Primer número 4 de Agosto C4A by Corporación 4 de Agosto

PRIMERA EDICIÓN 2016

Somos la Corporación 4 de Agosto, una agrupación de estudiantes y profesionales que se propone poner al servicio de las y los que luchan nociones y herramientas propias de nuestras diversas disciplinas y oficios.

Revista 4 de Agosto / PRIMERA EDICIÓN 2016 Revista /4 AGOSTO

Primer número Revista 4 de Agosto

La Corporación 4 de Agosto:

Decidimos partir esta primera editorial de este primer número de nuestra revista contando quienes somos. Curiosamente nos es más fácil partir diciendo quienes no somos. Primero que todo no somos solo los, somos las y los. Tampoco somos los y las estudiantes y profesionales que se entienden por fuera del pueblo y sus conflictos, somos parte del pueblo y como tales vivimos sus contradicciones a diario en nuestros espacios de vida, estudio y trabajo. No somos parte, por tanto, de esa idea de las profesiones liberales pues entendemos que un título profesional y un poco más o menos de cualificación no nos hacen distintos ni nos distancian de esa gran mayoría que todos los días crea y recrea el mundo y que en ese mismo acto es robada y condenada a la explotación. Y por eso mismo no nos sentimos neutrales, ni objetivos, somos abogados y abogadas, periodistas, trabajadores y trabajadoras sociales, cientistas políticos-as y administradores-as públicos-as, estudiantes que son parte de la lucha de la humanidad por una sociedad donde el capitalismo y la explotación no existan, donde todos y todas podamos ser libres, felices e iguales. No somos entonces un centro de estudios o una fundación, nuestro método parte de involucrarnos en los problemas de los movimientos sociales y populares poniendo nuestras herramientas al servicio de sus luchas para transformar la realidad desde esa misma realidad, para luego, investigar sobre aquel movimiento e ir generando nuevo conocimiento y teoría desde nuestras luchas, que luego alimente nuevamente la experiencia y así sucesivamente, en base a lo que diversos autores han llamado praxis. Y nada de lo que hacemos es para eruditos, al contrario, buscamos desde la pedagogía crítica aportar a democratizar y socializar el conocimiento como parte del proceso general para democratizar y socializar todo, y no lo hacemos tampoco de una forma parcelada sino desde una perspectiva multidisciplinaria del trabajo y la investigación buscando mirar y transformar la realidad en forma total y global. En una idea, finalmente, se trata de poner nuestras profesiones y técnicas como herramientas de todos y todas los que hoy piensan y actúan colectivamente contra el neoliberalismo y por un nuevo mundo. Esa es nuestra definición, en base a nuestra historia. Somos 4 de Agosto, porque ese día del año 2011 marca también el paso de un no somos a un somos, de una negación a la afirmación de un pueblo luchando por sus derechos y su dignidad. Marca el fin de un tiempo histórico de silencio, de plena atomización del pueblo chileno, de discurso oficial y de exitismo neoliberal, por un nuevo tiempo de sonido, de marchas, de recuperar la calle y nuestros espacios, de volver a juntarnos y volver a pensar juntos un nuevo país con un nuevo modelo de desarrollo.

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Editorial

Quienes no somos Ese 4 de agosto cuando los estudiantes desafiamos el modelo impuesto a sangre y fuego en dictadura y el gobierno con la policía decidieron negarnos aquellos derechos más básicos que se supone resguarda el Estado de Derecho. Entonces se cayó el telón de la democracia y las cosas se mostraron tal como son, tal como vienen pasando hace años en el sur con nuestros hermanos y hermanas mapuche, demostrando sin pudor que cuando se cuestiona y se lucha contra los grandes intereses económicos el Estado responde como feroz guardián de esos intereses reprimiendo todo lo que este a su paso y allí no hay derecho ni democracia que valga. Desde esa negación nace con mayor fuerza nuestra convicción por luchar para transformar este modelo, desde esa profunda represión nace la solidaridad de un pueblo que entre cacerolazos y manifestaciones espontaneas volvió a encontrarse. Ese día comprendimos que aquello que aprendemos debe ser puesto al servició de este nuevo tiempo histórico de lucha y reflexión que inauguran nuestros pueblos en su lucha por la vida y contra la destrucción de esta por el sistema neoliberal. En ese escenario actuamos como Corporación 4 de Agosto, intentando romper la asimetría de herramientas entre los movimientos sociales y populares y los poderosos a quienes enfrentamos. Así hemos forjado nuestra identidad y así podemos decir con claridad quienes somos. Somos la Corporación 4 de Agosto, una agrupación de estudiantes y profesionales que se propone poner al servicio de las y los que luchan nociones y herramientas propias de nuestras diversas disciplinas y oficios. Así se busca contribuir a la reducción de la asimetría con la que los oprimidos se enfrentan al poder, en base a una praxis transformadora desde y con los oprimidos, desde prácticas colaborativas, un nuevo marco ético, utilizando la pedagogía crítica y la praxis como métodos de trabajo. Hoy inauguramos esta revista, sin ninguna pretensión más que compartir nuestros conocimientos, nuestras luchas, nuestras experiencias, nuestras reflexiones y nuestras herramientas. Para ir tejiendo con otros y otras el nuevo mundo que soñamos. Nos ponemos, como hace ya casi 4 años, a disposición de las luchas de nuestros pueblos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Directorio Corporación 4 de Agosto

Indice

Cristián Cuevas

Medio Ambiente

Entrevista

Editorial

Primer número

Mapuche DDHH

Columna

Territorio

Columna

Entrevista

Mujer Mapuche

Agenda Corta Columna

Revista /4 AGOSTO

Mía Draqnic

Trabajo

EL MITO DEL MACHISMO EN LA CULTURA MAPUCHE Y LA LUCHA DE LA MUJER MAPUCHE

Columna

El mito ha sido utilizado constantemente contra el pueblo mapuche como forma de instalar ciertos sentidos comunes acerca de su cultura. Así es común escuchar en conversaciones que los mapuche serían ‘’borrachos’’ o serían ‘’flojos’’. El mito que nos interesa revisar en esta pequeña columna es uno: que la cultura mapuche sería esencialmente machista.

La mujer mapuche siempre ha tenido un rol importante en la sociedad mapuche, aunque muchas veces ha sido invisibilizado y donde se ha acentuado sólo su rol como más ligado a la cultura y a las tradiciones. Sin embargo, las mujeres mapuche han jugado y jugamos un rol importante en los procesos de recuperación de territorios y en el aporte de la lucha por la autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo. Millaray Painemal

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Para la cosmovisión mapuche, hombre y mujer son parte de una dualidad que se encuentra en una relación de complementariedad caracterizada por el respeto y la reciprocidad al interior de la relación y con la naturaleza y la tierra. Así podemos encontrar que espacios políticos importantes dentro de una comunidad podían ser ocupados indistintamente por un hombre o una mujer, ya sea lonkos, machis, etc. Interesante es por ejemplo el caso de la Lonko Jenequeo, heroica mujer guerrera que dirigió el ataque a la fortaleza española de la Fortaleza de Puchunqui en Nahuelbuta, para

ganar hacía 1587 la batalla contra los españoles que deben retirarse. Pero lo interesante no es solo que ocupen los mismos cargos. Habitualmente una limitación en ciertas corrientes del feminismo es utilizar una lógica igualadora, buscando que las mujeres ocupen los mismos espacios que los hombres. Aquello está bien, pero es insuficiente, pues muchos de esos espacios se desarrollan bajo lógicas masculinas, entonces además de abrir dichos espacios a las mujeres también es necesario modificar sus lógicas y estructuras, además de abrir y revalorizar otros ámbitos. Un ejemplo de aquello en la cultura mapuche, según señala Francisca Quilaqueo, es que la mujer “asume el rol (natural no-forzado) de transmitir el idioma, las costumbres y valores culturales a los niños con la ayuda del padre e indirectamente de la comunidad (…). La mujer desde niña recibe de sus abuelas y personas más ancianas las enseñanzas que le permiten comprender la formación de las personas desde los valores educativos en el

marco de la memoria social Mapuche. A través de la observación ella aprende a enseñar los valores para la formación de la persona en el marco de su familia y su comunidad. Por su parte, la comunidad se organiza a través de la sabiduría ancestral transmitida por las diferentes generaciones’’. Lo interesante aquí es que la mujer preferentemente ocupa el rol de la enseñanza de los hijos, algo que tradicionalmente ha sido entendido como parte de una lógica sexista. Sin embargo, en la cultura mapuche es distinto, en tanto no es una labor exclusiva de la mujer sino que el hombre es también parte de dicha labor. Y además, la crianza de los hijos no es vista como una labor inferior (como sucede con el Capitalismo) sino, por el contrario, en la crianza está la transmisión de la cultura y cosmovisión propias que permiten la existencia misma y perduración de las tradiciones de su pueblo. En la sociedad capitalista dicha labor no es valorizada en tanto no reporta valor

de cambio, al contrario, en la cultura mapuche sí, pues se entiende su rol central en el marco social de la cultura. Vemos en este ejemplo cómo se manifiesta una lógica distinta, no patriarcal ni mercantil, propia de la cosmovisión mapuche. Sin embargo muchos de estos aspectos han sido modificados en la vida cotidiana de las familias mapuche. Como señalan varios autores, la colonización española trajo consigo dos formas de explotación a la mujer mapuche: una externa, siendo víctimas de violaciones, agresiones sexuales y trabajo forzado. La segunda, interna. Modificó las relaciones sociales al interior de los lof mapuche, introduciendo una estructura patriarcal, que bien asumieron los hombres mapuche.

http://www.mapuche. nl/doc/francisca_quilaqueo121012.pdf 1

Ser mujer mapuche, primero que todo, es ser discriminada y vulnerada en tanto mujer pobre. Sin acceso a bienes y servicios básicos, con el fantasma de la cesantía rondando siempre y cuando se logra encontrar un empleo, estos son de baja calidad laboral, con bajos salarios y con nulos derechos laborales. Es la primera discriminación, una discriminación de clase que realiza el Estado y el sistema en su conjunto. A dicha discriminación, se suma la discriminación por ser indígena. Como señala el Censo del año 2002, “la rama de actividad económica preponderante desarrollada por mujeres indígenas en general Revista /4 AGOSTO

Finalmente, no bastando con la discriminación de clase y de etnia, viene la discriminación de género. Un buen ejemplo son los mismos datos en materia de educación donde ‘’la situación de desventaja de la mujer se manifiesta además en relación con la población masculina mapuche, entre la cual solo un 4,2% no posee algún nivel de instrucción. Esta situación de desventaja en el acceso a la educación es posible advertirla en los distintos niveles educacionales.

es la del servicio doméstico (32,4% de la población económicamente activa, del total de mujeres indígenas), alcanzando en el caso de las mujeres mapuche al 35.2% de la población económicamente activa dedicada a estos servicios (INE, 2002)”2. Son conocidas las malas condiciones que implican el trabajo doméstico en Chile, sin respeto al descanso, muchas veces sin contrato, inestabilidad laboral y lo que implica estar al cuidado de familias ajenas. Dentro de esta actividad, las mujeres indígenas solo por el hecho de ser tales, reciben en promedio menores sueldos que una empleada doméstica cualquiera. Y eso es para el tercio de mujeres que logra encontrar un empleo. La situación de las que no lo encuentran es mucho más dramática, según datos del mismo Censo. Así, entre los indigentes, las mujeres indígenas representan un 11.1%, en tanto que las mujeres no indígenas representan el 5,6%; mientras que entre 2 http://www.mapuche. los pobres no indigentes, info/wps_pdf/canilas mujeres indígenas ulef031200.pdf

Columna de género Mito, cultura y lucha

Después de más de 500 años, la situación de explotación sólo ha sido profundizada. El mapuche ha sufrido el robo de su territorio y la destrucción de su cultura. Pobreza y marginalidad han sido la regla en todos estos años. A pesar de la digna lucha que han emprendido algunas comunidades mapuche, la generalidad es que este pueblo sufra discriminación en todos los ámbitos. Y si ser mapuche hoy en día es ser oprimido, las mujeres mapuche viven una triple explotación.

representan el 21.2% en tanto que las mujeres no indígenas el 14,7%. (MIDEPLAN, 2002)3 . Es la segunda discriminación, por etnia.

Así, los niveles de instrucción en la educación básica son de 54% para los hombres mapuche, y de 53% para las mujeres mapuche; en la enseñanza media son de 30% para los hombres y de 28% para las mujeres; en la enseñanza superior son de 7,2% para los hombres y de 6,7% para las mujeres (INE, 2002).4

Con todos estos datos y reflexiones es posible concluir a simple vista que no es más que un mito el que las costumbres y tradiciones del pueblo mapuche obedezcan a una configuración machista, todo lo contrario, pues los hombres y mujeres cumplen roles igual de determinantes y trascendentales para la vida en común y en especial para preservar lo que define y ha definido su cosmovisión desde hace tantos años. A su vez, son las lógicas y las estructuras patriarcales que ordenan nuestra vida en esta sociedad capitalista las que tratan de forzar y acomodar que los géneros se diferencian y se valoren de distinta manera, intentando romper con la importancia única e invaluable que tienen tanto hombres como mujeres mapuche dentro de su cultura.

por las mismas mujeres mapuche contra el Estado y parte de la sociedad chilena. Hoy en día, tal como siempre, la mujer mapuche se alza para luchar por su dignidad y autonomía en todos los planos de la vida. Y eso no es mito, es realidad. /4G

Es así como hoy y ante este escenario que el tema del fin a la discriminación de género junto con la lucha por la recuperación de tierras y 3http://www.mapuche.info/ autonomía es una lucha wps_pdf/caniulef031200. central que es empujada pdf 4 Íbid.

Javier Pineda, Axel Gottschalk Área de DDHH C4A

Columna

AGENDA CORTA Y AGENDA LARGA

El Senado despachó la llamada “agenda corta contra la delincuencia” a su tercer trámite constitucional. El proyecto fue enviado al Congreso por el Ejecutivo en enero 2015, pocos meses después de que se enviara una reforma integral a la Ley que Determina Conductas Terroristas y sólo días antes de que se promulgara una importante reforma a la Ley de Control de Armas. Particular atención ha concitado la figura del “control preventivo de identidad” (en adelante, CPI) por lo cual se entrega la facultad a las policías de suspender la libertad ambulatoria de cualquier persona hasta por 4 horas a fin de requerirle su identificación. La medida, que en muchos países está reservada para situaciones críticas como ataques terroristas, coexistiría además con el control de identidad vigente en el artículo 85 del Código Procesal Penal (En adelante, CI) conforme al cual los efectivos policiales pueden retener hasta por 8 horas

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a una persona a fin de requerir su identificación cuando previamente verifiquen determinadas circunstancias.

de la república preguntándose si tenían o no “facultades legales” para detener peones, rotos o anarquistas.

La detención por sospecha y el control de identidad vigente.

Justamente, el CI surgió como moneda de cambio a la derogación de la detención por sospecha el año 1998. La redacción original se mantuvo en el tiempo inclusive con la aprobación del Nuevo Código Procesal Penal. El año 2002 se aumentó el plazo máximo de duración de 4 a 6 horas y se facultó a las policías para registrar durante el procedimiento vestimentas, equipajes y vehículos. El año 2008 el plazo se aumentó a 8 horas y se ampliaron las “circunstancias” bajo las cuales procede realizar el control.

Resulta tragicómico el revuelo que ha causado, sobre todo en el mundo académico, la propuesta de un CPI. Se rasgan vestiduras por lo que sería un procedimiento policial reñido con el Estado de Derecho y peligrosamente similar a la detención por sospecha. Lo que estas visiones olvidan es que el fenómeno legal bajo el cual se despliegue el aparato represivo del Estado para sacar indeseables de circulación es prácticamente irrelevante: La tantas veces aludida detención por sospecha entró en rigor recién en 1906 y a nadie se le ocurriría plantear que previo a ello los Dragones de la Reina, la Policía Rural o el Cuerpo de Gendarmes paseaban por las calles

Sin embargo, en estricto rigor, tanto la detención por sospecha como el actual CI responden a procedimientos “circunstanciados”. En efecto, aquella autorizaba a los agendes de policía a detener “al que

anduviere disfrazado i rehusare darse a conocer”, “al que se encontrare a deshora o en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas”. Mientras que su sucesor faculta a los policías a solicitar la identificación de cualquier persona cuando estimaren “(…) que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad (…)”. Y en caso de imposibilidad o negativa de la persona a acreditar su identidad, autoriza a la policía a “conducirla” a la unidad policial más cercana. En ambos casos, la determinación de la existencia de las circunstancias correspondia y corresponde a los propios agentes policiales. En el caso del CI además, son ellos mismos quienes determinan la procedencia de “conducir” a la persona a la unidad policial. Una vez allí, la persona puede ser retenida hasta por 8 horas sin haber cruzado palabra con un juez. La pregunta es tan simple como evidente. ¿A quién le reclama el ciudadano que “no se verificaban las circunstancias” para proceder a controlarle a identidad? ¿Cómo y dónde prueba que estaba totalmente a identificarse? En muchos sentidos, el CI ha resultado ser una herramienta más eficiente que la detención por sospecha. A la usanza clásica de la Concertación, se cambió todo para cambiar nada dejando un procedimiento estéticamente más democrático. Un mecanismo administrativo que al margen de los Revista /4 AGOSTO

El gobierno de “centro – izquierda” y los sectores más duros del pinochetismo trabajan juntos en ensanchar el Estado Policial en momentos en que atraviesan la crisis política más profunda y duradera de las últimas décadas. frente a manifestaciones públicas. un procedimiento judicial de detención. El plazo de 8 horas además de mantener fuera de circulación al “controlado”, permite evaluar si es posible o no cambiar la figura a la detención por flagrancia, lo que conlleva extender la privación de libertad para proceder al control judicial de la detención.

tribunales permite cumplir exactamente el mismo objetivo que la detención por sospecha, sacar indeseables de circulación, sin la carga negativa de autoritarismo que esta conlleva. Control de Identidad y Control Preventivo de Identidad: Doble discrecionalidad. El CI se ha utilizado en las últimas décadas como un engranaje más de represión de la protesta social al margen de cualquier tipo de control democrático efectivo. Es instrumento cotidiano en el marco del estado de excepción que se desarrolla actualmente en Wallmapu y ha sido desplegado de forma masiva en incontables ocasiones frente a manifestaciones públicas. Que la ley

disponga que el procedimiento se realiza bajo determiandas “circunstancias” es lisa y llanamente letra muerta, tal como los muy políticamente correctos mecanismos de control y denuncia que se contemplan. Al final del día, se trata de la discrecionalidad policial en su estado más puro y arbitrario, una manifestación palpable del verdadero carácter soberano de los intereses que mandan en el “Estado de Derecho”. En la práctica, conforme lo han denunciado organismos nacionales e internacionales de observación de Derechos Humanos, el CI constituye un mecanismo de disuasión a la vez que una figura residual que permite justificar la privación de libertad de personas cuando no es posible para la autoridad iniciar

Como señalábamos al comienzo, el CPI no contempla la sustitución o derogación del actual CI. Conforme al proyecto de ley, ambas facultades simplemente coexistirían en la legislación procesal penal. Ello sumará una nueva alternativa discrecional para las policías. Pues si ya nadie controla la existencia de las “circunstancias” ¿Quién decidirá cuál de los dos controles de identidad se está realizando? No resulta difícil imaginar las situaciones de chantaje y arbitrariedad que producirán ofreciendo “salir en 4 horas” o amenazando con “dejarte las 8” tras las clásicas redadas callejeras previas a las marchas. Es claro que tal como ayer y hoy, las personas y grupos considerados “fuentes de riesgo” seguirán siendo sacados de circulación en total impunidad.

Policial en momentos en que atraviesan la crisis política más profunda y duradera de las últimas décadas. La verdadera corrida de cerco que impulsan los que mandan sobre las garantías más básicas del pretendido Estado de Derecho camina en paralelo al discurso reformista de la Nueva Mayoría y a los anuncios de renovación en Chile Vamos. Se trata de una ar remetida securitaria que busca anular la organización de la clase trabajadora y reprimir las expresiones más avanzadas del movimiento social en su conjunto.

¿A quién le reclama el ciudadano que “no se verificaban las circunstancias” para proceder a controlarle la identidad?

Agenda larga contra el campo popular. El gobierno de “centro – izquierda” y los sectores más duros del pinochetismo trabajan juntos en ensanchar el Estado

La llamada (una vez más) “agenda corta contra la delincuencia” que impulsa el Gobierno de Bachelet con la venia de la oposición y los gremios patronales más activos de la escena nacional es expresión de este movimiento de largo plazo que procura contener a aquellos que se mantienen al margen y en pie de lucha frente a los nuevos

consensos a que busca arribar el poder. Nada nuevo trae consigo el Control Preventivo de Identidad salvo el ensanchamiento de una herramienta de represión tan vieja como conocida. Su impulso anuncia a quienes se organizan y luchan que los que mandan se preparan para un nuevo ciclo político en el país. /4G

Juan Carlos Sharp Oyarzún Área DDHH C4A

Cristian Cuevas: “Pero lo que no puede ocurrir es que el movimiento sindical esté supeditado a ellos.” Por: Jose Portiño y Axel Gottschalk.

Entrevista

En 1997 formó el sindicato Sodexho Chile División Andina. Consejero de la CUT en el 2008. Presidente de la Confederación de Trabajadores en el 2007. Ex militante socialista y ex militante comunista.

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Corre el año 2007, el país aún no termina de sacudirse después del agitado 2006 donde los estudiantes secundarios protagonizaron la llamada ‘’revolución pingüina’’ cuestionando la educación de mercado y con ello una lógica instala en Chile y subyacente en todas las áreas de la vida. Entonces, y como dijo uno de sus propios dirigentes, la huelga explotó como un volcán. Era una movilización sindical en Codelco, pero con varios elementos que la hacían inédita hasta ese momento. Primero, porque la huelga no se enmarcaba en el proceso en el marco de una negociación colectiva reglada, sino que y deliberadamente, era una huelga ilegal que, alejándose de los métodos tradicionales, encontró nuevas formas de ejercer el derecho a huelga como los cortes de camino, la toma de maquinaria, etc. Segundo y vinculado a lo primero, porque constituía una negociación por rama, no obligatoria según la ley para la empresa pero vuelta obligatoria por la fuerza viva de los trabajadores. Tercero, porque era llevada adelante por los trabajadores subcontratados, que saltándose a sus empresas contratistas y con ella a ley –recientemente promulgada por la concertación para esos años- negociando directamente con la empresa principal, Codelco. Es desde aquí que se comenzaría a hablar del nuevo sindicalismo Chileno. A la cabeza de este movimiento, Cristian Cuevas, un joven dirigente de 38 años, militante comunista y homosexual que llamo la atención de todos. ¿Quién es Cristian Cuevas? Hijo de un minero del Carbón y siendo parte de una familia de 10 hermanos, Cristian estudio en un liceo en Coronel en plena dictadura militar. Desde allí y observando la fuerte represión como contracara de los intentos de resistencia popular, ingresa militar a los 14 años al Partido Socialista desde donde luchará contra la dictadura.

El año 1997 forma el primer sindicato en Sodexho Chile División Andina, compuesto por subcontratados. Así pasaron 10 años de luchas, organización y represión hasta que el año 2007 asume la presidencia de la Confederación de Trabajadores del Cobre y el 2008 es electo Consejero de la CUT. Hace varios años ya y tras conocer y apoyar la candidatura de Gladys Marín, había ingresado a militar al Partido Comunista. Por ese partido fue candidato a diputado el 2009 por Lota y el 2013 por Calama, perdiendo en ambas ocasiones. El 2014 sale como agregado cultural a España en lo que muchos llamarón un autoexilio. Entrevistamos a Cristian Cuevas tras su retorno a Chile, su salida del partido comunista y su posición crítica frente al actuar de la CUT, todo esto en el marco del cierre del debate en el Congreso de la Reforma Laboral, el inicio del Proceso Constituyente y las elecciones municipales como antesala de las presidenciales.

Muchas gracias por ser parte de este primer número de la Revista 4 de Agosto. Nos gustaría entrar de inmediato en materia viendo la experiencia de lo que fue la lucha del 2007. Tu historia sindical comienza de forma muy particular por dos cuestiones: Por una parte, esta movilización se encuadra en un centro estratégico de la economía de Chile como era el cobre y, por otra, en un sector que históricamente no estaba organizado, que no negociaba directamente con CODELCO, que eran los subcontratados. En torno a esa lucha, varios autores comienzan a hablar de que el 2007 se inicia una tradición de lo que sería un nuevo sindicalismo chileno. Cuéntanos cómo fue este proceso de organización, negociación y lucha, y si es posible a tu juicio hablar a partir de aquí de un nuevo sindicalismo, y de existir, qué características tendría. Sin duda el año 2007 se genera una ruptura con lo que conocíamos del movimiento sindical tradicional de los últimos 40 años, ruptura que obedece más bien a la dominación del neoliberalismo y sus prácticas de cooptación, incluso hacia el propio sindicalismo, permeándolo en función de los cambios de un modelo que se profundiza durante estos 25 años de democracia. Entonces, la emergencia de la Confederación de los Trabajadores del Cobre (CTC), el imaginario y la impronta que se levanta a partir de una nueva generación de dirigentes sindicales, se constatan como un aporte a la construcción del nuevo sindicalismo para el Chile del siglo Revista /4 AGOSTO

XXI. Creo que es coincidencia, pero si hablásemos de que es lo nuevo, yo creo que lo que ocurre más bien es que se restituye al origen del movimiento sindical, desde la época de Recabarren -a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX- cuando se comienza a articular, organizar y empoderar un sindicalismo con vocación de poder, de mayoría y de transformación social. Lo que hace la CTC es recuperar ese origen y trasladarlo, dándole continuidad a partir de un quiebre que se generó por el golpe cívico militar del año 73. Esta nueva generación, sin haber vivido el horror de la dictadura militar, siendo una generacion que nace, crece y se forma como trabajadores estos últimos 40 años, es lo que hace un movimiento atractivo, pero sobre todo porque se trata de un movimiento que reivindica la política y el rol de los trabajadores en la tarea de disputar la escena política, de ser capaces de disputar el poder, cuestión que estaba extraviada, vacía de contenido y secuestrada ideológicamente por parte del modelo neoliberal. ¿Y cómo fueron ustedes capaces de sortear todas las trabas legales, culturales y económicas de la Dictadura para dar paso a esta gran huelga del 2007? ¿Cuáles son las claves de este proceso de organización? El próximo año 2017 se conmemoran diez años de esa gesta, que no solo ha sido estudiada en nuestro país, sino

también por diversos pensadores a nivel mundial, permitiendo ilustrar esta realidad a nivel internacional. Creo que esto nace más bien de reconocernos como parte de una clase y con la convición clara de poner al centro la ética del movimiento sindical y su vocación transformadora, de empoderar al viejo, más allá de que esté en sindicatos pequeños, fragmentados y pisoteados por el modelo. Sin duda que hay que teorizar, reflexionar, darle contenido, pero hay que vivir como los trabajadores, el día a día, formar sindicatos, no instrumentalizando el sindicato en función de cuestiones personales o políticas, sino en función del proyecto de los trabajadores. Cuando tú construyes ese relato, que nace a partir de luchas anteriores, de nuestros propios errores, derrotas y dolores, y lo trasladas a las nuevas generaciones logrando esa comprensión, cuando a las asambleas las transformas en escuelas formadoras y transformadoras, con contenido, y no esa cuestión pequeña que no ayuda ni contribuye al objetivo que se tiene en vista…nosotros fuimos nuestra propia fuerza, nuestra propia construcción, creo que eso lo hicimos bastante bien. Pero esto no estaba, sino que nace a partir de nuestra propia lucha. Así, muchos de los contenidos que desarrollamos y que han fortalecido este proceso, este imaginario colectivo, se dan a partir de la lucha. Es algo que no está escrito en los libros, no hay un manual de cómo se construye organización, sino que se da en dicho contexto. ¿Es posible ampliar el proceso que vivieron con los trabajadores del cobre al resto de los trabajadores chilenos? Porque hoy en día hay muchos trabajadores, la mayoría de hecho, que se encuentran en la misma situación que ustedes el 2007, desorganizados y desarticulados, en particular los subcontratados de otras áreas, como servicios por ejemplo. ¿Cuáles son las lecciones o los caminos para esos trabajadores? Cuando vivimos lo del 2007, esa huelga épica, nunca dimensionamos el impacto que tendría en la sociedad chilena. Solo después te das cuenta de esa dimensión, cuando sales a la calle. A partir de esa experiencia nosotros pudimos llegar a los salmoneros, a los trabajadores forestales, a los trabajadores del sector público, y también nos fuimos transformando cada uno de esos actores en líderes que trascendían el domicilio sindical, en líderes de opinión política, es decir, de cambio. Eso repercutió sin duda, porque de forma conjunta, se dieron los procesos del levantamiento de los trabajadores forestales, que costó la vida al compañero Rodrigo Cisterna. Este proceso lo veníamos desarrollando desde fines de los 90, principios del 2000 con la primera toma con Rancagua el 2003. Después tuvimos la ocupación de los años 2004,

2005 y 2006, el proceso de levantamiento de los trabajadores forestales y después de la huelga de los trabajadores contratistas hubo levantamiento de los trabajadores de temporada de Copiapó, a partir de la demanda de los sectores de la agroindustria. Situación similar se vivió con los trabajadores salmoneros que acompañamos. Me tocó por primera vez conocer Calbuco, Chiloé, Chonchi, invitado por los trabajadores, conocí no en una labor turística, sino más bien sindical y política, invitado por los sindicatos para reforzar este imaginario colectivo. Desde el 2007 que en diez años no hemos descansado, continuando esta tarea. Por la estructura misma del propio modelo, como genera esta situación, se fueron generando también dinámicas en el retail, en los call center, en distintos sectores que fueron entendiendo que era posible cambiar las cosas. Lamentablemente, hay un factor que uno también tiene que leer, que la estructura sindical no estaba a la altura de ese cambio, no logra incorporar ese proceso emergente de lucha sindical a la necesidad de cambio que tiene que ver con una conducción que, desde el punto de vista nuestro, obedecía a forma y práctica y que sirvieron para un minuto pero no servían para el siguiente y ahí se ha generado una tensión, una disputa que tiene hoy día a un movimiento sindical en su conducción máxima desorientada, porque los trabajadores se sienten sin orientación, en situación de orfandad y no estuvimos a la altura, por ejemplo, de esta misma discusión de la Reforma Laboral. En ese sentido, se habla más allá de solamente los trabajadores del cobre, también los portuarios, los forestales como tú mencionabas, como esta nueva avanzada del sindicalismo chileno instalada en los sectores estratégicos de la producción

Qué bueno que recuerdes eso porque la verdad es que con respecto a los sectores estrátegicos de la economía de nuestro país, para todos pareciera que lo estratégico son los trabajadores que mayoritariamente laboran en los servicios. La mayoría, el grueso de los trabajadores de nuestro país están en los servicios, precarizados, en las finanzas, el retail, el comercio o los que están en el sector público. Todos apuestan a que ese es el lugar desde donde organizarse, sin duda que hay que hacerlo. Pero donde hay que golpear para lograr avances es en los sectores estratégicos de la economía, en la industria cuprífera, portuaria, forestal y la pesquera, sobretodo hoy con el drama que se vive con la crisis salmonera. Los sectores estratégicos siguen siendo el factor fundamental desde donde debemos desarrollar una política destinada a recuperar la conducción sindical, pero sobretodo a generar alianzas en función de la tarea de cambiar la correlación de fuerzas en la disputa política. Si nosotros bloqueamos la industria minera, portuaria, forestal, se para la economía, generando un impacto en ésta, pero si tú paralizas Ripley o Falabella, hay mil tiendas de esas, por lo tanto no tienen impacto. Lamentablemente es así, por tanto nuestra lucha debe ser en alianza dinámica, en función también con otros sectores que hoy día están en una situación de mayor fragilidad organizacional.Lo que contribuye a que los trabajadores generemos y posibilitemos avances es cómo usamos la lucha, cómo contaminamos, en el buen sentido de la palabra, la organización, ante el drama que viven compañeros que están en sindicatos pequeños y sin poder de negociación, cómo las otras organizaciones generamos solidaridad de clase en función de esa tarea. Hoy día, lamentablemente, ante la falta de conducción y de disciplina sindical, ante la fragmentación, la verdad es que este es un reino para los empresarios, para los neoliberales, y por lo tanto sus políticas de chantaje frente a cualquier cambio son las que priman finalmente en la sociedad chilena, de ahí que necesitamos reflexionar sobre el sindicalismo que queremos para este tiempo y cómo mejorar y superar la situación de descomposición que no sólo golpea a la elite sino que también ha logrado permear al propio movimiento sindical. Pero en ese sentido, claramente existe un desfase en ciertos sectores de la sociedad que han comprendido la necesidad de este recambio en el sindicato y ciertos sindicatos que siguen dirigidos por esta dirigencia de viejo cuño que no ha Revista /4 AGOSTO

Entrevista Cristián Cuevas En relación al Movimiento Sindical en nuestro país

¿Qué perspectivas ves para este grupo de sindicatos nuevos que generacionalmente hacen un recambio, que han ido inventando nuevas formas de organización, los cortes de camino, por ejemplo, que no existían dentro del repertorio tradicional del viejo sindicalismo? ¿Cuáles son las perspectivas para este nuevo sindicalismo que ha emergido desde estos sectores estratégicos y cómo se han vinculado entre ustedes?

sido capaz de adoptar esta nueva forma y que mantienen prácticas añejas en torno al sindicalismo. Un ejemplo son los funcionarios públicos o los profesores que tienen las mismas direncias hace años la misma dirigencia. En este sentido, ¿cómo se relaciona este nuevo sindicalismo con el viejo sindicalismo tradicional? A mí me dramatiza, por ejemplo, la situación que vivieron los trabajadores del Registro Civil el año pasado, que estaban solos la Nelly y su equipo, más allá de a quién o a dónde respondía su orientación política que desconozco, pero lo que había ahí era un par de trabajadores. Muchas veces fueron los propios pares los que cuestionaron ese paro, y en el paro me tocó estar con compañeros y compañeras del Registro Civil en Coyhaique y verlos quebrarse, compañeros

‘’Yo creo que tenemos que conversar con el gobierno, con los empresarios, pero lo que no puede ocurrir es que el movimiento sindical esté supeditado a ellos. Eso finalmente debilitó la respuesta del movimiento sindical a sacar a la gente a la calle y hacer conciencia de la necesidad de una reforma laboral.’’

que llevan 40, 30 años en el servicio público, y acusaban el golpe de este abandono por parte de las principales organizaciones del país, por parte de esta política del gobierno, de la derecha y de los medios de comunicación, de denostar esta movilización legítima de los trabajadores. Hoy día tenemos un paro en Atacama que lleva más de 30 días por incumplimiento de compromisos por parte del gobierno. A nadie le importa, ni a los parlamentarios, y que obviamente hoy día no es posible entregarles un beneficio que habían alcanzado mediante acuerdo, y por tanto el hilo se corta por lo más delgado, que son precisamente los trabajadores. Vinieron a Santiago y no hubo una masividad de trabajadores esperándolos, solo los más leales, los de siempre. Por eso también hay una situación de crisis. En ese marco se requiere desarrollar una política de recuperación del movimiento sindical, tarea que es mucho mayor, porque por ejemplo yo te digo lo mismo con el tema del proceso de la reforma laboral que está en curso, que hemos cuestionado desde su origen, siendo yo funcionario diplomático del gobierno durante un período. Pero más allá de la serie de seminarios, intercambios y reflexiones, y de interpelar a través de las redes sociales, no ha habido una fuerza gravital de los trabajadores que cambie esa correlación de fuerzas. No basta con la declaración. Hay un problema y no es del modelo, no es de la política, no es de quien gobierna. El problema es nuestro, y no hemos estado a la altura de los cambios. Yo saludo a todos aquellos que hemos hecho el esfuerzo. Saludo al equipo de abogados laboralistas como María Esther Pérez, José Luis Ugarte, por nombrar a algunos, Rafael Carvallo y Joaquín Silva también, a quienes

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conozco, o a los dirigentes sindicales que han desarrollado algunas expresiones, pero al final, la sumatoria es marginal. El paro del 22 de marzo no fue paro y no porque no queramos que exista el paro, sino porque hemos mentido a los trabajadores. No les hemos entregado el mensaje claro de por qué es necesaria una reforma de verdad, porque hacemos un discurso ilustrado académico que lo entendemos nosotros pero que no genera y no ha logrado ganar el sentido común de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Eso requiere de nuevas dirigencias, aunque no divido entre lo viejo y lo nuevo, sino más bien en cómo caminamos todos juntos en función de un proyecto para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Hoy existe una discusión importante en torno al rol de la CUT. Hay quienes dicen que, dadas las características de la actual dirigencia, es necesario fundar un nuevo espacio de los trabajadores, clasista, por fuera de la CUT. En cambio, otros trabajadores entienden que la tarea es más bien recuperar a la CUT como espacio sindical para la medida de los y las trabajadoras. Habiendo sido consejero de la CUT el 2008, candidato a la presidencia de ésta el 2102, y siendo parte de la salida histórica de Arturo Martínez luego de doce años de conducción en este espacio, ¿qué piensas sobre este debate? Necesitamos de la unidad sindical para avanzar. Yo esperaba que en relación a los mecanismos de mayor democracia, participación, la CUT hubiese sido la que avanzara en esta tarea de democratización que se inició el año 2016, lo que

lamentablemente no ocurrió. Entiendo también la necesidad de sectores que estando en la CUT o fuera de ésta tratan de articular o buscar formas distintas de organización. Creo que lo que falta es mayor diálogo entre trabajadores y organizaciones. Tengo la convicción, una convicción de clase en función del lugar donde fijo mi domicilio ideológico y político, en que creo que los trabajadores debemos desarrollar una política propia, con autonomía, pero que sea una discusión que tendrán que dar los sindicatos y no los que piensan por éstos. Eso requiere una reflexión a partir de los sindicatos, sus dirigentes y asambleas, de buscar caminos posibles de unidad sindical. Cuando no se escuche el clamor de sectores importantes de los trabajadores, pueden surgir espacios distintos, tampoco dramatizaría con esto. Lo que no debe ocurrir es que esos espacios diferentes no converjan en función de la tarea principal que es proteger a los trabajadores y eso finalmente se va a zanjar en la propia lucha, desde la propia organización, así es que hoy mismo estamos haciendo un esfuerzo. Estamos desarrollando una política de construcción de una fuerza, en el caso de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que se llama la División Quichillao, que ya lanzamos y que busca recuperar la Confederación para lo que fue llamada cuando dimos origen a esto. Las distintas organizaciones tienen sus propios espacios pero a la vez estamos generando espacios de construcción orgánica y social de intercambio, como una corriente, una fuerza sindical que permita conducir ante la orfandad que viven nuestros trabajadores, ante la falta de conducción sindical. Eso es contribuyente a un proceso de unidad sindical. Los líderes tenemos que ponernos de acuerdo en cómo desarrollamos, no pensando en el cargo, no pensando en cómo voy a ir, ni en cómo distribuyo el poder, sino en cómo contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical. Se requiere de todos. Ahora, para saber cómo se va a zanjar esta falta de conducción del movimiento sindical habrá que mirar cómo se desarrolla el

“Tengo la convicción, una convicción de clase en función del lugar donde fijo mi domicilio ideológico y político, en que creo que los trabajadores debemos desarrollar una política propia, con autonomía, pero que sea una discusión que tendrán que dar los sindicatos y no los que piensan por éstos.” proceso, pero para mí no es excluyente que eventualmente se puedan construir otras fuerzas o disputar las ya existentes. No se garantizaron los mecanismos para asegurar la transparencia y la participación en función de un proceso electoral (en la CUT) como vimos el 2012, en el cual el fraude y la mala práctica generaron la victoria y no la decencia y el ejercicio real de organizar a los trabajadores. Tú nos comentaste esta crítica hacia la falta de conducción en el proceso de Reforma Laboral, ¿Cuáles, a tu juicio, son los errores de la CUT en este proceso y cuál debió ser el camino para enfrentarlo, teniendo en vista la Reforma Laboral y también el proceso constituyente? En diciembre de 2014 estando en Madrid, pude ver el proyecto de reforma laboral semanas antes de que el gobierno lo presentara. En ese momento activé las alarmas en los sectores del sindicalismo con los que tengo un fuerte vínculo. Lamenté que ese día, 28 ó 29 de diciembre, la CUT saliera aplaudiendo el proyecto y fue esta acción que habíamos tenido días antes con sindicatos que encendieron la voz de alarma de que ese proyecto no contenía lo que era la esperanza de los trabajadores en la reforma. En ese momento la CUT se dio cuenta que le habían pasado un gol de media cancha, pero yo no creo en los goles de media cancha, no creo en la ingenuidad del movimiento sindical, creo que hubo una operación. Ellos pensaron que iban a tener el respaldo, estaba pactado con los dirigentes de la CUT y nunca previeron el rechazo generalizado del movimiento sindical organizado. En marzo de ese año la CTC y la Unión Portuaria, entre otras, conversaron con la conducción de la CUT la idea de convocar a un paro general en función de agilizar un proceso de reformas que tuviera el contenido que los trabajadores demandaban, pero eso no contó con respaldo de la CUT. Ellos privilegiaron la relación con el gobierno. Yo creo que tenemos que conversar con el gobierno, con los empresarios, pero lo que no puede ocurrir es que el movimiento sindical

esté supeditado a ellos. Eso finalmente debilitó la respuesta del movimiento sindical a sacar a la gente a la calle y hacer conciencia de la necesidad de una reforma laboral. Es más, el 11 de julio de ese año la CUT convocó a una movilización en Santiago y no hubo más de mil personas, en su mayoría militantes de partidos políticos más que de la fuerza sindical. Eso va debilitando las fuerzas de movilización y ha sido la presión de los sindicatos más activos del movimiento sindical organizado, de los profesionales, de abogados laboralistas, que conocemos del movimiento sindical y las políticas laborales, y no los operadores políticos que nos llevaron a esta reforma. A ellos no les interesa perder, porque ellos no son trabajadores, no son dirigentes sindicales. Ellos están al servicio de quienes administran el modelo o son los mandatados por los partidos para generar el lobby en la dirigencia sindical, quienes se visten de una investidura de movimiento sindical, pero los sacuden y no son nada. Eso es una gran estafa. Eso hace que yo renuncie a mi calidad de diplomático. Se estafa a los trabajadores con una supuesta reforma que cada vez está más desdibujada de la fuerza de los trabajadores más allá de los espacios institucionales.

partir de tu propia identidad, pero sobre todo, de escuchar a cientos y a miles de compañeros que han vivido situaciones de discriminación y violencia. Hay situaciones que me toca relatar, en el caso por ejemplo de algunas provincias que son mineras, Los Andes, Calama, por ejemplo, la denuncia de violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de nuestros propios compañeros es brutal. Es de todos los días. Lo que vive una persona de orientación sexual homosexual o lésbica en la industria o en el mundo del trabajo es una situación dolorosa, entonces cuál es la labor nuestra como movimiento sindical o como dirigente sindical: educar. El formar, el entender que necesitamos convivir en la diferencia del otro y por lo tanto el instrumento, en este caso el sindicato, y quienes lideramos el movimiento sindical, tenemos que ser contribuyentes a eso. Tenemos que incorporar a la negociación colectiva, cuando negociamos con los sindicatos, el reconocimiento de las distintas formas de familia, de pareja, y otorgar derechos iguales a quienes tienen, por ejemplo, parejas de un mismo sexo. Y en eso hemos desarrollado un trabajo, que es incipiente pero que obviamente se ha ido avanzando a partir de las convicciones que hemos desarrollado. Es más, cuando hoy día uno hace la cuenta política y va a disputar la escena política sindical, la única forma de denostarnos a nosotros es a partir de nuestra orientación sexual. Eso lo vivimos todos los días. Por eso la idea mayor es cómo hacemos esta gran escuela formadora y transformadora y que también vayamos incorporando estos elementos a este quehacer del movimiento sindical. Para nosotros es inaceptable tener dirigentes sindicales que sean golpeadores, y que conozco, y que hemos conocido, y que se les proteja. Por tanto tenemos que erradicar del movimiento sindical y popular a quienes contribuyan a esas prácticas violentas. Esperamos que la educación sea la forma de corregir ese déficit que tenemos. Lo otro es generar políticas públicas en función de esa tarea, y ahí nosotros tenemos que influir y por eso necesitamos un movimiento sindical que sea eminentemente político y no solamente reivindicacionista. Y político porque eso te permite ampliar la mirada y generar cambios en la estructura.

“Erradicar el machismo, la violencia de género, la violencia que se ejerce contra hombres o mujeres que tienen una orientación no heterosexual”

En una entrevista del año 2013 señalaste que había que erradicar de la política chilena las prácticas de violencia de género, homofobia, maltrato y discriminación. ¿Crees que se dan esas prácticas en el sindicalismo chileno? Y de ser así, ¿cuáles serían las causas? Sin duda estamos en una sociedad global patriarcal donde se ejerce violencia de género todos los días, donde se ningunea o discrimina a quienes tienen una orientación sexual diferente, a las mujeres que apuestan a transformarse en líderes políticas o sindicales. Eso es parte constitutiva de esta sociedad. Erradicar el machismo, la violencia de género, la violencia que se ejerce contra hombres o mujeres que tienen una orientación no heterosexual, lésbica, homosexual, transexual o como se determine el individuo, es una batalla que tenemos que dar. Es una batalla cultural, una batalla política. Y en ese sentido el movimiento sindical no está exento de ello, no está exento de la reproducción del patriarcado y su sistema de dominación cultural. Entonces por eso me declaro yo, Cristián Cuevas, y que apuesto al cambio también cultural. Y eso a partir de la reflexión con otros compañeros. No es que yo nací con esa conciencia, es parte del reconocerte a Revista /4 AGOSTO

¿Crees tú que la reforma aborda en alguna de las partes temáticas de violencia de género, machismo y este tipo de prácticas dentro de la vida del trabajador?

La verdad es que yo no vi esos elementos. Yo también creo en cómo desde el mundo del trabajo se van incorporando estos elementos. El otro día hubo un ICARE al que fue Giorgio Jackson interpelando. No, los que tenemos que interpelar somos nosotros. Los empresarios saben todos los días lo que ocurre en el mundo del trabajo. Por tanto en sus empresas deben aplicar estas políticas. Las empresas que están a la altura de una sociedad globalizada van aplicando políticas antidiscriminación y para erradicar la violencia de género o cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre el ser humano. Por tanto también tienen que desarrollarse acciones como ésta, pero yo no he visto que eso sea parte del debate de una reforma laboral, ni siquiera parte del debate en torno a la lucha cultural que hoy está secuestrada por la elite y que incluso es una situación que raya en la locura. Cuando se debate sobre el tema del derecho a abortar, del aborto terapéutico, en tres causales, imagínate. Entonces estamos hablando de una sociedad retrasada culturalmente. Necesitamos que los trabajadores jueguen un rol mayor en esas tareas. En este sindicalismo caracterizado por la lucha directa, por sobrepasar las cuestiones legales, sobrepasar el sindicato como figura legal, ¿crees que pueden haber otras formas ligadas a esta nueva tradición que se ha levantado para combatir estas dinámicas de violencia de género?

Ya lo hemos dicho, la educación es el primer lugar donde nosotros desarrollamos los procesos de confianza en relación a eso. El denunciar los hechos. Ahí mismo está el tema de la nueva Constitución, ¿cuál es el rol de los trabajadores en el proceso que se ha llamado constituyente? Nosotros queremos la vía de la asamblea constituyente. ¿Cuál es el rol que estamos jugando los trabajadores? Yo no he visto jugando ningún juego a los sindicatos. Ninguno. Y al movimiento estudiantil tampoco, salvo algunas excepciones. Si queremos cambios, el primer cambio pasa por esa institucionalidad. Porque ¿cómo le damos contenido a eso?, contenido de género, antidiscriminatorio, que dé reconocimiento a las distintas identidades, tanto de origen como culturales y sexuales, en una nueva institucionalidad. Las mujeres también, que han estado débiles en la tarea de disputa por una nueva Constitución. Entonces el tema va más allá del solo mundo del trabajo, sino cómo vamos desarrollando en función de esta tarea. Ahí creo yo que hay un gran déficit porque los dirigentes sindicales saben hablar muy bien de reivindicaciones, pero poco saben hablar de política, y necesitamos que sepan hablar de política para poder disputar el poder. Últimamente, a propósito del proceso de reforma laboral, hemos encontrado cómo los fallos de la Corte Suprema han ido avanzando. Se ha dicho que hay un cambio en el

tipo de decisiones que ha tomado. Permitió, por ejemplo, la huelga fuera de la negociación colectiva, reconoció las relaciones laborales a trabajadores a honorarios, entre otras cuestiones. ¿Crees que, ante las fallas o las debilidades que hemos encontrado en la reforma laboral desde su proyecto hasta lo que tenemos ahora, la vía de los tribunales puede ser una forma de disputa?

actores, los empresarios, los gobiernos que cada año están en la conferencia de la OIT, haciendo gárgaras con esto y finalmente no cumplen. Entonces yo saludo ese hecho y, por lo menos desde la reflexión que se ha hecho en conjunto con otros compañeros y compañeras, es que si se cumplieran los convenios internacionales, no estaríamos discutiendo esta débil reforma laboral.

Primero, saludar el hecho de que la Corte Suprema esté entregando esos paños, porque ¿te acuerdas que estaba la Cuarta Sala secuestrada por los sectores empresariales hace un par de años atrás? Era el tope que teníamos nosotros, la fatalidad que teníamos los trabajadores, a partir de este señor que asesoraba a las empresas que aparte era miembro de la Cuarta Sala. Yo creo que los fallos de la Corte Suprema están asumiendo una lógica correcta y en función de los propios convenios que el Estado de Chile ha firmado y ratificado, el convenio 87 y 98 de la OIT. Porque los trabajadores iban con temor a la Inspección del Trabajo y les decían que la huelga era ilegal, que efectivamente en la institucionalidad chilena formal era ilegal, pero en función de los convenios internacionales era una huelga que estaba en el marco de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, saludo que la propia Corte Suprema hoy día reconozca ese vínculo y esa responsabilidad que el Estado de Chile tiene que desarrollar. Yo espero que la Dirección Nacional del Trabajo y el Ministerio del Trabajo hagan el ejercicio de hacer cumplir estas normativas. Porque lo que ocurre aquí es que finalmente discutimos una reforma laboral muy débil. Y si solamente cumpliéramos los convenios internacionales no estaríamos discutiendo estas reformas. Por tanto, aquí la propia Dirección Nacional del Trabajo está al debe, porque no ha implementado los mecanismos en cuanto a hacer valer los convenios internacionales y eso es una cuestión netamente administrativa, porque ya han sido ratificadas por el Estado de Chile y por el legislativo en su minuto. Lo que a mí me molesta es que son estos mismos

¿Qué hacemos con la jurisprudencia y los trabajadores que están avanzando por fuera y que están corriendo el cerco mucho más allá de una reforma laboral que retrocede y profundiza la normativa del Plan Laboral? Hay que tener fuerza política. Una cosa es que una franja, una parte de la institucionalidad del Estado chileno, en este caso la Corte Suprema y en otra los sindicatos, estén haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos van a ser magros si no tenemos fuerza política. Debemos tener nuestros propios instrumentos, nuestras propias fuerzas que puedan gravitar. Por ejemplo, la reforma de la educación. Ustedes mismos como estudiantes lo vivieron, ustedes se llaman Corporación 4 de Agosto. Me acuerdo que el 4 de agosto yo estaba en la FECh, bombardeado por los gases y reprimido. Mira lo que ha pasado durante ya casi 5 años, pese a que la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile quiere eso, el parlamento chileno y quienes gobiernan finalmente distorsionan esa voluntad mayoritaria. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Basta con la pura marcha, basta con que se pronuncie la Corte Suprema? No. Falta disputar el espacio político en términos serios, reales, y eso es lo que al menos, desde la perspectiva nuestra de los trabajadores, tenemos que desarrollar. /4G

Entrevista elaborada por el Área de trabajo de la C4A.

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MAPUCHE, NI SER HUMANO NI CHILENO, SINO “EL ENEMIGO”

Columna

Son muy pocas las claridades que los órganos persecutores aportan respecto del tratamiento criminal del Mapuche. No existe una reflexión y una justificación para dar un castigo más riguroso y duro que el establecido en el código penal, a quienes en el marco de una pugna de recuperación territorial cometen delitos contra la propiedad privada. ¿Por qué castigar con mayor severidad a quienes, en medio de un conflicto político y de reivindicación de derechos ancestrales, atentan contra la propiedad privada? ¿De dónde nace esa visión que hace imperativo aumentar las sanciones de estos sujetos y por qué se ve tan ampliamente legitimada la discriminación negativa del derecho penal hacia ellos?

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La idea fuerza que queremos expresar en estas líneas es que el trato que el Estado de Chile ha sostenido con el pueblo mapuche durante décadas no busca como fin último doblegar al indígena y someterlo a la forma de vida en sociedad, sino que en la actualidad es parte de la dominación política y social que se ha entramado para garantizar el éxito del sistema neoliberal en las zonas de conflicto territorial, y primordialmente en la región de la Araucanía. La legitimación de este trato discriminatorio se realiza por diversos medios de control social que no necesariamente están bajo el control de las manos del Estado, sino que bajo la intervención sagaz de privados, de manera que no se reduce la esfera

de control mapuche al espacio de intervención penal, sino que es el mismo privado -en conjunto con el Estado- quien termina por dominar las formas de vida de la sociedad toda, pese a no contar con la coerción propia del derecho penal. En definitiva, el Control Social es el conjunto de fuerzas que equilibran el sistema morigerando los comportamientos de rebeldía ante éste. De esta manera, comprendemos que el control que genera el derecho penal es sólo parte integrante del Control Social, que comprende además las otras fuerzas que ejercen dominación sobre la sociedad, y en este caso que afecta directamente al Pueblo Mapuche. Es evidente por lo demás, que los mecanismos con los que actúa el

control social son menos alarmantes y más sutiles que cualquiera que pudiera ejercer el Estado, sin embargo, cuando aparecen resistencias a esta manera de dominación es cuando el Estado, sin dudar, y con plena legitimidad social ejerce una fuerza punitiva exacerbada. En este actuar no escatima en reprimir con dureza y en aplicar incluso legislación especial, pues ya se le ha identificado socialmente al mapuche como un peligro real y como una amenaza para la hegemonía de la acumulación de riqueza. En efecto, en aras de esta discriminación étnica, el Estado ha castigado los delitos cometidos por mapuches contra la propiedad privada todavía en forma más gravosa que aquellos que cometen chilenos sin ascendencia

indígena, incluso contra bienes jurídicos esenciales y que debiesen ser la primera preocupación del derecho penal. Ahora bien, no ha sido necesario dar una explicación de parte del Estado, de por qué o cómo se origina el conflicto territorial, basta con reducir los procesos históricos a colonización y pacificación, reducir la cosmovisión del Mapuche, folcklorizar sus costumbres, desconocer sus formas de organización, para luego reducir el conflicto a la violencia del mapuche sin atención a la procedencia y causas de ella. El derecho penal en dicha línea es intrínsecamente un mecanismo de control social, y la criminalización y punición se han consagrado como mecanismos de disuasión de manifestaciones y expresiones políticas.

En torno a esto, se construyó un derecho penal que castiga a ciertos sujetos y a determinados delitos contra la pequeña propiedad. Es decir, castiga a pobres que roban. En cambio, es incapaz de dar respuesta a delitos cometidos por grandes capitalistasempresarios, aun cuando el bien jurídico afectado sea la propiedad. Esta ausencia de respuesta no es una falta de actualización del derecho penal, sino que atiende a una deliberación política de la elite. Esta concepción que comienza a desarrollarse a mitad del siglo XX llamada “doctrina de Seguridad interior del Estado”, de la que mucho se pregonaba en plena dictadura, da nacimiento a la idea de la existencia del enemigo interno para el derecho

penal, y a la postre dio origen a las legislaciones “antiterroristas”. Esta manera de aplicar la Ley con una raigambre netamente política fue la que decidió aplicar el Estado chileno para eliminar al adversario revolucionario en dictadura y hoy esa misma legislación es la que es utilizada sin cuestionamientos y con plena legitimidad social para castigar los simples delitos –no terroristascometidos por mapuches, dejando de lado que éstos se realizan en el marco de reivindicaciones políticas. Finalmente, ¿Qué justificación válida

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hay para que a la luz del derecho penal, al mapuche no se le trate ni como ser humano ni como chileno, sino que simplemente como “El enemigo”? /4G

Área Derechos Humanos Corporación 4 de Agosto

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA PERSPECTIVA DEL CONFLICTO TERRITORIAL

Desde la dictadura militar la política habitacional del Estado ha estado estructurada sobre el principio del “Estado Subsidiario” consagrado en la Constitución Política de 1980. Como consecuencia de ello, la forma en que se ha financiado dicha política ha sido mediante el otorgamiento de subsidios a la demanda.

Columna

Lo anterior estuvo enmarcado en un proceso de reestructuración de la economía nacional: la liberalización de los mercados. En este contexto, la eliminación de la regulación existente en torno al suelo fue especialmente relevante en la medida que fue la base sobre la cual se estructuró la nueva política habitacional, dejando al Estado en una situación de plena

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igualdad con los privados en torno a la posibilidad de adquirir terrenos, usarlos y aprovecharlos. Así, todas las reformas que desde esta piedra angular se implementaron en el país estuvieron orientadas a desplazar la regulación y planificación urbana frente a la autorregulación del mercado. Cabe mencionar algunas de las más importantes:1 1. La eliminación de una política de los precios del suelo, con el objeto de que los particulares, mediante el mecanismo de oferta y demanda, pudiesen determinar el precio de mercado. 2. La eliminación de regulación respecto al uso del suelo, lo que permitía que el mercado definiera “la mejor forma”

de utilización de este bien, tanto en el radio urbano como rural. 3. La eliminación de las normas sobre límites urbanos, dividiendo la ciudad de Santiago en tres grandes categorías: 3.1 área urbanizada, correspondiente a 38.000 hectáreas en ese entonces; 3.2 áreas de expansión urbana, correspondiente a 64.000 hectáreas que rodeaban la ciudad, y; 3.3 áreas restringidas al crecimiento urbano. 4. Eliminación de impuestos y regulaciones que incidían en los mercados urbanos, tales como la tenencia de sitios eriazos, transacción de propiedades, prohibición de departamentos con un solo dormitorio.

SABATINI, Francisco. “Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación social” 1

5. La venta del suelo urbano en manos del Estado. 6. Erradicación de los asentamientos precarios que habían crecido en áreas de altos ingresos, buscando desocupar terrenos de alto costo para su adquisición por parte de las inmobiliarias. 7. La creación de nuevos municipios habitados por pobladores provenientes de campamentos erradicados a la periferia de la ciudad. Así, por ejemplo, nace la comuna de La Pintana, que en 1981 se componía de familias de cuarenta campamentos erradicados de Santiago y Las Condes. 8. La modificación de los planes reguladores, ampliado el radio urbano. Esto favorecía la posibilidad de acceder a suelo de bajo costo (principalmente por la lejanía del centro urbano), lo que implementar eficazmente la erradicación de campamentos descrita más arriba.

9. La drástica disminución de los metros cuadrados mínimos exigidos para la subdivisión predial del suelo agrícola, lo que permitía la formación de asentamientos urbanos informales en la periferia de la ciudad. Estos cambios se mantuvieron inalterables durante los gobiernos de la Concertación. Más aún, se radicalizaron los problemas asociados a esta nueva “política habitacional”, a saber: se profundizó la desigualdad entre comunas ricas y pobres, producto de la formación de nuevas comunas en base al proceso de erradicación de los campamentos, como fue el caso de La Pintana recién citado; hubo una notoria disminución en los metros cuadrados disponibles para dar solución habitacional a los sectores más necesitados, producto de la especulación de las inmobiliarias que aprovecharon la autorregulación de precios para adquirir gran cantidad de predios a bajo costo, y; se generaron problemas de urbanización producto de la instalación de urbanizaciones informales en sectores agrícolas, sin acceso a agua potable y redes de alcantarillado. Desde el llamado “retorno a la democracia” los sucesivos gobiernos hicieron un esfuerzo por cumplir las promesas que justificaron los cambios en dictadura, gestionando de mejor manera el sistema de subsidios, focalizándolo en los sectores más vulnerables y no en las capas medias y acomodadas (principal crítica realizada al Gobierno Militar), aumentando notoriamente la cobertura mediante la construcción de proyectos habitacionales, principalmente en los sectores periféricos de la zona urbana. Sin embargo, no hubo modificación alguna sobre los pilares que sostenían la política habitacional y la planificación territorial: la especulación en el mercado del suelo, la subsidiariedad del Estado en la organización de la demanda habitacional y en la ejecución de los proyectos habitacionales.

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Esta “mejor administración” del sistema de subsidios, bajo la óptica de la Concertación y de la (hoy) Nueva Mayoría, ha sido exitosa. No obstante, este éxito sólo se ha medido en torno al aumento de la cobertura, es decir, en base al aumento cuantitativo de los techos disponibles para la población más pobre. Esto da cuenta de una lógica en que el problema de la vivienda (el techo) ha sido tratado como un equivalente al problema del territorio, dejando sistemáticamente fuera de la preocupación gubernamental los conflictos territoriales que van más allá (o, incluso, que se generan “a partir de”) la problemática del techo: la segregación socioeconómica de ciertas comunas o poblaciones, lo que produce radicales diferencias en el acceso a los servicios básicos, ubicados mayoritariamente en las zonas céntricas de la ciudad; diferencias de acceso a estos mismos servicios entre el área urbana y la rural; problemas de transporte que a diario viven las personas asalariadas de los sectores periféricos; dificultades para organizarse y participar en instancias de solución de los problemas cotidianos de quienes habitan estos sectores más alejados; falta de acceso a centros de educación de calidad, integral, así como a consultorios de salud; así como muchos otros que es posible mencionar y que permanecen ocultos como consecuencia de los primeros: problemas de machismo y discriminación de género; racismo; xenofobia; etc. Así, la política de financiamiento estatal ha estado orientada única y exclusivamente a la construcción de más casas, a la concreción de más “sueños de vivienda propia”, sin atender el problema del territorio mirado en toda su extensión, como una problemática relacionada con una conciencia social que parte de una lógica de apropiación y significación colectiva del “hábitat” en que se insertan sujetos y, con ellos, proyectos de vida

colectivos y en constante interacción con el medioambiente. Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué al Estado le interesa dar una solución acotada solamente al techo? La pregunta anterior tiene una respuesta inmediata y transparente según han declarado los mismos Gobiernos tras la dictadura: el objetivo principal es que todos los habitantes del país tengan un techo bajo el cual vivir. Sin embargo, es necesario preguntarse si el cumplimiento de este objetivo permite, hace más probable o –al menos- está en la dirección de contribuir a la resolución de toda la compleja gama de problemáticas que afectan el hábitat de los territorios, lo que demanda una acción integral que aborde de forma coordinada los problemas asociados al conflicto por la vivienda. Para esto, es necesario una respuesta previa: ¿qué entendemos por “derecho a la vivienda”? y ¿qué tipo de derecho es el “derecho a la vivienda”?

fin, bajo un techo que los proteja del frío, llevar una vida digna? (sentido último del derecho). El problema que se plantea con estas preguntas exige revisar el sentido literal de las palabras de lo que entendemos por “derecho a la vivienda”. En la medida que se acepta que es un derecho equivalente a los derechos civiles y políticos (como el derecho al sufragio o el derecho de propiedad), garantizable de forma individual, haciendo sueño de una vivienda a cada ciudadano, el problema relativo a la vivienda (como parte de un todo más complejo, como es la ciudad) queda completamente reducido a una cuestión de “propiedad”, donde el fin último del derecho dice relación con “hacerse

terrenos al menor costo posible, muchos de ellos no aptos para erradicar asentamientos urbanos a gran escala; sin evaluación de impacto ambiental asociados; sin dar solución a los problemas de transporte y, en general, sin una planificación adecuada de cómo esa nuevo foco urbano se insertará e integrará armónicamente en la ciudad. Todo esto deriva en un efecto negativo para los beneficiados con el programa de subsidios. Además de lo anterior, el problema más grave aparece una vez construida y entregada la vivienda al beneficiario, pues la organización de personas que se requería para demandar del estado la vivienda deja de tener sentido, pues ha concretado su fin último: han pasado de ser dueños de una vivienda. Los espacios de organización pensados y reconocidos –por el Estado- para este propósito, entonces, se vuelven meros mecanismos de coordinación para demandar del Estado la vivienda, sin siquiera llegar a plantearse la problemática de “Barrio” o “Población”, que va mucho más allá de la solución habitacional y trasciende el momento de éxito en la consecución del beneficio estatal.

En la identificación de intereses entre el Estado y los espacios de organización territorial se elimina toda posibilidad de construir un proyecto colectivo y una identidad propia que trascienda el anhelo de hacerse dueños de una vivienda.

El Estado ha entendido, de forma literal, que es la posibilidad de que cada ciudadano exija de un “otro” (el Estado) ser “dueño” de una vivienda. Sin embargo, en la garantización de este derecho ¿es necesario que el beneficiario se haga “dueño” de una vivienda? ¿Qué ocurre con el resto de las problemáticas asociadas a un territorio determinado? ¿El derecho a la vivienda se acaba con la adquisición de un espacio con techo para dormir en él? A modo de ejemplo, si el Estado provee 200 casas a personas allegadas, radicándolas en un campo en las afueras de la ciudad, ¿está cumpliendo su obligación de garantizar el derecho a la vivienda si esas personas no tienen agua potable, alcantarillado, vías por donde pase el transporte público, colegios y hospitales a los cuales asistir, etc.? ¿Podría decirse que estas personas podrán, ahora por

dueño de la vivienda propia”, dejando completamente de lado las demás problemáticas propias de los territorios. Bajo esta óptica, cada ciudadano tiene “derecho” a que el Estado le provea una casa donde vivir. El Estado de Chile, en este mismo sentido, hoy administra una política habitacional basado sola y únicamente en el otorgamiento de subsidio a la demanda para la adquisición de una vivienda. Más aun, ha radicalizado la lógica individualista del derecho m e d i a n t e p r e m i o s d e m ayo r financiamiento si el sujeto acredita haber “ahorrado” para su “futuro hogar”, complementándolo con sistema de financiamiento mediante créditos. Para esto, además, debe comprar

Lo anterior muestra la parte más compleja del problema: el Comité de Vivienda se encuentra completamente identificado con el interés que persigue el Estado: organizar la demanda habitacional para proveer un bien determinado a personas que no han adquirido una vivienda ni es probable que logren hacerlo en el marco del financiamiento privado. Inclusive, el Estado, al reconocer las dificultades de organización para conformar –si quieraeste espacio mínimo de confluencia, paga honorarios a empresas privadas

(las EGIS) para que contribuyan en esta tarea. Sin embargo, en la identificación de intereses entre el Estado y los espacios de organización territorial se elimina toda posibilidad de construir un proyecto colectivo y una identidad propia que trascienda el anhelo de hacerse dueños de una vivienda. Así, las reglas dadas por el propio Estado y que acotan el problema de los territorios a la lucha por la vivienda como único propósito determinan el momento de inicio y término, así como el propósito de la mayoría de los espacios de organización de los pobladores. Lo anterior sin duda es útil para el Gobierno de turno, en la medida que la lucha por una vida más digna (lo que involucra la lucha por un techo, entre otros aspectos) queda absolutamente atomizada según el espacio geográfico y el Comité de Vivienda de que se trate; se acaba todo atisbo de organización con el solo hecho de conseguir la construcción de un conjunto de viviendas; el tipo y número de pobladores organizados se conforma según los intereses del Estado, en la medida que el filtro de quienes componen un espacio de organización para conseguir una vivienda queda determinado según si los sujetos califican o no como potenciales beneficiarios de los programas de subsidio estatal, y; se omiten de la discusión local de los territorios los problemas de transporte, educación y salud, mirándose estos solamente como problemas “generales” de la población, sin atención a las necesidades de los territorios. Estos son sólo algunos de los problemas que atraviesa el movimiento de pobladores producto de comprender el derecho a la vivienda como la posibilidad de que cada ciudadano reclame del Estado solamente la construcción de su casa. Sin embargo, en la búsqueda de una forma distinta de mirar la problemática de los territorios y la manera en que se “planifica” la construcción de ciudad con respeto de la identidad colectiva Revista /4 AGOSTO

Re pensar el derecho a la vivienda como una vía encaminada a un vivir digno p ppara los pobladores es el paso decisivo en la recomposición del tejido popular desde los territorios.

de las comunidades que la habitan, también es posible plantear el derecho a la vivienda como un “derecho social” que no mira el camino de cada ciudadano para hacerse “dueño” de una vivienda, sino que atiende a la posibilidad de que las comunidades que hoy no tienen un espacio geográfico desde donde plantear un proyecto de construcción e identidad colectiva sean reconocidos por la comunidad (la ciudad, en este caso) como parte de ella. Esta construcción de un proyecto colectivo ciertamente se enmarca la posibilidad de que todo ciudadano tenga un techo que habitar, sin embargo, reclama del Estado –pero, mucho más aun, de los propios pobladoresla construcción de un “hábitat” desde el cuál es posible plantear una vida digna para todos y todas. El

problema de la propiedad, entonces, se relaciona con hacerse parte de una identidad colectiva donde confluyen mucho más que copropietarios de una casa: es un espacio de encuentro donde quienes se identifican con un proyecto (habitualmente en el marco de un territorio geográficamente determinado) plantean la construcción de una vida en común de la cual son dueños. Para lo anterior, el movimiento de pobladores en Chile debe asumir en serio la pregunta por el camino para construir un escenario que facilite la constitución de “sujeto popular” en sus poblaciones, cuestión que tímidamente han asumido los movimientos Ukamau y el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL). La tarea exige dejar de

centrar toda la disputa territorial en el problema por la vivienda, planteando nuevas posibilidades de formación de Barrios con identidades propias que, muchas veces, ya han comenzado a formarse sin atención al espacio geográfico mismo, sino solamente con el reconocimiento entre quienes comparten un anhelo o un proyecto de vida en común (como sucede con algunos Comités de Allegados, por ejemplo). Este desafío implica dejar de mirar “el techo” como el único fundamento de la organización territorial. Inclusive, pueden admitirse otras formas en que es posible habitar el espacio, como un programa de arrendamiento de viviendas sociales provisto por el Estado. La identificación del problema

de la vivienda con el problema de la propiedad sobre dicha vivienda es una expectativa definida por el propio Estado tras el proceso de liberalización de los mercados. Re pensar el derecho a la vivienda como una vía encaminada a un vivir digno para los pobladores es el paso decisivo en la recomposición del tejido popular desde los territorios; es el paso para comenzar a delinear nuevamente un movimiento de pobladores fortalecido y empoderado para reclamar del Estado el respeto de la diversidad de proyectos colectivos que se enmarcan en él. /4G

Estaban Serey Área Territorio C4A

Mía Dragnic:

“Activismos interesados no únicamente en cuestionar la condición femenina del Chile actual sino también movilizados por la producción de nuevas formas de pensar lo político (privado-público) por fuera de los márgenes de la propia ‘identidad’ y del binarismo sexo-genérico” Por: Axel Gottschalk

Mía Dragnic es socióloga, maestra en Estudios de Género y estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

Entrevista

El pasado 8 de Marzo vimos como nunca una multitudinaria marcha por las calles de Santiago en torno a los derechos de la mujer, lo que a simple vista parece dar cuenta de un avance importante del feminismo en Chile. Pero, por otra parte, si miramos la reciente discusión del proyecto de aborto por 3 causales a nivel político-institucional nos encontramos con amplia resistencia y con un país que en cuanto a derechos de la mujer demuestra estar por debajo de la mayoría de los estándares internacionales en cuanto a materias de género. ¿Cuál es, a su juicio, el estado real del movimiento feminista en Chile en cuanto a sus principales fortalezas, debilidades y perspectivas?

Revista /4 AGOSTO

No creo que exista algo así como ‘un estado real del feminismo en Chile’, por varias razones. Primero, porque la realidad es polimorfa y polisémica, entonces habría que pluralizar la pregunta. Los movimientos sociales siempre son orgánicas complejas, compuestas por agrupaciones muy diversas que están en permanente movimiento y conflicto. Segundo, porque es probable que no exista un modo de pensar al movimiento feminista. Agregaría a pesar de estas advertencias epistemológicas una afirmación: que no hay un movimiento feminista consolidado en Chile. Esto en sintonía con la definición de movimiento social que discute Boaventura de Sousa, un movimiento logra interpelar los modos de regulación capitalista, y a su vez, las vías de emancipación socialista establecidas desde el marxismo.

Sí, fue una marcha muy grande y significativa. La figura de la marcha en Chile se ha convertido en una especie de breve y lúdica escuela política, coyuntural y transitoria, que ha servido para que nos encontremos y para producir cierto capital simbólico que por supuesto no le importa ni a la TV, ni al estado, ni a los gobiernos de turno. Han sido útiles, al mismo tiempo, para hacer visible el injustificado y ridículo despliegue policial represivo que es parte central en la construcción del estado nacional y ha instalado en la opinión internacional algunas de las demandas que siguen sin ser atendidas en casa. Y con esto no quiero para nada desconocer la relevancia que las manifestaciones tienen, pero las marchas son recursos agotables sino se acompañan de logros, de orgánicas y de la diversificación de los espacios de encuentro político. Debemos desde la heterogeneidad, las diferencias y contradicciones, ser capaces de articular un frente común, para al menos instalar las reivindicaciones básicas. En algunos momentos pareciera que el movimiento estudiantil pudiese hacerlo, pero hasta ahora no ha sucedido. Y las organizaciones feministas, no han logrado una orgánica común que supere la contingencia. En esta escena sin embargo considero que es central la creciente aparición de muy diversos tipos de activismos feministas ‘jóvenes’, territorizalizados en la pedagogía y la academia, en un barrio, en torno a un tema en específico o en algún tipo de trabajo creativo. Activismos interesados no únicamente en cuestionar la condición femenina del Chile

El feminismo y las problemáticas de género en sentido amplio, son temáticas que han sido activamente trabajadas y elaboradas dentro de la academia y los espacios universitarios en general. Sin embargo, una de las mayores críticas que se le hacen a este movimiento, es que dicha discusión queda reducida a un sector elitario de la población, no logrando así permear de su contenido y reflexión al pueblo chileno en su conjunto. ¿Cuáles han sido en este sentido las principales dificultades del feminismo en Chile, y cómo crees que se puede avanzar en un feminismo que se instale como una problemática relevante en la cotidianeidad de las personas?¿Cuáles son los temas académicos y universitarios en Chile que están cerca o pertenecen al pueblo chileno? A diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos el trabajo intelectual en Chile está muy lejos del mundo social,

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Entrevista con Mia Dragnic socióloga, maestra en Estudios de Género y estZudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

actual sino también movilizados por la producción de nuevas formas de pensar lo político (privado-público) por fuera de los márgenes de la propia ‘identidad’ y del binarismo sexo-genérico. Esta es quizás la más relevante dimensión de lo que está sucediendo con el feminismo en Chile y es probable que sea la menos visible. Existe un movimiento simultáneo que es ese intento de ‘poner en valor’ palabras como feminista o patriarcado en espacios más masivos como la TV. Eso ha conmocionado alegremente a cierta parte de sentido común chileno, pero también contiene la tendencia a banalizar y farandulizar las problemáticas. Y esto no es para nada ni nuevo ni malo, no sólo sería un absurdo pedir estar a salvo de lo banal o de lo espectacular en una sociedad como ésta, sería probablemente también un indicador de otra derrota. Lo que intento pensar es por ejemplo en la necesidad de que las experiencias feministas vivas sistematicen el trabajo que están desarrollando, para que dialoguen entre sí y desde allí se articulen territorios amplios de discusión y activismo. Hay algo que los feminismos ‘nuevos’ debiesen terminar y es ese hedonista afán de competencia tan destructivo y patriarcalizante, tan propio todavía de aquello que porfiadamente se autodenomina como la ‘izquierda chilena’. Ese es el mejor triunfo del neoliberalismo aquí, la pérdida de un lugar común y la costumbre de arrancarnos los ojos entre nosotros/as. Tenemos que desarraigar el miedo a nuestras diferencias y aprender a pensar lo político desde ellas. Ni siquiera los centros de estudios sobre género organizan actividades comunes en Chile en este precario y alarmante contexto ¿no les parece eso un indicador relevante?

aquí para la academia es de mal gusto tener una opinión política o algún tipo de militancia. Habría que analizar este fenómeno con mayor profundidad, pero tiene que ver con el hecho de que en este país no existe la educación pública. La universidad sigue siendo un espacio de coto cerrado reservado a una elite, que se produce y reproduce a sí misma accediendo a los servicios consecuentes de la parcialización y privatización del estado.

“Hay algo que los feminismos ‘nuevos’ debiesen terminar y es ese hedonista afán de competencia tan destructivo y patriarcalizante, tan propio todavía de aquello que porfiadamente se autodenomina como la ‘izquierda chilena’. Ese es el mejor triunfo del neoliberalismo aquí, la pérdida de un lugar común y la costumbre de arrancarnos los ojos entre nosotros/as. Tenemos que desarraigar el miedo a nuestras diferencias y aprender a pensar lo político desde ellas”

Y con la presencia de una estoica y emprendedora clase media que lleva un siglo luchando por incorporarse a la dulce promesa emancipatoria que trajo la educación superior -ahora gracias a una deuda-, para participar del cada vez más ficticio ascenso social. Es la universidad esclava del modelo de negocio, que contrata profesoras y profesores por hora e impide la construcción de un cuerpo académico, que exige una producción científica casi a ritmo de retail. En muy poco tiempo se estableció que la publicación de artículos en revistas científicas prestigiosas sea uno de los indicadores centrales para evaluar el trabajo académico, con un sistema de evaluación de pares experta/os que ya ha sido ampliamente cuestionado por varios casos de fraude (Juan Miguel Campanario es una referencia para profundizar en el tema). Un modelo que además restringe la circulación del conocimiento. En la universidad hace falta una especie de reforma moral e intelectual que tenga repercusiones sobre lo social y lo político, como en su momento lo hicieron las primeras reformas estudiantiles en América Latina. La relación entre educación y transformación social es decimonónica, y alcanza su máxima expresión durante el siglo XX, la privatización de la educación es la decadencia de ese proceso. El supuesto científico de objetividad es transversal en la academia chilena y se ha prestado para justificar y encubrir no únicamente aberraciones en términos cognitivos. Las denuncias de acoso contra profesores de la Escuela de Historia de la Universidad de Chile han abierto en cierta medida esta discusión, aún más cuando observamos la larga data de las denuncias. Esta perversa pulsión política descrita sabiamente por Los Prisioneros en su maravilloso “nunca quedas mal con nadie”, ha devenido idiosincrasia nacional y el sector hegemónico del pensamiento académico ha sido muy responsable también de todo esto. Existe una suerte de vergüenza constitutiva, un pánico de ser considerada mal educada por opinar, por pensar. Es un miedo también vehiculizado por la posibilidad de quedar sin pega, que comúnmente se reduce a la posibilidad de perder un miserable contrato a honorarios. Claramente es la conservadora y clerical Universidad Católica la mejor expresión de esto que estoy describiendo. En términos amplios la universidad en Chile sigue siendo una estructura muy patriarcal y eurocéntrica, que imparte saberes sesgados y que no incentiva la producción de un conoWcimiento crítico y anclado en América Latina. ¿Cuántos centros de estudios sobre Latinoamérica existen en Chile?, ¿qué recursos económicos se destinan a este tipo de estudios? Volviendo a la pregunta sobre el feminismo, la universidad y lo real. ¿Cómo se instala una crítica hacia la representación de lo femenino al interior por ejemplo de los discursos historiográficos? Elaborando nuevos relatos que interrumpan Revista /4 AGOSTO

“Existe una suerte de vergüenza constitutiva, un pánico de ser considerada mal educada por opinar, por pensar” y quiebren con esas representaciones. Esto han hecho las feministas y es lo que tenemos que seguir haciendo en todos los ámbitos, pasando el cepillo a contra pelo de lo escrito, como dice Benjamin, para encontrar nuestras borraduras y significarlas. Las genealogías del activismo feminista, político y académico, comúnmente han sido movimientos paralelos, primero desde los estudios de la mujer y luego desde los estudios de género. Existen varios momentos que son claves para comprender esta disociación con lo real, creo que uno de los más relevantes en la región es el proceso de institucionalización del género. La palabra empoderamiento, que no me gusta para nada y que ha sido utilizada para cualquier cosa, fue medular en esta fase que refiero y que se caracterizó principalmente por el desarrollo de políticas públicas para mujeres. La pregunta que existió, pero quizás faltó hacerse con más fuerza en los ochenta y los noventa en América Latina fue ¿empoderamiento para qué? En Chile veinte años después tenemos claras respuestas ¿verdad? La institucionalización del género atrapó a una gran parte del pensamiento activista feminista, agudizando la distancia entre lo real/lo político y lo académico. El feminismo liberal en Chile de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, introduce las nociones de libertad e igualdad. Es la república masculina de la que nos habla Alejandra Castillo (lectura obligada), aquella que ha comprendido lo femenino únicamente en una dimensión afirmativa, maternal y afectiva. Esta representación se articula en una caracterización de la mujer que ha determinado un modo de ser libre o igual, paradojalmente en un único espacio. ¿Tener una mujer presidenta ha puesto en práctica una experiencia feminista al interior de la política representativa del país?, ¿ha transformado la mirada maternalista sobre la mujer?

La mujer mapuche es hoy triplemente discriminada: como pobre, como indígena y como mujer. Algunos sectores han sostenido que es la cultura mapuche la que es en sí misma machista. Frente a eso, otros sectores han sostenido lo contrario, señalando que en la cosmovisión mapuche hombre y mujer se entienden como una dualidad que se encuentra en relación de complementariedad, incluso hay quienes plantean que por lo mismo no es posible hablar de géneros en dicha cultura, y que habría sido la cultura occidental la que transformó la cultura mapuche. ¿Cómo puede entenderse el conflicto de la opresión y el machismo en relación al colonialismo sufrido en América y qué relación debe haber entre el movimiento feminista y los movimientos por autonomía y determinación de los pueblos? Los pueblos indígenas en Chile no son considerados constitucionalmente como comunidades políticas y culturales, al no reconocerlos como naciones se invisibiliza su existencia en tanto que pueblos (cultura, territorio, lengua religión..), esto es la negación absoluta de cualquier forma de autonomía y una borradura sobre la diversidad cultural que tenemos. La fantasía civilizatoria que el modernismo liberal instaló en América Latina tuvo un devenir pre-fascista en varios casos, a partir del cual se construyó la figura ficcional de una nación homogénea. En este período de formar naciones se instala una narrativa de la redención mediante

la cual se podría salvar la américa mirando hacia los países plenos del norte. Esto claro, con la convivencia de relatos anticolonialistas como el de Martí, pero para hablar del actual estado de Chile nos sirve más el espíritu modernista, el plan civilizatorio de europeización y salvación patriótica, elaborado por ejemplo por personajes como Rafael Núñez y José Asunción Silva en Colombia. Sobre esos cimientos imaginarios se articula el estado uninacional/unicultural de Chile. El pueblo mapuche es una comunidad negada por el estado y por los gobiernos democráticos, perseguida y criminalizada, en la cual las mujeres son víctimas primero de esta condición, y segundo, de varias otras determinaciones socioculturales, transversales a la etnicidad, la clase y la generación. Discrepo de esas miradas museísticas que tratan al mundo indígena como un espacio idílico y perfecto, es decir no incardinado. Esa misma idea romántica del nativo salvaje, propia de la literatura indianista que surge en el siglo XIX, que fue central para la articulación del estado nacional y sigue siéndolo. Al interior de la cual lo indio es ornamento exótico y pura otredad. Hacia allí apunta el texto de Alcida Ramos “O Índio Hiperreal”, que me presentó un gran amigo y colega -Raúl Ortiz-, en el cual se reflexiona en torno a este esencialismo en tanto medio de dominación. El asunto es que son las mujeres mapuche quienes enuncian sus condiciones de opresión y los imperativos patriarcales que actualmente

están viviendo, eso habría que preguntárselos a ellas. A propósito hace pocos días la Machi Francisca Linconao le escribió desde la cárcel una carta a la presidenta Bachelet que es importante leer. Hay experiencias de organización política muy relevantes de mujeres en Latinoamérica y el Caribe (campesinas, indígenas, urbanas, negras, migrantes) de las cuales tenemos mucho que aprender en Chile. El zapatismo tiene tanto que enseñarnos, creo que todavía no se dimensiona lo que ha construido el mundo zapatista. La prohibición de consumir alcohol en los caracoles fue una demanda muy temprana/inicial, que instalaron las mujeres y que sigue vigente hasta hoy. Los derechos humanos, y cada uno de sus instrumentos, descansan sobre la noción de universalidad y esto ha sido complejo porque ha superpuesto un paradigma cultural sobre todos los otros. El desafío es cómo comprender/ejercer la diferencia y diversidad cultural dentro de un modelo de derechos humanos que sea universal... El relativismo cultural tiene un límite y somos las mujeres, desde múltiples espacios culturales, quienes hoy mejor también podemos hablar sobre esta situación. El movimiento feminista para ser tal debe contener las reivindicaciones de las mujeres mapuche, de lo contrario se convertiría en un espacio esencialista y guetizante, como lo fueron en EEUU las primeras expresiones de estudios sobre la mujer. /4G

Recomendamos su columna Feminismo Hiperreal, publicada en Le Monde Diplomatique. http://www.lemondediplomatique.cl/Feminismohiperreal-Por-Mia.html Revista /4 AGOSTO

LAS RESPUESTAS DESDE EL DERECHO AL CONFLICTO TERRITORIAL INDÍGENA

Todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto jurídico importante ha tenido que ser arrancado de aquellos que le resisten. Todo derecho; tanto en el pueblo como en el individuo, presupone la disposición constante para su afirmación. El Derecho no es mero pensamiento, sino fuerza viviente.

Columna

Rudolf Von Iheriring La Fuerza Del Derecho, 1872 Rudolf Von Iheriring. La Fuerza Del Derecho, 1872.

Revista /4 AGOSTO

Para entender la historia de expropiación y despojo del territorio indígena, hay que detenerse en primer término en la historia universal, haciendo principal ahínco en la instauración de un modelo económico a principio de los 80´s llamado “capitalista”, basado en el libre mercado de bienes y servicios, que dio paso a la instauración generalizada del modelo político llamado “democracia liberal”. La voraz máquina privatizadora sumado al imperio de un mercado especulativo tendió a romper las tradicionales fronteras nacionales y todas las identidades culturales construidas en ellas, imponiéndose la lógica industrial y mercantil por sobre el respeto a la identidad nacional de cada país, tomando el poder las emergentes corporaciones transnacionales.

De esta manera, los países [mal] llamados del “primer mundo” fueron tomando terreno en diversos países de América y África, incorporando a su red de desarrollo de mercados antaños territorios indígenas para la explotación de los bienes primarios, para el aprovechamiento de sus aguas, y la expropiación de sus terrenos. Lo anterior dio paso a la “globalización neoliberal” imponiéndose un modo de vida individualista, arrasando con los valores sociales; buscando el patrón de la homogeneización de consumo para maximizar el beneficio, lo que provocó la incompatibilidad con la diversidad cultural del Planeta. Sin embargo, esta acelerada expansión del capitalismo en la última mitad del siglo en América Latina, lejos de lograr en los pueblos indígenas la

homogeneización y asimilación de la cultura de la modernidad, instó a que estos grupos se organizaran como pueblos reivindicadores de sus derechos colectivos. De esta forma, se levantaron contra esta postura individualizadora de la globalización para imponer la tradición y origen ancestral con la que se movilizaron siempre durante su historia. La etnicidad es el elemento determinante en la lucha que fraguan hasta el día de hoy los pueblos indígenas, entendiéndose por tal concepto como un fenómeno histórico y moderno que buscar asegurar la supervivencia individual y colectiva ante las amenazas que hoy constituye la modernización capitalista. Así, es menester entender que los pueblos indígenas “han forjado para sí una identidad, en diálogo, justamente, con la nación chilena,

una identidad que, sin embargo, no logra confundirse plenamente con ella y que reclama, entonces, reconocimiento. Esas demandas muestran que la identidad cultural más inmediata- forjada en medio del lenguaje la tradición oral y la exclusión, ha sido, hasta cierto punto, indócil a la homogeneidad de la Nación y del Estado” De esta manera se forjó una lucha por la reivindicación de sus derechos culturales, sociales y sus derechos territoriales, entendidas ya no como un medio de producción y abastecimiento, sino como un verdadero derecho de exclusividad territorial, debido a la profunda vinculación que estos pueblos tienen con la tierra. De la misma manera, los pueblos indígenas pregonan por su autodeterminación, luchan por ser dueños de sus propias decisiones en cuanto a su cultura, a sus territorios, y al correlativo reconocimiento constitucional que les permita la autogestión de los recursos

Revista /4 AGOSTO

naturales, económicos y culturales que lo rodean; como también así la autodeterminación política y una ciudadanía diferenciada a la chilena. A partir de lo anterior, los pueblos indígenas han empezado a tener una preponderancia mayor en la discusión pública, adoptando iniciativas que permiten visibilizar años de injusticias que no han hecho más que sustentar las grandes brechas de desigualdad en el goce de los derechos sociales y económicos de las personas indígenas. Entre ellas se puede encontrar la suscripción del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y un avance jurisprudencial tanto en las Cortes Internacionales como en los Tribunales internos de cada Estado parte. Uno de los principales derechos que vienen a consagrar los cuerpos normativos internacionales, en especial el Convenio 169 es el carácter colectivo del derecho de propiedad de los territorios indígenas, y la vinculación de la tierra con su cultura. Ante lo anterior, nuestro país no ha encontrado las respuestas legislativas para dar la debida protección al derecho de propiedad entendido desde el enfoque de las comunidades. En primer término, nuestra Constitución a diferencia de otras constituciones de la región (como el caso boliviano que reconoce la existencia de un estado plurinacional) no contiene normas que consagren explícitamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ni tampoco el carácter multicultural de nuestro país. Es más, el carácter individual que ha revestido el derecho de propiedad consagrado en nuestra carta constitucional ha sido el principal óbice para un adecuado avance de las comunidades indígenas en cuanto a la protección de sus territorios. A su vez, la ley 19.253 o la llamada “Ley Indígena” reconoce el deber del Estado de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas

y su cultura, identificando las tierras indígenas y otorgándoles la protección necesaria. Sin embargo, el contenido con el que se dota al cuepo legal denota una insuficiencia en su desarrollo en relación con las exigencias dispuestas a nivel internacional, en especial porque la base de reconocimiento de los derechos de los indígenas encuentra su redacción desde un plano individual soslayando los colectivos. El tema se torna aún más interesante cuando se tratan de proyectos de inversión. Durante mucho tiempo los titulares de dichos proyectos que afectaban territorios indígenas consideraron que el proceso de participación ciudadana contemplado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental era un cor recto reemplazo de una consulta indígena propiamente tal. Dicha situación se mantuvo hasta que los tribunales de justicia se pronunciaron en contra a esta práctica; y la presión de las propias comunidades indígenas quienes sostuvieron su rechazo de manera reiterada, argumentando que las normas de participación que se contemplan dentro del curso de la evaluación ambiental de un proyecto de inversión no satisfacían los estándares internacionales en cuanto al proceso de consulta establecidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169. Si bien en el nuevo reglamento que entró en vigencia en el año 2013 se vinculan normas relativas a la consulta, la procedencia de aplicarlas dentro de un proceso de evaluación para la consecución de una Resolución de Calificación Ambiental genera dudas. Uno no debe confundirse, el proceso ambiental dentro del SEA, ya sea por una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), busca examinar que el impacto producido

por un proyecto se encuentre colegido dentro de las normativas ambientales aplicables. Si dentro de esta instancia de evaluación se enmarca una consulta a pueblos indígenas afectados, ésta sólo busca incorporar las observaciones que puedan llegar a tener los pueblos al proyecto presentado, observaciones que pueden ser rechazadas sin necesidad de fundamento por parte del SEA al momento de resolver la RCA. Lo relatado anteriormente difiere totalmente del propósito del trámite de consulta indígena contemplado en el Convenio 169, un espacio de convergencia entre

Decreto N° 66, que viene a regular de manera independiente el proceso de consulta indígena, por exigencia del observador de la ONU James Anaya, iba a propender un adecuado avance en la adecuación de nuestra normativa interna hacia los estándares internacionales. Sin embargo desde un principio su proceso de elaboración se ha encontrado viciado, ya que aunque suene paradójico el marco legislativo de este Decreto que viene a regular la Consulta Indígena adoleció de un deficiente proceso de….Consulta. Si, por inaudito que parezca el Gobierno de Sebastián Piñera demostró el poco compromiso que existía a nivel gubernamental para sustentar este proceso con el debido respeto de las comunidades, no estando todas éstas representadas en las mesas de diálogo, y retirándose otras de ellas durante el camino por la poca voluntad de las autoridades de ceder ante las observaciones de las comunidades en cuanto a las deficiencias de la legislación. Y así fue, pues si bien muchos puedan considerar un avance la entrada en vigencia del Decreto en cuestión, en sus puntos cúlmines y de mayor relevancia goza de una falta de claridad que enturbia los criterios de consulta establecidos. Su principal crítica es la utilización del concepto “afectación directa” que establece que la medida a consultar debe causar un daño significativo y específico. Cabe la pregunta, ¿a raíz de qué parámetro se utiliza este vocablo? El término “significativo” desde un punto de vista de la legislación ambiental tiene una relevancia especial, que deviene en una solicitud de consentimiento por parte de los pueblos indígenas; derivando por tanto en una visión restrictiva de los criterios

La etnicidad es el elemento determinante en la lucha que fraguan hasta el día de hoy los pueblos indígenas, entendiéndose por tal concepto como un fenómeno histórico y moderno que buscar asegurar la supervivencia individual y colectiva ante las amenazas que hoy constituye la modernización capitalista. las autoridades, los titulares de los proyectos y las comunidades debidamente representadas, a través de mecanismos idóneos que aseguren la debida participación de los actores indígenas involucrados, con un proceso marcado por la buena fe que tenga en miras alcanzar un acuerdo que respete los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Así también, este derecho a la consulta, contemplado en una normativa con un carácter supralegal como es un Convenio Internacional ratificado por nuestro país, no puede ni debe pretender su regulación a través de un espacio legal tan cercado como es un reglamento. Se suponía que con la entrada en vigencia del

para la realización de la consulta. Así las cosas, la protección de las comunidades lejos de encontrarse en el marco normativo que la rodea ha debido encontrarse en las decisiones de nuestros tribunales superiores de justicia, que han incorporado dentro de sus razonamientos jurídicos lo dispuesto por el Convenio 169, lo que ha llevado a paralizaciones de ciertos proyectos, por no cumplir con los estándares dispuestos por los organismos internacionales. Conocida fue la paralización del proyecto El Morro, revocándose su autorización ambiental el año 2012 por no realizar la Consulta Indígena, volviéndose a paralizar el año 2014 por no estar conforme al Convenio 169 el proceso de consulta llevado a cabo. Sin embargo, lo anterior parece ser insuficiente, no puede darse una lucha continua en tribunales, los cuales no guardan una unificación de criterios respecto a la materia, si paralelamente no se sostienen los derechos de las comunidades en una base institucional que solvente lo dispuesto por los organismos internacionales. Hoy se devela un grave dejo por parte de los poderes

del Estado para dar solución a las problemáticas indígenas. El ejecutivo, cuya gobernabilidad recae hoy en Michelle Bachelet, ha incumplido su promesa de adecuar el actual proceso de consulta indígena a los estándares internacionales, ni tampoco se ha referido a un mecanismo de protección por parte de las instituciones públicas a favor de los pueblos indígenas. También es preocupante el funcionamiento de la CONADI, cuyo rol, casi exclusivamente como comprador de tierras para las comunidades indígenas, parece lejos de actualizarse a la presente época. Así lo ha declarado incluso el Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, al señalar que “La Conadi fue producto de otra época. La Ley Indígena respondió a otro escenario, en los años 90. Esa institucionalidad fue hecha para resolver un problema de pobreza y desarrollo, pero el problema se convirtió en una tema político”. Encajonar el problema territorial indígena solamente a un atisbo de propiedad civil es desconocer la cultura ancestral, y la relación cultural, social y religiosa que tienen las comunidades con sus tierras y el marco político que hoy nos enfrentamos. El Estado, ni

como fuerza ejecutiva ni legislativa se ha hecho cargo de fomentar una estructura que permita avanzar de manera sustantiva en la aplicación de los estándares internacionales. Así las cosas, las comunidades tendrán que seguir remando en las turbulentas y oscuras aguas de la judicialización de los conflictos, a veces compañera, (tantas) otras veces traicionera. En definitiva, y de acuerdo a lo explicado, el derecho no ha sido más que un aliado ideal del empresariado posicionado en nuestro país que ve en los territorios indígenas una oportunidad de negocios y ganancias, develando lo que todo libro de derecho esconde detrás del polvo que guarda y que ningún abogado le gusta escuchar: abogar por un proceso legal no quiere decir que sea justo, ya la justicia es otra cosa, concepto difuso que muchos prefieren evitar. En el caso que nos aboca, el comportamiento errático de los cimientos legales no hace más que valorizar aún más la lucha social y política de las comunidades indígenas como método de transformar los espacios en fuerza movilizadora, en derecho viviente. Como dijo en el año 2003 el Lonko Pascual Pichún a Ricardo Lagos, Presidente de la República en ese entonces, “Ya vendrán tiempos mejores para nuestro pueblo y estoy seguro que nuevas generaciones seguirán luchando a futuro por nuestro territorio y sus derechos. Cuando usted ni yo estemos en esta tierra, sepa usted que otros seguirán peleando por lo que nos pertenece en justo derecho y otros lonkos asumirán el lugar que yo y tantos otros hermanos ocupamos hoy. Eso no debe usted olvidarlo nunca señor Presidente”. /4G

Francisco Villanueva Gajardo. Área Medioambiente C4A

Revista /4 AGOSTO

LO QUE LA REFORMA LABORAL NO SE LLEVÓ: BALANCE Y PERSPECTIVA PARA EL MOVIMIENTO SINDICAL CHILENO

Esta columna se propone un objetivo muy modesto, a saber, proponer un balance del proceso de reforma laboral llevado adelante por el gobierno de la Nueva Mayoría, en cuanto a su propósito de modificar el modelo de relaciones laborales creado por la dictadura, denominado “Plan Laboral”, y en ese mismo sentido, equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. El corazón del plan laboral

Columna

Para hablar de balances, necesariamente debemos remontarnos al origen del modelo de relaciones laborales chileno y a su impacto en la configuración

Revista /4 AGOSTO

del movimiento sindical chileno durante y después de la dictadura, siendo para ello útil una revisión a las ideas del máximo ideólogo de dicho modelo, José Piñera, expresadas en su libro “Revolución laboral en Chile”. Allí Piñera, desde una óptica neoliberal, explica claramente cuáles son los 5 pilares1 que fundamentaron y fundamentan la regulación instaurada con el Plan Laboral, que específicamente vino a transformar el modelo de relaciones colectivosindicales. Dichos pilares, según menciona el propio ex Ministro del Trabajo, buscan combatir los defectos de la legislación generada antes de 1973 fruto de años de lucha y movilización

del movimiento obrero. En ese sentido se buscaba ‘’una normativa sindical que estuviese efectivamente a prueba de la instrumentalización política y del tradicional control que el partido comunista había ejercido sobre las federaciones, agencias y centrales del sindicalismo chileno. En la antigua legislación varios dispositivos lo favorecían: de partida la sindicalización obligatoria que regía para los obreros, pero también las votaciones no secretas, las negociaciones por rama y no por empresa, la huelga con caracteres de chantaje al empresario”. Es así como se estructura un modelo laboral colectivo, en base a la desconfianza

“plena libertad sindical (de afiliación y de creación de sindicatos), genuina democracia en las decisiones (elección de dirigentes, afiliación a federaciones y confederaciones, votación de huelga, determinación de cuotas), existencia de negociación colectiva en cada empresa, huelga sometida a la disciplina del mercado y sin monopolios de los puestos de trabajo, y no intervención estatal en la vida sindical y la negociación colectiva’’. Piñera, José. La revolución Laboral. Editorial Zig-Zag, Santiago, Chile, página 15.

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“Otro mito: que el sindicalismo es representativo de los intereses y aspiraciones de la totalidad de los trabajadores. Esto es completamente falso. El sindicalismo en Chile siempre ha sido minoritario. Se podría decir que hasta elitista. En nuestro país ha reclutado un contingente que ha oscilado entre el 10 y el 20% del total de los trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores no está sindicalizada. Op. Cit. Pagina 25. 2

Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, 1989, Texto Mecanografiado en Rojas, Irene “Las reformas laborales al modelo normativo de negociación colectiva del plan laboral”. Revista Ius et praxis. Año 13 - N° 2.Pags. 195-221. Año 2007. 3

de un sindicalismo robusto y con el interés declarado en negar la existencia de la lucha de clases al interior de la relación laboral y su inherente carácter conflictivo, reconociendo en cambio una lucha entre empresas, basada en una lógica de competencia y de supuesta cooperación entre trabajadores y empleadores. Un modelo que prioriza el derecho individual por sobre el colectivo y que normativamente se traduce en lo que se ha llamado las cuatro patas de la mesa: Despolitización de los sindicatos, atomización y paralelismo sindical que han generado un movimiento sindical débil, una regulación restrictiva de la negociación colectiva, mantenida solo dentro de los márgenes de la empresa y una huelga procedimentalizada al absurdo, muy acotada en cuanto a sus fines y poco efectiva, dada la

posibilidad de reemplazo. Todo esto acompañando de la desarticulación, la estigmatización y la violencia como pilares de un modelo que se encargó de terminar con el gran movimiento sindical del siglo XX y reducirlo a lo que vemos hoy: Sindicatos cuyo principal objetivo es obtener reajustes salariales (de bajos puntos porcentuales) y con bajos incentivos para la afiliación. La concertación: la alegría no vino El programa de la Concertación de Partidos por la Democracia, se proponía en materia laboral “introducir cambios profundos a la institucionalidad laboral, de modo que esta cautele los derechos fundamentales de los trabajadores y permita el fortalecimiento de las organizaciones sindicales” 3 . Sin

embargo, el retorno a la democracia no trajo consigo cambios sustanciales respecto de la derrota que vivió el sindicalismo chileno, ni cambios en lo que respecta a los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.

Una reforma sindical Es así como llegamos, en el marco del segundo gobierno de Michelle Bachelet y tras veintiséis años desde el retorno a la democracia, dos “reformas” laborales y un nuevo sistema procesal laboral, a una nueva apuesta por “nivelar la cancha” en

empleo y de vida, así como el acceso a los frutos del crecimiento económico de las empresas”.

Aquello dio lugar al inicio del proceso de reforma marcado por una fuerte discusión pública entre académicos, Por el contrario, durante el llamado que en general se pronunciaron en período de “transición”, se consolidó contra del proyecto; los empresarios, el modelo de relaciones que desde la CPC laborales, como resultado Es así como se estructura un modelo manifestaron su rechazo de la “moder nización reforma; la CUT, que laboral colectivo, en base a la aenla un del país”, en sincronía principio brindó con los requerimientos desconfianza de un sindicalismo un entusiasta apoyo al d e l m e r c a d o g l o b a l . robusto y con el interés declarado proyecto, apostando por Es bajo esa óptica, que el camino del lobby y que durante este período se en negar la existencia de la lucha de recientemente ha parecido consolida el subcontrato y clases al interior de la relación laboral tomar una posición las empresas de servicios crítica; distintos y su inherente carácter conflictivo, más transitorios -figuras que han sectores de trabajadores sido trascendentales en los reconociendo en cambio una lucha por fuera de la CUT y procesos de desconcentración entre empresas, basada en una lógica de ligados al llamado nuevo administrativa de la “nueva sindicalismo, que desde empresa” y que han mostrado competencia y de supuesta cooperación un inicio rechazaron el tener efectos negativos entre trabajadores y empleadores. proyecto y la estrategia de para las y los trabajadores-; la Central; y por supuesto también se regulan -en vez de eliminar- el ámbito de las relaciones laborales el Gobierno, el único gran defensor cuestiones referidas al reemplazo en mediante una nueva reforma. En de su proyecto. huelga; se mantiene la negociación su mensaje, este nuevo proyecto colectiva al nivel de empresa, la de modernización de las relaciones Las principales reformas normativas doble titularidad en la negociación laborales reconoce por una parte y los estándares de la OIT. y el contenido de las negociaciones.4 que “las normas que actualmente regulan la negociación colectiva son El pasado 5 de Abril, la Comisión En suma, no solo no se cumplió el extremadamente formales y rígidas Mixta del Congreso aprobó los 4 objetivo que se establecía en el primer y, más que fomentar los acuerdos, puntos en discordia referentes a la programa de la Concertación, sino que los obstaculizan”. 6 A la vez que reforma laboral, por lo que ahora se introdujeron puntos no cubiertos establece como punto fundamental, deberá ser ratificada por la Cámara por el Plan Laboral “original” e un cambio en el derecho colectivo de Diputados y el Senado para su incluso, se perfeccionó en algunos del trabajo, bajo el entendimiento que despacho definitivo. Los cuatro puntos puntos la regulación ya vigente. Lo “La organización de los trabajadores que se discutieron fueron: el concepto que se tradujo, por ejemplo, en una en sindicatos y órganos superiores de de “huelga pacífica”, negociación disminución de los sindicalizados representación es fundamental para colectiva interempresa, negociación desde el año 90 hasta la fecha, según formular propuestas destinadas al semirreglada y una disposición relativa mejoramiento de sus condiciones de al derecho a la información. estudios de la Fundación Sol .5

CFR Rojas, Irene “Las reformas laborales al modelo normativo de negociación colectiva del plan laboral”. Revista Ius et praxis. Año 13 - N° 2.Pags. 195-221. Año 2007.

Revista /4 AGOSTO

Fuente: Fundación Sol, en base a estadísticas sindicales.

Mensaje del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. p.4.

Estimaciones de la Fundación Sol indican que entre un 55% y un 61% de los asalariados del sector privado no podrá negociar

pymes (de hasta 49 trabajadores) existe casi nula representación sindical, con esta norma se dificultará cualquier posibilidad de revertir esta situación. Estimaciones de la Fundación Sol indican que entre un 55% y un 61% de los asalariados del sector privado no podrá negociar.8

A continuación desarrollaremos los principales cambios normativos que introduce el proyecto de reforma laboral, confrontados con los estándares señalados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus organismos competentes, dado que uno de los objetivos de la reforma era adaptar la legislación laboral chilena a dichos estándares. A. Titularidad sindical: El proyecto establece que solo podrán negociar colectivamente los sindicatos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que pueden constituirse grupos negociadores. A pesar de ello, no se elimina dicha figura completamente, pues podrán constituirse grupos Revista /4 AGOSTO

negociadores para el caso en que no haya sindicatos en la empresa. Esto en general va en línea de lo señalado por la OIT.7 Sin embargo, en las indicaciones aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados, se introdujo otra traba al fortalecimiento sindical. Gracias a la reforma, será más difícil constituir un sindicato, no bastando 8 trabajadores -como mínimo- para su conformación, como exige la ley vigente, sino que será necesario que esos 8 trabajadores representen, a lo menos, el 50% del total de trabajadores de la empresa. Esto significará, no solo la desaparición de algunos sindicatos, sino también la imposibilidad de crearlos en empresas en que 8 trabajadores no representen 50% del personal. Así, si ya en las

B. Extensión de beneficios: Se modifica la regulación actual que per mite al empleador extender unilateralmente los beneficios de los instrumentos colectivos a los trabajadores no sindicalizados, con la condición de que paguen una parte de la cuota sindical. El proyecto reconoce no solo la titularidad de los sindicatos para negociar, sino también para ser los receptores de los beneficios de los instrumentos colectivos. La nueva norma consagra que los trabajadores no sindicalizados no recibirán los beneficios resultantes de la negociación colectiva, a menos que el sindicato dé su aprobación, estableciéndose, en este sentido, como práctica antisindical por parte del empleador, otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización que hubiere negociado, los mismos beneficios pactados en un instrumento colectivo. 9 Esto no plantea conflictos con la OIT, aunque se advierte que la extensión de beneficios –a pesar de ser aprobado por el sindicato- puede traer aparejado un desincentivo a la sindicalización.10 Ahora bien, se establece que no constituirán práctica antisindical, el o los acuerdos individuales

entre el trabajador y el empleador s o b r e r e mu n e r a c i o n e s o s u s incrementos que se funden en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad del trabajador. Lo que significa, en suma, que el empleador igualmente podrá extender estos beneficios negociando de manera individual con cada trabajador que no haya participado del proceso de negociación colectiva, generando presión individual sobre éste, lo que hace artificiosa la nueva normativa. C. Pactos de adaptabilidad: Este es uno de los puntos más controversiales del proyecto enviado por el Gobierno, consistente en que la negociación colectiva podrá versar sobre sobre distribución de jornada y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva (tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador sin realizar labores por causas que no le son imputables, por ejemplo, desperfecto de una máquina, falta de materias primas, etc.). Es así como se promueve de manera más radical la flexibilidad laboral, permitiendo que en la práctica se vulnere uno de los principios sobre los cuales se funda el derecho del

Se ha concluido que al ser el sindicato el actor relevante en la negociación colectiva, es este el que como regla general lleva a cabo la negociación, siendo excepcional la intervención de grupos negociadores. Este es el sentido que le dio el director de la OIT Latinoamérica. Diario El pulso. Año 2014. 8

Fundación SOL. “Reforma Laboral, ¿Ampliando Coberturas? Trabajadores/as excluidos de la Negociación Colectiva”. Ideas para un buen vivir nº8. Año 2016. 9

La oposición ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar esta disposición. 10

En este sentido, el comité de libertad sindical de la OIT ha planteado que “no plantea en principio problemas de contradicción con los principios de la libertad sindical, en la medida en que ha sido la organización más representativa la que ha negociado en nombre de la totalidad de los trabajadores y no se trata de empresas con una pluralidad de establecimientos”.

trabajo: la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Es así como en empresas con un 30% de trabajadores sindicalizados, se podrá acordar una jornada de 12 horas, bancos de 72 horas extras obligatorias, jornadas de 7 días, etc. D. Huelga: Si bien la intención que declaraba el Gobierno era de consolidar el derecho a huelga, del análisis de las disposiciones establecidas en su proyecto surge otra cosa: en primer lugar, se establecen prácticas desleales amplias, como utilizar los derechos sindicales o fueros con “mala fe” o ejercer fuerza “moral en las personas con ocasión de la actividad sindical”. En segundo lugar, el gran punto de avance del Gobierno sería el término del reemplazo en huelga, una de las figuras que ha mermado toda su efectividad, pero en cambio, se introdujo la figura de los “servicios mínimos y equipos de emergencia”, que consiste en que el sindicato deberá proveer personal para atender los servicios estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa, debiendo el sindicato en huelga asignar un número no determinado de socios

para llevar a cabo estas tareas. En caso que el sindicato no provea este equipo, la empresa podrá adoptar las medidas necesarias para atender los servicios mínimos, pudiendo incluso contratar a otros para realizar esta tarea. En el mismo sentido fue aprobada la disposición que establece la facultad del empleador de realizar “adecuaciones necesarias”, lo que permitiría que los trabajadores que no participan en la huelga puedan suplir las funciones, sin que esto constituya una práctica desleal ni una infracción a la prohibición de reemplazo que tiene el empleador en estos casos. En la práctica, este elemento permitiría que en Chile siga existiendo el reemplazo interno de los trabajadores cuando éstos ejercen su legítimo derecho a huelga, y dado que es una disposición sumamente ambigua que se presta a la interpretación, significará que serán los jueces, caso a caso, los que dirimirán cuándo hay “adecuaciones necesarias” o un reemplazo en huelga. Peor es el caso respecto del subcontrato, donde se permitirá el reemplazo externo reemplazando a los subcontratados con trabajadores de otra empresa. Sobre la huelga es donde encontramos los mayores reparos desde la OIT. Esto

Uno de los mayores problemas en ese sentido es que ni la regulación actual ni el proyecto se hacen cargo de los distintos tipos y finalidades de la huelga. por lo restrictivo de su regulación: Definida de manera negativa en la Constitución, regulada solo en el marco de la negociación colectiva reglada, con una excesiva regulación y con quórums altos de aprobación. Uno de los mayores problemas en ese sentido es que ni la regulación actual ni el proyecto se hacen cargo de los distintos tipos y finalidades de la huelga (política, solidaria, nacional o interempresa), relegando su ejercicio sólo al contexto de la empresa y de la negociación colectiva reglada. Además, la OIT ha planteado críticas respecto de la exclusión del derecho a huelga de trabajadores que presten servicios esenciales8, ya que en Chile se ha utilizado un concepto demasiado amplio en la definición de las empresas excluidas (lo que limita un derecho fundamental como la huelga) y dicha limitación es decidida por una autoridad administrativa. E. Negociación colectiva por rama: Este tipo de negociación, presente en gran parte de los países desarrollados, no es parte del proyecto y se mantiene así la negociación en el ámbito de la empresa, consecuente con el corazón del modelo de relaciones laborales del Plan Laboral y apartándose de lo recomendado por la OIT. No hay que engañarse con el hecho de que se aprueba la negociación de sindicatos interempresas (lo que ya existe, pero de forma voluntaria para el empleador) con una de las empresas, lo que será obligatorio para las medianas y grandes empresas, sin embargo, la negociación Revista /4 AGOSTO

sigue siendo a nivel de empresa, aunque se trate de un sindicato interempresa. Además, tampoco se cumple uno de los compromisos del Gobierno en torno a generar pisos mínimos para la negociación, ni siquiera el reajuste del IPC. Conclusiones: El balance no puede ser sino negativo. Las materias de avance han sido socavadas por el propio Gobierno con sus indicaciones, como lo son el caso de la titularidad sindical, pues permite aun la existencia de grupos negociadores donde no exista sindicato y por modificar los quórums de formación de sindicatos, debilitante en la práctica a los sindicatos. El otro avance, la extensión de beneficios, se torna completamente artificioso si tomamos en cuenta la posibilidad de presión individual del empleador respecto del trabajador para poder extender de igual forma dichos beneficios. Adicionalmente genera el problema de que si el sindicato decide no extender beneficios se genera un conflicto entre éste y el trabajador, poniendo finalmente al sindicato entre la espada y la pared. Por otra parte, existen silencios graves como la negociación por rama, lo que mantiene la negociación encerrada a nivel de empresa a pesar de tratarse de sindicatos inter-empresas, manteniendo por tanto las bases del Plan Laboral. Tampoco se cumple con los pisos mínimos para la negociación, prometidos por el Gobierno. Finalmente, en varias materias existen

claros retrocesos para los trabajadores y sus organizaciones. El caso más grave es el derecho a huelga, permitiendo el reemplazo a través de las adecuaciones necesarias y los servicios mínimos, afectando el núcleo esencial dicho derecho, además de la posibilidad de reemplazo externo en el caso de los subcontratados. Peor aún, al mantener la huelga limitada al marco de la negociación colectiva reglada, lo que contraviene los estándares de la OIT. Es curioso pensar en este sentido,

que los recientes fallos de la Corte Suprema (sí, la Corte Suprema), son más beneficios para los trabajadores que la actual reforma de este Gobierno “progresista”. A esto debemos sumarle los pactos de adaptabilidad que aumentan la flexibilidad laboral y precarizan aún más el empleo en Chile. Al cierre de esta edición el Tribunal Constitucional, en control de constitucionalidad había eliminado los únicos avances del proyecto, declarándolos inconstitucionales.

Podemos concluir entonces claramente que la reforma no solo mantiene las bases y lógicas del Plan Laboral, si no que –nuevamente- las perfecciona y profundiza, legitimando en democracia el modelo de relaciones laborales de la dictadura. ¿Qué alternativas tienen los trabajadores frente a esto? Eso es materia de una futura columna. /4G Área Medioambiente C4A

Sobre la figura de los servicios mínimos, la OIT ha planteado una doble crítica: (i) Desecha la postura de entender los servicios mínimos como una mantención en la producción de la empresa, sino que son “servicios que prevén cautelar la seguridad y salud de los trabajadores en la propia empresa” y; (ii) Cuestiona la técnica legislativa en tanto el proyecto confundiría servicios esenciales, servicios mínimos y el caso de los equipos de emergencia.

DIRECTORIO/ Axel Gottschalk Castro - Mariana Ugarte - Jose Luis Villanueva AREA DERECHOS HUMANOS/ Luis Guerrero - Valentina Badiola - Gonzalo Valenzuela Antonio Pulgar - Ismael Figueroa - Juan Carlos Sharp Jose Ramon Vicuña - Ely Orrego - Tomas Corominas- Javier Pineda AREA TRABAJO/ Miguel Downey - Jose Ignacio Portiño - Josefina Tampier Ignacia Caballero - Ignacio Silva AREA TERRITORIO/ Felipe Diaz - Esteban Serey - Nicolás Uribe AREA MEDIOAMBIENTE/ Loreto Sanchez - Bejnamín Portales AREA COMUNICACIONES/ Arturo Sandoval - Camilo Catalan DISEÑO DE LA REVISTA/ MEKE Si estas interesado en colaborar con nosotros puedes escribirnos a: c4deagosto@gmail.com

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