A quince años del primer Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en México: ¿aniversario para celebrar? Raffaela Schiavon Ermani
Directora General de Ipas-México, A.C.
Adrián Gabriel Delgado Lara
Asesor de la División de Salud Pública de Ipas-México, A.C.
En tiempo relativamente corto, los y las profesionales de la salud han transitado del concepto de atención materno-infantil y planificación familiar al de salud reproductiva como un estadío superior de ambos conceptos, sin embargo, aún no ha permeado suficientemente el de salud y derechos sexuales y reproductivos que desde la sociedad civil se ha impulsado desde hace varios años. Hoy, al referirse a la salud reproductiva, pareciera tratarse de un concepto claro, bien elaborado y de fácil comprensión entre el personal de salud, particularmente entre los y las responsables de los programas de salud reproductiva en los diversos niveles de decisión en el Sistema Nacional de Salud. Al cumplirse el decimoquinto aniversario de la publicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 19952000,1 el concepto de salud reproductiva revela afortunados cambios en su aplicación y operacionalidad.
I
El impacto del Programa de Salud Reproductiva se ha reflejado en el incremento de la esperanza de vida al nacimiento y un crecimiento de la población más armónico con el crecimiento económico; sin embargo, estos avances no han sido homogéneos en todo el territorio nacional y han experimentado retrasos y estancamientos en el tiempo. En el proceso han quedado rezagos importantes, así como necesidades no satisfechas, particularmente en aquellas regiones donde la población reside en comunidades rurales e indígenas de difícil acceso, así como en las áreas urbanas marginales. Actualmente las prioridades se centran en la atención a los grupos sociales que viven en situaciones de vulnerabilidad, particularmente adolescentes, población indígena, rural y suburbana con altos índices de marginación.2
II
En este escenario se construyó, durante 1995, el primer Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de México; con ello, el país se sumaba a los acuerdos y declaratorias de la III Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995). Diferentes autoras hacen referencia y ponen de manifiesto la importancia de estos consensos internacionales en la transformación de las áreas de planificación familiar y salud materno-infantil a la de salud reproductiva.3 Estos consensos han permitido a los diferentes actores sociales, con el liderazgo de la sociedad civil, impulsar y promover el ejercicio de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos avances han sido lentos y, en diferentes momentos, con retrocesos tanto por la presión constante de las fuerzas conservadoras como por la incorporación, apenas incipiente, de una perspectiva de género y de derechos humanos, particularmente entre los y las tomadoras de decisión en el ámbito público.
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Cabe destacar que, desde sus inicios, el Programa hacía énfasis en que todas las acciones de salud pública deberían realizarse con absoluto respeto a la dignidad y libre decisión de los individuos y de las parejas. El Programa definía un concepto integrador, cuyo reto era llevarlo a la realidad para hacerlo operativo: “La salud reproductiva debe entenderse como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y sus procesos. La salud reproductiva es la capacidad de los individuos y de las parejas para disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de una manera responsable y bien informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 4 Esta visión integral implicaba que toda la población debería tener acceso y disponibilidad de información amplia, confiable y oportuna, al igual que a una gama completa de servicios de salud reproductiva accesibles y aceptables. Para tal efecto se parte, como primer paso, de la información, considerando que las personas informadas conocen sus derechos y demandan servicios de forma oportuna exigiendo el acceso a una atención adecuada y pertinente, requiriendo que la calidad de la misma sea acorde con sus expectativas. La población no informada “llegará tarde” y con “demoras” a la atención médica. Sin embargo, esta misma visión debería ser compartida también por tomadores de decisiones y los y las profesionales de la salud, tanto en la atención médica directa y preventiva como en los demás niveles de decisión, asignando suficientes recursos humanos, financieros y técnicos. Un asunto de vital importancia y que aún requiere ser promovido y fortalecido, es la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades del Programa para establecer acciones tendientes a asegurar relaciones equitativas entre los géneros, con igualdad de oportunidades, y contribuir a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de las mujeres.
III
La nueva visión de la salud reproductiva impulsó la transformación de los viejos paradigmas de atención materna y perinatal hacia un concepto integral que se debía traducir en un conjunto de intervenciones irreductibles en materia de salud a los que toda persona tiene derecho y dentro del cual la salud reproductiva es un componente esencial junto con la medicina preventiva y la nutrición. La exigencia de la sociedad civil encabezó y abrió, con esta idea, el camino para promover la conceptualización de la salud sexual y reproductiva como un derecho de todos los y las mexicanas y un pilar de la dignidad humana.
IV
En la aplicación del Programa se enfrentaron dos retos, que aún se encuentran vigentes. El primero lo constituye la difusión del concepto integral de salud reproductiva entre toda la población; para ello se hace énfasis en la difusión del concepto “salud reproductiva” en los procesos de comunicación educativa y social. Se propuso un conjunto de acciones de información, educación y comunicación que “acercara” el concepto de salud reproductiva a la población para que ésta, de forma consciente, demandara las acciones y servicios que, de acuerdo con sus derechos sexuales y reproductivos, les correspondieran:
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Garantizar a toda la población el acceso universal a información, orientación y servicios de alta calidad de planificación familiar en el contexto amplio de la salud reproductiva; proteger y propiciar el ejercicio de los derechos de la población adolescente a la información, educación, comunicación y servicios de salud sexual y reproductiva, con una visión integral que fomente actitudes y conductas responsables y que permita a este grupo etáreo de la población asumir su sexualidad de una manera autónoma, consciente y sin riesgos, así como incrementar su autoestima; garantizar el derecho de las mujeres a información apropiada en salud perinatal; ampliar el acceso de la población a información apropiada y servicios de calidad para la prevención, diagnóstico temprano y manejo oportuno de las infecciones de transmisión sexual; colaborar con las instancias normativas en la prevención, detección temprana y referencia de casos de cáncer cervicouterino y mamario, con énfasis en el primer nivel de atención y en el área rural; realizar acciones de comunicación educativa y social, así como de prestación de servicios en diferentes niveles de atención, para el manejo del síndrome climatérico y la condición postmenopáusica, con el fin de prevenir sus complicaciones, contribuir a disminuir las inequidades de género que afectan el acceso a la información y educación de las mujeres, propiciando su potenciación y autonomía para mejorar y preservar su salud sexual y reproductiva.
El segundo reto radicaba en la necesidad de fortalecer el desempeño de los y las profesionales de la salud en los niveles directivos y operativos mediante la actualización y/o capacitación permanente en todos los componentes de la salud reproductiva, para asegurar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Los efectos proyectados con la implementación de los objetivos debían llevar a un cambio en las actitudes y patrones culturales de quienes toman decisiones, de quienes prestan servicios y de toda la población, a fin de asegurar el fortalecimiento y autonomía de las mujeres y el mejoramiento de su condición en materia de salud sexual y reproductiva, en el contexto de una sociedad más justa y equitativa. El Estado mexicano debió incorporar una serie de condiciones y compromisos, entre los cuales cabe destacar: asegurar el acceso a información confiable, suficiente y oportuna en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, así como garantizar una gama completa e integrada de servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad, accesibles, disponibles y aceptables. Este compromiso se convierte en un espacio privilegiado para que la oferta de información, educación y comunicación, encamine todos los esfuerzos hacia un solo propósito: que la población tenga acceso a los servicios a tiempo, que los y las proveedores de servicios de salud den respuesta oportuna a las demandas de atención y que la atención brindada sea de la mejor calidad posible. Es importante tener presente que la falta de mayor inversión pública en salud sexual y reproductiva tiene graves repercusiones en aspectos del desarrollo, en apariencia alejados de la propia sexualidad y la reproducción, como las condiciones de pobreza, la violencia intrafamiliar y la sobredemanda de los sistemas de salud.5
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V
En Ipas-México se considera que la participación de la sociedad civil es de vital importancia para la solución de los pendientes nacionales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. El quehacer mismo de Ipas se inserta en el campo de la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los estudios de género, la agenda feminista y la participación activa y crítica en el debate desde la sociedad civil. Es importante continuar en el ejercicio de insistir y exponer los datos y argumentos que demuestran que las diferencias de género fundamentan el cúmulo de desigualdades existentes, visibles o no, entre hombres y mujeres, y que éstas constituyen una suerte de plataforma-matriz sobre la que se edifica una de las más añejas fuentes de desigualdad. Como dice Gasman,6 citando a Tuñón: “Sólo con la revelación inteligente y tenaz, de cómo esto opera de modo tangible, podemos aspirar a contar con sociedades y proyectos de vida que apuestan a lograr la equidad y a ponderar las relaciones de placer y colaboración entre los seres humanos.”
1.- Diario Oficial de la Federación, 13 de septiembre de 1996. 2.- Ejemplo de ello es la aplicación de la Estrategia 100X100, donde se realizan acciones de desarrollo social, incluyendo salud en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. 3.- Catalina Denman, Ana Langer, Gabriela Rodríguez, Salud Reproductiva. Temas y Debates, INSP, 2003 4.- Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 13 de septiembre de 1996. 5.- The Alan Guttmacher Institute y Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Adding It Up. The Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health Care, Nueva York, 2003. 6- Palabras de Nadine Gasman en la presentación del libro Temas y debates en salud reproductiva, editado por Mario Brofman y Catalina Dennan, INSP, México, 2003.
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