rendición de cuentas a las decisiones de gasto, para cualquier nivel de gobierno. En otras palabras: es una miscelánea fiscal porque no hay nada que premie o castigue las buenas y malas prácticas en el ejercicio del gasto público.El retorno del PRI a la Presidencia de la República no ha representado cambio alguno respecto de las políticas agrarias y agroalimentarias llevadas a cabo por el PAN en los sexenios de la alternancia (2000-2012). En este sentido, el gobierno de EPN se ha caracterizado por ser el gobierno de la continuidad panista, de la continuidad neoliberal. Es el gobierno del “cambio” para que nada cambie. El retorno del PRI a la Presidencia, como estaba previsto, augura otro sexenio perdido para el campo mexicano. A continuación se presentan algunos de los indicadores y resultados más sobresalientes de la gestión de Enrique Peña Nieto en el sector agrario y agroalimentario en su primer año de gobierno. 1. El campo carece de rumbo y no es prioritario para el gobierno.- La continuidad neoliberal, la administración sectorial inercial y la inacción pública han caracterizado el primer año del gobierno de Peña Nieto en sus políticas hacia el campo. No existe el tan anunciado “nuevo rumbo” para el campo, ni siquiera retóricamente. Por el contrario, se mantiene el mismo rumbo de los sexenios anteriores; es decir, el que determina el interés de los grandes consorcios agroalimentarios trasnacionales y el interés de Estados Unidos (EU). El rumbo es no tener rumbo. Para el gobierno federal priista como para los panistas, el campo no es prioritario. Lo que sí ha sido prioritario y urgente para el nuevo gobierno peñista han sido las llamadas “reformas estructurales” o, más bien dicho, las contra-reformas de la agenda corporativa:

FOTO: Marte Merlos

la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal y la energética. 2. Desplome en la actividad económica del sector agropecuario.En el primer semestre de 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el crecimiento del PIB agropecuario fue únicamente de 0.4 por ciento, en comparación con el de por sí muy bajo crecimiento promedio de 1.8 del periodo de la alternancia panista (2001-2012). De enero a octubre del presente año, la actividad económica del sector agropecuario fue de 2.4 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi. Baste recordar que durante el periodo previo a las políticas neoliberales, el sector creció a un promedio anual de cinco por ciento (1940-1975). El desplome del campo en el primer año de EPN es consecuencia de la nula inversión pública productiva, la falta de política de fomento productivo para la autosuficiencia alimentaria, la escasez y el encarecimiento del crédito, la continuidad de la política de dependencia alimentaria, la administración inercial y el subejercicio presupuestal en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 3. Se mantiene la misma tendencia de las importaciones agroa-

limentarias y forestales respecto de los años previos. De enero a mayo de 2013, de acuerdo con el Banco de México y el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, las importaciones agropecuarias, agroalimentarias y forestales fueron de cuatro mil 966.2 millones de dólares, ocho mil 832.7 millones y cuatro mil 976.1 millones de dólares respectivamente, en comparación con las correspondientes al periodo homólogo del año anterior que fueron cinco mil 856.8 millones, nueve mil 708.7 y cuatro mil 611.1 millones de dólares, respectivamente. Lo anterior, no obstante la desaceleración de la economía observada en el primer año del gobierno de Peña Nieto -al pasar el pronóstico oficial de crecimiento de 3.1 a 1.2 por ciento- y la caída en 25 por ciento promedio de los precios agrícolas internacionales observada en el primer semestre del año con respecto al periodo homólogo del 2012. 4. Nula inversión pública en el campo y subejercicio presupuestal en la Sagarpa.- La inversión pública productiva en el campo ha sido prácticamente nula en el primer año del gobierno de EPN. Lo anterior, como consecuencia de una aprobación inercial del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. Por si esto fuera poco, la Sagarpa subejerció durante el primer semestre del presente año, de conformidad con

la propia Secretaría de Hacienda, poco más de tres mil millones de pesos. De acuerdo con la misma SHCP, la Sagarpa dejó de aplicar en inversión física la cantidad de cinco mil 15.1 millones entre enero y septiembre del presente año, lo que representa 40.9 por ciento menos que el monto invertido el año anterior (La Jornada; 5 de noviembre de 2013). 5. Crecimiento de la pobreza y la malnutrición en el sector rural.Frente al crecimiento de la pobreza y malnutrición en el medio rural, el gobierno de Peña Nieto ha optado por impulsar la llamada Cruzada contra el Hambre en 400 municipios del país para atender a 7.4 millones de personas. Dicho programa reproduce las políticas fallidas de combate a la pobreza de los 20 años recientes, está restringido a únicamente una cuarta parte de la población con carencia alimentaria de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y además está impregnado de una intencionalidad político-electoral absolutamente inaceptable. Por si fuera poco, y para demostrar una vez más cómo el actual gobierno federal está capturado por los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales, se incorpora a Pepsico y a Nestlé a dicho programa insignia de la actual administración. Lo que el país requiere para combatir la desigualdad y la pobreza y

6. Continuación del despojo de los recursos territoriales de los ejidos y comunidades.- Con el retorno del PRI al poder, se han radicalizado los procesos de despojo y apropiación de recursos naturales en los territorios de los ejidos y las comunidades a lo largo y ancho del país. En este sentido, es clara la continuidad entre el actual gobierno y los gobiernos panistas en materia de megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, comerciales e inmobiliarios, en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores rurales y en la lógica de continuar impulsando un modelo extractivista de nuestro recursos naturales en beneficio de un pequeño grupo de grandes corporaciones multinacionales. Por si esto fuera poco, con la actual administración se ha profundizado la criminalización de las luchas sociales contra los megaproyectos depredatorios, permitiendo la vinculación perversa entre las empresas y el crimen organizado e incrementándose la persecución y el asesinato de dirigentes sociales. 7. En contraposición, aumentan las utilidades de las grandes corporaciones agroalimentarias en México.- A la par que se estanca la economía y crecen desigualdad, la dependencia alimentaria, la carestía de la vida, la pobreza y la malnutrición, las ganancias de las grandes corporaciones agroalimentarias se han visto incrementadas significativamente en el primer año de la administración de Peña Nieto. Así, por ejemplo y de acuerdo con los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, la utilidad de operación del Grupo Gruma (Maseca) pasó de 702 millones de pesos en enero-junio de 2012 a mil 118 millones en el mismo lapso de 2013, esto es creció en 59.2 por ciento. Por su parte, las utilidades de Bachoco se dispararon en 333 por ciento de enero a junio del presente año en comparación con el mismo periodo de 2012, al pasar de 316 millones a mil 371.7 millones de pesos, no obstante -o más bien gracias- al incremento de entre 50 y 66 por ciento que experimentó el precio del pollo y del huevo debido al brote de gripe aviar y a la especulación que le siguió. Por su parte, el Grupo Bimbo vio incrementadas sus utilidades antes de otros ingresos y gastos en

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A su vez, el Grupo FEMSA reportó un incremento de sus utilidades de operación del 9.1 por ciento, mientras que Coca-cola FEMSA y FEMSA Comercio experimentaron un crecimiento de 9.15 y 6.7 por ciento, respectivamente. Si a las grandes corporaciones agroalimentarias les va muy bien aun con el estancamiento económico y el crecimiento de la desigualdad, pobreza y malnutrición en el país, ¿cuál es el incentivo para cambiar el modelo neoliberal de economía, agricultura y alimentación? 8. Resistencias campesinas en ascenso y el campesinado aún sin cabeza.- Frente a la continuidad y profundización de las políticas neoliberales hacia el campo, las resistencias campesinas y rurales se han multiplicado a lo largo del territorio nacional. Han destacado las luchas contra los megaproyectos mineros, eólicos e hidráulicos, así como las movilizaciones de los productores de café, caña de azúcar y granos básicos frente a la caída de los precios, el desorden y monopolización de los mercados y la pasividad gubernamental. Destaca también en este aspecto la iniciativa de la campaña Sin Maíz no hay País y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) para impulsar exitosamente una acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico que derivó en la resolución de medidas cautelares por un juez federal. Por su lado, las organizaciones campesinas nacionales y sus convergencias (CONOC, FAC, Conorp y CAP) no han podido unificarse y actuar en torno a una agenda común de cambios de fondo. Después del movimiento El Campo no Aguanta Más y el Plan de Ayala Siglo XXI, desafortunadamente aún no hay suficiente claridad de la importancia de la construcción de una “cabeza” autónoma y con proyecto histórico del campesinado mexicano y, por el contrario, sigue prevaleciendo el protagonismo, el inmediatismo, el clientelismo y la subordinación a los partidos políticos (Pacto por México). No obstante, en el México rural profundo la resistencia, la organización, la construcción de alternativas (organizativas, económicas, productivas, etcétera) y las movilizaciones contra la continuidad neoliberal y el retorno del PRI continúan en franco ascenso.

PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO 2013-18: BUENAS INTENCIONES, PERO SIN LOS CÓMOS: VÍCTOR SUÁREZ

l Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-18 presenta buenas intenciones, buenas reflexiones, pero carece de consistencia en las formas de concretar eso con instrumentos de política de Estado reales, afirma Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). Ese programa, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y que fue publicado el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala Suárez, “hace un reconocimiento implícito del fracaso del modelo neoliberal en el campo, que da preminencia al mercado y desaparece la responsabilidad del Estado en la conducción, regulación y fomento de la actividad agroalimentaria, y se plantea la necesidad de un nuevo modelo agroalimentario”. Ello resulta valioso pues a partir de allí el Programa establece metas sectoriales cualitativas orientadas a cumplirse en el transcurso de los próximos cinco años, y entre ellas destacan: a) un incremento de la la producción de alimentos –en particular de granos y oleaginosas- para reducir la dependencia que México tiene de las importaciones de 42 por ciento a no más de 25 por ciento en el 2018, y b) un crecimiento medio anual del PIB agropecuario de tres por ciento, en comparación con el promedio del crecimiento de los años recientes, de 1.5 por ciento, y de 1.6 en este 2013, y c) que al final del sexenio se tenga un equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria, esto quiere decir que se disminuirán las importaciones y aumentarán las exportaciones. Hoy tenemos un déficit comercial agroalimentario de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares por año, señala Suárez Carrera en entrevista y destaca que es muy positivo que el Programa considere que las importaciones agroalimentarias deben ser complemento y no competencia para la producción nacional. Para el directivo, resulta también destacable que el Programa Sectorial plantee el tema de la innovación tecnológica y la vinculación con la pequeña y mediana producción como motor de la productividad y del fomento productivo, y que establezca que la pequeña y mediana producción

agropecuaria podrá impulsarse a condición de que se promuevan asociaciones entre los campesinos para todos los procesos que implica la actividad: compras en común de insumos; ventas en común de cosechas, y provisión en común de servicios financieros, técnicos y logísticos. Resalta además que el Programa prevé incentivos a la producción agrícola sustentable, cuidadosa del medio ambiente. “Y en ninguna parte del Programa se habla de la desaparición del minifundio como total ni del ejido y la comunidad como tal. Pero hay que estar pendientes de que así sea”. Respecto de esa preocupación, cabe señalar que el Programa Sectorial tiene un apartado donde habla de “el minifundio y la baja escala productiva”, donde señala que cerca del 80 por ciento de quienes producen en el campo poseen predios menores a cinco hectáreas, lo que implica que no cuentan con escala productiva y que además presenten problemas de organización que limitan en gran medida su productividad y competitividad”. Dice también que los minifundios no están destinados a producir productos de alto valor, carecen de acceso a tecnologías y procesos de producción modernos. Sin embargo, dice Suárez, “lo que observo es como aspectos negativos e insuficientes es que no hay centralidad ni prioridad en el fomento productivo de la agricultura pequeña y mediana escala, de la agricultura familiar; no hay un programa único ni concentración de recursos hacia esta prioridad (…) El Proagro Productivo no establece ningún

lineamiento particular respecto a imponer un tope hasta 20 hectáreas del apoyo por predio. Esa omisión me parece grave, pues en el diagnóstico sí se habla de la pequeña y mediana producción, pero en las estrategias no hay suficiente centralidad, ni compromiso de asignación de recursos. Y lo más sintomático es que no habla nada acerca de las nuevas orientaciones del Proagro”. Otro aspecto que resulta “insuficiente, incoherente y grave”, según Suárez, es que el interés manifestado en el Programa de impulsar la producción y disminuir las importaciones no está acompañado de medidas efectivas de regulación de parte del Estado. “Sólo se habla de un tablero de control, que no es más que un sistema de información, pero que no tiene carácter vinculante; no se habla de recuperar el control del Estado sobre el comercio exterior agroalimentario, no se habla de una reserva pública de alimentos ni de un sistema de compras gubernamentales para garantizar en todo caso un sistema de precios y de abasto frente a la especulación y desorden de los mercados y frente a las importaciones descontroladas. En los hechos se mantiene en esencia la idea del libre mercado y el control de los monopolios sobre precios y mercados”. Un tercer punto que a decir de Suárez resulta “peligroso y ambiguo” es el énfasis que se le da a la política de agroparques y clusters. “Esto puede ser una reedición de la política que impulsó Carlos Salinas y que el gobierno ha estado impulsando en los 20 años recientes, de agroasociaciones,

asociaciones en participación, la Ley de Fomento Agropecuario de Salinas, el proyecto de Vaquerías, todos estos esquemas que al final de cuentas buscan proveer de materias primas baratas a los monopolios agroalimentarios y que los subsidios y recursos públicos sirvan solamente para alinear a todos los demás eslabones al servicio de los monopolios para acrecentar su poder y su influencia económica y política. Por último, dice el entrevistado, no hay una definición explícita del Programa Sectorial a favor de la protección y el cuidado de la agrodiversidad, particularmente de la diversidad de maíces nativos y por tanto no contiene un pronunciamiento en contra de la siembra de transgénico; tampoco hay un pronunciamiento a favor. “Pero esta omisión me parece grave”. “Entonces, más allá de algunos elementos positivos, interesantes en los enunciados del programa sectorial, no hay claridad ni definición sobre los instrumentos estratégicos, sobre los cómo llevar a cabo las cosas, y sigue habiendo una gran dispersión: hay más de 50 componentes de diversos programas, y parece que el presupuesto se maneja de manera feudal por cada subsecretaría y cada dirección general, no se ve cómo van a romper con la burocracia y los intereses que existen en la Secretaría de Agricultura y en las instancias regionales y delegacionales de esta Secretaría. Además, no hay claridad respecto de cómo evitar el uso clientelar, político de los recursos públicos y no hay claridad respecto de un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto público”. (LER)

FOTO: Archivo

41.5 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año previo. Asimismo, mientras el Grupo Bimbo tiene una utilidad de operación de menos 41.5 por ciento en “Iberia” (España y Portugal), en nuestro país reporta una cifra positiva de 35.5 por ciento.

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LOS AGUJEROS NEGROS DE LA REFORMA HACENDARIA Mariana Carmona Ambriz Investigadora y consultora para la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC

La realidad es que si se sigue gastando como hasta ahora, no logrará bajar la pobreza ni en un siglo, porque la reforma hacendaria no rellenó los agujeros negros para la rendición de cuentas, con amenazas creíbles, para que un funcionario público, del nivel que sea, no tome malas decisiones, ni siquiera con sus pensamientos. Y no rellenó esos agujeros a pesar de contar con las instituciones necesarias y que sólo hacía falta facultarlas para operar coordinadamente, a saber: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y las evaluaciones de impacto vinculadas a las decisiones presupuestarias; la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para revisar el ejercicio físicofinanciero, y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para remitir a las autoridades a quienes cometan actos de corrupción. Tampoco se dieron mecanismos para que los programas lleguen a quien los necesita mediante el estableciendo de garantías para el acceso equitativo a subsidios y financiamientos públicos.

a reforma hacendaria aprobada en noviembre pasado fue calificada por expertos como una miscelánea fiscal. ¿Por qué darle un calificativo peyorativo a la búsqueda por mejorar la capacidad recaudatoria del Estado? La respuesta que yo encuentro es porque una reforma hacendaria debe involucrar mecanismos eficaces, tanto del lado del ingreso como del gasto público y garantizar que el destino del mismo se dé en los proyectos con la mayor rentabilidad social. Desafortunadamente, sólo se dio incremento de impuestos sin imbricar elementos obligatorios de transparencia, contabilidad gubernamental, evaluación de desempeño y rendición de cuentas a las decisiones de gasto, para cualquier nivel de gobierno. En otras palabras: es una miscelánea fiscal porque no hay nada que premie o castigue las buenas y malas prácticas en el ejercicio del gasto público.

FOTO: Carlos Ramos Mamahua / La Jornada

Así, diversos aspectos de esta reforma quedan sujetos a escrutinio ya que, aunque se eliminaron regímenes especiales que permitían la elusión de empresas grandes incluyendo algunas del sector primario, también es cierto que los sectores cautivos –como los asalariados- pagarán más impuestos, sin que por otra parte se haya hecho lo necesario para incorporar al 64 por ciento que vive en la economía informal. Asimismo, porque es una política fiscal que se instrumentará en un contexto de nulo crecimiento económico, contracción del consumo y precariedad en los ingresos y, pese a esto, se solicita transferir más recursos del sector privado al público.

¿Acaso son accesibles y prácticas las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura? Habría que cursar, por lo menos, un diplomado antes de poder entender ese inextricable cúmulo de costos de transacción

Más aún, porque fue infame que como parte de las justificaciones para el incremento de la tasa al impuesto sobre la renta, se argumentara que sólo uno por ciento de la población caería en el supuesto de ingresos superiores a los 40 mil pesos mensuales, cuando esto debe ser motivo de oprobio, porque evidencia la abominable desigualdad del ingreso y la incapacidad que han tenido los gobiernos mexicanos para incrementar la riqueza nacional y que ésta se distribuya equitativamente.

Análisis más, análisis menos, para 2014, el gobierno federal, estados y municipios tendrán ingresos por 4.47 billones de pesos y la pregunta es: ¿cómo se van a gastar ingentes recursos? Y aquí el panorama se torna nebuloso, porque, como sociedad, no hemos entendido que el problema del sector público no es la falta de recursos, sino quizá su abundancia, la cual alienta el dispendio y la ineficiencia, aunado a una inexistente rendición de cuentas en donde no importa lo mal que se gaste porque la ra-

cionalidad burocrática es: “gastarlo todo para que el próximo año no lo recorten y quizá hasta lo aumenten”. Para muestra un botón: el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) que en 2014 tendrá 338.7 mil millones de pesos y desde hace más de una década incrementa su presupuesto real año con año. ¡A pesar de esto, el PEC no ha logrado reducir la pobreza rural que prevalece en 16.7 millones de personas!

Regresando al caso del campo mexicano, los campesinos y pequeños productores llanamente no acceden a los subsidios, excepto a las transferencias al ingreso. Sin entrar en temas escabrosos de cuotas a organizaciones por color, basta con irse a lo más sencillo: ¿acaso son accesibles y prácticas las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura? Habría que cursar, por lo menos, un diplomado antes de poder entender ese inextricable cúmulo de costos de transacción. Ahora imaginemos un campesino, con primaria incompleta, intentando hacerse de apoyos para asistencia técnica, capacitación, paquetes tecnológicos y esquemas de comercialización… Por estas y otras razones, la reforma hacendaria dejó pasar la oportunidad para romper las causas estructurales de nuestra mala hacienda pública. Ahora, es deber de la ciudadanía empujar estos cambios y no quitar el dedo del renglón hasta tener transparencia absoluta sobre el uso de los recursos públicos, porque como me lo repetía un antiguo profesor en la universidad: el Estado somos Todos.

21 de diciembre de 2013

CRECIMIENTO CONSTANTE DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE Lourdes Rudiño

Por otro lado, en el PEC se realizó un ajuste en los grandes rubros que contiene. En el 2013 éstos sumaban 15; en 2014 son 14, pues surgió un nuevo rubro-programa: Programa de comercialización y desarrollo de mercados, y a cambio desaparecieron Procampo productivo y Programa de desarrollo de mercados agropecuarios y pesqueros e información, y cambió de nombre el Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura; ahora se llama Programa de fomento a la inversión y productividad.

ara el 2014, el Congreso aprobó un monto 338 mil 670.9 millones de pesos al Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), que involucra recursos de 18 ramos, entre ellos 13 secretarías de Estado, y más de 150 acciones y programas de gobierno. En términos nominales, esto significa un aumento de 7.93 por ciento, o sea de 24 mil 881.1 millones de pesos respecto del PEC de 2013, que fue de 313 mil 789.8 millones.

Del PEC 2014, destaca el hecho de que –a diferencia de años previos,la propuesta del Ejecutivo, de 326 mil 18.7 millones de pesos, resultó superior al monto del PEC del año previo, lo cual, según expresiones de algunos analistas mencionados por la prensa diaria, fue positivo pues evitó prácticas inadecuadas, como el hecho de que la Cámara de Diputados corregía al alza, de manera improvisada e incorporando gastos en “programas de dudosa efectividad”, según un análisis del Grupo Consultores en Mercados Agrícolas citado por El Financiero. Las vertientes y ramos en los que el PEC 2014 presenta los mayores incrementos respecto de 2013 son: Infraestructura en el medio rural, con 11.27 por ciento; Medio ambiente y recursos naturales, con un 32.9; Trabajo y previsión social, con un 40 por ciento; Educación, con un 16.2, y Turismo, con un 15.31 por ciento. Pero históricamente, la vertiente del PEC que más recursos recibió hasta 2009 fue la de Competitividad, y después estaban, en ese orden, Infraestructura y Social. A partir de 2010 eso cambió. Ese año Infraestructura se colocó en primer lugar y a partir de 2011 es la vertiente Social la que está a la cabeza. Ello ha generado críticas en el sentido de que hay desequilibrios entre los programas asistenciales y los de apoyo productivo (implicados en la vertiente de Competitividad). En el PEC 2014 la vertiente Social cuenta con 92 mil 612.4 millones de pesos (arriba de los 87 mil 752.4 millones de 2013 y de los 12 mil 749 millones de 2003); la de Infraestructura cuenta con 70 mil 263.7 millones (sobre los 63 mil

Las vertientes y ramos en los que el PEC 2014 presenta los mayores incrementos respecto de 2013 son: Infraestructura en el medio rural, Medio ambiente y recursos naturales, Trabajo y previsión social, Educación y Turismo

FOTO: Archivo de Proyectos

El recurso aprobado avanza en la línea ascendente que ha seguido el PEC desde que se estableció como estructura dentro del presupuesto federal, a partir de definiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). En 2003 el PEC sumó 116 mil 122 millones de pesos.

144.8 de 2013 y los 16 mil 56 millones de 2003), y la de Competitividad tiene asignados para 2014 un total de 62 mil millones de pesos (en comparación con 58 mil 228 millones de 2013 y con 30 mil 629 millones de 2003).

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la que obtiene el mayor monto. La asignación con que cuenta en el PEC 2014 es de 82 mil 901.3 millones, esto es 24.4 por ciento de todo el PEC.

Las otras vertientes del PEC son la Financiera, con tres mil 121 millones de pesos para 2014; la de Medio ambiente, con 14 mil 855.7 millones; la Educativa, con 35 mil, 609.5 millones; la Laboral, con mil 125.6 millones; la de Salud, con 47 mil 231.1 millones; la Agraria, con mil 308.1 millones, y la Administrativa, con diez mil 543.3 millones de pesos.

Destaca que en su propuesta de PEC 2014 el Ejecutivo planteó tres nuevos programas dentro de la Sagarpa, en línea con el concepto anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el cuatro de noviembre pasado en Nayarit, de “Un nuevo campo para México”, cuyo objetivo, dijo, es elevar la productividad de los pequeños productores y darles acceso a más fertilizantes y semillas, por medio de varias estrategias, pero destacando los “agroparques” y “clusters”.

Análisis elaborados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) destacan el hecho de que dentro de estas vertientes seis grandes programas absorben el 88 por ciento de todo el PEC 2014. Son el Programa de Infraestructura en el medio rural, con 70 mil 263.7 millones de pesos; el de Atención a la pobreza en el medio rural, con 58 mil 886.3 millones; el programa de Fomento a la inversión y productividad, con 52 mil 411.4 millones; el Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural, con 47 mil 231.1 millones; el Programa de educación e investigación, con 35 mil 609.5 millones, y el Programa de derecho a la alimentación, con 33 mil 726.1 millones de pesos. De las dependencias participantes en el PEC, la Secretaría de Agri-

Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió bajar los montos propuestos por Ejecutivo en dos de esos programas. El primero, dentro del rubro de Productividad y competitividad agroalimentaria, es el Sistema Nacional de Agroparques, donde el Ejecutivo solicitó mil 154.3 millones de pesos y se le autorizaron mil 74.3 millones; el segundo, dentro del rubro Integral de desarrollo rural, es el programa de Agricultura familiar, periurbana y de traspatio, con donde tanto la propuesta como lo autorizado suma 482.6 millones, y el tercero, dentro del rubro de Fomento a la agricultura, es el programa Desarrollo de cluster agroalimentario, para el cual el Ejecutivo pidió 977.7 millones de pesos y el monto autorizado por el Congreso fue 56.3 por ciento menor, de 427.3 millones de pesos.

Fuera de eso los demás rubros quedaron igual: Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural; Programa de prevención y manejo de riesgos; Programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo; Programa de sustentabilidad de los recursos naturales; Programa de educación e investigación; Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural; Programa de atención a la pobreza en el medio rural; Programa de derecho a la alimentación; Programa de infraestructura en el medio rural, Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural; Programa para la atención de aspectos agrarios, y Gastos administrativos.

EL PEC Y SUS VERTIENTES (Millones de pesos)

2003

2006

2013

2014

PEC Total

116,122.8

154,889.2

313,789.8

338,670.9

Financiera

10,721.3

1,345.7

2,965.4

3,121.0

CompeƟƟvidad

30,628.8

40,201.0

58,227.9

62,000.6

Medio ambiente

7,341.7

6,086.7

1,014.5

14,855.7

EducaƟva

19,872.1

28,404.3

31,114.8

35,609.5

Laboral

2,605.8

1,759.4

2,178.4

1,125.6

Social

12,749.2

21,877.4

87,752.4

92,612.4

Infraestructura

16,055.6

27,346.5

63,144.8

70,263.7

Salud

7,036.9

17,148.5

44,243.5

47,231.1

Agraria

562.2

1,430.70

1,441.2

1,308.1

AdministraƟva

8,549.1

9,289.0

8,707.0

10,543.3

Fuente: CEDRSSA

21 de diciembre de 2013

TLCAN: UN MAR DE PROMESAS INCUMPLIDAS Marcy Kaptur Congresista, Noveno Distrito del Congreso de Ohio

cuerdos de libre comercio (TLCs) significan diferentes cosas para diferentes personas. En general, se supone que buscan mejorar el bienestar económico de los países participantes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el primer acuerdo comercial entre los países desarrollados y en desarrollo. Este nuevo tipo de modelo de comercio pretendía hacer grandes cosas para cada nación y muchas promesas surgieron, incluida la de mejorar el bienestar económico de las naciones participantes. En realidad, las promesas de los promotores del TLCAN se han roto una y otra vez. Me gustaría repasar algunas de las promesas claves hechas cuando se impulsó el TLCAN: Promesa hecha: el TLCAN significa empleos. El presidente Bill Clinton dijo durante la firma del TLCAN: “El TLCAN significa puestos de trabajo. Empleos en Estados Unidos (EU), y empleos bien pagados en Estados Unidos”. Específicamente, el gobierno de Clinton dijo que el TLCAN crearía 200 mil puestos de trabajo. Gary Hufbauer y Jeffrey Schott, del Instituto Peterson de Economía Internacional, proyectaron que el TLCAN crearía 170 mil nuevos puestos de trabajo netos en EU. La Administración Clinton frecuentemente citó esas cifras también. Además, el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas, afirmó que el TLCAN aumentaría la capacidad de México para exportar productos. Esto a su vez ayudaría a crear empleos en México.

dijeron que éste permitiría grandes superávits comerciales para Estados Unidos. El presidente Clinton afirmó que EU se beneficiaría debido a un mayor acceso al mercado de consumo de México. Dijo literalmente que el Tratado conduciría a un “boom de las exportaciones a México”. Promesa incumplida: déficits comerciales. Los déficits comerciales se producen cuando un país está aceptando o importando más bienes extranjeros de lo que produce para vender en los mercados extranjeros. En términos generales, las importaciones desplazan a los productos producidos en el país por los trabajadores locales. Los déficits comerciales acumulados desde que inició el TLCAN son alarmantes. Los déficits comerciales comenzaron inmediatamente después de que el TLCAN entró en vigor. En 1993, el año previo al TLCAN, EU tenía un superávit comercial de mil 600 millones de

dólares con México. Un año después de iniciado el TLCAN, ese superávit se convirtió en un déficit de 15 mil 800 millones. Hoy, EU tiene un déficit comercial de 61 mil 600 millones con México.

nes en vehículos de motor; 13 mil 700 millones en piezas de vehículos de motor; 11 mil 400 millones en equipos de audio y video, y ocho mil 400 millones de dólares en equipos de comunicaciones.

He aquí más datos reveladores sobre los déficits comercial ocurridos desde que el TLCAN entró en vigor en 1994: 1.5 billones de dólares de déficit comercial acumulado de EU con sus socios del Tratado; 757 mil millones de dólares déficit comercial acumulado de EU con México; 800 mil millones de dólares en déficit comercial acumulado de EU con Canadá, y el déficit comercial de EU pasó de 98 mil millones de dólares a 534 mil millones durante el TLCAN.

Cuando el TLCAN se debatió, argumenté que debía implicar un modelo democrático de desarrollo del comercio, respetuoso del Estado de Derecho, tal como ocurre con Europa, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que se unen con el objetivo de elevar los niveles de vida de la gente de cada país. Lo que se hizo fue exactamente lo contrario. Economías mucho muy diferentes se vieron obligadas a integrarse, y esto ha producido daños colaterales a las personas y comunidades.

El desequilibrio en el comercio entre los socios del TLCAN persiste hoy día. A partir de 2012, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México en las siguientes industrias: 31 mil millo-

El TLCAN fue el primer acuerdo comercial entre los países desarrollados y en desarrollo. Este nuevo tipo de modelo de comercio pretendía hacer grandes cosas para cada nación y muchas promesas surgieron, incluida la de mejorar el bienestar económico de las naciones participantes. En realidad, las promesas de los promotores del TLCAN se han roto una y otra vez Por lo tanto, los ganadores fueron las multinacionales comercializadoras de granos y los perdedores fueron los pequeños agricultores de México, que estaban entre los más pobres del continente. El TLCAN hizo a estos agricultores aún más pobres y en muchos casos los despojó de su tierra. El TLCAN creó incentivos para que la industria automotriz estadounidense enviara al exterior su producción principal. En consecuencia, casi 40 por ciento de todos los empleos de automóviles en el continente se encuentran en México. Esos empleos pagan a los trabajadores mexicanos mucho menos que un salario digno y ello perpetua el ciclo de la pobreza, misma que supuestamente iba a ser enfrentada por el TLCAN. Mientras tanto, en EU los trabajadores del sector automotriz vieron que sus fábricas eran cerradas y trabajos sindicalizados de la clase media se desvanecieron junto con los contratos de trabajo. Esto se repitió en una industria tras otra en ambos países. El TLCAN fue un gran negocio para las corporaciones multinacionales. Se golpeó a la clase obrera industrial.

Como resultado de décadas de subsidios gubernamentales, la agricultura de EU fue más eficiente y ocupó una posición mejor que la de México antes del TLCAN.

En este renglón México también ha sufrido como resultado del TLCAN. El desempleo en México se duplicó prácticamente entre 2000 y 2004. De 1993 a 2004, se perdieron casi dos millones de empleos agrícolas en México. Tan sólo en la producción de maíz en México se han perdido más de un millón de puestos de trabajo. Promesa: superávit comercial. Los promotores del TLCAN, particularmente Hufbauer y Schott,

FOTO: Cristian Peña / Colectivo Aliados 2.0

Promesa rota: la pérdida de empleos del TLC. La pérdida de empleos en Estados Unidos a partir del TLCAN se puede medir de muchas maneras. Un estudio del Instituto de Política Económica estima que un millón de empleos netos se han perdido desde que entró en vigor el Tratado. Según datos oficiales del Departamento del Trabajo de Estados, desde entonces en EU se han perdido: casi cinco millones de empleos en la manufactura; 200 mil en la manufactura de partes de vehículos de motor; cien mil más en la manufactura de vehículos de motor, y 170 mil empleos en explotaciones agrícolas familiares.

Estados Unidos debió haber seguido el modelo de la integración de España y Portugal en la Unión Europea, con la asistencia para el desarrollo integrado en el acuerdo como un precepto fundamental. Así, el comercio creciente habría producido los ingresos necesarios para la infraestructura y la inversión en el progreso y bienestar de las personas. Desafortunadamente, el modelo de EU apostó por lo bajo, no por lo alto. A medida que nos acercamos a los 20 años de TLCAN, espero que demos a conocer sus fracasos y promesas incumplidas, con el fin de estimular la acción para hacer los cambios necesarios. Los pueblos de Estados Unidos y de México se merecen algo mejor.

21 de diciembre de 2013

EL TRATADO, LA MIGRACIÓN Y LOS MEXICANOS EN EU Gaspar Rivera-Salgado Universidad de California, Los Ángeles / Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

No ha habido ningún esfuerzo plenamente bilateral en asuntos migratorios desde el Programa Bracero que se puso en marcha de manera semi coordinada a escala binacional entre 1946 y 1964 y en el que participaron casi cinco millones de trabajadores mexicanos sufriendo un número enorme de injusticias y violaciones a sus derechos laborales (http://braceroarchive.org).

uando se aprobó la versión final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no contenía definiciones específicas sobre el proceso de migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos (EU), algo por demás insólito en un tratado internacional cuya ratificación en el Congreso estadounidense dependía en gran medida en la promesa de que controlaría el flujo de trabajadores indocumentados de México a su territorio. Se hizo evidente muy pronto que el TLCAN era una propuesta de “zona de libre comercio” debido a que las reglas que dispone definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones participantes. Los acuerdos bilaterales en torno al medio ambiente y a trabajo tampoco tomaron el tema de migración directamente.

La siguiente reforma migratoria importante se implementó en 1986 con la llamada Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Reagan, con la que aproximadamente tres millones de trabajadores indocumentados lograron legalizarse, 2.3 millones de ellos eran mexicanos. La IRCA, al igual que el TLCAN, no disminuyó el flujo de trabajadores migrantes sin papeles. De manera paradójica, en 2007 el Pew Hispanic Center (http://www.pewhispanic.org/) estimaba que había en Estados Unidos 12.2 millones de indocumentados, 52 por ciento de los cuales, o sea más de seis millones, eran mexicanos.

Habría que recordar que el debate sobre el TLCAN se daba en el contexto de una sostenida migración de trabajadores migrantes a EU que fue de 170 mil anuales en los años 80’s a un promedio 500 mil para finales los 90’s.

Hoy es un lugar común pensar que el TLCAN fue un mal acuerdo para México, pues eso se desprende al revisar los indicadores más importantes sobre crecimiento económico, producción de empleo, efectos negativos en la agricultura e índices de pobreza a escala nacional. Ni qué decir de la creciente dependencia de la economía mexicana de la estadounidense. Todo esto sin los beneficios que debió traer la creciente inversión directa extranjera al país. El

mapa de la economía mexicana cambió después de la implementación del TLCAN. Walmart abrió su primera tienda mexicana

en 1993; ahora esta empresa es el mayor empleador privado de México con más de 200 mil trabajadores y más de 700 sucursales en ILUSTRACIÓN: Futuro Moncada/ Colectivo Aliados 2.0

La ortodoxia económica neoliberal falló. La premisa de que un aumento del flujo comercial entre los dos países propiciaría una reducción del flujo migratorio probó ser errónea desde el principio de la implementación del TLCAN, cuando el promedio del flujo de migración pasó de un promedio anual de 330 mil entre 1990-93 a 370 mil en 1994, el año en que entró en vigor el acuerdo comercial. Para el 2000, el flujo había aumentado a un promedio anual de 550 mil.

ILUSTRACIÓN: Karla Blanco Esqueda / Colectivo Aliados 2.0

Después de cuatro décadas de migración de mexicanos hacia EU sostenida desde los 70’s, que implicó a más de 12 millones de personas —más de la mitad de ellos indocumentados—, finalmente el flujo migratorio neto ha parado. Sin embargo, a 20 años de su implementación, vale la pena reflexionar sobre el efecto que el TLCAN ha tenido sobre esta migración.

más de 60 ciudades del país. Por supuesto, la demanda de empleo rebasa la oferta, y el sueldo real se ha mantenido estancado por más de una década. También se estima que unos 28 mil negocios medianos y pequeños han cerrado como consecuencia directa de esta expansión agresiva de Walmart en México. Pero si queremos ver políticas públicas que en verdad tienen efectos en el tamaño y la forma del flujo de la migración de trabajadores mexicanos deberíamos considerar las políticas de migración implementadas unilateralmente por Estados Unidos y no los tratados comerciales bilaterales.

La administración del presidente Obama, en un intento por responder al incremento del flujo de trabajadores indocumentados, ha hecho uso de múltiples medidas administrativas, la principal son los cuerpos de policías municipales en cientos de entidades en EU, por medio de convenios con la Secretaría de Seguridad de la Nación (Homeland Security). Las deportaciones han aumento de manera sin precedente al grado de que han alcanzado 400 mil en promedio anual y han rebasado ya los dos millones en lo que va de su administración, en los pasados cinco años. Se calcula que casi 75 por ciento de los migrantes deportados son de origen mexicano. Claramente, el TLCAN ha fracasado y no ofrece un marco de coordinación binacional mínima para tratar el complejo asunto migratorio. Las deportaciones masivas bajo la administración del presidente Obama son el indicador más claro de esto. Sin embargo, no basta que existan situaciones tan dramáticas como las que experimentan las innumerables familias separadas por estas deportaciones masivas para que se los gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos, rompan con la inercia colectiva en la que nos encontramos. Esto es trágicamente una falla de la imaginación colectiva y del coraje para proponer medidas como la renegociación del TLCAN para mejorar los destinos de las mayorías de las poblaciones en ambos países.

21 de diciembre de 2013

ADIÓS A LA SOBERANÍA

“SERÁ NUESTRA HERENCIA UNA RED DE AGUJEROS” Armando Bartra

esde hace 30 años los gobiernos de México, además de pro empresariales, han sido privatizadores, es decir omisos, ausentes e irresponsables en lo tocante a las funciones sustantivas que la Constitución le asigna el Estado. El activismo de las sucesivas administraciones no fue para hacer sino para deshacer: no para conducir la Nación sino para soltar el volante, no para ocuparse de la función pública sino para vaciarla de contenido. Porque la ausencia del Estado gestor y no su presencia es lo que interesa a los cultores del libre cambio.

Así, por más de 30 años el Estado incumplió la obligación constitucional de conducir la economía en beneficio de los mexicanos y mediante la planeación democrática, de modo que en las últimas décadas no hemos tenido más política económica que la de obedecer ciegamente los designios del mercado. En el mismo lapso se consumó la reprivatización de

vidades económicas lícitas, con el sistema financiero y con el negocio de la política. En suma, en México padecemos un sistema económico monopolista, predador y especulativo donde la inversión productiva más que fin en sí misma es medio para realizar las rentas, incluyendo las que genera la ilegalidad y capitaliza el

México se ha vuelto sinónimo de subordinación, de soberanía mermada. Los procesos mundiales ciñen cada vez más a los nacionales, pero aquí el condicionamiento universal devino particular modo de ser. Saldo de la vecindad con Estados Unidos, pero también del desarme económico, social, político y cultural emprendido por nuestros gobiernos desde hace 30 años, es la dependencia estructural de México respecto de la potencia contigua. En el marco de una gran crisis que pone en entredicho el modelo neoliberal, el modo capitalista de producir y la propia civilización occidental, en los pasados tres lustros América Latina avanzó hacia otro modelo socioeconómico. México no. Aquí la vocación rentista de un capital que en vez de atenerse a las solas ganancias de la inversión productiva, se empeña en valorizar especulativamente los mercados de privilegio y los recursos escasos de los que se ha apropiado, coincidió con la vocación de los seis gobiernos recientes por privatizar bienes públicos y ceder soberanía nacional.

La pérdida de soberanía es a veces por renuncia: abandono de la conducción de la economía; otras por cesión: recursos del subsuelo y generación de energía, y otras más por incapacidad para ejercerla: pérdida de control territorial ante el narco. El vaciamiento del Estado que desde los 70s del siglo pasado nos recetó un neoliberalismo hoy desacreditado, está siendo llevado hasta el límite por los gobiernos recientes que por entrega, omisión o impotencia han ido renunciando a la soberanía en todos los ámbitos. Veamos.

Desafanados, indolentes, apocados, los gobiernos privatizadores ceden lo sustantivo al mercado y sus tiburones; autoritarios, torvos, ninguneadores los gobiernos privatizadores ignoran o reprimen a los desafectos. Así, las cinco administraciones federales recientes han tenido en común ser a la vez omisas y persecutorias: ausentes cuando se trata de cumplir sus funciones primordiales y represivas con quienes reclaman su abandono. Soberanía menguante. Por lo general se busca descifrar el destino del país en sus entrañas económicas, sociales, políticas o culturales. Sin desdeñar esos acercamientos intentaré aquí avanzar por un atajo: el diagnóstico del estado de nuestra soberanía, el añejo y aún vigente pilar de toda nación digna de tal nombre.

gobiernos han amputado al Estado de muchas de sus atribuciones fundamentales establecidas en la carta magna.

Economía. Los gobiernos del PRI y del PAN desertaron de la conducción de la economía nacional que por más de 30 años prácticamente se estancó, además de que el sistema financiero dejó de ser nacional pues la gran maun sistema bancario y financiero, que hoy además de abrumadoramente trasnacional es ineficiente y medra con la deuda pública. Se conformó una minería rapaz y contaminante que tiene concesionado un cuarto de la superficie del país y donde predominan las inversiones extranjeras. Se fortaleció una industria energética paralela a la pública, que, violentando la Constitución, privatiza cada vez más la renta petrolera y las que genera el sistema eléctrico nacional. Se renunció a la soberanía y seguridad alimentarias descobijando a los campesinos y a la agricultura de mercado interno, y cediendo a las trasnacionales tanto la introducción de insumos agrícolas como el acopio de cosechas, lo que incluye el creciente uso de semillas transgénicas que amenazan el genoma maicero. Se consolidó un sistema de telecomunicaciones privado casi monopólico y junto a él embarneció un duopolio televisivo que no sólo tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo, sino que lucra políticamente con su posición dominante. Se fue estableciendo un extenso sistema formado por cadenas trasnacionales de tiendas de autoservicio que barren con el pequeño comercio, estrangulan a los proveedores y nos inundan de productos chatarra pues tienen en sus manos el abasto familiar. Sin olvidar al vertiginoso negocio del narcotráfico, que resulta inextirpable entre otras cosas porque está entreverado con infinidad de acti-

narco. Una frase resume el curso reciente del país: pérdida de soberanía, renuncia a la soberanía, cesión de soberanía, vaciamiento de la soberanía nacional y popular. Dimensiones de la desnacionalización. El artículo 39 de la Constitución dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste”. Precepto que es letra muerta pues en las últimas décadas se han venido ahuecando tanto la soberanía popular como la pensaba Juan Jacobo Rousseau, dado que los mexicanos decidimos cada vez menos sobre nuestro destino en todos los ámbitos; como la soberanía nacional en el sentido que le dio la Asamblea Constituyente francesa de 1789, pues los sucesivos

yoría de los bancos pasó a manos de extranjeros. En el nefasto 2013 la abulia llegó al extremo pues en un contexto de atonía económica no se tomaron medidas contracíclicas para inducir el crecimiento, además de que se dejó de ejercer presupuesto y se desfondó la industria de la construcción que mucho depende del gasto público. El saldo fue recesión, aumento del desempleo, inflación, fuga de capitales, caída de la bolsa, déficit de la balanza comercial, devaluación del peso, concentración del ingreso, más pobreza... Hoy en México la empresa más boyante es el Nacional Monte de Piedad, que en 2013 tuvo cerca de diez millones de clientes, “más que en toda su historia”, dice su director general. Energía. Nuestra seguridad energética se comenzó a erosionar con

cambios en las leyes secundarias que violentaban la norma constitucional por la que exploración, extracción, transformación y comercialización de hidrocarburos, así como generación y distribución de energía eléctrica son exclusivos del Estado. El resultado es que hoy nuestras prioridades energéticas son las de Estados Unidos, además de que importamos casi la mitad de los combustibles y los generadores privados ya predominan en el abasto de energía eléctrica. Hasta ayer esto hiba en contra de la Constitución, pero la reforma energética de Peña Nieto cambió los artículos 27 y 28 de la carta magna con el fin de que quitarle el freno a la privatización legalizándola por completo. Minería. La entrega a particulares de los recursos del subsuelo se aceleró con las modificaciones de 1993 a la Ley Minera, que le dan prioridad a la extracción sobre cualquier otra actividad, y por las que hoy casi una tercera parte del territorio nacional está concesionado para exploración a un puñado de grandes empresas, la mayoría extranjeras. Corporaciones que prácticamente no pagan impuestos, pero que además son ambientalmente predadoras y laboralmente rapaces, pues cuando operan a cielo abierto cubren la tierra de cráteres lunares y cuando son subterráneas llenan los socavones de cadáveres. Alimentación. Hoy compramos en el exterior cerca de la mitad de lo que comemos, pues la seguridad en básicos se perdió cuando Salinas decidió que exportar campesinos e importar alimentos era un buen negocio. Veinte años después Peña Nieto sigue sus pasos impulsando una socialmente ineficaz pero políticamente clientelar Cruzada Nacional contra el Hambre, de carácter asistencial, mientras que no se hace nada para recuperar la producción sostenible de alimentos básicos. Trabajo. La Constitución establece el derecho al trabajo seguro y bien remunerado, pero desde que los tecnócratas decidieron que los empleos los asigna el mercado y si sobra mano de obra hay que exportarla, el Estado no tutela este derecho. Así, en los 90s del pasado siglo los mexicanos empezaron a migrar masivamente a Estados Unidos en una estampida que se contuvo en 2008 por la recesión en el país vecino. Las otras opciones son el trabajo informal y la delincuencia silvestre u organizada. En un país de jóvenes que necesita crear más un millón de

21 de diciembre de 2013 puestos de trabajo al año para ocuparlos, es un crimen dilapidar el efímero “bono demográfico” por falta de empleos dignos. Educación. La obligación del Estado de garantizar el derecho de los mexicanos a la educación científica y laica se abandonó cuando, al tiempo en que crecía el número de niños y jóvenes en la población, se estancaba el gasto público en todos los niveles del sistema educativo, al punto de que en la segunda década del siglo XXI sólo tres de cada diez de quienes estaban en edad de acceder a la educación superior podían hacerlo. Tendencia que el regreso del PRI al poder reforzó impulsando en 2013 una reforma que, lejos de comprometer al Estado con la calidad y cobertura de la educación pública, se orienta a la represión laboral de los maestros de educación básica. Ciencia y tecnología. La inversión en investigación básica y aplicada nunca ha sido prioritaria en el gasto público, de modo que en tiempos de la “economía del conocimiento”, México seguirá importando soluciones tecnológicas generadas fuera del país y no siempre adecuadas a nuestras necesidades. Vías de comunicación. Los gobiernos neoliberales privatizaron la red ferroviaria y concesionaron la construcción y operación de carreteras y vendieron las aerolíneas y los aeropuertos. En cuanto al espacio aéreo, que es propiedad de la Nación, se cedió a empresas comerciales sin impulsar un proyecto aeronáutico nacional. Telecomunicaciones. El espectro de las frecuencias electromagnéticas es propiedad de la Nación, sin embargo ha sido ampliamente concesionado a particulares, y su empleo soberano se perdió por completo desde que, con la llamada Ley Televisa, el duopolio televisivo impuso sus condiciones. Peña Nieto anunció que el Estado recuperaría el control, pero la Ley de telecomunicaciones de 2013 en los hechos consolida el poder de Televisa y Televisión Azteca. Así el Estado ha renunciado a ejercer la soberanía en el ámbito de la información pública, que hoy recibimos sesgada por los intereses particulares que la controlan. En la telefonía, desde que el gobierno Salinas le vendió Telmex, casi toda la red esta en manos de Slim, y los llamados de otras empresas a romper el monopolio no son más que una rebatinga por la renta que genera. Patrimonio biocultural. Los gobiernos recientes han desatendido su responsabilidad en la preservación tanto de la flora y fauna como de la diversidad cultural, que son patrimonio de todos los mexicanos. Por un lado, pese a las fundadas exigencias de asociaciones civiles, organizaciones sociales y expertos en el sentido de

que debe ser rechazada, sigue su curso la solicitud de autorización para la siembra comercial de maíz transgénico que han presentado trasnacionales como Monsanto. Y en otro ámbito, se sigue permitiendo que los mercachifles del espectáculo trivialicen la cultura y hagan palenque de los sitios arqueológicos.

Y mientras el Estado recula, otros avanzan: Cargill, Monsanto, Syngenta y otras corporaciones en lo alimentario; Shell, Texaco, Chevron, Halliburton, Iberdrola, Femosa, Asarco, Firt Majestic… en recursos del subsuelo; Telmex, Televisa y Televisión Azteca en telecomunicaciones; el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, los

y social. Desfondada la soberanía nacional encomendada al Estado, hay que apelar a la soberanía popular. Cedida o perdida la soberanía sobre ámbitos y bienes nacionales decisivos, al pueblo le queda el máximo atributo soberano de decidir quién y cómo debe gobernar, y con ello tratar de enderezar el rumbo del país. La dificultad está en que aquí esta vía ha sido intransitable. En México no hay democracia electoral, ya no digamos participativa, hemos perdido -o quizá nunca tuvimos- el derecho soberano de elegir a quienes han de gobernarnos. Pese a las reformas legales que desde los 80s del pasado siglo permitieron que se pluralizara la representación política y en 2000 abrieron paso a una “alternancia” que no modificó en nada la condición oligárquica del gobierno mexicano, el hecho es que aquí la vía electoral está clausurada para candidatos y proyectos que pongan en riesgo el dominio político de unos cuantos y el modelo económico pro empresarial.

Territorio. Desde 2007 el Estado Mexicano libra una guerra contra el narco, que los estadounidenses quieren mantener fuera de su país y que nos vienen imponiendo sobre todo desde el gobierno de Calderón, que inauguró la masacre. En la torpe confrontación, el gobierno ha perdido el control sobre extensos territorios donde los cárteles de la droga y no el Estado son soberanos: cobran impuestos, controlan aduanas ingresando al país precursores de drogas de diseño y exportando minerales que ellos mismos extraen, vigilan caminos e imponen su ley. Ante esto, algunas comunidades han asumido de manera autogestionaria su propia seguridad e impartición de justicia. Situación que en 2013 se salió de control, al multiplicarse autodefensas armadas de origen dudoso. El gobierno comenzó a desarmarlas y a detener a sus dirigentes, pero curiosamente lo hizo en las regiones de Guerrero, donde la Policía Comunitaria ha sido más exitosa y está más consolidada. Además, con la excusa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre los soldados comenzaron a llegar a estas poblaciones utilizando la pobreza para militarizar. Justicia. A la incapacidad para mantener el orden público, se suma la de impartir justicia. El impresentable juicio Cassez se revirtió por intervención del gobierno francés. Por corrupción o torpeza, los ministerios públicos y jueces dejan ir a delincuentes como los genocidas de Acteal y el narcotraficante Caro Quintero -a quien primero liberan y luego persiguen, pero por presiones estadounidenses- mientras que mantienen en la cárcel por más de una década a inocentes como el maestro Alberto Patishtán.

Zetas y los Caballeros Templarios, en el territorio. Soberanía popular. Que la nación haya perdido soberanía sobre el territorio, sobre los recursos naturales, sobre la conducción de la economía, sobre el sistema financiero, sobre el sistema energético, sobre la red de comunicaciones, sobre el espectro electromagnético, sobre gran parte del sistema de

salud, sobre gran parte del sistema educativo, sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje y el patrimonio cultural, más lo que esta semana se acumule… por obra de gobiernos que desmantelaron sistemáticamente al Estado mexicano privatizando los bienes públicos, es muy grave. Y sin embargo uno pensaría que tiene remedio. Todo consiste en seguir el camino de numerosos países latinoamericanos: cambiar el régimen político antinacional y oligárquico por uno nacionalista y progresista avanzando con vistas a un cambio de modelo económico

Que a la izquierda la puerta comicial le ha sido cerrada quedó claro con los fraudes y manoseos electorales del cuarto de siglo reciente. En 1988 se “cayó el sistema” de recuento de votos para que llegara al gobierno el priista Salinas y no el opositor Cárdenas, en 2006 se manipuló el conteo de los sufragios para declarar ganador al panista Calderón y no al perredista López Obrador, y en 2012 el PRI empleó

millones de pesos en comprar los votos necesarios para frenar a López Obrador y regresar a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Nacida tras la Revolución de 1910, la oligarquía mexicana creció a la sombra del Estado. Los gobiernos posrevolucionarios favorecieron su enriquecimiento con políticas pro empresariales pero también contubernios, topillos y francas transferencias de recursos fiscales como contratos de obra pública de costos inflados y acceso gratuito a tierras beneficiadas por el riego. El enriquecimiento a la sombra del poder y la acumulación burocráticamente inducida son escan-

dalosos durante todo el pasado siglo y alcanzan un nuevo pico en los 90s con las privatizaciones y “salvamentos” financieros operados por los gobiernos neoliberales de Salinas y Zedillo. El régimen político mexicano es patrimonialista pero nuestra gran burguesía es, además, una clase cleptómana, una aristocracia latrofacciosa. A diferencia de las que surgieron de procesos de enriquecimiento más tersos, nuestra clase empresarial primero tuvo al Estado como padre dadivoso, luego como cómplice de sus raterías y al final como solícito sirviente. Acostumbrada al amasiato con la administración pública, a la gran burguesía mexicana no le basta con que las políticas públicas propicien la acumulación de capital, necesita el control directo del gobierno con el que hace negocios turbios e ilegales. El mensaje político que con los fraudes dan los poderes fácticos es nítido: se acabó, olvídense, la izquierda debe dar por cerrada la vía electoral. En los años recientes algo ha quedado claro: en México la izquierda no ganará elecciones sólo preparándose para las elecciones. Por lo visto para vencer en los comicios y que el triunfo les sea reconocido, las fuerzas progresistas necesitan construir poder social: una constelación de fuerzas que impida los fraudes. Y esto, que recientemente se ha visto en países de América Latina que viraron a la izquierda gracias a una combinación de movimientos sociales y batallas electorales, se llama poder popular. Cuando el país avanza hacia el vaciamiento de la soberanía nacional en todos los ámbitos, no queda más que recuperar la soberanía del pueblo, la soberanía popular. PD Cuando escribo esto los legisladores están aprobando la iniciativa energética de Peña Nieto. Con la entrega de los hidrocarburos y toda su cadena productiva a las trasnacionales culmina la progresiva cesión de soberanía iniciada hace 30 años. Antes de este último golpe hubiera bastado un cambio de gobierno y de políticas para enderezar el rumbo, pues aun disponíamos de los recursos materiales e institucionales necesarios. Ahora que se han cedido los energéticos, es más necesario que nunca mudar de régimen. Pero eso ya no bastará. Para desencallar el barco necesitaremos un nuevo Constituyente y una verdadera revolución de reconstrucción nacional aún más ardua y profunda que la del general Cárdenas, pues los intereses que lucran y lucrarán con nuestra postración son mucho más poderosos que las petroleras de hace 80 años. Saldremos a flote, cómo no, pues somos muchos los que estamos en la tarea. Pero habrá que darse prisa porque cada día que pasa avanzan un poco más los heraldos negros…

21 de diciembre de 2013

LOS TRANSGÉNICOS EN MÉXICO. UNA DE CAL POR LAS QUE VAN DE ARENA Adelita San Vicente Tello Directora de la Fundación Semillas de Vida, A.C. adelita@semillasdevida.org.mx

Con la demanda se solicitaron medidas precautorias, las cuales fueron concedidas por el juez federal décimo segundo de distrito en materia civil. Éstas ordenan a Sagarpa y Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz, mientras dura el juicio.

ranscurrido un año de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, el tema de los transgénicos sigue en el aire, sin una postura del gobierno sobre el tema. Unos días después de asumir sus funciones como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, “reconoció que existen presiones de todos lados, y por ello se dejará a un grupo de expertos que hagan una recomendación, a partir de la cual las secretarías involucradas en el tema tomarán una resolución que se entregará al presidente Enrique Peña Nieto antes de que comience el próximo ciclo de siembras” (La Jornada, Angélica Enciso, 20 de diciembre de 2012),

5.- La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) publicó las Cápsulas sobre el maíz transgénico, un compendio que da respuesta a las preguntas centrales sobre esta tecnología. De esta manera se cuenta con información de científicos sin conflicto de interés, quienes han manifestado su disposición a un debate de altura.

Un año después no hay noticia de este grupo de científicos, ni de debate alguno. Los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaria de Salud (SS) se han mantenido en silencio respecto al tema. En lo oscuro, el gobierno de Peña sostiene a funcionarios de los niveles intermedios del sexenio pasado, quienes continúan operando la misma política desarrollada por el gobierno de Calderón. Ni siquiera han podido avanzar en la publicación de la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos de información que debe contener el reporte de resultados de la realización de las actividades de liberación experimental y programa piloto de organismos genéticamente modificados (OGM) en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente; la diversidad biológica, y la sanidad animal, vegetal o acuícola. La industria se niega a ser regulada e impide el avance de este instrumento. Cero en la cancha gubernamental. En el otro extremo, la moviliza-

ILUSTRACIÓN: Víctor Flores / Ecotlán

El 14 de diciembre de 2012 la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “acordó integrar un grupo especial de trabajo que proponga una política pública sobre el maíz transgénico con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), del Colegio de Posgraduados, de Chapingo y del Colegio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)” (La Jornada, Blanca Juárez, 15 de diciembre de 2012).

ción contra la introducción de esta tecnología crece en nuestro país. Nuevos actores se suman de manera creativa, los argumentos se incrementan y la esperanza se fortalece. Van nuestros goles: 1.- El 2012 acabó con el del triunfo de los apicultores en México. Non GMO Project reconoció entre los diez logros más importantes del año contra los transgénicos en el mundo la demanda de los apicultores en la Península de Yucatán. En agosto, un juez falló a favor de una coalición de 59 apicultores, científicos y ambientalistas para que no se cultivaran 250 mil hectáreas de soya transgénica en ocho estados de la República Mexicana. El argumento es que el mercado europeo suspendió la compra de miel de Yucatán y Campeche en espera de que se demostrara que la miel no estaba contaminada. 2.- La entusiasta incorporación de los jóvenes a la campañ Sin Maíz no hay País fue un gran logro este año. Surgió así el Carnaval del

Maíz como un espacio combativo y festivo que se sumó a la marcha contra Monsanto convocada para el 25 de mayo de 2013 en todo el mundo. Desde México se decidió hacer un Carnaval porque en nuestro país no sólo estamos contra esta empresa y lo que representa, sino que tenemos muchas propuestas que conforman una alternativa al modelo que nos impone el capitalismo. El Carnaval del Maíz plantea una revolución alimentaria como un modelo alternativo, propositivo y de lucha; en este espacio las y los jóvenes hablan su propio lenguaje y utilizan los nuevos medios de comunicación. 3.- En agosto de 2013, la ciberacción que anunció la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico en una página espejo de Monsanto como parte de un ejercicio social de difusión, demostró el estrecho vínculo entre el gobierno y la empresa. En un comunicado de prensa Monsanto escribió al secretario de Sagarpa desmintiendo la autoría y mencio-

nando con claridad el tipo de relación que tienen: “entendemos la importancia de una comunicación confidencial basada en un mensaje elaborado de acuerdo a los requerimientos y exigencias del Gobierno Federal…” 4.- En lo jurídico, el gran golpe que asestamos este año fue la demanda de Acción Colectiva, presentada el cinco de julio por 53 personas, entre las cuales se encuentran expertos en el tema; defensores de derechos humanos; personalidades, y 20 organizaciones de productores, indígenas, de apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores. La colectividad demandó a Sagarpa, Semarnat, Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y Pioneer, y solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación transgénica de maíces nativos.

6.- A lo largo del año el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó múltiples pre-audiencias en torno al tema del maíz, con lo cual se corroboran y fundamentan las acciones del Estado mexicano contra el maíz. 7.- Se recolectan firmas para la iniciativa ciudadana por el etiquetado obligatorio de alimentos con transgénicos impulsada por jóvenes. Asimismo, se mantiene la iniciativa Maíz Libre generada por varias organizaciones campesinas y Greenpeace, que ha reunido 120 mil firmas para modificar la actual Ley de Bioseguridad con el fin de proteger al maíz. 8.- Finalmente, acaba el año con la incorporación de importantes personalidades a la lucha. Por una parte, el maestro Francisco Toledo apoyó la publicación del documento científico mencionado, y él, junto con Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez y Mauricio Gómez-Morín, fungirá como jurado en el Concurso de Arte por Nuestro Maíz. Por otra parte, Botellita de Jerez presentó su nuevo tema Sin maíz no hay país. Esta canción es, según la banda, “un manifiesto airado, encanijado, frente al gandalla proyecto de infestar el campo mexicano con maíz transgénico”. ¡Disfrútala junto con nuestros triunfos que son de todas y todos! http://is.gd/OYYXPS Non GMO Project. Página electrónica consultada: http://is.gd/fqIduS

21 de diciembre de 2013

NUEVA ORIENTACIÓN DE FONAES-INAES, LA PRIORIDAD: POBRES Y JÓVENES: CARLOS ROJAS Lourdes Rudiño

Es una transformación profunda en la forma de operar, afirma Carlos Rojas Gutiérrez, titular del Inaes y quien durante el gobierno de Carlos Salinas encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En entrevista, explica que Fonaes, dedicado fundamentalmente a financiar proyectos productivos de gente del medio rural y también de las colonias populares, trabajaba con “un concepto que no comparto en absoluto, que es atención por la vía de la llamada demanda libre, que es un concurso donde las instituciones se convierten en mera ventanilla de trámite, reciben proyectos, miles por cierto, y los califican, evalúan, y dependiendo de los recursos de que disponga la institución, se admiten los que pueden ser financiados. “Este modelo, cuando se trata de proyectos para el medio rural o para campesinos pobres y en un país tan desigual y hetereogéneo como México, se vuelve un mecanismo que favorece la desigualdad y la injusticia. El que sabe hacer proyectos o llega primero y se privilegia a los de siempre, a los más preparados”. Además, este modelo fue propicio “para que se generaran muchos intereses en despachos y consultorías que en muchos sentidos engañaron a la gente con la supuesta posibilidad de acceder a recursos públicos”. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Inaes ha venido cambiando esto, aunque en un proceso lento y con dificultades. “La ley nos impidió modificar reglas de operación, y en muchos sentidos tuvimos que preservar algunas de las prácticas que se venía haciendo los últimos años”. Una primera decisión fue canalizar los recursos prioritariamente a las zonas más pobres del país. El presupuesto total del Inaes “es muy modesto y no hay que esperar grandes respuestas de una institución de esta naturaleza”. Pero hoy la mitad de ese presupuesto se destina ya a los diez estados con mayores índices de pobreza. Chiapas en 2012 tuvo un presupuesto de 50 millones y este año lo triplicó. “Ya le dimos una dirección diferente al gasto público”. Según Rojas Gutiérrez los cambios implican también que el Inaes acompaña a las agrupaciones, organizaciones y comunidades en la formulación de sus proyectos. Rechaza

el municipio de Ciudad Juárez para hacer trabajo en las colonias. En Chihuahua, por ejemplo participan los empresarios pero no quieren emplear a los jóvenes, les tienen temor; allí formulamos proyectos para que los jóvenes produzcan y abastezcan insumos a las empresas”.

que haya una intencionalidad política en la función del organismo. “Nos orientamos por la vía de la circunstancia socioeconómica de los municipios. En Guerrero, por ejemplo, concentramos el trabajo en La Montaña y no me importa si las organizaciones allí son de izquierda o derecha, del PRI o del PRD. Antes no sucedía así. El año pasado en Guerrero se presentaron alrededor de 500 proyectos, ni el diez por ciento era de la región de la Montaña”. Otro viraje del Inaes –que “lamentablemente” no fue posible concretar el primer año debido a restricciones legales- es enfocar su atención a los jóvenes, debido a las circunstancias particularmente difíciles que vive este sector, por ejemplo el hecho de que representan la mitad de las personas en prisión o el que 25 por ciento del total nacional no estudia ni trabaja. “He propuesto que tendencialmente el Inaes se dedique a trabajar con los jóvenes”. Son tres las vertientes en que trabajará el Inaes con jóvenes: una con los que están en la escuela en educación media y superior, dado que esa etapa es muy productiva y porque hay altos índices de deserción escolar. “Vamos a formular con los jóvenes el anteproyecto y paso a paso construiremos los proyectos con ellos; estimularemos a los muchachos con recursos y en su momento con la financiación del proyecto. Ya hicimos algunas pruebas este año, básicamente en Chiapas, y han sido

FOTO: Lourdes E. Rudiño

l tránsito del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) a Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), ocurrido con el cambio de gobierno, no ha sido sólo una modificación de siglas o de membrete.

un exitazo, maestros y jóvenes ven que pueden abrir nuevas posibilidades. La segunda vertiente es con los jóvenes que están en los polígonos que señala la Secretaría de Gobernación, del Programa de Prevención del Delito. “Estamos hablando de colonias populares marginadas, allí es mucho más complejo trabajar”. Ya Inaes realizó talleres de formulación de proyectos, y “hemos detectado incongruencias de las instituciones, por ejemplo que no se podían dar apoyos a quienes carecen de Registro Federal de Causantes, o la condición de que los jóvenes den una aportación al proyecto, cuando ellos no tienen activos qué aportar. Son cosas que tendremos que resolver en la marcha”. La tercera vertiente es con algunos estados y municipios que tienen proyectos de jóvenes; “ya trabajamos con el gobierno de Chihuahua y

͏POR QUÉ ENFOCARSE EN LOS JÓVENES? La decisión del InsƟtuto Nacional de la Economía Social (INAES) de favorecer fundamentalmente a los jóvenes, considera varios factores socioeconómicos, contenidos en un análisis elaborado por el propio InsƟtuto, “Jóvenes, su problemáƟca e inclusión producƟva en México”. Entre esos factores están: -En la actualidad, México posee el “bono demográfico” más grande de su historia, o sea la etapa en que la población en edad de trabajar -15 y más años- alcanza su mayor peso relaƟvo respecto de la población dependiente –menos de 15 y más de 64 años-. Dentro de ese bono se incluye a la población joven, de entre 15 y 29 años, que está integrada por 31.2 millones de personas equivalentes al 26.3 por ciento de la población nacional. -En el futuro, por cambios en la pirámide poblacional, la población acƟva deberá mantener en términos económicos a un número creciente de adultos mayores dependientes. -Del segmento de jóvenes en México, 53 por ciento son económicamente acƟvos y 47 por ciento son inacƟvos. Destaca el hecho de que los jóvenes desocupados representan más de ocho por ciento del total, o sea tres puntos más que

Señala por otra parte que el Fonaes se había inclinado hacia la changarrización. Esto es, considerando que se calificaba mejor a Fonaes en la medida que tuviera más proyectos financiados, “lo que se hizo fue pulverizar los apoyos y empezaron a financiar el salón de belleza, la panadería, la estética…” Hoy estamos tratando de construir otro tipo de proyectos que tengan continuidad y posibilidades de largo aliento, sobre todo enfocados al campo y a los jóvenes. Y estamos trabajando con todas las organizaciones campesinas reconocidas del país, del CAP, Conorp, FAC y las que están agrupadas en estas tres grandotas”. Carlos Rojas comenta que al llegar él a la institución observó que el entonces Fonaes gastaba “decenas de millones de pesos” en pagar cuestiones de asesoría y capacitación, que en realidad eran un engaño. Esos recursos estaban comprobados con facturas falsas, apócrifas y con fotografías de un mismo evento en diversos ángulos que querían hacerse aparecer como si correspondieran a varios eventos. “Me parece inaceptable que sucedan cosas así, y tomé la decisión de cancelar todos estos apoyos en 2013. Esto puede ser

la desocupación nacional, lo que revela la desventaja del estrato social de jóvenes. Del total de la población ocupada de jóvenes, sólo 38.9 por ciento cuenta con un empleo formal. El resto, 61.1 por ciento labora de manera informal. -La desocupación juvenil duplica a la adulta, es creciente y afecta en mayor proporción a los jóvenes de más alto nivel de escolaridad. “Es preocupante que a mayor escolaridad mayor desempleo juvenil”. -Los jóvenes son más propensos a experimentar la pobreza, debido a las incerƟdumbres caracterísƟcas de la transición de la niñez a la edad adulta y a la discriminación basada en la edad en los mercados laborales. -El ingreso laboral promedio en el país se mantenido estancado en el curso de la década reciente. -En dos décadas México ha padecido el mayor éxodo de población en su historia, con casi ocho millones de personas que emigraron al exterior, en especial Estados Unidos (EU) ante la imposibilidad de subsisƟr en su Ɵerra. Una alta proporción de ellos son jóvenes. Las remesas registradas en los diez años recientes sumaron en promedio anual 20 mil millones de dólares, “que han servido para miƟgar la pobreza”. Los envíos, sin embargo, se han reducido desde 2008 por problemas económicos y financieros de EU.

una decisión autoritaria, pero no estoy dispuesto a seguir sosteniendo organizaciones con procesos así, que no son reales ni correctos (…) Sí se requiere la capacitación pero construyámosla de otra manera”. Explicó que eso condujo al Fonaes a una situación de judicialización. “Hay miles de demandas, por facturas evidentemente trampeadas, pero también algunas que son muy injustas contra grupos que por su propia circunstancia geográfica o socioeconómica estaban impedidos de comprobar correctamente los recursos. Hoy todas esas demandas, que llegaron a sumar unas 10 mil, están en proceso de depuración. Se le comenta a Carlos Rojas que la pobreza es una condición creciente en la población de México y al parecer el modelo económico lo que busca es sólo administrarla. “En lo personal creo que este modelo económico, que es injusto, mantiene una relativa estabilidad en el marco macroeconómico pero no lleva beneficios a los mexicanos. Mientras sigamos teniendo crecimientos mediocres, simplemente lo que tenemos es un problema grave de desempleo, que impide que el país se desarrolle adecuadamente. No hay que pedirle de más a los programas sociales, a los programas productivos. Sí, ayudamos en algo nosotros, pero lo cierto es que el problema de a de veras, de fondo, es de concepción del modelo económico, para decirlo con toda claridad”.

-El l27 por ciento de la población entre 15 y 29 años no Ɵene acceso a la salud, mientras que en el resto de la población la proporción es de 21.5 por ciento. -Resulta sumamente grave que la principal causa de muerte entre los jóvenes son los homicidios, que representan el 27.9 por ciento del total, mientras que los accidentes ocupan el 24.2 por ciento y los suicidios el 6.6 “Es lamentable que los jóvenes, además de padecer exclusión y vulnerabilidades, estén pagando una cuota de sangre por la expansión del narcotráfico y el crimen organizado”. -“El InsƟtuto Nacional de Geograİa y EstadísƟca precisa que 33.7 por ciento de la población mayor de 12 años que comeƟó suicidio estaba sin empleo o sin estudiar”. -Aunque no hay estadísƟca precisa, se considera que más de la tercera parte de los delitos ocurridos en México en 2011 fueron a manos de población de entre 15 y 29 años de edad. Los principales ilícitos en que se involucran en relación con el total de los mismos, son asalto en la calle y el transporte público (6.12 por ciento), lesiones por agresión (64.37), violación sexual (63.26), hosƟgamiento e intento de violación (49.81), amenazas verbales de personas (47.25), y secuestro para exigir dinero y bienes (43.92 por ciento).

21 de diciembre de 2013

LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, A UN AÑO Julieta Ponce

Conceptualmente, la Cruzada recibió críticas por la ausencia de definiciones, entre ellas “hambre” e “inseguridad alimentaria”. Así, atendiendo conceptos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), definió hambre como “la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”, es decir, la población sin posibilidades de adquirir ni la canasta alimentaria más dos carencias sociales y además con un nivel de inseguridad alimentaria grave o severa según la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reporta 69 por ciento de la población urbana con algún grado de inseguridad alimentaria y 80 por ciento en zonas rurales, y se estima que menos de la mitad de los hogares en inseguridad moderada o severa reciben programas sociales de ayuda alimentaria. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los alimentos se abarataron 14 por ciento a escala internacional durante el primer trimestre de 2013, en particular el maíz; sin embargo, en México los precios siguen aumentando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó una inflación promedio menor al dos por ciento en alimentos en los 34 países que la conforman, pero destacó a México como el tercer país con mayor inflación del grupo, 4.1 por ciento general y ocho por ciento alimentaria, sólo superado por Islandia y Turquía. La inflación afecta más a la leche y el huevo (12.6 por ciento), mientras el refresco se mantiene casi sin cambio (0.5 por ciento) en nuestro país. La disminución del poder adquisitivo es en realidad el factor de cambio dietético.

FOTO: MrAkapulco

La garantía del derecho a la alimentación implica un abordaje integral de la situación alimentaria y nutricional desde una visión sistémica donde la persona es el centro; en cambio, “combatir el hambre” es una visión parcial del problema como fruto de un árbol de otros problemas del mal comer con raíces en la pobreza y la desigualdad.

Casi la mitad de la población sufre pobreza. Con menor prevalencia se encuentra Nuevo León (23.2 por ciento) y el más pobre es Chiapas (74.7). Sin embargo, al sumar la pobreza con los 28 millones en carencia alimentaria, más carencias sociales y la población vulnerable por ingresos, se ve afectado 80.2 por ciento de la población nacional; la población objetivo de la Cruzada es atendida entonces sólo en 6.5 por ciento, equivalente a menos de dos millones de hogares. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), desde 1994 la proporción del gasto en alimentos permanece estable en todos los quintiles. De ello se deriva que ante el alza de precios las familias ajustan al comprar lo más barato con buen aporte de calorías, aunque sacrifiquen calidad nutricional. Por lo tanto, cualquier nivel de pobreza afecta la alimentación, es decir, ocho de cada diez mexicanos podrán tener afectaciones en su alimentación, como riesgo de obesidad o de desnutrición. Entre los objetivos de la Cruzada se plantea para la niñez “erradicar la desnutrición aguda”. Pero la desnutrición crónica, caracterizada por la estatura baja, es la deuda social más apremiante, porque México debió resolverla hace más de tres décadas. La baja estatura afecta todavía a 13.5 por ciento de los menores de cinco años, pero esta cifra se multiplica en zonas rurales, en el sur del país, y aumenta todavía más entre pueblos indígenas; además, las personas con menor estatura padecen más obesidad. La obesidad está íntimamente ligada a la desnutrición y al daño metabólico. La carencia nutricional transita a la obesidad con mayor rapidez por el consumo de refresco, comida chatarra y alcohol. Aun sin sobrepeso, México se expone al daño metabólico por la concentración de azúcares, en

particular el jarabe de maíz de alta fructosa, por la vía de 166 litros per cápita de consumo de refrescos y galletería industrial, y más en zonas rurales. Datos oficiales demuestran que las familias rurales gastan cuatro mil pesos anuales en refresco, galletas, sopa de pasta, aceite y azúcar. Difícilmente se explica por qué la Cruzada formalizó convenios con Pepsico, cuando el consumo de sus productos es parte causal del mal comer entre los más pobres, y con Nestlé, la principal desalentadora industria de la lactancia materna. El Primer Informe de Gobierno señaló como principal resultado de la Cruzada la afiliación de 288 mil familias y la entrega de 250 mil tarjetas para adquirir una lista de alimentos de venta en tiendas Diconsa. Cabe resaltar el esfuerzo de Diconsa, de clasificar 84 productos por su calidad nutricional, por medio de un semáforo en el anaquel, para orientar el consumo de básicos, aunque nunca debió ser distribuidor de chatarra y menos en poblaciones rurales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se hizo presente en la Cruzada sólo por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), y nada nuevo. Sigue reportando resultados de programas ya existentes con apoyos inerciales a la agricultura comercial, y eso es algo deliberado pues de forma pública los funcionarios de Sagarpa declaran: “México debe sembrar lo que se vende”. Si la Cruzada enfoca todos sus esfuerzos a resolver el hambre, se esperarían medidas estructurales, ya sea para incrementar el poder adquisitivo, o para asegurar alimentos básicos a pesar de la inflación. En pocas palabras, a producir alimentos nutritivos para consumirlos en México y mejorar el estado nutricional por derecho. En términos de derecho, la seguridad alimentaria se logra cuando se garantiza el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. La pregunta es: ¿la Cruzada tiene la capacidad para incidir en el modelo económico? Tal vez no, sin embargo, la misión oficial de Sedesol es: “Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar”, según lo que establece en su portal web. A un año del torpe camino de la Cruzada, faltaría a) un diagnóstico del derecho a la alimentación en México por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para re-definir los objetivos de la Cruzada y trasformar su enfoque,

y b) elevación del nivel de planeación y ejecución, para transformar la estrategia en política pública con capacidad de crear un Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición, y activar como primer punto la producción de alimentos para desencadenar procesos virtuosos en toda la cadena del sistema vida. Lo urgente es: 1. Generar una estrategia especial para población en los primeros mil días; falta la intervención en el tiempo crítico en la vida de los niños y niñas. 2. Definir los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Una lista de alimentos prioritarios o el diseño de una canasta con componente nutricional. 3. Caracterizar el derecho a la alimentación en quienes pueden sembrar o pescar y autoconsumir o intercambiar sus alimentos. 4. Definir indicadores claros para estimar la garantía del derecho a la alimentación: desnutrición crónica, ingreso, producción y distribución de alimentos nutritivos; creación de empleos, y recuperación de tierras para siembra. 5. Diseñar un programa especial del derecho a la alimentación para pueblos originarios y con lengua indígena. Cada día que pasa es valioso porque el hambre no espera. La obligación de garantizar el acceso a los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad es del Estado. La disyuntiva es: se eleva esta obligación al más alto nivel ejecutivo para enfrentar la situación de manera estructural y articulada, o a prepararse, lo peor del mal comer está por venir.

FOTO: MrAkapulco

Los huracanes recientes apresuraron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a improvisar comedores comunitarios, que bien podrían transformarse en un programa durante este gobierno. Pero de producción de alimentos, nada.

a Cruzada Nacional contra el Hambre se publicó vía un decreto presidencial en los primeros 60 días de este gobierno para garantizar el derecho a la alimentación; el costo de esta premura ha sido entorpecer el planteamiento y sólo se ha reportado hasta el momento un conjunto de acciones inespecíficas y desarticuladas.

21 de diciembre de 2013

ÉXITO DE LA CRUZADA SE MEDIRÁ CON LA PRODUCTIVIDAD CAMPESINA: OMAR GARFIAS Lourdes Rudiño

“Hay más de un millón de unidades de producción rural (UPR) que son de autoconsumo sin contacto con el mercado y otra cantidad similar de autoconsumo con cierto contacto con el mercado, y encontramos que los titulares de esas UPR eran solamente beneficiarios de Oportunidades y no de programas de incremento de la producción, de apoyo tecnológico o asesoría, ni siquiera de los programas de transferencias económicas cuyo requisito es sólo ser productor: el 49 por ciento de los beneficiarios de Oportunidades que tienen tierra no habían recibido el Procampo”, señaló el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Entonces, agregó, la Cruzada ha iniciado una reforma institucional que está enlazando a los beneficiarios de Oportunidades –el programa principal de ataque a la pobreza- con los esquemas de desarrollo productivo, y “esto no es cualquier cosa, es ofrecer a la población una alternativa para que genere sus ingresos y deje de estar en la pobreza”. Esa reforma también ha generado tres programas nuevos en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) específicos para insertarse en la CNCH en 2014 –que además apoyarán a campesinos de zonas periurbanas, mismos que han sufrido el mayor abandono-, e implica la incorporación de diez mil extensionistas que contratará en 2014 la propia Sagarpa. “Recuperar la figura del

FOTO: Lourdes E. Rudiño

De acuerdo con el entrevistado, el conjunto de estos cambios institucionales será benéfico, “pues hoy algunos beneficiarios de Oportunidades a quienes se les ha planteado el esquema dicen: ‘me vas a dar un recurso y luego, si empiezo a ganar más, me vas a sacar del programa; no estoy de acuerdo’. Entonces les decimos que vamos a darles un acompañamiento y sólo saldrán de programa cuando con-

Señaló también que la CNCH integra esfuerzos de diversos sectores de la sociedad: por vía de convenios con universidades, la Sedesol ha logrado atraer a alumnos y exalumnos que actúan como promotores en el acompañamiento a población objetivo, para que juntos y, en la escala municipal, generen la demanda de los apoyos de la Cruzada; asimismo, ha firmado acuerdos con empresas, como el que en su momento fue muy criticado, con Quaker (filial de Pepsico) –el cual consiste en que la empresa desarrolle una galleta con sabor agradable para que funcione como suplemento nutricional para niños beneficiarios de la Cruzada.

Omar Garﬁas, secretario técnico de la CNCH

FOTO: Rodrigo González

De acuerdo con Omar Garfias, secretario técnico de la CNCH, dos factores claves de esta estrategia –que implica 70 programas (serán 74 en 2014) de 11 secretarías de Estado- son que el hambre se reconoce como un problema nacional y la Cruzada viene a concretar el derecho a la alimentación en su nivel constitucional, y que hay un deliberado interés por impulsar la producción de campesinos pobres.

nas urbanas y 800 en zonas rurales y que además tienen otras carencias sociales (tres, de acuerdo con los criterios de selección de población objetivo de la Cruzada) que les impiden salir por su propio esfuerzo de la condición de hambre. “Esa es nuestra población potencial, objetivo”: suman siete millones de personas y están ubicadas en los todos los municipios del país. En la primera etapa, la Cruzada está atendiendo a tres millones 600 mil personas ubicadas en 405 municipios.

condición de comercialización, y a partir de eso los promotores y los extensionistas, hagan el trabajo con la población y los lleven a una ventanilla única, donde la oferta institucional se acomode a lo que se está necesitando en el campo”.

l hecho de que ningún gobierno antes haya puesto en la agenda pública los retos del hambre y de la alimentación es indicativo de que “se estaba postergando el tema del campo”, pues no había preocupación ni por los productores, ni por la cadena productiva, ni por la comercialización. Ahora la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) coloca como uno de sus cinco objetivos, y de manera destacada, la elevación de la productividad de los campesinos pobres, esto es busca “democratizar la productividad”, y el éxito de la Cruzada se observará o no en la medida que esa producción se incremente.

El hambre se reconoce como un problema nacional y la Cruzada viene a concretar el derecho a la alimentación en su nivel constitucional, y que hay un deliberado interés por impulsar la producción de campesinos pobres extensionista rural, que acompaña y aconseja al campesino, es uno de los mecanismos que tendremos para alcanzar nuestras metas”. Y tal reforma institucional determinó cambios en el programa de Opciones Productivas de la Sedesol, pues se operaba a partir de un esquema de demanda, esto es que las entidades del gobierno generaban convocatorias en internet y la población que quisiera acceder a los apo-

yos tenía que registrarse. “Hoy estamos haciendo un planteamiento de oferta, esto es que tenemos que ir a buscar a la población que vemos como objetivo y construir con ellos, pues esta población no entra al internet, no llena requisitos, no hace planes de negocios ni corridas financieras”. Los que realmente se venían beneficiando de los apoyos eran intermediarios, que además desviaban a otros fines los recursos. “La reforma es que hoy acudiremos a la población que está en condiciones de pobreza, la buscaremos y trabajaremos con ella, y veremos quienes quieren desarrollar proyectos productivos, de mejora tecnológica y con eso se abrirá una ventanilla única a partir de planes municipales de generación de ingreso y de incremento de producción, donde se definan por municipio cuáles son las actividades y las líneas económicas que deben desarrollarse, y cuáles no deben desarrollarse, ya sea porque afecten al medio ambiente, o no haya condición de producción, o no haya

tundentemente salgan de la pobreza. Esto tendrá que ser en el largo plazo”. Y es que, comenta, “hemos visto que ocho de cada diez que dejan de recibir Oportunidades, salieron del programa en forma muy precariamente sustentable, ya sea porque de pronto alguien de la familia se había ido a Estados Unidos y regresó y sus ingresos volvieron a descender, o hizo una actividad económica y vino el huracán y la crisis y sus ingresos cayeron”. La visión ahora es que “tendremos que hacer un seguimiento más formal que implique años, y decirle: ‘bueno, tendrás unos años de gracia para que puedas seguir en el programa a pesar de haber mejorado, y luego darte de baja’”. El funcionario subrayó que el objetivo final de la CNCH es que el derecho a la alimentación sea un ejercicio real y sobre todo para las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, o sea debajo de lo que cuesta una canasta básica, mil 120 en zo-

Omar Garfias señaló que hay otros convenios con empresas, como Bimbo y Devlin, aunque dijo desconocerlos con precisión –pues es un tema que no le toca- y consideró que si hay rechazo a estos acuerdos es por razones ideológicas (por animadversión a las trasnacionales), pero lo que está recibiendo la Cruzada de parte de las empresas es “a cambio de nada”. En el caso de Quaker afirmó que la empresa donará la fórmula de la galleta y en dado de que así se decida, el gobierno producirá la galleta para darla a los niños. Dijo que la Cruzada es una propuesta que tiene que ir reconstruyendo la relación entre el gobierno, la sociedad y esta población y reconstruir a partir de que los beneficiarios tomen decisiones y hagan planes de desarrollo comunitario. “Y lo importante de la Cruzada es que además es una estrategia integral, en que no sólo los estamos considerando como productores, sino como lo que son, personas que además no están pudiendo ejercer sus derechos. Entonces la Cruzada implica acciones en términos de salud, educación, seguridad social, trabajo, alimentación e ingreso. Es un esquema mucho muy amplio; nunca habíamos tenido una estrategia que hiciera coincidir a todas las dependencias en un mismo proceso en forma sostenida y evaluable”.

21 de diciembre de 2013

POBREZA CON HAMBRE Y OBESIDAD; PARADOJA DEL DESARROLLO NEOLIBERAL Abelardo Ávila Curiel Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” términos, cruzada y hambre son más metafóricos que descriptivos, ya no digamos objetivos. La invocación al muy cuestionable éxito humanitario por el imaginario católico respecto a la brutal carnicería que representaron las cruzadas medioevales, y al también cuestionable éxito rotundo del Programa Hambre Cero de Brasil, devela la preeminencia de lo mercadotécnico sobre la calidad técnica de la propuesta.

En un principio la “cuarta decisión” provocó tanto simpatías como suspicacias. Las primeras en razón del reconocimiento explícito del grave problema de pobreza extrema, hambre y desnutrición, consecuencia del fracaso de las políticas públicas basadas en transferencias condicionadas (Progresa 1997-2002 y Oportunidades 2002-2012). Estas políticas públicas prometieron romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de capacidades de los niños que vivían en situación de extrema pobreza y su acceso en igualdad de oportunidades a la generosa oferta laboral que el modelo económico liberal generaría mediante la privatización de las empresas públicas, la liberalización del mercado y el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ninguna de estas promesas se cumplió: el mediocre crecimiento económico, la nula creación de empleos y el desastre del sector rural imposibilitaron el abatimiento de la pobreza extrema. Mientras que el resto de las naciones latinoamericanas presentaban crecimiento económico y mejoras sustanciales en la disminución de la pobreza, sobre todo los países que se resistieron a la aplicación dogmática del Consenso de Washington, México, disciplinado seguidor a ultranza de los principios neoliberales, se hundía en el estancamiento económico, la crisis de inseguridad pública, la pérdida de la seguridad alimentaria y el incremento de la pobreza.

Lejos de partir de un análisis objetivo de las circunstancias que condujeron al fracaso del modelo de desarrollo y de la política social, la Cruzada simplemente asumió en una mala selección y traducción los objetivos de la iniciativa Hambre Cero dada a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro en junio de 2012.

Reconocer la gravedad del problema y dar a su solución la mayor prioridad parecían la expresión de una decidida voluntad política para alcanzar el abatimiento de la pobreza extrema. Sin embargo, la forma en que 53 días después se hizo el anuncio de la Cruzada no dejó de levantar suspicacias. El mismo nombre de cruzada contra el hambre denotaba más un interés de generar impacto de imagen favorable para la nueva administración, que de formular un programa que efectivamente pudiera incidir en el abatimiento de la pobreza extrema. Ambos

Las acciones que definieron el arranque de la Cruzada fueron por demás erráticas: alineamiento de 70 programas ya existentes desarrollados por 11 secretarías de Estado; definición de la población objetivo como la intersección de la población con ingreso menor al costo de la canasta alimentaria y de la población con carencia alimentaria; selección con diversos criterios de 400 municipios como escenario de la primera fase de la Cruzada; firma de convenios con empresas fabricantes de comida chatarra, y conformación de un Consejo Nacional y un Comité de Expertos sin funciones claras. La Cruzada antecedió al Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que a los programas Sectorial y Nacional de Desarrollo Social; es decir no se diseñó desde una lógica de planeación estratégica basada en bienestar y distribución más equitativa del ingreso como lo mandata

el marco legal, sino que arrancó como un intento de alinear los programas que se habían generado desde la lógica de un modelo de desarrollo que concebía al libre mercado y a la erosión del papel rector del Estado como la base de la política pública. En los primeros meses de operación, la Cruzada naufragó en las indefiniciones, atrapada en la inercia de los programas existentes, el desgaste de las capacidades institucionales y una gran descoordinación intersecretarial y de niveles de gobierno para llevar realizar las acciones requeridas a fin de enfrentar eficientemente los determinantes de la persistencia y el incremento de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.

a la pobreza han quedado ampliamente rebasados; ahora los pobres no sólo padecen hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria, también padecen obesidad y las graves enfermedades asociadas a ella. Las transferencias económicas y los privilegios fiscales de las grandes empresas embotelladoras de refrescos y fabricantes de alimentos chatarra ocasionaron una grave crisis de salud al financiar con decenas de miles de millones de pesos el acceso y el consumo abundante de estos productos por parte de las familias en situación de pobreza. La destrucción de la economía campesina imposibilitó también la disponibilidad de alimentos saludables de producción local.

El modelo mexicano de desarrollo neoliberal generó graves distorsiones en la condición alimentaria de la población. Los esquemas asistencialista de combate

Sin haberse logrado abatir la desnutrición en las primeras etapas de la vida, una grave epidemia de sobrepeso y obesidad se extendió, durante este mismo periodo de políticas neoliberales, entre las capas más pobres de la población. La gran masa de población obesa en condiciones de pobreza presenta un daño a la salud extraordinariamente mayor por diabetes, hipertensión, cardiopatías, daño renal, y ciertos tipos de cáncer debido a la programación metabólica que ocurre en el organismo cuando padeció desnutrición en las primeras etapas de la vida; a esto debe agregarse su falta de acceso a servicios de salud, diagnóstico oportuno y seguridad social. De forma inédita, en México la población vulnerada por la desnutrición infantil es al mismo tiempo la población con mayor vulnerabilidad por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con la obesidad. La única manera de enfrentar la gravísima situación de mala nutrición de la población mexicana es mediante una política de Estado integral basada en derechos, que articule todos los determinantes requeridos para lograr el pleno bienestar de la población en materia de alimentación, salud, producción sustentable de alimentos saludables, empleo y distribución de ingreso.

ILUSTRACIÓN: Luba Lukova

l asumir la Presidencia de la República el uno de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto dio a conocer “13 decisiones para iniciar el camino hacia la verdadera transformación de México”. La cuarta decisión decía a la letra: “He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que ponga en marcha, en los próximos 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.

Un análisis detallado de esta situación y de las alternativas viables de políticas públicas puede encontrase en los documentos del Foro Nacional para la Construcción de una Política Alimentaria y Nutricional en México. (http://fonan. nutricionenmexico.com/), realizado en junio de 2012. Ante las numerosas críticas formuladas a las insuficiencias técnicas de diseño, operación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol ha respondido que serán corregidas en el Programa Nacional México Sin Hambre; habrá que esperar hasta abril de 2014.

21 de diciembre de 2013

EN GUERRERO LA MUERTE TIENE PERMISO Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sora del medio ambiente de la organización Guerreros Verdes, fue asesinada en Acapulco. Había mantenido una lucha férrea contra las autoridades del estado, por oponerse a la construcción del muelle de Pie de la Cuesta, a la deforestación de los manglares y al ecocidio de la laguna de Coyuca de Benítez.

ILUSTRACIÓN: Edgar Saner

En la comunidad de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, donde la población ha sido víctima de múltiples asesinatos, Juventina Villa abanderó la lucha de las familias desplazadas. Con el apoyo de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, emplazó a las autoridades del estado para que asumieran su responsabilidad. Su clamor se hizo añicos: fue emboscada junto con su hijo adolescente Reynaldo Santana el 28 de noviembre de 2012 por más de 30 personas armadas, a pesar de que contaba con protección policiaca. En Iguala, Arturo Hernández Cardona, líder de la organización campesina Unidad Popular (UP), había mantenido una relación ríspida con la nueva administración municipal en el 2012. La animadversión contra Cardona crecía en la medida que hacía visible las amenazas del edil. En este contexto, la UP organizó el 29 de mayo de este año una protesta. Después de concluir el evento, sus integrantes fueron interceptados por un grupo armado que bajó a Arturo y a siete compañeros del vehículo en el que viajaban y se los llevó con rumbo desconocido. El 30 de mayo de 2013 fueron encontrados sin vida los cuerpos de Arturo, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

La farsa

uando la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), decidió detener los camiones de las empresas madereras, se topó con el poder caciquill de Rogaciano Alba y Bernardino Bautista, quienes tenían en el ejército y la policía ministerial a sus mejores aliados. Fue en 1998. Por aquellos años el ejército se encargó de detener y torturar a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Más adelante, los caciques encarcelaron con falsedades al ecologista Felipe Arriaga. Y el 19 de mayo de 2005, Albertano Peñaloza Domínguez, miembro de la OCESP, fue víctima de un atentado en el que perdieron la vida dos de sus hijos. Esta acometida inició el éxodo de decenas de familias de la Sierra. En los albores del nuevo milenio, la Costa Grande se convirtió en el

campo de batalla entre los cárteles de la droga. Los viejos cacicazgos perdieron su hegemonía y los presidentes municipales en turno optaron por plegarse a los dictados de los nuevos jefes de las plazas. En el Guerrero de la alternancia todo cambió para mal: las autoridades sucumbieron ante la embestida delincuencial y dejaron inerme a la población. Con los años, ese modelo se extendió a toda la entidad y es el que priva hoy. En la simbiosis entre narcotraficantes, judiciales, policías, militares, funcionarios y alcaldes se incubó la calamitosa violencia que hoy azota al pueblo guerrerense. Para las organizaciones sociales, el realineamiento de amplias franjas del aparato estatal de justicia y seguridad con los intereses del crimen organizado ha multiplicado los riesgos de la lucha. La mezcla de los intereses políticos con los delincuenciales gestó una alianza perversa para enfrentar a los movimientos sociales.

Desde 2009, cuando en Ayutla fueron desaparecidos y después ejecutados los líderes Na Savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la descomposición ha sido vertiginosa. Las desapariciones forzadas de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en diciembre de 2011 se dieron en este marco de impunidad. Esto lo acepta el Estado, pues ha responsabilizado de la autoría material de los hechos a un comandante de la corrupta Policía Ministerial estatal. Por esos días, hay que recordar, la misma Procuraduría a la que pertenece esa policía se vio exhibida en su intento de sembrar un arma a un joven para atribuirle la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuya muerte recordamos apenas esta semana. Las ejecuciones han sido recurrentes. El 31 de mayo de 2012 Fabiola Osorio Bernaldez, defen-

Unos meses después fue asesinada Rocío Mesino Mesino, fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) e incansable denunciante de la masacre de Aguas Blancas. A ella la asesinaron cuando buscaba víveres para llevarlos a las comunidades devastadas por las tormentas. Rocío apoyaba en la construcción de un puente provisional y gestionó la instalación de un comedor comunitario. Pero un pistolero puso fin a su labor: fue asesinada a quemarropa y a plena luz del día el 19 de octubre. Más recientemente, el 10 de noviembre de 2013, fueron asesinados Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, y su compañera Ana Lilia Gatica, en la colonia Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, también a plena luz del día. Luis había denunciado un poco antes que había sido amenazado, pero no se adoptaron medidas para protegerlo.

Este somero recuento evidencia que en Guerrero la muerte tiene permiso para segar de un tajo las vidas de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y activistas. Y en una entidad que cerró el 2012 siendo el estado más violento del país, con municipios que se encuentran entre los más peligrosos de México -como Acapulco-, hoy le es fácil a los poderosos deshacerse de las voces incómodas y atribuir las ejecuciones al río revuelto de la crisis de seguridad. Esta situación no cambiará mientras el estado procure impunidad. Al no esclarecerse las ejecuciones y al no sancionarse a los responsables, el mensaje es claro: la muerte de estudiantes, defensoras y activistas es aceptable. Cuando se analiza la acción de la justicia guerrerense, el contraste es brutal: mientras que ninguna persona se encuentra en prisión por los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, 13 activistas de la policía comunitaria se encuentran encarcelados enfrentando acusaciones por delitos tan graves como el terrorismo. Peor aún: tres de ellos -Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado- se encuentran encerrados en cárceles federales. Para los policías comunitarios, acusaciones desproporcionadas y prisiones de alta seguridad; para quienes matan activistas, total impunidad. En el campo de la lucha social guerrerense, la pregunta que angustia hoy es: ¿quién sigue? Es posible que se emprendan acciones penales contra los opositores a La Parota para revivir ese proyecto depredador con el disfraz del Plan Nuevo Guerrero; que se encarcele a más policías comunitarios en penales federales, o incluso que se presenten atentados contra defensores de derechos humanos. No importa: en Guerrero, para las autoridades, la muerte tiene permiso. La reacción de la sociedad es aún incierta. Como lo ha señalado con su característica precisión Adolfo Gilly: la “violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas”. Pero el pueblo guerrerense no se arredra: ahí está, por ejemplo, la valiente lucha que ha emprendido desde la Montaña la comunidad Me’phaa de San Miguel Del Progreso contra el embate de la minería trasnacional. Lo cierto es que hoy Guerrero se debate entre la violencia cotidiana y las expresiones de lucha social que hacen frente a los poderes de siempre; ¿cuál será el resultado de esa pugna?, es una pregunta que, en estos días aciagos, nadie alcanza a responder.

21 de diciembre de 2013

SALDOS DE LA GUERRA VS EL NARCO; DECENAS DE MILES EN ESTADIO DE SUPERVIVENCIA Víctor Ronquillo

1.- Los desplazados. Nadie sabe cuántas personas han huido ante la acechanza de la violencia. Centenares de miles de personas forman un ejército de desesperados que hacen la vida donde pueden. Muchos de ellos proceden de las zonas rurales de Chihuahua, Durango, Guerrero y Sinaloa. También de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. Severine Durán, investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social (CIESAS), a partir de establecer

ILUSTRACIÓN: Yanina Herrera / Colectivo Aliados 2.0

relaciones y cálculos entre las tasas de viviendas deshabitadas, la tasa de homicidios y el índice de víctimas posibles, estima que sólo en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas existen 330 mil desplazados. En abril de 2012, Antonio Guerra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirmó que en México la violencia de las drogas había ocasionado el desplazamiento forzado de 160 mil personas.

El saldo dejado en el campo mexicano por la política de seguridad en este primer año del gobierno Enrique Peña Nieto es el de miles de muertes, el de vidas rotas sometidas a la esclavitud que imponen las trasnacionales del narcotráﬁco a sus jornaleros y sicarios 2.- El incremento del cultivo de amapola coloca a México como uno de los grandes productores de la planta en el mundo. Desde hace un par de años, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas pulsó el botón rojo de la alarma ante el extendido crecimiento de la producción de amapola en nuestro país. Se estima que existen alrededor de cinco mil hectáreas cultivadas de esta planta, de la que se

“La disponibilidad de heroína continuó creciendo durante 2012 debido a los altos niveles de producción en México y a que los traficantes mexicanos se expandieron dentro de los mercados del este y del medio este de Estados Unidos”, dice el informe.

derivan el opio y la heroína. Desde 2003, México es considerado el tercer productor más importante de amapola en el mundo. Según cifras de la Secretaría de Defensa, el estado de Guerrero es el número uno en la producción nacional de amapola, participa con 60 por ciento del total.

4.- En cuanto a la producción de marihuana ha ocurrido algo similar: “El surgimiento de operaciones de producción en áreas que antes eran incultivables, y un aumento considerable y a gran escala del cultivo de la marihuana por parte de los traficantes mexicanos hacen que esta droga tenga mayor disponibilidad en Estados Unidos”.

3.- El negocio del cultivo de la amapola florece en el campo mexicano con toda impunidad. Hace algunas semanas la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público el informe Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2013. La información presentada en este informe procede de las tendencias del consumo, de la oferta y la demanda en el mercado más próspero de las drogas en el mundo, las calles de las ciudades de Estados Unidos.

En la pirámide de la floreciente industria agrícola de la producción de heroína y marihuana, los jornaleros ocupan el último peldaño. Enfrentan todos los riesgos, son explotados, su salario apenas les da para sobrevivir. Las trasnacionales del narco, los violentos cárteles mexicanos que operan en las áreas rurales de nuestro país, han establecido una nueva versión de la esclavitud en el campo mexicano.

ILUSTRACIÓN: Alejandro Taboada / Colectivo Aliados 2.0

a estrategia ha sido la misma: desplegar la violencia, un malogrado intento de recuperar el control territorial de municipios sometidos por el crimen organizado imponiendo la ley de la violencia y la corrupción. El saldo dejado en el campo mexicano por la política de seguridad en este primer año del gobierno Enrique Peña Nieto es el de miles de muertes, el de vidas rotas sometidas a la esclavitud que imponen las trasnacionales del narcotráfico a sus jornaleros y sicarios. Policías corruptas, presidentes municipales al servicio de los grupos criminales que establecen el férreo control de plazas, rutas y de centros de almacenamiento. El negocio del narcomenudeo extendiéndose por pequeños poblados y aun por comunidades serranas. La extorsión obligando al abandono del escaso patrimonio, de la casa, de la tierra, del modo de vida. La guerra del narco ha sembrado el terror en el campo, exacerbado la violencia, generado distintas formas de corrupción, provocado la desolación, la muerte y el deterioro institucional.

5.- La aparición de los grupos de autodefensa que se extienden por Michoacán responde a distintos factores: la ausencia de Estado de Derecho de que han sido víctimas productores agropecuarios de la más diversa índole; una nueva versión de la guerra por el control del territorio, por parte de los grupos criminales y sus aliados y protectores incrustados en el poder político; la estrategia del Estado para constituir una nueva forma de lucha para el control político del territorio perdido, mediante una supuesta alianza con la población que mira con simpatía la aparición de estos grupos, y la desesperación de quienes han sido recurrentes víctimas de extorsión y secuestro

por parte de grupos criminales como La Familia y Los Caballeros Templarios. No se trata de una casualidad que, según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Michoacán, los grupos de autodefensa operen en lo que se puede considerar importantes polos de desarrollo agrícola. En Aguililla y Buenavista, donde la producción de limón fue de las más altas en el país el año pasado, o en Tancitaro, donde se cosecharon 700 mil toneladas de aguacate en 2012. También los llamados grupos de autodefensa han aparecido en el municipio de Los Reyes, donde se cosecharon 212 mil toneladas de caña de azúcar ese mismo año. 6.- En cuanto a la Policía Comunitaria de Guerrero, convertida en los años recientes en un verdadero movimiento de amplia repercusión social, la estrategia fue cooptar, infiltrar, dispersar y corromper. De ser necesario, criminalizar. Hasta ahora han sido detenidos 13 de los líderes políticos de las ya distintas policías comunitarias, entre ellos vale mencionar a Nestora Salgado, de Olinalá, y Arturo Campos, de la policía comunitaria de Ayutla. Para concluir, un par de datos: en los meses recientes, en Guerrero han sido asesinados 13 líderes de organizaciones sociales campesinas. Un nuevo grupo guerrillero irrumpió hace poco en la entidad, se trata de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo. La violencia hace más cruel la pobreza… decenas de miles se encuentran en condiciones de supervivencia en el campo, víctimas de la violación del derecho fundamental a la vida, que el actual gobierno no ha podido garantizar.

21 de diciembre de 2013

Comunidades zapatistas, a dos décadas del clarinazo

MARGARITA Y MINGO Gaspar Morquecho

Abandonando los atuendos de sus lugares de origen, las mujeres adoptaron otra vestimenta que las distingue. Sin fuentes de agua, las mujeres bajaban a la ciudad a abastecerse de ella, a hacer aljibes para almacenar algo de agua amarillenta o compartir con los animales el agua de lluvia que por ahí en algún bajo quedaba estancada. Algunas comunidades contaban con pequeños tanques en los que almacenaban agua de la temporada de lluvia. Las emprendedoras mujeres, más

Actuante y solidaria, después de los ataques aéreos a las comunidades al sur de San Cristóbal, el ocho de enero de 1994 Adela organizó junto con sus compañeras la primera caravana por la paz y llegó a esos parajes. Adela y Gabriel fueron los primeros de la Conferencia Nacional por la Paz (Conapaz) que denunciaron en Europa las brutales condiciones de vida de los indios, mismas que los llevaron al levantamiento armado. En la Chiltak,

de una vez, vieron cómo se debilitaba o fracasaba el “colectivo”. Sin embargo, para sobrevivir en las márgenes no queda de otra que caminar y resistir. De otra forma, te hundes. Las mujeres y los hombres de esos pueblos optaron por la organización. Caminan y resisten en medio de grandes dificultades. Ahí están las imágenes de sus jornadas pacíficas en la década de 1980 por tierra, trabajo, alimentación, libertad y paz. Demandando caminos, electrificación, centros de salud, sistemas de agua. En su caminar, formaron sus agrupaciones, se aliaron con otras y fueron testigos de cómo el Estado las partía, como se desintegraban y cómo algunos dirigentes se doblegaban, se vendían. Como quiera, continuaron en la resistencia, caminando, luchando por una vida justa y digna. Ahí están las imágenes del 12 de octubre de 1992. Para entonces, la idea de la lucha armada se había encarnado. Mujeres y hombres de esas comunidades se habían sumado. Conscientes, sabían que estaba en juego la vida de ellos y de sus hijas e hijos. No le entramos pero tampoco los abandonamos. Quizás por eso nos visitan de cada en cuando. Diez años después, el uno de enero de hace casi dos décadas, cientos de ellas y ellos nos sorprendieron. Con las armas en la mano se hicieron ver y escuchar. Las fuerzas armadas federales atacaron a sus comunidades por cielo y tierra. Veinte años después, me parece que económicamente las cosas en esas comunidades no se han modificado sustancialmente. La fragmentación comunitaria, familiar, política y religiosa continúa. Hay algo más de infraestructura y me cuentan que están a punto de terminar la pavimentación de un

FOTO: Steev Hise

Indios tsotsiles migrantes fundaron esas pequeñas comunidades. Compraron las tierras por ahí de 1920 o 1930. Sus pobladores por siempre han sido indígenas pobres entre los indígenas pobres. Me temo que no han cambiado mucho. Sus pequeñas parcelas eran poco productivas, eso los obligó a rentar predios en Tierra Caliente a cuenta de la cosecha de maíz y a buscar trabajo asalariado en los centros urbanos. Las mujeres lavaban ajeno; se empleaban temporalmente en la ciudad; vendían manojos de rajas de ocote y algo de fruta de temporada, y recogían del monte varas que vendían para la manufactura de cohetes para las fiestas que se celebran a lo largo del año. Se encargaban de la crianza de las y los hijos. También de los animales de corral que por lo general vendían en el mercado ladino.

FOTO: Ludita

Para entonces Margarita y Mingo tenían años Construyendo el Reino desde la Palabra de Dios. Con los pies en la tierra, es decir, pasando de lo simbólico a lo concreto, participaban activamente en la creación de colectivos en pequeñas unidades de producción agropecuaria que involucraban a las mujeres y a los hombres de varias y pequeñas comunidades vecinas. Algunos pobladores de esas comunidades sentían que la Palabra de Dios y la Construcción del Reino los llevaba al enfrentamiento con los poderosos. En el siglo XX la profecía se seguía cumpliendo: las familias y las comunidades se dividían por la Palabra.

enterado que un cabrón de por allá seguía chingando. Adela no paró y me hablaba con entusiasmo de lo que decía y hacía Margarita, de los trabajos en el colectivo: que si la producción orgánica, que si el cuidado de la tierra y de las semillas, que si producían un abono orgánico líquido. Escéptico, respondía que la producción orgánica requería de un trabajo extraordinario y que la productividad estaba en cuestión. De que no habían podido recrear y fortalecer los lazos comunitarios. Que se rompían una y otra vez. La imagen que tenía de la Margarita y del Mingo era de indígenas pobres, a veces cansados, a veces enfermos. Que a pesar de eso seguían en la resistencia y que sus hijos eran promotores forjándose y forjando nuevas generaciones.

carne y hueso. Pensante, actuante. Hecha y derecha. Eran unas brujas, necias, radicales… molestas. “Podemos ser peores…”, era uno de sus amenazantes mensajes impresos en sus playeras. Actuantes y con una mirada crítica pensaron el zapatismo. No pocas veces le han de haber zumbado los oídos al Sub Marcos.

a Margarita y el Mingo son una pareja zapatista. A mediados de la década de 1980, Adela y yo fuimos invitados por ellos para ser padrinos en su boda. Alguna vez narré parte de la ceremonia. Ya era noche, no había luz eléctrica y el lugar se iluminaba con velas y veladoras. La Margarita y el Mingo estaban de rodillas sobre un petate y mirando al piso escuchaban los consejos de las y los mayores. No tengo la menor idea del lugar ni de que pasó antes o qué siguió después. La único que recuerdo de la boda de la Margarita y el Mingo es esa imagen de la ceremonia.

camino y que siguen gestionando la construcción de ollas de agua. Con ese entorno social, las bases de apoyo zapatista construyen su Autonomía. Un Mundo Nuevo. El suyo. Ya no están en las márgenes. Margarita y Mingo están en el afuera. Con una historia de un poco más de 30 años de caminar, resistir y luchar por una vida justa y digna. Cuando nos buscan por ahí, compartimos un poco de café, un poco de pan y la palabra. Recuerdan que en la Chiltak y en casa siempre se abría una puerta y que tienen un lugar en nuestro corazón. No hace mucho la Margarita y Mingo fueron a visitar a Adela, su madrina. Adela es una mujer con un largo caminar en pueblos campesinos y colonias populares y décadas en comunidades indígenas en Chiapas. En su caminar se hizo feminista, rompió con el feminismo institucional y optó por las autónomas que más tarde crearon el Movimiento Rebelde del Afuera. Ahí están los aportes de otra Margarita, la Pisano. Una mujer de

Adela creó una instancia de mujeres que se dedicó a gestionar y canalizar recursos a los pueblos zapatistas. Entre otras obras, levantaron una clínica en La Garrucha y remodelaron la de Morelia. Pero no sólo eso. En la comunidad de Morelia le tocaron las corretizas por las entradas del ejército federal y en febrero de 1995 fue al encuentro de las compañeras que se habían refugiado al fondo de la cañada después de la traición del gobierno federal. La falta de tacto de algunos mandos militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el trabajo solidario hizo que Adela se distanciara, que se endurecieran sus críticas al machismo de algunos mandos zapatistas y no pocas veces al proceso. No había ocasión que yo hiciera un comentario de Marcos y que ella replicara con firmes argumentos. Un día la llamé y comentó que habían llegado a visitarla la Margarita y Mingo. Días después comimos con los hijos y salió la plática de la visita de los ahijados. Respondí molesto pues días antes me había

Después de la comida, Adela retomó el tema y consiguió que me pusiera a la escucha. Adela me habló de cómo veía a la pareja zapatista, el lugar que tenía Margarita y su toma de decisiones en la pareja. De su entrega al proyecto de vida zapatista. De la Fe en su quehacer zapatista. Para Adela las palabras de Margarita, sus actitudes, su cara y sus ojos no dejaban lugar a duda de un enorme cambio en las relaciones de mujer-hombre, esposaesposo, madre-padre, mujer-mujer, mujer-comunidad. Adela me estaba narrando una experiencia de cambios de vida. La narrativa venía de muy adentro. Estaba conmovida, y emocionada lloró, y con palabras de una mujer digna, me dijo algo así: Margarita está en el afuera. No quieren nada con el sistema, decía Adela. En un diálogo entre mujeres, en veces, Margarita hablaba, me aconsejaba. En veces me preguntaba y escuchaba, decía Adela. Su hija, hace radio y preguntaba y preguntaba el significado de muchas cosas. Quieren aprender más, conocer más, saber más, decía Adela. Es claro, digo yo, que las y los jóvenes se están formando y forjando en la práctica. Tal cual y como lo dijeron en La Escuelita de agosto. Adela es sensible. Escuchar de ella lo que percibió de Margarita fue un lindo regalo para ella y para el que esto escribe. Margarita es una de las miles de mujeres que dan vida a un enorme y significativo colectivo antisistémico. Anticapitalista. Mujeres que son la base de las bases de apoyo zapatistas. Son la riqueza humana que se construye en el único lugar posible, en el absurdo, en el afuera. Margarita invitó a Adela a La Escuelita. Lo que no sabe Margarita es que Adela ya no necesita ir. La palabra verdadera de Margarita, una digna mujer, ha sido suficiente.

FOTO: Marte Merlos

21 de diciembre de 2013

DESTRUCCIÓN Y DEFENSA DE MÉXICO Jesús Ramírez Cuevas

l régimen político del PRIAN y sus aliados del PRD, con Enrique Peña Nieto y su pacto contra México por delante, han desmantelado la Constitución política de 1917 y su dimensión social y popular y han legalizado el colonialismo al entregar la riqueza del subsuelo y nuestra soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos. En un año que lleva gobernando Enrique Peña Nieto liquidó el Estado emanado de la Revolución mexicana. Con la reforma energética de un plumazo, la mayoría antinacional del PRI y PAN, de espaldas a los ciudadanos, sin aceptar que se consultara al pueblo, liquidó el acto de soberanía más importante tomado por el Estado posrevolucionario: la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, que significó una segunda independencia y sentar las bases de la soberanía económica nacional. El petróleo fue el motor del milagro mexicano. La reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales cede todo el control de la industria petrolera y eléctrica a empresas

privadas extranjeras y termina con la rectoría del Estado y el control nacional sobre los recursos energéticos del país. Además, las trasnacionales operarán país como nuevos actores políticos que buscarán imponer sus intereses e influir para que haya leyes y gobiernos que los beneficien aún más. Todo esto cambiará por completo la vida nacional, sobre todo porque se legalizó la entrada de México a la esfera de la seguridad nacional y energética de Estados Unidos. La destrucción del régimen constitucional y el desmantelamiento de la riqueza nacional y de los derechos de los mexicanos comenzaron en el gobierno de Carlos Salinas, que fue el primero en trastocar la esencia de la Constitución al reformar el artículo 27 en 1992 y permitir el despojo y la privatización de las tierras comunales y ejidales de indígenas y campesinos. Salinas se atrevió a revertir el legado de la reforma juarista y liberal y debilitó el Estado laico. Con la reforma energética impuesta por Peña, el PRI y el PAN este fin de año, se terminó por demoler la esencia social y popular de la Constitución.

Con la reforma energética no se venderá Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero dejará todas las actividades de la industria petrolera en manos extranjeras, desde la exploración, extracción, reﬁnación y hasta la distribución de petrolíferos. Pemex será desmantelado, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Con la reforma energética no se venderá Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero dejará todas las actividades de la industria petrolera en manos extranjeras, desde la exploración, extracción, refinación y hasta la distribución de petrolíferos. Pemex será desmantelado, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con la reforma aprobada en medio de protestas en todo el país, las ganancias y la producción del petróleo serán

compartidas con las grandes petroleras trasnacionales. El Ejecutivo federal asignará directamente los contratos y licencias (concesiones en los hechos) por medio de la Secretaría de Energía. Por otro lado, las empresas buscarán perforar todo el territorio y el gobierno promoverá el uso de técnicas nocivas para la salud de la población y del medio ambiente como la fractura hidráulica (fracking), con lo que no solo llevarán la riqueza del subsuelo sino que contaminarán el agua y la tierra con químicos, acabando con flora y fauna y matando a la tierra, cometiendo un ecocidio. Como resultado de la reforma energética, disminuirán los recursos del erario y el presupuesto para la salud, educación y combate a la pobreza. Y como consecuencia los mexicanos pagaremos de nuestro dinero la privatización del sector energético con el aumento de impuestos, gasolinas y del precio de la canasta básica. Y con las demás reformas aprobadas este año (la laboral, la educativa, la fiscal, entre otras), el gobierno de Peña acabará con la educación pública y los derechos laborales, agrarios, culturales, am-

bientales, políticos y económicos de los mexicanos. Les tomó 20 años a los tecnócratas neoliberales derrumbar los pilares de la carta magna (los artículos 3 sobre la educación, 27 el derecho a la tierra y la soberanía nacional sobre la riqueza del subsuelo y 123 que se refiere al los derechos laborales y las garantías sociales) donde estaban plasmados los derechos sociales y colectivos de la revolución iniciada en 1910. Está claro que el actual régimen es corrupto, privatizador, antipopular y entreguista. Y hoy está en proceso de desmantelar el Estado y las instituciones públicas y de terminar de vender al país. Como en el Porfiriato lo hicieron los hermanos Flores Magón, hoy podemos considerar que la Constitución ha muerto y los últimos vestigios de la Revolución también. El régimen ha enterrado la soberanía nacional y ha entregado el país a la voracidad trasnacional y a los intereses estadounidenses. Es preciso organizar desde ya la defensa de la nación, de la soberanía, del territorio, de los recursos naturales, de los derechos y del futuro de los mexicanos.