Azkintuwe Nº43

Agencias

No nos vengan con cuentos ace dos meses que los presos mapuches dejaron de comer.

Solo reclaman un juicio justo y que se les deje de aplicar la Ley Antiterrorista. Pero poco y nada informan de ello los grandes medios. Mucho más importan a canales y prensa escrita los goles del Chupete Suazo en México. O las disputas internas en la Concertación. La huelga mapuche simplemente no existe. Lo han denunciado los familiares de los reclusos y lo han alertado, a ratos escandalizados, importantes organismos y personalidades tanto en Chile como en el extranjero. Pero nadie se escandaliza en las reuniones de pauta de La Tercera, El Mercurio o Canal 13. Preguntas de sentido común brillan por su ausencia entre los editores. ¿Por qué se aplica la Ley Antiterrorista para perseguir delitos comunes? Silencio de grillos ¿Por qué se aplica preferentemente a mapuches? Junio de 2007.

Cientos de trabajadores subcontratistas de la División El Teniente de CODELCO paralizan faenas, demandando mejoras salariales. La empresa niega validez a la huelga y comienzan los choques con la fuerza pública.

Estalla entonces una batalla campal. Al final de la jornada, ¡once buses de pasajeros yacen incendiados en el acceso a la mina! La escena, que parecía sacada de un filme apocalíptico, impacta en los noticieros por el nivel de violencia y destrucción. ¿Se preguntará usted qué sucedió con los “terroristas” responsables? Absolutamente nada. Y es que nadie en CODELCO ni en el gobierno habló entonces de “terrorismo” o de “terroristas”. Pese a la magnitud de los daños, la polémica Ley de Pinochet brilló por su ausencia.

Tampoco se aplicó su prima hermana, la de Seguridad Interior del Estado, que sanciona duramente a quien atente contra medios de transporte público.

Tras la investigación, solo un trabajador fue condenado por los sabotajes; cinco años y un día por el delito de “incendio simple”. Jamás puso un pie en la cárcel. Alcanzada a través de un procedimiento abreviado, cumple hasta el día de hoy su condena en “libertad vigilada”. ¿Qué pasaría si, llegado el día, mapuches decidieran quemar once buses en la Ruta 5 Sur? Podemos suponer. Y se nos viene de inmediato a la mente reuniones extraordinarias de Gabinete, citación al Estado Mayor Conjunto y regimientos prestos a contener en los campos la sublevación. ¿Exagero?

En absoluto. Por menos que eso, unos rayados y pedradas a un bus interpro-

vincial acontecido en julio de 2009, una decena de campesinos mapuches arriesgan hoy 20 años de cárcel. Leyó bien, ¡20 años! Todos llevan meses encarcelados en Temuko de manera “preventiva”. Actualmente en huelga de hambre, aguardan ellos y sus familias un juicio oral donde serán acusados por los fiscales de “atentado contra vehículo de transporte público”, “daños calificados” y “amenazas terroristas”, entre otros delitos. ¡Hablamos de rayados y pedradas a un bus! Son delitos y merecen sanción, que duda cabe, pero sanciones acordes al ordenamiento penal ordinario. ¿No es acaso lo que a diario sucede con muchos buses del Transantiago? ¿A cuántos de los responsables de tales delitos se les ha aplicado la Ley Antiterrorista? Y es que del río Bio Bio al sur nada es realmente lo que parece. Lo que para la ribera norte es un delito menor, al otro lado un peligroso acto de subversión. ¿Ha transitado usted por el centro de Temuko? Nada a simple vista le haría presagiar que peligrosos suicidas mapuches planean, al menor descuido, volarlo a usted y su familia en pedazos. Sin embargo es lo que a diario nos advierten desde el Ministerio Público. Lo aseguran los fiscales. Lo repiten y publican los medios. Lo avalan las autoridades. Y todos parapetados en sus casas buscando refugio. En 2004, tan solo días después de los atentados a los trenes de cercanías ejecutados por Al Qaeda, recorrí las semidesiertas calles de Madrid. Lo que observé en los ojos de muchos transeúntes fue miradas de desconfianza, miedo y sobre todo, de terror. Mucho terror. No había restaurant, locutorio o ciber café donde la tensión reinante no calara los huesos. Ni destacamentos de policías y militares custodiando paseos peatonales, centros comerciales y hasta los vagones del Metro, lograban hacerlo a uno sentir bajo resguardo. En 2006, una sensación similar tuve al recorrer la zona cero de Manhattan, en Nueva York. Allí, entre un ejército de bulldozer aun removiendo acero retorcido y memoriales plagados de imágenes de las víctimas, el ruido de cualquier avión comercial planeando a lo lejos sobre New Jersey erizaba la piel... ¡A cinco años del 11S!. Y es que de ello y no de buses apedreados o fundos ocupados trata en verdad el concepto de terrorismo. ¿Siente la gente miedo en el centro de Temuko?, ¿puede usted sentarse en un restaurant sin temor a que una bomba le arruine la vida y de paso el almuerzo? Señores fiscales, no nos vengan con cuentos.

De lo que hablamos aquí es simplemente de racismo. Pedro Cayuqueo

Asel Luzarraga: “Es una clara persecución política”

Algo huele mal MIGUEL SANCHEZ

El caso del escritor vasco Asel Luzarraga huele mal desde el principio, desde que fue detenido a finales de diciembre pasado en Temuko, Chile. Un tufo a instrucción amañada y a turbio proceso político. No sé si ha habido pruebas concluyentes para condenarle por tenencias de materiales que pueden servir para fabricar explosivos, pero pocas pruebas son, y a montaje huelen, las exhibidas en el juicio mediante fotografías de unos objetos que supuestamente se han encontraron en su domicilio y que ni el interesado ni sus defensas han visto y podido por tanto expertizar. Un hecho que habla más del culto a una todopoderosa policía que de una elemental seguridad jurídica y procesal garantizada por leyes de rango superior.

Claro que cuando la intención es condenar y las exigencias políticas lo requieren, pocas pruebas hacen falta, más bien sobran. Porque este es un juicio claramente político. Conviene no olvidarlo. Las circunstancias de la detención de Luzarraga fueron tan escandalosas que una absolución hubiese equivalido a admitir el abuso.

Otra cosa es que la justicia chilena o la justicia de la región, la de los mapuches, necesite un chivo expiatorio que sirva de advertencia a los extranjeros que quieran hacer causa con el pueblo mapuche arrinconado en la Araucanía, cuyas protestas son más silenciadas o minimizadas que otra cosa. Los incidentes con periodistas y visitantes extranjeros han sido habituales.

Hablar por tanto de “fabricación” de pruebas es poco. Se le quería condenar y que su condena sirviera de escarmiento, ello desde el mismo momento de su detención.

Argentina busca resignificar feriado del “12 de Octubre”

Reconocen a mujeres mapuche williche de Osorno

El proyecto de ley de Ordenamiento de Feriados, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, busca cambiar en Argentina el 12 de octubre, conocido como “Día de la Raza”, por “Día del respeto a la diversidad cultural”. Representantes de comunidades habían pedido el cambio de designación en forma insistente. En diálogo con Página/12, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, contó que, de todos modos, esperaban “una definición más explícita hacia la nación originaria, ya que la fecha está ligada a los pueblos originarios, no tanto a la diversidad cultural”. Para el historiador Sergio Wischñevsky, “seguir hablando del Día de la Raza era una barbaridad”. Ema Cibotti, por su parte, enfatizó la necesidad de “comprender” lo que significó octubre de 1492 en términos históricos. “Hay que entender la historia desde valores y mentalida-

Con reconocimientos especiales a tres mujeres mapuche-williche, Sara Imilmaqui, Manuela Rauque y Irivet González destacadas en ámbitos como la dirigencia social, la educación intercultural bilingüe y el emprendimiento productivo, se conmemoró el 5 de Septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena en la Región de Los Lagos. Las distinciones fueron otorgadas por el Gobernador de la Provincia de Osorno, Rodrigo Kauak, el Representante de CONADI, Carlos Llancar y la Directora del SERNAM, Evelyn Martinez.

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Sara Imilmaqui explicó que este reconocimiento –en honor de la líder aymara Bartolina Sisa- implica que “la sociedad en su conjunto se ha dado cuenta que las mujeres mapuche siguen en la lucha”. Imilmaqui, oriunda de San Pablo, nació en 1943 y desde

los 16 años ya se perfiló como dirigente. Ha recorrido el mundo y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su desempeño como dirigenta social. Ha fundado y participado de diversas organizaciones mapuches y destacó en los 90’ en la lucha contra las represas del Alto Bio Bio.

des de las sociedades que los generaron. Si no, no entendemos el pasado”, dijo. El cambio de fecha, si sirve para “transmitir y plantearse las causas y razones de la postergación y pobreza estructural de las comunidades, será un avance. Si va a ser solo un feriado, no cambiamos nada”, señaló Nahuel.

Para la Confederación Mapuche, la fecha es “innegable, se pretende resignificarla, no borrarla”.

Proyecto además impulsa como nuevo feriado al 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional”, que conmemora el combate de la Vuelta de Obligado, en 1845, contra las tropas inglesas y francesas durante el gobierno de Rosas.

“Estoy de acuerdo con puntualizar y rescatar esa fecha de la que no se habla mucho. Es interesante que la sociedad recapacite sobre ese hecho”, señaló Wischñevsky, en referencia al proyecto.

Organizaciones mapuches y de la sociedad civil chilena elaboraron informe para ser presentado a la Oficina de Normas de la OIT en Ginebra. Denunciaron que en Chile “las políticas públicas no las han fundado sobre los principios establecidos en el Convenio 169”, violando entre otros los derechos a la consulta previa y la participación.

Falleció destacada especialista lafkenche en salud tradicional

A

los 83 años falleció, en el sector de Villa Nahuel, Luisa Matías, lawentuchefe o agente de salud mapuche especializada en plantas medicinales, ampliamente conocida en la zona costera lafkenche de Mehuín, Maiquillahue, Alepúe y Chan Chan, entre otros sectores de la costa. La destacada lamngen fue velada en su casa hasta donde llegaron numerosas personas a despedirla y expresar a la familia el sentir por su partida. Algunas de las delegaciones presentes la integraban personas del linaje Nahuelpán, quienes viajaron desde Dalcahue, Chiloé, para rendirle un homenaje.

Posteriormente fue traslada hasta la iglesia evangélica de Mehuín, donde se realizó un servicio religioso. Luego el cortejo se dirigió hasta el cementerio

mapuche lafkenche de Piutril, donde fue despedida con numerosos discursos, como el de su hijo mayor, Gilberto Hualme, autoridad tradicional mapuche, sargento del nguillatun de Maiquillahue.

Luisa Matías fue destacada por toda la comunidad mapuche como una mujer virtuosa, muy trabajadora, quien junto con preocuparse por aliviar la salud de las personas, crió ocho hijos e hijas.

Dentro del sistema de salud-enfermedad mapuche, las personas que ejercen como lawentuchefe son agentes que presentan amplios conocimientos en herbolaria y ecosistemas. Aunque Luisa Matías atendía y preparaba diversos remedios a personas adultas, fue especialmente conocida por sanar dolencias en niños y niñas. Parte de su experiencia como agente de salud mapuche aparece docu-

Archivo

mentada en el libro “Medicina e Identidad Mapuche Lafkenche”, compilación realizada por el antropólogo, Jaime Soto Navarro, ello en el año 2005.

Esta publicación - apoyada con fondos estatales - da cuenta de un proyecto sobre salud mapuche, realizado en establecimientos educacionales de la zona costera de San José de la Mariquina. En esa

oportunidad la lawentuchefe Luisa Matías enseñó a estudiantes de Octavo básico del Liceo Pesquero de Mehuín, algunas propiedades curativas de diversas plantas del ecosistema lafkenche. Recientemente su experiencia en salud había sido presentada en el Encuentro Internacional de Salud Indígena, en la India. A este país llegó a representarla Marta Nahuelpan, su hija y continuadora de su legado.

Exitoso Congreso de las Lenguas en Santiago Participaron representantes de los pueblos aymara, mapuche, quechua, lican antay y rapa-nui junto a autoridades y especialistas de México, Perú, Bolivia y Argentina. Organizada por la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y con apoyo de la USACH, buscaba aunar estrategias que fomenten el uso de las lenguas silenciadas.

Hacer hablar las palabras JAQUELINE CANIGUAN

E

l Congreso de las Lenguas Indígenas se realizó el 13 y 14 de Julio, en las dependencias de la Universidad de Santiago (USACH). Una gran cantidad de asistentes dio cuenta del interés que despierta la situación de las lenguas indígenas, académicos, poetas, escritores, dirigentes sociales, funcionarios públicos, estudiantes, autoridades mapuches de todo el Wallmapu, aymaras, rapanui, visitantes extranjeros, todos reunidos discutiendo acerca de lo que existe actualmente y también de lo que se ve venir para cada una de nuestras lenguas.

Se presentó una panorámica general de los idiomas originarios en Chile y las distintas acciones que se han gestado en pro de su revitalización. La mayoría de las iniciativas comentadas, correspondían a ideas desarrolladas desde el estado Chileno y enmarcadas principalmente en el ámbito de le educación intercultural.

A raíz de esto, uno puede observar y suponer que a pesar de las dificultades hay variados intentos cuyo centro es contribuir a que las lenguas originarias sigan vivas.

Sin embargo, producto de lo mismo, muchas de estos esfuerzos se nos pierden en excesivas acciones a favor de las manifestaciones culturales, lo que a veces puede llevarnos a perder el punto central de nuestro trabajo que es efectivamente revivir una lengua, y cuando decimos revivir, decimos, revivir en el sentido de volver a usar, de hacer práctico, de hablar, de sentir, cómo diría una anciana mapuche: “hacer hablar las palabras en mapuchedungun”.

Este Congreso nos deja cuestionamientos a nuestras prácticas, a nuestras acciones cotidianas respecto de la vida de las lenguas minorizadas. Preguntas que van y vienen y que contribuyen al proceso de revitalización. Es bueno darse un espacio y reflexionar en medio de las acciones que realizamos, en medio de la pasividad, en medio del ajetreo, sea uno o sea otro momento en donde nos ubiquemos. Este Congreso ha demostrado que más allá de las diferencias existentes para enfrentar la triste situación que viven las lenguas originarias, un hecho es verdadero, hay interés y energía fluyendo en mucha gente, es decir, podremos “volver hacer hablar las palabras”.

Sin embargo, como Azkintuwe, queremos reiterar que no debemos olvidarnos que una lengua viva también requiere un territorio, un espacio donde desarrollarse.

Quizás cuando hayamos comprendido que el mapuchedungun, pertenece a un pueblo, a una nación y a un territorio, demos un gran paso hacia una verdadera lucha por su existencia. Desde el interés, debemos caminar hacia la readquisición, de la readquisición hacia la puesta en práctica: desde las calles hasta todos los mundos posibles.

por PEDRO CAYUQUEO

L

a movilización partió el 12 de julio en Concepción y se expandió como reguero de pólvora por las cárceles del sur. Aquella jornada, cinco presos políticos miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entre ellos el dirigente Héctor Llaitul Carillanca, comenzaron una huelga de hambre líquida en la Cárcel El Manzano, emplazando al gobierno de Sebastián Piñera a poner fin al uso de la Ley Antiterrorista, al doble procesamiento en tribunales civiles y militares, terminar con los montajes judiciales “que implican el termino de procesamientos externos y viciados”, y finalmente, garantizar a los comuneros el derecho a un juicio justo. Horas más tarde, quince presos mapuches recluidos en el Centro Penitenciario de Temuko se sumarían a la huelga, denunciando por su parte la violencia de los organismos policiales al interior de sus comunidades, ello “en presencia de los propios fiscales del Ministerio Público”. Con el transcurso de las semanas se sumarían a ellos otra docena de comuneros en los penales de Lebu, Angol y Valdivia, además de numerosas personalidades del mundo artístico y social en “ayuno solidario”.

Treinta y cuatro prisioneros movilizados. Todos han manifestado a lo largo de la huelga decaimientos, mareos, nauseas, vómitos, pérdidas de conciencia y dificultad de concentración. Un gran porcentaje enfrenta acusaciones por infracción a la Ley Antiterrorista, aquel engendro judicial creado por la dictadura para perseguir opositores políticos y que permite “en democracia” mantener a los mapuches en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y a las acusaciones, y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido, muy al estilo de los tristemente célebres tribunales fujimoristas en Perú. Muchos de los huelguistas enfrentan además procesamientos simultáneos en la justicia civil y militar y, por si no bastara, se les ha catalogado en los medios de comunicación como “peligrosos terroristas”, pese a que ninguno de ellos se ha visto involucrado en delitos de sangre o de gran connota-

ción y alarma pública. Por el contrario, la mayoría solo ha participado en acciones reivindicativas ligadas a la recuperación de tierras o manifestaciones públicas pacíficas. Y un porcentaje menor en acciones de autodefensa que si bien han afectado bienes de empresas, en ningún caso han puesto en riesgo la vida de personas. Es por su compromiso con la causa mapuche que están en prisión, denuncian.

Uno de los huelguistas en Temuko es Claudio Sánchez Blanco, de 28 años. Padre de un hijo y miembro de la comunidad Pelewe, en la comuna de Teodoro Schmidt, Sánchez fue detenido tras un impresionante operativo policial desarrollado en Temuko el 25 de octubre de 2009. Fue detenido en las cercanías del Hogar Universitario “Purram Peyum Zugu”, en pleno centro de la capital regional.

A dicho recinto llegaron cerca de 40 efectivos policiales, quienes sin exhibir orden de allanamiento ingresaron al recinto, incautando computadores, notebooks y celulares de los universitarios. Sánchez, alumno de último año de la carrera de Pedagogía Intercultural en la Universidad Católica, se dirigía a su trabajo al momento del arresto. El Ministerio Público le atribuyó vinculación con el supuesto ataque a un bus de pasajeros ocurrido en el sector de Bypass de Temuko.

movilizados en Temuko. “Nosotros apoyamos la huelga como mecanismo que permite presentar la problemática de los presos políticos a la sociedad.

Y también para que los medios de comunicación den a conocer las injusticias y la discriminación que el Estado sigue praticando contra los peñi (hermanos) y lamgenes (hermanas) que denuncian y alzan la voz frente a estos hechos. El caso de Claudio, por ejemplo, un estudiante mapuche, padre de un hijo, proveniente de una familia de escasos recursos que con mucho esfuerzo a logrado entrar y mantenerse en la universidad, que además para costear los gastos que ello implica a tenido que distribuir el tiempo entre el trabajo y los estudios, cuyo único delito fue ser un solidario

mapuches veo muy difícil que esto termine. Existen muchos intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales y sabemos que las leyes siempre se hacen para favorecer a los que tienen el poder”, concluye.

dirigente estudiantil. Hoy vemos como injustamente se lo mantiene privado de libertad por más de nueve meses y procesado por la Ley Antiterrorista”, subraya Sánchez.

de Menores de Cholchol, Temuko y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96. El informe, que fue entregado el 23 de Junio en el Palacio de La Moneda, abarca desde junio de 2009 a junio de 2010, incluyendo los últimos nueves meses del gobierno de Michelle Bachelet, así como el primer trimestre de gestión del presidente Sebastián Piñera. Según la CECT, doce mapuches cumplen condena en libertad vigilada. Se suman a ellos otros 37 casos de procesados con medidas cautelares, como arresto domiciliario, firma periódica ante la Fiscalía, reclusión nocturna o arraigo (prohibición de salir de un territorio determinado). Entre ellos figuran nueve menores de edad que fueron detenidos durante unas horas y posteriormente procesados por presuntamente causar desórdenes públicos.

¿Terroristas mapuches?

Según el Informe 2010 de la Comisión Ética Contra la Tortura, existe un total de 57 presos políticos mapuches en el sur de Chile, incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad, todos repartidos en cárceles de Concepción, Lebu, Los Ángeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión

Según el fiscal Sergio Moya entre sus pertenencias “se habría encontrado” un original del comunicado con que un grupo se habría atribuido la acción. Junto a Sánchez, otros seis mapuches resultarían detenidos aquella jornada tras violentos allanamientos a las comunidades Juan Huenchumil y Juan Catrilaf II, de la comuna Padre Las Casas.

Todos fueron formalizados por infracción a la Ley Antiterrorista y permanecen recluidos desde entonces en Temuko, a la espera de un juicio oral donde, por lo bajo, arriesgan cada uno 20 años de prisión.

“El arresto de Claudio fue muy difícil para mi porque estaba fuera del país, específicamente en el País Vasco, conociendo la experiencia que ellos habían desarrollado en la recuperación de su idioma”, relata Pedro Sánchez, su hermano, también ex dirigente universitario y hoy destacado Profesor de Educación Básica Intercultural. Invitado por instituciones educativas del País Vasco a profundizar sus conocimientos en temas relativos al ámbito lingüístico, Sánchez no lograba calibrar a la distancia la pesadilla judicial en que se verían inmersos.

“Todos los días revisaba por Internet las noticias del país y de la región, me parecía todo tan absurdo que pensaba solo debía tratarse de un mal entendido”, rememora. “Para la familia y en especial para nuestros padres ha sido muy duro. Tener un hijo en la universidad y que de un día para otro lo encarcelen sin haber cometido ningún delito, genera un gran impacto emocional. Ha sido realmente duro para ellos, que son personas humildes y se han esforzado por entregarnos educación. En la actualidad mi madre se encuentra con depresión y ha tenido que ser hospitalizada en reiteradas ocasiones por crisis de angustia”, relata Pedro.

Sufrimiento familiar que, reconoce, se ve acrecentado a medida que pasan los días y la huelga de hambre no genera en las autoridades de gobierno el menor asomo de preocupación.

“Una huelga de hambre nunca es buena, puesto que conlleva consecuencias físicas y psicológicas para las personas que las asumen y mucha preocupación en quienes vemos como paulatinamente se deteriora la salud de nuestros familiares”, señala a Azkintuwe. Sin embargo y pese a todo, no duda en respaldar a su hermano y los demás comuneros

“¿Cómo se explica que hechos similares sean abordados con criterios tan distintos?”, se pregunta el profesor. “Por el solo hecho de ser atribuidos a comuneros mapuches, al apedreo a un bus donde no hubo ningún lesionado se aplica la Ley Antiterrorista. Por el contrario, vemos a diario en los medios de comunicación como en las carreteras de otros lugares del país, vehículos son apedreados a diario con lesionados graves y con suerte a los responsables se les procesa por la ley común”, agrega atribulado. Su observación no deja de ser pertinente. A similares delitos cometidos en otras regiones de Chile, el gobierno jamás a solicitado la Ley Antiterrorista. Son las paradojas que Pedro Sánchez no logra comprender. Y si bien espera que finalmente la justicia absuelva a su hermano, es pesimista respecto del futuro. “Mientras se siga persiguiendo, encarcelando y discriminando a los

El CECT recogió además en su informe cinco casos de absoluciones judiciales, entre las que destaca la de la documentalista Elena Varela, que fue acusada de participar en dos asaltos a mano armada ocurridos en 2004 y 2005. Paradójicamente,

las absoluciones no son hechos aislados. Numerosos son los mapuches que tras años de encierro “preventivo”, en juicio oral han sido declarados inocentes por los tribunales. El último de ellos fue Luis Tralcal Quidel. El pasado 30 de Julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuko lo absolvió en forma unánime del delito de incendio. Tralcal permaneció más de un año encarcelado, acusado de participar de un atentado a maquinaria forestal del fundo Las Praderas de Chol Chol. Por esta misma causa los jueces habían absuelto el año 2009 en forma unánime a Héctor Llaitul y a Roberto Painemil. Hoy, la Fiscalía no pudo nuevamente probar la participación de Tralcal, ya que no pudo aportar nuevas pruebas, confirmando su inocencia en las acusaciones realizadas en su contra. No es la primera absolución de Tralcal. Ya en el año 2009 tuvo que enfrentar cargos por “homicidio frustrado en contra de carabineros”, de los cuales también fue absuelto, esta vez por la Corte Marcial.

fiscalía, vemos con preocupación que los defensores a menudo se encuentran con dificultades para acceder a los expedientes, a recibir peritajes solicitados a los meses de ser solicitados, y nuestros defendidos alegan amenazas y declaraciones obtenidas bajo presión y sin la presencia de un abogado defensor”. Responsabilidad en ello también tendrían los medios de comunicación, advierte. “Pienso que los medios en manos de los intereses económicos de este país, actúan concertadamente con el estado, y en este caso, con el Ministerio Público. Han perdido la objetividad a la hora de informar y se hacen parte del esfuerzo del estado por contener las movilizaciones. Los espacios concedidos a la parte acusadora para criminalizar al mapuche frente a la opinión pública catalogándolos como terroristas, nunca han sido compensados con reportajes o entrevistas de la contraparte. De hecho se muestran funcionales a los intereses de quienes detentan el poder en Chile”, finaliza.

les. No habrá por tanto en el caso mapuche políticas adecuadas, lo que conllevará a mayores dificultades, penurias, y sin duda, a nuevos conflictos”, agrega.

A juicio de Bengoa, una de las muestras más palpables de esta errada estrategia de las autoridades ha sido el desempolvar la Ley Antiterrorista, a su juicio, una “herramienta de persecución”. “En democracia se ha criminalizado de un modo inaceptable el ‘conflicto mapuche’. El ‘terrorismo’ siempre es y ha sido una construcción del Estado. Se acusa a quien se quiere castigar de ‘terrorista’. ¿Cuántas veces no ocurrió en Chile? ¿Cuántos acusados de terrorismo en el mundo no han ganado posteriormente el Premio Nobel de la Paz? Es una herramienta malvada del Estado y en este caso del Estado chileno”, responde tajante. “Además una herramienta muy poco adecuada”, agrega. “Cuando se acusa de terrorismo las personas son criminalizadas y se desata una espiral que es muy compleja y a veces

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Fernando Lira, presidente de la ONG Liberar que asumió la defensa del dirigente en el último juicio, es claro en denunciar una “puesta en escena” del Ministerio Público. “Este caso debiera haber sido considerado como causa ya juzgada desde el principio y no haber realizado un nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal lo acogió finalmente de esa manera para sentenciar. En este escenario la fiscalía aprovecho estos días de juicio para mostrar a Luis Tralcal en los medios de comunicación como un ‘terrorista’ y para decir que el acusado está ‘bajo sospecha’ de haber recibido formación paramilitar en Colombia, lo que también está basado en hechos de los cuales no hay pruebas ni acusación formal.

Eso es lo que queda en la retina de la gente, no que es inocente”, señala a Azkintuwe. Pese al fallo judicial en su favor, Tralcal permanece encarcelado en Temuko. Pronto, junto a Claudio Sánchez y otros ocho comuneros, enfrentará juicio oral por el supuesto ataque el bus interprovincial. Junto a todos ellos permanece hoy en huelga de hambre.

“En nuestra legislación no están claros los mecanismos de regulación y de fiscalización del actuar del Ministerio Público”, advierte Lira a la hora de explicar los abusos contra los comuneros.

“De alguna manera, se podría decir que trabajan en la impunidad, debido a que se hace muy difícil probar irregularidades, dado que sería la misma fiscalía quien debería investigar sus propios actos.

Sin embargo, quienes observamos de cerca los procedimientos y la rigurosidad profesional de la

Conflicto Político El citado Informe de la Comisión Ética Contra la Tortura es el tercero emitido por la entidad creada el año 2001 por instituciones y personalidades que se destacaron en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar. El CECT, como múltiples informes de organismos internacionales, denuncia sobretodo la injusta aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches que luchan por sus tierras frente a empresas madereras y latifundistas particulares. También la judicialización de un conflicto de “profundas connotaciones culturales, históricas y políticas”. Esto último es lo que opina el destacado historiador José Bengoa, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y uno de los más prolíficos autores respecto de la materia.

“Personalmente creo que la judicialización de los conflictos de carácter social es el peor camino ya que se produce cuando se niega la política”, señala a Azkintuwe. “Estos conflictos son fundamentalmente políticos y la autoridad los debe entender como tales. La política significa siempre reconocer a los interlocutores, establecer bases de discusión, llegar a acuerdos y por cierto a desacuerdos. Cuando los caminos políticos se cierran queda como argumento la judicialización de la política, que es sin duda un camino muy poco adecuado para los conflictos sociales. Lamentablemente lo que uno observa es que crecientemente al abandonarse la política se lleva el conflicto a los tribuna-

muy difícil posteriormente de resolver. He estudiado la casi totalidad de los juicios contra comuneros mapuches, los que son públicos, y me cabe la convicción que las acusaciones son absolutamente injustificadas”, subraya Bengoa. “Creo que son procesos puramente de intimidación. Hay un gravísimo error conceptual y a lo más una enorme desproporción que cuando los juicios avanzan, no resisten el valor de la prueba”, agrega. Bengoa, autor de la monumental obra “Historia del Pueblo Mapuche”, no duda en apuntar también sus dardos a los medios de comunicación de los sectores dominantes de la sociedad chilena.

“La presión de los intereses regionales sobre el gobierno fue y ha sido muy fuerte. Con una gran irresponsabilidad, el diario El Mercurio asumió esos intereses de manera ciega y con el ánimo de confundir y erosionar a la Concertación, levantó el fantasma del ‘terrorismo mapuche’. Un análisis sereno de las informaciones de este diario muestra que se trató de una campaña orquestada y sistemática. El terrorismo del sur fue repetido sin pensar por los canales de televisión que construyeron de modo irresponsable una imagen de ingobernabilidad. Los gobiernos de la Concertación, siempre temerosos de lo que les dijera El Mercurio, asumieron en la práctica que se trataba de terrorismo y aplicaron la famosa y maldita ley. Así la espiral ha seguido”, apunta Bengoa, para quien “los medios de comunicación en Chile han llegado a un grado de monopolio y control espectacular”. “Lo que no

les interesa a sus propietarios no existe y esa es una verdad del tamaño de una catedral. La propia huelga de hambre ha sido hasta ahora silenciada”, señala.

El historiador, quien dirigió en los 90’ la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, encargada de redactar la actual Ley Indígena, es particularmente crítico de las elites nacionales. “Ellas están muy lejos de aceptar la existencia de una sociedad y pueblo mapuche en este caso dotado de personalidad propia. No ha habido ni un solo cambio institucional en que se tome en cuenta a esta realidad social del país. Los mapuches han visto cerrados todos los caminos institucionales y eso es de una gravedad enorme. Este cierre del sistema político convierte a todo quien reclama o establece demandas en un sospechoso de estar fuera del sistema. De allí a acusarlo de delincuente o simplemente de terrorista, hay un solo paso”, subraya. “Podríamos decir que esta impronta de carácter colonial es el elemento clave en el debate”, concluye.

“Denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en este país…. Nuestros familiares están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos de los latifundistas, de los dueños de las compañías hidroeléctricas, mineras y forestales”, señalaron en reciente declaración pública los familiares de los presos recluidos en El Manzano. No son los únicos que ponen el acento en el carácter político de los procesamientos. Esta es la denuncia que dirigentes mapuches llevaron el 20 de Julio hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. El grupo, encabezado por Antonio Cadín y Víctor Ancalaf, reclamó ante el organismo de las Naciones Unidas la feroz persecución judicial y política que afecta a las comunidades que se movilizan por sus derechos territoriales en Chile.

“Hemos estado denunciando todos los atropellos

que han habido con los comuneros mapuches, la situación de los presos políticos, la violencia policial en contra las comunidades y los graves atropellos que han afectado a niños y niñas mapuches”, precisó Antonio Cadín.

Desde el día 12 de Julio, multitudinarias marchas convocadas por familiares de los huelguistas se han desarrollado en diversas ciudades de Chile, el País Mapuche y el extranjero. Las jornadas de protesta y solidaridad se han incrementado a medida que se agrava el estado de salud de los huelguistas.

En diversos países se multiplican las voces que reclaman diálogo y voluntad política al gobierno de Sebastian Piñera. Pero nada de lo anterior ha sido informado debidamente por los grandes medios de comunicación chilenos. Los mismos que llenaron titulares con la huelga de hambre protagonizada por disidentes políticos en Cuba, en el caso mapuche han optado por el más absoluto y cínico de los silencios.

La imposible domesticación mapuche RAUL ZIBECHI

L

a guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo nación mapuche.

Tras la ocupación los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas promedio.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las

no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad.

La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 34 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la Ley Antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados , vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo. se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría

resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de los mapuches.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán.

Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segun-

da escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

La justicia del colonizador JOSÉ MARIMAN

I

magine que está sentado frente al televisor de su casa, rodeado por su familia después de una deliciosa cena, disfrutando de un relajado día junto a los que ama. De pronto e imprevistamente se abren las puertas de su casa y ve entrar a su vecino –llamémosle Estado- y su familia, armados hasta los dientes.

Esto es lo que le dice. “Vecino, las cosas no andan bien. Nuestra casa se ha hecho pequeña. Varios de mis hijos no tienen empleo ni posibilidades de tener casa propia para ellos y sus familias. Por esa razón hemos decidido ampliarnos tomando parte de la suya.

No se preocupe, todos viviremos bien.

Usted y su familia ocuparan una de las habitaciones y el resto las dividiremos entre mis familiares. Coopere y seremos todos felices”.

Una situación como ésta, hipotética por cierto y más aún fantástica, supone un mundo sin las más mínimas normas de cortesía. Ella podría dar lugar a una serie de respuestas.

Imagino que una de ellas podría ser

revelarse, levantar la voz, increpar y mandar al diablo a los invasores o hasta tratar de usar la violencia para expulsarlos. Con cualquiera de sus respuestas usted se expone a la ira de sus conquistadores y de su nuevo orden. Son ellos los que juzgan y sancionan sus acciones-reacciones.

Pues un hecho de las mismas proporciones, solo que REAL, fue lo ocurrido a los mapuches. Un Estado, Chile (también Argentina allende los Andes), les invadió militarmente, les expolió su territorio, y les incorporó políticamente sin siquiera preguntarles por su consentimiento. Los mapuches han vivido desde entonces, ya más de un siglo, bajo las reglas del nuevo orden o “pax” chilena. Y no solo eso, no contentos con haberles dejado la habitación más pequeña o en un lenguaje historicista haberles dejado en “reducciones” con tierras apenas para subsistir, pronto inescrupulosos latifundistas con el soporte y complicidad de la policía, la justicia y los políticos, fueron jibarizando esas tierras hasta

cercenar un cuarenta por ciento más o menos. Lo que restó a la rapiña no pudo contener a una población en recuperación, después de una larga y genocida guerra, y originaron varias problemáticas modernas: La diáspora del siglo XX que dio origen al mapuche urbano (la inmensa mayoría de los mapuches modernos), y el interminable problema de la lucha por la tierra en el “sur chileno”.

Para los mapuches, la justicia funciona con un doble estándar en Chile, pues sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros “ciudadanos”.

La historia de la relación de los mapuches con el Estado chileno tiene más pormenores, por cierto. La huelga de hambre que llevan a cabo algunos de ellos en las cárceles del sur se inscribe como un capítulo más de este conflicto étnico de nunca acabar. La lectura que hacen los mapuches en huelga de hambre de la situación que los tiene hoy en esa actividad de desobediencia civil, es que la justicia del colonizador para con ellos, está tratando de justificar una acción de beligerancia, en una guerra que aún

el Estado desarrolla para con ellos, con el propósito de terminar de doblegar su resistencia al robo histórico del que fueron objeto, la rapiña y la violación de sus derechos como nación e imponerles el “orden” de la “pax chilena”.

Para los mapuches, y para quienes no vean el conflicto bajo las anteojeras del nacionalismo chileno, la justicia funciona con un doble estándar en Chile, pues sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros “ciudadanos”, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o “colonizados”. A los mapuches carabineros los tortura, incluyendo niños y ancianos, y hasta los asesina por la espalda , sin pasar por alto que numerosas de sus acusaciones se basan en montajes para implicarlos. En fin, en este país con delirios de país de primer mundo, los abusos de todos los tiempos hacia las minorías étnicas no han cesado, recordándonos que seguimos en la cloaca del tercer mundo. Los activistas mapuche que luchan por recuperar lo que una vez les arrebato el Estado violentamente, son perseguidos como si se tratara de “terroristas”. Al cabo en situaciones coloniales así opera la justicia del colonizador para el colonizado.

Un día de Septiembre LUIS SEPULVEDA

H

oy 4 de Septiembre y cuando se cumplen 40 años de la victoria democrática que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile, 34 mapuches, prisioneros políticos a merced de las arbitrariedades del Estado chileno, cumplen dos meses en huelga de hambre. Ayer 3 de Septiembre, el presidente Sebastián Piñera se refirió por primera vez a la huelga y anunció el envío al Parlamento de dos iniciativas legales: una que “moderniza y modifica la justicia militar” y otra para “perfeccionar y tipificar mejor el delito terrorista”.

Al finalizar un encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y los partidos con representación parlamentaria, la líder del PPD, ex ministra portavoz de gobierno, Carolina Tohá, valoró el encuentro y la disposición del jefe del Estado de buscar una solución al “conflicto protagonizado por los mapuche”. Y agregó: “vamos a apoyar una instancia de diálogo que establezca puentes con los comuneros”. Tohá sabe que durante el gobierno del que fue ministra y durante el

anterior, y así remontándonos hasta la dictadura, y más aún, hasta el año 1810 cuando los hijos y nietos de los encomenderos decidieron la independencia de Chile, sabe que nunca se hizo nada para detener el saqueo de tierras, el expolio y la humillación del pueblo mapuche.

Para todos los gobiernos de Chile los mapuche fueron siempre unos potenciales alzados a los que había que mantener sumisos y reprimidos.

En Chile, por lo menos la derecha expresa con claridad su ideario de matones, y así lo dio a entender en la reunión con el jefe del Estado el vocero de la UDI, Juan Antonio Coloma: indicó que su colectividad “hará un esfuerzo para resolver este conflicto”, pero subrayó que se trata “ de un problema heredado de la administraciones anteriores y que no amerita una reforma a la Ley Antiterrorista”. El cinismo es la gramática del racismo.

Escribo estas líneas hoy que es 4 de Septiembre y a mi memoria llegan el aroma de una noche casi primaveral, una noche de serena alegría y cuando

tenía 20 años. Una multitud de mujeres y hombres humildes, la mayoría jóvenes, nos abrazábamos frente a la casa de la Federación de Estudiantes de Chile. Esperábamos a Salvador Allende, a que diera por iniciado nuestro sueño revolucionario y transformador de la sociedad. No lo conseguimos. No pudimos. Pero nos dimos por entero y ese es nuestro orgullo.

Muchos pagaron con sus vidas el intento por hacer de Chile un país justo, un país que también considerase desde el respeto las legítimas reivindicaciones mapuches.

Quisiera recordar con alegría, pero

no puedo, porque hoy que es 4 de Septiembre un grupo de 34 mapuches, de la Gente de la Tierra, prisioneros políticos del capital, se juegan la vida en una huelga de hambre que se prolonga demasiado. Piden justicia, y para la nación mapuche la justicia es mucho más que un atado de normas legales. Es su tierra, su sagrada tierra, su bendita tierra, su amada tierra, y esa es la cuestión de fondo que los descendientes de los encomenderos y de los europeos de cualquier latitud que llegaron a usurpar su territorio se niegan a entender.

50 días en huelga, 50 días de dignidad nacional «Juventud de mi raza: si alguna vez en el camino de la fatigosa jornada que vais venciendo, sintiereis decepcionado vuestro espíritu y faltos de vigor vuestros músculos, no olvidéis que vuestros antepasados lucharon y murieron heroicamente defendiendo el prestigio de nuestra raza, no aceptando la usurpación de sus tierras y de sus derechos. Compatriotas: salud y fraternidad».

Manuel Nekulmañ, l 12 de Julio una treintena de patriotas mapuche, prisioneros políticos en cárceles chilenas, iniciaron una huelga de hambre. Dicha movilización es el resultado de una condición política estructural: la situación colonial que sufrimos como pueblo a partir de la conquista chilena del País Mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX, la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Los mapuche hemos sido despojados, expoliados de nuestras tierras y base económica, empobrecidos a tal punto que la Araucanía es lejos, con un índice de pobreza del 27,1% y un índice de indigencia de 9%, la región más pobre de todo el Estado. Es, a partir del 2006, también aquella en que más han aumentado tanto la pobreza como la indigencia. ¿De qué «desarrollo» nos hablan cuando, tanto a nivel del Wallmapu como del Estado chileno, la desigualdad de ingresos entre población mapuche y población chilena resulta escandalosa?

Todos los atropellos e injusticias a que se nos somete, desde la criminalización de nuestra lucha hasta la pérdida progresiva del mapuzugun, nuestra lengua nacional, son manifestaciones de esa situación colonial y de la opresión nacional a que está sometido nuestro pueblo por parte del Estado chileno. Pero en los últimos años ha aflorado con mayor fuerza un componente consustancial del colonialismo: el racismo. Ya no se trata sólo del racismo social, aquel que nos llega en la misma cara en la escuela, en el barrio o en los lugares de trabajo, sino que de un racismo oficial, que hace uso de las instituciones del Estado para estigmatizar, discriminar y prejuzgar al mapuche por su condición étnica.

El Estado y el poder judicial no buscan hacer justicia, buscan amedrentar y para ello recurren a todo tipo de maniobras. En cada condena que afecta a un patriota mapuche va implícito un mensaje claro: «dejen de luchar, dejen de resistir». El fiscal es hoy una figura inquisitiva, para quien el mapuche es culpable «sí o sí». Ávidos de cámaras de televisión y promociones laborales, los fiscales engrosan sus curriculum con el sufrimiento de nuestra gente. Ayer eran los tinterillos, siempre disponibles para firmar el despojo territorial; hoy los fiscales, disponibles para secar en la cárcel a todo mapuche que alce la voz por sus derechos. «Nidos de litigantes», decían nuestros dirigentes antiguos; «Nidos de fiscales», decimos nosotros hoy.

En Chile no existe la igualdad ante la ley, no para los mapuche. Ello lo evidencia la desproporción entre los

Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, 1931.

Responder como Nación Somos un pueblo diverso, como lo es todo pueblo. Pero hay desafíos ante los cuales debemos responder unidos.

Wallmapuwen apoya la lucha de los presos políticos no solo por solidaridad.

Lo hace porque formamos parte de un mismo pueblo, porque conformamos un mismo movimiento nacional, porque independiente de legítimas diferencias políticas, compartimos con ellos un horizonte de autodeterminación para nuestro pueblo y Wallmapu.

El movimiento social mapuche, las comunidades, sus expresiones políticas organizadas, deben considerar la huelga de hambre de los presos como un legítimo acto de resistencia nacional, una acción de compatriotas que cuestiona toda una política de criminalización racista contra nuestra nación. La represión es contra el pueblo mapuche y ello nos demanda actuar en bloque, responder como nación. El impune escenario represivo no puede tolerarse más. Nuestros patriotas en huelga no lo aceptan, nosotros como pueblo tampoco.

delitos investigados y las leyes y condenas que se nos aplican; lo evidencia también la impunidad de que se benefician los autores y responsables políticos y judiciales de estas violaciones a los Derechos Humanos de la población mapuche. La violencia policial contra la población indefensa de las comunidades, incluidos ancianos y niños, la tortura y tratos vejatorios contra los detenidos, los apaleos y golpizas recurrentes, demuestran que a los mapuche en Chile se nos considera ciudadanos de «segunda clase».

A ningún sector de la población chilena el Estado y sus instituciones otorgan un trato similar.

Déficit democrático La huelga de hambre y nuestra situación como pueblo dejan en evidencia ante el mundo el bajo estándar democrático de Chile. Aspectos sustantivos de la Constitución Política de 1980 y las leyes represivas promulgadas bajo la dictadura militar se mantienen vigentes, en particular la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las excesivas atribuciones de la Justicia Militar. Que

después de veinte años de gobiernos electos estas leyes no hayan sido derogadas o modificadas, en acuerdo con los pactos internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos, es una vergüenza para todos los demócratas. En el caso de la Ley Antiterrorista, su aplicación en Wallmapu no se condice con los delitos comunes que persigue. Lleva aparejada además estigmatización, persecución, procesamientos viciados e inhumanas condiciones carcelarias.

Es por ello que la democratización del Estado es también objetivo central de la lucha mapuche. Un centralismo asfixiante, con regiones gobernadas por autoridades designadas y supeditas a las decisiones del poder central; un sistema electoral injusto y antidemocrático para la elecciones parlamentarias; una Ley de Partidos excluyente que dificulta la emergencia de nuevas fuerzas políticas regionales; el bajo estándar de reconocimiento de derechos colectivos sociales y políticos; son todas deudas de la «democracia».

El gobierno chileno debe renunciar a su política de oídos sordos y ponerse en disposición de dialogo político para atender estas demandas.

Debemos recordar que hace cien años, el movimiento mapuche surgió en un contexto de ocupación militar, violencia y racismo colonial. Ello marcó a las generaciones que dieron vida a las primeras organizaciones.

Sufrieron la violencia del Estado y los colonos. Fueron víctimas del actuar racista de los «Tribunales de Indios» y su despojo legal. Ante ello se rebelaron y respondieron de manera colectiva. Lo hicieron con las armas de la Política. En los campos, en las calles y en el Congreso chileno, lucharon para defender nuestra tierra y derechos. Ocho diputados y decenas de regidores nos señalan desde entonces un camino. Sin esa lucha ya habríamos sucumbido cono nación.

Mientras no se supere nuestra condición colonial, la prisión política seguirá afectando a patriotas mapuche hoy o mañana. Tratar debidamente el conflicto implica para nuestro pueblo y el Estado avanzar hacia una solución política. Para nosotros como partido, ello supone colocar al centro el reconocimiento de nuestros derechos en tanto nación y avanzar en la descentralización del Estado y en la obtención de un Estatuto de Autonomía que garantice, entre otros, nuestro derecho a la tierra, la lengua y la autodeterminación. Sólo ello impedirá que el actual escenario de conflicto se agudice o eternice en Wallmapu, profundizando la injusticia, el racismo y la opresión nacional.

PARTIDO MAPUCHE WALLMAPUWEN

P

ara el gobierno y el Ministerio Público es el “Bin Laden” de Arauco.

Para su gente, los mapuches, un asistente social comprometido con su pueblo y que solo goza de mala prensa. Héctor Llaitul Carillanca, 42 años, padre de cinco hijos, efectivamente es asistente social.

Cursó la carrera en la Universidad de Concepción y trabajando en su tesis se mimetizó con la lucha de las comunidades. De origen williche, gran parte de su vida transcurrió en la zona central. Ex militante de la izquierda revolucionaria chilena, no dudó cuando a fines de los 90’, lonkos de dos provincias optaron por coordinar sus demandas y también la rabia. Así nació la Coordinadora Arauco-Malleco, la CAM, el gran dolor de cabeza étnico de los gobiernos de la Concertación y que Piñera ya siente al menos como jaqueca. Incontables son los ministros del interior que los han dado por desarticulados. El último fue Pérez Yoma. El año pasado. Pero ahí están, la mayoría en prisión y acusados de “terrorismo”, pero aun desde allí, resistiendo.

Hace 46 días que Llaitul encabeza una huelga de hambre. Son 34 prisioneros mapuches, en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuko y Valdivia, los movilizados por demandas tan básicas que llegan a ser surrealistas. Exigen ser juzgados bajo mínimos estándares democráticos. Esto es, que se retire de sus causas la Ley Antiterrorista. Y se termine de paso con los dobles procesamientos civiles y militares. No entienden como, por delitos comunes, se los persiga como si se tratará de suicidas talibanes. Todos denuncian persecución política, montajes judiciales, testigos sin rostro e incluso tortura policial en los cuarteles. Poco y nada de ello ha salido en la prensa. No les quita el sueño. Son pacientes y saben que con el transcurso de los días y

semanas, la huelga se volverá para Piñera una insoportable migraña. Recientemente, un fallo judicial autorizó a Gendarmería alimentarlos por la fuerza en Concepción y Temuko. No les será fácil, advierten ellos.

Entrevistamos a Héctor Llaitul en la cárcel El Manzano de Concepción.

Allí espera ser llevado a juicio por diversos delitos. No ha matado a nadie.

No ha violado a nadie. Tampoco ha dejado a ningún minero enterrado vivo en el desierto. Sin embargo, arriesga en diversas causas sobre 100 años de prisión. Hablamos de la huelga. De su lucha. Estas son sus razones.

- ¿Son las principales razones de la huelga?

Así es. Ambas constituyen la máxima expresión de la injusticia procesal que nos afecta hoy en día. La Ley Antiterrorista es una ley especial, creada para perseguir y su objetivo de fondo es velar por los intereses de los poderosos, no el de proteger a la población. Hoy con esta ley se están protegiendo inversiones que afectan directamente nuestro territorio y a su gente. Y en beneficio de empresarios que son responsables o herederos del despojo territorial que sufrimos como pueblo. Solo ello explica que se apliquen estas leyes de excepción a conflictos que son sociales y políticos.

sentimos fuertes, esta es una dimensión que nos caracteriza mucho como mapuche, nos sentimos conectados con los valores y la cultura de nuestro pueblo, ello nos hace sentir que este sacrificio tiene sentido.

- ¿Cómo han tomado sus familias esta drástica medida?

Hemos sentido todo su apoyo, pero de seguro deben tener sentimientos encontrados. Apoyan pero igual sufren, no solo por nosotros sino por todos los que están en esta situación, así como por otros aspectos de esta lucha, costos que han debido pagar, como sufrir la represión policial. Pero de sufrimiento

- ¿Por qué la huelga?

Porque se han agotado todas las otras instancias para reclamar justicia, en nuestro caso, para acceder a un procesamiento justo, a un debido proceso.

Es lo último que podemos hacer para manifestarnos, nuestro cuerpo es lo único que nos queda para protestar. Para nada es agradable estar en huelga, se sufre mucho, es duro. Tampoco es bueno hacer sufrir a nuestros familiares, somos padres, hijos, sobrinos, nietos de alguien y todos ellos sufren. Pero lo evaluamos y aunque suene paradójico, no nos queda más que arriesgar nuestra vida para luchar por la vida. Hablo de la vida de nuestra gente, por un mejor futuro para nuestros hijos, por los derechos de nuestra nación. Si con esta medida logramos que se retire la Ley Antiterrorista de nuestros procesamientos, habrá valido la pena.

- ¿No es Chile para ustedes un país democrático?

La aplicación de la Ley Antiterrorista habla por si sola. Es hoy una herramienta de persecución contra los mapuches que levantan la voz. Su propio origen se da en el marco de un régimen autoritario, como lo fue la dictadura de Pinochet, en un contexto de terrorismo de estado que todo el mundo repudió.

Otro ejemplo es que se juzgue a civiles mapuches con el código militar, algo que transgrede todas las normas del debido proceso. Es lo que denunciamos.

- ¿Cómo evalúan las movilizaciones de apoyo?

A pesar de la fuerte campaña para silenciar la huelga que se ha montado, comienzan a despertar acciones de solidaridad en diversas ciudades que valoramos. Estamos sorprendidos de las muestras de apoyo a nivel internacional, no tanto por nosotros, sino porque implican un respaldo a la causa mapuche en general. Este reconocimiento internacional ha costado mucho, es un capital que se tiene y que hay que resguardar, nos llama a no decaer, a no claudicar a pesar de la enorme desventaja. Esto es muy importante para mantener la esperanza.

- Se consideran presos políticos, ¿por qué?

Por las cualidades de luchador social que posee cada uno de los mapuches encarcelados. También por la formación política e ideológica que abrazamos, la que por supuesto se enmarca en nuestra condición de mapuche. Reivindicamos un pensamiento propio (rakizuam), que se nutre de nuestra sabiduría ancestral (kimvn) y se plantea en resistencia con la realidad que hoy vivimos como pueblo. Se nos niega esta condición como si solo fueran presos políticos aquellos que se enfrentan a regímenes dictatoriales o totalitarios.

- Pero se les acusa de atentar contra el “estado de derecho”.

En el territorio mapuche no opera el estado de derecho como en el resto del país. ¿Dónde se están militarizados los campos? ¿Dónde se persigue políticamente a luchadores sociales? ¿Dónde se montan campañas represivas indiscriminadas? ¿Dónde se aplican leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista?

Que sepamos, solo en el territorio mapuche, lo que nos permite decir que vivimos bajo un estado dictatorial. De allí que para nosotros las expresiones de resistencia y de autodefensa sean legitimas, más aun si se nos han cerrado todas las vías políticas. Si viviéremos en Bolivia o en Venezuela, países realmente democráticos, los dirigentes sociales mapuches tal vez estarían en el Parlamento. Pero estamos en Chile y acá lo que hay para nosotros es prisión política.

lo entienden y lo entendemos, es a nivel de instituciones donde se producen roces que hasta ahora no han llegado a ser confrontacionales. Esperamos que se respete la huelga y las condiciones no empeoren para nosotros, ya que nuestra postura es firme y de convicción. No sabemos como será en otros penales.

- Dicen las autoridades que en Chile “las instituciones funcionan”.

- ¿Cuál es la situación de ustedes?

En términos físicos ya se evidencia un deterioro. Producto de la no nutrición hemos sufrido abruptas pérdidas de peso, en el caso nuestro, acá en El Manzano, de hasta 20 kilos menos, debilitamiento corporal, mareos, dolores de cabeza, escalofríos, reiteradas pérdidas de conciencia, calambres, algunos de nosotros hemos sufrido además estados de descompensación.

sabe mucho nuestra gente en las comunidades y de una u otra forma se han ido adaptando a los rigores del camino.

Nuestras familias han comprendido y asumido esta huelga con un estoicismo ejemplar, lo cual habla bien de la justeza de este movimiento. Nosotros valoramos el esfuerzo que realizan afuera, de moverse y hacer campaña con muy pocos recursos, pero con una gran dignidad.

- ¿Y Gendarmería?

- ¿Y en lo anímico?

Estamos estables, nos alienta el hecho de estar aportando a la lucha de nuestro pueblo y saber que nuestras demandas son justas. Espiritualmente también nos

En El Manzano han sido casi neutrales, pero sabemos que esta situación puede cambiar por la presión de las instituciones de más arriba, del gobierno y la justicia. No es un tema personal, eso

Funcionan instituciones propias de una “democracia” y se dice que estas operan por igual para todos los “chilenos”. Tal vez por ahí está el problema, que todas las instituciones buscan chilenizarnos. ¡Si nosotros no somos chilenos! Nunca ha existido un reconocimiento de esto, salvo en tiempos de la Corona Española.

Hoy lo que se persigue es integrarnos o bien aniquilarnos como cultura, como nación, que dejemos de ser lo que somos. Basta ver las leyes, solo opera la asimilación y el colonialismo permanente. Lo cierto es que somos un pueblo oprimido, con un territorio invadido. Y este despojo ha sido avalado por todas las legislaciones e instituciones del Estado.

- No pocos mapuches, tras años de prisión preventiva, han resultado finalmente absueltos por los tribunales. ¿Cómo interpretas esto?

Es que la mayoría de las acusaciones que se levantan contra los mapuches tienen un objetivo central que es político. De allí los largos periodos de investigación de hasta dos años que tienen los fiscales para llegar al juicio oral, de allí los montajes muy bien urdidos que realizan, sumado todo ello a campañas comunicacionales. Pero cuando se llega

a juicio, ello resulta a veces insostenible judicialmente, se les derrumba. Tememos eso si que en el actual escenario político esto pueda cambiar y para peor.

- ¿En qué sentido?

El Ministerio Público ya no actúa solo, es parte de una estrategia mayor que no trepida en la utilización de recursos para realizar montajes, incluso a nivel internacional, buscando condenas anticipadas de la opinión pública contra nosotros. La alianza entre fiscales, políticos inescrupulosos, gobierno y medios de comunicación, hace que tengan hoy dadas las condiciones para condenar a nuestra gente a largos años de prisión.

- Hace unos años la CAM eran “delincuentes rurales”. Hoy son “terroristas”.

olvidemos que los grandes medios representan al empresariado y entre los grupos de poder siempre se apoyan, ha sido así históricamente. Callan la huelga pero siguen con su campaña para desvirtuar nuestra lucha, dando cuenta de ella solo desde un prisma delincuencial o terrorista, a objeto de influir en la mente de las personas, en la opinión pública.

Ellos saben que nuestras demandas son justas y temen que darlas a conocer generé en la sociedad un respaldo mayoritario a nuestra causa. Me consta que mucha gente chilena que se logra informar, siempre termina respaldando nuestra lucha. Algunos medios operan casi como en tiempos del nazismo, se reafirma la teoría de Joseph Goebbels que planteaba que a través de la repetición de las “versiones oficiales” se llegaba a una “verdad oficial”. También decía “miente, miente, que algo queda”.

Se pone hoy más énfasis en el “terrorismo” porque les permite hacer uso de mayores herramientas legales para perseguirnos. Con un discurso muy propio de los fiscales de la dictadura militar, magnifican los hechos, mienten abiertamente, catalogan de “terrorismo” acciones muy básicas de resistencia y autodefensa de las comunidades cuando son allanadas con violencia por la fuerza pública. Respuestas básicas, rudi-

- ¿Es lo que sucede con el tema FARC?

mentarias de la gente ante la agresión policial se transforman entonces “atentados contra vida”, “emboscadas criminales”, “homicidios frustrados” e “intentos de asesinato”.

pueblo tiene el derecho de luchar como quiera hacerlo y nosotros lo hacemos basados en los principios y en la historia que heredamos de nuestros antepasados, en el legado de Lautaro, que no es menor. Se olvida que nuestro pueblo tiene un gran legado histórico de resistencia.

- ¿Por dónde debiera buscarse una salida al conflicto?

Claramente no por los tribunales. Este es un conflicto histórico, de raíces muy profundas y que concierne a la sociedad chilena y mapuche en su conjunto, también a la comunidad internacional, que debe ser parte de la solución. El estado chileno es el responsable directo de lo que sucede hoy, que es un conflicto eminentemente político con trasfondos históricos, culturales, una lucha por reconocimiento. Para nosotros el abordaje del problema, su resolución, es política y compromete al Estado en su conjunto, a todos sus poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Llegar a ello demanda una voluntad política que hoy no existe de parte de las autoridades.

Existe coincidencia mayoritaria en los mapuches que la salida al conflicto es política.

- Van a cumplir 50 días en huelga y en los grandes medios poco y nada se ha publicado o mostrado. ¿Qué piensan de esto?

Nos resulta natural a estas alturas. No

Es parte de una campaña orquestada, donde La Tercera, El Mercurio y sus sucursales regionales cumplen la función de propagandistas. Sin tener hasta el día de hoy la más minima prueba, los fiscales insisten con esta vinculación nuestra con las FARC en los medios. Podemos decir que no existe tal vinculación, cada

- ¿La huelga es hasta las últimas consecuencias?

Lo hemos dicho en los comunicados y es una postura generalizada en todos los huelguistas. Es una situación muy dura para todos nosotros, ya que no solo se arriesga la vida, también se producen secuelas que nos afectarán de todas formas en lo cotidiano. La responsabilidad no es nuestra, en este punto la traspasamos al Estado y a quienes son autoridades, porque ellos nos obligaron a llegar a esta situación. Preferimos esto a ser condenados de forma injusta.

- ¿Algún mensaje que enviar?

Gracias a todos los peñi (hermanos), lamngen (hermanas) que se han movilizado y que solidarizan con nuestra causa. Gracias a los hermanos de la sociedad chilena y del exterior que comparten y solidarizan con nuestro pueblo y sus demandas. Sepan que nuestra lucha es también la de ellos, es por la dignidad y los valores de construir una sociedad más humana.

Esa esquiva libertad a lluvia cae en Traiguén, la lluvia del sur. Abundante como el verde de sus tierras. La reja de la cárcel cerrada aunque es hora de visita. Pascual Pichún Collonao está adentro, esperando. Esperando a su familia y amigos. Esperando esa esquiva libertad, un futuro. Paso los absurdos controles, me registran y me hacen pasar a la sala de visitas, se cierra la reja. Lo veo, lo abrazo, converso con él y le digo algunas cosas que quienes hemos estado prisioneros sabemos y sentimos. Es duro volver a una cárcel, pienso, y él me lo dice. Para Pascual es mucho más duro, por mucha convicción que tenga o mucha compañía que le hagamos. Somos seres libres y el encierro es un poco de muerte, un disciplinamiento atroz. “Voy tarjando los días, desde que llegué acá, algunos pasan mucho más rápido que otros”, dice.

“Ya me estoy acostumbrando a las rutinas, nos encierran a las cinco de la tarde. Tenemos comida y abrigo, compañía de otros presos. Vivo en un módulo tranquilo, donde están quienes hacen buena conducta para optar a beneficios intrapenitenciarios.

En la celda en la que duermo hay unos veinte presos más”, agrega.

“Es fácil fugarse de aquí”, le digo, y le arranco la primera sonrisa. Qué dolor es ver un espíritu libre entre rejas de odio y muerte. Qué dolor inmenso es la impotencia, qué soledad es el encierro… Pero su decisión de regresar le brotó del corazón y, asumiendo cualquier riesgo, cruzó nuevamente la cordillera nevada, esta vez hacia Chile. Ida y regreso.

Un ciclo que se cierra. “Quiero aportar a la lucha de mi pueblo, y aquí está mi familia, hermanos, sobrinos, mi comunidad. Es mi lugar”, dice.

Pascual Pichún Collonao es un militante y comunicador del pueblo mapuche. Creó un grupo musical en la secundaria. Luchó por su comunidad. Y emigró forzadamente a Puelmapu, donde se labró una senda.

Su travesía lo convirtió en comunicador. Quizá siempre lo fue. Y es que él y su familia han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados por el Estado desde hace más de una década. Pascual fue prácticamente obligado a vivir siete largos años de autoexilio, alejado de sus seres queridos, y su comunidad. Apenas tenía 19 años cuando debió detener su vida y huir para hacer otra. Se clandestinizó y autoexilió para evitar la cárcel, la condena injusta, las penas del infierno. Su caso -y el de su hermano Rafael-, es uno de los tantos episodios de criminalización de la lucha del pueblo mapuche por parte del Estado y los gobiernos de la Concertación, que hicieron de esa persecución judicial, política y mediática un deporte nacional.

comunidad. Después del terremoto, ha sido difícil para la comunidad vender madera. Algunas empresas cerraron o dejaron de comprarla… En realidad, quisiera que mi situación sirviera para dar cuenta de lo que está pasando con todos los prisioneros políticos mapuches… Yo no soy el único, ni el que tiene las condenas mayores. Quisiera que a partir de mi caso se pudiera hablar de lo que está ocurriendo en las comunidades y con los familiares de los prisioneros políticos, con sus hijos... Hace falta visibilizar más la situación que vive el pueblo mapuche. Hay mapuches encarcelados, padres de familia, quienes son el sustento del hogar, y sus hijos están viviendo miseria y abandono”, dice.

La sala de visitas es pequeña. No hay más de diez presos con sus compañeras, niños pequeños y familiares.

El lugar es frío, pero nos abrigamos con unas rondas de mate y unas galletas. “¿Qué te hace falta…?”, le pregunto. “Cosas materiales”, agrego, y le arranco otra sonrisa. “Tengo varios libros y estoy haciendo artesanía en plata para vender… Creo que no me falta nada, sí más apoyo para mi

“Quería ver y vivir lo que está sucediendo acá, en mi comunidad, con la lucha de mi pueblo… Aunque sé que las organizaciones que hay o había se han alejado de los mapuches, se han convertido en elites… por eso creo necesario construir desde abajo”, dice Pascual. “Manu” -como es conocido por sus amigos- estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y formaba parte del programa radial La Flecha, que trasmite Radio Estación Sur, del Encuentro de Comunicadores Indíge-

nas de Argentina, del periódico Azkintuwe -donde firmaba sus artículos como Manuel Lonkopan-, y de otras muchas iniciativas y sueños.

“Sabía los riesgos de volver, los asumo, no quería esconderme”, dice Pascual. Al tomar su decisión, lo hizo conciente de todo lo que ello significaba, como el ser detenido y encarcelado. Su amiga y compañera de La Flecha, Zulema Enríquez, le explica lo que la Comisión Pascual Libre Argentina ha realizado, y las últimas noticias en Facebook y el Blog que han abierto por su libertad en Argentina. Pascual se sorprende sin ocultar un poco de orgullo. “Estoy muy agradecido -continúa- del apoyo que he recibido. Pero más allá de mi caso en particular debiera generarse un compromiso de la sociedad chilena y del movimiento mapuche, para cambiar esta situación, que ya no da para más”, dice.

Pascual deberá cumplir una condena de cinco años, a la que se agregarán 40 y tantos días más por el delito de “usurpación de identidad”. Si le suman el tiempo en que firmó más los meses que lleva encarcelado, se acortará un poco la pena. Hay posibles salidas administrativas a las que pudiera acogerse, como la prescripción parcial y los beneficios intrapenitenciarios. Pero nada es seguro. Todo dependerá de la presión. “Extraño algunas vivencias en Puelmapu, pero trato de no pensar mucho en eso, pienso más en lo que hoy hago acá”, me dice. “Hay presos que llevan más años y lo sacan a uno de cavilaciones, no te dejan entristecer, te sacan rápidamente de esos pensamientos. Ellos se dan cuenta cuando alguien se angustia”, me cuenta.

Las dos horas han pasado con prisa. Pareciera que el reloj se apura o el corazón late más apresurado, más rápido. “Que estés bien, cuídate mucho”, le digo cuando la visita acaba y suena el pito. La gente se empieza a ir. Los presos miran con angustia como sus amores se marchan. Un apretón de manos, un abrazo fuerte.

Soy el último. Una tradición de otras prisiones, de otros años, de viejos hermanos que ya se fueron o nos dejaron.

“Sí, estoy acá, pero ya estaré allá, afuera”, me dice. El dolor inunda todo como la lluvia que sigue cayendo.

Una parte de mí se queda con él, en esos muros oscuros de sólidas rejas, prisionero. Pero los carceleros no saben, ni siquiera sospechan… que una parte de él, sale conmigo, en mis ojos, mi corazón, mi piel, traspasando rejas y muros hacia la libertad, sintiendo la lluvia en los pies.

“E

n los barrios altos de Bariloche, donde vive la gente pobre, los niveles de desocupación llegan al 70 por ciento”, señala Juan Carlos Curaqueo, secretario Gremial de ATE Bariloche. Sus palabras dan cuenta del Lado B de uno de los principales centros de turismo invernal del cono sur. En Bariloche o “Furilofche” en mapuzugun, conviven dos realidades y a ratos sus contradicciones estallán de manera violenta. Fue lo acontecido el pasado 17 de junio, cuando en un confuso incidente, un polícia asesinó de un disparo en la cabeza a Diego Bonefoi, de 15 años, un caso denunciado como “gatillo fácil”.

Días más tarde fueron asesinados Matías Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 28, ambos a raíz de heridas de bala sufridas cuando la Policía reprimió a manifestantes que protestaban por el crimen de Bonefoi (ver Pág.18). Los tres eran jóvenes pobladores, habitantes de los barrios perifericos de la “Suiza Andina” de Puelmapu, allí donde la pobreza, la desocupación, y la ausencia de futuro golpean de entrada al visitante. Los barrios del Alto son aquellos donde los contrastes sociales se observan con mayor fuerza, señala Curaqueo. La precariedad laboral en esta ciudad de 150 mil habitantes alcanza sobre todo a los que allí residen, alrededor del 60 por ciento del total de habitantes de Bariloche.

“Los del Alto sólo pueden aspirar a trabajar en la construcción, actividad que en invierno se paraliza por las condiciones climáticas de la zona o de lo contrario pueden ser peones de cocina, valets o cumplir alguna tarea menor, porque el personal con cierto nivel de capacitación viene de afuera porque a los de acá los discriminan”, señala el dirigente sindical. Padadójicamente, la bullante ac-

tividad económica que se gatilla cada invierno en nada resuelve el problema. “Cuando viene la temporada invernal hay mucha expectativa laboral, pero los empresarios del sector turístico traen personal de afuera, de San Juan, de Jujuy, de otras provincias. Apenas un 30 por ciento de los contratados en Bariloche, para el invierno, son de acá, el resto viene de afuera”, afirma Curaqueo. Otro gran tema es el trabajo en negro. Este año, los gremios que agrupan a los trabajadores de la construcción y a los gastronómicos denunciaron que, en la provincia, “el 70 por ciento” de sus afiliados trabaja en negro, cuando se dice a nivel nacional que las cifras disminuyeron en toda la Patagonia.

A eso hay que sumarle el déficit habitacional, que en la zona del Alto es un problema sin solución.

“Lo que pasa con la tierra es muy cruel. Hay una necesidad enorme de tierra y de vivienda, pero hay muchos negociados extraños con la tierra.

Hace poco tiempo hubo una persona que hizo una usucapión de 120 lotes en la península de San

Pedro”, le explicó a este diario el defensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Raúl Mazzaglia. La usucapión, como se sabe, es la toma de posesión de un bien una vez transcurrido el tiempo que marcan las leyes para que pueda reclamarlo su anterior (y en este caso) supuesto legítimo dueño. “En la península hay títulos de propiedad muy extraños, que pasan de propiedad en propiedad. Son sociedades que se disuelven y pasan a convertirse en otras, aparecen personas que dicen ‘estas tierras son mías’ y a las personas que las están ocupando sin tener papeles se las venden una vez, dos veces y desde el gobierno nadie interviene para averiguar cuál es la situación real de esas tierras”, explicó Mazzaglia, quien desde la defensoría está haciendo un trabajo para tratar de descifrar el enigma.

En las afueras de Bariloche se han establecido varios asentamientos, en razón de la falta de planes de vivienda estatales y el alto costo de las tierras y de los alquileres. “Para los trabajadores, acceder a un terreno es imposible. Vivimos en una sociedad

que está dolarizada por el turismo internacional y el costo de un terreno de 20 por 40 metros no baja de los 30 mil dólares, mientras que los alquileres más bajos están en 1500 pesos, como mínimo, en los barrios altos”, señala Curaqueo.

“Vivir en Bariloche es muy caro. Acá, por el clima, hay que tener un buen calzado, una campera de buena calidad y es incluso necesario tener un auto. No es un lujo, es una necesidad, porque acá, en invierno, en un solo día podemos tener las cuatro estaciones del año”, insistió el dirigente de ATE. El trabajo en Bariloche es escaso para los que viven en los barrios altos, quienes, además, deben disputar puestos laborales con otros desocupados que llegan de localidades vecinas como Mencue, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Aguada Guzmán y otros lugares situados en los alrededores de la ciudad. “En muchas localidades de Río Negro, e incluso de Neuquén, tampoco tienen salida laboral y por eso deciden migrar a Bariloche, encandilados con el turismo, pensando que abre posibilidades de trabajo para todos. Es muy poco lo que ofrece la región, salvo ser empleado público, trabajar en el área de la educación, en el hospital o entrar a la policía”, subraya Curaqueo. “Además de los argentinos, vienen también muchos chilenos, muchos bolivianos o paraguayos, lo que hace que se dificulte todavia más la posibilidad de conseguir empleo”.

La mayoría termina viviendo de planes sociales que no superan los 250 pesos mensuales. Un empleado público con más de diez años de antigüedad no supera los 1945 pesos mensuales. “Eso es lo que gano yo con 13 años de servicio. Para vivir acá necesitás 5 mil pesos por mes, como mínimo, pero nadie gana eso. Nosotros, con mi mujer, que es empleada doméstica, tenemos que trabajar los dos porque alquilamos y eso te quiebra el presupuesto”,

especifica Curaqueo. En la zona hay dos universidades nacionales, una privada y varias propuestas de estudio para los jóvenes, pero “cuando terminan el secundario, las carreras cortas, como Administración de empresas o Contaduría, no abren posibilidades laborales concretas en Bariloche. Entonces, aunque puedan estudiar, los pibes terminan como gondoleros en un supermercado o trabajando en verano en una obra en construcción”. Los jóvenes “no tienen futuro, aunque puedan llegar a estudiar. Terminan engrosando los 13 mil empleados públicos que hay en toda la provincia” o se tienen que ir. “Tampoco hay espacios verdes, de recreación, ni canchas de fútbol. Todo se ha vendido a la gente de afuera, todo se ha cerrado y se ha convertido en un negocio privado, en grandes complejos turísticos a los que los pobres de Bariloche no tienen acceso. Hay chicos del Alto que no conocen el lago (Nahuel Huapi). Eso es una realidad”, señala. “Cuando Argentina le ganó a México, los chicos del Alto bajaron al centro a festejar y la policía los reprimió en el Centro Cívico. En Bariloche tuvimos tres muertes y no pasó nada. En 2001 tuvimos cinco presidentes en una semana, acá están todos atornillados en su despacho y nadie asume su responsabilidad”, finaliza Curaqueo.

Para Nadina Moreda, abogada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Bariloche es “una sociedad sesgada, con franjas de exclusión como cualquier ciudad del país, pero que aquí están muy marcadas y que se acrecentaron después de los sucesos de junio. Fui profesora de un colegio nocturno, en el Alto, y los chicos tenían internalizado que el centro no era para ellos. ‘Profe, nosotros no vamos, porque la policía nos remonta para arriba, no nos deja pasar’”. Alejandra Aguerre, de la Multisectorial contra la Represión, opinó que las diferencias so-

ciales “se han profundizado desde 2001. Por eso es común que la policía, en la temporada de invierno, haga operativos ‘tenaza’ para evitar que los chicos del Alto lleguen al centro. Los gobiernos radicales, instalados en la provincia desde hace más de 25 años, no han encontrado solución. Acá tenemos turistas que gastan 20 mil dólares en tres días, un fin de semana, y pobladores que tienen que vivir con 200 pesos al mes”.

Por ser mapuche En Bariloche, las diferencias sociales “vienen desde lejos”, asegura el defensor del Pueblo de esta ciudad, Vicente Raúl Mazzaglia, quien desde hace 20 años llegó a esta zona del país. “La problemática es histórica. La más antigua es la de los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche.”

Esta situación produce enfrentamientos muy grandes, que se advierten con sólo mirar el estado en que se encuentra el monumento a Julio Argentino Roca, ubicado frente al edificio de la Municipalidad.

“Genocida” es la palabra que se puede leer, de uno y otro lado de la base sobre la que está la estatua de Roca, montado a caballo, en la llamada “Campaña del Desierto”, que concluyó con el exterminio de comunidades enteras que poblaban la Patagonia desde tiempo inmemorial.

“Yo tengo un hijo biológico, de mi panza, y otro adoptivo, que es de ascendencia mapuche. Esteban, mi hijo adoptivo, tuvo muchos problemas en la ciudad. A mi negro, dos por tres meses lo llevaban preso, sin motivo alguno. Ahora anda por los 30 años, es adulto y se volvió al Alto, de donde me lo traje, porque no soporta vivir en una ciudad que lo discrimina en forma permanente”. Mara Bou, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ha vivido y vive en carne propia

la discriminación contra los pueblos originarios.

Después de los sucesos de junio que terminaron con tres personas asesinadas por la policía, Mara Bou trata de evitar ir a la verdulería. “No puedo tolerar más las cosas que dicen el verdulero y los clientes sobre los chicos que viven en el Alto. Justifican la represión, las muertes, es muy duro de soportar y eso que yo estoy acostumbrada a recibir golpes por mi postura frente a este tipo de barbaridades.” Tal vez, por esas razones, Bariloche es una de las pocas ciudades del país que no tiene una fiesta de las colectividades en las que participen todos los grupos de inmigrantes que viven acá. Los suizos, los italianos, los alemanes, cada uno hace

su fiesta, y es imposible que en ellas se mezcle algún chileno, boliviano o paraguayo, y mucho menos si es alguien con rasgos o ascendencia originaria mapuche.

“Por esa historia que tenemos, es frecuente que a los chicos del Alto la policía los reprima o los ‘estimule’ a volverse para sus barrios, cuando pretenden pasar el límite que los separa de los barrios bajos”, precisó Mazzaglia. “El mix de gente que tenemos acá tiene posturas que, algunas veces, son irreconciliables. Para mí, aceptar que (el criminal de guerra nazi) Priebke era un ‘buen vecino’, como decían los que lo defendieron cuando se pidió su

Historia de tres vidas rotas andro Bonefoi sostiene firme, entre sus dedos, dos fotos de su hijo muerto. Está parado en la puerta de su casa y no se inmuta ni con los avances de la Infantería ni cuando una piedra que tiran los chicos del barrio contra la policía golpea una persiana, a centímetros de su cabeza. “Lo único que pido es que saquen de acá a la comisaría 28, no puedo vivir viendo a los policías que mataron a mi hijo”, explica. Su hijo es Diego Bonefoi, el chico de 15 años al que un policía de Bariloche le disparó en la cabeza en la madrugada del jueves 17 de junio.

La muerte del chico puso en pie de guerra a los vecinos del Barrio Furman en el Alto de Bariloche y desató un conflicto que en su primer día dejó al menos 23 heridos por los perdigones de la policía y otros dos muertos por heridas de bala: Nicolás Carrasco, un aspirante a futbolista y albañil de 16 años, y Sergio Cárdenas, padre de dos hijos y empleado de cocina en el lujoso hotel Llao Llao.

Eran cerca de las cinco de la mañana de aquel 17 de junio cuando Bonnefoi fue baleado a dos cuadras de su casa.

Cayó muerto sobre la tierra de una plaza en la que hay viejos subibajas y algún columpio pintado de azul y oro. “Yo tenía siete varones, me dejaron seis”, cuenta su padre, con un ojo vendado por un perdigonazo y una intervención de urgencia.

Diego era el cuarto de esos siete hermanos y cursaba primer año (décimo) en el CEN 36. Murió en un episodio confuso. La policía habló primero de un tiro que se escapó en un forcejeo tras un intento de identificación; luego, de una persecución tras un asalto que habría realizado con cómplices. Lo cierto es que la bala le dio en la cabeza y lo dejó tendido, muerto, en pleno playón con juegos. “Miralo, era un chico el Diego Alexander, tengo un testigo que me contó cómo la policía le ponía a mi bebé un arma”. El cuerpo que velaban por la tarde era efectivamente el de un niño pequeño, de cabellos castaño oscuro. “Acá hubo un error, yo trabajé

mucho con él, era muy buen alumno, bailaba folclore como los dioses”, cuenta Marta, una de sus maestras.

Aunque entre los tres muertos no hay una relación directa, los familiares de Nicolás Carrasco recuerdan que a veces jugaba al fútbol con Diego.

Nicolás era espigado y flaco, en octubre iba a cumplir los 17 años y era delantero en el club Chicago. “Fui a la primaria con él, le gustaba jugar a las bochas, no tomaba ni andaba en ninguna”, cuenta Isaís, otro chico de su barrio. Nicolás Carrasco es el único de los tres jóvenes baleados que llegó vivo al hospital. Su padre es albañil y gasista y desde que dejó el colegio el chico trabajaba con él. Vivía en una casa de madera con sus padres, era el menor de tres hermanos, hincha de Boca y estaba de novio hace 5 meses.

Gabriela, su hermana mayor, dice que quedó inconsciente tras los disparos.

“Mi mamá y mi hermano estaban con él. Como no venía una ambulancia, lo llevaron en un auto que pasó. Lo operaron y a las 2 me llamaron para decirme que había muerto”, relata.

Sergio Cárdenas, que hoy cumpliría 29 años, llegó al Hospital Zonal Ramón Carrillo poco después que Carrasco. Sin embargo, murió casi inmediatamente debido al disparo que había recibido minutos antes. Trabajaba desde hace un año y medio en la cocina del Hotel Llao-Llao. “Le gustaba mucho el fútbol y hace unos días se había pedido las vacaciones porque trabajaba durante todo el día y no podía mirar el Mundial”, cuenta su mujer, Carina. Se habían conocido cuando tenían 16 años, tienen un hijo de cinco años y una nena de uno. El jueves, alrededor de las 17, iba con él en el auto. Lo vio bajar y caminar una cuadra para ver qué pasaba, pero cuando volvía recibió un disparo en la espalda.

Aunque la policía se ha desligado de su muerte, su viuda cree que el tiro pudo dispararlo un policía. “Cuando muere alguien –cuenta al borde de las lágrimas–, todos salen a decir ‘qué bueno era’. ¿Pero sabés qué? Este era bueno en serio: buen marido, buen padre”. Por Juan Manuel Bordón

extradición, era y es algo irreconciliable”, señala el propio defensor del Pueblo. “Es lo mismo que aceptar esta posición binaria de policías o chorros”, que levantan los vecinos de Bariloche que viven en la zona céntrica de la ciudad, donde transitan a diario los turistas. “Por eso me parece inaceptable que cuando hubo tres muertes (las de Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas), una atribuida directamente a la policía y las otras dos que apuntan hacia el mismo lado, se hayan realizado marchas a favor de los uniformados que fueron encabezadas por los patrulleros. Lo mínimo que correspondía era guardar un silencio cauto”, sentencia.

La mudanza del Museo Antropológico “Gobernador Eugenio Tello” en la capital de Río Negro, renovó la demanda mapuche en la costa atlantica. Apuntó un vocero del CAI que el subsecretario de Cultura de esa provincia argentina desconoce “la legislación internacional, nacional y provincial” que está en vigencia.

M

ás allá de la polémica “Milagro sí, Milagro no” que podría confundirse con un cónclave eclesial, la Marcha de los Pueblos Originarios - con la participación de la Organización Barrial Tupac Amaru- proyectó, a nivel nacional, la posibilidad de que se tejan alianzas entre organizaciones indígenas y sociales, confluencia que tiene antecedentes en algunas provincias.

Más allá de cuánto se avance en esa dirección en el corto y mediano plazo, dicha articulación está presente en la agenda de agrupaciones indígenas al momento de pensar en ‘construir de poder’ e incidir en las definiciones de las políticas del Estado; como así también, ocupar cargos en la estructura estatal.

Roberto Ñancucheo es uno de los referentes originarios que recorrió ese sendero, de ahí el interés en su testimonio. Con una larga trayectoria en la Confederación Mapuche del Neuquén, desde hace dos años es titular de la Dirección de Pueblos Originarios, que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En esta entrevista no sólo se refiere a la articulación con movimientos sociales, la construcción de poder sino también a los derechos consagrados por la legislación que no son aplicados y a los logros y límites de su gestión.

- ¿Cuáles son las principales demandas que tienen hoy los pueblos originarios en el país?

Creo que en principio las demandas tienen más que ver, hoy, con poner en práctica los derechos. Argentina es un reconocedor de derechos nato, el tema es que hay una disociación entre la práctica y el reconocimiento. Entonces gran parte de las demandas de los pueblos indígenas es que se pongan en práctica los derechos que están reconocidos. Y en ese aspecto creo que los desafíos tienen que ver con que los pueblos indígenas elaboremos y nos hagamos cargo de esas propuestas, de cómo se ponen en marcha estos derechos. El desafío es cómo, desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras ideas organizativas, nos hacemos parte de la definición del Estado de poner en marcha estos derechos.

- Decías que el Estado argentino ha hecho muchos reconocimientos pero que no pasan de la formalidad. ¿Por qué?

Tiene que ver, me parece, con una práctica como Estado, porque no es un tema que nos atañe a los

pueblos indígenas. En términos generales hay reconocimiento de una cantidad de sectores de la sociedad… Hay mucha ley muerta. Eso también tendrá que ver con una manera en que este Estado se ha organizado. Este Estado entiende que hay cosas que no son buenas no reconocerlas, pero en definitiva, por debajo, entiende que no es bueno reconocerlas. Hay un doble juego, en ese sentido.

Creo que parte del trabajo de los pueblos indígenas, hoy, es empezar a mostrar esa contradicción, para también, en el marco de esa contradicción, proponer nuestra solución a la carencia de definición de práctica política para el reconocimiento de los pueblos indígenas.

- A partir de la década del ´90, de la mano de la reforma de la Constitución, se dan todos estos reconocimientos formales de los derechos de los pueblos indígenas. En paralelo se sancionan leyes que reconfiguran el país a la medida del modelo neoliberal. Hoy vemos que las leyes que favorecen, por ejemplo, la mega-minería, tienen plena vigencia, a diferencia de lo que sucede con la legislación indígena. ¿Eso quiere decir que se privilegian los intereses de esos sectores?

Yo creo que tiene que ver… más que privilegiar… porque también es personificar en alguien: ‘el que toma las decisiones’. Estas situaciones no son nuevas en el país, [porque] el Convenio 169 en algún momento fue ley pero no estaba ratificado en Ginebra.

Este doble juego, vuelvo a repetir. Me parece que ha tenido que ver, también, con que los pueblos indígenas hemos sido demandadores, y en ese marco no nos hemos dado una estrategia de ser actores en las definiciones políticas. Creo que parte de que hoy los pueblos indígenas empezamos a visualizar - no sin mirar hacia Bolivia y lo que ocurre en Ecuador - la posibilidad de ser constructores de ese poder, donde se toman las definiciones. Creo que es parte de lo que nos toca. Como referentes hoy nos toca vivir estas situaciones y nos toca darnos cuenta de que en la medida de que sigamos siendo reclamadores o demandadores de que se pongan en práctica los derechos, y que no formemos parte de las definiciones políticas, va a seguir prevaleciendo, va a seguir poniéndose por encima de todo, el interés que mueve al sistema en el que vivimos. Porque no es que hay dos sistemas en puja, hay un sólo sistema, que es el sistema capitalista. Nosotros no nos queremos acomodar a este sistema, lo que estamos hacien-

do es pelear, definir cómo nosotros queremos vivir.

Pero hoy estamos en este marco del sistema capitalista, sería ilusorio, mentiroso, creer que estamos a la vuelta de la revolución en la Argentina. Creo que empezamos recién por una discusión de la distribución de la riqueza, donde los sectores sociales y donde los pueblos indígenas, parte de ese sector de pobres, también empezamos a hacernos parte de esa discusión. Ahí es donde creemos que los pueblos indígenas tenemos que crear nuestra fuerza propia, también, para irrumpir en la política argentina, para hacer nuestra propuesta, pero desde un lugar donde hay un poder que discute.

miento permite, por lo menos, hacer un Estudio del Impacto Ambiental en ese territorio, y si se hace, cuál es la línea que rige ese estudio. Que no sea: “Venga, preséntese y hábleme en nombre de todos”, sino que es bajo los parámetros de la cultura que tiene que hacerse. Y en ese sentido [estamos] con la expectativa en los últimos anuncios de la Presidenta, que van a ayudar muchísimo en la cuestión práctica. Porque, como te decía al principio, reconocimientos hay de todo tipo, lo que necesitamos es que empecemos a generar condiciones para que la práctica sea un hecho.

- ¿Los anuncios que hizo para el Bicentenario?

- ¿Esto de ocupar los espacios de definición implica necesariamente incorporarse a las estructuras del Estado?

Sí y no. En principio creo que la fuerza política es fuerza política y tiene que ver con la capacidad de movilización que tengan los pueblos indígenas para defender su territorio, para defender su derecho. Esa es una cuestión natural que atañe al pueblo, la defensa de su derecho; pero creemos que hay otra definición, que es el otro ámbito de la lucha, que es la capacidad de gestión dentro del marco del Estado. Sobre todo porque somos organizaciones y pueblos que reconocemos que hay un Estado que nos quitó la capacidad de las definiciones políticas, de la autonomía; la capacidad del reconocimiento de nuestro territorio.

Y es un Estado al que le estamos demandando que nos restituya esas capacidades que nos quitaron con la interrupción de nuestra vida libre. Por lo tanto, nos hacemos parte de estos espacios con la intención de ir generando condiciones para que nos restituyan esos derechos que están reconocidos: derecho a la autonomía, derecho a la libredeterminación; que son derechos reconocidos, que no vamos a empezar a discutir si corresponden o no. Están reconocidos.

Por lo tanto creemos que hacernos parte de esto no es hacernos parte del gobierno, es hacernos parte de una propuesta de la solución. Porque también es una definición autónoma de los pueblos indígenas que no queremos ser más parte del problema, como se dice, sino que somos parte de la solución, y tomando la definición que corresponde.

Los anuncios del día del encuentro con los pueblos indígenas, que fue el 20 [de mayo]; que tienen que ver con generar nuevos espacios de participación de los pueblos indígenas en el Estado nacional, al servicio de los pueblos indígenas, y poner en práctica algunas herramientas que ayuden a que se establezca el libre consentimiento como un paso previo a cualquier acción que nos atañe o que irrumpa en nuestros territorios. Eso es básico, nadie puede pen-

- En dos años de gestión, ¿cuánto han podido avanzar en esa dirección y qué obstáculos han encontrado para hacer aplicables los derechos?

Yo creo que no va a depender de la buena gestión del dirigente o de los dirigentes, va a depender mucho de la capacidad que tengamos los pueblos indígenas de acompañar la gestión que hagamos.

Podríamos decirte que, en una valoración de cuánto hemos podido avanzar nosotros, de 90 que hemos propuesto, hemos avanzado en un 35%. Y tiene que ver con la Ley de Bosques y con una serie de participaciones que han sido generadas desde acá. Una de las líneas políticas que tiene nuestra Dirección es el fortalecimiento de las organizaciones, y creemos que en esa línea hemos cumplido el 100% de lo posible. Hoy hay un espacio reconocido dentro del ámbito político, dentro de los pueblos indígenas y hacia el mismo Estado, que es el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios; que es el espacio que se reúne para definir propuestas políticas hacia el Estado. En ese sentido podemos decir que una de las líneas de trabajo de nuestra Dirección la hemos cumplido, creemos que el gran déficit tiene que ver con la propuesta de la práctica de la normativa.

Nosotros estamos dentro de una Secretaría que debería generar prácticas de las normativas. Estamos hablando concretamente del libre consentimiento, estamos hablando de directrices que puedan ayudar a elaborar los estudios ambientales desde la práctica de los pueblos indígenas. Primero si el libre consenti-

sar que vamos a constituir o hablar de la libredeterminación en los territorios si no logramos tener, en primer lugar, el libre consentimiento para determinar quién entra al territorio y quién no.

- Si bien la aplicación de esos derechos tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los pueblos indígenas, con procesos internos. ¿Qué lugar ocupa la alianza con movimientos sociales?

Esto tiene que ver más con la idea de la construcción del poder. Nosotros creemos que la relación con las organizaciones sociales es fundamental. En primer lugar por una cuestión de concepción, que tiene que ver con la búsqueda de equilibrio, que no puede haber un pueblo originario que pueda vivir bien mientras al lado haya una sociedad pobre, por más que pudiéramos resolver nuestras vidas. Ahora, por otro lado, por una cuestión estratégica, porque con esos mismos sectores compartimos las mismas situaciones de la pobreza en este país. Y porque aspiramos a que la relación política y la relación de la distribución de la riqueza, en este país, sea otra; y es con ellos con quienes estamos más hermanados. Nosotros hemos trabajado desde un primer

momento, de hecho tenemos una relación muy fluida con todas las organizaciones sociales del país, y, sobre todo, tratando de ordenarnos qué representa cada uno.

- En el escenario general de los pueblos originarios ahora se ve más la posibilidad de establecer alianzas con movimientos sociales, que tiempo atrás no se las tomaba tanto en cuenta. ¿Qué cambió?

Muchas organizaciones indígenas tienen acuerdos y pactos y trabajan de manera conjunta con las organizaciones sociales [en territorio]. Creo que lo que se está haciendo es generalizarse a nivel nacional.

Pero también acordemos que no había un espacio de reflexión, de encuentro y de articulación política de los pueblos indígenas. Hoy sí existe un espacio de articulación política, que es este espacio. Hoy creo que este espacio da lugar a tomar definiciones, justamente, a que se empiece a generalizar un poco más la relación política con todas las organizaciones.

Y me parece que ha cambiado también la mirada sociedad argentina, en todo caso, producto de varios factores. Producto de intereses, de decir, es un espacio importante en la relación con los pueblos indígenas. Algo que tiene que ver con esta representación que ha hecho el compañero, el hermano, Evo Morales, que ha empezado a despertar ideas que ayudan a que esto pueda avanzar. Y me parece, también, que hay cosas que en esta última década se han dado, como estudios oficiales que dicen que más del 50% de los argentinos tiene genes de pueblos amerindios. Entonces todo el mundo empieza a tener un poquito más de orgullo de lo que es ser originario de este pueblo y se empieza a cambiar esta mirada de que Argentina es toda bajada de los barcos. Hay una línea que baja de los barcos, pero hay una gran línea es la de los originarios de esta América. Eso también empezó a ayudar. Un poquito de información, un poquito de educación, ha ayudado también a que se cambie un poco la mirada de la sociedad.

- Por último, venís de una provincia bastante particular como es Neuquén, donde si bien el Pueblo Mapuche tiene un protagonismo, el partido-Estado, que es el MPN, se levanta una fuerte muralla contra vuestros avances. Por ejemplo, la resistencia a la ley 26160. Por un lado en el Congreso Nacional se sancionan leyes que guardan correlato con ciertas demandas y por otro algunas provincias, invocando un sospechoso federalismo, no reconocen derechos consagrados. ¿Cómo se resuelve esa contradicción?

Yo me puedo hacer cargo de contestar lo de Neuquén, pero creo que la gran discusión en todos los acuerdos, y en la construcción de poder que hace el gobierno nacional, en las provincias repercute en otro sentido.

En Tucumán se ha asesinado a un hermano [Javier Chocobar], cuando se supone que [la administración provincial] pertenece a una misma línea de un gobierno nacional que está haciendo un esfuerzo para reconocer a los pueblos indígenas. Pero en Neuquén es inamovible la manera y el objetivo con que se constituyó y se construyó el MPN. El MPN es una fuerza política que se constituyó de una manera populista, con la idea del llenar cajas, llenar bolsas de comida, pero negador de los derechos. Básicamente quienes gobiernan son todos estancieros.

Creo que estamos en un punto de que vamos para un lado o para el otro, en términos, también, del rol que tiene que jugar el gobierno nacional en el reconocimiento de los derechos del Pueblo Mapuche.

Venimos de una reunión en la que quedó claro que ninguno de nuestros derechos va a ser moneda de canje de la relación política entre los gobiernos nacionales y provinciales.

por DARIO ARANDA

N

euquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena. “La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de

la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.

El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros. A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucio-

nalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.

“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de

provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas. La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe. En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta el 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jue-

ces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación. Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento. “El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.

En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación

El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente reali-

El apellido Korn genera resonancias poco agradables en las comunidades del noroeste de Chubut. Su mero pronunciamiento es sinónimo de atropello, de ahí la rápida reacción con que respondieron los miembros del lofche Leopoldo Quilodrán. Todo, ante la mirada entre pasiva y atónita de la Policía de Chubut.

ADRIAN MOYANO

H

zación. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio. Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.

por JOSÉ ANCAN

La Nación chilena, ese invento CARLOS PEÑA, Abogado

A

l revés de lo que nos gusta creer -y como saben los historiadores y los sociólogos- la Nación, cuyo Bicentenario celebramos, es hasta cierto punto un producto de la política. Una exitosa forma de cohesión social impulsada por las élites e impuesta a veces por la fuerza.

La Nación constituye un fenómeno de integración cultural entre personas provenientes de diversas formas de vida (nos lo recuerdan hoy día los mapuches), que se realiza mediante la propaganda de las agencias estatales y mediante la reelaboración crítica y reflexiva de la memoria.

Como sugirió Góngora -y enseñan los estudios acerca de la conciencia nacional moderna-, en el caso de nuestro país el Estado antecedió a la existencia de la Nación. La Nación chilena es un proyecto de las élites que tuvo por objeto crear un público leal al Estado: un conjunto de sujetos, despegados de sus creencias más tradicionales que adscriben, en cambio, a una comunidad universal que se expresa mediante la razón. Por supuesto, los medios para configurar la Nación fueron, en el caso de Chile, de muy variada índole, y fueron desde el uso de medios propagandísticos (como los rituales republicanos) y la escuela (hubo escuelas indígenas en Chile) hasta el uso de medios directamente coactivos que privaron a las

formas de vida particulares de cualquier asiento territorial o productivo (es el caso de la guerra de La Araucanía llevada a cabo con los excedentes de violencia que dejó la contienda del Pacífico).

El éxito en la conformación de esa conciencia nacional permitió la temprana consolidación del Estado en Chile y la también temprana racionalización de la vida cívica tal como se expresa en la codificación, en la administración pública, en las generaciones intelectuales surgidas al amparo de la Universidad, y, por supuesto, en la historiografía. Ese éxito significó, sin embargo, y al mismo tiempo, el fracaso y la delicuescencia de otras formas de vida que, aplastadas por el proyecto nacional, subsistieron apenas en los residuos de la memoria y en la esfera de lo privado. Esas otras formas de vida son las que reaparecen hoy en los reclamos de rapa nuis, mapuches y otras etnias.

Las demandas de esos pueblos representan un renacer de las pertenencias culturales más inmediatas, que fueron ahogadas por la extensión de la conciencia nacional llevada a cabo por el Estado del XIX mediante el uso de la fuerza y el empleo de variados medios propagandísticos e ideológicos. El fenómeno no sólo tiene una dimensión normativa -el

reclamo de justicia que le subyace-, sino que también expresa los cambios que, en nuestro país, indujeron la expansión del mercado y la modernización.

Y es que las instituciones donde se elaboraba el sentido de cohesión y de pertenencia han ido cambiando de manera más o menos imperceptible.

Los ritos republicanos han sido sustituídos por la intimidad a distancia que la televisión hace posible; la escuela, allí donde existe, ha sido erigida en la continuación del hogar y de las preferencias y la renta familiares; la universidad se transforma progresivamente en una industria del capital humano donde los conceptos clave son los subsidios a la demanda y las tasas de retorno; la noción de patria está siendo desplazada poco a poco por múltiples formas de pertenencia y lealtad, desde el género, la etnia o la pertenencia cosmopolita; las ciudades se transforman en una suma de

espacios privados donde los espacios públicos dejan su lugar a las vías de tránsito o de paso al hogar; y la única experiencia común, esa en la que todos por un momento compartimos, es la televisión abierta.

Todos esos fenómenos ensanchan la autonomía y hacen la vida más libre, no cabe ninguna duda; pero, con todas sus ventajas, desafían las viejas formas de integración. ¿Qué hacer entonces? No se trata, por supuesto, de volver al viejo proyecto de las élites del diecinueve -la Nación como una comunidad homogénea-, sino de ser capaces de elaborar un proyecto nacional plural, capaz de acoger en su seno a individuos con identidades múltiples que, así y todo, son capaces de reconocerse como iguales. Se trata en suma de recordar que la Nación es un invento y que cada cierto tiempo una generación -¿por qué no la del Bicentenario?- puede imaginar la suya.

Camfire Mike

por FRANCISCO TORREALBA, en Hanga Roa

“N

ua, ya es hora". La madrugada del 27 de julio, Mutta Heronui Hey Tuki entró a la pieza de su tía abuela, Ana Lola Tuki, de 84 años, y la despertó.

Se subieron a su camioneta y recorrieron en sólo dos minutos las pocas cuadras que hay entre su casa y la oficina del Ministerio de Bienes Nacionales en el centro de Hanga Roa, la capital de Rapa Nui o Isla de Pascua. Al frente, los carabineros que custodiaban la Gobernación cambiaban la guardia.

No pudieron ver como Mutta y su anciana acompañante entraron a la pequeña oficina de madera.

De una patada Mutta abrió la puerta, rápidamente entró frazadas, colchones, ropa, comida y una imagen de la virgen. Llegaban para quedarse.

Con la luz del sol, el resto de los cerca de 4 mil habitantes de la isla vio como en el portón de Bienes Nacionales flameaba una pequeña bandera de Rapa Nui, símbolo de las tomas u ocupaciones y que hoy, a casi un mes, se agitan con fuerza en unos 35 terrenos a lo largo de toda la isla. Museos, las oficinas del BancoEstado, de Entel, la Municipalidad, el Registro Civil, dependencias del Ministerio de Obras Públicas, Sernatur, Extranjería, casas particulares, el lujoso Hotel Hanga Roa y hasta en la pista de aterrizaje del aeropuerto Mataveri cuelgan banderas con leyendas que exigen la devolución de los terrenos.

Mutta Hey dice que venía preparándose hace años para esto. Que se aburrió de los abusos del continente y que quiere recuperar para su bisabuela los terrenos que alguna vez fueron de su tatarabuelo Tuko Tuki, el fallecido patriarca del clan. "El Gobierno chileno siempre nos ha discriminado. Dicen que somos ignorantes, que somos flojos, que somos indios. Bueno, nos aburrimos de eso, si ahora quieren conversar que vengan para acá, que den la

cara", dice Hey en una de las oficinas donde funcionaba la repartición gubernamental y que ahora es un improvisado dormitorio.

"Zona cero" "Para el conocimiento internacional, Rapa Nui jamás entregó ni cedió la soberanía a Chile". Escrito con pintura negra en una pizarra blanca, el cartel aparece en la calle Atamu Tekena, la principal de la isla y paso obligado de los cerca de 60 mil turistas que llegan cada año a conocer los moáis. El letrero está al costado de la sede del autoconvocado Parlamento de Rapa Nui, instancia formada en 2009 por miembros de algunos de los principales clanes de la isla. Por estos días, eso sí, la sede está

vacía. El centro de operaciones está en la plaza de la Gobernación, que tienen tomada desde el 16 de abril, cuando, a diferencia de las demás ocupaciones, llegaron para exigir cambios en el estatuto administrativo de la isla y aumentar el control migratorio.

Como ahí mismo hay otras tomas y está la de Mutta Hey, que fue la que impulsó a las demás familias a hacer lo mismo, los isleños del continente llaman al lugar la “Zona cero”.

Es allí donde, mientras dos DVD tocan música anglo de los 60 en dos televisores distintos -uno de ellos LCD-, Leviante Araki, presidente del Parlamento Rapa Nui, termina de enrollar un cigarrillo de marihuana. Se sienta en una silla de plástico roja con el logo de Coca Cola. Viste pantalones de camuflaje, una chaqueta verde y luce una larga

barba. Se hace acompañar por su ministro de Tierras y Colonización, Santiago Tepano, todo un prócer en Pascua, ya que es hijo de Juan Tepano, el último cacique de la isla. También está Inés Teave, vicepresidenta del Parlamento, además de un miembro de la Comisión de Justicia, al que no le agradan los continentales, así es que se sube a su moto y se va.

Araki asegura estar en sus terrenos, los de sus antepasados. Para ser más preciso, los de su abuelo Tuko Tuki. No habla, más bien grita. A un costado, una cocinilla con una tetera tiznada como un carbón hierve a más no poder, tanto que se derrama el agua. Araki se enoja y en rapanui ordena que apaguen el fuego. Le da una bocanada a su cigarrillo, mientras a sólo metros pasa un furgón con carabineros que van a reunirse con el gobernador interino. Araki ni se inmuta. Lleva cuatro meses viviendo en la choza que levantó en la plaza de la Gobernación.

El fuerte viento que sopla todo el día en la isla le apaga su cigarrillo. Se vuelve a enojar. Lo prende y comienza un relato que abarca más de 400 años de historia y que termina en una sola conclusión, que suena más bien a advertencia. "Toda esta tierra

que tú ves "conti", es nuestra, de los rapanui, así es que si el Gobierno nos viene a sacar por la fuerza, nosotros los vamos a sacar a ellos y nos vamos a Oceanía, donde sí se respeta a la etnia", dice y, de paso, culpa al ex gobernador Pedro Edmunds de no haber escuchado a las familias.

Caudillo caído Pedro Edmunds sale de su ferretería que está al lado del aeropuerto, y en las cinco cuadras que recorre en su camioneta hasta un café, lo saluda casi todo el mundo. Él devuelve las gentilezas y sonríe. "La gente me tiene cariño, les dolió que renunciara, pero lo hice por la isla", dice Edmunds sobre su salida de la gobernación gatillada por el conflicto. Toma su café cortado. A diferencia de la mayoría de los isleños, usa el pelo bien corto. Los cerca de 22 grados que en ese momento hay en la

isla son ideales para su polera marca Polo. Edmunds usa iPhone. Hace el típico gesto con el índice hacia la derecha por sobre la pantalla del teléfono.

Contesta, habla un par de segundos, cuelga y explica preocupado su visión de lo que pasa en Rapa Nui. "Acá hay reclamos que son justos. Es verdad que hubo personas, analfabetas, de las que se aprovecharon para quitarles sus tierras. Eso hay que solucionarlo. Pero lo peligroso es que se puede abrir una puerta que va ser imposible de cerrar. Acá hay sinvergüenzas, porque eso es lo que son, que se están aprovechando. En esos casos, el Gobierno va tener que decir 'no ha lugar'", señala. A lo que apunta Edmunds, es que tal como lo reconocen las autoridades vigentes, el problema para el Gobierno está en encontrar una fórmula que permita abordar los casos que tienen sustento -ya hay una comisión que está trabajando para recopilar los antecedentesy separarlos de aquellos que se aprovecharon de la coyuntura.

Las autoridades locales temen que si aceptan las demandas de todos los que han ocupado terrenos, más adelante pueden aparecer otras familias, exigiendo nuevas reivindicaciones. Y como hasta mediados de 1800 en la isla -a diferencia de hoy que sólo está habitada en Hanga Roa- había 38

tribus que la ocupaban en su totalidad, pueden surgir voces que aleguen que lugares de alto valor turístico y patrimonial como la playa de Anakena o la zona del volcán Rano Raroku -donde se fabricaban los moáis- pertenecían a sus ancestros.

Edmunds fue de los pocos funcionarios públicos ex Concertación que el Presidente Sebastián Piñera logró fichar en cargos de importancia. Como militante DC fue alcalde de la isla por 16 años hasta 2008. Su pasado político le trajo sus primeros enemigos, ya que los líderes de la Alianza de la isla no le perdonaron a Piñera que no haya buscado entre sus filas a su representante en el ombligo del mundo. Edmunds prefiere no entrar en el tema y se entusiasma al hablar de su sueño de crear una fundación que cautele la sustentabilidad ecológica de la isla. Cree que Rapa Nui debe ser como las Islas Galápagos o como Fernando de Noroña, donde se restringe el acceso a los turistas y hay un plan de cuidado del entorno natural.

Aunque resulte sorprendente, pese a que el año 1995 la UNESCO designó a la isla como Patrimonio de la Humanidad, en Rapa Nui no hay un vertedero para procesar los desechos y sólo funciona un botadero casi clandestino, al que, además de decenas de perros vagos, basura y escombros de todo tipo, llegan residuos tóxicos como las baterías de los autos. Tampoco hay alcantarillado y menos una planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que se teme que en un plazo no muy lejano se contaminen las napas de aguas subterráneas, de donde se saca el agua potable de la isla.

El "Hito" Hanga Roa Tal como Edmunds tiene numerosos seguidores, también tiene muchos detractores. Entre ellos, algunos miembros de la familia Hito, quienes desde el 31 de julio ocupan el Hotel Hanga Roa, uno de los más lujosos de la isla, con fecha de inauguración para el verano. A Edmunds lo acusan de haber avalado la construcción "ilegal" del hotel, e incluso, aseguran en la familia Hito, se asoció con la familia Schiess -propietaria del hotel- y sería el dueño del restaurante del complejo. Los Hito, a través de su vocera Marisol Hito, una rapanui que vivió 25 años

en el norte de Chile, no se andan con rodeos: quieren que les devuelvan el terreno donde está emplazado el hotel. El lugar no es cualquiera. Está en la avenida Pont, una especie de costanera de Hanga Roa. Tiene una vista paradisíaca del mar y está lo suficientemente cerca del pueblo como para que sus pasajeros pueden visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para gozar de una tranquilidad absoluta.

Hasta allí tiene que ir Leviante Araki. Tiene programada una reunión con los Hito para coordinarse. Araki va en uno de los autos en los que se mueve en la isla. Es un pequeño Kia Morning color azul metálico con sus asientos forrados en telas con dibujos polinesios. Araki fuma otro cigarrillo, esta vez es de tabaco, y conversa en rapanui con el piloto, otro miembro del Parlamento. A un costado las olas golpean furiosas el borde costero, salpicando uno de los moáis que hay en el trayecto. En la radio

suena un CD de George Michael con la canción "Don't let the sun go down on me". Araki tararea algunas sílabas. La conversación entre Araki y los Hito es breve. Unas pocas palabras y Araki se va.

Los Hito están en el lobby. Ahí también están sus colchonetas, al lado de sillones hechos con maderas milenarias traídas del sur de Chile y tapados con cojines de pluma de ganso silvestre. Al fondo se ve una de las piscinas que pareciera proyectarse sobre el mar. Toda la inversión ha significado ya unos 50 millones de dólares y hoy, por la toma, está parada.

Marisol Hito (en la Foto) reclama que su abuela, Verónica Hito, señora de Ricardo Hito, fue estafada por el Gobierno, específicamente la Corfo. Su versión -el hotel se excusó de dar la suya- es más o menos así: se supone que en 1969 Verónica le cedió los terrenos a la Corfo a cambio de la construcción de una casa y con el compromiso de que cuando ella falleciera debían devolvérselos para que se los heredara a su familia. Eso no habría ocurrido y en 1979 la Corfo le vende los terrenos a un particular: Hugo Salas, quien a su vez le vende en 1990 a la hotelera Panamericana, grupo que tras asociarse con la familia Schiess le traspasa el resto de la propiedad, transformándola en los actuales dueños.

El principal argumento del clan Hito es que la Ley Indígena y las normas que regulan traspasos de tierra sólo permiten la venta entre rapanuis, por lo que la venta de la Corfo a Salas estaría viciada.

También los traspasos posteriores. "Nosotros no nos vamos de acá. El ministro Hinzpeter propuso una mesa de trabajo con resultados en 60 días, pero con la condición de que dejáramos la ocupación de nuestros terrenos, y eso no lo vamos aceptar. Si quieren conversar, que vengan, porque si dejamos la ocupación no nos van a solucionar nada, nos van a engañar como siempre", dice Marisol, mientras su tía prepara los colchones para dormir. Mañana será otro día de lucha.

Jóvenes mapuches recorren Wallmapu filmando historias de vida y resistencia Durante los meses de Julio y Agosto, los alumnos del Curso Audiovisual “Taiñ Azkintun” recorrieron los cuatro puntos del País Mapuche, registrando con sus cámaras emotivas historias de vida y de resistencia al interior de comunidades. Para fines de Octubre anunciaron el estreno de cuatro filmes documentales.

JOSÉ LUIS VARGAS