No. 33 Sembrar y cosechar en ABYA YALA

19 de junio de 2010 • Número 33 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

EL AGRO EN PAÍSES DEL CONTINENTE Y EL CARIBE

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CAMPESINDIOS DE AMÉRICA, UNÍOS FOTO: Flavio Barbosa

Suplemento informativo de La Jornada 19 de junio de 2010 • Número 33 • Año III

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador

LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPESINO EN UN CONTINENTE COLONIZADO

Luciano Concheiro Subcoordinador

El mito milenario no es solamente un absoluto recomenzar, una ruptura con el estado actual del mundo, sino también reinicio,

Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo

restauración de la pureza o de la potencia original. La imaginación del futuro se apoya siempre sobre la memoria del pasado.

Jean Pierre Sironneau.

El retorno del mito y del imaginario sociopolítico

CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Los americanos de hoy provenimos sobre todo de la población originaria, de la migración europea y de los africanos traídos como esclavos. Pero amerindios, criollos, mestizos, mulatos o zambos, en nuestro origen está una irritante experiencia de conquista y colonización que dejó su impronta sobre la sociedad continental, aun la de aquellos países con escasos vestigios de los originarios y de los transterrados a fuerzas.

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Diseño Hernán García Crespo La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.

Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

“Como en toda sociedad colonizada, el ancho y oscuro fondo de la pirámide social fue ocupado, primordialmente, por aquellos cuyas raíces se hunden en culturas anteriores a la conquista. Aunque con el correr del tiempo (los países) se fueron haciendo intensamente mestizos en lo étnico y lo cultural, nunca se alcanzó a diluir la miseria y la subordinación”, escribe Florencia E. Mallon en Campesino y nación. Y esto vale para la conformación de nuestras clases sociales.

PORTADA: Edgardo Mendoza R. / ANEC ABYA YALA es el nombre dado al continente americano

C

on 42 millones de kilómetros cuadrados y 813 millones de habitantes, coloreado por la multiplicidad de ambientes naturales y de culturas originarias y aclimatadas, dividido por la migración en un ámbito anglosajón y otro latino, fragmentado en decenas de Estados nacionales a veces hechizos, y fracturado por la economía política entre un prepotente norte imperial y un escarnecido sur tercermundista, nuestro continente es diversidad extrema y con frecuencia enconada. Variedad que no impide la lenta pero terca conformación de un campesinado de vocación continental. Y es que, más allá de nuestras diferencias, compartimos la condición de colonizados. Hace 500 años fuimos invadidos y esto nos marcó a fuego.

La comunidad agraria es ethos milenario pero los hombres y las mujeres de la tierra fueron recreados por sucesivos órdenes sociales dominantes y lo que hoy llamamos campesinos, los campesinos modernos, son producto del capitalismo y de su resistencia al capitalismo. Sólo que hay de campesinos a campesinos, y los de nuestro continente tienen como trasfondo histórico el sometimiento colonial y sus secuelas. Los campesinos de por acá son, en sentido estricto, campesindios.

El indio americano es al principio una invención de la Corona Española. Categoría impuesta con fines tributarios pero también político-morales pues suplantaba denominaciones autóctonas y establecía una división del trabajo y una jerarquía social de naturaleza étnica y base comunitaria. Junto a los indios fueron apareciendo rancheros, granjeros, colonos; labriegos pequeños y medianos que por lo general no eran indios pero tampoco campesinos propiamente dichos.

Entre nosotros –que no conocimos al campesinado feudal propio del ancien regime europeo– el concepto de campesino, habitualmente asociado al de obrero, designa una clase de las sociedades poscoloniales y es obra de modernidad. Su uso se extiende por el continente al calor de las mudanzas que arrancan hace un siglo con la Revolución mexicana, trance iniciático que con la nueva Constitución y la Reforma Agraria, institucionaliza al campesinado: un inédito contingente social cuyo estatuto ya no remite a la etnia ni tiene origen colonial (tan así, que a las tierras dotadas a los pueblos se les llama ejidos, término que viene del latín y de la tradición europea, y no, por ejemplo, calpullis). Y lo mismo sucede años más tarde en Bolivia, donde “con la Revolución Nacional de 1952 –escribe Carlos Vacaflores en La persistencia del campesinado en América Latina– los indígenas se campesinizan y se suscriben formalmente a la ciudadanía”.

Pero el triunfo de la clase sobre la etnia es epidérmico, entre otras cosas debido a que en nuestro continente opresión de clase y de raza se entreveran. Así, el indio ancestral, presuntamente transmutado en moderno campesino, reaparece junto a éste revestido de su específica identidad. Y en muchos casos renace dentro de éste, que lo descubre como su raíz más profunda. Recuperada su verdadera faz, en el último tercio del siglo XX los indios americanos debutan como tales en el escenario de la lucha social contemporánea. Aun en países como Chile y Argentina donde pocos se identifican con los pueblos originarios, el nuevo movimiento rural deviene con pertinencia y justicia un movimiento indio y campesino, campesino e indio. Convergencia plural pero unitaria donde, sin fundamentalismos pero sin renunciar a sus particularidades, todos son indios y todos campesinos, todos son campesindios. No es casual que la red global llamada La Vía Campesina que agrupa a 140 organizaciones de 70 países, entre ellas 84 americanas o caribeñas, haya nacido hace 18 años, en el corazón de nuestro continente, en el cruce de caminos e historias que es Centroamérica.

La insoslayable presencia de lo étnico en el curso moderno de Latinoamérica se manifestó de bulto en las revoluciones agrarias del pasado siglo y después en el discurso del indigenismo institucional. Pero también aparece en las propuestas políticas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y del Partido Comunista del Perú, en los años 20s; en el neokatarismo boliviano de los 70s; en la perspectiva de nación pluriétnica impulsada desde fines de los 80s por el movimiento Pachakutic, en Ecuador; y desde los 90s en el altermundismo indianista del mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Hoy, a la luz de la Revolución

boliviana, es claro que en América no habrá cambio verdadero sin eliminar lo mucho que resta de colonialismo interno, sin erradicar tanto la explotación de clase como la opresión de raza. Y sobre esto los campesindios americanos tienen mucho que decir.

Hablo aquí del continente todo y no sólo de Nuestra América, porque aun en los países del extremo norte subsiste el síndrome colonial interno: estigma encarnado en las etnias amerindias que sobrevivieron pero también en la duradera minusvalía de los afro-descendientes y en el trato a la creciente migración de mestizos latinoamericanos, con la que los pueblos originarios de América toda se hacen presentes en un norte anglosajón que reproduce con ellos el racismo y los modos criollos del colonialismo interno propios del área latina del continente.

El mito amerindio. Un combate como éste: sustentado en parte en la comunidad agraria y la identidad étnica de los originarios, además de las tácticas convencionales de otros luchadores, está en condiciones de emplear recursos míticos-simbólicos; palancas espirituales que, en una modernidad desencantada donde el racionalismo priva hasta en la lucha de clases, resultan heterodoxas y hasta “exóticas”.

Decía Georges Sorel a fines del siglo XIX que ”los mitos revolucionarios permiten comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares que se preparan para entrar en una lucha decisiva; (y estos mitos) no son descripción de cosas, sino expresión de voluntades”. Ideas que fueron rechazadas por los marxistas ortodoxos, a quienes no movía un mito sino la profecía “científica” de la inevitabilidad del socialismo. Pero cuando el sujeto libertario no es tanto una clase moderna: el proletariado, sino los ancestrales campesindios, que reivindican 500 años de resistencia, es inevitable –y pertinente– que la lucha se llene de imágenes, sentimientos, intuiciones que remiten a un pasado profundo; es previsible y deseable que el combate se ritualice y cobre un carácter no sólo terrenal sino también simbólico.

Empeñado en entreverar lo clasista con lo étnico, el pasado con el futuro y el socialismo con la utopía incaica, el peruano José María Mariátegui abrevó con provecho en Sorel: “El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior”, escribe en El artista y la época. Y en Alma matinal, concluye: “Los pueblos capaces de la victoria (son) los pueblos capaces de un mito multitudinario”.

Algo del mismo tenor escuché hace unos meses en boca de Alejandro Almaraz. Decía el viceministro de Tierras en el gobierno de Evo Morales: “La importancia económico-social de la Revolución Agraria es enorme, pero también su importancia simbólica (...) Lo que es aún más profundo en los pueblos indígenas”.

Así, alba del tercer milenio, los campesindios de América están inmersos en una batalla de símbolos donde la utopía se traviste en mito.

BUZÓN DEL CAMPO

por la etnia Kuna de Panamá y Colombia antes de la

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llegada de Cristóbal Colón. Quiere decir "tierra madura", o

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según algunos "tierra viva" o "tierra en florecimiento".

Trabajo agrícola Proporción de personas ocupadas en la agricultura

Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, CEPAL, FAO, IICA.

Habitantes del campo Población rural en América Latina (Porcentaje)

e/ Estimado. Fuente: Estadísticas 2010, CEPAL

Dependencia alimentaria

Producción agro VS industria y servicios

Participación promedio de las importaciones de alimentos en la oferta doméstica calórica (Porcentajes)

Participación % del agro en el Producto Interno Bruto (2008)

Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, CEPAL, FAO, IICA.

Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, CEPAL, FAO, IICA.

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Estados Unidos

H

an empezado ya los “audiencias sobre el campo” (field hearings) del Congreso de Estados Unidos (EU) para determinar el marco de una Ley Agrícola (Farm Bill) para 2012. ¿Por qué ocurre de forma tan anticipada esta iniciativa, a pesar de otros asuntos legislativos de emergencia y cuando apenas se ha implementado la Ley Agrícola de 2008? Entre las muchas razones, dos me parecen principales: la crisis económica y el cambio climático.

SEMBRAR EN ABYA YALA

El Censo Agrícola federal indica que sólo dos por ciento de la población rural estadounidense es agricultor de tiempo completo. (No hay un censo oficial de los trabajadores agrícolas, mayormente de origen mexicano y en parte indocumentados.) Dado este hecho y la crisis del empleo rural, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) quiere invertir más de su presupuesto en el desarrollo rural, sobre todo en la creación de empleos no agrícolas.

Pero los miembros del Congreso, quienes han orientado los subsidios hacia una lista restringida de materias primas, están en desacuerdo con la inversión pública en desarrollo rural. Para ellos, lo prioritario es definir los subsidios y su reparto en formas que no propicien disputas comerciales ni represalias desde la Organización Mundial de Comercio (OMC). Quieren evitar lo que ha pasado con el programa de subsidios al algodón, el cual fue objeto de una demanda de parte de Brasil y fue calificado de ilegal por la OMC. El seis de abril se anunció un acuerdo entre EU y Brasil, según el cual el gobierno estadounidense pagará anualmente al país sudamericano 147 millones de dólares por concepto de “ayudas técnicas” para los algodoneros hasta que el Congreso cambie la Ley Agrícola para cumplir con el fallo de la OMC del 2008. Bajo este peso jurídico y fiscal, los miembros de los comités de agricultura en el Senado y la Cámara de Representantes quieren tomar medidas para asegurar los fondos de 2012-2017 para los productores agropecuarios. Pero sin incitar más disputas comerciales ni resoluciones adversas de la OMC. Se espera reclasificar los subsidios inconsistentes con la OMC para que quepan en la

¿LA SALVACIÓN POR EL PRESUPUESTO?

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Steve Suppan

“caja verde”, la cual supuestamente no distorsiona el comercio. Entre los subsidios permitidos están los que subvencionan la compra de pólizas de protección contra la pérdida de las cosechas y los que sirven para proteger el medio ambiente. En las audiencias campesinas se ha hecho hincapié en la importancia de no recortar estos subsidios, pues se rumora que la Ley Agrícola 2012-2017 los reducirá en siete mil millones de dólares a lo largo de los cinco años.

Mientras tanto y de cara a las crisis climáticas cada vez más frecuentes, costosas y a veces violentas, los granjeros –crean o no en el cambio climático–, quieren que el Congreso aumente los subsidios gubernamentales a la compra de pólizas de seguros para proteger la viabilidad de sus fincas. Están enfrentando tormentas financieras también, causadas por precios bajos pagados por la agroindustria, en muchos casos por debajo del costo de producción.

Nadie quiso hablar del cambio climático como una razón del inicio anticipado de la elaboración de consensos hacia la Farm Bill de 2012. Ocurre que los granjeros y terratenientes miembros del American Farm Bureau niegan la existencia de este fenómeno planetario y, por ende, rechazan la necesidad de limitar los gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). Ellos portan gorros de béisbol con el lema “Don’t cap my future!” (¡Que no se limite mi futuro!).

El USDA, después de dos décadas de indiferencia a las prácticas anti-competitivas de la industria agropecuaria, lanzó en marzo unas audiencias campesinas para averiguar si empresas como Monsanto han impuesto precios de usura a las semillas y los demás insumos.

Si los costos de producción son altos y los precios de materias primas siguen vinculados a la volatilidad de Wall Street, los agricultores buscarán cualquier fuente de estabilidad.

Los socios de la National Farmers Union, por otro lado, creen que sí existe el cambio climático y que ciertas prácticas agrícolas pueden reducir los GHGs. La organización misma facilita la venta de bonos de reducción de los GHGs en la Bolsa de Clima de Chicago, y aboga para que el Congreso apruebe una ley que haga obligatorias y masivas estas ventas.

Pero es poco probable que el Congreso apruebe una ley sobre el cambio climático en 2010.

Por eso, buscan los granjeros su salvación en una Farm Bill con subsidios para compensar los daños del cambio climático y los precios volátiles e inferiores en general al costo de producción.

CÓMO OPERA LA FARM BILL Para entender la famosa Farm Bill o Ley Agrícola de Estados Unidos (EU) es necesario entender el modelo que está detrás de las políƟcas de este país. Desde los años 70s el sistema de agricultura de EU se ha estado diseñando para dotar a los gigantes del comercio de granos y cereales como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill de las herramientas necesarias para capturar mercados alimentarios nacionales e internacionales.

Estas empresas ingresan en los mercados del Tercer Mundo por medio de mecanismos estrechamente vinculados entre sí.

En primer lugar, trabajan mano a mano con el gobierno de EU y con insƟtuciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para forzar a los países del Tercer Mundo a abrir sus puertas a las exportaciones agrícolas de EU y a recortar drásƟcamente sus aranceles y otras medidas de protección de sus mercados y sus productores nacionales. Una vez abiertos los mercados, el segundo paso es derribar la competencia de los productores locales por medio de una políƟca de precios bajos, que de hecho es el verdadero moƟvo detrás de las leyes agrícolas que se hacen cada cinco o seis años. Para dominar los mercados de terceros países, estas empresas necesitan ofre-

Poco ha servido la retórica agropecuaria de que la salvación campesina se encuentra en las exportaciones subsidiadas. La fórmula pronunciada por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, para concluir las negociaciones agrícolas

cer un alto volumen de mercancías baratas, lo cual no representa para ellas ningún problema ya que les es fácil ofrecer granos a un precio tan bajo que nadie puede compeƟr con ellas. Cada seis años surge una nueva Ley Agrícola diseñada para reducir los precios a niveles de, o, en ocasiones, por debajo de los costos de producción. El propósito de los subsidios que paga el gobierno de EU a los grandes agricultores es otorgarles pagos compensatorios que les permitan vivir y crecer en condiciones de contracción de precios que de otra manera les imposibilitarían seguir produciendo.

Que muera el pequeño agricultor. La Farm Bill beneficia enormemente a los grandes productores de culƟvos predilectos como el maíz, soya y algodón, pero perjudica al pequeño agricultor familiar. No es exagerado afirmar que la Ley Agrícola deja perder a la granja familiar, pues pasa por alto todos los temas por los que tanto habían luchado los pequeños agricultores y las organizaciones campesinas –como por ejemplo la prohibición de que las empacadoras de carne posean ganado en pie, o que un agricultor familiar pueda beneficiarse del Programa de IncenƟvos para la Calidad Ambiental, o la posibilidad de incrementar el ingreso agrícola por medio de emprésƟtos o de subsidios. La Ley Agrícola reformula las desigualdades preexistentes. Un diez por ciento

de la Ronda de Doha de la OMC es de una matemática utópica: Estados Unidos –propone el funcionario– reducirá sus subsidios a la par con el valor comercial de la reducción de aranceles de los miembros de la OMC. EU exige un acceso inmediato e universal a los mercados, mientras que los pagos de subsidios de emergencias, cada vez más frecuentes, contrarrestan el recorte prometido de los subsidios. Por eso, el intercambio exigido por Vilsack es más bien un cálculo político para posponer una conclusión de negociaciones en la OMC hasta que haya un consenso sobre la próximo Farm Bill. Luego será deber de los negociadores de EU que se conforme el próximo Acuerdo sobre Agricultura de la OMC con los términos y cifras presupuestarias de la Farm Bill.

Con la Ronda de Doha estancada, la diplomacia comercial de la administración de Obama se ha enfocado en la vigilancia de los acuerdos vigentes y en las disputas comerciales, mayormente sobre barreras no arancelarias. Entre ellas destacan las de tipo sanitario que enfrentan a EU con México, pero también con Brasil, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Vietnam. La mayoría de estas disputas tiene que ver en parte con asuntos auténticos de salud humana, animal y vegetal. Sin embargo, también hay un trasfondo común de una concurrencia desleal de las industrias agropecuarias trasnacionales, sobre todo de cárnicos, que afecta a los productores nacionales.

Por ejemplo, Tim Wise y Becky Rakocy de la Universidad de Tufts (Boston, EU) mostraron cómo Smithfield se ha beneficiado de un subsidio implícito y fuera de regla de la OMC y del TLCAN, que aplica sobre la alimentación animal estadounidense por debajo del costo de producción (http://www.ase.tufts.edu/gdae/ Pubs/rp/PB10-01HoggingGainsJan10.html).

Entre 1997 y 2005, los autores estimaron este subsidio en un valor de dos mil 500 millones de dólares. Smithfield en México se ha beneficiado también de este subsidio, además de la importación libre de maíz. Esto favorece a las operaciones de grandes granjas porcícolas, donde los animales están confinados en condiciones que propician enfermedades y contagios que dañan la salud animal y pública. Ni los estadounidenses ni los mexicanos han encontrado la salvación en este sistema ampliamente subsidiado del comercio agropecuario.

Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP)

de las personas que reciben subsidios agrícolas prácƟcamente captan dos terceras partes de los fondos, mientras que 80 por ciento recibe tan sólo la sexta parte.

Los estadounidenses no pueden consumir toda la producción agrícola de su país, por ello deben vender más al extranjero.

Alrededor de 25 por ciento del ingreso de los agricultores de EU es generado por las exportaciones, lo que significa que los mercados extranjeros son esenciales para la sobrevivencia de los productores. Para ponerlo en términos más simples: “lo que queremos es vender nuestra carne, maíz y frijol a la gente alrededor del mundo que necesita comer”, según dijo George W. Bush en mayo de 2002, cuando era presidente de EU. La Ley Agrícola está basada en el mito de que las exportaciones son la única posibilidad de salvar al pequeño agricultor de EU. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Los bajos precios de las mercancías han causado el incremento de ganancias de las empresas procesadoras, exportadoras y productoras de semillas y químicos y han destruido el modus vivendi de los agricultores familiares. *Este texto fue armado con extractos tomados del texto “Perdiendo nuestra tierra: la Ley Agrícola de 2002”, de Anuradha Mittal y Peter Rosset, que se publicó en el libro Cosechas de ira, de Armando Bartra, editado por Itaca, 2003.

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Guatemala

EL CAMPO REZAGADO Ricardo Zepeda

G

uatemala hist ó r i c a m e nt e ha ocupado los últimos lugares de desarrollo social en América. Los datos generales de pobreza (56 por ciento) y desnutrición infantil (51 por ciento) son de los más altos del continente y su tendencia es de aumento Sin embargo, estos datos esconden una realidad aún mucho más grave: que la pobreza se concentra en el campo, y que afecta especialmente a la población indígena, lo que denota un país racista y excluyente que incluso ha institucionalizado estos rasgos en sus políticas públicas.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Guatemala es un país sumamente rico en recursos naturales, ubicado en un área geográfica estratégica y con la riqueza cultural de más de una veintena de grupos étnicos.

Además cuenta con variados climas, suelos fértiles y abundantes recursos hídricos, lo que ha posibilitado el desarrollo de prácticas agrícolas sumamente desarrolladas y avanza-

das. Esto no sería realidad si no existiera además una relación estrecha de la población con la tierra, que va más allá de lo cultural: abarca la espiritualidad. Para la población campesina guatemalteca, la tierra es mucho más que un medio de producción: es el espacio donde desarrollamos nuestra vida, donde socializamos y producimos nuestros alimentos, el sustento de nuestra vida y nuestro país.

A pesar del fuerte vínculo con la tierra, la población campesina históricamente ha sido despojada de ella, mediante diversos mecanismos: el arrebato violento; la ocupación ilegal; el engaño a las comunidades para generar confusiones jurídicas, o la compra simple, propiciada por situaciones de empobrecimiento que van rompiendo las capacidades de la población para resistir ante estas amenazas.

En general, la pérdida de la tierra por parte de la población campesina es tan grave que nos ha llevado a ocupar otro último lugar continental en la equidad en la posesión de este recurso. La concentración de la tierra en pocas manos, marcado con un índice de Gini de 0.84 –que implica que dos de cada

cien productores posee el 57 por ciento de la tierra, mientras que el 45 de cada cien posee solamente tres por ciento.

La respuesta estatal a esta problemática ha sido seguir la recomendación del Banco Mundial: promover el acceso de la población campesina a la tierra mediante la compra de la misma al grupo de familias latifundistas. Este ensayo, denominado Reforma Agraria asistida por el mercado, fue un fracaso total en tanto que no se planteó de una forma coherente a las necesidades campesinas y no es integral en sus planteamientos, además de que motivó la corrupción mediante la compra de las peores tierras disponibles a precios exorbitantes. Ante el evidente fracaso de esta opción, posteriormente se planteó la renta de tierras para que los campesinos tuvieran donde trabajar, sin lograr la propiedad de la tierra. Este ha sido el ensayo que más se ha consolidado, aunque, de nuevo, implica el enriquecimiento de las familias latifundistas, con fuertes costos para el Estado y el mantenimiento de las condiciones de pobreza para el campesino.

Hoy día surgen nuevas amenazas para las familias campesinas. La fertilidad de los suelos y la abundancia de agua, especialmente, han implicado que grandes corporaciones agroindustriales fijen su mirada en el campo

Guatemala

MAÍZ, TIERRA Y DIGNIDAD, RETOS DE INDÍGENAS

Y de acuerdo con Carlos Batzin, miembro del Consejo Indígena de Centroamérica, los principales retos de los indígenas hoy son “la dignificación de nuestros pueblos, con un combate serio a las estructuras de discriminación y racismo; la identidad nacional, pues lo que hoy existe es una identidad ladina, con patrones occidentales que invisibilizan a las culturas originarias, y lograr una reforma agraria profunda”, ya que luego de la privatización ocurrida en los siglos XIX y XX de las tierras y otros bienes comunales, “hoy 90 por ciento de la tierra productiva de Guatemala está en manos de dos por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)”.

Y otro reto más es enfrentar la vulnerabilidad en la seguridad alimentaria, pues el maíz, el principal cultivo del país, está amenazado por el posible ingreso de semillas transgénicas, y por importaciones masivas del grano, que desestabilizan los precios al productor. Además de que el gobierno guatemalteco está generando una división en la población rural al ofrecer fertilizantes a bajo costo sólo para quienes se afilien al partido oficial.

“Nos preocupan todas las manipulaciones que hay alrededor de nuestro grano básico, que tiene mucho significado para nosotros”.

Un asunto que está encendiendo los focos rojos son los programas que el Estado guatemalteco tiene, “de repartición de tierras a pueblos indígenas”. Estos esquemas están plagados de vicios y corrupción, pues implican el pago de fincas de terratenientes y el otorgamiento de créditos a los indígenas para que cubran después el pago. “Pero la tierra se está vendiendo diez o 15 veces más cara de su valor real”.

Mientras tanto y considerando que –según cálculos personales de Batzin– alrededor de 40 por ciento de los indígenas carece de tierra y quienes sí tienen son microparcelas que no llegan ni a una hectárea, hay una lucha constante por la tierra pero que el Estado reprime muy violentamente, con el resultado de desalojos e incluso gente muerta en enfrentamientos.

Los grupos indígenas han tratado de establecer espacios de diálogo con entidades designadas por el gobierno, pero “no llegamos a acuerdos reales porque los terratenientes no han querido sentarse a la mesa, y el Estado en Guatemala es muy débil”.

FOTOS: Susie Gun

S

egún cifras oficiales, en Guatemala 45 por ciento de la población es indígena –fundamentalmente maya, pero también xinca y garífuna–, pero hay otras fuentes que llevan esta cifra a 60 o incluso hasta 80.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Los latifundistas no tienen límites. “Hay algunos que dicen que recorren sus propiedades en helicóptero y no terminan de cruzarlas; son unas cuantas familias que cuentan con miles y miles de hectáreas de las mejores tierras, planas”.

De acuerdo con Batzin, la situación de los indígenas en el área rural guatemalteca es de extrema pobreza, “pero eso no es lo más significativo para nuestras comunidades, pues

hemos vivido en esas condiciones durante los últimos 500 años. Lo más significativo y por lo que se lucha es por una dignificación de nuestros pueblos. O sea, hablamos de un combate serio a las estructuras de discriminación y racismo. Con sus políticas de desarrollo, los gobiernos de Guatemala, y de Centroamérica toda, ofrecen que si hoy tenemos un pan mañana vamos a tener dos. El problema para nosotros no es más riqueza, sino cómo se distribuye esa riqueza y por eso nuestras críticas a las estrategias de combate a la pobreza son muy serias. La pobreza continuará si no se botan esas viejas estructuras donde se sostiene la discriminación y si no se respetan las diferencias culturales”.

Es cierto, dice, que después de años prolongados de guerrilla en el país, hay cambios, “algo que nosotros llamamos seudo-desarrollo, porque nos están permitiendo la lengua, fortalecer nuestros trajes, ciertas formas de tecnología... Pero no quieren acceder a que nosotros hablemos de derechos como la autonomía; la libre determinación; el consentimiento previo, libre e informado, o el derecho a la diferencia, que son derechos básicos que los pueblos indígenas necesitamos para proyectar un desarrollo de acuerdo con nuestras capacidades y realidades actuales (...) Nuestras propuestas son de pluriculturalidad, donde haya la participación de todos los pueblos en la definición de un proyecto político de nación que se construya sobre procesos incluyentes, no discriminatorios, no de explotación y para nosotros este tipo de proyecto político pluricultural sería iniciar discutiendo una nacio-

guatemalteco. Éstas, de capital nacional o trasnacional, compran y alquilan las tierras para desarrollar monocultivos orientados a la exportación, básicamente palma africana y caña de azúcar, o cultivos como melón o banano. Además ofrecen comprar el producto a futuro, sin arriesgarse. Estas empresas se insertan agresivamente en el campo guatemalteco, expulsando a las familias campesinas, ocupando su territorio, consumiendo sus recursos y contaminando sus aguas y suelos.

La existencia misma de la población campesina se ve amenazada por los grupos de poder que detentan el poder del Estado, promoviendo un campo sin campesinos, una producción alimentaria orientada a la exportación, el cambio en la utilización de semillas y la introducción de fertilizantes químicos que degradan los suelos y promueven la dependencia alimentaria de toda la población nacional.

La respuesta de las organizaciones sociales a estas situaciones es la apertura de un Sistema de Desarrollo Rural Integral, en el cual se centralicen las acciones de acceso a la tierra, de créditos al pequeño productor, de asistencia técnica, de diversificación de los cultivos, de almacenamiento de granos básicos y de apoyo a la comercialización.

Investigador IDEAR-CONGCOOP

nalidad, una identidad nacional para el Estado guatemalteco, que en estos momentos no existe, porque es una identidad ladina, desde patrones occidentales que invisibilizan a las culturas indígenas”.

El entrevistado comenta que lo que se considera “la era de la democracia, de la paz, de los derechos humanos” en la región de Centroamérica es otra cosa, pues con el establecimiento de los tratados de libre comercio y la injerencia de la Organización Mundial de Comercio, se está decidiendo desde fuera la propiedad intelectual de los recursos indígenas, y además a los campesinos, a los indígenas, se les criminaliza y se les tacha sin fundamento de narcotraficantes y terroristas, lo cual es muy peligroso, pues sin una definición clara de lo que es ser terrorista, cuando a alguien se le acusa de eso se le ignoran todos sus derechos humanos, “y han pasado casos con hermanos indígenas, que son secuestrados, torturados, tan sólo por sospechas en ese tipo de situaciones”. Además, dada la creciente infiltración del narcotráfico en los territorios indígenas, hay temor en los pueblos, “las autoridades comunitarias mismas están atemorizadas”, Para rematar, dice Batzin, los indígenas resienten tres crisis: la energética, por el agua y la del cambio climático. Y en lugar de que haya políticas públicas que permitan utilizar el conocimiento indígena para enfrentar esto, “nos imponen modelos extranjeros de adaptación y mitigación”. El conocimiento indígena dice que debemos asegurar primero el desarrollo de la naturaleza –conservando el territorio con los usos culturales que le damos, con espacios sagrados, de engendramiento, de observación, de comunicación con los ancestros, etcétera– y luego el nuestro, si no, vamos a perecer frente a la furia de la Madre Tierra” (LER).

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UNA TRAGEDIA SOCIAL

E

l golpe de Estado del 28 de junio del año pasado y sus repercusiones confirmaron que Honduras es una nación con profundas divisiones internas, producto de las desigualdades que se han acumulado durante muchos años. Específicamente las condiciones de vida y productivas que se viven en las zonas rurales de este pequeño país centroamericano son alarmantes; la riqueza económica se acumula en pocas manos, mientras 15 personas mueren diariamente por una alimentación insuficiente.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Ocho de cada diez familias campesinas en Honduras no tienen tierras o poseen predios menores de cinco hectáreas, básicamente en zonas de ladera, aisladas de los mercados y de las vías de comunicación. En contraste, uno de cada cien productores posee la tercera parte de las tierras cultivables, por lo general en los valles.

En el agro lo que se vive es una tragedia social y productiva. Mientras los campesinos reclaman tierras para trabajar, el país pierde anualmente unas 108 mil hectáreas por diversas razones, entre ellas la deforestación. En unos diez años más, de continuar este modelo que privilegia a los grandes ganaderos y explotadores de la madera, Honduras perderá más de dos millones de hectáreas de bosques.

Por otra parte, con las actuales políticas públicas, además de los bosques, se avanza hacia la desaparición del agua y de los suelos.

Según diversos estudios, la zona sur del país en pocos años se considerará semidesértica.

El rezago en las zonas rurales hondureñas es tal que, por ejemplo, los niños más pobres tienen cuatro años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen diez años y más. El 42.1 por ciento de los niños campesinos son desnutridos, frente a 24.6 por ciento en las zonas urbanas.

FOTO: Cortesía Vamos al Grano - Honduras

Ariel Torres Funes

Actualmente, el salario agrícola promedio alcanza los 148 dólares, lo que les ajusta únicamente para cubrir un 49.7 por ciento del total de la canasta básica de alimentos.

Al margen de las cifras, la desigualdad se agrava en los grupos sociales más vulnerables: desde los indígenas hasta las madres solteras.

En grupos sociales como los indígenas de la Montaña de la Flor o los tawahkas no existe un solo nativo que se haya graduado de alguna universidad y pocos son los egresados de educación media. Nacer campesino e indígena es tener una vida más cuesta arriba que la del resto de la población –y más si se es mujer.

Es evidente el abandono creciente del campo por parte del Estado. Basta señalar que del Presupuesto General de la República se le asigna menos de dos por ciento a la agricultura, mientras que en 1990 la inversión era del 11.1 por ciento. Resulta paradójico porque, en comparación con el resto de los sectores económicos, el agro es el que más empleos genera: casi 40 por ciento de los puestos de trabajo del país.

A pesar de todos estos hechos, la necesidad de promover reformas profundas en el agro es un debate que rechazan los grupos de poder en Honduras, pues no les interesa que se cuestione la desigualdad en el acceso a los

Ocho de cada diez familias campesinas en Honduras no tienen tierras o poseen predios menores de cinco hectáreas, básicamente en zonas de ladera, aisladas de los mercados y de las vías de comunicación recursos productivos. Los terratenientes y gobernantes dicen estar de acuerdo con fomentar la agricultura, pero le temen a una transformación agraria, a políticas que promuevan la justicia en el campo. “Y es que no es lo mismo: el concepto de agricultura se limita a la producción y productividad de alimentos, mientras que transformación agraria implica cambios políticos, económicos y sociales”, comenta Rigoberto Sandoval Corea, uno de los ideólogos de los procesos de la reforma agraria iniciada en los años 60s y que tuvo su auge y declive en los 70s.

“Los gobiernos no hablan sobre la necesidad de impulsar reformas políticas a fondo, buscar la seguridad alimentaria por medio de la justicia económica, que se reconozca el papel fundamental de la economía social, potenciar cambios en las políticas públicas a favor de los pequeños y pequeñas agricultoras; defender el medio ambiente y los recursos naturales o impulsar una gestión de riesgos que parta desde las aldeas hasta la administración central”, comenta Edgardo Chévez, coordinador general del Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), organización miembro de la Campaña por la Agricultura “Vamos al Grano”, iniciativa que se desarrolla además en México y Guatemala.

Pero no existe voluntad política ni interés para resolver el problema de la pobreza rural; los retos por mejorar las condiciones de los y las campesinas no se ven reflejados en los planes de país definidos por los gobiernos, cuyo enfoque neoliberal sólo contribuye a profundizar las desigualdades sociales y económicas.

Para el caso, el término de “reforma agraria” ni se menciona en el Plan de Nación presentado por el presidente Porfirio Lobo Sosa.

Ante esta inoperancia, el panorama empeora si le agregamos los nuevos elementos que caracterizan el agro hondureño, entre ellos la presencia intimidante de bandas delincuenciales, como el narcotráfico que se vuelve un terrateniente más ante la incapacidad institucional para detenerlo. O el impacto negativo y devastador del cambio climático, que afecta con mayor fuerza a los pequeños y pequeñas agricultoras. Naturalmente, son los pobres, sin acceso a los espacios de participación y decisión, quienes se ven cada vez más afectados ante estas realidades agrarias.

Oficial de Medios y Comunicación de la Campaña por la Agricultura “Vamos al Grano” en Honduras

Nicaragua

SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA TIERRA DE LOS INDIOS

Y por otro están los indígenas del Pacífico y del centro quienes desde la Colonia han venido siendo despojados de sus tierras (sufrieron confiscaciones durante el gobierno de Anastasio Somoza y la Reforma Agraria también les afectó parte de sus territorios). Estos pueblos, de las etnias matagalpa, chontal y nahoa vislumbran caminos legales para recuperar tierras, pues el Estado de Nicaragua firmó recientemente, en mayo de este año, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual reconoce los derechos territoriales y a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales.

María Hazel Law Blanco, indígena miskita, precisa que desde 2006 el gobierno de Nicaragua ha venido extendiendo títulos de las

tierras de la Costa Atlántica a los pueblos indígenas y afrodescendientes miskito, rama, creole y garífuna y “podemos decir que están adquiriendo seguridad jurídica”. Esto, obviamente no resulta fácil, pues por ejemplo en la Región Autónoma Sur, compartido por ramas y creoles, hay dificultades en la definición de las fronteras.

Desde 2006 el gobierno de Nicaragua ha venido extendiendo títulos de las tierras de la Costa Atlántica a los pueblos indígenas y afrodescendientes miskito, rama, creole y garífuna Además se ha abierto un nuevo capítulo, en que los pueblos indígenas deben negociar con los colonos que se han asentado en sus tierras a lo largo de años. Hay algunos, sobre todo los que viven allí desde hace tres o cuatro décadas, que no implican problema, pues se ha establecido con ellos una convivencia armónica, no obstante que son mestizos.

Pero hay otros, que llegaron y con artimañas se asentaron allí en los años 90s. “De acuerdo con la Ley de Intendencia y Propiedad, habrá que ver con cuántos de ellos se llega a

FOTO: Lon & Queta

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l momento actual de los indígenas de Nicaragua está dividido en dos. Por un lado están los pueblos de la Costa Atlántica, que históricamente han permanecido en sus territorios y están en medio de un proceso gubernamental de titulación de sus tierras, lo cual les da seguridad jurídica –aunque también genera un capítulo de negociación con colonos no originarios.

SEMBRAR EN ABYA YALA

acuerdos, que pueden ser de arrendamiento, alquiler, o que salgan del territorio si no hay posibilidad de convivencia”.

En Kukalaya, en la región autónoma del Atlántico Norte, hay gente que llegó allí para explotar la madera, y lo hizo con artimañas. La comunidad ha dicho que no quiere a esos colonos.

Señala que más allá de lo que está ocurriendo con la tenencia de la tierra, un desafío importante que tienen es recuperar la capacidad productiva, debido a que la mayoría de las comunidades de la Costa Atlántica fueron devastadas totalmente por los huracanes Beta, de 2005 y Félix de 2007. Y los efectos siguen presentes.

La entrevistada comenta que en total, las etnias del Atlántico y Pacífico-centro representan alrededor de 15 por ciento de la población nacional.

En este marco, los indígenas nicaragüenses están buscando encarar el tema del “buen vivir”, que es el desarrollo con identidad y con respeto a la Madre Tierra (LER).

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Panamá

BRINDAN RESPETO A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

De acuerdo con José Isaac Acosta, director nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, estas demarcaciones iniciaron con un primer reconocimiento gubernamental en 1953, otros más en 1980 y los más recientes a fines de 1990 y significan la definición de casi todo el territorio indígena y el respeto de las leyes específicas de cada etnia. Además el gobierno, mediante decreto ejecutivo, reconoce a las organizaciones administrativas tradicionales internas.

La situación que viven hoy los indígenas en Panamá –quienes en su gran mayoría son del pueblo kuna, pero también de las etnias emberá, buglé, bokota, wounaan, ngöbe, naso-ñteribe y bri-bri– es algo que hubiera sido impensable hace 15 años, señala el funcionario entrevistado, quien se identifica como buglé.

“Además de la demarcación, en los cinco años recientes se han venido aplicando presupuestos de inversión para que los indígenas mejoren sus niveles de vida, que tengan

acceso a servicios básicos, como educación, salud, comunicación, etcétera”, pues como en todo el continente, en Panamá los indígenas arrastran una pobreza ancestral.

“No es justo que los hijos de los indígenas sean sólo trabajadores no calificados. Amerita que sean también profesionales de primera línea. Y que participen y se eduquen en las mejores universidades locales e internacionales. Esa es la visión que tiene el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Los pueblos originarios representan diez por ciento de la población total de Panamá, y hoy día tienen 23 por ciento del territorio nacional reconocido oficialmente como posesión de sus comarcas Según el entrevistado, Panamá está entrando en procesos democráticos que benefician a los indígenas. “En estos momentos, por ejemplo, se desarrolla un proyecto hidroeléctrico en una zona que está fuera de área comarcable (a lo largo del Río Changuinola, en la provincia Bocas del Toro), y sin embargo, dado que allí existen comunidades indígenas, el gobierno ha solicitado a la empresa inversionista (la trasnacional AES) sentarse en una mesa de trabajo y ha solicitado a las comunidades que escojan a sus representantes auténticos. Y el Estado participa en la mesa. Los tres actores han acordado que los

FOTO: Rita Willaert

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on más de 285 mil indígenas registrados en el censo de 2000, y con ocho etnias, los pueblos originarios representan diez por ciento de la población total de Panamá, y hoy día tienen 23 por ciento del territorio nacional reconocido oficialmente como posesión de sus comarcas, lo cual representa un elemento de vanguardia en las movilizaciones indígenas del continente Americano.

SEMBRAR EN ABYA YALA

beneficios del proyecto lleguen a la comunidad indígena, al grado que se ha establecido un mecanismo de fideicomiso para las familias, cosa que 15 o 20 años atrás no hubiera sido posible.

Según el entrevistado, los indígenas además están en puestos de representación y gobierno.

“Tenemos cinco diputados (indígenas) hoy día; gobernadores y gobernadoras indígenas, alcaldes indígenas, las direcciones nacionales de salud pública, de protección al medio ambiente y de política indígena están en manos indígenas. No ha sido un logro fácil. Sino que los indígenas han asumido compromisos”.

“Esto manda un mensaje al mundo y también al pueblo panameño indígena de que los derechos adquiridos y los derechos históricos que ellos demandan serán respetados y serán participes al momento que le gobierno inicie cualquier proyecto de envergadura.”

Los pueblos indígenas de Panamá tienen sus formas de autoridad propias; tomadas originalmente del modelo de los kuna, estas formas implican congresos generales, caciques y autoridad comunitaria. En las leyes comarcales se acuerda la administración de justicia y resolución de conflictos según su cultura, las formas de uso y usufructo de la tierra y la educación bilingüe y se garantiza la representación política de las comarcas en la nación. Estas formas de autoridad, señala Acosta, son respetadas (LER).

Cabe decir, sin embargo, que versiones periodísticas muestran que este proyecto ha sido sumamente controvertido y que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en junio de 2009 suspender la obra debido a una denuncia presentada un año atrás por el pueblo ngöbe, por los daños que el proyecto causa a sus bienes, honra y cultura.

Venezuela

nas estaban siendo acusados de cosas que no habían hecho, por ejemplo de robar ganado, de asesinato, etcétera, y se ha dicho incluso que el asunto era sólo una pelea doméstica entre indios”.

PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL OJO DEL HURACÁN

De acuerdo con David Hernández Palmar, del pueblo wayuú y miembro del Colectivo Creador de la Muestra de Cine Indígena de Venezuela, es un hecho que los pueblos originarios “gozamos de una prioridad” en el actual gobierno chavista: “tenemos un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Departamento permanente para Asuntos Indígenas en la Asamblea Nacional”.

Pero también es cierto que estos pueblos están en el ojo del huracán, dentro de los procesos políticos y económicos complicados de Venezuela. Es el caso por ejemplo del pueblo wayuú, presente tanto en Venezuela como en Colombia. En Venezuela están en el esta-

“Todas estas situaciones son difíciles, pero el hecho de que nos mantenemos cantando, cocinando, caminando, viviendo, es un acto de resistencia, que molesta muchos intereses dentro y fuera de Venezuela, incluidos intereses colombianos y de Estados Unidos.

do de Zulia; pertenecen a cinco pueblos, de los cuales tres son fronterizos con Colombia.

“Zulia es el lugar de donde se extrae 70 por ciento del petróleo venezolano, es el estado opositor de (del gobierno de) Venezuela, es el estado paramilitar de Venezuela, es donde hay mayor número de ganaderos del país.

Hay muchas complicaciones, y cuando se habla de pueblos indígenas, surgen muchos intereses, guerrilla, paramilitares, políticos, ganaderos, politiqueros...”.

Zulia es el lugar de donde se extrae 70 por ciento del petróleo venezolano, es el estado opositor de (del gobierno de) Venezuela, es el estado paramilitar de Venezuela, es donde hay mayor número de ganaderos del país Asimismo, el pueblo yukpa, también presente en Zulia, en la Sierra de Perijá, enfrenta una situación difícil. “Ellos han querido hacer reocupación de sus tierras, han reocupado haciendas, y mucha gente en Venezuela

FOTO: Ariel López

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uando los espaSEMBRAR EN ñoles colonizaABYA YALA ron Venezuela, reconocieron sólo cuatro pueblos indígenas; hoy día el gobierno de Hugo Chávez reconoce 40 y los propios indígenas dicen que son 42. El más reciente censo de comunidades indígenas del país, de 2001, señala que suman casi 540 mil los originarios y representan 2.3 del total de la población.

cree que Chávez los apoya en esta reocupación, lo cual es totalmente falso, porque Chávez tiene conciencia del conflicto que se formaría a nivel social (...) A los yukpa los iban a juzgar bajo las leyes del sistema occidental, no obstante que tenemos una ley orgánica de pueblos indígenas y se había pasado por alto que debían ser juzgados por sus propios usos y costumbres y en su lengua.

Ahorita ya se está visibilizando esta ley, y se les va a juzgar por medio de ésta. Los indíge-

El caso es que el avance de derechos formales de los indígenas ha permitido que la polarización de la sociedad, que siempre ha existido entre indígenas y su pensamiento humanista o de otredad y gente que defiende el modelo capitalista, neoliberal, hoy se haga más visible. “Antes esa polarización era vertical. Los indígenas estábamos abajo. Ahora nos han igualado y estamos de tú a tú, pues incluso los indígenas tenemos acceso a los medios. Esto crea un clima de tensión “que nunca pensamos experimentar”.

Un reto para los indígenas venezolanos está en el tema de soberanía alimentaria, dice David Hernández. “Hemos vivido el paternalismo petrolero. Y dependimos mucho tiempo de alimentos y otras cosas importadas –el petróleo da plata para eso– a tal grado que es hoy muy difícil detectar la identidad venezolana. Apenas estamos aprendiendo a sembrar nuestra propia comida” (LER).

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8 Colombia

SOBREVIVENCIA INDÍGENA EN RIESGO

De acuerdo con José Vicente Otero Chate, coordinador de Comunicación y Relacionamiento Externo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), “existe un plan de muerte contra los pueblos indígenas” en Colombia.

“Hay un verdadero genocidio de los indígenas: 75 por ciento de nuestros niños padecen desnutrición; 32 pueblos están en extinción porque poseen entre 22 y 200 miembros y la pérdida de estos pueblos tiene su origen en el conflicto armado, el narcotráfico, las multinacionales, la militarización y el olvido estatal –como lo ha consignado Amnistía Internacional–. A causa del enfrentamiento de la guerrilla y las fuerzas militares y paramilitares,

tan sólo entre 2002 y 2009 mil 400 indígenas murieron, 90 fueron secuestrados y 195 sufrieron desaparición forzosa, además de que hubo cuatro mil 700 amenazas colectivas”.

75 por ciento de nuestros niños padecen desnutrición; 32 pueblos están en extinción porque poseen entre 22 y 200 miembros y la pérdida de estos pueblos tiene su origen en el conflicto armado, el narcotráfico, las multinacionales, la militarización y el olvido estatal Un indicador más de la estrategia de guerra que sufren los indígenas es que miles han debido desplazarse de sus tierras –que son zonas de intenso conflicto militar y ricas en biodiversidad, minerales y petróleo– y otro más es que a los niños indígenas se les niega la educación, pues las partes en el conflicto de guerra ocupan escuelas como bases militares.

Otero Chate considera que la militarización de las zonas indígenas va en ascenso porque el gobierno de Álvaro Uribe busca someter y obligar a la gente a salir de los territorios autónomos

Colombia

EL CAMPO QUE DEJA URIBE

TRAS OCHO AÑOS DE GOBIERNO Luis Felipe Rincón

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os resultados de la reciente votación en Colombia para elegir al presidente del próximo cuatreño abren muchas interrogantes, principalmente para el ámbito rural del país y en especial para los miles de pequeños productores, campesinos, indígenas y afrocolombianos que componen el grueso del sector.

SEMBRAR EN ABYA YALA

En el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) el país alcanzó un alto grado de polarización política y social, promovido por el discurso oficial, que orientó toda la atención en la lucha contra el llamado terrorismo y por sus políticas que tuvieron un claro sesgo a favor de los conglomerados económicos, agroindustriales y terratenientes, y que concentraron en la figura presidencial el poder político y económico del país.

Digo el “llamado terrorismo” porque a pesar que el país enfrenta un conflicto interno armado desde hace más de cinco décadas, que tiene profundas raíces políticas y económicas, el gobierno central niega la figura de beligerancia a los diferentes grupos guerrilleros alzados en armas y les da el apelativo de terroristas.

El actual período presidencial que culminará el próximo 20 de julio cerrará un ciclo de ocho años, donde el país y la región atestiguaron como nunca antes una enorme ofensiva militar que tuvo como justificación la lucha frontal contra la insurgencia armada y el nar-

cotráfico –como su principal fuente de financiación–. La política de seguridad democrática, aplicada bajo un esquema de persecución política y criminalización social, limitó los derechos ciudadanos y las garantías civiles que cualquier Estado democrático debe respetar.

Este modelo exigió al país destinar cerca de 3.8 por ciento de su producto interno bruto al gasto militar, consolidándolo con un pie de fuerza de 373 mil efectivos, el más grande de la región. Alrededor de 80 por ciento de los servidores públicos son parte del sector de Defensa.

Cerca de 3.5 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes han quedado en condición de desplazamiento forzoso, y 500 mil están refugiados en Ecuador, Venezuela y Panamá En políticas económicas se desarrollaron reformas laborales que favorecieron la flexibilidad laboral, disminuyendo el ingreso real de los trabajadores vía salario, y creando condiciones de exención impositiva para garantizar la inversión extranjera en el país, lo cual se tradujo en números positivos de crecimiento económico pero negativos en generación de empleos, de modo que en la actualidad cerca de 60 por ciento de los trabajadores están en el subempleo o con empleos informales o mal remunerados. De cada cien hogares, 46 están en condición de pobreza y 18 de ellos en la indigencia.

para entregarlos al capital trasnacional. Ello, al tiempo que negocia tratados de libre comercio sin consultar a los pueblos indígenas. Además, el control territorial de los indígenas se vuelve sumamente difícil con la infiltración del narcotráfico, que ha incrementado la violencia y la desobediencia a las autoridades comunales.

“Creo que la estrategia de guerra del gobierno colombiano ha sido precisamente aniquilar todos los procesos sociales, especialmente los indígenas, pues cada vez que hablamos de autonomía, identidad, territorialidad, cultura, hablamos de principios cosmogónicos, y eso es muy molesto para el gobierno de turno (...) de allí vienen las militarizaciones, las persecuciones y más cuando hay una alianza en entre el gobierno colombiano y multinacionales que han entrado fuertemente a nuestro territorio con el interés de saquear lo que nos queda, la riqueza ambiental y minera. Como nuestros territorios han sido cuidados de forma milenaria, hay una conservación intacta y vienen para llevarse eso. Hay una alianza de compra y venta de recursos naturales”.

Los pueblos indígenas han diseñado sin embargo mecanismos de defensa, como es “la Movilización por la Dignidad, esto es la Minga de Resistencia Social y Comunitaria”; están buscando establecer una “guardia in-

La política social para el sector rural se caracterizó por una marginal atención a la grave crisis humanitaria que el país vive a causa del conflicto armado interno que ha dejado millones de familias desplazadas y desterradas.

En el ámbito agrario fueron constantes los escándalos que emergieron a la luz pública por la corrupción para favorecer a empresarios agroindustriales y en el plano económico se dio una profundización del modelo neoliberal.

El actual modelo agrario del país ha conducido a una profunda crisis donde el sector viene perdiendo cada vez más su vocación productiva como consecuencia de la masiva importación de productos agrícolas, que pasó de 4.3 millones de toneladas en 2002 a más de 9.8 millones el año pasado. El modelo se centra en generar las condiciones propicias para el libre mercado y en favorecer el sector agroindustrial, principalmente a productores de biocombustibles, caña de azúcar y de flores. La entrega a un selecto grupo de empresarios de la palma africana de un predio de 17 mil hectáreas a cambio de beneficiar a 80 familias desplazadas por la violencia en un episodio que se dio a conocer como Carimagua; o la entrega de subsidios a políticos, reinas de belleza y empresarios regionales por medio del Programa Agroingreso Seguro –que tenía por objetivo proteger a los productores del campo ante las distorsiones derivadas de los mercados– reflejan el trato que se dio a la política agrícola y a los sectores campesinos y de pequeña economía históricamente excluidos.

En el plano social la situación del sector no es más alentadora. Enmarcadas en un conflicto interno armado que ostenta la guerrilla más antigua del mundo, las sociedades rurales han debido sufrir consecuencias del embate de las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares en su supuesta guerra contra el

FOTO: Bianca Liliana Suárez Puerta

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os 102 pueblos indígenas de Colombia –integrados por casi un millón 400 mil personas– están bajo una serie de fuegos reales y metafóricos, que ponen en riesgo su sobrevivencia. El sufrir pobreza y discriminación históricas y el estar en medio del enfrentamiento de más de cuatro décadas entre grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad y paramilitares, pone a estos pueblos en situaciones límite, que son agravadas además por las multinacionales “que se están apropiando de los recursos hídricos, ambientales y minerales”.

SEMBRAR EN ABYA YALA

dígena”, que sería un sistema de seguridad propia sin uso de armas; exploran la posibilidad de crear un ”parlamento indígena y popular de los pueblos”, pues “más de 50 por ciento de los miembros del Congreso en el país están manchados con sangre del paramilitarismo y no nos representan”, y están armando una “propuesta de paz integral, que busca una paz no restringida, la liberación de la Madre Tierra, la inclusión social, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a un modelo económico alternativo y la solución negociada al conflicto armado”, señaló Otero. (LER)

terrorismo y el narcotráfico en la década reciente. A pesar de los ingentes recursos invertidos en estas acciones, el objetivo de lograr la paz sostenida está lejos de conseguirse. Y cerca de 3.5 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes han quedado en condición de desplazamiento forzoso, y 500 mil están refugiados en Ecuador, Venezuela y Panamá. En suma han debido abandonar algo más de cuatro millones de hectáreas, que actualmente se encuentran en posesión de sus victimarios o tienen como destino la explotación agroindustrial.

En el futuro cercano no se avizoran señales de cambio para el país. Con una clara ventaja sobre su más cercano contendiente, el candidato oficialista en las elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos se postula como el más seguro ganador en la segunda vuelta, y desde ya advirtió que continuará de las políticas económicas, militares y sociales de Uribe.

La tenencia improductiva de la tierra, la agudización del modelo económico neoliberal, la intensificación del conflicto armado interno, la polarización política y la criminalización de todas las expresiones de protesta y resistencia social son algunos de los rasgos de la actualidad rural del país. Las comunidades campesinas, indígenas y afro han decido hacer frente a esta situación de agobio con una gran Minga de Resistencia Social y Comunitaria que exige: el cumplimiento de acuerdos firmados pero ignorados por diferentes gobiernos durante años; el cambio del modelo económico y de la actual legislación del despojo; que se garantice el derecho a la vida; el acceso a tierras y el respeto a los territorios y la soberanía. También reclama la construcción de una agenda común y nacional de los pueblos. De este modo la Minga ha puesto a caminar la palabra para que la esperanza persista.

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Ecuador

PERSISTENCIA CAMPESINA Y AGRICULTURA CAPITALISTA

la expansión de las empresas capitalistas vinculadas a la agro-exportación y la agroindustria, mediante la liberalización del comercio, la apertura de importaciones de materia prima e insumos, la eliminación de subsidios a la producción de alimentos para el mercado interno y la liberalización de precios de los productos agropecuarios. En la lógica neoliberal los campesinos no fueron considerados en su rol como productores, por lo tanto eran sujetos prescindibles de las políticas agrarias y quedaron relegados a ser receptores de programas sociales asistenciales, orientados a paliar los efectos del modelo económico.

Los campesinos no han sido ajenos sin embargo a las agudas transformaciones que ha experimentado el campo ecuatoriano en el proceso de modernización y desarro-

Las políticas agrarias desplegadas por el Estado ecuatoriano durante las dos décadas pasadas tuvieron un claro corte neoliberal y anticampesino. Enterraron el proceso de Reforma Agraria y favorecieron declaradamente

La expansión de la agricultura y la agroindustria capitalistas no se produjo ni se desarrolló al margen de la existencia y la presencia campesina. Continua y cotidianamente el capital, en su incesante afán de contar con mejores

Ecuador

CONCULCAN LA CONSTITUCIÓN EN LEYES SECUNDARIAS

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os indígenas de Ecuador –30 por ciento de la población, según cifras oficiales, pero casi 40, de acuerdo con cálculos independientes– “se están yendo a las calles, a movilizarse”, para enfrentar embates del gobierno, que ponen en riesgo los recursos naturales, en particular el agua, y que buscan desarticular la unidad de las organizaciones indígenas.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Luis Gilberto Guamangate, miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), afirma que el presidente Rafael Correa Delgado, “ha perdido su horizonte, su norte, y eso es una traición para con los indígenas”, pues su gabinete, infiltrado en 80 por ciento por la derecha y extrema derecha, está tomando acciones (por medio de legislaciones) para dar marcha atrás a la Constitución, la cual en 2008 incorporó “los derechos de la naturaleza” gracias a la influencia definitiva de las agrupaciones indígenas en el proceso constituyente.

“La actual Asamblea está impulsando leyes que van en contra de la Constitución y esto representa un peligro. Sin embargo, la Constitución es un libro macro, y apelamos a ella, estamos dando una lucha dura, y eso genera

polarización en el país (...) El gobierno está utilizando instancias públicas para dividir al movimiento indígena (pero) acabamos de firmar un acuerdo monolítico las tres organizaciones (del país): la Conaie, la Federación de Evangélicos del Ecuador y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Hemos vivido 500 años de dificultades, tendremos que seguir luchando y nuestra única arma es la organización, la minga, la unidad. Vamos a seguir presentando proyectos alternativos de desarrollo que a la larga queremos que sean sustentables (...), señaló Guamangate, quien fue asambleísta constituyente en 2008.

Destacó entre los embates legislativos, el relativo al agua. “Por medio de la Ley de Agua se ha determinado que el Estado maneje todo con una autoridad única; con ello se acaba con las juntas de agua en el país de un solo porrazo, a pesar de que fueron fundadas y organizadas por el movimiento indígena y sin aporte del Estado (...) Esto es un problema porque, no digamos el actual gobierno, sino los posteriores, podrán hacer lo que quieran, y las concesiones de agua de las haciendas hoy por hoy no se han revisado: sigue 80 por ciento de ellas en manos de los floricultores y otros grupos de poder y las comunidades no hemos sido beneficiados.

En otros casos las empresas agroindustriales incorporan a los campesinos como productores a domicilio para la provisión de materias primas para estas empresas. Se trata aquí de productores “integrados” bajo diversas formas de contrato, convertidos así en jornaleros en sus propias parcelas, por ejemplo en la producción de maíz duro para la industria avícola y cárnica o de tabaco para las empresas tabacaleras. También tenemos los casos de subordinación al capital comercial y de control de los procesos productivos campesinos cuando ellos entran en el círculo de la dependencia tecnológica que les convierte en compradores de insumos agroquímicos caros y vendedores de sus productos baratos por debajo de sus costos de producción.

Sin embargo, la persistencia campesina y su férrea voluntad de mantenerse en el campo también construyen cotidianamente elementos de resistencia económica, social y cultural a las condiciones de dominación y explotación capitalista. Mientras estas condiciones prevalezcan, el campo ecuatoriano continuará siendo el escenario de las luchas y levantamientos de las organizaciones campesinas e indígenas, ahora con nuevos desafíos que se agregan, como la posible expansión de la minería en territorios campesinos o los cambios climáticos adversos que agudizarán la escasez de los recursos.

“Por ejemplo, en la población de Pomasqui, en Quito, hay una hacienda de la policía nacional que tiene 80 por ciento de la concesión del agua y los 120 mil habitantes tienen sólo el 20 por ciento, y esto sucede en todas las provincias del país, en Cotopaxi, en Imbabura... Queremos que en la ley se integre un transitorio para que se revisen las concesiones, pero también para que el agua no sea administrada por el gobierno sino por un consejo plurinacional, donde estén presentes todas las organizaciones, no sólo las indígenas.”

Otro embate del gobierno se observa en el interés por dividir al movimiento indígena: van a los pueblos y llegan con proyectos directos a la gente y a las familias sin respetar los procesos organizativos de las comunidades, de las juntas parroquiales. Eso es un peligro para la unidad indígena, sobre todo porque es población muy vulnerable, muchos carecen de recursos productivos –no hay una sola política pública que dote de tierra a los pobres–; muchas comunidades se asientan en los páramos o en los nacimientos de agua.

Pero no todo es negativo, destacó el entrevistado. En el rubro de la soberanía alimentaria, los indígenas están registrando logros.

Impulsan el regreso al consumo de productos naturales autóctonos, “como los tuvieron nuestro aborígenes”.

“Esta lucha ha logrado traspasar en algo las barreras de las instancias públicas. Tanto así que el Programa Aliméntate Ecuador comienza por lo menos a comprar alimentos

FOTO: Christian Pérez

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a presencia campesina, siempre constante y persistente, unas veces silenciosa, otras elocuente en la movilización y lucha por sus demandas frente al Estado y la sociedad, ha sido una característica del campo ecuatoriano durante las dos décadas recientes. Esparcidas en los múltiples y diversos agro-ecosistemas del Ecuador, las pequeñas parcelas campesinas configuran el paisaje rural, ya sea en las comunidades indígenas de altura de los Andes, en los valles serranos, en las estribaciones de la cordillera, en las zonas de bosque seco subtropical, o en las tierras bajas tropicales húmedas de la costa.

SEMBRAR EN ABYA YALA

FOTO: Presidencia de la República del Ecuador

Con un limitado acceso a los recursos productivos, precios bajos de sus productos y condiciones de pobreza, las agriculturas campesinas contrastan fuertemente con la expansión de la agricultura capitalista en gran escala

llo capitalista de la agricultura. Así, con un limitado acceso a los recursos productivos, precios bajos de sus productos y condiciones de pobreza, las agriculturas campesinas contrastan fuertemente con la expansión de la agricultura capitalista en gran escala, sustentada por empresas agropecuarias orientadas primordialmente hacia la agro-exportación y la agroindustria. Este contraste se expresa al observar los niveles de concentración en la tenencia de la tierra y la multiplicación del minifundio. Así, a pesar de las reformas agrarias realizadas en las décadas de 1960 y 1970, el más reciente censo agropecuario, de 2000, constató que mientras 43 por ciento de productores rurales con propiedades menores a dos hectáreas apenas controlaba el dos por ciento de la tierra cultivable, las propiedades mayores a cien hectáreas representaban 43 por ciento de las tierras cultivables y correspondían solamente al dos por ciento de productores. El índice de Gini, que mide los niveles de concentración y desigualdad, corresponde en este caso a 0.81; es uno de los más altos de América Latina. La brecha entre los campesinos y la agricultura capitalista se agudiza más al considerar la calidad de la tierra ocupada, los niveles de inversión de capital y la concentración de otros recursos productivos como el agua y el acceso al crédito.

Fernando Larrea

condiciones de acumulación, domina, explota y subordina a las agriculturas campesinas.

En unos casos como proveedores permanentes o eventuales de fuerza de trabajo barata en los agro-negocios dedicados a la exportación, por ejemplo en empresas florícolas en la sierra y bananeras en la costa. La parcela doméstica y la producción de alimentos para el autoconsumo se convierten en estos casos en el refugio en el que descansa una parte importante de la subsistencia familiar.

de las regiones del país, antes se importaban”. Iniciativas indígenas están prosperando, como la de pensar en la producción sana ligada a la conservación del medio ambiente y en la salud de los ecuatorianos. “Con el apoyo de ciertos organismos internacionales, se han hecho foros, ferias, exposiciones, y la gente va haciendo cada vez más conciencia” (LER).

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AMÉRICA CAMPESINA EN LUCHA Guillermo Almeyra

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esde el norte hasta el sur la América Latina campesina e indígena protesta y se moviliza contra los intentos de despojar a los pueblos y a los países de los bienes comunes –bosques, agua, biodiversidad– así como de exacerbar la depredadora política minera, extractiva, tanto en el caso de los minerales y de los combustibles como en el de la misma agricultura de monocultivo.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Todos los medios rurales sienten, además, los efectos terribles del recalentamiento ambiental, de la desertificación, de la desaparición de especies vitales para la reproducción vegetal y animal (como las abejas o las mariposas, esenciales para la polinización, que en Sudamérica están en peligro de extinción debido a las fumigaciones de los soyeros).

La destrucción ambiental producida por las emisiones de gases de la industria y de la agroindustria capitalistas está expulsando a cientos de miles de habitantes de los medios rurales, donde falta agua para la agricultura, u otros tantos que deben huir de las zonas costeñas debido a la contaminación y al peligro de tornados y huracanes cada vez más fuertes y destructivos, así como de inundaciones.

La lucha directa contra el robo de los recursos naturales y la depredación del territorio se une así a una lucha ambientalista que es política porque se enfrenta a los intereses y las políticas del capital y, muchas veces, contra los gobiernos.

Por ejemplo, en Guatemala los campesinos y las poblaciones indígenas quiché combaten exitosamente en defensa de su territorio y del agua, que una compañía minera canadiense explotadora de oro quiere contaminar lavando el mineral con gran cantidad de arsénico. Ese combate comunitario, al igual que en otras partes del mundo rural latinoamericano, cuenta con el apoyo de las autoridades eclesiásticas locales y de estudiantes y sectores de clase media mestizos de las localidades afectadas por la agresión ambiental al territorio y por el intento de despojo del agua. Se ha formado así un frente común entre esos sectores y las comunidades indígenas, lo que permite tener mayor peso para presionar a nivel político nacional.

En Honduras, al mismo tiempo, el Movimiento Nacional de Resistencia prosigue vigoroso, a pesar de los asesinatos de activistas y de periodistas que informan sobre los hechos. A la defensa del ex presidente

Manuel Zelaya, depuesto por un golpe de Estado cívico-militar de la oligarquía (con la complicidad del Departamento de Estado estadounidense), el Movimiento añade ahora reivindicaciones agrarias, sociales y, sobre todo, la exigencia de una asamblea constituyente que determine cuál debe ser la estructura política del país y su política económica. Ese movimiento unifica sindicatos obreros, intelectuales, maestros, organizaciones indígenas y centrales campesinas.

En Nicaragua y El Salvador, países de gran emigración hacia Estados Unidos (EU) y que sufren una fuerte sequía, las crecientes dificultades que encuentran los inmigrantes en EU ante el aumento del racismo y de la xenofobia, que se expresa en la ley votada en Arizona, y la disminución de las remesas de los emigrados han hecho aumentar la tensión social en las zonas rurales de ambos países, a pesar de que cuentan con gobiernos de centro-izquierda.

Mientras los indígenas y los campesinos colombianos sufren por las matanzas provocadas por los paramilitares aliados del gobierno de derecha, con su secuela de desplazamientos masivos de población hacia las ciudades en busca de una vida más segura, en Venezuela los campesinos de la región del Orinoco enfrentan el reto de responder al crecimiento de un polo industrial en la zona y, los de otras regiones a la necesidad de sustituir con sus productos la reducción del volumen de alimentos importados desde la vecina Colombia, debido a la tensión provocada por el gobierno de Bogotá al instalar siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano, desde las cuales se puede atacar cualquier punto de Sudamérica y del Caribe. De este modo, mientras en Colombia los habitantes de los medios rurales tratan de sobrevivir en condiciones de cruenta guerra civil, en Venezuela se plantea el desarrollo de la producción de las cooperativas.

En Brasil sigue la lucha de los campesinos y de los ecologistas contra el agronegocio, con su monocultivo destructor del territorio y que no absorbe mano de obra. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) continúa exigiendo tierras, que el gobierno entrega con extrema lentitud y a cuentagotas y, por consiguiente, el MST asume una posición crítica frente al gobierno de centro-izquierda y mantiene independientemente su política de ocupación de latifundios para poner a trabajar en ellos a los campesinos y sus familias que carecen de tierras.

En el vecino Paraguay, toda la parte norte del país está conmovida por movimientos agrarios y la derecha impuso en el Parla-

FOTO: Flavio Barbosa

10 mento la declaración de la suspensión de las garantías constitucionales en la región con el pretexto de combatir con el ejército a un supuesto grupo guerrillero y, sobre todo, para desestabilizar al gobierno del ex obispo Fernando Lugo, cuya base principal está en esa zona. En realidad, lo que sucede es que grupos de campesinos guaraníes ocupan tierras de los terratenientes paraguayos, “brasiguayos” o argentinos que en la zona eran hasta ahora señores de horca y cuchillo. De modo que en el norte del Paraguay, en la frontera con Brasil, se combinan la contrarrevolución agraria preventiva de los terratenientes amenazados por los campesinos y la toma de tierras con el golpismo derechista, a la hondureña.

En la costa del Pacífico, en Ecuador, el poderoso movimiento indígena –la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con su partido, el Pachakutik– tiene contradicciones con el gobierno democrático y antiimperialista de Rafael Correa, sobre todo en lo que respecta al uso del agua y de los recursos naturales presentes en las zonas indígenas que, según la nueva Constitución impulsada por el presidente, pertenecen a los pueblos originarios.

La CONAIE exige ser consultada antes de redactar ningún proyecto de ley y cortó las carreteras ante un proyecto de ley de aguas que el gobierno terminó retirando en la última semana de mayo, para discutir mejor un proyecto común con los indígenas. En Perú, en junio del 2009, el gobierno derechista de Alan García perpetró otra nueva matanza de campesinos indígenas en Bagua, en la Amazonía peruana, en un intento de despojar a los pueblos originarios de los bienes comunes. Los campesinos e indígenas peruanos están en movilizaciones continuas, de un extremo al otro del país, por tierras y por sus derechos pisoteados.

En Chile el reciente y terrible terremoto golpeó sobre todo a las regiones y poblaciones más pobres y desprovistas de medios y, por lo tanto, a los indígenas de la Araucania en lucha y a los campesinos pobres de Bío Bío. El gobierno de Sebastián Piñera ha debido reconocer a los primeros, aunque no ha hecho ninguna oferta concreta para responder a la lucha secular de los mapuches en defensa de su cultura, sus tradiciones, derechos y territorio. Dada la destrucción de la economía y de las infraestructuras y fuentes de trabajo del sur chileno, decenas de miles de campesinos están optando por la migración a la Argentina mientras exigen la reconstrucción del territorio.

En Argentina misma, a la resistencia de los pequeños campesinos contra el despojo de sus tierras por los soyeros se unió la reivindicación masiva de los pueblos indígenas que hicieron marchas multitudinarias de casi dos mil kilómetros hasta la capital, donde confluyeron, con el apoyo popular, en una movilización cuyo único precedente se registró en 1946.

Por último, en Bolivia, donde los campesinos e indígenas son mayoría en el gobierno, el Parlamento, las autonomías y los municipios, el gran desafío es combinar la construcción de un Estado y una economía nacionales con el desarrollo del poder democrático y comunitario local, y la justicia legal con los usos y costumbres, al mismo tiempo que se forman dirigentes locales, comunitarios y políticos rompiendo con el gremialismo corporativo y el localismo. Pero eso es todo un problema en sí, que merece ser tratado por separado y excede el marco de este breve pantallaza.

Proyección Arno Peters

Proyección P royecció ión Mercator.

Mercattor

Comparación entre las proyecciones de Gerardus Mercator y Arno Peters.

MAPAS E IDEOLOGÍA Rolando Espinosa Hernández

A

mediados de los 70s, Arno Peters difundió un mapa con una proyección en la que se aprecia un tamaño más proporcionado entre las masas conƟnentales de ambas laƟtudes. De modo que se puede observar que el norte no es tan grande como popularmente se había sugerido con la cartograİa basada en la proyección de Gerardus Mercator. El mapa que difundió Peters generó una fuerte polémica, pues evidenció el uso ideológico, e incluso racista, implícito en las proyecciones cartográficas uƟlizadas convencionalmente, en parƟcular la de Mercator.

Para proyectar una realidad ovoide (geoide), irregular, como es nuestro planeta, por medio de un plano, es decir, en una carta cuadrada perfecta, los cartógrafos inevitablemente deben distorsionar la realidad. Podríamos decir: proyectar es aquí distorsionar. Y todo ello para acreditar, parcelar, dividir o medir con la mayor precisión la extensión o el alcance de la propiedad territorial. El mapa que difundió Peters está basado en la proyección desarrollada por el astrónomo escocés James Gall, a mediados del siglo XIX, justo cuando el mundo capitalista se volvió realmente planetario Así pues, se trata de una proyección cilíndrica.

Como si se meƟera una bombilla iluminada –en este caso nuestro planeta– dentro de un vaso,

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CAMINOS ANTE LA ENCRUCIJADA

DE LA CRISIS MUNDIAL Blanca Rubio

D

urante la etapa neoliberal, los campesinos latinoamericanos compartieron un mismo destino: el despojo del valor de sus cosechas y la exclusión productiva generalizada. De sur a norte del continente se impusieron políticas que marginaban la agricultura, privilegiaban la importación de alimentos y visualizaban a los campesinos como indigentes.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Sin embargo, en los tempranos años 2000 este panorama común ha cambiado sustancialmente. La segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos fue una condición importante para que surgieran gobiernos con mayor autonomía, fortalecidos por la inviabilidad del neoliberalismo.

Como señala Emir Sader en su libro El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana (2009, Editorial Siglo XXI y CLACSO. Argentina), ahora el panorama político latinoamericano se ha diversificado. Están por un lado los países “postneoliberales” (Venezuela, Bolivia y Ecuador) que impulsan un proyecto alternativo al neoliberalismo. Están los que llama “progresistas” (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) que, sin modificar las bases del neoliberalismo, están impulsando un fuerte proyecto social, y finalmente aparecen los que continúan con el proyecto neoliberal (México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile), cada vez más anacrónicos.

o sea, un cilindro. El cilindro sería la pantalla en donde se proyectarían las siluetas del planeta.

Uno podría dibujar en el vaso todos los bordes de los conƟnentes tal cual se proyectan en él. Con ello se obƟene una proyección equiárea, es decir, en donde las superficies dibujadas en el cilindro son iguales o casi iguales a aquellas de la bombilla.

De esta manera, esta proyección se puede uƟlizar para hacer mediciones de las superficies de terreno, por ejemplo en los catastros, sin un grado considerable de error. Sin embargo, no es una proyección equidistante, o sea, las distancias entre un punto y otro no son reales, están exageradas, sobre todo en las porciones polares. Por eso el mundo se ve alargado en esta proyección. Pero eso no quiere decir que en la realidad las distancias sean tan grandes en esas partes del mundo.

Lo que a Peters le interesaba demostrar es que los mapas y sus proyecciones cartográficas son un instrumento comunicaƟvo de poder, uƟlizados generalmente para sobrevalorar y reafirmar el gran poder de los países coloniales del norte sobre el resto del mundo.

Aunque la proyección de Peters no es estrictamente equiárea, pues él no era cartógrafo de profesión sino historiador, ha demostrado el profundo carácter políƟco y social de una ciencia hasta entonces considerada neutra y desprovista de un sesgo ideológico.

Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, A. C (Casifop)

A la par con estas mudanzas, la agricultura devino en la salida de la crisis energética con el impulso de los agrocombustibles. Tal situación ha generado que el sector recobre un rol estratégico en el ámbito mundial, una revalorización estructural de los bienes alimentarios y materias primas, un proceso de concentración de la tierra y los recursos naturales y una tendencia de los países emergentes a producir sus propios alimentos comprando tierras en países con buenas condiciones productivas.

Los campesinos latinoamericanos se debaten hoy entre el despojo y la inclusión, mientras el destino común que los igualó en el neoliberalismo se ha bifurcado En este contexto, la exclusión rasa que igualaba sin distinción a los campesinos latinoamericanos se ha trasformado. Hoy enfrentan por un lado el embate del capital y de los gobiernos que intentan apropiarse de la tierra y los recursos naturales para impulsar agrocombustibles, extraer minerales y agua o bien producir alimentos básicos para sus poblaciones.

Pero también enfrentan un proceso inclusivo que los privilegia como los depositarios de la producción alimentaria nacional ante el alza sostenida del precio de los alimentos.

Incluso el Grupo de los Ocho y el Banco Mundial hablan de la necesidad de que los países pobres produzcan internamente sus alimentos y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) plantean abiertamente el objetivo de la soberanía alimentaria y señalan a los pequeños productores como los depositarios de este proceso.

En esta línea inclusiva pero con mayor efectividad, los países postneoliberales están empeñados en recuperar la soberanía alimentaria, entendida como un proyecto político de independencia, para lo cual ponen en el centro a la agricultura familiar.

Por lo anterior, los campesinos latinoamericanos se debaten hoy entre el despojo y la inclusión, mientras el destino común que los igualó en el neoliberalismo se ha bifurcado.

Así, se observa que, aun cuando en todos los países se fomentan actividades extractivas, fundamentalmente en los “progresistas” y neoliberales es donde se impulsan los agrocombustibles, basados en monocultivos y el uso de transgénicos. El caso más emblemático es el de la expansión de la soya en Argentina. En Colombia el cultivo de la palma de aceite ha traído también un fuerte despojo de los campesinos, sobre todo en el sur de Bolívar y en Magdalena Medio. En Perú hay intereses por desforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiésel. En la costa, la empresa estadounidense Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el Valle del Río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol (Eguren, Fernando, 2009, ”La concentración del control de las tierras agrícolas”. La República, Perú. 28/07/09).

Asimismo, Brasil, Uruguay y Paraguay han sido elegidos por los países emergentes que están comprando tierras para sembrar sus propios alimentos, debido a sus buenas tierras.

En cuanto al despojo de recursos naturales y contaminación de recursos por las mineras, empresas como Barrick Gold, Pacific Rim Mining y Patagonia Gold, cuyas sedes se encuentran en Canadá, con oficinas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, extraen oro, plata y cobre de países como Perú, Chile y Argentina.

En el caso de México se han visto afectadas comunidades de Oaxaca, Durango, Chiapas, Zacatecas y San Luis Potosí. La empresa Minefinders Corporation despojó de tres mil 498 hectáreas de tierras de uso común al ejido Huizopa en el municipio de Ciudad Madera, Chihuahua (Concha, Miguel. 2008, “México, despojo de tierras y explotación minera trasnacional”, www.biodiversidadla. org/content/view/full/43040).

En contraposición a la tendencia al despojo que es generalizada a todos los países, la tendencia a la integración productiva se encuentra muy restringida. Son fundamentalmente los países postneoliberales y algunos de los llamados progresistas los que están transformando la visión hacia los campesinos.

En Venezuela, Bolivia y Ecuador, se impulsaron nuevas Constituyentes sustentadas en Asambleas Nacionales, en las cuales se consagró la soberanía alimentaria como un derecho

constitucional. Ahí se están impulsando reformas agrarias como una condición para la integración campesina. El gobierno de Venezuela impulsa el Plan de Lucha Contra el Latifundio, mientras que Ecuador echó a andar a fines del 2009 el Plan de Tierras para Pequeños Productores Campesinos. Bolivia, por su parte, ha desarrollado desde el ocho de noviembre del 2006 la Revolución Agraria con la Ley 3545.

La crisis capitalista ha abierto un camino para la integración de los campesinos en los países postneoliberales y en algunos progresistas En el ámbito productivo se han impulsado también experiencias importantes como el Nuevo Modelo Nacional Productivo Rural, que forma parte de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bolivia, mientras que en Venezuela se creó la Corporación de Autoabastecimiento para la Seguridad Alimentaria que distribuye alimentos a los “mercales” (centros de distribución popular de alimentos de gestión público-comunitario), abastecida por pequeños productores rurales: En Ecuador se está impulsando la política del Desarrollo Rural para el Buen Vivir, Sumak Kawsay, basada en el Plan de Desarrollo Rural.

Entre los países “progresistas”, Brasil ha dado un fuerte impulso a la pequeña producción con el Programa de Adquisición de Alimentos, iniciado en el 2003, que ha garantizado la compra de sus productos estimulando con ello la integración productiva.

En conclusión, la crisis capitalista ha abierto un camino para la integración de los campesinos en los países postneoliberales y en algunos progresistas, al tiempo que en el resto avanza una tendencia potente por el despojo de los recursos y la tierra de los pequeños productores, al convertirse la agricultura en un sector estratégico en el ámbito mundial. ¿Cuál de estas tendencias se impondrá como la dominante en la salida de la crisis? Sin duda esto dependerá de la correlación de fuerzas de los sectores en disputa. Por ello, resulta fundamental expandir y fortalecer el proyecto alternativo al neoliberal que germinó en la zona andina.

La crisis abrió una rendija de luz y los campesinos luchan por aprovecharla y salir de la exclusión. Se requiere, sin embargo, construir una gran fuerza colectiva para lograrlo.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

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¿CAMPESINIZAR LA REVOLUCIÓN? RETOÑAN LOS BOHÍOS EN EL “LARGO LAGARTO VERDE” Armando Bartra Para poder avanzar en el desarrollo económico y social (...) el sector agropecuario es determinante (...) y los campesinos juegan un papel esencial. Estas circunstancias demandan una actualización de nuestro modelo.

Marino Murillo, ministro de Economía y Planificación

H

ace medio siglo Cuba hizo una revolución para liberar de opresión y explotación a los trabajadores, la mayoría del campo. Aun así, la vía dominante de emancipación rural no fue la campesina, sector al que se le asignó un papel segundón en la gran mudanza. Pero a fines del pasado siglo cambiaron los vientos y hoy muchos obreros agrícolas cubanos se tornan labriegos. Y lo hacen con entusiasmo, con alegría. En la isla está en curso una nueva Reforma Agraria y todo hace pensar que la Revolución se campesiniza.

SEMBRAR EN ABYA YALA

En el histórico alegato titulado La historia me absolverá, el joven Fidel Castro enumera los principales componentes del “pueblo cubano” en tiempos de la dictadura: 500 mil obreros del campo que trabajan cuatro meses al año y no tienen tierra; cien mil campesinos casi todos arrendatarios o aparceros; 400 mil trabajadores industriales; 600 mil desempleados.

La Ley Número 3 del Ejército Rebelde, promulgada el 10 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra, da salida parcial a esta situación concediendo la propiedad de la tierra a quienes cultivan extensiones no mayores de cinco caballerías (67 hectáreas), y en 1959, al triunfo de la Revolución, se emite la Ley de Reforma Agraria que “proscribe el latifundio”, entendiendo por éste la propiedad mayor de 60 caballerías (804) hectáreas; prohíbe a los extranjeros la propiedad agraria, golpeando así a trasnacionales como la United Fruit, dueñas de más de la mitad de las tierras cultivadas; y ratifica el decreto de Sierra Maestra al adjudicar a los campesinos tierras a título gratuito, en extensiones que no superen las cinco caballerías. En 1963, a raíz de la invasión de Playa Girón y el apoyo de Estados Unidos a guerrillas rurales “anticastristas”, se aprueba una segunda Ley de Reforma Agraria que proscribe las propiedades de más de 67 hectáreas, base territorial de un sector presuntamente contrarrevolucionario de agricultores acomodados.

Producto de estas reformas, es la consolidación de un contingente de casi 200 mil pequeños agricultores, antes precaristas o aparceros. Sin embargo, estos campesinos son menos de un tercio de los trabajadores del campo, y sus tierras, en general pobres, representan sólo el 30 por ciento de la superficie agrícola. La mayor y mejor parte de la tierra –antes usufructuada por latifundios, trasnacionales y campesinos acomodados– pasa a manos del Estado, que a raíz de la primera Ley de Reforma Agraria controla el 40 por ciento de la tierra agrícola, y con la segunda el 70 por ciento. Las Granjas del Pueblo y las grandes empresas cañero azucareras administradas por el gobierno, constituyen el “sector socialista del agro”, donde laboran alrededor de 400 mil asalariados, que antes lo eran de la empresa agrícola privada. De esta manera el estatismo rural se asocia con el preexistente monocultivo cañero azucarero, prolongando en tesitura “socialista” el modelo agro-exportador dominante en la isla desde la Colonia, al tiempo que se arrincona al sector diversificado y principal productor de alimentos para el mercado interno –que son los campesinos– lo que conduce a una creciente y alarmante dependencia alimentaria.

Había razones pragmáticas para que Cuba mantuviera el monocultivo que la unció al Imperio, sólo que ahora orbitando en torno a las nuevas metrópolis socialistas. Pero se esgrimían también argumentos doctrinarios para sustentar la presunta minusvalía técnica, económica, social, ideológica y civilizatoria de los campesinos diversificados productores de alimentos.

“La alianza obrero campesina consiste en (...) respetar los derechos, pensamiento y voluntad del campesino (...) ¿Pero quiere esto acaso decir que eternamente vamos a permanecer como campesinos? Nosotros sabemos que esto no es posible (...) y que llegará el día en que no exista el campesino independiente (...)

Porque nosotros no vamos a estar a la zaga de la civilización”. Esto lo dijo Fidel Castro en 1974, y un año después, el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) abundaba sobre el tema: “El sector campesino constituye aproximadamente el 30 por ciento de la superficie agrícola del país, (pero) esta explotación minifundiaria del suelo comporta la subutilización de un recurso vital para la nación: la tierra. Por ejemplo: en las zonas tabacaleras aproximadamente una cuarta parte del área se siembra de tabaco, mientras que

FOTO: Archivo ANEC

CUBA

el resto se dedica a la producción de autoconsumo (...) En las tierras óptimas para la caña, menos de la mitad está dedicada a este cultivo. De otra parte, el trabajo del campesino en su parcela, en las más diversas labores, impide el incremento de la productividad que es posible por la especialización”. A la enumeración de atentados contra el monocultivo, sigue el desahucio del productor familiar: “El progreso técnico sólo es posible en la misma medida en que la producción se concentra y especializa”. Y finalmente, la solución burocrática y proletarizante: “La incorporación de la tierra de los campesinos a los planes estatales es una de las formas de tránsito gradual de la propiedad privada a la propiedad de todo el pueblo (...) Cuando esto sucede, el campesino da un gran paso hacia delante, deja atrás el concepto de propiedad privada (y) pasa a las filas de la clase social más revolucionaria y avanzada: la clase obrera”.

El monocultivo estatista agro-exportador sostenido con trabajo asajariado, perece un modelo viable para el socialismo cubano, hasta que, producto del proteccionismo y la competencia de otros edulcorantes, en los 80s del pasado siglo comenzaron a caer los precios del azúcar de caña, a lo que se añadió el fin de los apoyos a la isla por parte del “campo socialista”, que compensaban el bárbaro bloqueo comercial decretado por el gobierno de los Estados Unidos.

Hoy Cuba gasta unos dos mil millones de dólares anuales en la importación de comida –sobre todo arroz, frijol, maíz, grasa, carne, leche, huevos y café– de modo que producirla en el país es “asunto de seguridad nacional” La obligada conversión resultó ardua, dolorosa y sobre todo lenta. Pero si sustituir exportaciones fue cuesta arriba, más lo es reducir la dependencia alimentaria; déficit externo insostenible cuando los precios internacionales crecen, como viene sucediendo desde 2007. Hoy Cuba gasta unos dos mil millones de dólares anuales en la importación de comida –sobre todo arroz, frijol, maíz, grasa, carne, leche, huevos y café– de modo que producirla en el país es “asunto de seguridad nacional”, a la que se debe sumar “el mayor número posible de personas, mediante todas las formas de propiedad existentes”, dijo en agosto de 2009, el presidente Raúl Castro.

Y los campesinos salieron por el balón. Desde fines del siglo XX el gobierno cubano comenzó a redimensionar al sector agropecuario estatal y las tierras en manos de labriegos pasaron del 30 al 40 por ciento. Módica campesinización que se aceleró en años recientes con el impulso a la agricultura urbana y suburbana, y el Decreto-Ley 259, por el que se entregan en usufructo tierras ociosas.

El X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que desde 1961 representa a los campesinos cubanos organizados en cooperativas de crédito y servicios o de producción, refleja lo drástico del viraje, la profundidad de lo que en la reunión se llamó “actualización del modelo”. “Hoy la lucha a librar es por la seguridad alimentaria de nuestro país”, se dijo. Para ello hay que “incrementar la producción en renglones alimenticios que sustituyan efectivamente

importaciones”, lo que supone fortalecer al sector campesino que con el “41 por ciento de la superficie agrícola aporta cerca del 70 por ciento del valor de la producción agropecuaria”, mediante “la aplicación del Decreto-Ley 259 (por el cual ya) se han entregado 952 mil hectáreas a más de cien mil personas”. Contra el centralismo burocrático hay que “propiciar la descentralización de la producción hacia los territorios, delegando una mayor participación a los gobiernos locales, para lograr el autoabastecimiento municipal”; hay también que impulsar el procesamiento local mediante “micro y minindustrias”, y por último hay que buscar que “se resuelvan las causas que están limitando la autonomía de las cooperativas”. Todo esto apoyado en un “movimiento agroecológico”, que mediante “abonos orgánicos y productos biológicos para el control de plagas” impulse una “agricultura sostenible”.

Lo que en 1975 satanizaba el PCC, es ahora el nuevo paradigma: entonces el atraso lo representaba “la pequeña parcela campesina, que se caracteriza por la subdivisión en pequeñas áreas destinadas a la producción comercializable; a las siembras de viandas, hortalizas y granos para el autoconsumo; a la arboleda frutal, al potrero para el ganado mayor y los animales de trabajo, y al patio de los animales de corral”. En cambio hora este es el modelo a seguir: “Se trata de acercar los alimentos a las ciudades sobre la base de una agricultura diversificada”, dijo Rodríguez Nodals, jefe del Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana. Lo que según la ANAP, se logrará “aprovechando intensivamente las tierras que rodean las ciudades (...), con el menor gasto posible de combustible, empleando los propios recursos locales y con amplio uso de tracción animal”; además de que hay que fomentar la siembra de frutales, “producción que permite la intercalación de cultivos”. ¿Dónde quedó la especialización a toda costa, la mecanización a ultranza, la división extrema del trabajo, la estatización de las tierras campesinas...?

Pese a todo, el buey sigue embarrancado.

Hay en Cuba entre un millón 230 mil y tres millones de hectáreas cultivables que están ociosas, y de las 952 mil que desde 2009 se han entregado en usufructo en extensiones de entre tres y 20 hectáreas, cerca de la mitad están baldías o mal cultivadas. Y es que recampesinizar no es cosa fácil. En los meses recientes “se ha incorporado a la ANAP una alta cifra de asociados, muchos de los cuales no poseen toda la experiencia para las labores del campo”, reconoce la organización.

En un país como Cuba donde siete de cada diez personas viven en ciudades, la batalla por la seguridad alimentaria tiene entre otras dos tareas estratégicas. Así lo plantea la ANAP: en primer lugar hay que difundir “el quehacer del campesinado en los diferentes medios de difusión masiva, transmitiendo lo que el sector representa en la economía del país, así como la imagen verdadera del campo cubano”; en segundo lugar hay que imbuir valores y actitudes campesinas en “los niños, jóvenes y socios recién incorporados a nuestra organización (...) de manera que comprendan que vivimos en un país agrícola”.

Tras 60 años de revolución, los labriegos cubanos aún demandan reconocimiento a su labor y trato justo, de modo que su lucha confluye con la del resto de las “organizaciones campesinas e indígenas del mundo”, con quienes la ANAP mantiene una política de “apoyo recíproco y unidad internacional de acción”. ¡Campesindios del mundo precapitalista, capitalista y poscapitalista, uníos!

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Argentina

CAMPESINOS CORDOBESES SE “VISIBILIZAN”

Los datos, reportados por el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) de Argentina, también indican que más de 200 mil familias han sido expulsadas de sus tierras por la fiebre neoliberal que prevalece desde los años 90s, y estas personas están hoy en la periferia marginal de las ciudades acumulando pobreza al igual que lo hacen los campesinos que continúan en las áreas rurales.

En este escenario, el monocultivo de la soya (o soja como allá se denomina) orientada a la exportación y el avance de la producción ganadera y de empaques de frutas y conservas, también para los mercados del exterior, han destruido enormes superficies de bosques, han sobre-explotado y contaminado (con fuertes dosis de agroquímicos) los recursos hídricos, y por tanto han liquidado otras actividades agropecuarias de interés local como la lechería, la fruticultura y la horticultura diversificada, el trigo y el maíz, todas éstas fundamentales para garantizar una alimentación suficiente y a precios accesibles para la población de los argentinos.

El MNCI detalla los resultados sociales y económicos de la situación: “El modelo tecnológico de los agronegocios se basa en grandes extensiones de tierra sin gente, desiertos verdes donde empresas semilleras, farmacéuticas y de agrotóxicos encadenan la independencia económica de los agricultores, controlando todos los resortes productivos como el suministro de insumos y la compra de productos, uniformizando calidades y la cultura productiva, convirtiendo el agro en una industria donde no hay comida ni trabajo”, dice en un texto de análisis de la cuestión agraria.

Y a todo esto hay que agregar la acción de las minas, como la llamada Los Gigantes, en el departamento de Córdoba, que con su explotación de uranio ha contaminado por años el río San Antonio y el medio ambiente de la región.

Pero en medio del túnel hay luz. Así se observa en la lucha activa del MNCI y del Movimiento Campesino de Córdoba, los cuales la última semana de abril pasado realizaron una serie caminatas de kilómetros y kilómetros desde diversas puntos hacia la capital de Córdoba, la provincia más campesina de Argentina. Su objetivo fue hacerse visibles e invitar a la población entera a solidarizarse.

“Caminamos por la vida, porque el modelo agro-exportador sojero, ganadero y minero es de muerte, contaminación del agua y el aire, exterminio de los árboles que protegen

el suelo y el agua, expulsión de las familias campesinas y finalmente de producción de commodities, forrajes, y no de alimentos sanos. No hay registros de la cantidad de enfermedades incurables que existen desde la implementación de esta forma de producción ni de lo invertido como forma paliativa e insuficiente en salud. Caminamos por reforestar el campo popular, porque esto no es algo que afecte sólo a las comunidades rurales, todos estamos involucrados. No hay casi góndolas de supermercado que vendan comida sin agroquímicos, es difícil encontrar productos del comercio justo, no existen políticas universales ni marco legal que promueva el desarrollo del campo con campesinos, con familias que lo protejan y dignifiquen la mesa de todos los días, con niños y jóvenes que puedan soñar su futuro en el medio rural (...)”, explicaron en su convocatoria.

El modelo tecnológico de los agronegocios se basa en grandes extensiones de tierra sin gente, desiertos verdes donde empresas semilleras, farmacéuticas y de agrotóxicos encadenan la independencia económica de los agricultores Un elemento que resaltaron en su marcha fue la identidad cultural de los alimentos, ligada con la soberanía alimentaria y la salud pública. Dijeron que el modelo alimentario que avanza en Argentina, el del fast food, también en manos de pocas empresas, no corresponde a lo que necesita la gente para alimentarse adecuadamente –“no trae garbanzos”–, y aunque “tenemos el derecho a comer lo que producimos y a producir lo que comemos (...), no tenemos los medios para producir los alimentos que el pueblo necesita, de acuerdo con sus costumbres y sus gastos”.

Una de las demandas de los movilizados fue el reclamo de títulos de propiedad, el reconocimiento de tierras comunitarias y la suspensión de desalojos, así como la aprobación urgente de una ley de bosques.

De acuerdo con una de las participantes de la caminata Ana Agnelli, miembro de la Unión Campesina del Oeste Serrano (UCOS) –quien dio una entrevista a la agencia de noticias Biodiversidadla–, los campesinos de Córdoba enfrentan una “clarísima criminalización” debido a que jueces, policías, abogados y otros frenan los procesos campesinos de demanda y regularización de tierras. Aunque hay una ley desde hace cuatro años que ampara el derecho campesino a este recurso, “no nos ampara”.

La lucha por la tierra campesina tiene que ver con el fenómeno de avance de 95 por ciento que se observa en la tala de bosques de Córdoba, y que permitido que grandes empresas utilicen esta tierra en producción agroindustrial. Y hay planes de continuar esta tala. Según los marchistas, en su convocatoria, “permitir el avance de la frontera agropecuaria que provoca el desarraigo de miles de familias por medios poco transparentes

ILUSTRACIÓN: Ó Carlos Julio

E

l avance de la agroindustria en Argentina durante las dos décadas recientes ha casi borrado de este país al campo en manos de campesinos. Cifras de 2006 indican que tan sólo cuatro explotaciones agropecuarias se han adueñado de 65 por ciento de la tierra productiva del país, mientras que 82 por ciento de los productores argentinos son familias campesinas y trabajadores rurales y ocupan únicamente 13 por ciento de la tierra.

SEMBRAR EN ABYA YALA

no sólo despobló el campo de guardianes del bosque y de los incendios, sino llenó los barrios marginales de pueblos y ciudades de indignidad y planes sociales de contención (de la pobreza) sin proyección ni futuro”.

En septiembre de 2008 lograron que Córdoba aprobara una ley que prohíbe en todo su territorio la minería metalífera a cielo abierto y la explotación de uranio y torio, ambos minerales nucleares Agnelli, quien caminó 200 kilómetros, resaltó que la marcha logró su objetivo de hacer visible lo invisible, pues “el campesinado en Córdoba pareciera que fuera parte de lo invisible, y esto (la marcha) ha demostrado que existen las comunidades, que existe la gente del campo y que son quienes le dan de comer a los pueblos”.

Otra luz en el túnel está en la lucha legal que en Córdoba han emprendido varias agrupaciones sociales a favor del medio ambiente. En septiembre de 2008 lograron que Córdoba aprobara una ley que prohíbe en todo su territorio la minería metalífera a cielo abierto y la explotación de uranio y torio, ambos minerales nucleares.

Una entrevista publicada por la agencia Biodiversidadla, con María Cuestas, joven abogada miembro del movimiento ¡Traslasierra Despierta!, menciona que la ley aludida, la Ley 9526, impide esa minería en todas sus

etapas –cateo, prospección, elaboración, explotación, desarrollo, etcétera– y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. Sin embargo en mayo de 2009 la Cámara Empresarial Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear promovieron una controversia de inconstitucionalidad y el Tribunal Superior de Justicia acaba de darle entrada a este recurso.

Detrás de este intento contra la ley está la búsqueda insistente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de contar con permisos para la exploración en la región de Altas Cumbres de Córdoba. Ya en 1992 la CNEA promovió este proyecto, pero fue frustrado por la oposición de los pobladores.

El recurso agua, estrechamente ligado con el interés social y campesino es el que está en riesgo. La abogada explica: “Sólo por el principio precautorio que rige en todo lo ambiental, simplemente con la duda, alcanza para que este tipo de explotaciones no tenga que llevarse a cabo. Existen pruebas contundentes de que sí ocasionan daños (...)

El daño que queremos combatir no es tanto paisajístico, sino el que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos a través de la decantación de los metales pesados y de que se filtran los ácidos”.

María Cuestas considera que la controversia contra la ley es improcedente debido a que la ley ya había entrado en ejecución, ya había sido publicada antes de que se presentara tal recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. (LER)

19 de junio de 2010

14 Chile

Evento: IV Congreso de la CLOC. Organiza: CLOC. Fecha: 16 de octubre de 2010.

Lugar: Quito, Ecuador. Informes: http://www. movimientos.org/cloc/ Evento: IX Encuentro Nacional de Porcicultura. Organiza: Confederación de Porcicultores Mexicanos. Fecha: 22–25 de septiembre de 2010. Lugar: Centro de Convenciones Campeche XXI. Campeche, Camp. Informes: encuentroporcicultura@prodigy.net.mx / 52-86-15-15.

Convocatoria: Premio Bicentenario de Proyectos Agroindustriales. Organiza: FOCIR. Fecha: Hasta 30 de junio. Informes: www.focir.gob.mx Libro: La tierra tiene nombre de mujer: Equidad y género en el proceso de sanamiento de tierras. Editora: Presencia. Producción Editorial: Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Libro: La mafia que se adueñó de México... y el 2012. Autor: Andrés Manuel López Obrador. Editorial: Grupo Grijalbo-Mondadori.

Libro: San Juan Copala: dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del Municipio Autónomo. Autor: Francisco López Barcenas. Editor: UAM–Xochimilco. División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Libro: Movimiento El Campo No Aguanta Más.

El auge, contradicciones y declive (México 2002 – 2004). Autora: Sonia Puricelli. Editorial: Plaza y Valdés Editores.

Revista: Biodiversidad, Sustento y Culturas. Informes: http://www.grain.org/ biodiversidad/?type=57 (CON LA IMAGEN DE LA REVISTA). Informes: h t t p : / / w w w. g r a i n . o r g / biodiversidad/?type=57 Web: www.nomanipulenlamadretierra.org.

En el sitio Web de la campaña encontrarán noticias sobre los esfuerzos globales que personas y organizaciones estamos haciendo para detener los experimentos con el planeta.

También la información básica sobre la geoingeinería y sus técnicas, falsas soluciones a la crisis climática. La página de la campaña contra la geoingeinería, “No Manipulen la Madre Tierra” ya está lista. Y se puede acceder a ella también desde la página de la campaña en inglés: www.hansdoffmotherearth.org Web: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal. Un sitio destinado al encuentro y el intercambio entre las organizaciones latinoamericanas y todos y todas aquellos/as que trabajan en defensa de la Biodiversidad.

LOS MARGINADOS DE LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA Félix Modrego

L

a innovación es ampliamente reconocida como una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza, y puede conducir a un desarrollo más inclusivo si los procesos de generación y difusión de conocimiento y aprendizaje contribuyen a reducir las brechas de oportunidades existentes en nuestras sociedades. El Estado de Chile así lo ha reconocido, y ha impulsado desde mediados de la presente década una activa estrategia nacional de innovación que –como han reconocido las autoridades nacionales y sectoriales– hace una apuesta explícita al ganador, fortaleciendo aquellos sectores con un elevado potencial de crecimiento y consolidación en el escenario internacional.

Un trabajo encargado al Boston Consulting Group ha definido ocho clusters productivos prioritarios y uno de ellos es la industria de los alimentos. El Ministerio de Agricultura, alineado con esta visión, ha dado prioridad a cinco rubros en su estrategia sectorial de mediano plazo: alimentos procesados, porcino-avicultura, fruticultura, vitivinicultura y carnes bovinas y ovinas.

SEMBRAR EN ABYA YALA

Esta estrategia tiene profundas implicaciones en términos de distribución de recursos públicos de fomento a la innovación, que van desde la focalización y priorización de iniciativas de inversión, pasando por el diseño de políticas y programas de fomento productivo y transferencia tecnológica, hasta asignación de recursos para la formación de capital humano.

enormes respecto al resto de los trabajadores del país en términos de capital humano, acceso a tecnologías de información, a capacitación, etcétera. A pesar de algunos avances, el mercado laboral agrícola tampoco ha logrado reducir las disparidades salariales y de condiciones del trabajo, como para contener la migración sectorial y geográfica de quienes tienen las capacidades para optar por empleos en otros sectores de la economía.

La estrategia agroalimentaria de innovación todavía está en deuda con el fortalecimiento de la mano de obra y del funcionamiento de los mercados de factores.

¿Debe la política de innovación del sector agroalimentario tener un foco explícito sobre la pobreza rural?

Finalmente, la estrategia de innovación deriva en profundas disparidades territoriales. Las cadenas priorizadas se han asentado en zonas dinámicas, muy vinculadas a los centros urbanos y sus mercados, con una fuerte base de servicios y con estructura agraria de corte predominantemente corporativo. Los territorios rurales cuya base económica no se sustenta en estos rubros, en cambio, se caracterizan por elevados niveles de pobreza, aislamiento, con predominancia de la agricultura familiar y, en algunos casos, con conflicto social.

FOTOS: Ximena Sanclemente

Evento: Primer Congreso Nacional del MNCI (Argentina). Organiza: Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Fecha: del 10 al 14 de setiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. Informes: http://www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=17370

En síntesis, la estrategia de innovación de los clusters excluye por defecto a importantes actores y segmentos del mundo rural de la innovación silvo-agropecuaria. Quizás esto responda a un desconocimiento de los efectos distributivos de este tipo de políticas. O tal vez a un accionar consciente de los tomadores de decisiones. ¿Debe la política de innovación del sector agroalimentario tener un foco explícito sobre la pobreza rural? O por el contrario, ¿debe la innovación potenciar actividades generadoras de excedentes que el Estado pueda después redistribuir a los hogares rezagados por medio de los programas sociales? Esta es la pregunta que definirá los espacios de oportunidad para los agentes de la innovación en el sector agroalimentario en Chile. Sincerar la discusión respecto del rol que deben jugar los actores excluidos parece ser el primer paso hacia una política sectorial de innovación más inclusiva.

Investigador de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural www.rimisp.org

Tiene también importantes consecuencias distributivas en sus impactos potenciales.

Como muestran estudios recientes desarrollados por Rimisp en el marco del proyecto “Visión Chile Agroalimentario, Forestal y Rural 2030”, coordinado por la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, la estrategia sectorial de innovación en la práctica deja al margen a diversos segmentos de las sociedades rurales y dependientes de la agricultura.

Un claro ejemplo de ello es la agricultura familiar. Según los más recientes censos agropecuarios, este grupo se aleja de la visión tradicional de la producción de subsistencia hacia modelos de gestión incipientemente empresariales, con una mayor orientación a los mercados y una amplia capacidad de innovación intrínseca. Sin embargo, este grupo muestra claras fallas en sus iniciativas, como el limitado acceso al crédito, a instrumentos de fortalecimiento del capital humano o a la transferencia tecnológica, entre otros. La política pública parece obviar a este actor en tierra de nadie, con demasiados activos para ser sujeto de la política social, pero con muy pocos para ser foco de las políticas de investigación, desarrollo e innovación.

Otro ejemplo es el de la mano de obra agrícola, eslabón clave en la cadena de generación, difusión e implementación del conocimiento y la tecnología aplicada a la producción sectorial. En Chile los asalariados agrícolas siguen mostrando brechas

Características del trabajo asalariado en la agricultura y en otros sectores Agrícola

Diferencia agrícola – no agrícola (%)

No agrícola

CaracterísƟcas

1992

2006

1992

2006

1992

2006

Ingreso Promedio del trabajo1

$155.312

$206.910

$308.616

$409.831

50*

50*

% con contrato de trabajo

71

73

87

94

16*

21*

60

73

83

84

23*

11*

87

95

92

96

5*

1

% que coƟza en algún sistema provisional % que coƟza en sistema de salud

Notas: (1) ingresos en pesos reales de Diciembre de 2008. * Indica diferencia significativa al 95% de confianza. FUENTE: Elaborado por Félix Mondrego.

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Uruguay

MÁS PRODUCCIÓN, MENOS CAMPESINOS Marta B. Chiappe

E

l agro de Uruguay vive profunSEMBRAR EN das transformaABYA YALA ciones, inéditas en la historia del país. Desde la crisis económica de 2002 que sacudió a todos los sectores de la sociedad, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario creció a un ritmo considerablemente mayor que el resto de la economía. Entre 2002 y 2007 aumentó en 5.85 por ciento anual, en comparación con la tasa de alrededor de dos por ciento del PIB nacional.

Esta situación obedece fundamentalmente a una mayor producción de cereales y oleaginosos, cuyo valor bruto se elevó en casi 361 por ciento, mientras que la tasa de aumento promedio para todo el sector (actividades agrícolas, pecuarias, forestales, etcétera) fue de 107 por ciento. Las exportaciones también se incrementaron en todos los rubros, especialmente en carne, granos y lácteos. En carne bovina, por ejemplo, pasaron de 269 millones de dólares a 823 millones entre 2002 y 2007 y en granos de 321 millones a 680 millones de dólares.

Paralelamente, a partir de 2002 la presión por la tierra se intensificó, provocando un aumento sostenido en el área vendida y en el valor promedio de la tierra, que se incrementó en 600 por ciento entre 2002 y 2009, al pasar de 385 dólares por hectárea a dos mil 329. En este período se efectuaron contratos de com-

pra-venta por seis millones de hectáreas; es decir, 37 por ciento de la superficie agropecuaria cambió de propietario. En total se pagaron casi seis mil millones de dólares por los campos, lo cual equivale a un precio promedio de 965 dólares por hectárea. El precio medio en 2000-02 fue de 415 dólares por hectárea, frente a mil 45 en 2006 y mil 842 dólares en 2008.

Es así que en un corto período el “mapa” agrario se modificó sustancialmente: se produjo un “conflicto” entre las diversas actividades por el uso del suelo; en particular, la producción de cereales y oleaginosos desplazó a la engorda vacuna y en menor medida a la lechería, y la forestación fue ocupando tierras antes dedicadas en gran parte a la producción ovina. Si bien aumentó el área de todos los cultivos, la soja (soya) fue la que más se expandió: de ocupar unas 30 mil hectáreas pasó a 670 mil. La forestación pasó de 40 mil hectáreas en 1990 a 800 mil en 2008. La intensificación del sector agropecuario ocurrió no sólo por una mayor área sembrada, sino también por un aumento en la productividad, atribuibles a cambios técnicos generalizados. El cambio del manejo del suelo por medio de siembra directa, la incorporación de especies genéticamente modificadas y de variedades transgénicas (en el caso de la soja y en menor grado del maíz) y un uso más eficiente de los fertilizantes, contribuyeron a obtener más producto por unidad de superficie.

Cabe decir que los transgénicos no necesariamente tienen rendimientos más altos, pero ofre-

ALTO A LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SINDICALES, LA VIOLENCIA NO ES LA VÍA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Condenamos el rompimiento y represión de la huelga de los mineros de Cananea y el bloqueo de la Caravana Humanitaria a San Juan Copala  Rechazamos la violación de los derechos humanos y laborales contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala y el sindicato de mineros de Cananea  El gobierno de Calderón propicia la violación de las libertades constitucionales para favorecer a caciques, corporaciones y la entrega de la riqueza y soberanía nacionales En días recientes se han suscitado dos hechos de evidente violación a los Derechos Humanos y Laborales de los mexicanos: En los acontecimientos contra la primera Caravana Humanitaria a San Juan Copala poblado, cercado por paramilitares y posteriormente el día 8 de junio con la segunda caravana llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” con el objetivo de romper el cerco paramilitar y entregar alrededor de 30 toneladas de víveres y medicinas. Propósito que no se cumplió porque el gobierno tendió un cerco “gubernamental” para proteger a los paramilitares de UBISORT e impedir que dicha caravana ingresara a San Juan Copala a entregar la ayuda humanitaria.

Queda en evidencia la complicidad del gobierno federal con el gobierno auotritario y represor de Ulises Ruiz para

cen mayor facilidad para su manejo. Las modificaciones en los patrones productivos han ido de la mano de cambios en la forma de gestión y organización de las explotaciones. Compañías nacionales y extranjeras que cultivan grandes superficies comienzan a tener cada vez más incidencia en el territorio. La agricultura tiende a concentrarse en empresas de gran tamaño. Entre 2000 y 2007 la proporción del área en siembras mayores a mil hectáreas creció de 20 por ciento a más de 50. Las seis más grandes empresas –la mayoría de origen argentino– siembran un 20 por ciento del área total. Simultáneamente, muchos productores que arriendan sus tierras a capitales extranjeros comienzan a crear compañías especializadas para el suministro de servicios agrícolas (siembra, cosecha, aplicación de productos sanitarios, etcétera).

En los años recientes, se han instalado además trasnacionales (Cargill, L. Dreyfus, Archer Daniels Midland, entre otras), ya sea en forma directa o mediante alianzas con operadores locales. En función de estos cambios, han surgido también nuevas formas de comercialización, de manejo de los productos (ventas anticipadas y mercados de futuro) y de los insumos (compras en grandes volúmenes e importación directa) que tienden a minimizar el riesgo de mercado. Al mismo tiempo, se ha generado la necesidad de una mejor infraestructura que permita responder a las demandas de cargas y de crecimiento de la producción.

Desde un ángulo social –al predominar la agricultura continua–, los productores que anteriormente desarrollaban sistemas agrícola-ganaderos alternando cultivos con pasturas, hoy no comparten el territorio: los agricultores y los ganaderos se constituyen en actores diferenciados. No obstante, la ganadería interactúa con la agricultura por medio del uso de productos provenientes del

proteger a caciques y violentar el estado de derecho en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, cercado desde hace más de 6 meses por un grupo paramilitar.

Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal tienen la voluntad para controlar y castigar a ese grupo criminal y paramilitar; lo que sucede en la región no le interesa a ninguno de los dos gobiernos.

Esta misma actitud del gobierno federal se vive en todo el territorio del país, en donde, a través de la estrategia policiaca, militar y paramilitar, se reprimen luchas sociales y sindicales. La represión y el silencio gubernamental se han intensificado ante las protestas y las huelgas de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas, el desalojo de los mineros de Cananea (Sonora) y las familias de mineros en Pasta de Conchos (Coahuila). Calderón mantiene una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, un ambiente de violación a los derechos humanos y laborales con una política de constante confrontación y no de diálogo, un Estado de privilegio para las empresas que tienen el control económico del país.

Cananea nuevamente es zona de resistencia y represión. El antecedente en junio de 1906, cuando los mineros de Cananea regresaron al trabajo luego de la violenta represión que sobre la huelga minera realizó el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. La historia se repite en pleno 2010, en el Centenario de la Revolución.

El pasado 6 de junio, cerca 2000 efectivos de la policía federal, a través de un operativo violento, con armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma, entraron por los cerros traseros de la mina y rompieron la huelga, desalojando a los mineros de la sección 65 del sindicato, que llevaba más de tres años en defensa de los derechos de los trabajadores.

La violencia de estado en San Juan Copala, Cananea y Pasta de Conchos, es una derivación de una la política contra los movimientos sociales y sindicales del gobierno neoliberal, que ya había quedado en evidencia con el decreto de extinción de Luz y Fuerza. El gobierno fede-

manejo de cultivos. Además, la reorganización de la actividad agrícola conlleva una mayor exigencia en capacitación de recursos humanos, lo que repercute en mejores condiciones de trabajo.

En la medida que los contingentes poblacionales se encuentran en las ciudades, la escasa población del campo uruguayo –apenas un ocho por ciento de la población total, 266 mil 289 personas– no representa una traba al modelo imperante, que encuentra las condiciones económicas y políticas adecuadas para su expansión. Sin embargo, la organización de los agricultores familiares, la mayoría de los productores del país, ha hecho oír sus reclamos relativos a la necesidad de contar con opciones y condiciones adecuadas de desarrollo que posibiliten su permanencia en el campo (sus propuestas se pueden leer en www.cnfr.org.uy/ uploads/files/propuestapoliticas.pdf).

Como consecuencia del avance del modelo agro-exportador y de la aplicación de políticas que favorecen la producción empresarial de mayor escala, la agricultura familiar sufrió en las cuatro décadas pasadas un proceso de desmantelamiento difícil de revertir. En la actualidad, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha mostrado mayor sensibilidad para contemplar la situación de los productores familiares, y se orienta a la implementación de una estrategia de desarrollo del sector por medio de políticas diferenciadas. Éstas incluyen medidas tales como subsidios para los aportes a la seguridad social, atención a la salud, compensación por catástrofes climáticas, y apoyos vía programas específicos (por ejemplo el Programa Ganadero) que operen como aliciente para este sector de la economía nacional.

Profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

ral continua apostando peligrosamente por una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores del campo y de la ciudad y optando por la resolución violenta de los conflictos que su propia subordinación a intereses externos, corporativos y caciquiles genera.

Por todo lo anterior el CONOC expresa: 1. Condenamos la complicidad por omisión del gobierno de Felipe Calderón en los hechos de represión y violencia en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, le exigimos que abandone su complicidad con el gobierno autoritario de Oaxaca y los caciques y paramilitares de Ubisort, cumpla con su obligación de restablecer el estado de derecho en dicho municipio y se garantice la entrega de ayuda humanitaria.

2. Exigimos el castigo para los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y de Timoteo Alejandro Ramírez y Cleriberta Castro.

3. Exigimos la salida inmediata de la Policía Federal de Cananea y el respeto irrestricto al derecho de huelga de los mineros de Cananea.

4. Nos sumanos a la exigencia del movimiento sindical nacional para que renuncie el secretario del trabajo Javier Lozano.

Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a solidarizarse con las luchas sindicales y los movimientos sociales que pugnan por la transformación real del país.

Atentamente

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC: AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDC, MAIZ, Red MOCAF www.conoc.org.mx

contacto@conoc.org.mx

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BRASIL

LAS POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE ALIMENTOS

A partir de esa iniciativa, se constituyó en la Conab un Grupo de Trabajo (GT), coordinado por este autor, para dar seguimiento a las discusiones y propuestas del GTI, El GT tradujo las propuestas del GTI en un formato operativo, práctico, y resultó así la base para la implantación del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

Cabe destacar que, por ley, el PAA tiene como objetivo fomentar la agricultura familiar, e implica acciones vinculadas a la distribución de productos agropecuarios para personas en situación de inseguridad alimentaria y formación de reservas estratégicas. El PAA promueve la compra de cosechas de la agricultura familiar, de asentamientos de la reforma agraria y de pueblos y comunidades tradicionales, sin licitación pública y a precios de mercado.

En esa misma línea, se hizo necesario repensar la Política de Garantía de Precios Mínimos (PGPM), que inició en 2003, cuando las reservas eran escasas (de apenas 462 mil toneladas) y el país era vulnerable a oscilaciones de la oferta, en función de posibles quiebras de la producción y de los precios, por falta de capacidades del gobierno para intervenir debido a la falta de reservas públicas que regularan ese mercado.

Sílvio Isoppo Porto

E

n la década de los 90s, periodo de neoliberalismo, fueron privatizadas –en especial en los países en desarrollo– una serie de estructuras gubernamentales, en respuesta a planteamientos de agencias multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que argumentaban que ya no era más papel del Estado intervenir en la economía.

SEMBRAR EN ABYA YALA

En el caso de Brasil se sabe muy bien que este proceso inició con el gobierno de Fernando Color. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) surgió en 1991 a partir de la fusión de las compañías de Financiamiento de la Producción (CFP), Brasileña de Almacenamiento (Cibrazem) y Brasileña de Alimentos (Cobal), lo cual implicó un profundo cambio en la estructura y las atribuciones; desactivó una serie de unidades almacenadoras, de abastecimiento y comercialización, y despidió a un número significativo de empleados y funcionarios.

Inmediatamente después, en los gobiernos de Fernando Hernique Cardoso (1995-99 y 1999-2003), fueron privatizadas empresas públicas en las áreas estratégicas de energía, minería, siderurgia, infraestructura, telecomunicaciones, sistema financiero (privatizaron una gran mayoría de los bancos del Estado), abastecimiento, alimentación y almacenamiento, entre otras.

A finales de 2002, la Conab se encontraba en una lista de empresas privatizables. Felizmente, gracias a la comprensión de su papel estratégico por parte del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva –que inició su gobierno en 2003– se negoció con un equipo de transición que se borrara de esa lista, lo que ocurrió al finalizar de diciembre de aquel año.

A partir de 2003, en el contexto de la estrategia Hambre Cero, la Conab asumió importantes responsabilidades: a) regular los precios agrícolas, sobre todo los de productos básicos y de los procedentes de la agricultura familiar y de los asentamientos de la reforma

agraria; b) rearticular las intervenciones del mercado agrícola brasileño, a fin de regular la disponibilidad de granos (en especial arroz, maíz, frijol y trigo) a partir de la formación de reservas estratégicas bajo el dominio del gobierno federal; c) ampliar la asistencia a las poblaciones con vulnerabilidad alimentaria, principalmente las familias pendientes de atención en el proceso de reforma agraria, los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas (descendientes de esclavos negros) y los afectados por catástrofes climáticas.

Para asegurar un foro de concertación política, el gobierno federal recreó un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) en febrero de 2003. La Conab participó activamente en este consejo, como representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA, por sus siglas en portugués); allí encontró un espacio para discutir y redefinir su papel en el contexto de la política agrícola, de abastecimiento y de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Una de las primeras propuestas del Consea fue establecer un Plan de Cosecha para los beneficiarios del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), que debería ser lanzado en 2003, con bases para su ejecución en 2003-04. Este plan agrícola debía estructurarse con tres líneas estratégicas: la reformulación y ampliación del Pronaf e implantación del seguro agrícola; la aplicación de un nuevo sistema de asistencia técnica y extensión rural, y la creación de una política de comercialización que atendiera las especificidades de los receptores del Pronaf.

La Conab aceptó el desafío de desarrollar ese plan, y constituyó un Grupo Técnico Interministerial (GTI), creado en el ámbito del Consea, para formular una propuesta de aplicación de instrumentos específicos de comercialización de la producción agrícola de los beneficiarios del Pronaf. El GTI fue compuesto por representantes del Instituto de Investigación Económica Aplicada; del MAPA, por medio de la Conab; del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), y del entonces Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS)

Se actualizaron los precios mínimos de la PGPM, corrigiendo un desfase de la década anterior, y se crearon condiciones para recomponer las reservas públicas, asegurar el estímulo a la producción de granos en nuestro país y regular su abastecimiento.

Multiplicidad biológica y social. Al mismo tiempo que Brasil ocupa un papel destacado en la producción agrícola mundial, por medio de las exportaciones de algunas materias primas, en especial soya, café, carnes y azúcar, es un país que posee una enorme complejidad de biomasa, entre la pampa en el sur; la Amazonía en el norte, o el pantanal denso en el centro-oeste, o las condiciones semiáridas, con una vegetación agreste en el noreste. Y tenemos una representación de la selva virgen atlántica en el litoral brasileño, en el noreste y en el sur del país.

En ese contexto de biodiversidad, hay de la misma forma una fuerte representación social y económica, donde están insertos los productos de expresión regionales, entre ellos los alimentos, las fibras, los aceites y los productos no maderables, provenientes de la agricultura familiar y campesina, de los asentamientos de la reforma agraria, y en especial de los pueblos y las comunidades tradicionales, como los indígenas, los ribereños, los pescadores artesanales y los remanentes de quilombos, entre otros que poseen características sociales, económicas y culturales propias.

Reconociendo las peculiaridades de esos grupos y su enorme fragilidad (pues están ofuscados por la presencia del agronegocio en su entorno, por las grandes distancias que los separan de los centros consumidores y por el bajo nivel de acceso a las políticas públicas), el gobierno federal consideró la necesidad de crear una política propia para los pobres y las comunidades tradicionales (Decreto 6.040, del siete de febrero de 2007.)

El reto era desarrollar instrumentos que permitieran la comercialización de la producción de estos grupos. Así, a partir del Decreto 6.040, y después de un largo debate entre los representantes de varios ministerios (el de Medio Ambiente, MDS y MDA), la Conab y la Casa Civil, se llegó a la conclusión de que la forma más rápida para atender esta demanda sería re-

forzar el PAA con la adquisición de cosechas de los pobres y las comunidades e incluir los no maderables, con la denominación de “productos de la sociobiodiversidad” (como caucho, castaña y fibra de palma) en el PGPM. Esta parte de la política se llamó PGPMbio.

Con estas acciones el gobierno federal quiere garantizar alternativas económicas y transferencia de ingresos para los pobres y comunidades tradicionales (presentes en 43 municipios del “arco de la deforestación”, en la región amazónica).

El Programa de Adquisición de Alimentos ha significado para la Conab más que un programa de comercialización; sirvió como una estrategia para reorganizar la actuación de esta compañía. Se ha logrado comprender, por medio del PAA, la complejidad de la producción de la agricultura familiar y de los pueblos y las comunidades tradicionales, y se respetan las diferentes formas de organización.

Las discusiones y acuerdos en torno al PAA entre los diversos ministerios y los consejos de seguridad alimentaria y nutricional (federal, estatales y municipales), así como con los movimientos sociales, han legitimado este programa y eso se evidencia con un crecimiento de los recursos que se invierten en él y el número de familias que producen alimentos y comercializan por medio de él. Entre 2003 y 2008 su presupuesto pasó de 81.5 millones de reales a casi 276 millones, y las familias de 41 mil 341 a 91 mil 622.

La producción que adquiere el PAA se destina a la formación de reservas de alimentos del Estado y a atender a las familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Además, el PAA paga hasta 30 por ciento sobre el precio de mercado para productos agroecológicos con la intención de fomentar la transición desde el modelo convencional hacia una producción ambientalmente sostenible, asegurando a los consumidores productos con mayor valor biológico y sin contaminación por residuos de agrotóxicos.

El volumen de productos agroecológicos adquiridos por el programa es aún pequeño, pero su diversificación es muy importante: implica más de 160 de un universo de más de 300 tipos de productos que entran en el PAA. Después de seis años de aplicación de la PAA como un instrumento de comercialización agrícola y como un poderoso mecanismo para la asistencia a innumerables personas que padecen seguridad alimentaria, se puede afirmar que ha creado un círculo virtuoso en los circuitos locales de abastecimiento, permitiendo a las organizaciones que producen expandir y diversificar su producción y generando excedentes más allá del programa (lo que ha posibilitado en muchos casos establecer relaciones con el mercado por medio de otros canales de comercialización). Y en el frente de los consumidores, ha permitido una mejoría en cantidad y calidad de alimentos, lo cual refuerza y promueven hábitos de consumo de base regional con mayor valor nutricional.

Por estas virtudes, el gobierno brasileño ha presentado el PAA en el contexto de la cooperación internacional Sur-Sur, especialmente para los países de América Latina y del Caribe, y con los países africanos. Todo esto posibilita la valorización del uso de la biodiversidad y el rescate de hábitos alimentarios propios de las comunidades rurales pobres e indígenas.

También permite sustituir alimentos otros países, adquiridos vía grandes compras públicas o donaciones de terceros países.

Director de Dipa / Conab

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CONGRUENCIA EN POLÍTICAS COMERCIAL Y AGRÍCOLA, DEMANDA CAMPESINA

nes de Estados Unidos. Es decir, la agenda de las políticas agrícolas y comerciales de México está determinada por los intereses de EU y su complejo agroindustrial y agroexportador.

• Consulta gobierno sobre TLC con Brasil, pero urge una recapitulación total de los acuerdos internacionales en el agro

P

or medio de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), el gobierno federal ha pedido a organizaciones agrícolas y campesinas su opinión sobre la conveniencia o no de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con Brasil. Pero más que eso, lo que debería hacer esta secretaría es convocar a un diálogo y trabajar en la construcción de consensos respecto de la congruencia de toda la política agrícola y comercial de México.

Y es que México acumula ya tres décadas de políticas de libre mercado, y casi dos de numerosos TLCs –el más importante, el puesto en vigor en 1994 con Estados Unidos (EU), la mayor potencia económica y agroalimentaria del mundo– y de acuerdos de asociación económica (AAEs) y los resultados son de pérdida de soberanía alimentaria, cesión de nuestro mercado interno a las grandes corporaciones agroalimentarias vinculadas a las importaciones y anulación de la regulación pública del comercio exterior y del mercado agrícola doméstico.

El diálogo que se necesita debe pasar por temas tales como a) la renegociación del capítulo agrícola del TLC de América del Norte (TLCAN); b) la revalorización del sector agroalimentario como un asunto de seguridad nacional; c) la recuperación de la soberanía alimentaria del país; d) la revalorización y reactivación económica de la agricultura en pequeña y mediana escalas; e) la revalorización y fortalecimiento del papel del Estado en la conducción y regulación del desarrollo agroalimentario del país, y f) medidas estructurales para disminuir la dependencia alimentaria e impulsar la producción sustentable de alimentos, el empleo y la conservación ambiental con base prioritariamente en la agricultura campesina.

Para argumentar este planteamiento, debemos remitirnos a 1982, cuando en el marco de la llamada crisis de la deuda y de la debilidad del gobierno mexicano, se impuso en México –por medio del Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– el modelo de libre comercio y privatización de la economía. Con la adhesión de nuestro país al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y sobre todo con la negociación y firma del TLCAN, nuestro país se encaminó a la crisis de creciente dependencia alimentaria y pérdida de soberanía.

Una primera constatación de ello es que el modelo de libre mercado y los TLCs/AAEs han favorecido a EU, Canadá y al resto de países socios y ha sido desfavorable para nuestro sector agroalimentario. Los hechos así lo demuestran: la balanza comercial agroalimentaria de nuestro país ha sido sistemática y crecientemente negativa todos los años de 1994 a la fecha, con la excepción un año (1995, debido a la recesión económica).

De 1994 a 2009, de acuerdo con el Banco de México, el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agropecuaria ascendió a 27 mil 321 millones de dólares, mientras que

el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria fue de 41 mil 867 millones 900 mil dólares.

La segunda constatación se observa en que los TLCs/AAEs, en el marco del modelo de libre mercado, no impulsaron el crecimiento económico del sector agroalimentario. De 1994 a 2009, el PIB agropecuario aumentó a una ínfima tasa promedio anual del 1.77 por ciento, muy por debajo del también mediocre crecimiento promedio anual de la economía de 2.43 por ciento. En contraste, de 1934 a 1980, el PIB agropecuario aumentó a tasas anuales superiores a cuatro por ciento como media.

El comercio agroalimentario está en manos de unas cuantas megacorporaciones agroalimentarias que imponen precios de monopolio, determinan las políticas agrícolas y comerciales en EU, México y el mundo Tercera constatación. Los TLCs/AAEs han promovido: a) la dependencia alimentaria de nuestro país (diez por ciento en los años 80s, 40 por ciento en 2010 y 80 por ciento para el 2020, según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA); b) la desigualdad (con datos del Banco Mundial: en 2008 el diez por ciento más rico concentró 41.3 por ciento del ingreso total nacional, mientras que el diez por ciento más pobre dispuso únicamente de 1.2 por ciento; en 2004, el diez por ciento más rico concentraba 35.4 por ciento del ingreso total nacional mientras que el diez por ciento más pobre disponía de 1.5 por ciento); c) el desempleo rural (pérdida de 2.5 millones de empleos agropecuarios de 1994 a 2009); d) la pobreza (70 por ciento de la población rural) y la migración (250 mil migrantes rurales anualmente); e) la concentración del mercado agroalimentario en pocas megacorporaciones nacionales y extranjeras (20) las cuales han impuesto un modelo alimentario que produce desnutrición y obesidad para el 20 y 70 por ciento de los mexicanos, respectivamente.

Cuarta constatación. Los TLCs/AAEs no han promovido el libre comercio, mucho menos el comercio justo apegado a los principios y reglas internacionales de comercio. El comercio agroalimentario está en manos de unas cuantas megacorporaciones agroalimentarias que imponen precios de monopolio, determinan las políticas agrícolas y comerciales en EU, México y el mundo y eliminan a cientos de miles de pequeños y medianos agricultores y agroempresarios. Al mismo tiempo, el comercio agrícola internacional está marcado por el dumping económico, social y ambiental practicado por EU y por medidas proteccionistas en función de su política de soberanía alimentaria y de seguridad nacional.

FOTO: Joseph Sorrentino

Víctor Suárez Carrera

Quinta constatación. Los TLCs/AAEs se han negociado e impuesto de manera autoritaria, a espaldas de la sociedad civil y en particular de los pequeños y medianos productores y de las pequeñas y medianas agroempresas.

Se han negociado y acordado con la participación de y en función de los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La mayor parte de las organizaciones rurales del país y de la ciudadanía tienen una percepción negativa del TLCAN en el sector agroalimentario. En una encuesta de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dada a conocer en mayo de 2009, se constata que “el 73 por ciento de los mexicanos y el 72 por ciento de sus líderes consideran que México debe renegociar el TLCAN, sobre todo en el capítulo agropecuario”.

Sexta constatación. A la par que México se comprometió a lo largo de las tres décadas pasadas con el modelo de libre comercio, otros países como China, India y Brasil adoptaron modelos de desarrollo y comercio propios, autónomos, soberanos, pragmáticos, con visión de Estado, con lo cual lograron mayores tasas de crecimiento económico y agroalimentario y mejores resultados en la distribución del ingreso y combate a la pobreza. Esos países han emergido como potencias económicas, comerciales y diplomáticas mundiales, a la par que México ha perdido competitividad y prestigio en el escenario internacional.

Incongruencia de las políticas agrícolas y comerciales de México 1994-2010. Cuando se decidió iniciar la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) a finales de los 90s, el CNA y el gobierno argumentaron a favor de excluir el sector agroalimentario en razón de los “altos subsidios agrícolas, las exportaciones agrícolas dumping y las medidas proteccionistas de la UE”. Por su parte, la UE exigió al gobierno mexicano un trato similar al TLCAN en este sector. Al final, cuando entró en vigor el TLCUE en 2000, se excluyó correctamente al sector agroalimentario.

La incongruencia del CNA y el gobierno mexicano radica en que por las mismas razones por las que se excluyó al agro del TLCUE debería ser sacado del TLCAN o, al menos, impulsarse su renegociación. Al no hacerlo, el resultado es que se protege a México de la competencia desleal de la UE para que el mercado agroalimentario mexicano sea completamente dominado por la competencia desleal de las agroexportaciones y corporacio-

Ahora que se analiza el posible inicio de negociaciones de un Acuerdo Estratégico de Integración Económica (TLC) con Brasil, de nueva cuenta emergen las incongruencias del CNA y el gobierno mexicano: según dijo Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, citado en una nota de El Financiero, del 14 de abril de 2010, debe excluirse al sector agroalimentario de un eventual TLC con la potencia económica, agrícola, comercial y diplomática suramericana “porque el sector agropecuario mexicano es una actividad sustancialmente sensible y no tiene nada que ganar”, y “no es que haya mejores productores en Brasil que en México, sino que las condiciones estructurales son diferentes. Mientras la obligatoriedad de la banca brasileña es prestar al sector agropecuario un porcentaje de su captación a una tasa preferencial; nosotros carecemos de ese apoyo, lo que nos pone en desventaja...

Como ejemplo citó que la inversión que hace el gobierno de Brasil en tecnología es muchas veces mayor a la que realiza el de México, por lo que es difícil competir en sectores que tienen esas diferencias tan abruptas”.

Sí es cierto que existen condiciones estructurales diferentes (y adversas) para México respecto a Brasil, pero es aún más cierto para el caso de Estados Unidos respecto a México. Por tanto, si hubiera un mínimo de congruencia, no sólo debería excluirse al sector agropecuario de un eventual TLC con Brasil, sino sobre todo debería excluirse el sector del TLCAN por medio de una renegociación, tal y como lo han exigido la mayoría de las organizaciones rurales y la ciudadanía del país. ¿O se trata como en el caso del TLCUE: excluir a Brasil de la competencia en el mercado agroalimentario mexicano para que el dominio y control estadounidense sea total y no tenga competidores? ¿Las decisiones del gobierno mexicano y el CNA (dominado por las corporaciones agroalimentarias con intereses en EU) de nueva cuenta se toman en función de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de EU y sus corporaciones?

Es indispensable que haya congruencia en las decisiones de política agrícola y comercial y no decisiones a modo de los intereses de EU y de las corporaciones.

En su posicionamiento sobre el tema, la ANEC se opone rotundamente a la posición de excluir al sector agroalimentario en las negociaciones de un eventual TLC con Brasil a la par que se mantiene sin modificaciones el TLCAN y la política agrícola y comercial basada en el paradigma fracasado del libre comercio. Esta posición únicamente serviría a los EU y a las megacorproaciones agroalimentarias mexicanas y estadounidenses y profundizaría los resultados adversos del modelo de libre comercio y TLCs señalados arriba.

El país y el sector agroalimentario demandan un nuevo paradigma de desarrollo económico y agroalimentario propio, autónomo, soberano, pragmático, alejado del fundamentalismo neoliberal, con visión de Estado, de largo plazo, tal y como Brasil lo tiene y al que tanto teme el CNA y el gobierno mexicano.

Debemos construir una nueva política agrícola y comercial que deje atrás el modelo fracasado de libre comercio y TLCs. Director ejecutivo de la ANEC

19 de junio de 2010

LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA COMO EJE DE DESARROLLO Luis Eduardo Pérez Llamas

E

ste 2010 la comunidad de Vicente Guerrero cumplirá 73 años de existencia y más de la mitad los lleva construyendo sistemas de producción alternativos a la agricultura capitalista moderna. Se fundó con diez familias que solicitaron 200 hectáreas; les pareció que era un buen pedazo de tierra para sembrar.

Con el tiempo, la tierra resultó insuficiente, y más cuando sus descendientes resultaron muy apegados al modo de vida campesino, como nos relata Rogelio Sánchez, hijo pródigo de la comunidad.

Los miembros de la comunidad se vieron obligados a forjar su propio destino, y el reto de la autosuficiencia alimentaria se convirtió en motor impulsor del que emanaron diversas estrategias Durante 40 años los campesinos laboraron en condiciones sumamente adversas –topográficas, climáticas, técnicas, etcétera– y con una producción magra, lo que los obligaba a emplearse fuera de sus parcelas. A fines de los 70s del siglo pasado la comunidad empezó a experimentar un cambio profundo en su estrategia de desarrollo, al tiempo que el mundo transitaba del paradigma keynesiano y su Estado benefactor hacia el neoliberalismo, con estrategias de desarrollo mucho más agresivas en contra de la naturaleza y la sociedad. Más les valía a los campesinos construir sus propias alternativas, ya que eran desdeñados por los propios técnicos e ingenieros que el Estado les mandaba, quienes, dada su formación, consideraban que las tierras de la comunidad no eran aptas para la agricultura basada en la revolución verde.

La comunidad de Vicente Guerrero se localiza a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, al nororiente del estado, en el municipio de Españita. La mayor parte de su superficie es de laderas con pronunciadas barrancas; el ambiente es seco y de temperatura extrema; las heladas lo mismo se pueden retrasar y aparecer en mayo que adelantarse en octubre. Las lluvias anuales, que van de 700 a mil cien milímetros, se concentran de junio a septiembre.

Amantes de la tierra y negados a formar parte del ejército de mano de obra barata industrial, los miembros de la comunidad se vieron obligados a forjar su propio destino, y el reto de la autosuficiencia alimentaria se convirtió en motor impulsor del que emanaron diversas estrategias. Si bien el Grupo de Vicente Guerrero (GVG) –como mejor se les conoce– se constituyó legalmente en 1997

como Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, AC, en realidad su inicio ocurrió a finales de los 70s.

El primer antecedente lo tenemos en los trabajos –caminos, estufas ahorradoras de leña y huertos biointensivos– realizados con el apoyo de la organización cuáquera estadounidense Comité de Servicio de los Amigos, bajo la dirección del tlaxcalteca Rogelio Cova Juárez. Particular importancia tuvo el aporte de Erick Holt, con las camas biointensivas de producción de hortalizas. Un segundo momento para la consolidación del proyecto se dio con la conformación de grupos de trabajo en torno de sistemas de producción agrícola sostenible. La vocación de servicio comunitario y de promoción de desarrollo local de Rogelio Cova vinculó la necesidad de desarrollo alternativo de Vicente Guerrero con la experiencia exitosa de la cooperativa y escuela de Conservación de Suelos y Agua Katoqui Ketzal, de San Martín Xilotepeque, Chimaltenango, Guatemala, bajo la dirección de Marcos Orozco.

En 1979 cuatro compañeros tlaxcaltecas visitaron por varios días la cooperativa; uno o dos años después un segundo grupo hizo lo mismo. Estos grupos tuvieron la tarea de diseminar lo aprendido en la comunidad de Vicente Guerrero; a partir de ello o paralelamente se conformó el “grupo promotor de procesos de desarrollo hacia otras comunidades”, que desarrolló la diseminación del saber de campesino a campesino (de C a C).

Rogelio Sánchez, fundador del proyecto y miembro del primer grupo promotor, nos comenta al respecto: “lo que nosotros hacemos es reimpulsar algo que ya estaba arraigado en el modo de ser de la comunidad campesina.

Lo que ocurrió en Guatemala forma parte de este modo de ser. Lo novedoso fue que estaba ocurriendo entre miembros de dos comunidades de países distintos. Pero es lo

mismo que continuamos haciendo en Vicente Guerrero y en sus comunidades vecinas; también lo hicimos en Puebla y Veracruz, lo mismo que en Nicaragua a principios de la revolución sandinista”.

El concepto de C a C retoma el saber campesino como eje de retroalimentación entre pueblos y comunidades campesinas e indígenas, a contracorriente de lo que ocurre en las universidades, con la introducción del modelo de revolución verde y la preparación de técnicos e ingenieros que rompen la transmisión de ese saber de generación a generación. La comunidad de Vicente Guerrero le dio un impulso en México a este concepto, revalorando su importancia y enriqueciendo el proceso metodológico.

Un tercer momento de la consolidación de este proceso ocurrió con la llegada de refugiados guatemaltecos en los 80s. Rogelio Cova gestionó que compañeros de Katoqui Ketzal dejaran los campamentos de refugio ubicados en Chiapas y pasaran a ser invitados de comunidades de Tlaxcala y Oaxaca.

De los guatemaltecos se retomó la herramienta fundamental del manejo de los suelos y del agua, lo que significó de manera inmediata la siembra del agua de lluvia, evitando los escurrimientos y el deslave de los suelos, con lo que se incrementó la humedad, se incorporaron árboles frutales y maderables y se recuperaron el maguey y los nopales. A mediano y largo plazos ello significó el aumento en la fertilidad de la tierra, de la biodiversidad y por supuesto de la rentabilidad, lo que acercó a la comunidad a su objetivo básico: la autosuficiencia alimentaria.

Con la mayor producción de granos se pudo fortalecer la crianza de animales de traspatio. Milpa, huertos biointensivos y animales de traspatio formaban parte de una misma estrategia. Y también la recuperación de la

FOTO: Tomada del libro Agricultura sostenible campesino-indígena, soberanía alimentaria y equidad de género; seis experiencias de organizaciones índigenas y campesinas en México, de Eckart Boege y Tzinnia Carranza, editado en septiembre de 2009.

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

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herbolaria en la gestión de la salud de manera colectiva. En todos los casos la mujer ha jugado un papel protagónico, y por tanto surgió una nueva necesidad: la de procurar la equidad de género, permitiendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones de la comunidad.

La historia da lecciones. La agricultura rural integral de Vicente Guerrero fue reconocida en 2009 con el premio a la productividad (lograron rendimientos de seis toneladas de maíz por hectárea). Lejos se está de los 800 kilos que se obtenían en los ciclos agrícolas más favorables antes del proyecto y lejos también de los mil 500 kilos que se lograban cuando se aplicaban hasta 12 bultos de fertilizantes químicos por hectárea. Hoy el promedio de producción de maíz es de 3.5 a cuatro toneladas. Y como lo que se cultiva no es maíz, sino milpa, a este rendimiento hay que sumarle la cosecha del cultivo acompañante. Si fuera el caso del frijol matero, sus tres toneladas de rendimiento; 1.5 toneladas si es frijol trepador; una tonelada si es haba, y 400 kilos si es semilla de calabaza. Hoy está garantizada la producción para el autoconsumo, pero también para la crianza de animales y para la venta. En el caso del maíz la producción se divide a partes iguales para los tres propósitos. La aplicación de abonos orgánicos con insumos locales influye de manera fundamental en el incremento del rendimiento por hectárea.

Se retomó la herramienta fundamental del manejo de los suelos y del agua, lo que significó de manera inmediata la siembra del agua de lluvia, evitando los escurrimientos y el deslave de los suelos Pero el trabajo no sólo consistió en aspectos técnicos; se exploró también el cómo generar procesos autogestivos en la comunidad, lo que llevó a establecer áreas comunes de reforestación, así como a la compra de un área de reserva donde se localizan los manantiales que proveen a la comunidad de agua de beber. Se trataba de desarrollar un concepto de agricultura sostenible que cuidara todos los aspectos que tiene una comunidad: el autogestivo, el cultural, el ecológico, el económico, etcétera.

Así por ejemplo, si bien la milpa es el centro de la vida campesina, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la consecuente caída de los precios del maíz, el GVG se vio obligado a buscar una opción comercial que compensara la pérdida de ingresos monetarios y la encontró en el tomate de cáscara, que hoy es la principal fuente de dinero en efectivo y provee 500 empleos durante cuatro o cinco meses del año. El maíz ocupa el segundo lugar en la generación de empleos y en los ingresos de dinero; le siguen la calabaza y el frijol, y más abajo están el chícharo, el haba, la cebada y el trigo. En menor escala se produce fruta asociada a los sistemas de producción principal y también un poco de miel.

Diversificar los sistemas de producción forma parte de la estrategia de agricultura sostenible de esta comunidad. Además de recuperar el sistema tradicional de la milpa, se incorporaron frutales, plantas medicinales, árboles maderables y otros. El manejo

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hidrológico de los suelos aprendido de los guatemaltecos fue enriquecido a partir de la formación de represas, jagüeyes, cisternas de ferro-cemento, etcétera. En el control de insectos hubo cambios; de ser considerados una plaga, algunos como los chapulines pasaron a formar parte de la dieta de las personas, recuperando así una práctica de los oaxaqueños. Y qué decir del rescate y preservación de las semillas nativas: Tlaxcala cuenta con cinco razas y 57 variedades de maíz; 13 variedades de frijol y ahora mismo se encuentran en una estrategia de recuperación de las semillas de amaranto locales.

En la organización es muy importante la formación de cuadros, para la renovación de los promotores y garantizar la sostenibilidad de los planteamientos a mediano y largo plazos. Por ello la concienciación comienza desde la infancia: se cuenta con un grupo de niños que se llaman Guerreros por la Naturaleza, en quienes se siembra la semilla del proyecto; estos niños a su vez actúan sobre el resto de los niños de la comunidad sensibilizándolos sobre la ecología y la colectividad.

Por otra parte, la comunidad tiene una necesidad apremiante: dotar de tierra a las familias que no cuentan con ella. Actualmente existen 67 ejidatarios. La superficie total ha crecido gracias a la compra que la comunidad y los pobladores han venido haciendo. Entre tierras ejidales, comunales y de pequeña propiedad la comunidad cuenta con entre 800 y mil hectáreas. Se tienen censados 112 productores y, como son 160 familias, se calcula que alrededor de un 30 por ciento de familias no cuentan con tierra.

Son las que se ven obligadas a migrar para ganarse el pan de cada día.

Hoy el promedio de producción de maíz es de 3.5 a cuatro toneladas.

Y como lo que se cultiva no es maíz, sino milpa, a este rendimiento hay que sumarle la cosecha del cultivo acompañante

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

La experiencia de Vicente Guerrero ha trascendido hasta conformar una pequeña región que incluye los municipios de Españita, Tlahuapan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Tepetitla y Nanacamilpa. Y se está planteando la conformación de cuatro regiones para tratar de cubrir todo el estado. Ya se arrancó en el sur con Zacatelco, donde se consolidó una agrupación que tiene bajo su responsabilidad capacitarse y transmitir el conocimiento de GVG hacia todos sus asociados y después difundirlo en toda la región.

DIVERSIDAD DE COMUNIDADES FORESTALES Sergio Madrid

A

diferencia de la mayoría de los países del mundo, en México las tierras forestales son fundamentalmente de propiedad social. En un estudio reciente, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) reporta que del total de superficie con bosques y selvas del país 60.3 por ciento está en manos de comunidades y ejidos y cubre más de 39 millones de hectáreas.

En las zonas forestales donde existe arbolado comercial, las comunidades y los ejidos desarrollan sus actividades bajo esquemas de manejo planificado basados en lo que se llama el “Programa de manejo forestal”. El aprovechamiento de la madera se da en un marco de producción sostenible; es decir, se mantiene el mismo nivel de extracción a lo largo de los años sin demeritar las cualidades y funciones ecológicas del bosque.

Contrario a lo que normalmente se piensa, las actividades de aprovechamiento forestal en las comunidades son precisamente lo que permite la conservación, la protección y el mantenimiento de la cobertura forestal. Los ingresos por la venta de la madera constituyen un fuerte incentivo para que los ejidatarios se ocupen de cuidar el bosque contra las amenazas de la tala ilegal, de los incendios, de las plagas e incluso del sobreaprovechamiento. En algunos lugares donde las autoridades gubernamentales han vedado el aprovechamiento por alguna causa, los ejidatarios se desmoralizan y descuidan el bosque pues no pueden obtener beneficio económico alguno, y por tanto el recurso

forestal queda a merced de la tala ilegal, la cual, por cierto, es financiada por decenas de madererías de las zonas urbanas.

Por todo ello, hoy día existe un enorme interés por parte de organizaciones de productores y no gubernamentales por impulsar la producción forestal sustentable en manos de las comunidades dueñas de los bosques y evitar los actos de autoridad que obstaculicen las iniciativas comunitarias a favor del manejo forestal. Hay docenas de ejemplos de comunidades que tienen que esperar muchos meses o incluso años para tramitar, ante la Secretaría del Medio Ambiente, una autorización para el aprovechamiento o saneamiento del bosque.

El manejo forestal comunitario, además de generar estímulos para la conservación del bosque, ha demostrado que dinamiza las economías locales por medio de la generación de empleos directos e indirectos, y de ingresos y derrama que se traducen en el mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

Algunas estimaciones (ya que no hay información gubernamental) reportan que existen unas dos mil 300 comunidades y ejidos que tienen un programa de manejo forestal vigente y en operación. Sin duda, ésta es una cifra muy sorprendente, ya que en la gran mayoría de los países forestales existen sólo unas pocas comunidades trabajando formalmente el bosque.

Finalmente, resaltemos que el GVG posiblemente es la única organización en México que ha venido organizando la Feria del Maíz durante 13 años consecutivos. Tuvo y tiene como estrategia principal la preservación, difusión y enriquecimiento de las variedades de maíz, frente a lo que ha significado la apertura comercial detonada en 1994. Se realiza el segundo sábado de marzo de cada año.

Pero también es cierto que estas comunidades con programa de manejo enfrentan enormes problemas que están poniendo en riesgo el modelo de silvicultura comunitaria que tanto provecho le ha hecho al recurso forestal del país. Aproximadamente 74 por ciento de las comunidades forestales tienen que vender su madera en pie, es decir hacen contratos de compra-venta donde ya no son ellas las que desarrollan el manejo y aprovechamiento del bosque, sino que son empresas de fuera las que realizan los trabajos del monte y de la industria. En la actualidad 600 comunidades mantienen el control del proceso productivo y se encargan de los trabajos de corte y extracción del arbolado y venden su madera en rollo (troncos) o bien le dan un valor agregado la producción de madera aserrada.

En México las tierras forestales son fundamentalmente de propiedad social. En un estudio reciente, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) reporta que del total de superficie con bosques y selvas del país 60.3 por ciento está en manos de comunidades y ejidos y cubre más de 39 millones de hectáreas Así que quedan aún mil 700 comunidades forestales que requieren ser consolidadas para que puedan apropiarse del proceso productivo y con esto generar las condiciones para que en México tengamos una estrategia sólida de conservación de bosques ligada a un desarrollo rural sustentable.

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

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Segunda parte

MÁS FUERTE QUE EL MIEDO

A

la mañana siguiente de mi deportación el pollero me dijo: “¿Lista señora?, ya se va”. Yo no estaba preparada moralmente. Como pude, rápido, me puse doble blusa, suéter y chamarra, guardé el peine, cepillo y pasta dental, pero el celular era lo más importante, siempre iba conmigo. Me encomendé a Dios y salí muy nerviosa. Afuera estaba el señor Pelos, mi guía para intentar cruzar la línea por segunda ocasión. Tenía que afrontar el miedo, mi obstáculo principal para cumplir mi sueño. Caminamos por el mismo lugar; como el día anterior, tuve que pasar el río sola; el corredor se quedó aún más lejos, sólo me gritaba: “¡Brínquese rápido! ¡Piérdase en las casas! ¡No se quede parada!”.

Crucé aquel río que el día anterior fue testigo de mis temores; ahora ya sabía dónde podía pisar. ¿De qué me sirvió?, la mala suerte me seguía. Apenas salí a la brecha de terracería y ya me esperaban dos patrullas fronterizas, yo casi no podía avanzar con el pantalón mojado. “¡Alto ahí!” Y me quedé esperando como hipnotizada a que los oficiales llegaran a mí. “¡Levanta las manos!” –gritaron mientras me revisaban–. Y otra vez: “¿Traes droga? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas hacer? ¿Con quién vienes? ¿No te da miedo? ¿No sabes lo que está pasando en Juárez con las mujeres?”. Les dije que estaba enterada de todo lo de las muertas de Juárez. “¿No tienes miedo?”. “Sí, pero el hambre y la necesidad es más fuerte que el miedo”.

En esos momentos me sentí más sola que nunca, me hacían falta mis hijos, pero más que nada un apapacho del hombre que amo con toda mi alma y que por obra del destino se encontraba muy lejos. La soledad que invadía mi alma me hacía sentir más miedo.

Llegué a la oficina de migración a las dos de la tarde. Una vez más me revisaron, traté de repetir lo mismo del día anterior para no perjudicar mi visa, al terminar mi declaración me encerraron en la misma celda. Mi tristeza era muy grande, no tanto porque la migra me había detenido pues sabía a ciencia cierta que luego estaría libre, sino porque no podía ir al lado de mis hijas que viven en Denver, Colorado, ni podía trabajar para darles una buena educación a mis hijos que estaban en casa, en Oaxaca. Pero, ¿qué más daba si la suerte no era para mí en esos momentos?

Eran como las diez de la noche cuando trajeron a una mujer sola, le tomaron sus datos y después la metieron en la misma celda.

Temblando de frío apenas podía detenerse, su ropa estaba empapada. La vi tan mal que no dudé ni un instante de quitarme una blusa y un suéter para ofrecérselos. El frío la dominaba, decía que sentía mareos. En ese momento llevaron a una joven, le tomaron sus datos y la metieron en nuestra celda. Entró sonriente, tal vez porque era la primera vez que lo intentaba. Intercambiamos palabras pero nos preocupaba la otra compañera porque se quejaba de dolor. Con toquidos en las ventanas llamamos a un oficial: “¿Qué pasa?”. “Se siente mal la señora, tiene dolor de estómago, es por el frío”, le dijimos. Regresó como en cinco minutos trayendo una cobija. Le preguntamos que si tenía café o

agua caliente. “No”, respondió. El estómago nos gruñía. Con señas le dijimos al oficial que teníamos hambre y sed. Nos trajo jugos de manzana y barras de granola con chocolate, medio nos quitamos la sed.

Esperanza, la joven, dijo: “Saliendo lo voy a intentar de nuevo, no me queda de otra, o me quedo en la cárcel o logro llegar a mi destino.

No puedo volver a mi casa en Chiapas porque está de por medio mi vida”. Con lágrimas nos contó que acababan de matar a su papá y a su hermano por falta de dinero para darle al asesino que los chantajeaba y no sabían por qué; nos dijo que todo era por vía telefónica: “Primero le pidieron una cantidad de dinero a mi papá y como no cumplió lo mataron, lo mismo sucedió con mi hermano. Ahora las llamadas son para mí. Tengo mucho miedo, no me quedé ni al entierro de mi hermano.

Salí huyendo con mi esposo y mis hijos. No tengo a dónde ir, no puedo volver porque me matarán y no sé por qué están matando a todos los varones de mi familia”. Sentía compasión, pero juro que las palabras entrecortadas de Esperanza me contagiaban su miedo. No sabíamos cómo animarla pues las tres estábamos encerradas esperando la misma suerte.

En ese momento, de mi corazón salían palabras hacia México: “No se preocupen, estamos con vida, quizás en otro intento logremos la meta”. Pasamos la noche en vela.

Mientras tanto, otra recién llegada no corría la misma suerte porque en su primer intento sería enviada a la cárcel. Su semblante reflejaba angustia y desesperación. Cada vez que la sacaban a firmar papeles o requisitos nos regalaba una sonrisa, pero detrás de aquella sonrisa había dolor, una pena tan grande que contagiaba a todos los que la observaban.

Vamos, yo no podía quitarle la vista ni un instante porque su pena también era mía.

Le pusieron las esposas y se la llevaron como delincuente, yo sentí en carne propia el dolor que ocultaba detrás de la mirada pero no podía hacer nada. Pensé en la crueldad, porque nuestro único pecado es querer trabajar.

Al amanecer Esperanza decía: “Nos vamos pero mañana estamos aquí”. Su sonrisa fue cambiando porque a las diez de la mañana nosotras seguíamos encerradas y el hambre aumentaba. Como a las 11 abrieron la puerta y dijo un oficial: “Salgan rápido, pónganse de frente a la pared”. Nos esculcaron a las tres, abiertas de pies una oficial nos metió mano donde no debía. Como no llevábamos nada, nos dieron nuestras cosas y luego nos subieron a la perrera, parecíamos perros enjaulados. En ese momento nadie iba derrotada porque sabíamos que había vida y obviamente porque ya nos iban a liberar. Nos llevaron a la migración de Texas, ahí estuvimos encerradas como dos horas, por la ventana pedíamos unos burritos a los oficiales pero nunca llegaron. Yo les dije: “¡Qué malos son!, les pedimos algo de comer y no nos dieron nada”. Uno de ellos respondió altanero y prepotente: “Aquí no es hotel. Váyanse y no vuelvan”. Caminamos entre reja y reja hasta llegar al pasillo que nos conduciría al puente de Santa Fe, la salida a Ciudad Juárez.

Siendo las dos de la tarde, nos encontramos en la calle sin saber qué hacer. Yo no traía dinero porque don Arturo quedó de dármelo cuando estuviera del otro lado. La com-

FOTO: Julián Villar Barranca

Zoila Reyes Hernández

pañera me dijo: “Yo traigo dinero, vamos a buscar un hotel”. Al instalarnos en el Hotel Bambaneo descansamos un momento, luego salimos a comer a un restaurantito, casi me comí todo el pedido pues habían pasado 28 horas del alimento anterior. Mi compañera no probaba bocado, sólo lloraba en silencio porque no logró llegar con su esposo. ¡Tantas ilusiones de estar con él!, tenía más de tres años de no verlo.

Apenas salí a la brecha de terracería y ya me esperaban dos patrullas fronterizas, yo casi no podía avanzar con el pantalón mojado. “¡Alto ahí!”

Yo le decía: “No llores, tenemos vida y salud, quizás pronto regresará”. “Sí, pero yo quería ayudarlo cuando menos un año. No se pudo”. Le dije: “Si tú quieres inténtalo de nuevo”. Me contestó: “Ya con lo que sufrí fue suficiente, ya no quiero volver a sufrir lo mismo. Mi comadre me engañó, yo no pensaba venir pero ella es coyote y me dijo que me animara, que me iba a pasar, que no me dejaría sola ni un momento. Yo no quería porque tenía miedo, mi comadre convenció a mi esposo para que permitiera el viaje. Él le dijo: ‘Tú te vas a hacer responsable ¡Cuidado y me la dejes!’. Y mira dónde estoy”. Yo la escuché con calma y atención, parecía que éramos grandes amigas, conocidas de mucho tiempo. Rumbo al hotel me seguía contando su historia. Le pregunté por su comadre y me dijo: “Creo que ya pasó, se fue antes que yo, a mí me mandaron con dos hombres, uno de ellos me apoyó mucho en el camino, no me dejaba, cada que me quedaba jalaba, pero al cruzar el río ya no podía caminar con la ropa mojada y le dije a ese muchacho ‘¡Corre, vete, déjame aquí! ¡No permitas que te agarren!’.

No quería hacerlo, pero yo insistí, no podía permitir que por mi culpa lo agarraran. Creí que más adelante me esperarían, pero corrieron tanto que ya no los vi, traté de alcanzarlos pero mis piernas no daban más. Avancé lentamente como media hora, les grité y les grité pero nadie respondió. Pensé que ya habían cruzado la línea y yo sola en aquel desierto a las diez de la noche. No sabía qué hacer ni para dónde ir. Tenía mucho miedo de encontrar algún hombre malo en pleno desierto y me volví para atrás, crucé el río de nuevo, el agua estaba helada y al salir a una brecha me quedé sentada con la esperanza de que

la migra me levantara, mi ropa se pegaba en mi piel y el frío inmenso traspasaba hasta mis huesos. Como a los 20 minutos aparecieron las luces de una patrulla, me levanté y me puse a media carretera. Los oficiales bajaron gritándome de mala forma y apuntándome con un arma; supongo que creían que era un hombre, pero cuando vieron que era mujer ya me hablaron con tono de compasión y me subieron a la patrulla. No les importó mi frío, pusieron el clima helado. Así llegué a las oficinas de migración, lo demás ya te lo sabes porque lo estás viviendo en carne propia”.

“No te preocupes, todo va a estar bien”, le dije. Al llegar al hotel descansamos como dos horas, luego me levanté y me fui a buscar al pollero para que me diera mi mochila y algo de dinero. Al llegar a la casa de este señor, no me quiso dar dinero, me entregó mi mochila y me dijo: “Dígale a don Arturo que le dé”. No era la persona honesta que yo creía porque se quedó con mis 20 dólares. De nuevo regresé al hotel, por la noche mi compañera me contó su vida y ni cuenta nos dimos cómo nos quedamos dormidas. Al otro día, salimos a buscar un café caliente y a almorzar, ya estábamos más relajadas.

Al regresar al hotel le hablé a don Arturo para que me trajera dinero. Al llegar este señor, me dijo: “¿Qué pasó señora?, ¿no se pudo? El Paso está muy caliente, nunca me había sucedido algo parecido. Usted dice si lo intentamos otra vez, pero ya no quiero exponerla. De verdad lo siento mucho, mejor véngase para mayo o junio”. Pero yo había decidido volver a Oaxaca. Entonces don Arturo dijo: “Las llevo a la salida de autobuses que van al aeropuerto”.

El plan era perfecto. Ya en la parada de la ruta, el señor Arturo nos deseó buen viaje. El dinero se fue, de mil 200 dólares que le di sólo me devolvió 240. ¿Qué podía hacer? No tenía caso discutir. Al subir al autobús quedaban atrás mis ilusiones de trabajo y mis hijas. No lo había logrado, pero sí logré un objetivo: tenía material para escribir, había vivido en carne propia algo de los sufrimientos de los ilegales al pasar la línea. ¡Nadie me lo iba a contar!

De pronto, una llamada de mi hija Martha desde Denver me sacó de mis pensamientos.

Me dijo que dónde estaba porque pasaría a recogerme un corredor en el que confiaba plenamente. Yo le dije: “No hija, ya me voy, ya no quiero jugar con mi destino, que tal que ahora sí me voy a la cárcel, ya me lo advirtieron”. Mi chaparra se sintió desesperada: “¡No mami, no se vaya!, usted nunca le ha tenido miedo a nada, hoy no se me puede echar para atrás. Bájese de la ruta, por favor escuche a este señor mamita, yo sé lo que le digo”. Le dije: “No hija, ya me voy”. “Mamá, la esperamos sus dos hijas y sus nietas, inténtelo la última vez”. Le pedí que me hablara en media hora, cuando yo estuviera en el aeropuerto. “Está bien mamita ¡Piénselo!”. Las lágrimas humedecieron mis mejillas. Me sentía en una encrucijada: volver a Oaxaca con mis pequeñas o jugármela para estar con mis hijas y mis nietas que me esperaban en Denver, Colorado. Continuará…

Escritora indígena de la Mixteca oaxaqueña. La edición del manuscrito original ha sido realizada por Gisela Espinosa Damián (UAM-Xochimilco).