Expulsion social y recuperacion economica

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Análisis y Perspectivas 2016 – «Expulsión Social y Recuperación Económica»

RESUMEN DE DATOS 1.

INTRODUCCIÓN

Los recientes datos oficiales sobre la situación de la pobreza y exclusión en España describen una situación ya esperada después de dos años de bajada del desempleo: una ligera reducción de la pobreza y la exclusión social y de algunos de sus componentes. Y también una escasa intensidad de ese descenso. Los diversos informes de la Fundación FOESSA no han dejado de constatar que la reducción de la pobreza en periodos de crecimiento no compensa el aumento de la misma en los periodos recesivos. Se trata de una cuestión de modelo social, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. No es una consecuencia de la crisis. Lo que sí han empeorado como consecuencia de la crisis son las condiciones de vida para que las personas y familias puedan abrir un nuevo periodo de mejora. Su posición ya no es la misma y tampoco sus oportunidades. Cabe resaltar dos datos de la recién publicada Encuesta de Condiciones de Vida: •

Se ha producido un incremento en la tasa de trabajadores pobres, que ha pasado del 14,2% al 14,8%. La tasa de riesgo de pobreza de las personas paradas es del 44,8%.

De los más de 13 millones de personas que, según el indicador europeo, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, hay 1 millón de personas que simultáneamente padecen pobreza económica, carencia material severa y baja intensidad en el empleo.

Es preocupante que estas consecuencias se estén haciendo invisibles para una parte de la sociedad y que sea un proceso que vaya a más. El que la invisibilidad de los más pobres aumente es un efecto ya conocido también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la exclusión social de la población española era del 16,3% y afectaba a más de 7,3 millones de personas. ¿Alguien lo percibía? La fractura social hoy sigue ensanchándose no ya por los aspectos cuantitativo, sino por el efecto que supone la negación de algo que queremos dejar atrás. Por otra parte, ante periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente; sin embargo, en fases de crecimiento no desciende en la misma medida e, incluso, permanece estancada. Se trata de un proceso “contracíclico”. Demostrar esta idea es el primer objetivo del Informe que presentamos. Este efecto lo visualizaremos a través de las distintas regiones de España. Las consecuencias de la crisis han generado un proceso de divergencia entre las Comunidades Autónomas de nuestro país. Este será el segundo de los objetivos de este informe. En un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exigía una mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder todavía, es necesario recuperar para la «política de lo social» a los ignorados, los no útiles, los expulsados.


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Tanto a través del conocimiento científico de FOESSA, como a partir de la experiencia diaria de Cáritas en el acompañamiento de las situaciones de exclusión social, sabemos que el alejamiento de la participación política y social es uno de los factores de exclusión que manifiestan las personas que acuden a pedirnos apoyo. Urge que nuestros representantes públicos tomen conciencia de este hecho y estén a la altura de las personas que, a causa de la exclusión social, han dejado ya de considerar la participación política como algo que tiene que ver con su supervivencia y su seguridad colectiva. Este informe presenta cuál es el actual escenario y lo que podría denominarse “situación de salida” de las CC.AA. ante el cambio de ciclo económico que se está produciendo. Una España a distintas velocidades, según el análisis de los principales indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo. Mientras se produce el proceso reformista necesario, es necesario habilitar unos mecanismos de garantía de renta que permitan a las personas y familias mantener unos mínimos niveles de supervivencia. Para muchas personas el empleo no es la solución. Por ello, es necesario hacer de nuevo presente la propuesta de FOESSA y de Cáritas sobre el sistema de garantía de rentas que hemos presentado al conjunto de los partidos políticos en nuestro documento de Propuestas ante las elecciones generales.

2. DESARROLLO DEL INFORME El objetivo del presente análisis es objetivar el efecto contracíclico antes señalado, cuando desde hace ya dos años la economía ha finalizado su periodo recesivo. Para ello, hemos elegido un conjunto de indicadores que permitan discernir con claridad si la recuperación económica está siendo efectiva en términos de reducción de la pobreza, la exclusión social y el desempleo. Y es que, tras una recesión, tendemos a ignorar que la “casilla de salida” en el nuevo ciclo económico no es la misma para todos. Utilizaremos los indicadores que cualifican la cohesión social, los que miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y evaluaremos en qué medida las CC. AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-2016, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar. Se trata de una comparación prudente, dado que no se elige el momento de pre-crisis, donde el efecto sería aún mayor.

Lectura de los indicadores Renta •

Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.

Las regiones con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.

Desigualdad •

El índice Gini crece más del 5% en el período analizado. Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las CC.AA el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde han crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.


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La desigualdad entre regiones tiene mayor peso que la desigualdad interna y este efecto aumenta en el tiempo.

Las variaciones en la desigualdad en las CC. AA. han generado cambios en su posicionamiento comparado, lo que nos indica que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres.

Pobreza •

En el período analizado, la tasa nacional sólo crece dos puntos porcentuales, lo que no se corresponde con la sensación ni la realidad de otros indicadores. Esto es por un tema de definición y metodología. Lo observamos mejor si “anclamos” el umbral de pobreza en el 2009, no lo movemos y observamos lo que ha pasado: el resultado es que aumenta el riesgo de pobreza en todas las CC.AA y en el conjunto nacional la variación anual media es del 9%.

Las mismas Comunidades siguen estando en los extremos de la clasificación de las tasas de pobreza, una situación que se repite desde hace décadas.

¿Y si miramos la pobreza según el nivel de vida de cada región? La foto varía en Comunidades como Aragón, La Rioja y Asturias, que disparan su aumento, y Navarra y País Vasco, que los contendrían por sus mejores sistemas de protección social.

Desempleo Es necesaria una mirada en el largo plazo, dada la importancia del empleo como factor de inclusión social. Si comparamos los cuatro indicadores analizados –desempleo de muy larga duración, hogares con todos los activos en paro, desempleo de la persona referencia en el hogar y hogares sin ingresos— con la última gran crisis del 93, descubrimos lo que nos queda todavía por recorrer. •

Sólo dos de estas tasas han bajado hasta el nivel máximo de la anterior crisis. Sin embargo, el paro de la persona referencia en el hogar y hogares sin ingresos se encuentran todavía muy por encima de ese máximo.

Para el período 2009-2016: •

La evolución del paro de la persona referencia en el hogar muestra un empeoramiento en las CC.AA. mejor posicionadas a comienzos de la crisis y una cierta mejoría o estabilización en las que se encontraban peor.

Respecto a los hogares con todos los activos en paro, no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya conseguido reducir esta situación a niveles anteriores al año 2009.

En cuanto al paro de muy larga duración, en 14 CC.AA. se encontrarían en esta situación 4 de cada diez desempleados.

Respecto a la situación de los hogares sin ingresos, los mayores incrementos se han producido en las CC.AA. en que el número de hogares afectados era el menor en el 2009. Asturias, Navarra y especialmente Galicia destacan en su incremento. Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya elevadas de por sí, puede suponer hasta siete años.


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3.

La recesión no ha supuesto cambios en la situación entre CC.AA., salvo en el paro de muy larga duración, donde sí se han producido algunos cambios de posición significativos.

CONCLUSIONES

El análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades: 1ª El eje norte-sur no sólo se mantiene, sino que tienden a incrementarse las diferencias. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante la salida de la crisis. Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación. 2ª En segundo lugar, la medición de los indicadores de desempleo utilizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, se encuentran muy alejados del ritmo necesario para derivar en una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos cuatro CC.AA. consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año 2009. 3ª Los resultados obtenidos presentan ciertas heterogeneidades, que conllevan dianas diferentes en el desarrollo de las distintas políticas a aplicar. Las diferencias regionales de la pobreza plantean una salida divergente de la crisis. Esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y bienestar. 4ª La «situación de salida» para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a los datos recogidos en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos permite afirmar que el carácter contracíclico de la desigualdad y la pobreza también se está dando en la gran recesión, y que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada. 5ª ¿Es posible revertir entonces en España las situaciones de desigualdad? El Informe profundiza en esta pregunta en un doble sentido. Por un lado, se analiza la oportunidad de aplicar en España de las propuestas de Atkinson, uno de los mayores expertos mundiales en la de lucha contra la desigualdad. Por otro, se ahonda en las transformaciones del vínculo social que dan origen a las políticas sociales y en las nuevas condiciones que este cambio está produciendo en la solidaridad. Esas nuevas condiciones, que se están traduciendo en experiencias sociales novedosas, tienen en la sección «Debatimos» un espacio de acercamiento. Se discute sobre si las lógicas que están detrás de estas nuevas prácticas de solidaridad han entrado o no en procesos de institucionalización. De forma independiente, y dando un paso más en el análisis de las políticas sociales y específicamente en las de inclusión, se pone sobre la mesa el debate sobre la centralización y descentralización de las mismas, y no como dilema, sino como un conjunto de posibilidades de mejora o empeoramiento en función de las propiedades que queramos destacar.


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Propuesta Nuestra propuesta se estructura en tres medidas de carácter complementario orientadas a incorporar de una manera decidida a tres colectivos insuficientemente protegidos en nuestro marco de garantía de rentas: los hogares en pobreza severa, los trabajadores y trabajadoras pobres y a las familias con hijos e hijas a cargo. Primera. Creación de una Renta Garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del territorio del Estado. Se estima un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación. Segunda. Extensión de la Renta Garantizada a través de un programa de bonificación al empleo. Tendría un coste estimado de entre 2.300 y 5.200 millones de euros. Tercera. Aumento de la protección a la familia y la infancia a través de la ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos. El coste de una medida de estas características supondría una inversión cercana a los 7.000 millones de euros, introduciendo elementos de condicionalidad de renta.

En suma, alrededor de 10.000 millones de euros es la cifra que necesitaríamos para garantizar la adecuada protección de esos grupos sociales más vulnerables. Si, como todo indica, España tendrá que afrontar a muy corto plazo una previsión presupuestaria cercana a esa cantidad para responder al esfuerzo reclamado por la Comisión Europea para corregir el balance estructural de la desviación del déficit, la pregunta es si, como cuarta economía de la zona euro y decimotercera del mundo en términos de Producto Interior Bruto, no debemos exigirnos llevar a cabo un esfuerzo presupuestario y fiscal similar para dotarnos de un sistema de garantía de rentas que reduzca significativamente la pobreza y permita el rescate de los derechos y la dignidad de millones de personas.


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